Martes, 17 Mayo 2016 08:05

HACIA UNA MINGA NACIONAL, AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA, POPULAR Y URBANA

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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HACIA UNA MINGA NACIONAL, AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA, POPULAR Y URBANA

De los paros agrarios de 2013 y 2014 surgió la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular; de la Cumbre sale ahora el Paro de 2016. La Cumbre ha sido una confluencia de diferentes procesos organizativos sociales y políticos tan diversa como su nombre lo indica - múltiples organizaciones, de amplitud y fortaleza bastante desigual - y al mismo tiempo una Mesa institucionalizada de interlocución con el Gobierno. La Cumbre va a probar ahora su capacidad de convocatoria. Se han acercado otros sectores de fuera de la Cumbre. Los transportadores de carga, por ejemplo. Y el Comando Unitario, formado por las Centrales Sindicales y otros movimientos urbanos, incluyendo sectores estudiantiles, que impulsaron la movilización del pasado 17 de febrero.El momento que atraviesa el país pareciera propiciarlo.

 

 
En la coyuntura de las negociaciones del fin del conflicto armado

 

Es cierto que se avecina el acuerdo definitivo entre el gobierno y las FARC y se viene anunciando, aunque otras tantas veces aplazado, el inicio de las conversaciones con el ELN. En ese sentido el futuro luce promisorio. Sin embargo – y esa es una contradicción fundamental – mientras que el gobierno, con la aquiescencia de los negociadores de las FARC, anuncia que el “modelo económico y social no se toca”, los movimientos sociales exigen que, si se está decidiendo el país del futuro, como se proclama en forma reiterada, ellos mismos y en general la población trabajadora deberían estar participando, justamente en ese cambio. Pero, adicionalmente, el modelo está ahora en crisis y sus consecuencias afectan principalmente a los sectores populares. Y, como si fuera poco, las medidas emprendidas o anunciadas por el gobierno para conjurarla, “ajuste inteligente” las llama, apuntan a descargar sobre esos mismos sectores el costo de la recuperación económica. No es de extrañar entonces que los objetivos de las organizaciones se orienten ahora a presionar al gobierno para arrancarle al menos algunas reivindicaciones fundamentales.

 

De todas maneras, las incertidumbres y las urgencias de los procesos de negociación, pesan demasiado sobre cualquier iniciativa que se pretenda tomar, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad de la actual confluencia. Es de considerar seriamente la reacción amenazante del Uribismo frente al último acuerdo tomado en la Habana respecto al llamado blindaje jurídico de los Acuerdos con las FARC. Para algunos esto puede hacer retroceder a Santos y en ese sentido no se debe contribuir a debilitar su gobierno que ya se encuentra en un porcentaje muy bajo de aceptación, por lo menos en las encuestas de opinión. Es por eso que algunas corrientes políticas, con presencia en las organizaciones sociales de la Cumbre, aún se muestran indecisas, considerando que una confrontación, que además podría ser utilizada por el Uribismo, sería inoportuna. Desde luego, existe la posición opuesta. Es justamente la presencia en las calles, poniendo de presente la necesidad de una transformación social y por lo tanto política, la única que podría asegurar un rumbo seguro al desenlace de las negociaciones del conflicto militar. Sólo bajo presión, el gobierno y, en general las clases dominantes, admitirían una redefinición de las condiciones en las cuales se desarrolla la vida del país. Es necesario un mensaje claro, una notificación. Quienes así piensan, calculan además que es el único marco que posibilitaría una negociación con el ELN en vista de que éste viene poniéndole mucho más énfasis a las reformas, por la vía de un amplio diálogo social, que a las garantías para una eventual “reinserción” en la forma de movimiento político.

 

Hay que decir que hasta el momento las vacilaciones y la indefinición no se han resuelto.

 
 
Entre las promesas y los incumplimientos

 

Una fuerza social, sin embargo, se ha mostrado absolutamente segura desde el principio. Se trata del movimiento indígena, encabezado por la ONIC. En particular, las organizaciones del pueblo Nasa en el suroccidente del país. Se trata, para ellos, de la continuidad de un levantamiento que viene, para mencionar sólo la última etapa histórica, desde, por lo menos, la famosa “Minga” de 2008. En la búsqueda de consolidar una autonomía política con ejercicio completo de gobierno propio, se ha venido avanzando en la recuperación de tierras, la ampliación de los territorios indígenas y en el reconocimiento de los territorios ancestrales. De hecho, a su movilización, anunciada para finales del mes de mayo, eje de lo que la Cumbre en general viene considerando como un Paro Nacional, la han considerado un hito más en su lucha por la “liberación de la madre tierra”.

 

Es por todo esto que el énfasis de lo que podría llamarse su “pliego de peticiones” está en el reclamo sobre los incumplimientos del gobierno de los acuerdos logrados en movilizaciones pasadas. Han quedado pendientes varias exigencias en materia de titulación y desarrollos normativos y administrativos en cuanto a territorios ancestrales. Se incluyela implementación del Parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1753 de 2015 (Plan nacional de Desarrollo), especialmente en lo relacionado con la asignación de un presupuesto. No se trata, por lo tanto,de una impugnación del modelo de desarrollo en su conjunto, o de una reforma estructural de carácter nacional, sino de un respeto por la autonomía de los pueblos para decidir en sus territorios si rechazan los elementos de tal modelo o lo aceptan parcialmente.

 

La posición frente a los procesos de negociación es por ello diferente de la de otros movimientos sociales y coherente en un todo con su enfoque de autonomía. No sólo no se plantean disyuntiva alguna en relación con la oportunidad política de la movilización sino que reivindican frente al gobierno, la insurgencia y la sociedad, en cualquier caso, una participación efectiva de la Comisión Étnica para la Paz y la defensa de los derechos territoriales en los Diálogos de la Habana, con el fin de garantizar, en los acuerdos que se adopten,las debidas salvaguardas para los derechos étnicos territoriales. Lo mismo se aplicaría para las eventuales negociaciones con el ELN.

 

En este orden de ideas, para el movimiento indígena, la decisión que se ha tomado en la Cumbre Agraria, y las similares que se puedan adoptar por parte de otros movimientos, incluso urbanos, es ante todo una forma de acompañamiento a su propia minga. Un acompañamiento en el que, naturalmente, cada quien puede plantear sus propias reivindicaciones. Así, la fuerza conjunta, multiplicada, representará un beneficio para todos simultáneamente. Semejante enfoque político, pese a su respetabilidad, plantea numerosas inquietudes. Dado que en la Cumbre Agraria se encuentran otros procesos sociales organizados, de naturaleza étnica como el afrodescendiente, o como el movimiento campesino que viene exigiendo, precisamente, su diferenciación como sujeto social y político, con jurisdicción territorial, se configura una tendencia a transformar esta propuesta de confluencia, en una “coalición de pueblos”, en el sentido étnico del término.¿Es esto lo que frente al modelo y su crisis, o mejor, frente al capitalismo, está requiriendo el pueblo colombiano?

 

 
De los objetivos y el contenido de la acción

 

Fácil es entender, en consecuencia, por qué el asunto del Pliego de Peticiones tiende a convertirse en algo confuso. Pliego se le llamó también al extenso conjunto de reivindicaciones que desde el 2014 caracterizó la existencia de la Cumbre Agraria (recuérdese que siempre se debe agregar: campesina, étnica y popular) y comenzó a desarrollarse a través de mesas temáticas de negociación (o interlocución) con el Gobierno. Proceso largo, tedioso e indefinido que justamente ha llevado en este momento a hablar de incumplimiento por parte del gobierno. Pero si aquí llueve en otros lados no escampa. El movimiento sindical de febrero pasado que intentó llamarse paro, levantó igualmente un extenso “pliego” en donde se combinaban exigencias de diferente naturaleza y alcances. Por supuesto, si nadie se sorprendió de semejante producto fue porque nunca se pensó en serio que aquello iba a negociarse. Al fin y al cabo se reducía a una jornada de protesta limitada en el tiempo; de un día para ser redundantes.

 

Al momento de escribir estas líneas hay ya, para este paro o minga nacional, un borrador de lo que se podría llamar un pliego. Se han seleccionado, siguiendo los modelos anteriores ya mencionados, siete ejes temáticos: ordenamiento territorial; modelo minero energético; economía propia; derechos humanos; reforma tributaria y costo de vida; incumplimiento de acuerdos; comunicaciones y derecho a la información. Se recomendó distinguir puntos de largo plazo y puntos inmediatos, pero luego de una consulta, que se elogió por lo amplia, ya van más de noventa puntos. Como de costumbre, todo el mundo insiste en sintetizar seleccionar, priorizar, pero en las intervenciones lo que aparecen son nuevos puntos, “esos sí imprescindibles”. Todos quedan contentos, esa es la idea, pero puede, de inmediato, asaltarnos una inquietud: ¿En realidad guardan coherencia? ¿Son verdaderamente compatibles entre sí? Basta examinar un caso elemental, el del primer eje temático. ¿Existe una propuesta de ordenamiento territorial para el país? ¿O, más bien, se trata de la constatación de que cada fuerza social, étnica o no, exige territorio propio?

 

Desde un punto de vista práctico podría decirse que se está confundiendo “Plataforma de Lucha” con “Pliego de peticiones”. La primera podría ser extensa y vendría bien como base de acuerdo y existencia de una confluencia como la Cumbre Agraria, campesina, étnica, y popular que ahora trata de extenderse a otros movimientos sociales. Pero el segundo corresponde a los objetivos de una acción concreta. Eso, aparentemente, es lo que se está planteando para el 29 de mayo. Y debe ser muy preciso. Sobre todo si se tiene en cuenta que la acción se está pensando con carácter indefinido, es decir hasta obligar al gobierno a una negociación. Y sobre todo si, como se ha dicho, se pretende lograr una serie de reivindicaciones inmediatas que abran el camino para ulteriores transformaciones y contribuyan a la acumulación de fuerzas.

 

No obstante, la anterior observación, pese a su sensatez, peca de ingenua; lo que está en juego es otra cosa. Al parecer no se trata de un objetivo unificado, político, de carácter nacional, que interpele el gobierno y lo obligue a satisfacer ciertamente reivindicaciones individuales pero a través de un cambio de su política global. Evidentemente, no. Para el movimiento indígena encarnado en la ONIC, el conjunto de sus reivindicaciones es limitado y muy preciso; como se dijo tienen un enfoque de autonomía; frente a los demás lo único que recomiendan es hacer otro tanto. Para una corriente como el Congreso de los Pueblos, aunque seguramente es el pensamiento de otros más, se trata de garantizar la fuerza y la amplitud de la movilización mediante la “inclusión” de las reivindicaciones de todos y cada uno. Es así como aspiran al transcrecimiento; al paso de una cumbre “agraria” a una cumbre que sea también popular y urbana. Nuevamente la vieja idea del “Paro Cívico Nacional”. Y el pliego como agregación de las aspiraciones inmediatas de todos los sectores.

 

Es evidente, entonces, que carece de sentido nuestra inquietud acerca de la operatividad. En realidad lo que se busca es una movilización nacional de protesta; una demostración de fuerza popular. Pero, ¿estamos en capacidad de movilizar al conjunto de la población rural y urbana?¿O por lo menos una fracción significativa? La respuesta parece ser negativa. Importa entonces el mensaje que desde los sectores activos se lleva al conjunto de la opinión popular. En este sentido el razonamiento que se está manejando es profundamente despolitizador. (y no es un vicio nuevo sino muy viejo en Colombia) Refuerza la idea de que los grupos sociales sólo se mueven por intereses inmediatos y egoístas. Lo único que vale es lo que toca la barriga. No es posible plantear reivindicaciones políticas y menos si son de carácter general o global. Es por eso que, a pesar de los desastres innegables de la funesta ley 100 de salud, este es el momento en que no hemos podido consolidar un verdadero movimiento nacional que lleve a su derogación.

 

En la línea en que estamos avanzando va a ser, en consecuencia, una acción política muy importante en el contexto de las negociaciones de paz, pero poco significativa en materia de resquebrajamiento del modelo que nos aplasta. Ni siquiera será una minga en el verdadero sentido del término porque no se trata de una obra de beneficio común. Marchamos todos en el mismo sentido pero cada uno por sus propios objetivos.

 

 

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