Sábado, 25 Junio 2016 17:49

Ambientalistas en la mira

Escrito por Allan Enrique Bolivar Lobato
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Ambientalistas en la mira

En el informe “En terreno peligroso” de Global Witness, fue catalogado el año 2015 como el peor de la historia en lo que respecta al asesinato de los defensores de la tierra y el medio ambiente. La ONG documentó 185 asesinatos en 16 países, esto representa un incremento del 59 por ciento respecto a las cifras del 2014. Cuarenta por ciento de la totalidad de estas víctimas son indígenas. Con 26 asesinatos documentados, Colombia registra como el tercer país con mayores asesinatos. Cruenta realidad, auspiciada por el capital extractivo multinacional que embestido en la más grosera de las impunidades sigue eliminando a quienes osan desafiar sus intereses de explotación y acumulación en los países del sur global.

Durante el año 2015 fueron registrados 26 asesinatos de activistas y defensores del medio ambiente en Colombia. Siete de los asesinatos están relacionados con las industrias extractiva y minera, nueve corresponden a defensores de la tierra indígena. Global Witness sostiene: “Según los grupos de derechos humanos, los principales sospechosos de una gran parte de la violencia son grupos paramilitares que trabajan en connivencia con élites políticas y empresariales locales”. Otros de los responsables señalados es el propio Ejército Nacional que tanto en nuestro país como en Filipinas produjo la mayoría de los asesinatos registrados (13 entre los 185 globales).

Colombia, al igual que la mayoría de los países registrados comparte un determinante: la inversión extranjera. Destaca el informe: “En los últimos años, Colombia ha fomentado activamente los sectores de la minería y el petróleo para atraer una inversión extranjera directa mediante la venta de derechos de prospección y la oferta de otros incentivos. Empresas de Estados Unidos, Australia, Brasil y Canadá son los principales inversores en operaciones para extraer oro, plata, carbón y petróleo”. Funesto factor del que deriva el hecho de que los mayores afectados por la violencia sean precisamente los dueños legítimos de la tierra.

El informe expone que en Colombia: “Los pueblos indígenas sufren actos de violencia relacionados con el conflicto armado que se está desarrollando en el país y han sido testigos de acaparamientos de tierras a gran escala y desplazamientos en sus territorios. Las grandes actividades agroindustriales, mineras y extractivas están agravando los enormes niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, la pobreza y la degradación ambiental que ya existen”. Entre estos actos de violencia se encuentran 27 amenazas de que fueron objeto en Colombia las comunidades indígenas y sus líderes durante el 2015, según registra Global Witness.

En entredicho las políticas gubernamentales encaminadas a suprimir las causas fundamentales de la violencia contra estos pueblos. La inexistencia de reformas agrarias que redistribuyan el uso de la tierra, así como la inoperancia del programa de restitución son claves en la existencia de este tipo de afectaciones. Amplía el informe: “Según grupos de derechos humanos locales, la Unidad Nacional de Protección del Gobierno colombiano, que se supone que debe proteger a los activistas, está fracasando a todos los niveles. Por otro lado, el Gobierno está dando prioridad a medidas que podrían ocasionar aún más violencia. Por ejemplo, una ley aprobada en 2015 contiene varias disposiciones que amenazan con legitimar el acaparamiento de tierras por parte de empresas extractivas, debilitando así aún más los derechos y la seguridad de los defensores de la tierra”.

De esta manera el país continúa como uno de los principales escenarios de victimización contra quienes osan defender al medio ambiente y a la tierra de las voracidades de los proyectos de explotación. Otra de las características propias en Colombia, tiene que ver con la inoperancia de la justicia para procesar y castigar a los responsables de estos asesinatos, así como la nula disposición del Estado para proteger a comunidades indígenas y activistas. Tales realidades se encuentran potenciadas por la simetría de intereses entre el Estado y las multinacionales en torno a la explotación de los recursos naturales que intentan proteger los activistas.

La situación es altamente preocupante, mucho más cuando el país se enrumba hacía el postacuerdo de paz, en el cual puede potensiarse la exacerbación de los intereses de extracción, la abierta disponibilidad de territorios vedados a las multinacionales por los azares de la guerra que en adelante serán susceptibles de exploración y explotación con o sin la aprobación de las comunidades que las habitan. En este escenario, ¿se incrementará las muertes de los opuestos a estos proyectos?

 

Gráfica 1. 

 

 

Tabla 1. Deberes del Gobierno de Colombia

Tomada del informe de Global Whitness Pág 14.

 

Los asesinatos en 16 países

 

El informe denomina las cifras como “espeluznantes”, y precisa: “Documentamos 185 asesinatos en 16 países, lo que supone un aumento del 59% respecto a 2014, además de la cifra anual más alta que se ha registrado. En 2015 de media murieron asesinadas más de tres personas por semana, lo que representa más del doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo. Los países más afectados fueron Brasil (con 50 asesinatos), Filipinas (con 33) y Colombia (con 26)”.

Para todos estos países el sector que más se encuentra inmiscuido en las victimizaciones es el de la minería. Se le endilgan 42 asesinatos. Otra de las actividades económicas causales de la violencia fue la agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala. Los principales afectados fueron las comunidades indígenas y uno de los principales victimarios se encuentra el propio Estado, consigna el informe: “Por todo el mundo, la connivencia entre el Estado y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables de los asesinatos. De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”. Esta es la explicación de la impunidad que marcha paralela a la criminalización, a la estigmatización de los activistas como individuos contrarios al desarrollo.

Otro de los factores subyacentes a los asesinatos tiene que ver con las presiones sobre la propiedad, el control y el uso de la tierra. El caso de Brasil es bastante sugestivo de la situación, el mayor número de asesinatos del total registrado tiene como escenario a este país suramericano que es propietario de la mayor reserva natural sobre la Tierra: la amazonía. Sobre este país amplia el informe: “El conservacionista brasileño Felipe Milanez comentó hace poco los riesgos a los que se enfrentaban los activistas en la Amazonía: –La violencia se ha legitimado como una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto “aceptable”. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala–”.

La situación toma matices de etnocidio cuando se verifica que un alto porcentaje de las víctimas registradas durante el 2015 en el mundo (67) pertenecen a comunidades indígenas. las que se suman a la extensa lista de defensores del medio ambiente asesinados por oponerse a la invasión de sus tierras ricas en recursos naturales. Según Global Witness, estas comunidades se encuentran en alto riesgo: “La supervivencia cultural de los pueblos indígenas corre peligro. La defensa de sus territorios ancestrales reviste una importancia primordial no solo como fuente de su sustento, sino también para la conservación de su identidad y forma de vida tradicionales”.

Los asesinatos tienen su razón de ser en la disputa por la tierra y por la explotación de los recursos que ella guarda en su seno. El silencio de los Estados, la inoperancia de la justicia frente a esta catástrofe, se encuentra fundada en lo conveniente que resulta la explotación para las finanzas públicas y para intereses particulares de acumulación. Si estas dos condiciones tienen algo de veracidad, la mayoría de las víctimas entonces deberían ser de los pueblos indígenas y así lo constatan las estadísticas. La tierra para la explotación de sus recursos, quienes se opongan a esta imposición deberán ingeniárselas para esquivar las balas, pues todo indica que continuarán en la mira de los fusiles.

Información adicional

  • Autor:Allan Enrique Bolivar Lobato
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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