Miércoles, 22 Octubre 2008 14:52

Colombia: Manipulación y desinformación a la orden del día*

Escrito por Equipo desde abajo
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Lo que debiera ser justicia, se reduce a un juego de palabras y maniobras comunicativas. Esto ocurre en Colombia, donde su presidente, Álvaro Uribe en un supuesto ejercicio democrático, discute con lideres sindicales con respecto al paro que desde hace más de treinta días sostienen trabajadores de los ingenios azucareros, discusión en la cual también se mezcla la lucha y demandas indígenas presentadas al país desde el pasado 12 de octubre.**

Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. El lunes 19 de octubre, en debate sostenido con Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Álvaro Uribe Vélez desnudó sus ideas respecto a los indígenas, su autonomía y cultura, el trabajo y el sindicalismo, además de otros aspectos no menos importantes para el futuro devenir de la democracia en Colombia, opiniones con las cuales, contrario a sus pretensiones de entretenimiento y confusión, hizo visible, sin reparos, su proyecto de antidemocracia.

Esta es Colombia, una cosa se dice y otra se hace. En el debate aquí comentado, en cabeza de Álvaro Uribe (foto a la derecha) y del vocero de la CUT (Tarcisio Mora, foto a la izquierda), una cosa quedó clara: lo mediático es un espacio para confundir, y los trabajadores, indígenas y campesinos no tendrán una oportunidad para sortear su difícil situación. La democracia, más allá de la letra muerta, cada vez está más lejos de hacerse realidad.

Algunos de estos conceptos y opiniones:

1. “El Gobierno que ha estado dialogando permanentemente, infructuosamente (…) Hoy lo estuvo haciendo el Ministro Arias (de Agricultura), yo le pido a Cesar Mauricio (Secretario de Prensa), incluso si se puede tener un diálogo a través de la televisión, en una especie de Consejo Comunitario con las comunidades indígenas sobre esas leyes, el Gobierno está dispuesto a hacerlo; un diálogo de cara al país.

Que el Ministro de Minas explique el Código Minero y el Ministro de Agricultura explique el Estatuto de Tierras y el Ministro Juan Lozano (de Vivienda, Ambiente y Desarrollo) la Ley de Aguas y que los indígenas propongan sus objeciones a esto”.

Que maravilla. “Exceso de democracia”, diría un despistado, debate incluso por televisión, en directo, con tres ministros. Como si el problema fuera de explicaciones. Pura maniobra de culebrero, pues las discusiones se tendrían que haber sostenido antes de aprobadas las leyes y no una vez están en ejecución, cuando las multinacionales presionan para apropiarse de más recursos estratégicos.

Pero además, como le consta a los propios afectados, así como al conjunto del país, los incumplimientos con respecto a los acuerdos de tierras y otros, firmados con los indígenas, no se derivan de falta de diálogo sino de ausencia de voluntad estatal y gubernamental para cumplir la palabra empeñada. ¿Para qué discutir más si todo está firmado y refrendado incluso con testigos nacionales y de otras fronteras, incluso por sentencias de instancias internacionales donde se condena al Estado colombiano por su violación a los derechos y la vida de los indígenas?

2. Pero la falta de voluntad es consecuencia de proyectos e intereses que dominan en el alto Gobierno, los mismo que privilegian a los terratenientes y sus socios industriales y comerciales. Por ello es que el Presidente insiste en que: “El Gobierno seguirá en el proceso de compra de tierras, a pesar de todas las dificultades. El Gobierno está dispuesto a ofrecer alternativas, como la de tener un fondo de recursos para proyectos productivos”.

Es decir, le dicen a los indígenas, en una muestra de ignorancia o desprecio por la cultura y las tradiciones ancestrales: cambien las tierras por “proyectos productivos”.  Visión productivista que luego se hace aún más evidente, cuando el Jefe de Estado amplía su razonamiento amparándolo en la queja de “otros”:
“Porque también hay una queja de que los indígenas, en la tierra cultivable, no producen. Entonces, el Gobierno piensa que una oportunidad es que en lugar de estar comprando y comprando más tierras, que pongan a producir las que tienen. En el solo departamento del Cauca tienen 189 mil hectáreas”.

Autodesnudado en su concepción, sin duda. Para el Presidente los indígenas son campesinos, pero se equivoca al no retomar la visión integral que tienen estos pueblos de la tierra y el territorio, del que dicen una y otra vez, es la “Pachamama” pero también la vida misma. Para ellos, como reconoce cualquier persona que goce de un mínimo de formación académica y actue sin mala fe, la tierra no es solamente posesión o propiedad material, por sobre todo es identidad, soberanía, dignidad. Con ella, y a través de ella, reafirman el pasado, el presente y el futuro, que para ellos no es mañana sino ahora.

Sin duda, dos concepciones sobre la vida, y la del Presidente es la que se impuso desde hace más de 500 años, la que los negó y la que continúa negándolos, excluyéndolos, persiguiéndolos, viéndolos como estorbo, pues son “improductivos”, “tienen las tierras ociosas”.

Desprecio por la muliculturalidad. Pero quienes actúan desde la Casa de Nariño, insisten en su concepción, pretensiones y manipulaciones. De acuerdo a su decir: “Este país tiene, más o menos, 115 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas tienen títulos por 30 millones 800 mil hectáreas.

A diferencia de otros países del continente, este país ha sido oportunamente equitativo y generoso con las comunidades indígenas. Quiere decir que el 2.2 por ciento de la población, ha recibido titulación del 26 - 27 por ciento del total de la extensión”.

Datos que casi son verdad pero que esconden lo esencial: que cuando se detallan las carácterísticas de los suelos sobre los que viven los indígenas, en su mayoría son de protección ambiental (páramos, humedales, bosques), o son terrenos sumamente quebrados lo que dificulta su siembra. Los estudios científicos existentes sobre el suelo en el país, confirman esta aseveración. (ver recuadro).

Pero lo otro que esconden las palabras oficiales es la inmensa concentración de la tierra que caracteriza a Colombia. (ver el mismo recuadro).

Pero así y todo, y de acuerdo a lo expresado por el Presidente y sus ministros, el problema de tierra que viven los indígenas del Cauca es gravísimo. Leámos sus palabras:

“En el Cauca hay 189 mil hectáreas de las comunidades indígenas, de ellas 154 mil - 157 mil son tierra cultivable. Lo otro hace parte de la protección de los nacimientos de agua (…)”.

Y luego precisa el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio: “En el
Cauca tenemos casi 180 mil indígenas en régimen subsidiado...”. Es decir, en el Cauca los indígenas no tienen derecho ni a una hectárea de tierra para cada uno de quienes integran estos pueblos,.

Realidad que han esgrimido los propios indígenas para demandar más tierra, pues, de acuerdo a su saber y sentir, con el crecimiento de sus pueblos,  "las nuevas generaciones no tienen tierra para garantizar su alimento”.

Violencia oficial, protectora del status quo

Realidad que no quieren reconcocer las clases dominantes. Se tapan los ojos ante ella. Y cuando los pueblos salen a protestar, los atacan, los violentan, los criminalizan. Por eso es muy importante lo que dijo el Presidente: “El Gobierno pide la judicialización de los violentos”.  Es decir, se van a tener que autoencarcelar.

Es evidente. Los muertos y la cantidad de heridos producidos en las concentraciones llevadas a cabo en La María y en la carretera conocida como La Panamericana, evidencian de que lado llegó la violencia y quienes la padecieron: tres muertos y más de 90 heridos de parte de los indígenas, en buena proporción con heridas producidas por el disparo de armas de fuego. ¿Dónde están los culpables?

En las grabaciones de imagen se ve de donde salen los disparos. Los indígenas se defienden con palos. Pero además, los montajes que se tratan de hacer con infiltrados permite deducir que se  quiere hacer pasar a los indígenas como agentes de la violencia.

Es por ello que el Presidente se ve obligado a decir que,  “La Policía había tomado ese sitio de La María y el Ejército, porque allí era la alimentación logística para la violencia. Eso no lo tomamos caprichosamente”. Afirmación que riñe con la realidad, pues todo el que conoce a las autoridades indígenas, que son las que controlan las edificaciones que existen en La María, sabe lo radicales que son con cualquier indígena que pretenda, incluso, defenderse de manera ofensiva, es decir, copando el territorio y ganando la iniciativa.

Esa es la realidad. Lo otro son palabras para desviar la atención de quienes ven los noticieros televisivos. Se confunde, se manipula, lo cual hará más dificil que en un futuro se puedan eliminar las raíces de la violencia y la injusticia que padecen y sobrellevan la mayoría de quienes habitan en este país.

Los obreros

Este es un aspecto de lo discutido. Pero lo otro no es menos engañoso. De acuerdo con el Presidente, en la huelga de los cañeros no se ha llegado a un acuerdo por culpa de “…un sectorcito radical que no está interesado en acuerdos, sino que tiene una concepción política diferente, de odio, ocio y violencia…”.

“Allá hay 6 personas judicializadas, del grupo de los 14 que ha estado es en agitación política y obstruyendo el acuerdo.

Si esas seis personas son tan civilizadas y tan representativas de los trabajadores, cuando lo que son es unos aprovechados políticos, unos incendiarios radicales, sabiendo que están judicializados, ¿por qué no se han presentado a la Justicia?” (estas personas se entregaron a los fiscales el día 20 de octubre en horas de la mañana, n.n.).

Es claro el mensaje oficial: si la gente sabe lo que busca y lo defiende con claridad, entonces es un simple radical. Craso error que pone al Gobierno del lado de los empresarios, cuando su supuesto papel en las disputas entre patronos y trabajadores es la neutralidad.

¿Por qué se cuestiona la persistencia de los trabajadores en la defensa de sus demandas laborales? ¿Por qué no se cuestiona la actitud del empresariado, que paga sueldos irrisorios o no sede en la discusión con los trabajadores? ¿Por qué pierde el Gobierno la “neutralidad”?

Pero como si esto fuera poco, luego amplían lo dicho: “que el país tenga muy claro que nosotros como Gobierno somos muy concientes, muy concientes, de la difícil situación que algunos grupos de corteros tienen”.

Simples palabras. Si la conciencia existe, ¿por qué las reformas laborales siempre afectan a los trabajadores? ¿Por qué reducen sus sueldos? ¿Por qué aniquilan su estabilidad laboral? ¿Por qué eliminan las horas extras? ¿Por qué se persigue a los que se sindicalizan? ¿Por qué se criminaliza la lucha social?

La historia lo demuestra. Los países capitalistas donde se ha logrado avanzar en convivencia, han concretado proyectos de justicia, los cuales pasan por pactos laborales donde los trabajadores son reconocidos y asumidos como una contraparte esencial. No se puede aclimatar la convivencia pisoteando los derechos de una de las partes, y para que esto se garantice, hacen falta aquellos que con principios defienden o acompañan a los excluidos. Perseguirlos, detenerlos, asesinarlos, hacerlos exiliar, señalarlos como agentes terroristas, es condición básica para que la injusticia perviva, para que la desigualdad se profundice.

Para garantizar que el conflicto de los cañeros termine de manera adecuada, es esencial que los que han sido apresados por defender sus derechos sean puestos en libertad, garantizándoles el derecho a la organización y acción social.

Esta es Colombia, una cosa se dice y otra se hace. En el debate aquí comentado, en cabeza de Álvaro Uribe y del vocero de la CUT, una cosa quedó clara: lo mediático es un espacio para confundir, y los trabajadores, indígenas y campesinos no tendrán una oportunidad para sortear su dificil situación. La democracia, más allá de la letra muerta, cada vez está más lejos de hacerse realidad.

Indígenas, obreros y campesinos, unos y otros, cuando defiendan sus derechos, serán perseguidos, señalados, amenazados, maltratados, tergiversadas sus luchas y arrinconadas sus organizaciones. Para el Gobierno  lo único aceptable son los derechos de los ricos y quien no lo acepte, quien resista con dignidad, será señalado y tratado como un “terroristas”.

*Ver: http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/20/25202008.html
** Sobresale en esta lucha, demandas de tierra, rechazo al TLC y derogación de varias leyes que tienen que ver con agua, minerales y cultivos para agrocombustibles.

Recuadro

Radiografía sobre la cuestión de la tierra en Colombia*

Situada en la esquina norte de Sur América, Colombia está conformada por un territorio total de 207 millones de hectáreas, cuya mitad corresponde casi a sus áreas marinas (Atlántico y Pacífico); el resto, a 114 millones de hectáreas continentales. Una parte, 63.900.000 hectáreas, está constituida por bosques naturales que sustentan la biodiversidad de la nación y representan el 10 por ciento de la biodiversidad mundial.

En el territorio nacional, según el último censo  y cuyos resultados da a conocer el Dane (2005), habitan 42.090.502 personas (cifra que no cuenta los millones de connacionales que han tenido que emigrar, exiliarse o refugiarse en fronteras cercanas o lejanas). Este mismo dato precisa que el 75 por ciento de estos colombianos vive en las cascos urbanos (31.566.276) y el 25 restante en el campo. Es decir, en las manos de 10.524.226 campesinos, indígenas y afrocolombianos reposa la garantía de alimentación para los colombianos.

Siempre de acuerdo con el Dane, entre quienes habitan el país hay 1.378.884 indígenas y 4.261.996 afrocolombianos. En cuanto a la proporción de tierra que ocupan, los cabildos de los pueblos indígenas están situados sobre un territorio inalienable de 31.250.000 hectáreas.


Cuando se detallan las características de estos millones de hectáreas, se identifica que en grandísima proporción están ubicados en zonas de protección ambiental –páramos, humedales, bosques– o son terrenos sumamente quebrados, circunstancia que dificulta la subsistencia de quienes los habitan, toda vez que no pueden sembrar sino pocas variedades de cultivos de pancoger con destino al autoconsumo, además de un escasísimo excedente para la oferta. Como ejemplo de ello están los territorios boscosos (de protección ambiental) situados en el Pacífico y la Amazonia, de los cuales el 41,6 por ciento pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas.

Por su parte, los afrocolombianos ejercen sus derechos colectivos sobre 4.717.269 hectáreas del territorio. Y en otra variable de la misma problemática, los campesinos pobres tienen bajo sus manos 4,4 millones de hectáreas, en las cuales se “siembra y recoge el 63 por ciento de la canasta diaria de los colombianos” (Darío González Posso). Es ésta una canasta que aquéllos garantizan en virtud de que siembran especialmente “ajonjolí, cacao, caña panelera, cebada, fique, fríjol, frutales, hortalizas, maíz, ñame, papa, plátano, tabaco, trigo, yuca” (Carlos Salgado Araméndez).

Otro autor nos precisa que, “La participación de la producción campesina ha sido posible gracias a que se articula al sistema agroalimentario de diferentes maneras: a través del autoconsumo familiar y local, el abasto masivo a centros urbanos y articulación a cadenas formales, permitiendo la provisión de productos frescos todo el año” (Forero 1999).
 
Pero aquello no es todo. En el lado opuesto de esta realidad se encuentran los terratenientes tradicionales o los de nuevo cuño, bajo su forma de narcotraficantes, 13.000 de los cuales poseen las mejores tierras del país, contadas en 22 millones de hectáreas, casi todas consagradas a la ganadería. En las tierras destinadas a la economía agraria capitalista, se cultiva con preferencia “algodón, arroz, banano de exportación, maní, palma africana, sorgo, soya” (ibíd., Salgado).

Tal concentración de la propiedad de la tierra prosigue en forma vertiginosa. “En 1984, las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 55 por ciento de los propietarios, que controlaban el 2,9 del área. En el año 2000, las fincas de este tamaño, pertenecientes al 57,3 por ciento de los propietarios, controlaban apenas el 1,8 de la superficie. En 1984, el rango de propietarios de más de 500 hectáreas (0,5%) controlaba el 32,6 del área, y en el 2000 el 60,8” (Darío González).

“De otra parte, la concentración de la tierra, que se ha intensificado con la dinámica del conflicto armado, es escandalosa e inaceptable […]. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2.428 propietarios con más de 2.000 hectáreas, que corresponden a un 0,06 por ciento del total de propietarios, poseen 44 millones de hectáreas, lo que corresponde al 53,5 por ciento de la tierra. Y al mismo tiempo, unos 1,3 millones de propietarios que corresponden a un 35,8 por ciento poseen 345 mil hectáreas, o sea, el 0,42 por ciento, en proporciones individuales menores a una hectárea” .

Como reflejo de lo anterior, el actual grado de concentración de la tierra en Colombia, expresado mediante el Índice Gini, es de 0,85 y representa uno de los más altos en América Latina. Esta concentración descansa en pocas manos y la producción correspondiente se dedica cada vez más intensamente a los grandes cultivos, pastizales para ganado, a la especulación, o al simple recreo y ostentación (poder político). Este hecho permite entender que en la última década del siglo pasado las importaciones de alimentos que hizo Colombia se multiplicaron por ocho. Es decir, estamos ante una evidente pérdida de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, en estos pocos años, 41 millones de hectáreas se convirtieron en pastizales: “En Colombia, de 14.362.867 hectáreas aptas para la agricultura sólo se utilizan 5.317.862, un 37 por ciento. En contraste, la ganadería absorbe (el doble de la superficie apta), pues además de las 19.251.400 de hectáreas aptas para esa actividad, hay un exceso con la utilización de 40.083.171. Demostración de que buena parte de la tierra con vocación agrícola y más de 10 millones de hectáreas de bosques tumbados se dedican a la cría y levante de ganado y otras especies” .

Cabe precisar además que “las economías campesinas se encuentran principalmente en la región andina, donde concentran el 68 por ciento del total de su área cosechada y el 89,2 del valor de la producción. La producción campesina no cafetera legal se genera en seis departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, Nariño y Córdoba, y la capitalista legal en tres departamentos que copan el 50 por ciento: Antioquia, Valle y Tolima” (p. 126). Hasta aquí estas precisiones.

Nos detuvimos en ellas porque, al pensar en solucionar el problema de la tierra en Colombia, es necesario saber con qué zonas y con qué suelos cuenta el país. Solamente desde ese reconocimiento es posible delimitar las áreas prioritarias para un proceso como el que ocupa estas notas. “El conocimiento de los suelos del país tiene como fin primordial evaluar la calidad de las tierras y determinar su capacidad de uso y manejo. La agrupación de los suelos en clases agrológicas toma en cuenta las propiedades permanentes que tienen influencia en el crecimiento de las plantas, como son: el drenaje, el relieve, la textura, la permeabilidad y la capacidad del suelo para almacenar agua”.

“La clasificación agrológica se hace en ocho clases diferentes. La aptitud de uso y manejo de los suelos disminuye de la clase I a la VIII. Los suelos de la clase I, por ejemplo, tienen muy poca o ninguna limitación para la explotación intensiva. Estas limitantes van aumentando hasta llegar a la clase VIII, que agrupa áreas con suelos inútiles para cualquier tipo de explotación agropecuaria”.

 Clases de tierra    Porcentaje
    I                                0,3
    II                               1,8
    III                            10,3
    IV                             8,3   
    V                              3,1
    VI                           25,9
    VII                          34,5         
    VIII                        14,5   
    Áreas urbanas          0,1
    Agua                       1,1

“Los datos anotados indican que las tierras realmente aptas para agricultura con cultivos transitorios y perennes (clase I a IV) ocupan apenas un 20 por ciento de los suelos estudiados en el país […] Es interesante anotar que las tierras de la clase I, que no tienen prácticamente limitantes para la explotación agrícola intensiva, son apenas el 0,3 por ciento de los suelos estudiados […]. En el 80 por ciento restante de las tierras las restricciones para el uso son tan severas que éste se limita principalmente a pastos, bosques, o a la vegetación natural existente con miras a la conservación de las cuencas hidrográficas y de la vida silvestre.

“Casi el 50 por ciento de los suelos estudiados (clase VII y VIII), por ejemplo, son aptos casi sin excepción para bosques o para la conservación de la vegetación espontánea. Alrededor de un 30 por ciento corresponde a tierras planas pero con limitaciones tan severas que no es práctica su habilitación (clase V) o terrenos tan quebrados, erodables y/o rocosos (clase VI) que su uso se limita a pastos, cultivos permanentes o bosque, con prácticas intensivas de conservación de suelos. Dentro de este 30 por ciento están involucradas las áreas en agua y las zonas urbanas”.

Como se sabe, las políticas agrarias y de territorio dominantes en Colombia arrinconaron a campesinos, afrocolombianos e indígenas sobre las tierras menos aptas para la explotación intensiva, o desconocieron la existencia misma de indígenas y afrocolombianos, pueblos que por muchas décadas fueron ignorados como miembros activos de la sociedad. Establecidos en los otrora llamados “territorios nacionales”, para quienes han dominado desde siempre en Colombia aquéllos no eran más que ‘salvajes’, ‘indios’, ‘negros’, dignos simplemente de ser evangelizados e incorporados al ‘desarrollo’. La entrega de esos territorios a la iglesia católica fue la síntesis de esa visión. Y la Iglesia cumplió con su misión de exclusión, sometimiento, dominio, alienación y sumisión.

*Tomado de la revista Soluciones agrarias Nº 7/8. Reforma agraria portón para la paz , ediciones desde abajo.
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