Miércoles, 29 Octubre 2008 15:33

Coletazo por el asesinato de jóvenes: destituidos 27 militares en Colombia.

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La inquietud internacional por los derechos humanos en Colombia produce sus primeros frutos. Los importantes llamados de atención a las autoridades colombianas, primero con la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, luego, hace una semana, a través de la presencia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, y este mismo 28 de octubre con el informe de Aministía Internacional sobre la realidad de los derechos humanos en Colombia, donde se precisa que con Uribe la impunidad  campea, generan frutos. (Informe Amnistía)

El motivo para dar un primer giro en el tratamiento de los derechos humanos en Colombia, se deriva de la investigación por la desaparición y asesinato “en combate”, de decenas de jóvenes habitantes del municipio de Soacha, limítrofe con Bogotá. (Colombia: dominio del horror)

Sobre este particular, luego de que sus familiares denunciaron su desaparición, las primeras explicaciones oficiales aseguraban que los jóvenes habían sido torturados y fusilados después de intentar escapar de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció luego de unos días que los jóvenes habían muerto en combate con el Ejército. Sin embargo, las posteriores autopsias determinaron que habían fallecido entre uno y cuatro días después de que se informara de sus desapariciones.

Purga

El Gobierno colombiano ha cesado y entregado a la justicia a 27 militares. Se trata la mayor purga en las filas de las Fuerzas Militares por un caso de derechos humanos en Colombia. La destitución de tres generales, 11 coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales ha sido anunciada hoy por el presidente Álvaro Uribe y por el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla De León, que ha manifestado que los militares destituidos pasarán a disposición de la justicia civil, y no a los tribunales militares, como siempre lo acostumbran, para que respondan penalmente en caso de ser hallados culpables.

La destitución de tan alto número de oficiales nunca antes se había llevado a cabo en Colombia, a pesar de las constantes denuncias por la violación de los derechos humanos, los cuales en la última época se han encubierto de “falsos positivos”. Tras éstos,  se ha desviado la investigación por el asesinato o desaparición de centenares de colombianos, entre ellos, unidades enteras de la Policía Nacional emboscados por cuerpos del Ejécito al servicio de narcotraficantes. Así como campesinos, estudiantes, indígenas y gentes del común, tanto de la ciudad, pero sobre todo del campo, tildados en las investigaciones judiciales como “guerrilleros”.

Con este antecedente, falta esperar la reacción mediata de las Fuerzas Armadas (lealtad de cuerpo), siempre tan dócil a la oligarquía colombiana, y acostumbradas al silencio y la impunidad ante toda clase de bejámenes cometidos por sus miembros. Cabe también recordar, entre muchos de estos actos, la relación con el paramilitarismo y el mar de fosas que cubre al país. ¿Se romperá el silencio que encubre el crimen en Colombia?
Visto 1696 vecesModificado por última vez en Miércoles, 29 Octubre 2008 15:54

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