Sábado, 01 Noviembre 2008 17:42

Colombia: muertos que brotan. Dinero que corrompe.

Escrito por Equipo desde abajo
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Las contradicciones y debates se multiplican en Colombia. En esta oportunidad se desprenden de acusaciones y explicaciones por la desaparición y posterior asesinato de docenas de jóvenes habitantes de barriadas populares.
En efecto, para el Fiscal de la Nación, Mario Iguarán, estos sucesos, y el hecho de que en ellos estén inmiscuidos miembros de las Fuerzas Armadas tiene como explicación la política de recompensas aprobada y defendida por el actual Gobierno. 

Como se sabe, Álvaro Uribe ha implementado la política de Seguridad Democrática, la cual se basa en las delaciones y el pago en efectivo por éstas.

Desde este conocimiento, el alto funcionario se interrogó, en conferencia dictada el viernes 31 de octubre, si “¿No será que el afán por el ‘positivo’ y las ansias por la recompensa están generando estos graves y oscuros sucesos?” Desde este cuestionamiento pidió al Gobierno revisar la Directiva Ministerial 029 de 2006 sobre el tema de recompensas.

En esta Directiva se establece una tabla en pesos, precisando cuánto se cancela por el decomiso de un arma de uno u otro calibre, si es munición, si es un dirigente subversivo, si es detenido vivo o si es “dado de baja”, caso en el cual se cancelan $ 3.600.000. Para el Fiscal, en esa Directriz y ese tipo de estímulos, “…puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”.

Es de no creer pero es cierto. Miles de miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran incursos en investigación ante la Procuraduría General de la República por sospechas relacionadas con lo que en este Gobierno se hizo popular como “falsos positivos”. Otras docenas han sido detenidos y muchos de ellos condenados. El hecho más reciente, que evidencia la pérdida de la ética y del sentido profesional y social de la profesión del militar, tiene que ver con la destitución de 27 oficiales, entre ellos tres generales. Toda una política de Estado cuestionada por las evidencias encontradas al ir tras las pistas de cientos de jóvenes desaparecidos y buscados por sus familias, algunos de ellos vistos hasta horas antes de su desaparición en los sitios que frecuentaban cada día, encontrados posteriormente en departamentos distantes de su sitio de vivienda, vestidos con prendas militares debajo de las cuales se encuentra su ropa de siempre, usando además botas que estaban limpias a pesar de que el terreno donde fueron hallados era fangoso.

Son tantos los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia que la Fiscalía creó hace un año una subunidad para que atendiera tales denuncias. En ese campo, “Actualmente la Unidad de Derechos Humanos investiga 690 casos de homicidios en persona protegida en la unidad nacional y 90 más en las seccionales, presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública”.

Política favorable

Ante las declaraciones del Fiscal, el presidente Uribe salió al paso y en declaraciones brindadas en El Salvador, en medio de las sesiones de la XVIII Cumbre Iberoaméricana de Jefes de Estado, aseguró que “…esa política de recompensas de su Gobierno ha sido para dárselas a civiles que ayuden con su información a desmontar la criminalidad, nunca a integrantes de fuerzas militares".
Y agregó, "El señor fiscal tiene que hacer una reflexión. No creo que convengan esas declaraciones ligeras, tiene que entender que un procedimiento legal y legítimo como el de las recompensas no puede justificar un hecho ilegal".

Luego precisó que en la actualidad "hay 1.678 miembros de las fuerzas armadas presos, de los que 1.157 están en el Inpec (cárceles) y 521 en guarniciones militares", y subrayó que su política de recompensas a civiles para lograr detener a criminales "es muy útil".

Precisamente lo que el Fiscal dejó entrever en sus comentarios fue la posibilidad de que se hubieran generado alianzas entre civiles y militares para cobrar las recompensas, contubernio desde el cual se podrían haber constituido redes “cívico – militares” para hacerse a esos dineros, en medio de lo cual aparecieron cientos de “guerrilleros muertos en combate”, los que ahora se reconoce eran civiles que nada tenían que ver en el conflicto. Pero sí hijos del conflicto social pues en su gran mayoría son gentes pobres lo cual haría suponer a sus asesinos que no habría quien los reclamara o tuviera suficiente voz para ser escuchado. Pero, según el refranero popular, “la ambición rompe el saco”.

Por su parte, y ante las críticas del Fiscal, el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, otrora Ministro de Defensa y benefactor de la Directriz cuestionada, terció en el debate y recomendó al fiscal poner atención a los fondos reservados que maneja la entidad que dirige. ¿Qué insinúa Ospina? ¿Plata y corrupción al por mayor?
Así va Colombia. Mientras tanto, la guerra no brinda descanso ni paz a sus hijos e hijas, las cuales sueñan con hacer parte de las dinámicas de cambio que vive el Continente y con el día en que las inmensas riquezas que congregan sus tierras, en verdad sean para todos.

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