Jueves, 22 Marzo 2018 15:34

¡Nos están matando! Que la paz no nos cueste la vida

Escrito por Alejandra Correa
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¡Nos están matando! Que la paz no nos cueste la vida

La grave situación de violación de los derechos humanos, producto de la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, materializada, entre otros aspectos, con la persecución, hostigamiento y asesinato de líderes, lideresas y comunidades campesinas, afro e indígenas; así como con el silencio y la complicidad por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales ante la violación de los derechos humanos en municipios del norte y el bajo Cauca antioqueño, fue presentada el pasado 15 de marzo en la ciudad de Medellín por voceros de la Corporación Jurídica Libertad y de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos–CCEEU y el Nodo Antioquia 2017. Lo denunciado hace parte del informe: “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”.


De acuerdo con el informe, un 96 por ciento del departamento de Antioquia reporta presencia paramilitar, lo que significa que 121 de sus municipios sufren actualmente enfrentamientos entre grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas del 2017, en el departamento hay 1.642.778 víctimas, una cuarta parte del total de su población, lo que evidencia la fuerte consolidación del paramilitarismo en estas zonas, a pesar del proceso de desmovilización de estos grupos y de la firma del acuerdo de paz con las Farc. (Ver tabla 1)

 

“Se preguntarán por qué están estas siluetas enfrente de ustedes y por qué no pueden ver a los diferentes líderes sociales y defensores que vienen de los distintos territorios y municipios que hacen parte de esta zona del departamento, la razón, más que sencilla es dolorosa, y es que nos están matando” Con esta aclaración inició la presentación del informe, donde de manera simbólica hubo siluetas en nombre de aquellas y aquellos líderes asesinados desde 2016 y lo que va del 2018.


A la presentación del informe asistieron cerca de 7 líderes sociales de diversas zonas del departamento, quienes detrás de las siluetas puestas en frente de los medios de comunicación, reclamaban las garantías que desde siempre el Estado ha negado, además de denunciar la omisión y las acciones cómplices que realiza con los grupos paramilitares.


De acuerdo con uno de los líderes “durante el 2018 se viene presentando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas en el norte y el Bajo Cauca, específicamente en Cáceres, han tenido que dejar sus viviendas alrededor de 1.500 personas, además del fenómeno silencioso de desplazados en Tarazá, esto debido a los enfrentamientos constantes entre grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparracos. Por su parte, en Ituango se registran más de 215 personas desplazadas durante el 2017 y lo que va corrido del 2018”.


La realidad es cada vez más difícil de ocultar, las alertas de riesgo no son suficientes y a la fecha van 338 indígenas desplazados, un desarraigo debido a la disputa entre las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de acuerdo con las intervenciones de los líderes. El control territorial y el confinamiento de la población, genera zozobra en horas de la noche en territorios como Ituango, El Aro, Santa Rita, La Granja, Tarazá, La Caucana, El Cinco, El Doce, Puerto Antioquia y Valdivia.


Puntualmente y según el comunicado leído por los líderes, “En los municipios de Tarazá y Valdivia, se registran de manera constante combates entre AGC y Caparracos, específicamente en el Cañón de Iglesia, La Caucana, El Doce, El Catorce y El Quince, estas estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdno a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas, esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona, ejército y policía, es de reiterar que las extorsiones realizadas por grupos paramilitares se han incrementado en la zona de influencia de las AGC en especial, es así como hoy se está obligando a los campesinos a pagar por hectárea de tierra, litro de leche y locales comerciales, también los contratistas de obras están pagando a los paramilitares quienes en ocasiones han atentado contra trabajadores de empresas, que se niegan a pagar la extorsión”.


En todo el país, la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos corre riesgos, muestra de ello es la gran cifra de líderes asesinados en los dos últimos años, justo después de firmados los acuerdos de paz con las Farc. En el caso de Antioquia, durante el 2017 se presentaron 4 homicidios de líderes sociales, y en lo que va del 2018 se han presentado 11 ataques, entre ellos dos homicidios en Cáceres y Caucasia. La problemática es tan grave que el procurador Fernando Carrillo admitió el pasado 20 de marzo que el sistema de protección de líderes sociales es un fracaso y que se hace urgente tomar acciones para detener los asesinatos: “Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales” (Ver imagen 2).

 

Cantidad de grupos paramilitares en los distintos municipios de Antioquia.

 

Los territorios más amenazados son aquellos donde las comunidades están organizadas exigiendo la implementación de los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos; lamentablemente los líderes tienen presente que no pueden denunciar ante las autoridades, dado que no existe la confianza que asi los motive, por la complicidad que manejan estas con los grupos paramilitares, siendo su dignidad y su labor como defensores de los derechos humanos fundamentales más vulnerables; “pese a que ya lo habíamos advertido, que era inminente el riesgo de estos territorios por la alta presencia paramilitar y por la continuidad en eje entre las estructuras de los miembros de la fuerza pública y autoridades civiles, y los incumplimientos de los acuerdos de paz, y por la negativa del Gobierno de reconocer la sistematicidad contra las y los defensores, el Estado no ha mostrado una voluntad real por enfrentar todas las causas, por generar grandes dilaciones a los derechos humanos. Recalcamos que, en los recientes informes emitidos por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, los cuales son de conocimiento del Gobierno Nacional, también se da cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se encuentran en inminente riesgo, además, recomienda una serie de medidas de protección a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que se protejan a los habitantes de los territorios”.


Las exigencias presentadas por los líderes, a razón de la grave violación de sus derechos, así como los levantados por comunidades de donde provienen, fueron:


Que se brinden todas las garantías para proteger a las poblaciones
Que se cumplan o implementen los acuerdos de paz, entre ellos, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
Que se proteja a las y los defensores de derechos humanos
Que se investiguen y se sancionen a los agentes del Estado que podían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas por acción u omisión conlleven a graves violaciones de los derechos humanos.
¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA!

 

Información adicional

  • Autor:Alejandra Correa
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo
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