Martes, 08 Mayo 2018 07:30

¿Para qué el poder?

Escrito por Carlos Gutiérrez
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Luis Humberto GuerreroLuis Humberto Guerrero

El que puede sonar como un ingenuo interrogante, planteado por Darío Echandía (1) tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, contestado y esclarecido en reiterados momentos de la gobernanza y de la lucha política en Colombia, queda claramente dilucidado una vez más con el “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia” (2) con el cual deja sus funciones en el país Tedd Howland, quien ejerció tal responsabilidad desde el 30 de enero de 2012 hasta el 15 de marzo de 2018.


¿Para qué el poder? Esta inquietud, más que interrogante, pareciera ser un lamento que hoy nos permite adentrarnos en los laberintos del establecimiento, esa conjunción de destreza, manipulación, fuerza, apariencias, luces y sombras que tanto atrae a los seres humanos y la cual, por sus propias características, demandas y recursos de toda índole que desata, lleva a quienes lo ejercen al narcisismo, a la megalomanía, disfunción caracterológica que tantos males le ha procurado a infinidad de sociedades; ansiedad, proyecto de vida, para el cual son orientados y formados quienes crecen a la sombra del poder mismo, para ejercerlo posteriormente una vez adultos, como es el caso de Juan Manuel Santos.


Con el poder, quienes lo controlan y se realizan en lo personal y familiar con su ejercicio, alcanzan a concretar y proyectar una visión de la vida en todas sus variables, materializando de esta manera la concepción que tienen del mundo, tanto en tiempo presente como en tiempo futuro.


De esta manera, lo que hoy tenemos como país, tras dos siglos de vida republicana, no es casualidad ni efecto divino sino el resultado de una visión específica que sobre el mundo tienen las oligarquías; por cuyos efectos y diversas consecuencias deben responder unas cuantas familias, las mismas que multiplicaron –y multiplican– bienes y riqueza en provecho propio, empobreciendo a la par a la mayoría de sus conciudadanos.


Fenómeno constatable en el pasado lejano y cercano, también lo es en el presente, producto del cual, según diversos informes internacionales, el nuestro es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo (3). Los signos de esta realidad reflejan con crudeza las difíciles condiciones de vida y supervivencia de millones de colombianos: 3,3 millones de familias carecen de un lugar digno para vivir; 4,9 millones de familias viven en arriendo; 1,3 millones no tienen vivienda; 2,2 millones padecen los efectos del desempleo y 7,3 millones los del subempleo; 14,6 millones malviven en medio del trabajo informal, así como de la irregularidad y la inseguridad de sus ingresos: 2’435.602 de jóvenes ni trabajan ni estudian; 34,4 millones de hectáreas están en manos de latifundistas, mientras nueve millones de hectáreas son las tierras a las que acceden los campesinos minifundistas, y 13,7 millones de personas viven en condición de pobreza. Por sólo relacionar algunas cifras y ejemplos de lo producido por una concepción del mundo que a lo largo del tiempo ha mostrado su sinsentido y un alto costo humano (4). Tales cifras y ejemplos son clara expresión, todas ellas, de la violación de los Derechos Humanos, esa preciada conquista de la humanidad en riesgo de quedar en letra muerta.


Son aquéllas las particularidades de un sistema político, económico y social con expresiones del violento ejercicio del poder que caracterizan a Colombia, como lo recuerda Amnistía Internacional en su informe 2017: “La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creada en 2011 mediante la Ley 1148, registró un total de 8.532.636 víctimas durante los cinco decenios que duró el conflicto armado. Entre ellas se incluían 363.374 víctimas de amenazas, 22.915 víctimas de delitos sexuales, 167.809 víctimas de desapariciones forzadas, 7.265.072 víctimas de desplazamientos forzados y 11.140 víctimas de minas terrestres antipersona. Los delitos contra 31.047 víctimas del conflicto armado se registraron por primera vez entre enero y octubre de 2017” (5).


Precisamente, tal razón y la visión del poder fue lo que desató en Colombia una guerra fratricida que todavía no llega a su fin, en procura de cuya resolución fue firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, cuya concreción en sus diversos órdenes no logra una amplia materialización, como lo deja entrever el informe con el cual se despidió del país el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.


Recuerda el funcionario en su escrito que el acuerdo en cuestión ha contado con mucha resistencia para su implementación, la más notoria entre todas sus manifestaciones concretada con el triunfo del No en el plebiscito celebrado para que la sociedad decidiera sobre el particular. Efectos del rechazo ciudadano se prologan en el país con el paso de los meses, al tiempo que las fuerzas contrarias a unas reformas básicas, que procuren así sea una pequeña redistribución de la riqueza colectiva producida por la sociedad colombiana, la empujan hacia una prolongación del conflicto social y armado.


La paz está esquiva, no hay duda de ello, y tal resultado es el producto de un modelo económico, político y social incapaz de autorreformarse, como de una visión del Estado que le subyace, a la cual acudió la insurgencia ahora incorporada a la sociedad civil. ¿El poder para qué? Tal vez motivados por una posibilidad diferente de éste, uno con vocación colectiva igualitaria, los insurgentes terminaron por someter todas las reglas del acuerdo que negociaron a las lógicas de una institucionalidad y de una clase que no están hechas, la primera de ellas, para darles cabida a la justicia y a la vida digna, y que no funcionan ni se proyectan en procura del bien común; la segunda de éstas, con una concepción de la naturaleza y de lo social que la determina a extraer, excluir y negar.


Entrampados en una visión tradicional del poder, beneficiada de la desconexión social, urbana y rural acumulada por una guerra revolucionaria que, a pesar de sus cinco décadas de fuego, no logró que las mayorías la entendieran como tal, las fuerzas tradicionales encontraron en ello el camino abonado para esquilmar los acuerdos de La Habana hasta lo impensable, labor que no llega aún hasta sus últimas medidas. Ahí, otra respuesta al interrogante ¿El poder para qué?


Son estas algunas de las facetas de la realidad que llevó al Alto Comisionado a plasmar en su informe su extrañeza “[…] por el aumento de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios […] y por la ausencia de Estado en las regiones ahora dejadas por las Farc” (6). Para el funcionario de las Naciones Unidas, algunos de estos asesinatos se pudieron haber evitado “[…] con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población” (7).


¿A qué puede llevar esta violencia dirigida sobre objetivos precisos? La respuesta no demanda investigaciones profundas ni rebuscadas, lo cual abre un nuevo interrogante: ¿Potencia de manera consciente el establecimiento esta realidad para –por su conducto– propiciar la desarticulación cada vez más amplia de las Farc y animar así su total derrota estratégica en todos los ámbitos?


Ante la dispersión de las otrora tropas farianas por diversos territorios de la geografía nacional, e incluso el regreso de no pocas de ellas a las armas, no es casual que en su informe el funcionario de Naciones Unidas llame la atención y precise que “la reintegración de excombatientes en las zonas rurales es un gran desafío debido a la pobreza multidimensional, el difícil acceso a la salud y a la educación, las economías ilícitas y la violencia endémica en el 96 por ciento de las áreas cercanas a las Zonas”. Para luego enfatizar: “Una reintegración exitosa es clave tanto para evitar que los excombatientes participen en actividades ilegales como para impulsar el regreso de quienes abandonaron el proceso de reintegración”.


Es todo esto una realidad compleja, mucho más cuando amplios sectores de la sociedad no aceptan que las Farc incursionen en política electoral hasta cuando cancelen la deuda moral que tienen con el conjunto social. ¿Cuánto se demorarán las Farc en cancelar tal deuda? Eso solamente lo saben ellas, pero el tiempo que se tomen será prácticamente igual al que se tardará su aceptación social, y con ella un posible liderazgo y la conducción sobre el conjunto del país.


Mientras esto sucede, el país prosigue sin desamarrar las estructuras, el funcionamiento y las lógicas del poder que han llevado a que la violación de los Derechos Humanos sea una constante, alimentando las dinámicas de violencia existentes en territorios habitados por los excombatientes de las Farc, quienes, ante la compleja realidad que los rodea, están presionados para acudir a mecanismos de protección no necesariamente legales. Es una realidad a la cual, como es obvio, también están sometidas las comunidades en pleno que allí habitan. La economía ilegal del sembrado de coca y de la minería del oro potencia la espiral violenta.


De acuerdo al Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quebrar esta espiral de violencia, que se retroalimenta, demanda intervenciones estatales de carácter integral, a la par de una solución efectiva a los Derechos Humanos de las comunidades rurales: en el derecho a la salud, por ejemplo, el acceso es inequitativo en muchas de ellas, con falta de agua potable y de sistemas de alcantarillado, la inexistencia de centros de salud y de profesionales que los atiendan, todo lo cual crea el entorno para que mueran los niños por efecto de enfermedades prevenibles y tratables, como sucedió en Riosucio (Chocó), “entre enero y agosto (de 2017, donde murieron 6 niños, n.m.) de enfermedades prevenibles, como diarrea e infecciones respiratorias”.


La violación de los Derechos Humanos se extiende de distintas maneras a los pueblos indígenas, donde “la tasa de mortalidad infantil […] (20,9 muertos por cada 1.000 nacidos vivos) es cinco puntos más alta que entre la población no indígena (15,9). La tasa de mortalidad materna en mujeres afrocolombianas es de 152,9, mientras que en el resto de la población es de 66,5”. Esta situación es detectable también en zonas campesinas.


La ausencia de Estado es potenciada por el clientelismo con que son manejados los recursos económicos destinados a estas zonas del país, pesando en ello el control de votos y el criterio del funcionario que los administra, “[…] que interpone sus intereses personales y de carrera por encima de los derechos de la población”.


Esta ausencia o precariedad estatal en amplias zonas del país no es producto de la falta de recursos económicos sino más bien la prolongación de una visión estructural, producto de la cual la minoría que administra al establecimiento se lo apropia como botín privado. La corrupción, con cifras anuales iguales o superiores a los 50 billones de pesos, es un ejemplo de ello pero no el único. Continuar legislando a favor de los que más tienen, resguardando sus intereses, es lo sustancial.


Esta injusticia se extiende pese a lo acordado en La Habana, al favorecer la prolongación de obstáculos “[…] al proceso de restitución de tierras en zonas de interés de empresas agro-industriales y minero-energéticas”.


Otros muchos aspectos denotan que los acuerdos no se están cumpliendo según lo firmado por las partes: la participación política, el diálogo social, la seguridad ciudadana con respeto pleno de la vida, la implementación integral de la Justicia Transicional, entre otros aspectos, así permiten afirmarlo.


El incumplimiento con lo acordado, las deficiencias en su implementación, las carencias para hacerlo realidad, los intereses de los sectores dominantes que prevalecen sobre las urgencias de las mayorías sociales, difícilmente serán superados, en tanto su aplicación y su desarrollo pleno exigen abordar, según el informe aquí considerado “[…], los factores estructurales de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal”.


¿Soportará lo firmado en La Habana y luego refrendado con cambios en el Teatro Colón, con adendas de gran calado luego del referendo refrendatario de los mismos, esta lógica del Estado colombiano? Cualquiera que sea la respuesta, es la misma que explaya razones ante el interrogante formulado hace ya 70 años, tras el asesinato –por orden de quienes estructuran y defienden el Estado que hoy tenemos– de Jorge Eliécer Gaitán, quien sintetizara la esperanza de los excluidos y negados en Colombia, origen más cercano de un ciclo de violencia y de guerra que todavía no termina.

 

1, Designado a la Presidencia, como se denominaba en Colombia al Vicepresidente. Como tal, reemplazó a Alfonso López Pumarejo y ejerció la Primera Magistratura entre octubre de 1943 y mayo de 1944.
2. http://www.hchr.org.co/.
3. https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469.
4. desde abajo, edición especial, “Techo, tierra y trabajo son derechos sagrados”, septiembre de 2017.
5. Amnistía Internacional, 2017/18 La situación de los Derechos Humanos en el mundo, pág. 155.
6. “En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos contienen a 84 defensores de Derechos Humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato, 213 amenazas, 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas, la toma no solicitada de fotografías y el robo de información), cuatro desapariciones forzadas y violación sexual de una mujer activista”. http://www.hchr.org.co/. Los textos citados de aquí en adelante corresponden al informe referido.
7. Dice a renglón seguido el documento: “La débil presencia estatal en estas zonas genera la falta de acceso de las comunidades a derechos y oportunidades para vincularse a esquemas económicos legales. Por tanto, aumenta la pobreza y contribuye al desarrollo o persistencia de economías ilícitas, lo cual facilita la formación o entrada de organizaciones delictivas y de grupos armados ilegales que compiten por el control de éstas, generando corrupción y niveles endémicos de violencia”. ídem.

Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Le Monde diplomatique Nº176, abril de 2018
Visto 305 vecesModificado por última vez en Lunes, 07 Mayo 2018 16:36

1 comentario

  • Enlace al ComentarioAngela Ramos Miércoles, 09 Mayo 2018 21:04publicado por Angela Ramos

    Me gusto mucho el articulo, espero despierte conciencia en las personas que lo lean y aprovechen estas elecciones para generar un cambio en el modelo de gobierno que nos a llevado a esta catástrofe siendo un país con tanto potencial y riqueza.

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