Miércoles, 09 Mayo 2018 08:03

Una Oficina escandalosamente discreta

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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Oscar LarrañagaOscar Larrañaga

El 29 de noviembre de 1996 se estableció, mediante acuerdo suscrito en Ginebra por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, una Oficina permanente en Colombia de dicho Alto Comisionado. Había sido solicitada por la propia Comisión de Derechos Humanos, después de haber examinado la preocupante situación de “violencia endémica” y de graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Desde luego, no sin una intensa labor de denuncia y de presión emprendida por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. Sin duda, la situación, que ciertamente no era nueva, había llegado ya a un extremo innegable de gravedad. De hecho, en el mismo año había entrado en vigor para Colombia el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, y se había celebrado el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) para que éste continuara desarrollando su cometido humanitario.

En general, es una función de observación y, si se quiere, de vigilancia, que se le atribuye a la organización de las Naciones Unidas. Obviamente, es una función controvertida y resistida por los gobiernos, pese a que la Carta Internacional de los Derechos Humanos –de la que se conmemoran hoy los setenta años– es un compromiso suscrito y ratificado por cada uno de los Estados. Siempre habrá de argumentarse “injerencia” en los asuntos internos y violación de la soberanía. Y en este caso no fue la excepción. Fue necesaria una larga negociación, iniciada en diciembre de 1994. Para entonces las organizaciones de derechos humanos llevaban ya bastante tiempo exigiendo una posición más contundente de parte de los organismos internacionales y multilaterales. Una Oficina como ésta no era la óptima alternativa, pero  representaba un avance, en la medida en que hiciera valer, entre sus funciones, la de facilitar el acceso de la población, especialmente de las regiones más afectadas, a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas y de las víctimas a las instancias internacionales de justicia. No obstante, el ejercicio diplomático (para empezar, debía aparecer como una “solicitud” del Presidente de la República) terminó en una fórmula de transacción en la cual se privilegiaba la función de “apoyo y asesoría” al Estado colombiano. 

Por fortuna, y gracias a las características específicas asumidas por la Oficina (los representantes nombrados y sus equipos de trabajo), la función cumplida ha avanzado mucho más en la presentación de verdaderos informes analíticos y la recepción de quejas. Es por eso que periódicamente se ha intentado dar por finalizado el Acuerdo. Los sucesivos gobiernos han argumentado de manera sistemática que ya no es necesaria la Oficina porque la situación “ha mejorado sustancialmente”. Sin contar las fuerzas políticas que la atacan, algunas soterradamente y otras de manera abierta. Hoy se presenta la paz como la mejor prueba de dicha aseveración, pese a que la realidad, día a día, no hace más que refutarla.

Pero hay algo que vale la pena destacar de aquella época en que fue acordada la apertura de la Oficina. El relato vigente sobre la situación colombiana, todavía tenía en cuenta la responsabilidad del Estado –no sólo por omisión– en las violaciones de los derechos humanos. Numerosos informes daban cuenta de la relación entre los grupos paramilitares y agencias del Estado. Se aceptaba la existencia de un conflicto armado frente al cual debía aplicarse el Derecho Internacional Humanitario. El escenario actual es distinto. El relato es otro: los paramilitares han sido organizaciones armadas de derecha que han buscado defender a los agricultores y empresarios de los ataques del terrorismo, el cual no pasa de ser un brazo del narcotráfico. El Estado es poco menos que una víctima. Los principales violadores de los derechos humanos han sido las organizaciones guerrilleras.  Es en esas condiciones en las que vuelve a discutirse la pertinencia de una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y lo que es más preocupante: es en esas condiciones en las que se pretende descubrir la Verdad.

Información adicional

  • Autor:Héctor-León Moncayo S.
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Le Monde diplomatique Nº177, abril de 2018
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