Martes, 17 Julio 2018 11:26

El reagrupamiento de los guerreristas

Escrito por Ricardo Vargas M.
Valora este artículo
(0 votos)
Octavio MendozaOctavio Mendoza

El crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el cambio hacia un gobierno conservador, son condiciones favorables para poner una pica en Flandes por parte del fundamentalismo norteamericano.

 

Pasó todo lo indeseable, llegando por esta vía a una nueva trama pero dentro de un viejo escenario. Es así como el crecimiento exponencial de cultivos de coca en Colombia sumado al cambio de gobierno en EU, creó las condiciones para que en el contexto bilateral se oxigene la estrategia de reducción de la oferta, a través de la reincorporación del tema de drogas en una agenda de seguridad donde Washington es dominante, llevando a demandar unilateralmente el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida.


Para avanzar en esta dirección, los mandos más duros en política de drogas en el marco de las primeras referencias de la administración Trump frente al tema, crearon un ambiente político propiciado en septiembre de 2017, a raíz de la amenaza de descertificación de Colombia como compromisario en las estrategias de reducción de la oferta. Como segundo y decisivo paso, la presión inicial culminó en un primer logro para EU, pues condujo a una ampliación del acuerdo marco bilateral sobre drogas en marzo de 2018, donde se estipula un compromiso de reducción de áreas de coca en un 50 por ciento en cinco años (1).


Desde la perspectiva colombiana, bajo este escenario que se empezó a configurar y a pesar de que la exigibilidad de las aspersiones no estaba aún formalizada, se presionó la erradicación forzosa de grandes extensiones de coca, demandando como indicador de éxito del programa de sustitución la eliminación previa de los arbustos.


Como prolongación de este ambiente de presión, el Ministerio de Defensa de Colombia se propuso la meta de erradicar forzosamente 50 mil hectáreas en 2017, a la vez que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), y la Alta Consejería para el Posconflicto, se fijaron como meta la erradicación manual de una cantidad similar a través de la promoción inflacionaria de pactos de sustitución. De hecho, en las intervenciones públicas de los funcionarios responsables de estas instancias y entidades, miden sus resultados proclamando el éxito de la política tomando como referencia el número de familias que firman programas de sustitución, las familias que se inscriben y enseguida lo que representan en cuanto al número de hectáreas que se erradicarán, por ser esa una condición para hacerse beneficiario de la ayuda de sostenimiento que les suministran por un año, y de eventuales apoyos para proyectos de corto y mediano plazo. Una clara exageración.


Esta situación llevó a un crecimiento exponencial de “acuerdos colectivos” (oficialmente cerca de 120.000 familias que reportaron 90.000 hectáreas a octubre 15 de 2017) (2). Pero la realidad es que para abril de 2018 sólo 34.000 familias habían recibido apoyo alimentario, las cuales habían reportado un total de 30.000 hectáreas de coca y de esa cifra Unodc había podido verificar sólo 7.000 hectáreas (3). Esto da una idea del nivel de eficacia de la intervención institucional ante la compleja situación de las zonas cocaleras, problema que crece exponencialmente en el intento por resolver prácticamente en un año la sostenibilidad de las decenas de miles de familias con proyectos que garanticen un ingreso cierto, luego que lleguen a su final las ayudas monetarias, poniendo en evidencia la gran debilidad institucional y política del gobierno colombiano.


Avanzando en espiral. El pasado 25 de junio, en el marco de la presentación del último informe de la Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) sobre el desarrollo de su estrategia, donde se sitúa el comportamiento de países como Colombia, se avanza con mayor concreción en los puntos que empieza a demandarle Washington, donde aparece de nuevo la sombra de la descertificación como amenaza. En sus cifras Washington considera que hay 209.000 hectáreas sembradas, es decir un 11 por ciento adicional que lo registrado en el 2016, cuando estimaban que existían unas 188.000 hectáreas. En consecuencia, la producción potencial de cocaína habría crecido otro 18 por ciento, pasando de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017.


Bajo esa medición unilateral y sin claridad metodológica para realizarla, Washington considera como causas de la ampliación de cultivos de coca:

1. La suspensión de la erradicación aérea hace tres años, y la decisión del gobierno de no erradicar en zonas controladas por las Farc mientras avanzaba el proceso de paz.
2. Asimismo, el bloqueo a la erradicación manual adelantado por los cocaleros en algunas zonas del país.
3. La transferencia de cultivos a parques naturales y reservas indígenas, en donde es más difícil la erradicación.

 

Valoración ante la cual no permanecieron pasivos. Es así como el director de la Oficina para Política Antidrogas de EE. UU., Jim Carrol comunicó frente al caso colombiano que

 

“El mensaje del presidente Trump a Colombia es claro: este crecimiento récord tiene que dar reversa. Pese a que mejoraron los esfuerzos de erradicación, en 2017 estos fueron borrados por el aceleramiento en la producción. Este nuevo incremento es inaceptable y el gobierno debe hacer más”. De acuerdo con referencias de prensa, “el funcionario de la Casa Blanca dijo que esperaba que Colombia usara todos los métodos a su alcance, entre ellos la aspersión aérea, como estrategia para enfrentar el problema” (4).

 

Ante este panorama, no es casual que el ambiente político creado desde EU por esta secuencia de acontecimientos, potencie las narrativas internas en Colombia tanto de sectores políticos, como incluso institucionales; es el caso del Fiscal General de la Nación que demanda una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas sin que la argumentación sea contundente en la evidencia, teniendo en cuenta que cuando la aspersión se redujo de 100.548 has. en 2012 a sólo 47.503 has. en 2013 la tendencia a la baja de las áreas de coca se consolida tanto para el año que se fumigó en esa intensidad, como para el año que se redujo a menos de la mitad (2013), al arrojar también 48.000 hectáreas. Incluso en ese mismo periodo se repite la paradoja de que los departamentos donde más se fumigó, el área cocalera creció más y aquellos donde la aspersión se redujo, su área de coca disminuyó (5). Esto implica levantar más y mejores preguntas para explicar el crecimiento de las áreas cocaleras.


Adicional a un escenario tan conflictivo, fue notoria la ausencia de una estrategia internacional del presidente Santos en materia de drogas, centrada en la discusión sobre coca/cocaína, así como en la promoción de aportes desde la academia y centros de investigación buscando una salida del círculo vicioso de las narrativas que correlacionan, sin sustento, el incremento de áreas en Colombia y el uso problemático de drogas en EU. En este aspecto, se observa la falta de estrategia y de coordinación inter institucional para enfrentar una presión desde Washington que hoy empieza a mostrar sus reales pretensiones.


EU, su incidencia en Colombia a través de una narrativa cuestionable


En el informe de octubre de 2017 sobre valoración de las amenazas que se derivan del flujo de drogas hacia EU, la DEA con base en cifras de precios, pureza e indicadores de emergencias hospitalarias y muertes por uso de cocaína, llama la atención ante la presencia de una nueva tendencia a partir de 2013 en la disponibilidad de cocaína, a la vez que relaciona todos los indicadores con el incremento de la producción de hoja de coca en Colombia.


En efecto, desde el punto de vista del comportamiento de los precios se observa una tendencia a la baja pasando de un pico máximo de US$ 220 dólares por gramo en 2014 a US$ 202 en 2015 y US$ 165 en 2016, situándolos en niveles conocidos en 2008 (ver gráfico Nº 1 ).


Desde el punto de vista de la pureza, esta sube a niveles no alcanzados desde 2007, fenómeno que se observa sostenidamente desde 2013. De otro lado, desde la perspectiva del uso se refieren dos indicadores: en primer lugar, cifras sobre demanda en el último año frente a los recién iniciados en el consumo, mostrando una tendencia al alza a partir de 2013, alcanzando niveles por encima de 2007. Y de otro lado, los test de orina en sitios de trabajo también reflejan una tendencia al alza, principalmente desde 2013 (Gráfico Nº 2).


En un escenario más crítico, la DEA, citando cifras de the National Center for Health Statistics y Centers for Disease Control, observa una relación de causalidad entre disponibilidad y casos de mortalidad por intoxicación, derivados de usos relacionados con cocaína. Para este indicador, las cifras se elevan de 4.404 –nivel más bajo de la curva desde 2005– a 6.784 casos en 2015. La constante de todo ese arsenal estadístico es la correlación directa con el incremento de la producción en Colombia.


La contrastación


Usando datos en relación con muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos desde 2000 a 2015, acopiados por el Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (National Vital Statistics System) un grupo de investigadores médicos calculó la tasa anual y el número de muertes totales asociadas a cocaína y de estas muertes las asociadas sólo con cocaína, es decir sin ligar su uso con opioides y aquellas donde el consumo de cocaína estuvo ligado con uso de opioides (véase gráfico Nº 3).


Los resultados de este ejercicio son contundentes: La cocaína asociada a muertes por sobredosis ligada con opiáceos se incrementó de 0.37 a 0.91 del 2000 al 2006, y luego declinó a 1.35 en 2010, para luego incrementarse a 1.36 en el 2015, que es la actual tendencia con características dramáticas.
Mientras tanto, la cocaína asociada a muertes por sobredosis, pero que no está relacionada con mezclas de opioides, se incrementó de 0.89 a 1.59 entre 2000 y 2006, para luego mostrar una tendencia sostenida a la baja alcanzando 0.78 en 2015.


En conclusión, los opioides –en primer lugar la heroína y opioides sintéticos– han jalonado la reciente tendencia al alza de la cocaína que suele asociarse a muertes por casos de sobredosis. Esta situación guarda una relación directa con el fuerte incremento de la oferta de heroína (y que hoy en día procede principalmente de México) y la fabricación ilegal dentro de Estados Unidos del opiáceo sintético conocido como Fentanyl (6).


Consecuencias derivadas de este hallazgo para la situación descrita sobre cocaína

 

1. Toda la presentación que la DEA desarrolla sobre la situación del consumo de cocaína en EU, en donde indicadores como número de usuarios o exámenes de orina en el sitio de trabajo para establecer tendencia del uso, tiene como punto de relacionamiento causal y directo el crecimiento de las áreas de hoja de coca en Colombia. Dicha relación causal cobra su máxima expresión en los datos donde se observan los incrementos letales del uso de cocaína. No obstante para este fin, la DEA sólo toma en cuenta la sumatoria de uso de cocaína sin opioides y cocaína usada con opioides sintéticos, es decir, sin diferenciar rigurosamente las dos modalidades de consumo. Este tipo de manejos permite la generación de imaginarios dramáticos de muertes por sobredosis que se le endilgan directamente a Colombia por ser productor del 92 por ciento de la cocaína que entra a EU.
2. Con este tipo de presentación, luego retomada en el documento de la Casa Blanca en su informe de junio de 2018 para demandar las fumigaciones aéreas a Colombia, eluden la principal responsabilidad del fenómeno de las muertes por sobredosis, que recae directamente sobre las instancias de salud y control de medicamentos de EU, los organismos de inteligencia —incluyendo la misma DEA — para establecer qué sucede con la producción ilegal de Fentanyl dentro de EU o el desvío de opiáceos sintéticos legalmente usados como medicamentos. Situación que se relaciona directamente con el modelo neoliberal de impedir la intervención del Estado, permitiendo así que las grandes empresas y distribuidores sean quienes tengan la responsabilidad de determinar comportamientos irregulares en el uso o demanda de las medicinas bajo control. Este tipo de manejo permite un enriquecimiento exponencial de estas empresas, que se están lucrando de la dramática situación en que han caído sectores empobrecidos y marginados de EU que recurren a este tipo de consumo (7).
3. Un hallazgo interesante en el ejercicio de contrastación es que mientras, efectivamente se observa un incremento de consumo de cocaína a partir del 2013, la tendencia de los usuarios sin ligar opioides sintéticos no resulta comprometido dramáticamente en casos de sobredosis, sino que se mantiene una relativa tendencia hacia la baja. Es decir, los nuevos usuarios de cocaína están desarrollando un conocimiento en el uso de modo que no presenta incrementos exponenciales de demanda de tratamiento u hospitalización. Mientras tanto, como fue relacionado, resulta alarmante el uso de cocaína ligado con heroína (speed ball) u opioides sintéticos.
4. Esto quiere decir que la amenaza de descertificar a Colombia por un incremento de las áreas de coca, oculta las fuertes responsabilidades existentes al interior de EU ante las políticas preventivas y de manejo de la reducción de daños para el uso de drogas. Del mismo modo, relativiza el volumen de incidencia del alza de la producción de coca en Colombia frente al mercado de EU, situación que es fuertemente propiciada por medios de comunicación colombianos que suponen que toda la cocaína aquí producida va para el mercado de EU, sin hacerse preguntas sobre los nuevos mercados, imaginario que sirve de base a la preocupación de los impactos por la hipotética descertificación de Colombia como parte de una supuesta responsabilidad compartida con EU.

 

Estamos, de esta manera, ante una situación compleja y poco favorable para el país, pues las nuevas tendencias observables en las relaciones bilaterales con EU en materia de seguridad, contribuyen a afianzar de nuevo las drogas como su referente más importante, todo esto a través de narrativas que niegan la evidencia científica y sobreponen agendas que imponen lecturas unilaterales al uso problemático de drogas. Allí mismo se ocultan las responsabilidades de Washington en materia de políticas preventivas frente a la epidemia de las drogas sintéticas, principalmente opioides que están generando una mortandad de usuarios, entre los cuales se suman los que usan cocaína con los psicoactivos producidos en laboratorios, tanto en el interior de EU como los que proceden de manera alarmante de China, directamente o a través de México. Al aceptar Colombia la injerencia de EU en esa perspectiva, contribuye a abrir otro frente de obstáculos serios en relación con la implementación del acuerdo para finalizar el conflicto. Mucho más en relación con la construcción de paz.


Panorama nada favorable, más aún si a este contexto sumamos el espacio político que en el nivel doméstico reclaman los sectores con una visión de paz como prevalencia del principio de autoridad y del uso de la fuerza, en cuyo horizonte aparece un modelo de sometimiento a la justicia por parte de las guerrillas y procesos de intervención en zonas de conflicto, todo ello sin que medie una fase de transición a través de un enfoque territorial de paz, pretendiendo que simplemente se incorporen a dinámicas de inversión para la extracción minera y energética, o allanen el camino de nuevo a los cultivos de plantación, presentados como desarrollo alternativo, donde unas pocas familias campesinas accederían a ser suministradoras de materia prima, en un modelo de agronegocios excluyente, concentrador de la riqueza y generador de desplazamiento forzoso.
Como puede deducirse, la perspectiva no es alentadora para el país en general, mucho menos para quienes viven en los territorios cocaleros.

 

1. Véase El Tiempo, “Cinco años para reducir en 50% cultivos de coca en Colombia”, marzo 1 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/cinco-anos-para-reducir-en-50-cultivos-de-coca-188864
2. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos respuestas a preguntas de ciudadano, mediante oficio No. OFI17-00151548/ JMSC 111760 Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2017.
3. Eduardo Díaz, presentación del Pnis en el evento “Geografía política y dinámicas territoriales de la implementación de los acuerdos de paz”, Jornadas GeoRaizal 2018-1, U. Externado, abril 26 de 2018.
4. Véase Gómez, Sergio, “Estados Unidos dice que incremento de cultivos ilícitos es inaceptable”, El Tiempo, junio 25 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/coca-sembrada-aumenta-a-cifra-historica-segun-estados-unidos-235430.
5. Véase Unodc, Colombia Monitoreo de cultivos de coca 2013, Edic. junio de 2014. Una anticipación del proceso político para legitimar sus demandas que se concreta a mediados de 2018 en Vargas, R. “Estados Unidos y su propio problema de drogas” en Razón Pública, edición agosto 14 de 2017.
6. McCall Jones Christopher, Baldwin Grant y Wilson M. Compton “Recent increase in cocaine-related overdose deaths and the role of opioids American Journal of Public Health, march 2017, Vol 107, Nº 3.
7. Sobre estos temas véase por ejemplo, Gretchen Morgenson “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis”, The New York Times, julio 21 de 2017.

Información adicional

  • Autor:Ricardo Vargas M.
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº179
Visto 652 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.