Domingo, 26 Agosto 2018 11:04

Contraloría hace público el informe de la auditoria aplicada a la Anla por caso Hidroituango

Escrito por Daniel Vargas
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Contraloría hace público el informe de la auditoria aplicada a la Anla por caso Hidroituango

La Contraloría General de la República (CGR) publicó, el pasado mes agosto, el Informe de auditoría de cumplimiento aplicado a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento del Proyecto hidroeléctrico Ituango Mads-Anla –Corantioquia-Corpourabá–, con corte a mayo de 2018. En este documento la CGR detalló los incumplimientos de los operadores de la hidroeléctrica y las omisiones de las autoridades ambientales a la hora de velar por la correcta aplicación de la ley que compete; acciones ocurridas entre 2010 y abril de 2018 (ver recuadro).

Luego de la situación presentada en el mes de mayo de 2018, que dejó sin hogar a decenas de familias en el corregimiento de Puerto Valdivia y en Valdivia –Antioquia– y que mantiene en emergencia a cerca de 400 mil habitantes de los 12 municipios que están en la zona de influencia del megaproyecto, debido a las graves deficiencias de los estudios, de los diseños y de ingeniería, evidenciadas en las fallas de construcción y la carencia de planes de contingencia reales, la Contraloría encontró:

“bastantes debilidades y errores en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento, como lo es la aprobación de la licencia por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas […]Esto se hace más gravoso cuando no se exigió́ para el otorgamiento de la licencia, el Diagnostico Ambiental de Alternativas, a través del cual se pudiera evaluar y determinar si esa era la mejor opción de localización desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar este gran proyecto […]”.

En resumen, la CGR destaca los siguientes aspectos críticos en los que las autoridades ambientales se ven comprometidas:

-Aprobación de la licencia ambiental sin contar el proyecto con estudios técnicos, diseños y la línea base sustentados en información actualizada (parte de la información presentada correspondía a información de varias décadas de antigüedad y que no mostraba las condiciones reales del momento), detallada (la escala utilizada era a nivel regional y no puntual en el territorio), completa ( no se contaba con información y diseños de detalle).

-No se exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

-El ocultamiento de información prioritaria, que debía haber sido conocida oportunamente por parte de la Autoridad Ambiental, tanto en etapa de construcción como en la atención de la emergencia, información necesaria para la toma de decisiones.

-A lo largo del proyecto se hicieron modificaciones importantes al mismo, sin mediar modificaciones de la licencia (obras menores mal concebidas y el desarrollo del túnel de desviación sin licencia).

Una vez leído el informe, queda claro que las advertencias y denuncias realizadas por la comunidad a lo largo de varios años, así como en medio del desastre, alertaban con toda precisión lo que finalmente las llevó a padecer un desastre totalmente previsible.

Esas mismas comunidades demandan que el proyecto sea revertido y el río liberado, ¿por qué guardan silencio ante esto quienes tendrían que obrar en consecuencia y darle la razón a una comunidad que sí conoce su territorio y ya padeció las consecuencias de la ambición empresarial?

 


Recuadro


Concepto de la evaluación realizada

 

Dentro de los principales aspectos determinados en el análisis del proyecto están:


  • Aviso Evento SAD - Mayo/2017 a la ANLA.
    La ANLA manifestó que "[...] esta Autoridad Nacional no fue informada de algún evento ocurrido en el Sistema Auxiliar de Desviación -SAD en el mes de mayo de 2017. [...]". Lo anterior a criterio de la CDMA-CGR constituye una seria omisión por parte de los operadores del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero ltuango (PHE PI).
    Seguimiento, Control y Vigilancia Técnico-Operativa de Proyectos hidroeléctricos.
    Los Proyectos Hidroeléctricos NO cuentan con instrumentos de seguimiento, control y vigilancia por parte del Estado, de su componente técnico y operativo que garanticen para la Nación, el Estado y la Sociedad en su conjunto, que los mismos se desarrollan acorde a unos mínimos admisibles, debidamente regulados y vigilados.
    Estudios Detallados para Estimación de Factores de Riesgos por Fallamiento y Geológico y Neo-tectónica en los EIA.
    Según la respuesta de la ANLA, es claro que no se consideran este tipo de estudios detallados. Alude la ANLA que dentro de los Términos de Referencia –TdR– para elaborar los EIA de este tipo de proyectos NO se solicitan los mismos porque la aprobación de diseño no es de su competencia.
    Control y Vigilancia de las Metodologías y Procesos de Identificación y Caracterización de Comunidades Afectadas por POA.
    Las Autoridades Ambientales, incluida la ANLA, hacen evaluación, seguimiento y control primordial y fundamentalmente a las implicaciones e impactos ambientales derivados de los POA sujetos a Licencia Ambiental y a las obligaciones impuestas en esta. Las Autoridades Ambientales NO tienen como competencia la realización o verificación de censos.
    NO existen mecanismos institucionales de seguimiento, vigilancia y control que avalen y garanticen los procesos y procedimientos de identificación y caracterización de las poblaciones, comunidades y personas afectadas por el desarrollo de' determinado POA, así como de su correcta y adecuada inclusión para compensar y restituir sus condiciones de vida y las afectaciones derivadas de los POA realizados en sus territorios.
    Control y Vigilancia y la Consulta Previa.
    Existen serias deficiencias en la identificación, caracterización y registro de las comunidades étnicas por parte del Min-Interior, quien tiene dicha competencia a su cargo, pero también serias deficiencias en el Seguimiento y Control realizado por la ANLA al PHE PI, dado que en su papel de seguimiento y control debió identificar dichas comunidades.
    Esta situación es endilgadle también a los operadores del proyecto, titulares beneficiarios de la L.A., en este caso la EPM, pues son estos quienes adelantan en terreno sus actividades y deben conocer aún más de la existencia y presencia de dichas comunidades étnicas.
    Determinación del Área de Influencia (Al).
    De acuerdo con la Licencia Ambiental (Res. 0155/09) el Área de Influencia del PHE Ituango va hasta el corregimiento de Puerto Valdivia, sin embargo, dadas las situaciones de emergencia ocurridas desde el pasado 28 de abril, se desprende que los impactos y efectos físicos, sociales y ambientales tienen una cobertura mucho mayor que incide, incluso, en los departamentos de Sucre y Bolívar. Existe una deficiente identificación, caracterización y determinación del área de Influencia asociada al PHE Ituango.
    Compromisos Físicos de Obra frente a los Ambientales y Sociales.
    De la evaluación realizada es claro que existen serios rezagos en el cumplimiento de varios de los requerimientos y obligaciones asociadas a los componentes ambientales y sociales establecidos en la Licencia Ambiental.
    Se le da una mayor preponderancia al cumplimiento de hitos de obra en tanto que los requisitos y exigencia ambientales y sociales están rezagados.

 

Según la Contraloría, este informe debe servir para la “[…] toma de decisiones y acciones que emprenda el gobierno nacional, el Congreso de la República y los licenciatarios del proyecto que por su envergadura generan altos riesgos frente a los recursos naturales, al ambiente, la infraestructura física vital de la región y a los habitantes, en particular frente al Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, de manera tal que se gestionen adecuadamente los riesgos existentes y se prevengan situaciones negativas, sin olvidar los gobiernos municipales y departamentales, quienes deben conocer la realidad del proyecto, en particular los riesgos latentes por la presencia del proyecto, para adecuar, entre otros aspectos, sus Planes de Ordenamiento Territorial, los temas sociales y los sistemas de gestión de riesgos. Los pobladores merecen saber cuánto tiempo tienen que estar bajo las condiciones de zozobra o si el riesgo es por siempre y de allí tomar las decisiones del caso, es el mínimo de sus derechos”.

 

Información adicional

  • Autor:Daniel Vargas
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo
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