Lunes, 15 Octubre 2018 06:43

Impunidad, corrupción, objeción de conciencia, ruptura y constancias históricas

Escrito por Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Impunidad, corrupción, objeción de conciencia, ruptura y constancias históricas

Ante las últimas agresiones del Estado contra nuestra Comunidad de Paz, consideramos importante reafirmar realidades y principios que fundamentan nuestras búsquedas de justicia y dignidad.


Los sectores conscientes del país y de la comunidad internacional conocen las formas de genocidio a que hemos sido sometidos desde que nos atrevimos a decirle NO la guerra y a la violencia. Los esfuerzos de muchos años para intentar que lo que en Colombia se llama “justicia” actuara eficazmente, fueron siempre frustrados. Centenares de denunciantes y declarantes de nuestra Comunidad eran inmediatamente amenazados, no pocos asesinados y otros obligados a desplazarse o estigmatizados o judicializados mediante horribles montajes. Todo nos fue mostrando que el victimario salía siempre triunfante, protegido por una impunidad a toda prueba que contaba con el aporte activo o pasivo de las diversas instituciones del Estado y que la víctima entraba forzosamente a un camino de re-victimizaciones sin fin. Esa experiencia de muchos años nos llevó a la Objeción de Conciencia y a la ruptura con ese tipo de “justicia” que de justicia nada tenía. Ante semejante desprotección y conscientes de que el silencio y la resignación equivalían a nuestra destrucción total, acudimos al sistema de las constancias históricas y públicas, como un clamor a las franjas verdaderamente humanas del país y del mundo, para que con su solidaridad y su protesta protegieran nuestra vida y dignidad, ya que el Estado no la protegía sino que buscaba a toda costa destruirla.


Si en esas constancias públicas aparece de manera casi permanente un victimario de varias cabezas, es porque así lo hemos conocido, experimentado y sufrido en carne propia, en vivo y en directo. Los varios millares de crímenes de lesa humanidad de los que hemos sido víctimas y que hemos relacionado ante tribunales internacionales, han sido perpetrados por la alianza entre fuerza pública y paramilitares, una alianza que cubre al menos las dos décadas de nuestra existencia comunitaria y no ha habido poder humano que obligue a ese victimario de varias cabezas a dejar de violar nuestros derechos. El paramilitarismo, como su mismo nombre lo indica, es una entidad incrustada de una u otra manera en las prácticas militares y policiales, y si bien en el pasado y hasta hace muy poco se caracterizaba más por políticas activas de conjunción, en el último período ha dado primacía al apoyo pasivo y omisivo, no menos grave que el activo, y quizás más grave al darle más campo de acción a la franja ilegal que se sitúa fuera de todo control, de toda legalidad y de toda ética.


Hubo fiscales, vice-fiscales, directores de fiscalías y fiscales delegados quienes recibieron centenares de denuncias de crímenes horrendos bien documentadas y las engavetaron inmediatamente sin darles ningún trámite. Uno de ellos, el Sr. Luis González, aún hoy ocupa un alto puesto en la Fiscalía General de la Nación. Hubo procuradores, como el reelegido fraudulentamente, Ordóñez Valderrama, quien jamás quiso darle trámite a denuncias de nuestra Comunidad, alegando que no tenían los mínimos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, a pesar de que siempre aportábamos nombres, fechas, horas, y sitios precisos de los crímenes. Ha sido de plena evidencia que el Estado protege con la omisión de todas sus instituciones la impunidad de ese victimario de varias cabezas incrustado en su propia institucionalidad.


Cuando tuvimos acceso a los expedientes concretos, descubrimos que los que se llamaban “agentes judiciales” desconocían numerosos principios de la Constitución y principios rectores del procedimiento judicial, como los principios de legalidad, de imparcialidad, de igualdad ante la ley, de separación de poderes, de independencia, de habeas data, de debido proceso, de consistencia probatoria etc. Todo esto, plenamente documentado y con los nombres de numerosos funcionarios corruptos, se lo presentamos a todas las altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009 en una amplio derecho de petición, para que se hiciera una depuración y corrección a fondo, pero no fuimos escuchados y creemos que en los magistrados predominó el miedo a represalias de quienes detentan los poderes de facto.


En toda esta búsqueda hemos sido presionados para que volvamos a llevar los casos al aparato judicial o disciplinario del Estado, presentando denuncias, rindiendo declaraciones y aportando pruebas. Sin embargo, fuera de la experiencia de dos décadas que nos siembra profunda desconfianza porque no vemos sensibilidad alguna en los funcionarios frente a los crímenes que nos destruyen ni voluntad alguna de hacer justicia, hemos comprobado además que la “justicia” vigente se apoya exclusivamente en testimonios y que el testimonio ha llegado a ser, en lugar de prueba judicial, una mercancía. Es manipulado, comprado o vendido con gran facilidad.


¿Cómo podemos probar que los paramilitares trabajan unidos con los militares? En nuestra terrible realidad, todas las semanas y por todas las veredas, los paramilitares nos están repitiendo que todo lo tienen arreglado y coordinado con el ejército para destruirnos y muchos soldados están afirmando al mismo tiempo por las veredas que ellos tienen orden de no perseguir a los paramilitares porque son sus amigos y colaboradores. Pero si esto lo declaramos en una fiscalía o en un juzgado, sabemos de sobra que, en lugar de servir para frenar la persecución va a servir para todo lo contrario: para que estigmaticen y amenacen al denunciante o declarante. Le van a exigir que “compruebe” lo que está diciendo; que muestre un video o una grabación o dé el nombre concreto y el código militar del soldado que lo dijo y presente a muchos testigos de que lo dijo, todo lo cual, en nuestras circunstancias, es imposible. Los militares ocultan sus códigos y nombres y decomisan enfurecidos las cámaras o celulares que pretenden registrar sus delitos. Entonces lo que ocurre es que el fiscal archiva el caso inmediatamente por “ausencia de pruebas” y el declarante queda en la “lista negra” de amenazados. Y a pesar de todo ello, la Comunidad amontona semana tras semana multitud de amenazas “que no se pueden probar”; multitud de agresiones y atropellos “que no se pueden probar”. Nunca autoridad alguna accede a verificar las denuncias “in situ” y con técnicas que no prevengan a los victimarios. En el mejor de los casos le piden al mismo ejército que haga un operativo en la zona de la denuncia, pero lo hace con todas las precauciones para que ya los victimarios se hayan ido o escondido, sin tener en cuenta que pedirle a la institución victimaria que investigue el crimen es algo no sólo inútil sino algo anti-jurídico y anti-ético. Lo máximo que se hace es un show mediático, como los que se han hecho en los últimos meses en Rodoxalí y en la Cristalina, donde los victimarios van en helicópteros con autoridades civiles y periodistas para entrevistar a campesinos cooptados o amedrentados de antemano que declaren ante las pantallas que las denuncias son falsas.


Nuestra Comunidad se ha visto ante el dilema de dejarse aplastar por la inviabilidad de la “justicia” institucional o apoyarse en el valor tradicional de transparencia de la palabra campesina y buscar articularla con la transparencia de aquellos que nos conocen directa o indirectamente a través de nuestros sufrimientos y nuestros sueños y se solidarizan con nosotros en el clamor ético por una justicia elemental. De allí que hayamos recurrido a la CONSTANCIA HISTÓRICA ANTE EL PAÍS Y EL MUNDO, haciendo caso omiso de una “justicia” que se nos ha revelado inaccesible y corrupta en 22 años de búsqueda.


La constancia histórica se funda en el derecho primario y democrático a la comunicación; está refrendada por las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos; reforzada por documentos de las Naciones Unidas, como la Resolución de la Asamblea General del 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), y representa el clamor más elemental de las víctimas al país y al mundo para no dejarse destruir, frente a acciones sistemáticas que se han prolongado durante 22 años y que son violatorias de todos los tratados internacionales de derechos humanos y de la más elemental dignidad humana.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 14 de 2018

 

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Información adicional

  • Antetítulo:Comunidad de Paz de San José de Apartadó
  • Autor:Comunidad de Paz de San José de Apartadó
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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