Viernes, 08 Marzo 2019 06:37

La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

Escrito por Cristian Camilo Cartagena
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La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

Información adicional

  • Autor:Cristian Camilo Cartagena
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Cristian Camilo Cartagena
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