Martes, 09 Abril 2019 09:57

Un espíritu fétido

Escrito por C.G.
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Marluz NavarroMarluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez M.
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico Le Monde diplomatique Nº187, abril 2019
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