Jueves, 25 Abril 2019 08:05

El PND y la descarada imposición de los “pactos”

Escrito por Equipo desdeabajo
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El PND y la descarada imposición de los “pactos”

Una vez más nos vuelven a hacer la misma vieja jugada. Y en esta ocasión sí que cabe hablar por todo el país. Una vez más un gobierno aprovecha la convencional y cuatrienal presentación del Plan de Desarrollo para imponer el conjunto de reformas que de otra manera habrían tenido que seguir su curso normal en el Congreso. El documento denominado “Bases del Plan”, un ladrillo de casi mil páginas, se convierte así, como sus antecesores, en un artefacto inútil. Lo importante es el Proyecto de Ley mediante el cual supuestamente “se expide” el Plan y se presenta el mencionado documento que va como anexo (Art 2), junto con un Plan de inversiones y presupuestos plurianuales (Título II, Capítulo I). Sin embargo, el proyecto de Ley incluye, en el mismo Título II, un enorme Capítulo II que, bajo la tramposa denominación de “Mecanismos de ejecución del Plan”, introduce todo un ambicioso programa de reformas e iniciativas legislativas. Trescientos artículos en más de doscientas páginas.

Siendo generosos, diríamos que, si acaso, unas tres docenas de estos artículos corresponderían a “mecanismos de ejecución del Plan”. Incluyendo la radical y controvertida reforma institucional que consiste en trasladar el manejo de la inversión pública, del DNP, que es donde está ahora, al Ministerio de Hacienda. El resto es un verdadero programa legislativo que sólo bajo el gracioso argumento de “todo tiene que ver con todo” se relacionaría con el Plan de “los Pactos”.

Esta argucia leguleya y autoritaria, como se dijo al principio, la están utilizando en Colombia desde hace por lo menos cinco gobiernos y desde entonces se ha impugnado por ser un clásico ejemplo de violación del principio según el cual toda ley debe conservar una estricta unidad de materia. El proverbial humor colombiano ha denominado, por eso, “micos” a esos artículos que nada tienen que ver con el objeto de la ley y sin embargo se le “cuelgan” al ramaje principal. Este caso, por la cantidad y singularidad de los artículos sobrantes, raya en el descaro. Casi como una demostración de arrogancia, a través de una burla, han incluido un artículo que autoriza al Banco de la República a ¡“emitir una moneda especial en conmemoración del bicentenario”! La argucia tiene además un claro propósito antidemocrático. Es una burda imposición ya que, según está previsto en la Constitución y la ley, si el Congreso no aprueba el Plan el Presidente está facultado para expedirlo por Decreto.

 

Indefensos, inermes y confundidos

 

El problema consiste en que los movimientos y organizaciones sociales, así como las agrupaciones políticas de oposición, en lugar de enfrentar semejante engendro, se limitan a examinar si su sector está bien posicionado y prefieren reclamar su inclusión. Y algo de razón tienen si nos enfocamos principalmente en los cuadros del plan de inversiones y los presupuestos plurianuales. Observemos, a manera de ejemplo, que en el reciente acuerdo con la minga indígena del Cauca el principal logro consiste en la precisión de un plan de inversiones por un monto de $ 823.148 millones, para las organizaciones participantes, que explícitamente ubican dentro del “plan de inversiones plurianuales previsto en el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en trámite en el Congreso de la República”. Aparece entonces un agravante que ya han señalado algunos periodistas: se le regala una nueva ventaja al presidente Duque pues el acuerdo se convierte en una presión en favor del respaldo y la aprobación del proyecto de ley del Plan.

Por su parte, Fecode ya se apresuró, con el apoyo de un grupo de congresistas, a proponer una versión corregida de uno de los artículos que tiene que ver con la educación. Tampoco se enfrentan, pues, al contenido general de la colosal reforma antipopular que se plantea. Y esto para no mencionar a los diferentes defensores del Acuerdo de La Habana, limitados a exigir los recursos suficientes para la implementación. Todo sucede como si la política en Colombia se redujera a la disputa por el presupuesto público. Por cierto, son bastante peligrosas las reformas que se anuncian precisamente en estos tres temas: pueblos indígenas, educación, paz y reforma rural.

 

Toda una estrategia política y económica

 

A primera vista no es fácil orientarse en tan farragoso documento lleno de variantes jurídicas, sustantivas y de procedimiento, que sólo los especialistas de cada tema pueden entender. Sin embargo, el deliberado desorden, la extrema heterogeneidad y el fastidioso casuismo del articulado no deben engañarnos. Se trata de una clara estrategia política, institucional y jurídica, alineada en un todo con el más burdo fundamentalismo neoliberal. Es la misma filosofía que vimos en la defensa a ultranza de la rebaja de impuestos para las empresas que Duque ya había anunciado en su campaña y puso en práctica en la “ley de financiamiento”. Se supone que hay una rigidez institucional que no da confianza a los inversionistas. Los principios son entonces simples y simplistas: flexibilizar las normas, dar seguridad jurídica y ofrecer incentivos. Sobre todo, flexibilizar las normas ambientales, laborales y sociales, las normas de contratación pública, las exigencias de participación ciudadana y consultas. Así mismo se procede a la disminución de tributos, cargas y regalías, principalmente a nivel territorial, y en cambio se multiplican los incentivos económicos y se pone el Estado al servicio de la rentabilidad de la empresa privada.

Para decirlo en pocas palabras: el proyecto “tiene de todo” y parece hecho por los gremios, cada uno de los cuales puso allí sus exigencias y hasta sus caprichos. Pero ¿cuál es el propósito de semejante estrategia? En la argumentación de la tecnocracia neoliberal, que sigue siendo la eminencia gris del bloque de poder en sus diferentes formas y máscaras, es uno sólo: cortejar las grandes empresas, atraer la inversión extranjera. El modelo económico continúa siendo el mismo de hace más de veinte años: el “extractivismo”. Se le añade tal vez una nueva ilusión: la exportación de “servicios”. Por ejemplo de salud; quizás el turismo y, particularmente, la nueva golosina naranja: la cultura entendida como el negocio del entretenimiento. Es en ese sentido como pueden identificarse algunas líneas gruesas de la estrategia contenida en el famoso proyecto de ley.

Comienza de manera nada sorprendente con el sector minero energético, sector que reaparece una y otra vez en el articulado. El objetivo allí es remover todas las normas ambientales, de ordenamiento territorial, de propiedad y titulación de predios, y otras más, que supuestamente impiden la inversión. En esa misma línea aparece la facilitación del negocio de la construcción de infraestructura. Y, en cierto modo, la cuestión del desarrollo rural, el cual, aunque parece relacionarse con los acuerdos de paz, y hace mención del tema catastral y la adecuación de tierras, en realidad, está enfocado a los grandes proyectos de monocultivos, a través de la estabilidad, es decir seguridad y tranquilidad para los terratenientes. Cabe señalar, por cierto, que el tema de la seguridad, disfrazada de legalidad, ocupa un lugar extraordinariamente destacado en el proyecto.

En cambio, los trabajadores, en general, tanto los asalariados como los independientes, no deberían permanecer indiferentes ni mucho menos estar tranquilos frente a las amenazas que se anuncian. Con gran astucia se anticipan aquí importantes avances de lo que sería una reforma laboral, de “legalización” de la informalidad, y sobre todo de reforma pensional. Se habla de protección social pero todo se articula alrededor de un propósito de “saneamiento” de las finanzas públicas. Curiosamente frente a la crisis del sistema de salud lo que se puede deducir es que existe la pretensión de salvar la estructura de EPS y hacia el futuro incrementar su rentabilidad. Igual sucede con los servicios públicos que se mantienen dentro del enfoque privatista. Las nuevas normas en materia de innovación tecnológica y propiedad intelectual son igualmente preocupantes.

 

Un llamamiento

 

Tales son algunas de las líneas gruesas, pero también se encuentran centenares de pequeñas reformas, sobre muchos temas, que seguramente tienen igualmente grandes implicaciones. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. Sería imposible y además irresponsable intentar un diagnóstico en una sola presentación. Lo único que puede recomendarse es el estudio detallado, por parte de quienes se encuentran en cada sector o área, de cada una de estas peligrosas iniciativas. Al menos sabremos de qué se trata, para, en caso de que se aprueben, organizar después la resistencia.

En todo caso, en el momento, sólo hay dos opciones. Una, que ya fracasó con los planes de Santos, consiste en que las organizaciones sociales le piden a la ínfima minoría opositora en el Congreso que trate de modificar lo mejor posible algunos de los artículos del proyecto. Otra, la más difícil, pero la única eficaz, es levantar un amplio movimiento popular de dimensión nacional que se coloque como único objetivo tumbar definitivamente el proyecto. Como mínimo, dejarlo reducido a su verdadero propósito de aprobación del Plan, obligando al Gobierno a presentar por separado cada una de las reformas que quiere hacer. Como quien dice: ¡A sacudir el árbol de los micos!

Información adicional

  • Autor:Equipo desdeabajo
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº256, abril 15 - mayo 15 de 2019
Visto 652 vecesModificado por última vez en Jueves, 25 Abril 2019 08:24

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