Jueves, 06 Junio 2019 08:42

Ríos –de sangre– inundan el país

Escrito por Felipe Martínez
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Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Información adicional

  • Autor:Felipe Martínez
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº257, mayo 20 - junio 20 de 2019
Visto 451 vecesModificado por última vez en Jueves, 06 Junio 2019 08:44

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