Sábado, 06 Julio 2019 08:22

Los enredos del POT de Bogotá

Escrito por Yesica Mojica Valentín, Iván Murcia Sánchez, Lina Daniela Valcárcel*
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Los enredos del POT de Bogotá

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá es una de las últimas apuestas del alcalde Enrique Peñalosa; lo que se decida sobre el particular será fundamental para el futuro de la ciudad, los territorios y la ciudadanía ¿En qué va esta discusión? ¿Cuáles son los retos para la ciudadanía?

 

Transcurren días sustanciales para quienes habitamos en la capital del país. No es para menos, ya que está en etapa de formulación y aprobación la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (MePOT), una necesidad de tipo normativo que intenta resolver la administración de la ciudad a partir de la decisión judicial del Consejo de Estado que ordenó la modificación y ajuste, cumplido el plazo de 12 años de realizado el plan de la ciudad, con el decreto 619 del 2000.

Es un proceso con historia. En el año 2013, durante la administración de Gustavo Petro se propuso la Modificación Excepcional del POT cumplido el vencimiento de doce años de vigencia. Con el decreto 364 se formuló una propuesta inicial, la que no fue aprobada por el Concejo Distrital, además de ser suspendido por el Consejo de Estado, al evidenciase fallas relacionadas con las competencias al emitirlo, contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo de la Ciudad. Es por ello que desde el año 2016 obligan al Distrito a realizar la primera revisión ordinaria de dicho POT.


Situación actual del POT de Peñalosa

En este momento (junio de 2019), el POT se encuentra en la fase de concertación con el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital –Ctpd–, instancia que representa a la sociedad civil y que cuenta con más de 100 consejeros, en representación de 22 sectores y poblaciones, que por la perspectiva diversa que maneja, es factible que vote de manera negativa la propuesta de Peñalosa. Aunque este tramite durará cerca de un mes, su concepto no es definitorio y la administración podrá presentarlo ante el Concejo de Bogotá, instancia que tendrá alrededor de 90 días para aprobarlo o rechazarlo.

Es necesario resaltar que el proceso previo estuvo marcado por los enredos presentados ante la firma del acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–, entidad encargada de hacer los ajustes necesarios para velar por el ordenamiento territorial equilibrado con la protección del ambiente. En este punto del proceso es donde se enreda el trámite del POT, primero, porque el actual director de la entidad, Néstor Franco, presenta un posible conflicto de intereses, ya que la entidad tiene proyectos en la Reserva Thomas Van Der Hammen, motivo por el cual no puede firmar sustracción o delimitación de dicho espacio. Esta recusación fue presentada ante la Procuraduría solicitando la anulación del acta de conciliación y, además, reclamando que sea este ente de control quien realice la revisión del POT. A esto se suma la inhabilidad y la destitución, en primera instancia, que tiene el director de la CAR Cundinamarca, por su presunta participación irregular en la contratación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar 2) en Chía.

Con este panorama, es claro que los tiempos para la aprobación del POT corren en contra de la actual administración. Sumemos y concluiremos que esta administración está en la cuerda floja: Se estima que la concertación con la Procuraduría, de ser aceptada, estaría lista en un mes; con esta luz verde pasaría al Ctpd, para seguir al Concejo de la ciudad, lo que sumado a la época electoral, y la misma terminación de la administración Peñalosa, dan como resultado una delgada cuerda floja. Claro, cuenta a su favor el interés del gran capital por dejar todo amarrado para la próxima década, de ahí que intrigas y presiones de diverso tipo no estarán ausentes a lo largo de los meses venideros.

Si a esta realidad se le suma la inconformidad ciudadana y los anuncios de movilización contra el POT por parte de las comunidades, ambientalistas y estudiantes de la Universidad Nacional, se plantea un escenario muy complicado para la Secretaría de Planeación (SDP). Son múltiples las voces que declaran una desigual participación en la elaboración del POT, donde el principal énfasis lo han tenido las empresas relacionadas con los sectores financieros, de construcción e inmobiliario, por encima de las comunidades o los grupos ciudadanos.

 

Un POT sometido a los intereses de los grupos económicos y de espalda a las comunidades

 

Las socializaciones realizadas por la SDP en las 117 UPZ de la ciudad dejan mucho que pensar, con espacios no definitorios o puramente informativos para las comunidades. Por el contrario, destaca la diligencia con la que fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la agremiación donde confluyen las empresas constructoras y las fiduciarias de los bancos, quienes ejercen una fuerte presión política para aumentar las zonas de expansión urbana, los proyectos de renovación y flexibilización de las normas urbanísticas para el caso del POT. Camacol no solo participó en las socializaciones, sino que se articula de forma directa con los proyectos bandera de la actual Alcaldía, gremio que tiene en perspectiva una ciudad expandida en los extremos con macroproyectos de vivienda y con troncales de Transmilenio a lo largo y ancho de la ciudad; así mismo apoyan la propuesta del Metro elevado y la conversión de la Estructura Ecológica Principal en espacio público. Es claro que las empresas constructoras y el sector financiero fueron los principales financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa y están pasando cuenta de cobro.


Ahora bien, es importante detenernos un momento en algunos de los “aportes” de Camacol. Frente al POT de Bogotá, llama particularmente la atención que dentro de los insumos técnicos, jurídicos, etcétera, para la construcción de norma de ciudad plasmada en el POT, proponen la integración entre el sector público y privado en búsqueda de “mejoras” de las condiciones urbanísticas”, alegando una responsabilidad de las empresas privadas en la construcción de ciudad y, por lo tanto, en la elaboración del nuevo ordenamiento, posicionando el gremio como un actor fundamental del insumo para la planeación pero también de decisión, concertación y consulta.

Además, plantean que los proyectos de construcción también dependen, y de forma importante, de la seguridad jurídica del sector de la vivienda. A partir de tal premisa reclaman que las licencias urbanísticas son suspendidas, modificadas o desconocidas de forma unilateral en algunos casos, por lo que exigen garantías por parte de las autoridades territoriales –seguridad jurídica– para las licencias urbanísticas.

También demandan crear condiciones dentro del marco jurídico, propias para mejorar los niveles de competitividad,  lo cual se evidencia, por ejemplo, como una de las estrategias de la política de competitividad dentro del POT presentado por Peñalosa: “Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación”, buscando una flexibilización en la norma, para poder llevar a cabo los planes de renovación y expansión urbana.

 

El debate de la expansión

 

Los proyectos que quiere hacer la actual administración en los extremos de la ciudad, como Lagos de Torca en el norte, Ciudad Río –hacía el occidente por el río Bogotá– y Lagos del Tunjuelo hacía el sur, son proyectos que buscan generar nuevos suelos para abrir mucho más el mercado del suelo y la vivienda en Bogotá.


La pregunta que debemos hacernos para evitar el crecimiento indiscriminado de la ciudad y la afectación a la Estructura Ecológica Principal es: ¿qué tanto suelo de expansión urbana requiere Bogotá? Este es, precisamente, el punto de discusión más fuerte entre defensores y detractores de la propuesta de POT, pues por un lado están las empresas y el sector financiero que apoyan la idea que en los próximos 12 años Bogotá construya alrededor de un millón de viviendas, con una variable digna de detallar: disminuyendo la construcción de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) dentro de Bogotá y entregando la tarea de proveer vivienda propia para las clases bajas a los municipios aledaños.

Los detractores de la propuesta de ampliación del suelo de expansión urbana argumentan que construir un millón de viviendas tiene repercusiones sumamente graves pues para tal fin se requiere la afectación de varias zonas estratégicas de la estructura ecológica principal, específicamente la Reserva Thomas Van Der Hammen y la Zona de Aprovechamiento Público Prioritaria de los Cerros Orientales. Urbanizar estas zonas solo favorecería a los inversores privados en detrimento del derecho al ambiente sano para el conjunto de los ciudadanos. Para la Veeduría de Cerros Orientales el tope máximo de viviendas nuevas requeridas por Bogotá para los próximos 12 años no debe pasar de 500.000, es decir, la mitad de la propuesta y para ello se puede redensificar el centro, evitando tocar en lo más mínimo la Estructura Ecológica Principal.


¿Qué hace desigual la toma de decisiones sobre POT?

 

Debe destacarse que la desigualdad en la toma de decisiones está mediada por la acumulación de los poderes económicos y políticos, y la forma como se insertan los espacios en la prestación de servicios, en conexión con el mercado internacional. Es evidente que la realización de los planes de ordenamiento pasa por revisiones muy estrictas por parte de las empresas relacionadas con la construcción, el sector financiero y las inmobiliarias quienes terminan definiendo el valor de cambio de la ciudad, según beneficio económico y la inserción en el mercado mundial, lo que hemos denominado como control corporativo del territorio. Esto complejiza la dinámica de realizar consensos entre los múltiples intereses que existe sobre la ciudad, que varían según la clase, etnia, género y los actores con el tipo de propiedad, el poder político y económico que tengan.

 

Los retos para la ciudadanía

 

Informarse sobre los cambios en el uso del suelo en cada UPZ y los megaproyectos que vienen para Bogotá, es un deber de la ciudadanía. Discutir en los espacios académicos y de participación es un derecho; organizarse como lo hacen los defensores de los parques o bosques –como el San Carlos y Bavaria– o quienes luchan contra el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales y la defensa de la reserva Thomas Van Der Hammen, así como quienes apuestan por la construcción del Parque Cerro Seco y el cierre del botadero Doña Juana, también los que ejercen presiones para descontaminar los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, evitando la pavimentación de áreas estratégicas, son formas de prepararse para las jornadas de movilización que vendrán, que invitan a construir el derecho a la ciudad y que buscan siempre preservar la estructura ecológica principal.

 

* Integrantes del Observatorio de Política Fiscal y Descentralización: Bogotá Ciudad Región y el Grupo de Investigación Globalización y Saberes Alternativos.

Información adicional

  • Autor:Yesica Mojica Valentín, Iván Murcia Sánchez, Lina Daniela Valcárcel*
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº258, junio 20 - julio 20 de 2019
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