Lunes, 29 Julio 2019 07:56

Desembalsar Hidroituango, el primer paso para reducir la amenaza

Escrito por Isabel Cristina Zuleta
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Desembalsar Hidroituango, el primer paso para reducir la amenaza

Las instituciones del Estado colombiano de manera conjunta impulsan, celebran, promueven y licencian, otorgan todo tipo de permisos para la construcción de grandes represas como Hidroituango, sobre el río Cauca, pero a la hora de responder por los daños y riesgos que estas generan sobre toda la población que habita tales territorios, dejan traslucir su incapacidad para controlar a los empresarios y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.

 

La desolación crecía. No era para menos. La sensación nos cubrió a varias personas el pasado 28 de junio mientras escuchábamos como, una a una, las instituciones del Estado colombiano que fueron llamadas por el Viceprocurador delegado Camilo José Orrego para preguntarles por su capacidad para dar cumplimento a la orden del Juez 75 Penal con funciones de control de garantías de Bogotá, negaban su capacidad y/o competencia en términos de un estudio independiente que permita definir si Hidroituango continua o no por el riesgo que representa para las comunidades afectadas y para el país.

 

Impunidad como regla

La desolación se combinaba con incredulidad, ya que estábamos ante la evidencia de impunidad, desinterés por la vida de miles de personas, desprecio por la naturaleza, indiferencia por los reclamos que tantas veces hemos interpuesto como comunidades al ver las vidas destrozadas, reclamos que nunca encontraron eco en ninguna de las instituciones en cuestión.

No era para menos lo que experimentaban nuestros cuerpos, ya que todas las entidades allí presentes a través de sus delegados expresaban no tener capacidad ni personal técnico, después de intentar alegar que no tenían competencias para intervenir a Hidroituango, respuesta que incluso brindó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente y de Minas y Energía, autoridades de la obra cuestionada.

Para nosotros, como víctimas, quedó claro que el Estado en Colombia nos dejaba solos con el grave problema por él generado, pues es evidente que licencia obras sin tener capacidad para controlarlas, y que cuando suceden tragedias –como Hidroituango– todos se lavan las manos, sin asumir las obligaciones que les corresponde de protección de la población.

 

Los territorios al servicio del capital

Ante lo que estamos viviendo es evidente que el abandono estatal no es sólo que no haya salud, trabajo, ambiente sano, seguridad, libre movilidad, acceso a alimentos, educación y otros tantos derechos que a las tierras del Cañón del río Cauca no han llegado, sino que este abandono también se expresa en sacrificar nuestros territorios entregándolos a empresas para su explotación, sin que haya como mínimo capacidad para ejercer control y presionar el cumplimiento de las obligaciones que les asignan, control para evitar un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de la población afectada por la obra autorizada. Las Licencias parecen ser licencias para matar, con apenas una simulación de control estatal para que nos quedemos tranquilos y tengamos la falsa esperanza de que alguien nos cuida.

Según la teoría política, el Estado es una estructura que representa al conjunto social, para el bien de todos, no de una parte del mismo. Y en este caso cumple su función otorgando o negando Licencias ambientales. Pero lo que presenciábamos mientras una a una las instituciones denegaban su función era todo lo contrario: todas y cada una de ellas son el canal para que el capital realice sus propósitos, es decir, para que el capital se incremente para el beneficio de algunos pocos sin importar el perjuicio de muchos, en este caso de la inmensa mayoría de quienes habitan un amplio territorio de un país llamado Colombia.

De esta manera, ante nuestros desorbitados ojos quedaba claro que las Licencias ambientales son un requisito de adorno que nadie cumple y las “autoridades” ambientales la intencionadamente débil mesa en la que se pone el florero. Constatación desprendida del proceso de medidas cautelares otorgadas por el juez que en el marco de la investigación derivada por la denuncia penal ambiental realizada por las comunidades afectadas por Hidroituango –articuladas en el Movimiento Ríos Vivos– y la denuncia penal por fraude procesal realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ambas denuncias en contra de Hidrotuango, EPM y en nuestro caso en contra de la Anla, una situación compleja en la que esta entidad participa del proceso como víctima y como presunto victimario.

La primera de las medidas fue un espacio interinstitucional y con las víctimas para proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente, desde el día 12 de junio de 2018 esperamos que el Estado de inicio a su cumplimiento, pero lamentablemente la Procuraduría no da respuesta a este pedido del Juez y clamor nuestro.

La segunda medida fue la creación de una Mesa Técnica que resolviera la incertidumbre con la que vivimos las comunidades desde que inició el proyecto, pero con mayor angustia desde el pasado 28 de abril de 2018, cuando el país se enteró del llenado del embalse que realmente había comenzado en el mes de enero de 2018 cuando EPM decidió sellar con cemento uno de los túneles de desviación, sin haber terminado el muro, sin haber terminado el vertedero, ni tener el túnel intermedio listo (que era como el salvavidas nuestro y aún no lo terminan), sin tener las ocho compuertas de captación terminadas, sin haber talado y retirado toda la capa vegetal y lo más importante sin haber cenado y reparado a las comunidades afectadas que por ello se encontraban en la zona de inundación. Una Mesa que le dijera al país, en nuestros términos “si eso se va a caer o no”, si la obra es estable o no, y que indique el riesgo que representa para las comunidades. Un diagnóstico que le permita retomar su vida a quienes ahora, y desde hace tiempo atrás, viven en completa zozobra.

El juez dio la potestad a la Mesa de realizar el estudio y tomar la decisión, pero las instituciones allí sentadas les da miedo asumir la responsabilidad asignada. No es para menos, puso en sus manos la necesidad de resolver en 60 días cómo disminuir el riesgo o eliminar la amenaza, para nosotros es claro que la amenaza latente es el agua represada, por tanto, no entendemos como no se ha obligado a desembalsar mientras realizan todos los estudios que quieran, pero sin esa bomba de tiempo encima.

Ante esta realidad, nosotros, con estupor, sentimos que la Procuraduría asistió a una audiencia distinta de la nuestra. Y así es porque olvidó que no son de confianza los informes de EPM.

Ante la urgencia de la situación el juez concedió 60 días hábiles. Las instituciones citadas alegaron “imposibilidad técnica” mal interpretando el tiempo en el sentido de no decidir reducir el riesgo y tomar medidas intermedias como desembalsar mientras se realiza el estudio de fondo. ¿Negligencia? ¿Dilación? Y nos preguntamos esto pues años atrás el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en menos de tres meses otorgó la Licencia Ambiental para que iniciará la obra, Licencia sin estudios de detalle, sin un plan de gestión del riesgo, sin un estudio real sobre la población afectada…

No les interesa el cuidado de la vida

Instituciones facilitadoras y complacientes con lo sucedido en y alrededor de Hidroituango; las mismas que olvidan de manera intencional que la emergencia allí vivida no empezó con la orden del juez sino hace casi un año y medio, y que la obra empezó en el 2009 y desde ese momento debieron prever que EPM tenía la intencionalidad de no cumplir con las obligaciones establecida por las autoridades, que su único interés eran los tiempos y las leyes del mercado. EPM no sólo ha jugado con la vida de miles de personas, sino que ha expresado abiertamente porque lo hace, porque no reconoce los errores constructivos y esto es porque implicaría la posibilidad de que sus acreedores le cobren sus deudas, entre otras razones de tipo económico.

Importante recordar que desde antes del otorgamiento de la Licencia ambiental la Procuraduría le había pedido a EPM que realizara tres Audiencias Públicas: una en el norte, otra en el occidente y otra en el bajo Cauca de Antioquia para que las comunidades supiéramos de los impactos. Claro, no acataron tal mandato, y solo realizaron una, en el municipio de Liborina, y con la escasa participación de unas 100 personas.

¿Los sancionaron por este proceder? No. Contrario a ello les otorgaron la Licencia, véase bien, sin la participación y socialización que debieron haber realizado con las miles de familias hoy afectadas. Pero no es el único ejemplo, la Anla sabe cómo EPM desvió el río por dos túneles sin compuertas porque tenía mucho afán y estaban retrasados, también sabe que son varias las obras realizadas sin la Licencia, para nosotros la Anla es cómplice de la destrucción generada.

Este ha sido el actuar cotidiano de EPM, y de ello son conscientes los entes estatales: hace estas obras con o sin permiso. La Anla sabía que EPM iba a llenar el embalse por encima de lo que fuera, porque lo único que le interesa es el dinero y no la vida de las comunidades y menos de los ecosistemas. También sabían que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces, y a pesar de saberlo lo ha permitido una y otra vez. Así funciona el poder, y quienes no lo tenemos padecemos las consecuencias de tal actuar.

Es tal este proceder, que hoy no sabemos qué pasará cuando la obra se exponga a fenómenos extremos. Nuestras preguntas son nuestros miedos, que pasará ¿Si tiembla? ¿Si las lluvias son demasiado fuertes y se satura la posibilidad de que salga agua por el vertedero? ¿Si se destapa nuevamente el túnel colapsado? ¿Si llega el verano y el agua queda por debajo del nivel del vertedero? ¿Si el vertedero no aguanta? ¿Si las montañas no aguantan? ¿Si nosotros no aguantamos más? ¿Si las aves no vuelven? ¿Si nos seguimos enfermando? ¿Si los peces no vuelven? ¿Si la vida se sigue cayendo a pedazos? ¿Si siguen excluyendo familias de los censos de afectados por ahorrar dinero? ¿Si encuentran más maneras de desarraigarnos del territorio? ¿si nadie nos ayuda? ¿Si nadie nos escucha? ¿Si nunca llega la justicia? ¿Si los muertos están molestos? ¿Si los vivos no entienden?

*Vocera del Movimiento Ríos Vivos.
@ISAZULETA
www.riosvivoscolombia.or


 

Líderes sociales y comunidad


¿Cuál es la situación actual más allá de estos procesos judiciales? Por un lado, los líderes estamos en alto riesgo, la persecución y amenazas no cesan; el último ataque a nuestra sede nos deja en mayor vulnerabilidad y el Estado no responde: la Policía no va a las veredas porque “están muy lejos” y de pronto hay que caminar. Nos acusan de ser opositores al desarrollo (no vemos desarrollo en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto). Es claro que en Colombia están matando a los que denunciamos y proponemos un país distinto; es evidente el exterminio de una forma de pensamiento que tiene opciones de avanzar por ser de grupos sociales, por convocar a vivir de manera solidaria; matar al que convoca busca matar la idea y los líderes sociales somos eso, denuncia, ideas, convocatoria, construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia.

Comunidad

Por otro lado, EPM miente abierta y descaradamente, incluso por escrito, a las comunidades de Sabanalarga –Antioquia– que, por ejemplo, mueren y están enfermas de Leishmaniasis por cientos, sin que haya un estudio claro que determine la causa de este suceso. Al mismo tiempo tienen que sufrir el hecho de que perdieron sus medios de vida y de subsistencia, porque sus viviendas quedaron debajo del agua, al igual que los muertos. Estas comunidades, que fueron rescatadas por el Personero del municipio y llevadas al parque principal, abandonadas a su suerte, presentaron declaración juramentada sobre el desplazamiento forzado causado por Hidroituango y aún hoy –más de un año después– no tienen respuesta. Buscaron refugio, alimentación y medicinas, hasta hoy no han recibido un grano de arroz, por lo que huyen buscando las áreas del río que aún no han sido inundadas en Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, para seguir barequeando y pescando, pero ya llegó la amenaza de desalojo forzoso, de que el alcalde de Liborina enviará el Esmad, como lo hizo con las comunidades de Angelina.

En estas actuaciones de abuso de poder sí parece haber experticia por parte de las instituciones. Las víctimas de Hidrotiuango en Sabanalarga, por ejemplo, reciben la nota de EPM en la que afirma que han sido atendidos, supuestamente recibieron alimentación, refugio, agua… La rabia por las mentiras no puede crecer más. Pero no sólo ocurre en Sabanalarga, también ocurre en Ituango, Toledo, Briceño y demás comunidades de la zona del embalse, zona en riesgo por la inestabilidad creada por EPM, no por la naturaleza. Insisten en este riesgo para que la gente no intente pescar, pero el mismo riesgo lo trasladan a las Juntas de Acción Comunal al contratarlas para que retiren el buchona de agua: no se puede pescar, pero sí trabajar para EPM; no se puede protestar, pero sí pagar a líderes sociales por parte de EPM para “dar información”.

Aguas abajo EPM anuncia que se levantará pronto la alerta roja, que están a punto de cumplir con todo, que cuando eso pase las pocas familias que reciben auxilios dejaran de recibirlos y deberán volver a sus casas y parcelas destruidas por Hidrotiuango y el paso del tiempo; los obligaran a volver como ya lo han hecho con muchas familias, aunque no haya pescado ni forma de barequear ni obtener medios de subsistencia. Los devuelven a la sin salida de la guerra, a entregar a los hijos a los grupos al margen de la ley que pagan más de un millón mensualmente por…

 


 

El riesgo


Pero también son razones para ello, procederes irresponsables como someter a una comunidad de miles de personas a la incertidumbre, angustia y zozobra por tener ante ellos toneladas de agua represada sin ningún control; así como cambiar diseños cuando se les dé la gana porque tienen el poder y punto, por no reconocer y menos respetar los derechos de los pobladores, porque sí, porque son los adalides del falso desarrollo, ese “desarrollo” que les lleva a secar el río y matar a más de cien mil peces porque tenían que llegar a una subasta y mostrar avances de la obra. Por todo esto, Hidrotiuango debe ser desmantelado de manera controlada, pues el riesgo de catástrofe no desaparecerá. Si manipularon y mintieron una vez, y jugaron con nuestras vidas, así lo volverán a hacer cuando lo consideren necesario.

¿Dónde queda lo público?

Nos preguntamos, ¿esas son las actuaciones debidas de una empresa pública? EPM conocía el riesgo para las comunidades y aun así actuó y lo sigue haciendo sin que hasta ahora nadie, excepto el primer juez ambiental que hemos conocido, intente poner las cosas en su orden. Una empresa no es el Estado, a ninguna empresa se le debería permitir que juegue con la vida de los ciudadanos y el futuro de miles de personas, y de un extenso territorio de Colombia.

 


 

Hidroituango debe ser desmantelada


Las razones para tomar tal decisión son muchas, entre ellas: la ausencia de estudios técnicos, sociales y ambientales serios sobre la viabilidad o inviabilidad de la obra. La ocurrencia de hechos graves, como haber sellado los túneles de desviación del segundo río más importante de Colombia sin haber terminado el muro, construyendo un tercer túnel para que dizque “[…] pasara el agua que iba antes por dos”, obra realizada sin los permisos necesarios “porque igual se los darían después” así no tuvieran estudios. Pero también, por las consecuencias que esto tiene sobre la población, sometida a un riesgo altísimo de perecer por inundación o sequía, o perder todo su territorio como consecuencia del acelerado e intencional llenado del embalse, generando con tal proceder un gran riesgo de desestabilización de la zona, como en efecto ocurrió.

Información adicional

  • Autor:Isabel Cristina Zuleta
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº259, julio 20 - agosoto 20 de 2019
Visto 755 vecesModificado por última vez en Lunes, 29 Julio 2019 10:19

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