Martes, 13 Agosto 2019 11:17

Un año de medidas a favor de los poderosos

Escrito por Wilson Arias
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Margarita Isaza, No soy observador, esas cosas las descubrí poco a poco, carboncillo sobre papel, 162 x 130 cm. (Cortesía de la autora)Margarita Isaza, No soy observador, esas cosas las descubrí poco a poco, carboncillo sobre papel, 162 x 130 cm. (Cortesía de la autora)

La política económica del gobierno Duque no deja dudas sobre a quienes pretende favorecer. Sus prioridades políticas tampoco. 

 

Sin sorpresas. Así ha resultado el gobierno Duque, vaticinado como un cuatrenio de continuidad y ahondamiento de la política económica y social padecida por la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y de regreso del uribismo a la Casa de Gobierno.

Son unas características más allá de lo enunciado por el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, cuando en su posesión llamaba a la unidad, al tiempo que Ernesto Macías, recién elegido presidente del Senado, llamaba a la vindicta contra los contradictores del uribismo. 

Este desayuno, indigesto, presagiaba el almuerzo: el “periodo Macías” se caracterizó por no brindar plenas garantías a las bancadas de oposición en no pocas ocasiones, tal como lo manifesté en el balance de su periodo (1) y el llamado de Duque a la unidad se reveló demagógico de cara a una agenda legislativa que acentúa las exclusiones, las segregaciones y marginalidades existentes, empobrece más a amplios sectores populares y de clases medias, ampliando la brecha de la desigualdad tan histórica como acentuada en colombiana. Además, contrario a esos llamados, la exacerbación de los odios anidados en la sociedad por décadas de violencia resaltó con frecuente: la obsesiva intencionalidad de deslegitimar la JEP y las altas Cortes es prueba de ello. 

 

La agenda económica

 

El mazazo inicial en contra de los excluidos de siempre vino por cuenta de los proyectos económicos en el primer periodo de la legislatura: Ley de Financiamiento, Presupuesto General de la Nación y Presupuesto Bianual de Regalías. El siguiente, por cuenta de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el segundo periodo. 

De esta manera continua el ajuste fiscal permanente al que nos somete el déficit recurrente del sector externo. Treinta años de libre comercio traducido en numerosos TLC y acuerdos comerciales no pasan en vano. Hoy el agro, con sus 14 millones de toneladas importadas (2), después de solo importar un poco más de 2 millones de toneladas en 1992 (3), representa toda una tragedia endosable a esa ideología del libre comercio y el fundamentalismo del mercado.

La Ley de Financiamiento, eufemismo con que se llamó a la reforma tributaria Duque, intentó cuadrar el faltante de 14 billones de las finanzas públicas. Según analistas económicos, se pretendía arrancar 11 billones de pesos a los sectores populares a través de la extensión de la base del IVA (4). Afortunadamente, las alertas y el ruido desatado provocó el rechazo generalizado y echó para atrás esta pretensión, muy a pesar de que lo aprobado, en su balance general, favoreció a los poderosos del país: la eliminación del IVA a los bienes de capital, la reducción del impuesto a la renta y la supresión de la renta presuntiva fueron exenciones tributarias adicionales a las establecidas para este segmento, calculadas en unos 9 billones (5). Exenciones que, en algunos sectores, entre ellos el de la economía naranja y el turismo, tuvieron su capítulo especial. Se sabe que esta reforma recaudará algo así como 7.5 billones y, desde luego, ya el gobierno anunció en las bases del PND una nueva reforma tributaria que se entiende complemento a esta ley de financiamiento para cubrir el faltante. Además, en el mismo sentido fiscalista, el PND establece la autorización de enajenar la participación del Estado en 88 empresas, lo que suman más o menos ½ billón, y desde inicios de año voces oficiales especulan con la posibilidad de vender el 8.5 por ciento restantes de las acciones de Ecopetrol, permitida por la ley 1118/2006.

 

Reformas con nombre propio

 

Con relación al presupuesto, en el contexto de desmovilización de las Farc no se justifican los 33.4 billones para el rubro de defensa que presenta un incremento respecto al anterior. Aunque aún persisten el Eln y las disidencias farianas, es innegable que el conflicto disminuyó sustancialmente de intensidad, lo cual ameritaba sino una disminución sí un congelamiento. En el rubro de la deuda pública la reprogramación de pagos de 14 billones efectuada por Carrasquilla es sin duda un alivio presupuestal a corto plazo para fortalecer el rubro de inversión, pero tendrá consecuencias a mediano y largo plazo en el incremento del endeudamiento público que anda por el orden del 58 por ciento del PIB.            

“Yo les dije que saldríamos de la crisis, no que los sacaríamos de la crisis” le dice el acaudalado a una muchedumbre hambrienta y con cara de reclamo en la famosa caricatura. Pues bien, todas las medidas referenciadas tienen el propósito de recuperarle la economía a los grandes negocios y al gran capital de manera general, no de resolver las apremiantes demandas de los de abajo. Algunas medidas incluso tienen nombre o sector propio como beneficiarios directos, y responden la pregunta de para quién gobierna Duque. Una relación de las medidas tomadas a lo largo de estos primeros meses así permite comprobarlo: 

-El PND recién aprobado concede prorrogas de 30 años adicionales a los contratos de concesión minera del decreto 2655/88 que las había otorgado ya por 30 años sin prórroga, para ser devueltas a la nación. Los beneficiarios directos: Argos –propiedad Grupo Empresarial Antioqueño con 32 contratos y el grupo Mineros S.A. del cual hace parte el grupo Aval (Sarmiento Angulo) y Scotiabank, con 5 contratos. ¡60 años garantizados de inmensas ganancias!

-Los porcentajes de regalías establecidos en el artículo 329 del Plan para los reconocimientos de propiedad privada concedidos a particulares, como Cerrejón y Mineros S.A, siguen muy por debajo de los establecidos, por un lado, por la Ley 756 del 2002 para todas las demás concesiones de carbón en el país, 3,27 por ciento –más de 3 millones de toneladas– y 1,64 por ciento –menos de 3 millones de toneladas (PND)–, frente al 10 por ciento que pagan las demás concesiones de este tipo de explotación, y por otro lado, de los establecidos por la Ley 488 de 1996 de 4 por ciento para explotaciones de oro (veta) y que gracias a los vacíos jurídicos del Código minero de 2001 han venido pagándose al 0,4 por ciento. Luego, es responsabilidad de todos los gobiernos posteriores a dicho Código (y del que lo promovió), incluido el actual de Duque, no reglamentar ajustando estas regalías en favor de la nación y la ciudadanía.

-En materia de servicios públicos, indigna que el plan le haya dedicado todo un bloque de artículos dirigidos a socializar el saqueo de los dineros públicos que la Multinacional Fenosa le propinó a la Costa Caribe. Este bloque de 8 artículos fue llamado curiosamente “Equidad para la eficiente prestación del servicio público de Energía en la Costa Caribe” y es representativo, sin ninguna duda, del fracaso de la privatización de los servicios públicos domiciliarios: nos referimos a Electricaribe. 

La socialización de este saqueo se concretó específicamente en dos de estos artículos, el primero de los cuales estipula la creación de una sobretasa de $4 pesos por kilovatio-hora de consumo de energía a los estratos 4, 5 y 6, además de los usuarios comerciales e industriales que al final les transferirán esta sobretasa a los usuarios vía precios. El segundo, socializa el pasivo pensional, antes contractualmente a cargo de la empresa que incumplió con esta obligación de carácter laboral. Comparto plenamente el criterio garantista de la Constitución del 91 que sabiamente ordena garantizar los derechos pensionales y prestacionales de la población ante la quiebra de las empresas, lo que pretendo resaltar es que el incumplimiento de las obligaciones pensionales por parte de Electricaribe se tradujo en ganancias para la multinacional Fenosa, ganancias que hoy este PND apunta a preservar al transferir a los usuarios las deudas contraídas por la multinacional. 

Lo particular es que las Empresas Públicas de Cali –Emcali– no tuvieron el mismo trato, a pesar de la importancia regional de la empresa, y fue gracias al esfuerzo de la bancada vallecaucana que se logró un compromiso con el Gobierno, plasmado en las bases del Plan, de abordar el asunto de la deuda de la Nación con Emcali.

Con relación al Sistema General de Salud y Seguridad Social (Sgsss) el “acuerdo de punto final” plasmado en el PND, solo contempla sanear las deudas No POS excluyendo la multiplicidad de deudas que mutuamente se reclaman los actores del sistema: EPS, IPS, entes territoriales, trabajadores y personal médico. Precisemos que las deudas No POS son fundamentalmente las representadas en los recobros y que estos, es bueno recordarlo, han operado como el incentivo perverso que ha facilitado en buena parte el desfalco de los recursos de la salud por parte de las EPS. 

Aunque “el acuerdo de punto final” intenta disipar suspicacias frente a SaludCoop y Palacino, al estipular que los recobros que estén bajo investigación judicial no entran en el acuerdo, ya sabemos que la condena a Palacino en lo de la trama SaludCoop terminó por motivos distintos a los recobros. Es evidente, entonces, que la prioridad del gobierno es resolverle el problema a las EPS, en claro favorecimiento de un solo actor del sistema que, dicho sea de paso, son las que se han enriquecido con el Sgsss. Al respecto, un dato sugestivo: apenas el Gobierno anunció la idea del proyecto de punto final, algunas EPS le hicieron llegar al MinSalud las facturas que la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud y Seguridad Social (Adres) les debería pagar ¡algunas con fecha de más de diez años! Como cereza del pastel, dicho acuerdo reconoce estas deudas como públicas, pagaderas con cargo a la “deuda pública” del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público. El mismo Gobierno admite que las deudas de la salud rondan los 10 billones, cifra que expresa otro más de los fracasos de las privatizaciones y que pagaremos los colombianos. 

-Para el uso del espectro electromagnético las licencias se ampliaron a 20 años, cuando eran solo a 10. Ganadores: las multinacionales de las comunicaciones como Claro (Carlos Slim), Movistar, entre otras.

-Como si las prebendas a Carlos Sarmiento Angulo en el tema minero no bastaran, recién escribía este artículo el gobierno anunciaba la liquidación de la Concesionaria de Ruta del Sol S.A.S. a cargo de los Solarte, Corficolombiana (Sarmiento Angulo) y Odebrecht, además de que “por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la Nación a cargo del Presupuesto General y que se emitirían un billón de pesos en TES (papeles oficiales) para pagar esa deuda” (6). Ya podemos adivinar a qué bancos se les salvará la plática: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas (Grupo Aval-Sarmiento Angulo), 4 de los 7 bancos acreedores de la concesionaria.

 

Ahondando el neoliberalismo

 

Es claro, entonces, que el gobierno de Iván Duque es no solo continuista sino que profundiza toda la política económica neoliberal impuesta hegemónicamente desde el “Bienvenidos al futuro” gavirista. Es sabido que el neoliberalismo es un proyecto histórico que no es posible imponer a rajatabla en un solo período presidencial, por lo que cada gobierno contribuye desde las posibilidades que le brinda la coyuntura política. Es decir, cada antecesor le abona el terreno al siguiente. Un ejemplo: para las industrias creativas es fundamental la legislación sobre propiedad intelectual implementada por Santos y que ahora Duque intenta desarrollar con la economía naranja. 

Es preciso resaltar, no solo continúa sino que profundiza la política económica, subrayando así que la agresividad de sus políticas también requieren de cierto tono autoritario. Es que, a falta de industria nacional –como resultado del proceso devastador de tres décadas de libre comercio–, no queda más que echarle mano a las montañas, ríos y selvas. La determinación de usar la tecnología del fracking para extraer petróleo es el destino fatal de esta política. Por lo que este gobierno es todo un retroceso en materia ambiental, así como en la garantía de los derechos sobre la tierra: todo un pacto por el extractivismo con los grandes capitales.

 

Con vocación hegemónica

 

En lo político, este gobierno representa el regreso del uribismo al poder que, si bien presenta una pérdida considerable del consenso social nacional alcanzado en su inicial octenio, se muestra hoy envalentonado por el retroceso del progresismo en la región latinoamericana y el avance de la extrema derecha en EE.UU. y Europa. Esa debilidad interna y ese talante hace que, a diferencia de Santos que congregó en torno a su partido las demás denominaciones cercanas al establecimiento, éste se atrinchere en un intento por hacer un gobierno de partido procurando ensancharse como proyecto hegemónico en la sociedad. 

Tenemos así un primer año de un Gobierno del cual no pueden vanagloriarse las mayorías nacionales. Primeros meses de una gestión que no dejan dudas sobre lo que será la totalidad de su cuatrenio. 

 

1. Arias, Wilson. 2019. Presidencia de Macías: más pena que gloria. Confidencial Colombia. Recuperado de: https://confidencialcolombia.com/opinion/columnista-invitado/presidencia-de-macias-mas-pena-que-gloria/2019/06/15/

2. González, Jorge Iván. 2019. Sigue la apertura “hacia adentro”. Recuperado de: https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/sigue-la-apertura-hacia-adentro-2871071

3. Tovar Martínez, Edmer. 1997. El país, lleno de alimentos importados. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-625349

4. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018a. Ley de financiamiento incluirá IVA para casi todos los productos de la canasta familiar. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/ley-de-financiamiento-incluira-iva-de-18-para-toda-la-canasta-familiar-2787764

5. Cigüenza Riaño, Noelia. 2018b. Solo cuatro exenciones a las empresas restan $9 billones a la tributaria en 2020. Recuperado de: https://www.larepublica.co/especiales/contexto-de-la-ley-de-financiamiento/solo-cuatro-exenciones-a-las-empresas-restan-9-billones-a-la-tributaria-en-2020-2806977

6. El Espectador. 2019. Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/gobierno-liquida-concesionaria-de-ruta-del-sol-y-asume-deuda-por-12-billones-articulo-872159?utm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DCompartido-Mobile

*Senador de la República, Polo Democrático Alternativo

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Artículos de esta edición:

 

Primer año: gobierno Iván Duque. Entre palabras y simulaciones

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Las obsesiones no siempre son buenas consejeras

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"¿Quiren más paz? Aquí la tienen..."

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Cosmología y vida cotidiana

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Los talibanes de San Francisco

https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/37438-los-talibanes-de-san-francisco.html

 


 

Información adicional

  • Autor:Wilson Arias
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº191, agosto 2019
Visto 142 vecesModificado por última vez en Martes, 13 Agosto 2019 11:29

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