Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

Escrito por Rafael Barrios Mendivil
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El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

Información adicional

  • Autor:Rafael Barrios Mendivil
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:desdeabajo
Visto 295 vecesModificado por última vez en Jueves, 05 Septiembre 2019 18:08

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