Domingo, 20 Octubre 2019 10:38

Elecciones/territorios. Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola
Valora este artículo
(0 votos)
Elecciones/territorios. Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Información adicional

  • Autor:Libardo Sarmiento Anzola
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº193, octubre 2019
Visto 376 vecesModificado por última vez en Domingo, 20 Octubre 2019 11:30

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.