Viernes, 01 Noviembre 2019 15:16

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Escrito por Camilo González Posso*
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Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

Información adicional

  • Autor:Camilo González Posso
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº193, octubre 2019
Visto 318 vecesModificado por última vez en Sábado, 02 Noviembre 2019 09:55

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