Lunes, 25 Noviembre 2019 06:56

Colombia prolonga su paro nacional y acorrala a Iván Duque

Escrito por Tristan Ustyanowski
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Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie SánchezDecenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


publicado

2019-11-25 11:00

Información adicional

  • Autor:Tristan Ustyanowski
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:El Salto
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