Jueves, 26 Diciembre 2019 05:30

¡La memoria es nuestra!

Escrito por Philip Potdevin
Valora este artículo
(0 votos)
Adriana Gómez,  Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)  Adriana Gómez, Inundados de la serie “Tapia pisada”, 50 x 80 cm., técnica mixta/mdf, 2011 (Cortesía de la autora)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 El Ministerio de la Verdad se ocupa de manipular o destruir documentos históricos como fotografías, libros y periódicos para lograr que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia narrada por el partido que gobierna, al parecer, desde siempre. Winston Smith es funcionario del ministerio, editor de memoria histórica. Vive en una Londres lúgubre e hiper-vigilada por telepantallas que recuerdan a todos que el Gran Hermano siempre vigila. En el mundo hay tres superpotencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La historia oficial dice que Oceanía –regida por el Gran Hermano–, y Eurasia, siempre han sido aliadas contra Asia Oriental. Hay un enemigo a odiar, Emanuel Goldstein, a quien cada día se dedican tres minutos de odio. Inesperadamente, Oceanía y Eurasia entran en guerra y Oceanía se alía con Asia Oriental. Hay que cambiar la historia para que aparezca como si siempre Oceanía y Asia Oriental hubiesen sido aliadas contra Eurasia. Winston procura mantener la cordura; escribe en su diario: “Aquel que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro”.

 

¡La memoria es nuestra!


Lo anterior corresponde a la trama de 1984 de George Orwell. Es una representación del negacionismo histórico, una práctica usada por ciertos gobiernos (apoyados en historiadores cómplices) para distorsionar, ilegalmente, los registros históricos. Los métodos utilizados son diversos: borrar o destruir fuentes, presentar documentos falsos como auténticos, atribuir conclusiones a libros que en realidad demuestran lo contrario, manipular estadísticas para soportar un cierto punto de vista o perspectiva. ¿Con qué propósito? Alcanzar un fin político, transferir las culpas del conflicto al otro, satanizar al enemigo, proveer la falsa ilusión de una victoria. Una vertiente del negacionismo, pero distinta, es el revisionismo histórico, que se encarga de reescribir lo que hasta entonces se ha preservado como memoria de lo sucedido y busca una interpretación distinta de los hechos o, lo que es más común, minimizarlos o trivializarlos con el fin de acomodar los intereses de quienes pretenden ese intervencionismo sobre la memoria.


Es elemental señalar que escribir la Historia requiere de la memoria, pero no por eso puede soslayarse. La identidad cultural de los pueblos se construye a partir de lo que estos saben y recuerdan de su pasado, de los hechos y acontecimientos; y, sobre estos se edifican narrativas que dan cuenta de que pasó y cómo pasó. De allí la importancia y la función que ocupa la memoria en la sociedad. Pero la memoria es frágil y a la vez dúctil, susceptible de ser formada como un puñado de arcilla húmeda. En ese sentido suele haber intereses de quienes detentan el poder o ejercen influencia sobre él para silenciarla o moldearla. Poder y memoria, con frecuencia constituyen una relación desigual en donde el primero abusa repetidamente de la segunda. Al establecer una impronta en los imaginarios culturales y sociales se alcanza el resultado buscado: engañar la sociedad con fines netamente políticos.


Hay numerosos ejemplos de negacionismo y revisionismo histórico ejercidos por gobiernos, grupos de poder o de influencia mediática en el pasado reciente: los crímenes de guerra cometidos por Japón en la guerra con China, el por qué, el para qué y los efectos de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las circunstancias de la desintegración de América Latina y la persistente violencia padecida por sus pobladores, los crímenes de guerra cometidos por los serbios en las guerras en Yugoslavia, el genocidio turco contra los armenios, las purgas contra opositores, intelectuales y artistas durante el estalinismo, la exclusión de los armenios en la historia de Azerbaiyán, el número de víctimas durante las protestas de la plaza Tiananmen, los intentos de trazar una continuidad macedonia desde la antigüedad para legitimar el reclamo de la independencia, las pretensiones de revisar la magnitud del Holocausto. La enumeración puede alargarse.


Es claro entonces que no es inocua ni desarticulada la iniciativa del gobierno Duque para nombrar en instituciones dedicadas a recoger, conservar y dar a conocer la memoria –en especial, en lo relacionado al conflicto armado–, a personas cercanas al Centro Democrático, como Darío Acevedo, que han evidenciado posiciones negacionistas o revisionistas del conflicto. En lo corrido del año han decretado relevos en el Centro de Memoria Histórica (Cnmh), en el Archivo General, en el Museo Nacional y en la Biblioteca Nacional. En otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se respira la zozobra de que el relevo pronto vendrá, en línea con lo mencionado arriba.


Lo anterior es más crítico cuando ocurre en un país que no ha logrado, a pesar de los intentos recientes, cerrar el conflicto de manera definitiva. Ha quedado en evidencia que las causas de este son profundamente estructurales y que un acuerdo de paz, unos actos legislativos y unas cuantas leyes a partir de los anteriores son insuficientes para poder pasar la página; el contrapeso político ha sido tan eficaz como funesto. El conflicto está vivo: el diálogo con el Eln suspendido, los ataques terroristas continúan, los líderes sociales diezmados por fuerzas oscuras que el Estado se niega a desenmascarar, el narcotráfico y las disidencias de las Farc copan espacios dejados por las viejas estructuras, la JEP sigue bajo asedio político y jurídico, las organizaciones de corte paramilitar mantienen el control en sectores y rutas estratégicas para el narcotráfico, la minga en el Cauca es ignorada y burlada por el presidente, el partido de gobierno insiste en polarizar a la sociedad (las vallas que increpan al ciudadano: “Y usted, ¿de qué lado está?”), el país desangrado por la corrupción mientras los intocables siguen rampantes… ejemplos no faltan para demostrar lo lejos que se vislumbra el fin del conflicto. En consecuencia, la memoria está en disputa mientras el conflicto sigue su curso bajo un gobierno que lo aviva y lo enciende y a la vez insiste en negar su existencia; de allí la precariedad, la fragilidad de la memoria que se ha preservado y la que se intenta preservar mientras los acontecimientos se siguen desplegando ante los ojos de la sociedad.


Por ello, surgen preguntas: ¿Qué pretende la administración Duque en torno a esos nombramientos en instituciones clave para la memoria del país? ¿Cuál es la intención última de estas decisiones? Y, en el mismo sentido: ¿Qué papel juega la memoria de las víctimas y protagonistas del conflicto en la construcción de la paz? ¿Quiénes escriben o deben dar cuenta de esa memoria?


Aquellos nombramientos representan, como menciona Arenas (1), un sector de la sociedad colombiana que no reconoce el conflicto armado, ni admite la responsabilidad del Estado en cientos de crímenes –entre ellos los llamados falsos positivos–, ni la de terceros involucrados, y que también rechaza la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, y, más aún, la posibilidad de una salida negociada a la guerra. Es, como lo afirma, por otra parte, Pernett (2) la visión conservadora de la historia de Colombia, una que aduce que el país se ha malogrado a causa de algunos desadaptados que no han respetado el orden existente y que la única forma de enfrentar estos desórdenes ha sido a través de la aplicación de la mano dura. Y, –bajo esa misma visión conservadora– si algún exceso ha cometido el Estado ha sido en nombre de un bien mayor, de modo que sus agentes deben ser respetados a pesar de ello, al punto incluso de justificar las masacres contra civiles, como afirmó el expresidente y senador Uribe Vélez en su cuenta de Twitter el pasado 7 de abril: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.


Los riesgos de un intervencionismo negacionista son múltiples: En primer lugar, la posibilidad que existe de silenciar, cambiar o moldear las narrativas sobre la identidad de nuestro país que se han construido, al menos, desde los eventos del 9 de abril de 1948. Basta con observar, por ejemplo, cómo, durante el ejercicio realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Chcv, 2016), nombrada por la mesa negociadora de La Habana, varios de sus miembros, como Duncan, Torrijos y Jorge Giraldo, presentan ensayos para interpretar los orígenes del conflicto, en donde niegan o minimizan en diferentes escalas el conflicto como tal y lo atribuyen a una disputa entre paramilitares y guerrilleros en torno al tráfico de drogas. De otra parte, y como contraste, en la misma Comisión (3), se presentaron informes como el de Estrada y Vega –y la relatoría de Moncayo–, que reconocen los orígenes y las causas del conflicto a mediados, comienzos del siglo veinte o incluso antes y cómo los Estados Unidos ha tenido una injerencia directa desde mediados del siglo diecinueve. Menciona Arenas (4): “Controlar esas instituciones culturales e implementar en ellas políticas de memoria que silencien, nieguen, excluyan e invisibilicen implicará una evidente desigualdad en la posibilidad de registro, enunciación e identificación de las huellas del pasado y, seguramente, la imposición de una versión oficial sobre los hechos”. En segundo lugar, García (5) advierte los riesgos de generar una paz negativa, una “paz del olvido de ciertos crímenes y de la acentuación de otros”. En tercer lugar, lo que implicaría en el producido de esas entidades: publicaciones, reportes, informes, bibliografías y exhibiciones de museos, de archivos y de bibliotecas que pretendan invisibilizar los impactos del conflicto o los sesguen excluyendo a unas o varias de las partes del conflicto. En cuarto lugar, y aún más importante, que se niegue el derecho, directamente a las víctimas o representadas en organizaciones, colectivos, ONG, la academia y organizaciones sociales, a darle un sentido al pasado. Estamos, entonces, ante una disputa por restituirles la dignidad, por reivindicarles sus demandas, y por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y por la reconciliación (6).


Lo cierto es que el país requiere de narrativas múltiples, de visiones pluralistas en las que las víctimas del conflicto, más allá de quienes fueron sus victimarios, puedan expresar su dolor y que ese dolor quede registrado en la memoria colectiva del país. Los victimarios, también en su proceso de reparación, tienen un espacio importantísimo para preservar esa memoria. No se trata de imponer unas narrativas sobre otras; ni de desbalancear las responsabilidades del conflicto, ni de ejercer venganzas, sino que la verdad y la memoria, sea narrada, preservada y honrada. Es sabido que “La preservación de la memoria histórica es uno de los mecanismos de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y un componente central del derecho a la verdad de las víctimas y sociedades” (7). De igual forma, por lo anterior, una de las formas de generar reconciliación es precisamente que “Se narren los hechos, que se haga historia, pero no historia tradicional sino memoria. Es narración de hechos y hechos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las víctimas, de los silenciados, de las mujeres, de los niños, de los que han sido victimizados, de los que no han contado la historia […] y de esa manera es posible la reconciliación” (8).


El riesgo también está, en línea con lo anterior, que al tomar posesión de entidades como las mencionadas, por parte de un partido en el gobierno que desde antes de llegar al poder promovió el No en el plebiscito del 2017, se ahonde el proceso de entorpecer, obstaculizar e intentar deslegitimar los acuerdos (9), y que se acentúe la desfinanciación de todo lo que signifique mantener vivos los proyectos e iniciativas derivados de los acuerdos de paz.


El caso de Acevedo al frente del Cnmh es para preocuparse. Corresponde a un negacionista que sostiene –a pesar de haber militado en el ala política de Epl– que en Colombia no ha habido conflicto armado sino delincuencia asociada con el “narco terrorismo”. Con opiniones de esa naturaleza es legítima la intranquilidad por parte de sectores de la academia, las organizaciones de víctimas, las ONG y numerosos pensadores del país, que lo que pretende Acevedo, en últimas es intentar silenciar o moldear la historia reciente del país.


Por otro lado, el nombramiento de Enrique Serrano en el Archivo Nacional también ha levantado desconfianza por su tradición de pensamiento hispanista, europeizante y poca afinidad a lo que huela a “colombianidad”, a “criollo” o a la población originaria de América. Basta leer sus libros para entender su pensamiento al respecto. El nombramiento de un perfil como ese sorprende por partida doble: primero, en que se le haya designado para confiarle el acervo documental de nuestra identidad histórica y, segundo, en qué Serrano haya aceptado la responsabilidad por una memoria histórica a la que manifiesta tenerle tanta antipatía.


Igualmente levanta ampollas personas como Adriana Valderrama en el Museo Casa de la Memoria de Medellín –si bien fue nombrada hace casi tres años, parece encajar en el perfil de los recientes nombramientos de Duque– quien ha hecho reparos al trabajo del Cnmh y a lo que debe ser su relación con las víctimas (10).


Pero hay que ir más profundo a lo que puede ser transitorio; finalmente son funcionarios de turno, y es difícil pensar que, así detenten temporalmente el poder, puedan cambiar, alterar o negar la historia de nuestro conflicto. Afortunadamente, el terreno ganado no es poco en los últimos años. Existe un sólido conjunto de documentos, testimonios, exposiciones, declaraciones, confesiones (a nivel judicial y por fuera del sistema procesal), en las que han participado tanto víctimas como victimarios (11).


Podría parecer ingenuo temer que este laborioso andamiaje para construir memoria pudiese ser socavado por unos pocos. Por toda la geografía nacional brotan centros de memoria a través de la Red Colombiana de Lugares de Memoria: el Parque Monumento de Trujillo, Valle; el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, Bolívar; el Centro Comunitario Remanso de Paz, Pueblo Bello; la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá; el Salón del Nunca Más, Granada, Antioquia; el Centro de Memoria del Conflicto, Valledupar, Cesar; el Centro integral de formación y fortalecimiento cultural Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta; el Museo Caquetá; el Lugar de Memoria del Atrato, Bojayá, Chocó, y al menos otros diez, son prueba suficiente de que la memoria se recupera por toda la geografía nacional.


Sin embargo, no es para dormir tranquilo. A todos estos centros de memoria los persigue un fantasma llamado fuentes de financiación, si bien algunos requieren de sumas tan pequeñas como treinta millones de pesos al año para su operación. Desde el gobierno anterior los miembros de la red habían manifestado la precariedad de su supervivencia por falta de destinaciones específicas que aseguren su operación (12). La amenaza de minar la estructura financiera de estos lugares se extiende sin pausa y no sólo por vacíos jurídicos sino por decisiones administrativas que parecen seguir claras directrices de quienes no les interesa que la memoria se preserve. Otro ejemplo es el contra-monumento Fragmentos, obra realizada por la escultora Doris Salcedo a partir de la fundición de armas entregadas por las Farc. A menos de seis meses de inaugurado, ya acusa recortes presupuestales ejercidos por el actual gobierno. En esa línea, el PND 2018-2022, en curso en el Congreso, tiene previstos serios recortes para la paz (13). La conclusión es que no es necesario intervenir físicamente la memoria para silenciarla o moldearla. Basta con quitarle el oxígeno, desconectarle los recursos para que agonice y muera.


La pregunta que subsiste es ¿de qué manera puede garantizarse la independencia, el funcionamiento y el sostenimiento de estos lugares sin que queden sujetos al vaivén de los gobernantes de turno? Es sabido que hay instituciones que no pueden ser estatales pues corren el riesgo de politizarse. Por ello, parecería necesario dotar a nuestros centros de memoria de autonomía presupuestal, y de los mecanismos necesarios para que sus directores sean nombrados no por los políticos de turno sino por organizaciones y colectivos que representen a las víctimas del conflicto. La academia también tiene responsabilidad, al menos parcial, para financiar y asegurar la subsistencia de dichos centros. En otros lugares del mundo se ha logrado, no sin dificultades, en torno a la financiación de las comisiones de la Verdad. Es necesario preservar la memoria sin los sobresaltos de gobiernos negacionistas y revisionistas y más aún, garantizar la autonomía presupuestal y administrativa a los centros de documentación y memoria histórica que permita honrar las víctimas y sus narrativas, y por allí mismo las de una parte importante de la nación (que aunque fue derrotada en el plebiscito del 2016) sueña con la paz y la reconciliación.


Ahora bien, al ampliar la imagen a un plano general, es posible comprender cuánto hay en juego. Cuando lo que se busca privilegiar el ignorar y el olvidar sobre el recordar; cuando el pensamiento crítico que surge de las más hondas raíces del positivismo es desestimado, cuando lo que se prefiere es la venganza sobre el perdón y la reconciliación, cuando se desconocen los avances hechos por una sociedad que quiere, por fin, una paz estable y duradera, es posible vislumbrar el alcance y las pretensiones de un gobierno negacionista y revisionista.


Otros países enfrentan los mismos retos. La memoria de las víctimas está en vilo en muchos lugares. Hay una suerte de abandono estatal para conocer y preservar la verdad. Los crímenes cometidos por el franquismo, el nazismo y la dictadura de Pinochet siguen siendo una herida abierta para los familiares de los desaparecidos y de las víctimas. Un informe del Consejo de Europa (14) amplía la lista de países que no establecen “la verdad sobre las personas desaparecidas” a Armenia, Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Georgia, Rusia, Turquía, los Balcanes occidentales, Ucrania y España. Las leyes de memoria histórica, entre ellas, la de España, son frágiles y no se cumplen como es debido. Mientras Macron intenta abrir los archivos de la guerra de Argelia (1954-1962) y reconoce que Francia legalizó la tortura durante el conflicto, Marine Le Pen se opone para no “reabrir heridas” (15). Las Comisiones de la Verdad enfrentan múltiples obstáculos; en Chile se le ha querido silenciar o limitarla en sus alcances (16). Son, paradójicamente, campos de batalla por la memoria. Por otra parte, las leyes de amnistía, de punto final, así como la presión ejercida por influyentes grupos políticos involucrados o herederos ideológicos de los crímenes cometidos entorpecen su labor. En consecuencia, la disputa por la memoria es un asunto crítico que tiene implicaciones profundas en la sociedad y en las narrativas identitarias de los pueblos que han atravesado los horrores de la guerra.


No es impertinente intentar trazar enlaces entre el tipo de sociedad en la que Winston Smithvive –1984 no es más que una distopía literaria, pero no por ello deja de ser aterradoramente premonitoria– y la que hoy acecha al individuo de nuestra época. Winston, comprende, finalmente, tras ser torturado por la Policía del Pensamiento, la verdad de los tres eslóganes del Gran Hermano: La Paz es Guerra, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fortaleza. Su voluntad ha sido quebrantada, su mundo íntimo ha dejado de existir. Sentado en un café, entiende que ahora ama al Gran Hermano y sonríe estúpidamente al ver su imagen en un afiche en la pared.

 

1. Arenas, S., “La memoria en disputa”, en Hacer memoria, http://hacemosmemoria.org/2019/02/28/la-memoria-en-disputa/, 2019.
2. Pernett, N., “El uribismo y su campaña para moldear la memoria”, en Razón pública, https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11823-el-uribismo-y-su-campana-para-moldear-la-memoria.html, 2019.
3. Comisión Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHVC) (2016), Contribución al entendimiento del conflicto amado en Colombia, Ediciones Desde Bajo, Bogotá
4. Hacer memoria..., op. cit.
5. García D. , “La memoria, la historia y lo ausentes en la disputa por la verdad”, en El Espectador, 24 de marzo 2019.
6. Arenas, S., Hacer memoria..., op. cit.
7. Centro Nacional de Memoria Histórica, Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico, en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/museo-lineamientos_accesible.pdf, 2017.
8. Ibídem.
9. Como por ejemplo las objeciones del presidente a la ley estatutaria de la JEP bajo argumentos como “estamos a solo seis artículos de alcanzar la paz”,
10. Pernett, N., “El uribismo y...., “, op. cit.
11. Véase, por ejemplo, la entrevista “Quiero que todo el país sepa la verdad que conté: Pirabán” publicada en El Espectador 14 abril 2019 a Manuel Piraban (Jorge Pirata), ex líder del grupo Pitada de los Llanos quien tras haber cumplido pena de prisión ha regresado a la vida civil para reunirse con las víctimas de sus masacres y sus crímenes, no solo para pedir perdón sino para responder las preguntas y angustias de los familiares de sus víctimas. También, la exposición Ríos y Silencios, montada por Juan Manuel Echavarría en el MAM en enero de 2018 y del que hay una cartilla coleccionable .
12. Verdad Abierta, “Nosotros ya tenemos la memoria” en https://verdadabierta.com/nosotros-ya-tenemos-la-memoria-historica/, 2016.
13. El Nuevo Siglo, “Audiencia pública tras recortes para paz PND 20018-2022”, febrero 15 de 2019.
14. El Diario, en https://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-abandono-victimas-desaparicion_0_495901430.html, 2016.
15. Rtve, Memoria histórica en Francia, Macron reconoce públicamente que Francia legalizó la “tortura” durante la guerra de Argelia en http://www.rtve.es/noticias/20180913/macron-reconoce-publicamente-francia-legalizo-tortura-durante-guerra-argelia/1797861.shtml, 2018.
16. Bernasconi Ramírez, Oriana, Daniela Mansilla Santelices y Rodrigo Suárez Madariaga. 2019. “Las comisiones de la verdad en las batallas de la memoria: usos y efectos disputados de la verdad extrajudicial en Chile”. Colombia Internacional (97): 27-55. https://doi.org/10.7440/colombiaint97.2019.02

*Escritor. Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. Su novela más reciente es La sembradora de cuerpos, Seix Barral, 2019.

Información adicional

  • Antetítulo:La disputa por la memoria y los riesgos del negacionismo histórico
  • Autor:Philip Potdevin
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico Le Monde diplomatique Nº188, mayo 2019
Visto 241 vecesModificado por última vez en Viernes, 27 Diciembre 2019 07:33

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.