Martes, 24 Marzo 2020 14:52

Colombia ¿La justicia es ciega?. Emergencia carcelaria. Gobierno reprime y segrega a presos

Escrito por Equipo desdeabajo
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Pie de foto: twitter Ministerio de Justicia Pie de foto: twitter Ministerio de Justicia

Ante tanto cinismo no queda mucho por decir, “Orgullosa del cuerpo de custodios. Lo que hicieron anoche fue, es decir yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar lo que hicieron anoche. Ustedes le dieron tranquilidad al país…”. No es la expresión de una persona cualquiera, no, así se pronunció la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello Blanco, luego de conocerse que en la cárcel nacional La Modelo –Bogotá– 23 presos habían perdido la vida a manos de la guardia carcelaria, y más de 80 quedaron heridos.


Cinismo que, más allá de la Ministra, resume el de un establecimiento, el colombiano, negado a considerar a los negados y desprotegidos de siempre, para quienes no hay derechos ni justicia ni paliativo alguno –como los demandados por distintas instituciones y personalidades ante la crisis de salud que vive el mundo, y Colombia como parte del mismo–. Para ese inmenso grueso de la población lo único que extienden los cínicos es la violencia.


Tensión


Una respuesta, la muerte, que no amedrenta a los presos del país que ahora aguantan las requisas permanentes de sus pocos enseres, así como las amenazas de la guardia que con sus “bastones de mando”, en “terapia sicológica”, pasan por las celdas golpeando paredes y rejas, como lo denuncian desde el interior de La Modelo y de La Picota.


Una situación que tiende a peor, como puede deducirse de reprimir a quienes protestas, presos y presas ahora sometidos a traslados inmediatos hacia cualquier parte del país, alejándolos de sus familiares, como denuncian desde la cárcel “El Buen pastor” quienes de forma arbitraria han sido trasladadas con destino desconocido en la madrugada del martes 24 de marzo, entre ellas Lizeth Rodríguez, Alejandra Méndez y Lina Jiménez.


“Estos traslados son una forma de castigo para los internos y desarraigarlo del sitio donde se encuentra”, comentó en entrevista con desdeabajo Rommen Durán Castellanos, abogado y miembro del Equipo Jurídico Pueblos. Agregó que para esto se ha aplicado un habeas corpus al Inpec solicitando la libertad de varios internos al igual que requiriendo información sobre el paradero de presos que estaban en la cárcel La Modelo de Bogotá que, por los motines del pasado sábado 21 de marzo, de los cuales ahora sus familias desconocen su paradero.


Un ambiente de miedo y zozobra que se extiende al Complejo carcelario y penitenciario de Cúcuta, en donde, desde primeras horas de la mañana del martes 24 de marzo la guardia ataca a los presos con gases lacrimógenos y todo tipo de armamento antidisturbios, para ahogar las exigencias de cientos y miles de presos. Hay que recordar que esta cárcel registra un hacinamiento del 57.65 por ciento. Un penal donde, según cifras y testimonios del Movimiento Nacional Carcelario, los patios que están habilitados para 50 personas cuentan con una población aproximada de 170.


Paliativo


En medio de todo ello el Inpec expidió el día 23 de marzo la resolución 1144 mediante la cual declara la emergencia carcelaria en todo el país, recurso legal que le otorga amplios poderes al director de este Instituto, general Norberto Mujica, para reubicar recursos económicos, realizar compras en menor tiempo, contratar obras de diversos tipos, así como otorgar algunas libertades –a espera de lo que digan los jueces–, pero también trasladar presos con el supuesto prurito de la “descongestión” de la cárcel de donde los sacan. Como está anotado, los traslados ya empezaron pero no para descongestionar sino para reprimir y castigar las voces rebeldes que se alzan al interior de los presidios en defensa de sus derechos a la salud y la vida en medio de la pandemia Covid-19.


El general Mujica comentó esta mañana en RCN Radio que proyectan dar libertad a entre 8.000 y 10.000 presos mediante esta resolución, pero la cifra real está sujeta a decisión del presidente Iván Duque y del Ministerio de Justicia, así como de los jueces. A este dato se refirió el abogado Durán Castellanos “es un avance pero esa cifra termina siendo menos del 10 por ciento de la totalidad de presos en Colombia, donde aproximadamente el 60% son sindicados”.


Queda por conocerse los decretos con los cuales el gobierno nacional acompañará esta resolución, para brindarle recursos económicos y legales al director del Inpec.


Mientras así sucede, y mientras la represión y el cinismo son las monedas de cambio del gobierno, por distintos conductos se siguen conociendo solicitudes de pronta excarcelación de presos, como mecanismo para así proteger sus vidas, al tiempo que mejorar las condiciones de sobrevivencia de quienes permanezcan tras los barrotes.


Deseosos de ello, sabiendo que todo esto depende no de los jueces ni del director del Inpec sino de voluntad política por parte del poder nacional, desdeabajo hizo público en días recientes las siguientes propuestas:
“Acción urgente. […] 4. “Descongestionar cárceles y centros de detención.

 

Una situación dramática, conocida y prolongada a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, es el hacinamiento en cárceles de todo tipo, así como de los centros de detención transitorios. El hacinamiento, además de la insalubridad que caracteriza a todas las edificaciones del encierro, es una realidad que atenta contra el derecho a la vida de quienes ahora ven correr los días tras las rejas. ¿Qué puede ocurrirle a cientos de presos/as que conviven casi sin distancia alguna entre unos y otros, si uno de ellos/as llega a padecer el virus?


Para superar esta realidad y esta posibilidad, para cumplir en parte con lo señalado en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional, para proteger la vida de miles, es urgente: 1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”.

 

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Información adicional

  • Autor:Equipo desdeabajo
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo
Visto 416 vecesModificado por última vez en Martes, 24 Marzo 2020 15:13

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