Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

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Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

Información adicional

  • Autor:Varios autores
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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1 comentario

  • Enlace al ComentarioErnesto Fontecha FontechaJueves, 23 Abril 2020 09:42publicado por Ernesto Fontecha Fontecha

    Ante la coyuntura que se presenta en la sociedad, y que agrava la crisis carcelaria y penitenciaria, es lo menos que puede hacerse, exigir del gobierno y sus autoridades acciones efectivas. Estoy de acuerdo y me sumo a sus preceptos enunciados en el texto del manifiesto.

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