Lunes, 25 Mayo 2020 09:36

Sin control, el virus de la violencia en la ruralidad colombiana

Escrito por Felipe Martínez
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La disputa por el control de la tierra y del territorio rural no cesa en Colombia: posicionamiento de viejos y nuevos actores armados, narcotráfico, minería ilegal, y con ello el despojo de tierra, el desplazamiento de sus pobladores, el asesinato sistemático de liderazgos sociales. Estos y otros son los factores de un virus que de vieja data y con renovada potencia afecta a esta parte de nuestro país.

 

Según la organización de derechos humanos Indepaz, en Colombia se reportan 95 líderes y lideresas asesinados desde enero hasta los primeros días de mayo. Esta situación tiene un agravante y es que desde el inicio de la peste por covid-19 los liderazgos sociales blanco de sicariato suman 32, de ellos 19 en medio de la medida del confinamiento obligatorio en todo el país e iniciado el 23 de marzo.

El combustible del conflicto. Este atentado permanente contra la vida de quienes asumen el liderazgo en sus comunidades tiene especial realce en regiones donde hay sembradas grandes extensiones de hoja de coca, territorios con corredores estratégicos de vital importancia para el narcotráfico ya que le permiten salir a la frontera marítima.

En estos territorios, al mismo tiempo, se disputa el control de la extracción de minerales, así como la implementación de proyectos extractivistas en general. Es decir, la disputa por el control territorial no es casual, ella se ubica dentro de la lógica de un conflicto armado de vieja data que no logró cerrarse con el acuerdo firmado por las Farc y el gobierno nacional, disputa por el territorio que también se inscribe y alimenta con sus flujos financieros la economía nacional y global, del que se benerician los conglomerados financieros criollos e internacionales. Ante ello, la militarización es la única oferta que llega a las comunidades de parte del Estado central. Carburante para la multiplicación de la guerra.

A propósito de esta situación, desdeabajo entrevistó a distintos procesos organizativos que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que en los últimos meses algunos de sus integrantes han sido blanco de ataque nuevamente en esta guerra que parece de nunca acabar. Son las palabras de estas personas las que pueden realizar un diagnóstico ejemplar de las principales problemáticas de la ruralidad colombiana, al mismo tiempo que proponer las soluciones y alternativas que necesita el campo colombiano. Aquí sus palabras:

 

“Enfrentamos una pandemia histórica”
Entrevista a Ernesto Alexander Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), organización campesina que se encuentra en 22 departamentos del país.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del campesinado en medio de la pandemia del covid-19?
Ernesto Alexander Roa (EAR). Los campesinos y campesinas enfrentamos una pandemia histórica con manifestación de exclusión, marginación, persecución y en este sentido la muerte y el despojo, todo ello parte sustancial de la política de un Estado que responde a unas políticas de un sistema capitalista.


Realidad que no ha cambiado en el marco de esta coyuntura mundial, por el contrario se profundiza mucho más. Prolongación de una política pese al papel estratégico que jugamos los campesinos en la lucha por la soberanía y garantía de la alimentación y el cuidado del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza.

Por desfortuna el panorama nacional no es tan favorable para quienes habitamos el campo, porque la política neoliberal extractivista se profundiza y con ella la guerra que imponen para Colombia, con la que llega y se prolonga el exterminio del movimiento social, en particular del movimiento campesino que lo consideran un estorbo para el desarrollo de los grandes megaproyectos que aspiran implementar desde actores internacionales. Entonces, en el marco de la pandemia seguimos siendo objeto de persecución, estigmatización, judicialización, amenaza, despojo, tratamiento militar.

da. Las regiones en donde se están presentando los asesinatos de los liderazgos sociales responden a la lógica de un modelo económico y de reagrupación del poder, ¿Cómo valoran esta situación y qué acciones han decidido emprender para el futuro y el autocuidado de la organización?
EAR. Como CNA hemos sido víctimas históricas, solo que hoy esto toma más fuerza. Desde marzo de 2020, hasta lo corrido de mayo, llevamos cerca de 10 compañeros asesinados, incluidos compañeros de la junta nacional de la organización en Putumayo y Cauca, eso sin mencionar los intentos de homicidio acaecidos en distintas regiones como Arauca, en donde el Ejército ha disparado de manera indiscriminada sobre los puntos de Guardia Campesina que realizan un ejercicio de pedagogía sobre la coyuntura que estamos viviendo.

El despliegue de violencia homicida, del despojo y de la amenaza, está focalizada en los territorios donde hay gran concentración de cultivos de hoja de coca. Como CNA hemos dicho que la coca no es una alternativa, nuestra alternativa es la autonomía y soberanía alimentaria; hemos dicho que los territorios campesinos agroalimentarios nacen como una propuesta para frenar, controlar y confrontar de mejor manera los proyectos extractivistas que se vienen implementando en los territorios que van en contravía y en detrimento de la vida digna.


“El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de los territorios”
Entrevista a Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo?
Olga Lucía Quintero Sierra (Olqs). La situación es compleja. Si hablamos desde que se declaró la pandemia, resaltar que no han llegado ayudas humanitarias para las familias que más lo necesitan, ni tampoco hay un sistema de salud adecuado en la región. Pero a esto debemos sumarle la situación de vulneración de los derechos humanos que no ha parado: en lo que va corrido del año han asesinado cuatro líderes en el departamento, tres de ellos en el Catatumbo y uno en Puerto Santander. Así mismo, desde el 11 de marzo se han incrementado las erradicaciones forzadas violentas en las regiones de Sardinata, Zulia y área rural de Cúcuta, y en su marco el 26 de marzo un miembro del Ejército asesinó al joven Alejandro Carvajal, de 20 años, sobrino de una dirigente de Ascamcat que se encontraba en un asentamiento campesino precisamente como un mecanismo de defensa del territorio y para evitar la erradicación forzada.

da. Desde la visión de Ascamcat, ¿cuál es la razón para el asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país?
Olqs. Hay mucha coincidencia que en las regiones donde se está erradicando se está asesinando a los liderazgos sociales, los mismos que trabajan fuertemente en los territorios, que hablan de la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente apoyan el punto cuatro de solución al problema de las drogas ilícitas, como ha pasado con los líderes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y con líderes comunales. El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de lo que pasa en los territorios. También llama mucho la atención que el Ejército haya estado perfilando líderes y periodistas, no conocemos la lista completa, pero aquí el gobierno es el que está en contra de la implementación del Acuerdo de Paz; entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las garantías?

“Estos territorios son estratégicos”
Entrevista a Rider Pai Nastacuas, Consejero Mayor de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el departamento de Nariño.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del pueblo indígena Awá?
Rider Pai Nastacuas (RPN). Como pueblo indígena Awá vemos varias preocupaciones. En el territorio Awá siempre hemos sido víctimas del conflicto armado que vive nuestro país, así mismo en el mes de marzo y mayo hubo asesinatos de indígenas de nuestro pueblo, como también amenazas. Toda esta situación nos preocupa bastante, pues somos un pueblo que su forma de vida cultural, territorial y organizacional tiene la forma de vivir dispersos y de difícil acceso para llegar a los resguardos. Asimismo, somos un pueblo fronterizo que se ubica en regiones muy estratégicas para los actores armados que operan en la región.

Hoy, con la llegada de esta enfermedad que viene amenazando al ser humano a nivel mundial, nos sentimos bastante preocupados porque en las condiciones en las que estamos viviendo es muy difícil atender las poblaciones con medicina. Pero, además, las familias tienen enfermedades presentes históricamente, como el paludismo y la tuberculosis, entonces nos preocupa bastante porque son muchas las necesidades.

da. ¿Cuáles son las principales razones para las amenazas y asesinatos que padecen como pueblo Awá?
RNP. Hemos hecho un balance de toda la situación vivida históricamente y los territorios nuestros son estratégicos, hay muchos intereses por minería ilegal, por la siembra de cultivos de coca. Otras situaciones bastante duras tienen que ver con el trabajo que llevamos como autoridades y guardias para el control territorial en los resguardos. Es así como vemos que la situación nos pone en alto riesgo cuando hacemos parte de la lucha y la resistencia para prevenir, proteger y fortalecer el mismo sistema de gobierno propio.

Desde el 2016 hasta acá tenemos 40 compañeros y compañeras asesinados, en donde hay asesinatos de mayores, autoridades, jóvenes y menores de edad. Lo que miramos es que después del Acuerdo de Paz se han organizado nuevos grupos que realizan un nuevo control territorial. También vemos un cambio de estrategia en la forma de actuar de estos grupos contra las organizaciones de base, sociales o indígenas, pues la forma de actuar es la de matar a nuestros jóvenes y amenazarlos, lo que implica una situación de exterminio del pueblo Awá.

 

“Hemos vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo”

Entrevista a Arnobis Zapata Martínez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), organización que se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, entre otros.

desdeabajo (da). ¿Cuál es el contexto actual de las regiones en donde se encuentra la Coccam?
Arnobis Zapata Martínez (AZM). El contexto general de estas regiones es que son zonas abandonadas por el Estado, en donde los campesinos han tenido que acudir desde hace mucho tiempo al cultivo de la coca como única forma de subsistencia. En estas zonas se ha vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo, el mismo que se ha incrementado después de la firma del Acuerdo de Paz por nuevos actores –grupos paramilitares, disidencias y otro tipo de grupos que se han venido formando para copar el territorio dejado por las Farc. Además, la única presencia del Estado es a través del Ejército, otro actor armado en los territorios.

da. ¿Cómo van con el acceso, propiedad y restitución de tierras en estas regiones?
AZM. Este tema no tiene avance alguno. A los lugares identificados en el Acuerdo de Paz se les hizo planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hasta el momento no hay un desarrollo de esos planes. En cuanto al acceso a la tierra, tampoco hay avances que puedan significar una mención específica, esto sigue en las mismas condiciones que se encontraba antes del Acuerdo de Paz. Con el tema de restitución de tierras, lo que ha habido es un atraso, porque estos grupos armados que han llegado han hecho retroceder los procesos en muchas zonas donde había algún avance.

da. ¿Qué nos puede contar en cuanto a la sustitución de cultivos de coca por parte de las comunidades?
AZM. Vemos un avance en inscripción de las familias al programa de sustitución de cultivos, con un cumplimiento muy grande por parte de las comunidades, pero un incumplimiento enorme por parte del Gobierno, que dejó a un lado sus compromisos. En este momento el programa de sustitución tiene serios retrasos en su implementación en cuanto a temas como los proyectos productivos, lo que genera desespero y pérdida de confianza entre los campesinos.

La erradicación con glifosato se implementó hace mucho tiempo y en ello se gastaron miles y miles de millones de pesos y no funcionó, no lograron absolutamente nada más allá de contaminar el ambiente, de contaminar la tierra. Creemos que la única forma para evitar el cultivo de la coca es a través de los programas de sustitución voluntaria, que ya han demostrado ser una herramienta efectiva para que los campesinos no vuelvan a sembrar. Lo que hay que hacer es transformar las condiciones que los campesinos tienen en los territorios para así cambiar de economía.

da. ¿Cómo evalúan la situación de asesinatos de liderazgos sociales a lo largo de todo el territorio nacional, y cómo se han visto afectados por esta situación en la Coccam?
AZM. El panorama es bastante complicado, más que todo en zonas como Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca, que son zonas que siempre han estado en el marco del conflicto. Han matado y están asesinando líderes, incluso aprovechado que los líderes están en sus casas confinados para asesinarlos; en el Putumayo mataron a un compañero de la Coccam, así mismo a dos campesinos los asesinaron en el marco de las erradicaciones forzosas y el enfrentamiento con el Ejército en los territorios.

*Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.

 


Recuadro

 

“Estamos ante la continuidad del exterminio”

 

Entrevista a Jhon León, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Partido Farc.
desdeabajo. ¿Cuál es la situación actual de los excombatientes en proceso de reincorporación?
Jhon León. En los territorios vivimos una gravísima situación humanitaria, ligada a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, y de lo cual dan testimonio plataformas de Derechos Humanos como Somos Defensores o Indepaz: 95 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. A esto se suma el sistemático asesinato de excombatientes: el viernes 8 de mayo se logró identificar otro excombatiente –en proceso de reincorporación– asesinado e incinerado en el municipio de Bello-Antioquia–, y con él en lo corrido de este año son aproximadamente 25 firmantes del Acuerdo asesinados, de una cifra que se acerca casi a los 200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Entonces, estamos ante la continuidad del exterminio, del asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y ante la presencia y reagrupamiento de grupos paramilitares en distintas zonas del país, diría uno bajo la complicidad –o al menos la omisión– del Estado colombiano al no cumplir con las garantías mínimas de seguridad integral en los territorios y, con ello, el incumplimiento de los Acuerdos en materia de seguridad pero, en general, de los Acuerdos de Paz en su conjunto, lo que nos lleva a repetir el ciclo de violencia en los territorios.

Información adicional

  • Autor:Felipe Martínez
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº268, mayo 20 - junio 20 de 2020
Visto 307 vecesModificado por última vez en Lunes, 25 Mayo 2020 09:45

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