Sábado, 30 Mayo 2020 10:29

Del dicho al hecho…

Escrito por Equipo desdeabajo
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El llamado al encierro, como responsabilidad individual para impedir la reproducción del covid-19, desconoce la realidad de empobrecimiento que golpea a millones de familias en Colombia. Violación de derechos humanos fundamentales, autoritarismo y demagogia se conjugan en un llamado que desnudó la imprecisión reunida por las bases de datos que identifican a los pobres, y en riesgo de serlo, en todo el país. ¡Quédate en casa!, un llamado que solo la clase media, y de ahí para arriba, pueden cumplir.

¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos! Estos y otros mensajes están en las emisoras, en las redes sociales y otros canales de comunicación. Otros muchos mensajes también se escuchan y en ellos se enfatiza en lo bueno de estar en casa, en la posibilidad y beneficios de compartir con los tuyos, en cómo utilizar el tiempo diario, en los usos potenciales del confinamiento.

Los mensajes suenan bien, ¿pero parten de la realidad de las mayorías sociales? ¿O están pensados y grabados para un sector minoritario de la sociedad? Cuando empezó el confinamiento parecía que fuera para todos los hogares, pero con el paso de los días empezó a relucir que los mensajes estaban elaborados solo para un sector de la sociedad, precisamente para la que cuenta con ingresos fijos fruto de que uno o varios de sus miembros son trabajadores formales, ligados bien al gobierno, bien a la empresa privada, con estabilidad laboral garantizada y, por tanto, con ingreso mensual también garantizado.

Pero esa no es la realidad de la mayoría de la fuerza laboral del país, de la cual 13 millones o más se rebuscan por cuenta propia, es decir, viven al día sobrellevan la cotidianidad en constante riesgo de caer empobrecidos y, por tanto, sin capacidad de ahorro para pasar sin penurias semanas sin ingresos. Por tanto, sin duda alguna, para todas estas personas debe sonar extraño ¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos!, pues con seguridad desean vivir, no exponerse al virus, y proteger a los suyos, pero las necesidades diarias acosan y, entonces, ¿conseguir el alimento de los suyos no es proteger a los suyos?

 

El paso de los días

 

Mirados en el espejo de esta realidad, es que podemos comprobar, con el favor del paso de las semanas, que la decisión tomada en la tercera semana de marzo de 2020 de confinamiento obligatorio, primero en Bogotá y unos días después en el resto del país, se constituyó en una medida autoritaria violatoria de los derechos humanos fundamentales de millones de personas.

La medida, soportada sobre el miedo propagado (a la muy factible muerte si el virus te contagiaba) desde las altas esferas y multiplicado por los medios oficiosos, tendría que haber tenido como antecedente la entrega de por lo menos el equivalente a un salario mínimo mensual, por el tiempo que dure la crisis, dinero destinado a cubrir las necesidades de cinco millones o más de hogares que viven en pobreza o en riesgo de empobrecimiento. Aporte que tendría que ampliarse a propietarios de pequeños emprendimientos (peluquerías, talleres donde se hace mantenimiento a diversidad de aparatos, pequeños restaurantes, pizzerías, papelerías, fotocopiadoras, talleres de impresión de plotter, etcétera), así como a taxistas y otros “empresarios” sin capital suficiente para aguantar meses de encierro. No proceder así es descargar en lo individual –usted se salva si se encierra– algo que le compete al Estado –nos salvamos entre todos al garantizar los derechos fundamentales del conjunto–.


Pero no sucedió así. Como si las circunstancias de vida no hubieran cambiado el gobierno distrital en Bogotá, y luego el nacional, le transfirieron a cada persona una responsabilidad que en primer nivel reposa en las instancias gubernamentales.

Una decisión claramente improvisada, véase el caso de Bogotá donde luego de ordenarle a su población el encierro se percatan que las bases de datos donde supuestamente estaban registradas todas las familias en pobreza, o en riesgo de serlo, no dan cuenta de la realidad. Improvisación que propicia que miles de pobres no registrados revienten de rabia en las calles de sus barrios o en el centro de la ciudad. Bases de datos que no recogen a los miles de pequeños propietarios que nunca antes se habían alistado en algún programas de ayuda económica pero que ahora, tras días sin producir dinero, sienten que lo requieren. Desorden, improvisación, incomprensión de la nueva realidad en que ha entrado nuestra sociedad, que lleva a la administración distrital a saltar como bomberos apagando, de una localidad a otra, las llamas de la inconformidad social. Luego, en triste gesto “solidario”, estirar la mano para pedir aportes y realizar colectas, como si lo público dependiera de la “caridad ciudadana”, para así llevar mercados a las familias que más lo requieren.

Previo a los mercados realizaron algunos censos rápidos entre las alcaldías locales y funcionarios del Jardín Botánico, para identificar cantidad de hogares con necesidad alimentaria.

En pos de precisar de qué se componían estos mercados, a quiénes se los entregaron y sus ingredientes, desdeabajo entrevistó una ama de casa con vivienda en la localidad de Bosa –vereda San Bernardino–, a la pregunta: ¿y su mercado de qué se componía? describe sin titubear: “5 libras de arroz, 1 bolsa de leche en polvo, 1 libra de harina de trigo, 1 libra de pasta larga –fideos –, café en polvo, 1 libra de frijoles, 2 libras de lentejas, 1 libra de garbanzo, 1 libra de arveja verde, 1 kilo de avena”. ¿Y ese mercado era para cuánta gente? “Para cinco”, nos indica. ¿Y para cuántos días debía rendirlo? “No nos dijeron, pero nosotros los estiramos para quince días”, enfatiza con tono de orgullo. ¿Y volvieron a llevarles más mercado? “No”, contesta con tinte de resignación y desengaño, “por acá no volvieron”.

¿Sabe en qué otros barrios realizaron este censo? “A mi me consta que en los barrios Acapulco I y II, El Triunfo”.

¿Y el mercado se lo entregaban a todos los habitantes del barrio? “No, en mi barrio no se lo dieron a algunas personas por vivir solas”.

¿Usted sabe si las familias están recibiendo, por ejemplo, algún bono para quienes estudian primaria o bachillerato? “En mi caso –nos indica– nos entregan 50 mil para refrigerio para un niño que tengo estudiando. Imagínese, como si uno pudiera separar a los que estudian de los que ya no están en el colegio”.

En el orden nacional la realidad no dista mucho de la descrita. Alardean de la existencia de programas como Familias en acción, que cubre a 2,5 millones de familias a las que entrega 67 mil pesos mes; “Adultos mayores”, con un giro por $163.180 pesos, cada dos meses, para 1.651.000 beneficiarios; “Jóvenes en acción”, que aporta cada dos meses, en promedio, $ 200 mil pesos a sus beneficiarios e incluye otros estímulos en caso de no deserción y excelencia académica. Programas ampliados, una vez declarada la crisis, con el denominado “Ingreso solidario”, destinado para 3 millones de familias, y con el cual le asegura a cada una de ellas $ 160.000 por mes. A lo cual se suma la iniciativa por medio de la cual reintegra cada dos meses, a las familias beneficiarias, $ 75.000 por concepto de IVA.

Un conjunto de aportes que no dan cuenta de la pobrecía generalizada (ya no tres millones, como eran los beneficiarios de algunos de estos programas, sino entre 5 y 8 millones de hogares), la cual, como en el caso de Bogotá, se multiplica a lo largo y ancho del país producto del cierre de negocios, de la imposibilidad de ofertar la mano de obra al mejor postor, entre otras dificultades.

Todos estos aportes, claro, complementan sus escasos ingresos; pero resulta que ahora, confinadas, esas familias no cuentan con los dineros reunidos a través de su rebusque diario, y con los cuales en algo incrementaban lo recibido vía subsidio, sobrellevando de mejor manera la pobreza. Al no poder reunir los que de seguro son otros pocos pesos, el confinamiento obligatorio los condenó a vivir –en caso de acceder a varios de estos subsidios– con una suma inferior a medio salario mínimo, es decir, los condena a padecer hambre. Y sino reúnen varios subsidios a vivir el mes, ¡inaudito!, con menos de doscientos mil pesos.

Y así lo están viviendo en miles de hogares, y por ello no tardaron en sentirse las protestas en diversidad de ciudades, donde la voz de inconformidad por el hambre que acecha toma fuerza en multiplicidad de barrios populares. Esto por un lado, pero por el otro no tardaron en verse en la calle, desafiando a la policía y al virus mismo, a centenares de vendedores jalando sus carretillas y anunciando con sus características grabaciones: aguacates, verduras, compra de reciclaje, mazamorra caliente, arroz con leche, vidrios para proteger su teléfono, y otra variedad de productos y servicios.

Otros no protestan ni se atreven a llenar calles, pero la economía ya los reventó. A finales de abril las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía fija) informaron que 3.9 millones de hogares habían dejado de pagar servicios

En esa misma semana del cuarto mes del año la Asociación nacional de industriales (Andi) confirmó que 540 mil empresarios no poseían reservan con que pagar la quincena de sus empleados, es decir, a cerca de 8 millones de trabajadores no les llegaría de manera puntual el dinero a que tienen derecho por su labor diaria. Por su parte Fenalco, en igual sentido, confirmó luego de encuesta, que el 38 por ciento de las empresas que respondieron el cuestionario piensan cerrar o someterse a la ley de insolvencia. Y Acopi aseguró, por un lado, que por lo menos el 20 por ciento de sus asociados localizados en Bogotá y Cundinamarca cerrarán sus empresas y, por el otro, confirmó que los ahorros de sus asociados ya estaban al límite. Por su parte la asociación que agrupa a los propietarios de restaurantes, con 92 mil asociados, informó durante la segunda semana de mayo la decisión de 22 mil de ellos de no reabrir nunca más sus negocios. Es decir, la crisis marca el paso y el desempleo se hará sentir con fuerza mayor por todo el país en los meses venideros.

 

Alternativas


Según un personaje que fue candidato a la presidencia en pasados comicios, y con seguridad lo será de nuevo en las elecciones del 2022, la vía para remediar esta crisis es que los trabajadores la asuman como suya, y aporten con parte de sus escasos ingresos a sus patrones para que salgan airosos de la misma. Haciendo las veces de bufón de la Corte, “infla globos para ver dónde caen” y realiza malabares para que los príncipes miren los gestos de la concurrencia y concluyan el ambiente que podrían encontrar al poner en marcha una u otra medida de carácter económico, político o social.

De acuerdo a su (in)comprensión de la realidad en curso, ante la crisis económica en creciente hay que proseguir con las mismas políticas que dieron paso a lo que hoy vivimos: capitalismo salvaje, neoliberalismo puro y duro, socialización de pérdidas y privatización de ganancias, propuestas que, con seguridad, en próximos meses o pasado un tiempo mayor, darán forma a las ansiadas por el empresariado reformas laboral, pensional, quebrarán el salario mínimo, darán pie al contrato por horas, y otro cúmulo de salvajadas que desnudan el carácter de clase de quienes ostentan el poder en este país.

Contrario a esa simpleza, a esa ceguera del capital, desde sectores alternos se propone poner en marcha, por un lado, una renta básica extraordinaria de emergencia –por tres meses–, a través de la cual se garantice un salario mínimo legal vigente (877.803 pesos por mes), para tres millones 268 mil hogares –pobres y vulnerables–, según algunas estimaciones, y cuatro millones 358 hogares según otros cálculos. “Este monto mensual supera en más de 12 veces mes el dinero que entrega el gobierno por medio del programa Familias en acción, de lo cual puede deducirse que es un aporte que garantizaría sobrellevar una cotidianidad en mayor dignidad, pudiendo respetar el confinamiento obligatorio por el orden nacional”*.

Pero también incluyen a otros sectores en sus propuestas. Esta renta debe llegar a los propietarios de micronegocios, entre los cuales suman 1.500.000, cada uno de los cuales emplean entre 3 y 9 personas en sus negocios, apoyo condicionado al no despido de ninguno de sus trabajadores, y al compromiso de formalización una vez superada la pandemia.

Una renta básica extraordinaria realizable, toda vez que su costo asciende a 13 billones de pesos, o el 1,2 por ciento del PIB, es decir, una iniciativa política y económica totalmente realizable, mucho más si se logra centralizar los recursos destinados para los programas o subsidios del orden nacional ya relacionados –Familias en Acción, Adulto mayor, Jóvenes en acción, y otros–. Queda claro, es una iniciativa que solo reclama voluntad política. Voluntad indispensable para que el ¡Quédate en casa! cuente con soporte real, es decir, para que el confinamiento como medida más expedita para neutralizar el covid-19 no someta a cientos de miles de familias, a millones de personas, a padecer hambre ni a ver como se escurren los pocos ahorros con que pudieran contar.

Una iniciativa que, para hacerse realidad incluso mucho más allá de los tres meses propuestos, es decir, para que cubra todos los meses que dure la crisis de salud pública e, inclusive, algunos meses más allá, pudiera echar mano, para los años 2021 y 2022 de un impuesto al patrimonio que pagarían las personas más ricas del país “[…] con tarifas nominales progresivas –por ejemplo, entre el 5 y el 12 por ciento– para aquellos patrimonios superiores a los $ 100 mil millones, lo que permitiría un recaudo adicional entre $ 5.0 y $ 8.0 billones año”**.

Pero si hicieran falta más recursos para hacer realidad una política social justa, incluyente y acorde con las circunstancias que padecen millones de empobrecidos y de otros cientos de miles en riesgo de serlo, el gobierno nacional podría recurrir a una renegociación de la deuda externa que postergue los pagos por realizar en los próximos 3 o 4 años, y destinar esos miles de millones de dólares a la inversión social.

Las enseñanzas que va dejando la pandemia son muchas, pero entre ellas destacan dos: 1. La crisis la deben asumir quienes más tienen, y quienes detentan el poder en el país, proceder por vía contraria es llevar a cientos de miles de familias a un empobrecimiento mayor al que hoy padecen. 2. No es responsable, política ni éticamente, someter al encierro a millones sin procurarles las condiciones mínimas para sobrellevar estos meses de encierro y brazos caídos; no dar cuenta de ello es barrer con sus derechos humanos fundamentales.

 

* Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique, "Medidas sociales y económicas de emergencia ante la pandemia del covid-19 en Colombia. Visión desde una economía política de inclusión social", pp. 160 Ediciones Desde Abajo, mayo 2020.
** Id.

 


 

La crisis social, en salud y economía acelerada por la irrupción del covid-19, desnudó la realidad de la desigualdad en todos los órdenes que caracteriza a Colombia. En esas condiciones, el confinamiento, medida a través de la cual el gobierno pretende contener la multiplicación del virus, aparece como estrategia a la cual se pueden incorporar quienes tienen ingresos fijos pero no más de la mitad de la fuerza laboral con que cuenta el país, que vive del rebusque diario. Para ese inmenso sector, es indispensable procurar una renta básica que equivalga siquiera a un salario mínimo mensual, al menos durante tres meses pero ojalá mientras dure el confinamiento.


Esa medida, junto con recursos impositivos, de congelamiento del pago de la deuda externa por varios años, de un impuesto transitorio a los sectores ricos y más ricos de la sociedad, son parte de las sustentaciones planteadas por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en los ocho capítulos que integran su nuevo libro: "Medidas sociales y económicas de emergencia ante la pandemia del covid-19 en Colombia. Visión desde una economía política de inclusión social".


Quienes se acerquen a esta obra encontrarán a lo largo de la misma los argumentos y las sustentaciones económicas que permiten descubrir la estructura económica que le da cuerpo a una sociedad de exclusiones históricas y favoritismo tributario, soporte del carácter mismo del Estado y del régimen político que define a la Colombia de hoy.

Este libro, virtual, es posible adquirirlo y descargarlo ingresando a la librería de Ediciones Desde Abajo (aquí enlace).

Su precio de venta al público es de $ 23.000.

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El impreso de este mismo volumen, estará disponible en 20 días, su precio de oferta, si lo adquiere ahora es $ 32.000.


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Video relacionado


https://youtu.be/w2yjhxxyIv0

 

 

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Información adicional

  • Autor:Equipo desdeabajo
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº268, mayo 20 - junio 20 de 2020
Visto 196 vecesModificado por última vez en Domingo, 31 Mayo 2020 10:46

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