Martes, 28 Julio 2020 05:30

Viabilidad y posibilidad de una Renta Básica en Colombia*

Escrito por Felipe Martínez
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Viabilidad y posibilidad de una Renta Básica en Colombia*

El principal argumento a favor de la Renta Básica Universal se fundamenta en el punto de vista de la justicia. La justicia social, según creo, requiere que el diseño de nuestras instituciones esté orientado a asegurar mejor libertad real para todos. Van Parijs.

 

La historia de injusticia, violencia y exclusión contra las mayorías nacionales deja hoy a Colombia como uno de los países más desiguales de la región y el mundo. Mientras quienes detentan el poder se empeñan en acumular riquezas y proteger sus intereses, profundizan la desigualdad entre los 50 millones que somos. Diversos indicadores nacionales e internacionales así lo evidencian y algunos ejemplos de esta realidad son: 1) Según la Ocde en Colombia se necesitan 11 generaciones (250 años) para que una persona salga de la pobreza y ascienda a la clase media; 2) El Gini de desigualdad es de 0,528 y el de concentración de la tierra registra 0,829; 3) Los estratos altos concentran el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático; 4) La pobreza en el campo afecta al 41,1 por ciento, con un mal mayor: la indigencia cubre al 33 por ciento de sus pobladores; 5) La indigencia en las zonas urbanas alcanza el 7 por ciento y la pobreza ronda el 24,4 por ciento; 6) El 52,1 por ciento de los hogares vive en condiciones de arriendo o subarriendo. Todo esto sin tomar en cuenta el empobrecimiento generalizado producto de la actual recesión capitalista.

Son indicadores que evidencian un modelo económico y social de espalda a las mayorías, sin garantías de vida digna, dominantes por décadas, mucho antes de la pandemia, es decir, la crisis económica y social que hoy vivimos no responde únicamente al virus, sino que éste profundizó y sacó a la luz toda la pobreza y precariedad en la que vivían y viven las mayorías en nuestro país.

Mayorías sometidas a un confinamiento obligatorio desde el 25 de marzo, como recurso del poder para ganar tiempo y así tratar de ajustar un sistema de salud precarizado, que nunca ha estado a la altura de las necesidades del país. Encierro que paralizó, al mismo tiempo, el aparato productivo y redujo el consumo.

Un confinamiento a partir de multiplicar el miedo por el posible contagio y muerte que no repara en la economía de la gente, en sus condiciones de vida y que, en vez de ofrecer garantías de vida digna, ofrece migajas como paliativos a la precarización de la vida, ejemplo de esto son los $480.000 divididos en tres meses del “Programa Ingreso Solidario” del gobierno nacional o para el caso de Bogotá la supuesta “Renta Básica” de $240.000 o un mercado insuficiente para algunas personas.


Precisamente, tratando de remediar esta realidad, diversos actores sociales, políticos y académicos, demandaron del gobierno nacional la materialización de una Renta Básica extraordinaria de emergencia (con un salario mínimo mensual) durante tres meses, propuesta que una vez llevada al Senado fue flexibilizada en su forma de concreción, reduciendo el monto de la renta en su entrega mensual al distribuirla en cinco meses. La propuesta, hundida, mantiene vigencia y espera la presión social para hacerse realidad.

Mientras así ocurre, ¿cuáles son las medidas tomadas por el gobierno para mitigar los efectos de la crisis en curso? ¿Es viable y posible una Renta Básica en Colombia? ¿En qué consiste?

La precariedad de un país en crisis

Según cifras del Dane, en Colombia hay 22 millones de habitantes ocupados, de estos el 19.1 por ciento se encuentra en el sector comercio y reparación de vehículos, 16 por ciento en el sector agropecuario, 11,3 por ciento en industrias manufactureras, 10,4 en administración pública, 8,1 trabaja en alojamiento y servicios de comida, 7,1 en construcción, 7,0 por ciento en transporte, almacenamiento y otros1. Vale la pena decir que la mayoría de estos sectores fueron afectados por la medida del confinamiento obligatorio.

Informalidad en ascenso. El 39 por ciento de las personas ocupadas son empleados particulares, el 3,6 por ciento empleados del gobierno (trabajadores formales) y el 43 por ciento se declaran por cuenta propia. ¡Sorprendente! Los trabajadores informales representan más del 50 por ciento de las personas ocupadas en el país, sumando 13 millones de ellas2.

Penosa realidad. Casi la mitad del conjunto de los trabajadores informales viven en precariedad, tanto en ingresos como en condiciones laborales (no tienen contrato fijo, prestaciones sociales, etc), por lo que son considerados como vulnerables, pues con lo único que cuentan es con ingresos de subsistencia mínima, baja productividad y nula capacidad de ahorro, razón por la cual no logran soportar un recorte de ingresos como se presenta con el confinamiento obligatorio, pues viven del día a día.

Desempleo en ascenso. Solamente entre febrero y marzo de este año se perdieron 1,5 millones de empleos, en abril otros 5 millones fueron despedidos de sus trabajos. Según el Dane la tasa nacional de desempleo ronda el 22 por ciento y amenaza con llegar al 25 o más. Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aún: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo, es decir salieron de la población económicamente activa ante la desesperanza de encontrar algún trabajo; por tanto al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellas personas de la fuerza de trabajo que cayeron en la desesperanza (2.818.589), el número real de desempleados en el país suma 7.512.518 y la tasa de desempleo se eleva a 34,2 por ciento3.

Todo lo anterior tiene un agravante, la situación de millones cada vez será peor pues aún no tenemos total certeza de los fuertes impactos económicos que sufrirá el país hasta el momento de superada la pandemia, con la extrema pauperización que ello implicará para quienes sobreviven al día a día y que podrían caer, unos, en mayor pobreza y otros en la pobreza extrema, e indigencia, en los próximos meses.

Ante esta realidad es necesario, como primera medida, la atención temporal de emergencia por parte del gobierno para garantizar mínimas condiciones de vida, pues los efectos y consecuencias del confinamiento son la tajante pérdida de ingresos cotidianos, por lo que muchas personas optaron por romper el aislamiento quedando en alto riesgo de contagio del virus, agudizando así las graves falencias del sistema de salud pública que no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la población.

Medidas del gobierno para enfrentar la crisis

La lógica del centralismo. La primera medida de financiamiento del gobierno Duque para atender la emergencia de salud pública fue el Decreto 417 del 17 de marzo, donde declara el estado de emergencia económica social y ecológica en todo el territorio nacional, dejando el camino libre para expedir múltiples decretos que evidencian un sistema de corresponsabilidad a la inversa, donde las entidades con menor capacidad fiscal para generar recursos propios (departamentos y municipios) le prestan forzosamente al Gobierno Central –la entidad con mayor capacidad financiera y fiscal–. Evidencia de esto es el Decreto 444 del 2020, mediante el cual de manera unilateral el gobierno central puede recurrir a los recursos “a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización –FAE– del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales –Fonpet– a título de préstamo o cualquier otro que se requiera”4.

Así mismo, basados en el Decreto 417 se da vía libre a la privatización del denominado grupo bicentenario, compuesto por 18 entidades ligadas al sector financiero, donde el gobierno tiene una participación del 95 por ciento y el patrimonio asciende a 16 billones. Adicional a esto el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla solicitó un crédito por US$11.000 millones al FMI para enfrentar la pandemia, endeudando apresuradamente al país, dejando a un lado medidas más óptimas cómo implementar un impuesto transitorio de emergencia al patrimonio de las personas naturales ricas, así como suavizar el perfil de la deuda externa al menos durante los años 2020 y 2021, como en última instancia darle paso a una emisión primaria por parte del Banco de la República5. En vez de esto hemos escuchado propuestas como la hipoteca inversa mediante la cual sale beneficiado el sector financiero y los ricos del país a costa de las mayorías.

¿Subsidios o Renta Básica?

La lógica del absurdo. En nuestro país se ha implementado un modelo de subsidios que supuestamente ayudan a paliar la situación de pobreza y vulnerabilidad. Los principales programas que existen son: Familias en Acción y Jóvenes en Acción que reciben $67.000 al mes y Colombia Mayor que reciben $80.000 mensuales. El 4 de abril del 2020 el gobierno expidió el Decreto 518 con el cual se crea el “Programa Ingreso Solidario”, que pretende realizar transferencias de $480.000 en tres giros de $160.000 cada uno a personas y hogares “en situación de pobreza y vulnerabilidad” que se han visto afectados por la medida del confinamiento obligatorio. Uno de los requisitos para ser beneficiario de este último subsidio es no estar dentro de los otros programas o programas de subsidio.

Esta lógica de subsidios mínimos, además de reflejar el desprecio de la clase política dirigente del país con los más vulnerables (para quienes solo dan menos de lo mínimo), saca a la luz un problema estructural de la institucionalidad: no cuentan con una base de datos real del país. Actualmente las bases con las que cuenta el gobierno son las del Sisben, Registro Único de Víctimas, régimen subsidiado de salud, Icbf, Sena, Pila y los programas de subsidios, sin embargo, estas bases no se conectan entre sí, lo que trae un agravante, deja por fuera a millones; se estima que más de un millón y medio de personas no están incluidas en ningún programa social ni han sido identificadas, que sumado a las cifras de informalidad laboral y desempleo, es claro que son millones quienes necesitan ayuda por parte del Estado para soportar las consecuencias de la pandemia. Cifras de connacionales cada vez más ampliadas ante la evidente caída en la pobreza de un importante porcentaje de la clase media.

En estos momentos de crisis y dada la necesidad de identificar a la población más vulnerable, escondida tras los acróbatas de las cifras del gobierno, resulta prioritario disponer toda la infraestructura tecnológica y el capital humano del Dane y del Departamento Nacional de Planeación para identificar a las personas vulnerables que no están incluidas en los programas asistenciales con miras a prestarles atención y otorgarle ayudas a la mayor brevedad posible.

Una Renta Básica de emergencia para un grupo poblacional determinado afectado por los impactos causados por la pandemia, para garantizarle condiciones más básicas de subsistencia –mínimo vital– por un periodo de tiempo establecido. Esta iniciativa se justifica plenamente en el artículo 1 de la Constitución Política, en donde se establece que la acción pública debe garantizar condiciones de vida dignas a la población, y primordialmente a la más desfavorecida.

La propuesta de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia implicaba otorgar una transferencia no condicionada a los hogares más vulnerables del país de un (1) salario mínimo legal vigente ($877.803 por mes) durante tres meses, la población beneficiada por esta medida sería de cinco (5) millones de hogares (lo que cubriría a 20 millones de personas) y los costos fiscales que proyectaban eran de $16.5 billones en 2020, lo que implicaba únicamente el 1.51 por ciento del PIB.

Sin embargo, la propuesta presentada en el Congreso fue de una Renta que entregue transferencias durante cinco meses repartidos de la siguiente manera: primer mes un (1) salario mínimo legal vigente (Smlv); segundo por el 80 por ciento del Smlv; tercero por el 50 por ciento del Smlv; cuarto sería de una transferencia del 40 por ciento del Smlv, y el quinto por el 30 por ciento del Smlv. Los costos fiscales de esta iniciativa suman aproximadamente 23.7 billones de pesos, lo que representa el 1.71 por ciento del PIB, y beneficiaria a nueve (9) millones de hogares (alrededor de 30 millones de personas).

Implementar la Renta básica traería varios beneficios, entre otros: favorecer de una manera más clara a la población vulnerable que recibe variedad de montos –vía subsidios– que son escasos, así mismo, beneficiaria a millones que no se encuentran registrados en las bases del gobierno como población vulnerable pero que en realidad lo son. La experiencia con la Renta Básica extraordinaria contribuirá a racionalizar, perfeccionar y replantear una multiplicidad de programas que se vienen aplicando desde hace varios años y que son ineficaces para identificar la población.

¿Cómo financiar esta Renta básica?

Impuesto para los ricos del país. Lo que se propone es la implementación de un impuesto de renta extraordinario y temporal –por dos años– para las personas naturales superricas y las supersuperricas, es decir desde el 1 por ciento, el 0.1 y hasta el 0.01 por ciento de los ricos del país, quienes, en la actualidad, producto de una estructura tributaria pro-ricos, están pagando un impuesto de renta casi equivalente a la tarifa promedio de las clases medias6.

Esta medida puede ser tomada, así como cuando en la administración Uribe se impuso un impuesto al patrimonio para financiar la guerra, pero esta vez el impuesto sería para favorecer a los más vulnerables del país. Si la implantación de las tarifas progresivas se realizan del 5 por ciento llegando hasta el 12 por ciento para los patrimonios superiores a los $100 mil millones, se tendría un recaudo adicional de las finanzas del Estado de entre $5.0 y $8.0 billones al año.

Un reto por encarar

 

Probablemente esta iniciativa quedará en ideas y se hundirá en el Senado, pues materializarla implica que el poder dominante en Colombia de un quiebre y pare por un momento su modelo de gobierno, que básicamente es un gobierno de ricos para beneficiar a los ricos. De lograrse materializar la propuesta de Renta Básica, la sociedad en su conjunto tendrá una victoria y será un momento crucial para hacer entender que es posible decidir sobre las finanzas del Estado para el beneficio del común, que la economía es un asunto de todos y todas, y de allí se desprenderá el reto para el conjunto del movimiento social de comenzar una discusión más profunda y crucial, simultánea con su movilización, para que la Renta básica sea universal y permanente. Reto inmenso para ir abriendo camino hacia otro modelo económico, social y político. En fin, solo el tiempo dirá lo que nos espera.

 

* El presente texto busca aportar en la discusión de Renta Básica y se sustenta en los artículos de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia “Medidas de emergencia para mitigar los efectos socio-económicos de la propagación del coronavirus –COVID-19. Una visión alternativa a la gubernamental”, “Impactos y Financiación de Medidas Socio-económicas de Emergencia relacionadas con la Pandemia del COVID-19 en Colombia” y “Renta básica extraordinaria como medida social de emergencia para enfrentar algunos de los impactos de la pandemia del COVID-19 en Colombia” publicados el 25 de marzo, abril 6 y abril 26 de 2020 respectivamente.
** Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.
1 Ver: Garay y Espitia (2020), “Medidas de emergencia para mitigar los efectos socio-económicos de la propagación del coronavirus -COVID-19. Una visión alternativa a la gubernamental”.
2 Ver: Garay y Espitia (2020). “Medidas de emergencia para mitigar los efectos socio-económicos de la propagación del coronavirus –COVID-19. Una visión alternativa a la gubernamental” y “Renta básica extraordinaria como medida social de emergencia para enfrentar algunos de los impactos de la pandemia del COVID-19 en Colombia”.
3 Ver: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/39921-cuando-aplanamos-la-curva-de-la-desigualdad-social.html y Libardo Sarmiento Anzola “Colombia, desplome económico y social” en Le Monde diplomatique edición Julio 2020.
4 Ver: Garay y Espitia (2020). “Medidas de emergencia para mitigar los efectos socio-económicos de la propagación del coronavirus -COVID-19. Una visión alternativa a la gubernamental”.
5 Ídem.
6 Ver: https://desdeabajo.info/ediciones/item/37128-colombia-estructura-tributaria-desigualdad-en-creciente.html

 

 

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Información adicional

  • Autor:Felipe Martínez
  • País:Colombia
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº270, julio 20 - agosto 20 de 2020
Visto 141 vecesModificado por última vez en Lunes, 27 Julio 2020 18:17

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