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Domingo, 07 Marzo 2021 05:32

El CRIC colombiano cumple medio siglo de lucha indígena

Escrito por Berta Camprubí
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Mural homenaje a los 50 años de existencia del CRIC. Foto: Javier Silva Mural homenaje a los 50 años de existencia del CRIC. Foto: Javier Silva

El Consejo Regional Indígena del Cauca recuperó entre los 70 y los 90 más de 70.000 hectáreas de las manos de terratenientes colonos. Con el acceso a derechos diferenciales, su lucha se ha visto transformada.

 

“Esas tierras no son del arzobispo sino de los indígenas, que se las han arrebatado de sus manos. Entonces compañeros, nosotros lo que debemos de contestar cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirigen el hambre y la necesidad“. El registro audiovisual de esta joven del pueblo originario kokonuco data de 1974 y se puede encontrar en el documental Nuestra voz de tierra, de la documentalista Marta Rodríguez. Miles de comuneros y comuneras de los pueblos originarios que habitan la cordillera central andina en Colombia se organizaron a inicios de la década de los 70 para recuperar los territorios donde sabían bien que estaban enterrados sus abuelos y abuelas.

Lo empezaron a hacer a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1967, pero “la concepción de la tierra fue la que marcó la diferencia: nosotros necesitábamos el territorio para vivir y para construir vida, para reconstruir nuestra cultura, nuestra familia, nuestros lazos con la Ley de Origen”, explica Ana Alicia Chocué, lideresa del pueblo nasa y coordinadora pedagógica del Programa de Educación Bilingüe Intercultural del CRIC. El hambre y esa concepción integrada con la tierra, hicieron posible que el 24 de febrero de 1971 se fundara en el Resguardo Indígena de Tacueyó, en el norte del departamento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo los lemas de “Unidad, Tierra y Cultura”.

El eje histórico: la recuperación de tierras

Juan Tama de la Estrella, legendario cacique del pueblo nasa, logró en 1700 que la corona española reconociera legalmente los territorios indígenas del departamento del Cauca y parte del Huila. Más allá de la ancestralidad de sus tierras, esos títulos de resguardo coloniales y la Ley 89 de 1890, “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada” y que define los cabildos como su forma de organización propia, fueron los instrumentos legales que las comunidades indígenas de los 70 utilizaron para empezar a sacudirse los terratenientes de encima. Gracias a la capacidad organizativa del CRIC, muchos lograron dejar atrás la servidumbre y pusieron fin, lentamente, al sistema que los obligaba a trabajar a cambio del derecho a vivir y cultivar pequeñas parcelas que les habían sido anteriormente arrebatadas, el famoso terraje.

Una de las primeras fincas recuperadas fue la de Cobaló, en territorio Kokonuco, propiedad del arzobispo de Popayán Monseñor Arce Vivas, en 1971. De las 13.000 hectáreas que hoy tiene el Resguardo de Kokonuco, antes de las recuperaciones solo se conservaban, de la época colonial, 1.688. Las recuperaciones de tierras avanzaron en el norte y oriente del Cauca a pesar de la capacidad manipuladora de la religión y de la violencia ejercida por los terratenientes, el Estado y la iglesia que se recrudeció de manera brutal en la década de los 80.

En 1984, durante la recuperación de la finca Lopezadentro del Resguardo Indígena de Corinto, fueron asesinados por grupos armados de los terratenientes, en aquella época llamados “Los Pájaros” —los paramilitares de hoy—, cinco recuperadores de tierra del pueblo nasa, entre ellos una niña de siete años. Quien llevó esos comuneros hasta el hospital y celebró una misa en su honor en la tierra recuperada regada de sangre, fue el primer sacerdote indígena de Colombia, el padre Álvaro Ulcué Chocué. Este nasa, oriundo del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono, defendía la legalidad y legitimidad de la recuperación de tierras indígenas ante gobiernos, ejércitos y terratenientes. Pocos meses después de la masacre en Lopezadentro, el padre Álvaro era asesinado a bala en las calles de Santander de Quilichao, capital del norte del Cauca.

La necesidad de las armas

Esa fue, posiblemente, la muerte que agotó la paciencia de la resistencia pacífica ejercida por las comunidades indígenas organizadas de aquel momento. Y las armas no eran precisamente algo desconocido en estas tierras. Como relató el sociólogo Alfredo Molano, “todas las guerras han pasado por el Cauca. La gente se acostumbró a vivir en esa zozobra”. Desde las Guerras de Liberación del siglo XVI protagonizadas por la Cacica Wey Tama o Gaitana, quién logró unir a pueblos históricamente enemistados en un gran ejército que enfrentara los colonizadores españoles encabezados por Sebastián de Belalcázar, hasta la guerra de los 1000 días, alrededor de 1900, que puso soldados indígenas en ambos frentes de batalla, el de los conservadores y el de los liberales, a matarse entre ellos en nombre de una patria.

De modo que cuando el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) se alzó públicamente en armas ese mismo 1984, las comunidades lo recibieron con alegría. Se llamaba así por “el indio Quintín Lame”, para seguir citando al gran Alfredo Molano, quién en los años 1920, “encarcelado, perseguido con saña, logró sin embargo crear un corredor de lucha indígena entre Popayán y Chaparral y agitar en Bogotá, frente a los “altos poderes”, las banderas indígenas”. El MAQL, primera guerrilla indígena de América Latina, se erigía para garantizar la recuperación de territorios ancestrales indígenas ante la barbarie de los terratenientes.

Que otros reconozcan tus derechos

Si bien se alió y caminó las montañas del Cauca al lado de guerrillas como el M-19, el Quintín Lame funcionó más como una autodefensa del pueblo nasa que, sin embargó contó con miembros imprescindibles externos como Luis Ángel Monroy, el primer comandante del MAQL, de origen afro, asesinado en 1985 o Pablo Tattay, miembro de la dirección política, original de Hungría, quién vive en Popayán. En 1991, en una desmovilización ejemplar, el Quintin Lame logró una representación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente. Ésta resultó en una Constitución Política que reconoce y protege “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, y que permitió la entrada a las instituciones políticas de una fuerza electoral indígena, la Alianza Social Indígena.

El primer senador originario, Anatolio Quirá, del pueblo kokonuco, dio la pelea para que quedara establecida la entrega de un 0,52% de los recursos del Sistema General de Participaciones a los cabildos indígenas para poder ejercer sus gobiernos propios con más garantías. Con eso, y en la medida en que las comunidades han podido —o se han visto obligadas a— prepararse administrativamente para poder recibir estas transferencias del estado, muchos territorios cuentan hoy con sistemas de educación propia indígena, programas de salud basados en la medicina tradicional o centros de armonización que, de la mano de la Jurisdicción Especial Indígena, sustituyen las cárceles punitivas.

Con la entrada a la Constitución del 91 y “a pulso de luchas y de movilizaciones, a sangre y fuego hemos logrado normas que nos ayudan. Cada decreto ha costado dos, tres vidas de compañeros, y así hemos logrado crecer en lo institucional, en lo electoral”, asegura Chocué, “pero con eso seguramente descuidamos los principios de unidad, tierra y cultura y nos enmarcamos mucho (en lo administrativo). Hoy existen unos vacíos en nuestros jóvenes en términos de identidad. Las que ya estamos viejas, vemos que ahí fallamos y estamos tratando de reconstruirnos, tenemos que ser pueblos verdaderos, tenemos que hablar de identidad, pero de corazón”, asevera un tanto emocionada.

Institucionalidad y defensa del territorio

La amplia llegada de recursos económicos a los cabildos y asociaciones regionales de cabildos, sumada al reconocimiento de derechos diferenciales, ha hecho que en muchas ocasiones estar censado como indígena signifique tener acceso a una mejor prestación de salud o dejar de pagar un impuesto ordinario, unos beneficios fácilmente deseados por una población rural precarizada y marginalizada que habita uno de los departamentos históricamente más golpeados por la guerra. Además, la remuneración de tareas que anteriormente se hacían de manera militante ha implicado también la creación, dentro del movimiento indígena, de un creciente aparato burocrático institucionalizado que inevitablemente acarrea consigo dinámicas de meritocracia, profesionalismo y verticalidad.

“Lo indígena aún es muy fuerte y valoramos la fuerza que tiene el CRIC, la capacidad de convocatoria, pero la forma en que se ha institucionalizado también la cuestionamos, por ejemplo, con la educación, ahí estamos en un camino prestado todavía”, asegura Gentil Guejia, nasa de la región de Tierradentro que impulsa los procesos de educación desde la tulpa, el centro espiritual del pueblo nasa. “Nuestros mayores tenían muy claro que lo espiritual estaba conectado y por encima de lo político”, sigue Guejia, “ahora se ve una ausencia. Queremos lo propio, pero siempre estamos trabajando y definiéndonos en función de lo de afuera —lo occidental— y eso es lo que nos tiene enredados”.

Esa coyuntura interna, sumada a la persistencia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el estado colombiano, de la guerra en los territorios, propician que las comunidades vivan sumidas en complejas contradicciones. La recuperación de tierras, que resiste solo en el norte del Cauca con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, ya no es la principal tarea de los procesos de lucha. Defender el territorio y la vida —desde el año 2000 con un cuerpo comunitario de paz reconocido ya internacionalmente cómo la Guardia Indígena —ante la presencia de grupos armados que administran el negocio del narcotráfico ha sido el motivo por el cual han matado en los últimos años a comuneros, guardias y autoridades indígenas como Edwin Dagua, asesinado en el Resguardo de Huellas Caloto en diciembre de 2018 y Cristina Bautista, asesinada en el Resguardo de Tacueyó en octubre de 2019.

Contradicciones y diversidades

En los últimos 15 años la organización ha crecido mucho y se ha complejizado y diversificado. Si en 1971 fueron siete los cabildos que dieron origen al CRIC, hoy éste articula a 127 autoridades tradicionales pertenecientes a diez pueblos indígenas del departamento del Cauca, que va de los Andes hasta el Pacífico. Y si durante los primeros años de organización las reuniones eran en voz bajita y los canales de comunicación totalmente clandestinos, los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca se han celebrado por todo lo alto en un ambiente festivo lleno de grandes carpas, tarimas y pantallas y entre más de 20.000 comuneros y comuneras, representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, delegados de otros pueblos étnicos y simpatizantes del CRIC.

Durante cinco días de celebración, con una programación a base de ponencias sobre temáticas sociales y políticas y de música y danzas andinas, propias y prestadas, acompañadas del tradicional chirrincho, agua ardiente artesanal, la mayoría de oradores en tarima han sido hombres. Y es que, en el presente, —y los espacios de mujeres se cuestionan que ancestralmente haya sido así— los principales liderazgos indígenas en Colombia son masculinos. Uno de los más visibles, por su actividad política y mediática como senador de la República, es Feliciano Valencia, nasa del norte del Cauca.

Visiblemente molesto con la presencia del uribista ministro del interior en la celebración de los 50 años del CRIC, Valencia asegura que “debemos reconocer que hay contradicciones, pero lo más importante es que estamos unidos bajo un solo proyecto, la pervivencia y la lucha por la tierra.”“Hay gente que desde los resguardos está celebrando este aniversario de otra forma, brindando desde los sitios sagrados dándole fuerza al CRIC. Esa es la diversidad, y la contradicción, que nos representan y por eso habrá CRIC para rato”, continua Valencia. Los contrastes si existen: en el aniversario vemos desde los médicos tradicionales que hacen ofrendas al fuego y “a los espíritus de la naturaleza”, tal como ellos los nombran y sienten, hasta los dirigentes de la organización que recientemente han pactado una “reactivación económica” con el Ministerio de Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo promotor de megaproyectos extractivistas en América Latina.

Transformaciones y desafíos

Feliciano Valencia asume como retos del CRIC, llegar a ejercer una autonomía real, seguir “defendiendo la vida, ante tanta masacre” y darle a la mujer “el espacio que se merece: no tenerla a un lado, no tenerla atrás como a veces alegremente decimos, sino en su sitio, valorada, respetada y escuchada”, afirmación novedosa en un líder como Valencia. En ese sentido, existe una transformación muy lenta, pero mujeres de los distintos pueblos, inspiradas en la lucha de la Cacica Gaitana, cada vez golpean más fuertemente una pared que sigue firme, de piedra, pero que va poco a poco agrietándose.

Dan golpes como el reconocimiento que el Programa Mujer del CRIC hizo a los aportes invisibilizados de 35 mujeres mayoras en los 50 años de lucha del CRIC. O como este llamado de atención que la lideresa del pueblo misak Ascención Tunubulá hizo a la multitud indígena el pasado 24 de febrero: “Muchas compañeras dieron su vida por este proceso de lucha y de recuperación. Yo les digo a nuestros hombres, a nuestros esposos, que valoremos a nuestras mujeres porque gracias a ellas es que tenemos nuestros territorios, ellas son las tejedoras de vida. Hay que darle ese valor, ese realce y esa dignidad a la mujer”, exclamó en su lengua propia, el namrik.

Por ahora, de los nueve consejeros del CRIC, una es mujer, y de los diez de la Organización Nacional Indígena de Colombia, solo dos lo son. Una de ellas es Aida Quilcué, mujer nasa de Tierradentro históricamente perseguida por unos y otros, erigida como defensora de derechos humanos después de que las FARC asesinara a su compañero y articuladora de luchas con otros pueblos. De las que sabe aterrizar su discurso a las problemáticas presentes con cierta reflexión autocrítica, parada en la tarima ante unos 10.000 comuneros y comuneras, aconseja: “Revisémonos hacia adentro, kwe’sx le'cxkwe puutxwe'weka, kwe'sx fxi'jzenxi's le'cxkwe the’guka”, afirma en su lengua propia porque sabe que no es lo mismo que hablar en la que llaman “lengua prestada”. “Hagamos lo que ustedes, la comunidad, han denominado la Minga hacia adentro, ir hacia la vida que nos identifica a nosotros desde las raíces, eso es parte de la resistencia”, asevera Quilcué.

“Nos corresponde necesariamente caminar hacia adentro, y así llegar al seno de la familia, para mirar cómo conversamos con ellos y generar un camino. Y ese camino tiene que reafirmarse en la identidad y la cosmovisión propia que son las que están en riesgo”, asegura el mayor Gentil Guejia. Una tarea compleja teniendo en cuenta lo que Aida Quilcué denomina una “invasión política, cultural y espiritual de 500 años”, pero que, sin duda, las comunidades del CRIC sabrán seguir haciendo, porque de ello, de la posibilidad de seguir viendo y viviendo el mundo desde otros paradigmas que no sean el occidental, depende que el CRIC y el resto de la humanidad puedan celebrar 50 años más de vida.

Por Berta Camprubí

Cauca (Colombia)

7 mar 2021 06:00

Información adicional

  • Autor:Berta Camprubí
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:El Salto
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