Lunes, 05 Abril 2021 08:10

¡Entre un 60-65 por ciento de la población es ahora pobre!

Escrito por Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora
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Carlos Mario Cano Restrepo, “Millonario nada más”, Necoclí, Antioquia. Septiembre 2012. https://www.flickr.com/photos/cmcr/8044049489/Carlos Mario Cano Restrepo, “Millonario nada más”, Necoclí, Antioquia. Septiembre 2012. https://www.flickr.com/photos/cmcr/8044049489/

A pesar de la manera como el covid-19 impactó sobre millones de hogares en nuestro país, al crecimiento del desempleo a niveles poco vistos, a la quiebra de ciento de miles de pequeños negocios, el gobierno nacional destinó uno de los montos de emergencia (2.3 respecto al PIB) más bajos aprobado por gobierno alguno en la región.

Cuando comenzaron a vislumbrarse en el mundo las implicaciones de la pandemia del covid-19, así como de la imposición de medidas estrictas de confinamiento para reducir la velocidad de propagación del virus, fue quedando claro que las afectaciones serían muy desiguales entre hogares según su estatus de ingreso y patrimonio, ocupación y actividad económica.

Por ello fue que en su momento empezó a llamarse la atención para que en Colombia el gobierno nacional junto con el Congreso de la República, y de manera coordinada y corresponsable con las Entidades Territoriales, tomaran medidas para evitar una profunda crisis social y económica. Ante la creciente conciencia de que una estrategia como el confinamiento impactaría desproporcionadamente a los hogares en pobreza y vulnerabilidad al no contar con condiciones de vida, de vivienda individual y de ingresos para refugiarse en su hogar.

En efecto, las condiciones de hacinamiento, la caída drástica de ingresos ante la imposibilidad de conseguir ingresos día a día por su condición de informalidad laboral y de dependencia del trabajo por cuenta propia, el marginamiento del mercado laboral especialmente de las mujeres ante sus mayores, históticas y prolongadas responsabilidades en labores del hogar y de cuidado de los menores y adultos mayores y, entre otros, el riesgo agravado de las mujeres a ser abusadas y tratadas injustamente en el encierro, constituían un entorno propicio al marcado deterioro de la calidad de vida, ya de por sí precaria, y del estado de salud de amplios grupos poblacionales en un país como Colombia.

Entre las medidas posibles de implementar, entonces se recomendaban desde diversos círculos la de una renta básica de emergencia para los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad y ayudas monetarias a los micronegocios como para el pago de nómina, caracterizados por ser altamente intensivos en empleo no calificado, entre otras. Y como fuentes de financiamiento se proponían, entre otros, la reducción del costo de la deuda pública con la refinanciación del servicio con la contratación de créditos frescos con mejores condiciones de plazos y tasas de interés, la emisión de títulos de deuda interna por parte del gobierno nacional, que en parte pudieran ser adquiridos en el mercado por el Banco de la República, la implantación del impuesto al patrimonio para las empresas con mayor músculo financiero y las personas naturales con mayores ingresos en el país.

Sin embargo, y pese a las evidencias que tenía ante sí, el gobierno nacional optó por una política social minimalista ya que si bien decidió la implantación de un programa social para 3 millones de hogares con una transferencia mensual por hogar, su monto apenas es equivalente a menos del 18 por ciento de la línea de pobreza monetaria por hogar, mantuvo en ese mismo nivel las transferencias condicionadas de los otros programas, sin aportar de manera decisiva a solucionar la drástica caída de los ingresos ni el agravamiento de la pobreza monetaria y la desigualdad de los hogares en el país.

Además, optó por asignar cuantiosos recursos públicos en forma de avales y garantías a través del sistema financiero para el otorgamiento de financiación a las empresas que requirieran liquidez a condiciones de mercado y con el mínimo riesgo para las entidades financieras, con el agravante de que vino a orientarse desmedidamente a las corporaciones y grupos empresariales más poderosos del país.

 

 


Recesión económica

Y lo vaticinado fue reafirmado por la caída de la economía colombiana, que observó una grave destorcida en el año 2020, en la medida en que el PIB cayó drásticamente en un -6.8 por ciento, la que se constituye en la segunda mayor caída en la historia desde que se cuenta con estadísticas confiables, superada por la de 1930 que llegó al -8.6 por ciento (Gráfico 1A). El desplome en 2020 llevó al PIB por habitante a retroceder en 7 años, al ubicarse en los niveles del año 2013 (Gráfico 1B).

Por ello, resulta importante destacar que cuatro sectores de la economía, que representan el 40 por ciento del PIB, observaron un crecimiento del 1.7 por ciento, mientras que el restante 60 por ciento presentó una caída del -12.2 por ciento.
El comportamiento de los sectores que presentaron un crecimiento positivo fue:

(i) Las “Actividades Inmobiliarias” crecieron un 1.9 por ciento entre 2019 y 2020.
(ii) La “Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales” alcanzó un crecimiento, en términos reales, de un 1.0 por ciento en 2020.
(iii) El sector de “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” observó un crecimiento del 2.8 por ciento en 2020.
(iv) Las “Actividades financieras y de seguros” crecieron un 2.1 por ciento en 2020.

Ahora bien, entre los principales sectores que explican la caída del -12.2 por ciento de los sectores económicos restantes, se encuentran:

(i) El “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida” tuvo una desaceleración en 2020 del -15.1 por ciento.
(ii) El sector de la “Construcción”, con una caída del -27.7 por ciento.
(iii) La “Industria Manufacturera” tuvo un decrecimiento de su actividad del -7.7 por ciento en 2020.
(iv) El sector de “Explotación de minas y canteras” decreció su actividad económica en -15.7 por ciento en 2020.
(v) Finalmente, los sectores de “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio”, “actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo”, “información y comunicaciones” y “suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental”, en su conjunto, decrecieron un -4.9 por ciento.


El proceso de “quiebras” en el caso de los micronegocios

De acuerdo con la información del Dane sobre micronegocios, en 2020 se redujo su número en un 8.7 por ciento al pasar de 5 millones 864 mil 673 en enero-octubre de 2019 a 5 millones 355 mil 259 en igual periodo de 2020. La mayor reducción se presentó en los centros poblados y rural disperso (10.9%) respecto a las cabeceras (8.7%). A nivel sectorial, la mayor reducción del número de micronegocios se produjo en los sectores de “Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas” con 205 mil 178 de ellos impactados, “Industria manufactura” con 101 mil 533 y “Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios” con 44 mil 589. El cierre de estos pequeños negocios está estrechamente relacionado con los cambios sucedidos en el número de empleos perdidos a nivel de actividad económica por ser relativamente intensivos en empleo, de ahí la conveniencia de brindarles apoyo gubernamental a través de subsidios a la nómina por un periodo más allá del corto plazo.


Caída drástica del empleo

La evolución del comportamiento económico se reflejó en los niveles de desempleo. Por ejemplo, en enero de 2020 el número de ocupados disminuyó en 105 mil personas respecto a enero de 2019 y en un millón 216 mil ocupados respecto al mes anterior, mientras que en el mes de abril la disminución de la ocupación fue de 5 millones 371 mil personas y de 4 millones 6 mil respecto del anterior mes de marzo.

A su vez, en el mes de diciembre de 2020 la reducción del número de ocupados fue de un millón 352 mil personas respecto al mismo mes del año 2019 pero con un aumento de 96 mil nuevos ocupados respecto al anterior mes de noviembre, lo cual mostraría una cierta recuperación parcial de la actividad productiva en los últimos meses del año, justo antes del surgimiento de la segunda ola de la pandemia del covid-19 (Gráfico 2).

 

 

La recuperación relativa del empleo dada en el mes de diciembre de 2020 resalta especialmente en el sector comercio y la industria manufactura, en estrecha relación con los denominados trabajadores por cuenta propia. Ahora bien, en el mes de enero de 2021 se produjo un drástico aumento en el desempleo del orden de 930.000 personas, concentrado en lo fundamental en los denominados trabajadores por cuenta propia vinculados a la industria manufacturera, el sector agropecuario, el transporte y con la administración pública, lo que podría deberse a la segunda ola pandémica como a la fragilidad de la ya muy disminuida demanda interna.

En consecuencia, a nivel nacional, en enero de 2021 mientras la tasa de desempleo en los hombres fue del 13.2 por ciento, en las mujeres fue de cerca del 23 por ciento y para las mujeres jóvenes hasta el 30 por ciento, para un promedio nacional del 17.3 por ciento, excepcionalmente elevada para ese mes del año.

Las ramas de actividad económica en las que se presentó una mayor caída en el número de ocupados en 2020 fueron “Comercio y reparación de vehículos” con la pérdida de 830 mil empleos, “Industria manufacturera” con una de 778 mil ocupaciones, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” con una de 694 mil empleos, “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” con una de 620 mil ocupaciones, entre otras (Gráfico 3).


Crisis social

El Dane desde el mes de mayo de 2020 introdujo en la Gran Encuesta Integrada de Hogares una batería de 11 preguntas con el objeto de monitorear la situación de los hogares respecto a la evolución de la pandemia del covid-19, de las cuales pueden extraerse las siguientes conclusiones:
(i) El número de los o las jefes de hogar que se han enfermado por covid-19 ha aumentado progresivamente a lo largo del año hasta llegar a un 5 por ciento a diciembre de 2020: 5.8 en cabecera y 2.7 por ciento en el resto, y una afectación algo superior para las mujeres (5.2% vs 4.9% para los hombres).
(ii) La proporción de jefes de hogar que ha enfrentado problemas para conseguir alimentos alcanzó hasta el 32 por ciento en el mes de mayo de 2020 y fue descendiendo lentamente hasta llegar a 17 por ciento en diciembre –con una mayor afectación para el caso de mujeres jefes de hogar–, con el agravante de que alcanzó niveles del 42 y el 21 por ciento en esos dos meses para los jefes en zona rural dispersa.

A manera de complemento, es de resaltar que de acuerdo con el Pulso Social del Dane, a enero de 2021 el 65.7 por ciento de la población consideraba que la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses, es peor o mucho peor. El 69.7 por ciento sostiene que tuvo menos posibilidades de consumos básicos que hace un año. En enero de 2021, el 67.3 por ciento de los hogares consumieron 3 comidas al día, en comparación con el 90.1 por ciento un año atrás, el 29.7 por ciento de los hogares 2 comidas al día, el 2.4 por ciento una sola comida y el 0.5 por ciento de los hogares (42.237) manifiestan haber consumido menos de 1 comida al día.

(iii) El porcentaje de jefes de hogar que no han podido pagar oportunamente facturas y deudas alcanzó el 33 por ciento en mayo de 2020 y hasta todavía más del 24 por ciento en el mes de diciembre, con una mayor afectación relativa en el caso de cabeceras respecto al resto.

(iv) Cerca del 42 por ciento de los hombres jefes de hogar habría sido afectado por la reducción de actividad económica y de ingresos a lo largo del periodo mayo-diciembre, en comparación con un 32 por ciento en el caso de las jefes de hogar.

Relacionado con lo anterior, un 13 por ciento de los hombres jefes de hogar perdió el trabajo o la fuente de ingresos en el periodo mayo-diciembre, en tanto que superó el 15 por ciento en el caso de mujeres jefes de hogar.

(v) A diciembre de 2020 menos del 34 por ciento de los y las jefes de hogar aducen no haber enfrentado dificultades. En esta medida, cerca del 25 por ciento de los hombre jefes de hogar se sienten solos, estresados, preocupados o deprimidos, frente a un 34 por ciento en el caso de la mujeres jefes de hogar.

(vi) Alrededor del 40 por ciento de los jefes de hogar se han sentido pobres a lo largo de los últimos cinco meses de 2020, sin mayor diferencia entre hombres y mujeres jefes de hogar, y llegando al 60 por ciento en el caso de los y las jefes de hogar en el resto de país diferente a cabeceras (Gráfico 4).
Todo ello en conjunto muestra el grave deterioro de la calidad de la vida de los hogares colombianos.

Ahora bien, dado que según encuestas realizadas en el pasado sobre la percepción subjetiva de pobreza se ha observado una tendencia a subvalorar los niveles de pobreza objetiva monetaria, aparte de otras estimaciones realizadas por los autores, se considera que la pobreza monetaria se habría agravado hasta cerca de 45 a 50 por ciento en 2020.

Si a ello se le adicionara la población en situación de vulnerabilidad monetaria se podría prever que la pobreza y vulnerabilidad monetarias habría alcanzado al alrededor del 60 a 65 por ciento de la población colombiana.

Simultáneamente pareciera darse una agudización aún mayor de los niveles de desigualdad y de concentración del ingreso en el país, cuando ya eran significativamente elevados del orden del 0.5438 para los hogares según la Encuesta Nacional de Presupuestos de Hogares del Dane actualizada a diciembre de 2019 y del 0.8150 para las Personas Naturales declarantes ante la Dian en 20181, al punto de erigirse como el segundo o tercer país con mayor inequidad en América Latina y el Caribe, la región de por sí más desigual del mundo.

Con referencia a la desigualdad es de destacar una nueva fuente de inequidad y discriminación como la asociada con la brecha digital, cuando varias de las actividades socioeconómicas, como la educación o el trabajo en casa, se están realizando crecientemente de manera virtual con base en el medio digital.

Al consultársele a los hogares por el servicio de internet, los por ciento son dicientes: el 42 por ciento manifestó que tenía acceso en enero de 2020 y el 48 en diciembre de 2020. No obstante, la brecha de acceso a internet es sustancial entre cabeceras y el resto: 57 y 14 por ciento, respectivamente. Con el agravante de que solamente un 30 por ciento de los hogares cuenta con computador: 36 en las cabeceras y tan sólo un 8 en zona rural. Además, la brecha digital es bien profunda entre regiones: mientras que en Bogotá el 72 por ciento cuenta con servicio de internet en la casa, en la otra Colombia se observa que en el Chocó la cobertura es apenas del 17, La Guajira el 19, Bolívar 25, Meta 37 por ciento, entre otros.

Así, entonces, la brecha digital se convierte de facto en una nueva fuente de profundización de las desigualdades sociales y regionales en Colombia.

Desequilibrios en el frente fiscal

La recesión económica impactó los ingresos fiscales. De acuerdo con las estadísticas de recaudo publicadas por la Dian2, los ingresos en 2020 disminuyeron en 11.2 billones de pesos con relación a 2019, explicado en lo fundamental por la caída del IVA interno ($4.7 billones respecto a 2019), retención en la fuente de renta ($1.7 billones), IVA externo ($1.7 billones), impuesto al consumo ($943 mil millones), aranceles ($857 MM) y, entre otros, gravamen a los movimientos financieros ($562 MM).

Por el lado del gasto presupuestal, se aumentó la apropiación definitiva en 58.8 billones de pesos entre 2019 y 2020. Este aumento lo explica el rubro de transferencias que aumentó en 53.2 billones de pesos, el cual a su vez observó una gran caída en apropiación por no haberse comprometido buena parte de los recursos. La caída de apropiación del Presupuesto General de la Nación –PGN– ascendió a 20.1 billones de pesos, de los cuales 18.0 billones de pesos corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Fondo de Mitigación de Emergencias –Fome–, por lo que se reducen de manera importante los recursos destinados para atender la emergencia causada por la pandemia.


Las sumas presupuestadas por parte del Gobierno fueron así:

En el marco del Decreto 417 de 2020, mediante el cual se creó el Fome. “El monto y financiación de este presupuesto se amplió a través de varios decretos de emergencia; de tal modo que su aforo total llegó a 2,9 por ciento del PIB ($29,3 billones), al cierre del tercer trimestre 2020”.

A su vez, “el 22 de octubre fue sancionada la Ley 2060 de 2020. La norma elevó el presupuesto de emergencia en 1,5 por ciento del PIB ($15 billones de pesos). Las nuevas partidas se destinaron a proteger el tejido empresarial y la generación de empleo, así como el ingreso de los hogares, a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y del Programa de Apoyo a la Prima (PAP), que gracias a esta inyección de recursos tuvieron una mayor duración y cobertura. Como resultado, al culminar la vigencia 2020 el aforo total del presupuesto de emergencia llegó a 4.45% del PIB”.

Así pues, si al aforo presupuestal de 4.45 por ciento del PIB se le descuenta la caída en la apropiación equivalente por un 1.8 por ciento del PIB, la conclusión es que Colombia habría destinado uno de los montos de emergencia más bajos a nivel internacional para atender la pandemia del covid-19.


Conclusión general

 

Por las razones expuestas, agravadas por otras no mencionadas, resulta claro que Colombia habría perdido más de una década, y en ciertos grupos poblacionales y territorios hasta cerca de década y media, en términos de reducción de pobreza y desigualdad, al punto que un 60-65 por ciento de la población se habría encontrado en situación de pobreza y vulnerabilidad monetarias, y que el ingreso per cápita hubiera retrocedido unos siete años en apenas el año 2020 para colocarse en el nivel observado en 2013.

1 Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2021). Concentración de ingresos y gastos de los hogares y Reforma de la Tributación en Colombia. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Febrero 2021.
2 https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx

 

 

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Información adicional

  • Autor:Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº277, marzo 20 - abril 20 de 2021
Visto 125 vecesModificado por última vez en Lunes, 05 Abril 2021 09:28

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