Lunes, 12 Julio 2021 08:45

No es el último round

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)

El levantamiento popular en Colombia no puede explicarse por fuera de la crisis política y de ahí su importancia. Sin embargo, hoy parece haber llegado a una “sin salida”: es el terreno mismo de la confrontación, obsesivamente jurídico, el que lo ha llevado al entrampamiento.

Es bien sabido que si hay algo difícil de conseguir es poner punto final a un levantamiento popular, de la magnitud, la contundencia y la duración del que se presenta en Colombia, cuando éste no logra transformarse en revolución pero tampoco ha sido aplastado definitivamente por la reacción violenta del Estado.


Sin duda hay muchos y diversos factores de orden social y económico, incluida la devastación producida por el perverso manejo de la pandemia, que explican el origen de éste que algunos denominan simplemente estallido social, pero si se quiere indagar sobre su naturaleza, es fundamental ubicarlo en el contexto de una crisis del régimen político. Un gobierno que, pese a contar con el respaldo de los grandes partidos del establecimiento y por tanto de la abrumadora mayoría de los congresistas, cuenta con un bajísimo nivel de aceptación de parte de la ciudadanía.

En buena parte debido a su origen electoral (1). Duque se ha sostenido en el cargo no porque represente para el conjunto de las clases dominantes una figura de unión o un equilibrio bonapartista, sino por pragmática conveniencia, en el entendido de que podía servir de puente hacia un régimen post-uribista neoliberal. No contaban con que, más rápido de lo que imaginaban, se iba a desplomar su gobernabilidad. Hoy hasta Uribe, su mentor, a la cabeza del partido de gobierno, siente que le quema las manos, pese a su obediencia y a que ha cumplido con todas las tareas encomendadas. Todos confiaban, sin embargo, en que era poco lo que le quedaba de mandato.

El proceso de confrontación social y política cada vez más aguda vivido en/por el país tiene que ver entonces con las incapacidades del régimen. Es cierto que la violencia extrema –en los últimos seis años, principalmente selectiva social y territorialmente– ha sido una estructura histórica de funcionamiento del régimen, pero durante este gobierno se ha acentuado la represión directa contra los movimientos sociales y el hostigamiento en contra de la oposición política y hasta intelectual. Un síntoma de debilidad. En ejercicio de un despotismo de opereta, el gobierno ha girado hacia una suerte de dictadura civil con aseguramiento militar. En principio no parecía representar un problema significativo para la legitimación política. En realidad quien ha gobernado ha sido la plutocracia; no hay medida que se haya tomado sin previa consulta a los gremios. No obstante, es ya claro que el gobierno, en su infantil arrogancia, ha complicado aún más las cosas.


La cadena de los acontecimientos

Es por eso que hablar de proceso, que es a la vez de descomposición del régimen y de confrontación social, es lo más atinado. Ahí resalta lo impreciso de la denominación de “estallido”. Es evidente que no fue algo súbito ni imprevisto, pero además que tampoco basta con señalar antecedentes, por ejemplo el paro o mejor las jornadas de movilización de noviembre de 2019, sino que es preciso reconocer la continuidad explícita que existe entre los diferentes episodios. El que se acaba de mencionar también llegó a un punto de irresolución y se extinguió, luego de las festividades del cambio de año, en medio de una vaga propuesta de “Diálogo Nacional” que hábilmente manipuló el gobierno (2).


Hubo, sin embargo, un intento a principios del 2020 de recobrar la dinámica de la movilización y sobre todo de concretar la esperada negociación. Era claro que las exigencias formuladas conservaban validez: el gobierno no había abandonado su cuestionado paquete de medidas neoliberales y por el contrario se aprestaba a llevarlas adelante. Las bases organizativas para retomar la lucha eran, de todas maneras, muy frágiles. Es cierto que se había creado una extensa coalición a partir de la ampliación del Comité Nacional de Paro al que muchos criticaban por su estrecha representación, pero no duró mucho tiempo. De los dos bandos que de allí resultaron seguramente era cierto que el más institucionalizado, en donde se encontraba el original Comité de Paro, formado en las tácticas sindicales de la presión regulada, estaba interesado primordialmente en llegar a una negociación, pero el gobierno, en su arrogante intransigencia, no estaba dispuesto ni siquiera a concedérsela. Se convocaron nuevas movilizaciones para el mes de marzo. Fue este plan el que resultó frustrado por la aparición y agravamiento de la pandemia del covid–19.


Los desastres del manejo de la pandemia no hicieron más que recrudecer las motivaciones de la confrontación que estaba pendiente. No sólo empeoraron las condiciones de vida de enormes sectores de la población, principalmente por las medidas de confinamiento, sin ninguna política compensatoria de apoyo a la subsistencia, sino que, por ello mismo, las medidas pusieron en evidencia el grado de autoritarismo y arbitrariedad del gobierno. En junio de 2020 el Comité Nacional de Paro elaboró y presentó al gobierno un pliego que se llamó de emergencia porque sin insistir, provisionalmente, en el del año anterior, apuntaba en lo inmediato a revertir la catastrófica situación social mediante el necesario replanteamiento de las políticas que se estaban desarrollando. Fue inútil; oídos sordos. Entre tanto, era fácil ver cómo se multiplicaban las manifestaciones de descontento, las acciones parciales y localizadas de protesta, los brotes de desobediencia civil y una extendida y creciente rabia que no por sorda dejaba de percibirse en la atmósfera cotidiana. A principios de septiembre, en Bogotá (aunque no únicamente), toda esta corriente de insubordinación desembocó en un verdadero estallido social de más de tres días. En parte como reacción frente a la respuesta de la policía que fue de la más brutal e indiscriminada represión (3). Fue así como empezó a tomar cuerpo en la mentalidad popular la transformación de la desconfianza y el rechazo a la policía en verdadero odio.


Tratamiento de guerra

La respuesta represiva frente a este tipo de protestas callejeras, masivas, impetuosas y coléricas, no es para sorprenderse. Es antigua y ha ocurrido una y otra vez, en todo el mundo. Hoy en día, en Colombia, hay que tener en cuenta, sin embargo, al menos, dos consideraciones específicas, una histórica y otra coyuntural. Como se sabe, más de sesenta años de conflicto armado interno han facilitado la conversión y tratamiento de guerra de cualquier conflicto social en pieza fundamental del engranaje. No se trata, como creen muchos de los ilusionados con el “acuerdo de paz”, de la utilización del conflicto como “pretexto”, el cual desaparecería junto con aquel, sino de algo más profundo: la interiorización del “pretexto” como un componente esencial de la filosofía política y la gobernabilidad. En este momento, además, estamos en presencia, como se ha dicho, de una crisis del régimen político (4). La vocación despótica de Duque y su corte encarna perfectamente lo que se espera de un administrador de crisis. Se combina la sistemática actitud de rechazar cualquier negociación, ofreciendo a cambio pequeñas concesiones unilaterales, con la más implacable y desbordada represión, abierta y “judicial”.


Cuando la policía se enfrenta a los manifestantes ve en ellos un enemigo –el enemigo interno– y por ello fácilmente observamos operaciones de verdadero carácter militar, encaminadas a “despejar” o “copar”, espacios, y a “neutralizar” combatientes enemigos mediante capturas y bajas. Es una doctrina que constituye parte de su formación y es el contenido de su acción. Por eso se equivocan no solamente quienes insisten en los “hechos individuales” de algunos “agentes del Estado”, sino también aquellos que aspiran a una sustitución del Esmad por otro cuerpo, ese sí, “cívico”. Es la doctrina militar, componente de la filosofía política vigente y, si se quiere, de nuestro derecho público, lo que debe cambiarse.


El relato del gobierno, desde el principio, a partir de la construcción del engendro “vandalismo”, fue el de la “conspiración terrorista”. Apuntaba a forjar en el imaginario colectivo la idea de una guerra que la “nación” debía librar. Más adelante, el Decreto 575 de la “Asistencia Militar” del 28 de mayo, que somete y aparta a las autoridades territoriales y autoriza la participación directa de las Fuerzas Armadas en las operaciones de policía, confirma el tratamiento de guerra. Es decir, la Doctrina obrando de manera específica en la actual coyuntura del país. Sólo faltaría por mencionar otro de sus componentes, muy utilizado en Colombia: la intervención de grupos paramilitares y la realización de operaciones encubiertas. Siendo ya conocido, sobre todo en el ámbito rural, ahora toma fuerza y adquiere presencia pública en las ciudades. Y si tradicionalmente se presentaba como “autodefensas campesinas” ahora el panorama se completa con la imagen de organismos urbanos de defensa de la “gente de bien”. En esta forma, parece estar ocurriendo que de la aplicación de tácticas contrainsurgentes se está pasando subrepticiamente al uso de recursos propios de guerra civil.


Además de la represión

Desde luego, no se ha tratado solamente del uso, presuntamente legítimo de la fuerza por parte del Estado. Otras acciones políticas, ideológicas, culturales y hasta económicas se han visto. Pero no se crea que corresponden a la reacción explicable de cualquier gobierno que, frente a un descontento generalizado, decide reconducir su política y reconfigurar alianzas. Se ubican perfectamente en el contexto del tratamiento de guerra. Tienen un eje fundamental: la disputa por el control de la opinión pública, entendida como fuente de legitimación. Y para ello cuenta con un fuerte dispositivo de manejo de medios de comunicación. El repertorio de las iniciativas emprendidas, la mayoría de ellas exitosas, puede sintetizarse de la manera siguiente.

a) Dejando de lado el relato de la conspiración ya mencionado, el nudo de la batalla mediática e ideológica tiene que ver con la responsabilidad por los hechos de violencia (5). Dos son las consecuencias: de un lado, el compromiso de que la protesta debe ser “pacífica” y de otro, la aceptación generalizada de que existe el engendro llamado “vándalos” que sería el verdadero culpable.
b) Se desprende de lo anterior, la estrategia que ha tomado fuerza semana tras semana. La definición de cuándo una protesta es verdaderamente “pacífica”. Quien controla el espacio mediático, es decir, el poder, fija los parámetros. Así se entiende la disputa sobre los llamados “bloqueos” que se convirtió en el elemento central y, a la postre, decisivo de la confrontación política.
c) Sin duda, es el terreno mismo de la confrontación, obsesivamente jurídico – leguleyo, como se dice en Colombia– el que ha llevado el levantamiento popular al entrampamiento, a esta situación de “sin salida”. En lugar de avanzar en la presión para seguir produciendo resultados, como los iniciales de la caída de las reformas tributaria y de la salud, la movilización aceptó el debate sobre la legalidad de la acción.
d) Así las cosas, es el gobierno quien acaba definiendo e imponiendo las formas de la protesta. Las marchas han de ser ordenadas y sobre todo previsibles; deben privilegiar las formas lúdicas y artísticas. Es decir, demostraciones que se limiten a comunicar un mensaje, el cual sería procesado luego a través de los “conductos regulares”.
e) La pandemia como arma de guerra. El gobierno (y la Alcaldesa de Bogotá) ha recurrido a lo que considera el puntillazo definitivo: responsabilizar a las manifestaciones, y por tanto a sus promotores, del desaforado crecimiento de los contagios y los fallecimientos.

El Comité no nos representa…

Al igual que en el 2019, pero después de varias semanas más de lucha incansable, aparece la discusión sobre el “representante autorizado” de este multitudinario, colosal, levantamiento, que involucró las más diversas capas de la población y cubrió prácticamente todo el país. Pero: ¿De quién es la preocupación? No parece haber sido originalmente del grueso de quienes se movilizan. Más bien de las organizaciones, de diverso tipo e importancia, dentro y fuera del Comité de Paro, que pugnan por ser o formar parte de esa “representación”. Y de muchos observadores y analistas, políticos o intelectuales, a quienes asalta el que podría llamarse “terror a la espontaneidad”. En un reciente reportaje puede leerse: “Pero el Comité sigue sin reflejar el progresismo que está presente en los discursos de las nuevas generaciones y es innegable que hay muchos sectores sociales que escasamente logran una silla en una mesa de negociación con el Gobierno. Y ni los indígenas, ni la comunidad lgbtiq+, ni los campesinos, entre otros, que están en las calles, encuentran su delegación en ese Comité que es sobre todo obrero, sindical y masculino” (6).

El problema consiste en que la premisa es la necesidad de la negociación, que a su vez remite a la necesidad de “poner punto final” a lo que para muchos, seguramente por su carga dolorosa, comienza a ser una pesadilla. ¿Quién está autorizado para llegar a acuerdos con el gobierno a nombre de la multitud? Y lo que es más inquietante: ¿Cuáles son las demandas o exigencias concretas que habría que negociar?. Quienes se sienten más radicales invocan la “democracia directa”: hay que recurrir a la organización popular y asamblearia, de abajo hacia arriba. El gobierno, sugieren, debería abrir mesas regionales de diálogo consultando los liderazgos barriales. En esta forma, a través de una construcción dialogada del imaginario colectivo, se instala una idea fija acerca de un reclamo que simula ser crítico y rebelde pero que no tiene ni tendrá respuesta. Y eso, que ha llegado a ser preocupación generalizada, incluso de los movilizados, es por sí mismo el primer gesto del punto final.

Desde luego, quien más favorecido resulta con esta interminable discusión es el propio gobierno. Sin mucho esfuerzo logra desestimar el Comité de Paro. Al hacerlo, pone en duda la consistencia y la viabilidad de la movilización social. No hay interlocutores, no hay objetivos. Aunque en realidad no está interesado en ninguna negociación, termina definiendo sus contenidos y su forma. Avanza un paso más en el viejo truco de “dividir para reinar” al escoger por sí mismo su interlocutor. Se ha aprovechado de otra idea que ya ha logrado instalarse en el imaginario social: la movilización social es un asunto de “la juventud”7. Unilateralmente define y atiende sus reivindicaciones. Ordena a sus funcionarios acudir a las regiones a buscar y reclutar “jóvenes”, estudiantes y ojalá “emprendedores”. Ya están en marcha los programas del “Pacto de Colombia con la Juventud”.

El título de este acápite podría haber sido “¡nadie sabe para quién trabaja!”; la verdad es que este desenlace ha sido el resultado de numerosos malentendidos presentes en la propia movilización. El primero de todos tiene que ver con la exagerada importancia que se le da al Comité Nacional de Paro tanto para defenderlo como para atacarlo. ¿Un organismo como éste debería “representar” una conmoción social que es irrepresentable? Significa desconocer la naturaleza y potencialidades de este levantamiento popular. Un examen cuidadoso nos muestra no sólo una multiplicidad de sectores sociales, como agrupamientos o dispersos en individualidades, sin coincidir con identidades sociales definidas o estables, sino espacios geográficos distintos con sus propias historias y, lo que es más importante, diferentes momentos y ritmos de incorporación o salida de los variados contingentes humanos (8). No deja de ser una simplificación que para referirse a la multiplicidad se suela resaltar la diversidad de agrupamientos de identidad o causa.

Lo grave no está en que el Comité no incluya a “todos”, sino en que no exprese ni lidere a los que se supone representa. Es decir, los afiliados a los sindicatos y gremios que forman parte de las confederaciones y demás asociaciones. Una ilustración: nos hemos acostumbrado en Colombia a aceptar que llamamos “paro nacional” (tradicionalmente, “cívico”) a una protesta que la mayoría de las veces se reduce a una serie de manifestaciones o desfiles. De ahí la importancia, cuando se ha querido ir más allá, de las interrupciones de la movilidad en las vías, ya sea calles o carreteras, buscando una forma sustitutiva de parálisis de las actividades económicas. Y por ello el extraordinario protagonismo que adquirieron en este levantamiento los famosos “bloqueos”. Pues bien, ¿Qué hicieron aquellos que efectivamente podían parar? Puede mencionarse, si acaso, a Fecode quien lo hizo parcialmente y tal vez, más que todo, ante la amenaza del retorno a la “presencialidad” sin garantías de bioseguridad. Sin duda este es un tema para tratar en extenso. Pero qué importante hubiera sido, en esta fase, la declaratoria de una verdadera huelga general. Como se recordará, ese fue el debate y encrucijada finales en Francia cuando mayo del 68. Eso habría transformado sustancialmente la correlación de fuerzas, acercándonos a un favorable punto final.

Vigencia de la política

De cualquier manera, el principal desconocimiento se refiere a la naturaleza de esta gran movilización social en su perspectiva de levantamiento popular. Tal como se ha intentado sostener aquí, nunca podrá entenderse por fuera de la crisis en curso del régimen político. Anteriormente se habían presentado, sin contar las innumerables resistencias locales, significativas movilizaciones y luchas, entre las cuales es preciso mencionar como fundamental la minga indígena; pero una confluencia de la amplitud, fuerza y duración como la actual sólo podía darse como resultado de una conciencia renovada acerca de la podredumbre y la debilidad de la dominación, del fin de los embrujos y resignaciones. Es pues un hecho político. Duque, como se ha dicho, enfrenta enormes dificultades para gobernar. En principio, una oportunidad. Pero hay algo más en el fondo, que se alcanza a intuir y es la caducidad de la propuesta de país manejada por las elites desde la Constitución del 91. Lo que en el lenguaje popular ya se señala como la necesidad de un “cambio de modelo”.


Esto es claro, y una razón de más para entender por qué no se trata de reivindicaciones sectoriales, ni territoriales, ni la suma de todas ellas. Desde luego, nunca en estos casos se forja fácilmente, entre las amplias y heterogéneas masas movilizadas, un objetivo que concrete el fondo de las aspiraciones populares. Es necesario que se acompañe de un proceso paralelo, de más larga duración, de formación de una cultura política y de nuevas expresiones orgánicas. Pero también es cierto que la historia no es una evolución gradual y lineal y no faltan los saltos.


En todo caso, de una manera puramente especulativa, puede pensarse que, dada la naturaleza del levantamiento, éste hubiera podido terminar con la caída de Duque y la formación de un gobierno provisional que se encargara de anticipar las elecciones. O de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero, ni es claro que sea un resultado verdaderamente útil, ni la fuerza desplegada ha alcanzado para ello. Podría pensarse, entonces, en una reorientación forzada de la política pública que marche en la dirección de un cambio de modelo. Curiosamente, en ese sentido, bastaría con la aceptación y aplicación inmediata del pliego de emergencia y la garantía del desarrollo de los puntos planteados en el de 2019, caso en el cual el Comité de Paro habría servido como referente sin necesidad de detenerse en fastidiosas disputas sobre el grado de “representatividad”. De hecho, prácticamente nadie ha cuestionado el contenido de estos pliegos (9). Lo importante es que se exprese el sentido de fondo de la movilización y no la legitimidad y la precisión en la presentación de reivindicaciones individuales.


No obstante, aun este segundo objetivo, requeriría de una considerable fuerza. Tal vez si la dinámica de la movilización no se hubiera detenido tanto en la inútil definición de los organismos de representación y se hubiera dedicado, más bien, a buscar formas e instrumentos para incrementar la presión, se hubiera avanzado mucho más. Pese a ello, la dinámica sigue su rumbo a pesar del evidente desgaste en este campo.


Al margen de lo planteado por el Comité de Paro, dos son las iniciativas –no excluyentes– promovidas, con una pretensión “basista” y alternativa. Lamentablemente permanecen, bajo el embrujo de la negociación, en el terreno de la definición de objetivos y organizaciones representativas. Una se ha denominado “A movilizar la palabra” y se ha consagrado a resolver la cuestión de la definición de los objetivos, mediante una dispendiosa metodología piramidal de consulta y recolección de las necesidades, inquietudes y reivindicaciones populares desde lo individual y local hasta llegar, al parecer, a su consolidación nacional. Según lo previsto y anunciado, entre el 28 y 30 de junio se tendría la agenda para presentar al gobierno.


La segunda, retomando la experiencia que se ha probado en algunos “puntos de resistencia” en diversos lugares con la realización de Asambleas populares, se dedicó a promover la constitución de una Asamblea Nacional Popular cuyo primer encuentro ya se dio en Bogotá entre el 7 y 8 de junio. Según la declaración política aprobada se ubica en perspectiva de transformarse en órgano de poder popular, pero en la práctica, y a juzgar por la afirmación de que su tarea consiste en “fortalecer el campo popular”, su éxito consistió en su realización. Se ha convocado otra en Cali, entre el 17 y el 20 de julio (10).


Por último, es necesario destacar otra forma de poner punto final al levantamiento, la cual, paradójicamente, había sido enunciada y propuesta desde el comienzo. Es la opción electoral. Impulsada por los partidos de la oposición –de las calles a las urnas, dice Petro– parece tener mucho sentido común ya que estamos viviendo una crisis del régimen político. Es aquí donde se detecta un pequeño sofisma. Entendiendo el levantamiento, no en sus virtudes emancipatorias sino a través de la respuesta atroz y violenta del Estado, una dolorosa consecuencia, se sugiere que fue a la inversa, que fue el Uribismo quien lo buscó. ¿Para qué? Para, a través de la represión, eliminar las posibilidades de triunfo de la oposición en el 2022. En el límite, proporcionando el pretexto para el golpe de Estado o, por lo menos, el aplazamiento de las elecciones.


De ahí la necesidad de poner punto final a la coyuntura lo más pronto posible. Pero el sofisma va más allá. Es cierto que el Uribismo, y en general todos los partidos del establecimiento, miran con terror la probabilidad de un triunfo de Petro. No necesita demostración. Es cierto incluso que puede suceder que el conjunto de las luchas populares de los últimos tiempos y en particular este levantamiento –una verdadera crisis política– desemboquen o terminen expresándose indirectamente en un cambio electoral. Así sucedió por ejemplo con las luchas de los años veinte del siglo pasado que, después de aplastadas en su vertiente popular, dieron lugar al cierre de la República conservadora y a la “revolución en marcha” de A. López Pumarejo.


Empero, de ahí no puede deducirse que, aun siendo probable este desenlace postergado, ese sea el objetivo de la actual lucha popular. Es más, no cabe duda que de producirse ese tipo de cambio de gobierno, su significación social y política, en los hechos, va a depender no tanto de sus calidades y discursos como del fortalecimiento de contrapoderes populares que obliguen a trascender la administración del capitalismo.

 

1. Moncayo S. Héctor-León “Como se fabrica un Presidente”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº180, agosto 2018.
2. Moncayo S. Héctor-León “Una oscura disyuntiva: o se evapora o se repliega”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº195, diciembre 2019.
3. El CNP, que venía impulsando diversas acciones de rechazo a la reforma laboral y pensional contenida en el decreto 1174, había convocado, para el día 7, en un esfuerzo por hacer compatibles la movilización y la bioseguridad, una serie de demostraciones que denominó “caravanas”.
4. Esta crisis es coyuntural en lo que se refiere al gobierno actual, pero es también histórica, en la medida en que corresponde a la incapacidad de la burguesía para formular un proyecto económico para reemplazar el inviable modelo seguido hasta ahora. Ver Moncayo S Héctor-León, “El próximo Capítulo”
5. Se había experimentado ya en la movilización de noviembre de 2019. Ver: Moncayo S Héctor-León “Una oscura disyuntiva: o se evapora o se repliega”
6. Saldarriaga H., Manuela. “A parar para avanzar: ¿hacia dónde?” CEROSETENTA, NEWSLETTER. 16.06.2021
7. Moncayo S Héctor-León, “La gremialización de la juventud”, Le monde diplomatique Ed. Colombia. No. 211, Junio, 2021.
8. Una excelente aproximación inicial se encuentra en el libro que sobre el tema consagró la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Documentos especiales Cidse No. 6, Cali mayo de 2021.
9. Al parecer siempre se critican por “insuficiencia” y se intenta agregar puntos. Interesante resulta examinar, a manera de ejemplo, el documento que salió, el 11 de mayo, de la Asamblea General de la “Loma de la dignidad” en Cali. Además de las garantías para la protesta son muchos los puntos de coincidencia que se encuentran entre las 22 reivindicaciones de orden nacional y las 18 de orden territorial.
10. Se toca aquí un punto que tiene que ver con el tema de la organización. En un levantamiento como éste, son más las organizaciones que se crean al calor de la lucha que las que preexistían. La experiencia ha sido fabulosa y enriquecedora. Se trata, por supuesto, de un proceso desigual. Una dimensión fundamental parece ser la geográfica. Por su propia lógica, con los “bloqueos” permanentes, a pesar de la participación en las jornadas nacionales de los miércoles, la acción colectiva se territorializó. El “barrio” significa una cierta protección para los resistentes. En ese sentido las formas de organización, desde las llamadas “primeras líneas”, hasta los apoyos comunitarios (alimentación, recambio, atención en salud) tienden a convertirse en formas organizadas de autonomía popular. Las asambleas, por su parte son lugares de ejercicio del poder, entendido como participación. Ahí se ventilan las reivindicaciones. Sin embargo, como se ve, no son organizaciones hechas para la representación y la negociación reivindicativa, sino para la resistencia, en y para la lucha. El gran desafío consiste en saber qué tanto van a permanecer en el tiempo, o en qué forma van a conservarse en la memoria material de las comunidades.

*Integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia

 

 

 

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