Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

---------------------- 

Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

Publicado enColombia
Policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejercito patrullan este viernes la vía "Paso del Comercio", recientemente desbloqueada, en Cali. EFE.

Se produjeron durante la rebelión popular y son recogidas en el informe preliminar entregado a Naciones Unidas por la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos.

 

Desde el 28 de abril, cuando comenzó la rebelión popular o Paro Nacional, las imágenes de la represión estatal ordenada por el presidente derechista Iván Duque, recorrieron el mundo una y otra vez.

Ante las reiteradas denuncias sobre abusos por parte de las fuerzas represivas, la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos, formada por diversas organizaciones como Serpaj, Correpi o APDH, decidió destacar una delegación en Colombia a fin de recabar la mayor información posible y elevar la denuncia ante organismos internacionales e instituciones colombianas.

Arribaron al país el 25 de mayo y se dispersaron por varios puntos del país, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, entre otras ciudades y pueblos, donde comenzaron a recabar testimonios entre manifestantes, la población en general y hasta concejales de Bogotá. Luego de varios días de trabajo, este 2 de junio presentaron su informe prelimiar a la Delegada en Colombia del Alto Comisionado para los DD. HH. de Naciones Unidas.

El informe, que también se presentó ante la Cámara de Senadores de Colombia, hace un detallado conteo de las víctimas de las brutales represiones así como de las posteriores persecuciones que incluyeron la violación de domicilios particulares.

Como era de esperarse, la Misión no recibió ninguna colaboración por parte del Gobierno, responsable directo de la represión y los abusos. No obstante, se lograron constatar: atropellos a manifestantes con tanquetas, disparos al rostro con balas de goma (lo que ha causado decenas de daños oculares -una práctica que fue recurrente durante la rebelión chilena de 2019), ataques con piedras arrojadas con las manos e incluso con honderas, detenciones arbitrarias y posteriores tormentos a manifestantes, muchas veces sexuales, así como ingresos ilegales a domicilios, entre otros atropellos.

Pero las violaciones a los DD. HH. no han sido solo contra las y los manifestantes, en especial de la primera línea, sino que incluyeron al personal de prensa, voluntarios de postas sanitarias que intentan evitar muertes y atender heridos, y hasta transeúntes que no participaban de las movilizaciones. También es de público conocimiento la utilización de personal de civil, parapoliciales, que disparan contra los bloqueos y manifestaciones. Una práctica totalmente ilegal que fue muy utilizada contra la Minga indígena en el Valle del Cauca.

La Misión, también comprobó y registró la deliberada irrupción violenta de escuadrones policiales, contra manifestaciones pacíficas. Cargas que se realizan sin ningún tipo de justificación ni aviso previo. Así mismo, queda plasmado el uso de infiltrados y provocaciones de la propia policía para generar disturbio como excusa para la represión.

También se denuncia la participación de empresarios privados que han puesto sus instalaciones para servir de centros de detención improvisados y/o base de operaciones de la Policía, como el supermercado Éxito en Cali. Un hecho aberrante que da cuenta del carácter de clase de la represión.

La desaparición de personas es uno de los mayores crímenes que viene cometiendo el Gobierno de Duque y sus fuerzas represivas. La Misión denuncia casos de personas que fueron detenidas por personal policial y trasladadas en sus vehículos, y luego sus cuerpos fueron encontrados sin vida y mutilados. Además recaba denuncias de cientos de personas, también detenidas por la Policía, que aún se encuentran desaparecidas.

Como señaló Pablo Bres, miembro de Serpaj e integrante de la Misión, al programa Alerta Spoiler, toda esta información será ampliada con los registros de audio, video y fotos, para publicar en los próximos días. Pero entre las conclusiones del informe preliminar ya se destacan los mencionados crímenes de lesa humanidad y las "prácticas impropias de un estado de derecho", a la vez que se exige la investigación de los mismos por organismos nacionales e internacionales

Por Diego Dalai

Sábado 5 de junio | 01:24

Publicado enColombia
 “Avanzamos muy poco”: Comité del Paro tras reunión con el Gobierno nacional, que anunció acuerdo en 16 puntos

Este jueves 3 de junio, la mesa entre el Comité del Paro y el gobierno Duque terminó con varios acuerdos pero en lo que no se avanzó fue en las garantías para el ejercicio de la protesta.

 

Después de un nuevo día de conversaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno nacional, desde el comité señalaron que se avanzó muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. “Esperamos que el gobierno muestre voluntad efectiva para llegar pronto a un acuerdo”, sostuvieron.

Así mismo, recordaron que el pasado 24 de mayo ya habían llegado a un preacuerdo con 34 medidas, que el Gobierno nacional deshizo el pasado 29 de mayo, proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto.

“Seis días después, de las 34 medidas, en 16 tenemos acuerdo, en 11 hace falta precisar, y en 9 se identifican grandes discrepancias, en temas como la no participación de las Fuerzas Militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del Esmad en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo”, dijo el comité.

Sobre los cortes de vías, el comité explicó que hay un nuevo informe, donde se verifica una reducción significativa de los bloqueos. Al día de hoy persisten 23 puntos, y en todos ellos hubo procesos de diálogos y negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales. “Es nuestra voluntad seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a nuestro alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías”, sostuvieron.

“Reiteramos nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, nos mantenemos en las conversaciones. El responsable de la demora para llegar a un acuerdo es del Gobierno nacional, llevamos 36 días de Paro Nacional, 36 días en que no se concreta una voluntad para poder entrar a negociar y llegar a acuerdos y soluciones concretas sobre los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario. Soluciones que se encuentran esperando millones de colombianas y colombianos”, puntualizó el comité.

Por su parte, el representante del gobierno en la mesa, el consejero Emilio Archila, dijo al terminar la reunión: “Dentro del diálogo que estamos teniendo con el Comité del Paro, con el equipo de gobierno del presidente Iván Duque, cumplimos con la totalidad de los compromisos que habíamos adquirido. La sesión de hoy fue productiva y logramos depurar una metodología con la que nos podamos sentar a buscar acuerdos. Es una metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y es apoyada por distintos ministerios. Darle la totalidad de las garantías a la protesta social es prioridad constitucional. Creemos que en Colombia, no solamente existe el derecho a disentir sino a protestar, lo cual debe hacerse con todas las garantías que debieran. En ese campo hoy tuvimos avances significativos”.

Así mismo, el funcionario acusó a los líderes sindicales y estudiantiles de no haber cumplido con su parte del trato. Archila dijo que de los 16 compromisos que debía cumplir el comité, solo respondieron por uno. Para el Gobierno nacional lo más grave de la situación es que en el país se siguen bloqueando las vías, hecho que en múltiples ocasiones ha sido catalogado por el presidente y su gabinete como ilegal.

4 de Junio de 2021

Publicado enColombia
Human Rights Watch presentará informe sobre el abuso policial en Colombia durante el paro nacional

La organización internacional de derechos humanos ha recibido 67 denuncias de muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales en el país.

 

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Human Rights Watch anunció este jueves el lanzamiento del informe “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, el primer documento sobre los abusos policiales, bloqueos y hechos de violencia registrados durante las movilizaciones sociales en el marco del paro nacional, que completa 37 jornadas en el país.

Este informe será presentado el próximo miércoles 9 de junio por el director para las Américas de la organización de derechos humanos que tiene presencia en más de 90 países en el mundo, José Miguel Vivanco, quien ha condenado la violencia de la fuerza pública durante las manifestaciones en el país.

“El informe, basado en más de 150 entrevistas, análisis de forenses internacionales e información proporcionada por autoridades del Estado colombiano, presenta evidencias de brutalidad policial en contra de manifestantes mayoritariamente pacíficos”, indica el comunicado de la ONG internacional.

De igual manera, urge al gobierno de Iván Duque a que se realice una reforma profunda de la Policía Nacional, como la han propuesto algunos líderes políticos y una gran parte de la ciudadanía que se ha manifestado a lo largo y ancho del país durante más de un mes.

A su vez, este informe abordará los hechos de violencia presentados por particulares, a la vez que anunciará una serie de recomendaciones sobre las acciones concretas e inmediatas que buscan minimizar los casos de violencia y los bloqueos que se han presentado en varias ciudades del territorio.

Este lanzamiento se llevará a cabo de manera virtual y busca evidenciar la violencia que ha sido condenada por organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que además será constatada por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la próxima semana.

“Hemos recibido denuncias creíbles sobre 67 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, hemos confirmado que 32 de estas muertes (29 manifestantes o transeúntes, un funcionario de CTI y dos policías) tienen relación con las manifestaciones”, indicó el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch pide a EE.UU. que condicione los recursos que destina a la fuerza pública colombiana

Siguen apareciendo llamados para que el Gobierno nacional modere el accionar de la fuerza pública en contra de los manifestantes durante las jornadas de protestas que experimenta el país desde el pasado 28 de abril. El turno fue para Human Rights Watch, organización que pidió el pasado 13 de mayo, no a Colombia, sino a Estados Unidos, ponerle mayores condiciones a la colaboración que le presta ese país a instituciones como la Policía Nacional.

“Nosotros estamos abogando porque se condicione la ayuda fuertemente, a requisitos básicos y muy concretos en materia de derechos humanos”, fueron las palabras exactas de José Manuel Vivanco, director ejecutivo de esa ONG para las Américas. Con ello, el experto se refiere a buscar la manera de que el país norteamericano comience a recortar la cantidad de recursos que le aporta a las necesidades de la fuerza pública colombiana, usados por esta para comprar, entre otras cosas, más armas.

Armas como el dispositivo conocido como Venom, que por estos días se ha convertido en el principal objeto de controversia en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Se trata de un lanzador integrado a las tanquetas de ese cuerpo de policías, capaz de disparar unas costosas y sofisticadas ráfagas aturdidoras, muy parecidas a fuegos artificiales y que ha llegado a ser confundido por un arma de artillería pesada.

4 de Junio de 2021

Publicado enColombia
"No les bastó con asesinarlo, lo destruyeron y lo quemaron": Conmoción en Colombia por el hallazgo del cadáver calcinado de un adolescente en Cali

La versión de la familia del joven de 16 años señala a la Policía de Cali como responsable de la muerte. El organismo ha negado su participación en el hecho.

Dos versiones se confrontan nuevamente en Colombia tras el brutal asesinato de un menor de edad durante la violenta jornada de protestas del pasado viernes en Cali, que dejó 13 fallecidos y decenas de heridos en la capital del Valle del Cauca, cuando se cumplió un mes de las movilizaciones en el país.

El cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, fue hallado en una tienda de Dollar City, en el municipio caleño de Siloé, la madrugada del 29 de mayo. El homicidio, que sus familiares atribuyen a la Policía, según los testimonios que han recabado, ocurrió el día que ha sido catalogado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como "doloroso", "fatídico" y que "ha significado muerte".

La Policía Metropolitana de Cali salió al paso a la versión de los parientes de Sánchez, negó que sus efectivos tuvieran responsabilidad en la muerte del adolescente y se refirió a la quema del negocio, donde fue hallado Sánchez, por parte de "delincuentes". Tanto las autoridades como los familiares esperan el dictamen de Medicina Legal. 

Esta no es la primera vez, desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, que se denuncia la presunta participación de los cuerpos de seguridad en violaciones de los derechos humanos contra manifestantes o personas ajenas a los actos de calle. Las autoridades han negado su responsabilidad y han atribuido los actos de violencia a agentes externos a la protesta.

¿Qué pasó?

En un documental de poco más de nueve minutos, el productor audiovisual colombiano Alejandro Palencia recogió la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Daniel Stiven, de las voces de la madre y sus dos hermanas. Las tres mujeres, en medio de la conmoción por este homicidio, piden que se haga justicia. 

La primera en hablar es María Paula Sánchez, una de sus hermanas. Ella cuenta que el joven regresaba del trabajo en compañía de otras personas cuando se topó con una tanqueta de la Policía Metropolitana de Cali. Al verla, quedó paralizado por el miedo y solo alcanzó a levantar las manos para decir que no tenía que ver con la protesta.

A partir de ese momento, según le relataron testigos a la familia, hubo varias agresiones contra el joven, presuntamente cometidas por los policías que lo habrían golpeado, disparado varias veces y que supuestamente se lo llevaron arrastras mientras pedía ayuda. 

"Él decía que era menor de edad y los testigos gritaban: 'cogieron a un niño, lo llevan hacia el Dollar City, lo están golpeando, no nos lo quieren entregar'", refiere.

Los golpes no cesaron, según su hermana. Incluso un paramédico que iba a auxiliar al menor de edad habría sido repelido a tiros por los uniformados.

"Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?", se pregunta la pariente.

A pesar de estas afirmaciones, el recién nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, negó en un video institucional que la tanqueta hubiera sido movilizada esa noche.

Los hallazgos

"Mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo y aún no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo que tiene índices de tortura", dice María Paula. La Policía niega esta versión.

Su otra hermana, Yurany Sánchez, manifiesta sentirse "destrozada" porque "lo mataron con sevicia". "No les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron". Ambas afirman que el joven fue asesinado antes de que su cuerpo fuera alcanzado por las llamas en el incendio dentro del almacén. Las autoridades tampoco coinciden con esta versión.

"Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar", agrega Yurany.

María Sánchez, su madre, cuenta que le tenía prohibido ir a las manifestaciones ante el temor de que le ocurriera algo. "Los de la primera línea [vanguardia en las movilizaciones] le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá", dice.

Para Yurany, que desmiente la versión policial sobre la participación del menor en actos de vandalismo, "el objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad".

¿Qué dice la Policía?

En una serie de trinos, la Policía Metropolitana afirma que la noche del 28 de mayo hubo "actos vandálicos" contra la estación policial El Lido, y que a las afueras se encontraban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta.

En sus tuits, el organismo niega que el adolescente hubiera sido ingresado al vehículo, "teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado", y asegura que la comisaría no prestaba atención al público debido a que un local cercano fue saqueado e incendiado.

Según la versión oficial, los Bomberos encontraron el cadáver, que fue llevado al Hospital de Siloé, donde la Policía Judicial realizó la "inspección técnica" que mostró que "no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca".

Aunque se espera el dictamen de Medicina Legal, la Policía dijo que tras "las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial", tras una "conflagración" causada por "delincuentes" que habrían saqueado y prendido fuego al lugar.

El Ministerio Público designó a un fiscal, según adelantó el organismo policial.

Amenazas

El impacto de esta nueva muerte en Colombia, donde ya han ocurrido 71 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, según el registro de Indepaz, se ha volcado a las redes.

Varios usuarios de la red social Twitter han alertado que los familiares de Daniel Stiven estarían recibiendo amenazas tras hacer la denuncia contra la Policía de Cali. 

Publicado: 2 jun 2021 18:35 GMT

Publicado enColombia
Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

Publicado enColombia
Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

Publicado enColombia
Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

Publicado enColombia
Cae la reforma tributaria: Colombia ¡Triunfo popular!

 

La noticia se veía llegar. En el curso de la última semana de abril desde la Casa de Gobierno se anunció, en una declaración del 27 de abril, con clara pretensión de contener el llamado a la protesta ciudadana, que se retiraban del articulado de reforma tributaria los componentes relativos al IVA del 19 por ciento para los servicios públicos, a los funerales y a las pensiones.Tres días después, una nueva concesión: no aplicar el IVA a productos y servicios, no tocar la canasta básica familiar, no aplicar el IVA a los servicios públicos.

 

Decisiones tomadas a la luz de un alzamiento social que a pesar de la violenta represión desatada en contra de una sociedad indignada y desarmada copaba calles y plazas de docenas de ciudades del país.

Sin embargo las concesiones parciales no bastaron para desestimular la protesta, la que seguía por todas las coordenadas nacionales con una consigna básica: retirar todo el texto de reforma tributaria de su trámite parlamentario.

Y aunque parecía que no cederían, seguramente tras álgidas contradicciones en la Casa de Gobierno -que implica, si tiene algún grado de vergüenza, la renuncia del jefe de la cartera de Hacienda-, la orden llegó el 30 de abril, cuando Duque declaró:

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado”.

Mientras esto ocurría las balas de la “fuerza pública” impactaban decenas de personas, en especial en Cali, pero también en otras ciudades, dejando un saldo de asesinados aún por precisar pero que hasta el día 1 de Mayo sumaban más de 10 personas, y decenas de heridos. Los detenidos, quienes sufrieron garroteras sobre sus cuerpos, las mujeres violentadas en su intimidad, las y los jóvenes que perdieron por lo menos uno de sus ojos, quienes padecieron el allanamiento de sus hogares, en fin, todas aquellas personas víctimas del autoritarismo vigente en Colombia, sumaban centenares. Una realidad desconocida por el establecimiento que en sus declaraciones sobre el desarrollo de la protesta nacional solo informaba de policías heridos por los manifestantes.

A pesar de esa realidad, a pesar de la ola de terror, la ira popular seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía profundamente de una institucionalidad creadora y soporte del paramilitarismo. Una Colombia otra es su sueño y aquí tienen su primer triunfo, que no es menor.

Para ellas y ellos, esas nuevas juventudes que se tomaron calles, avenidas y plazas, arriesgando su salud y vida ante el posible contagio por covid-19, la realidad es clara: “Si el pueblo marcha en pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”.

Ahora se abren las compuertas, según el gobernante, para negociar con toda la sociedad un nuevo cuerpo de reforma tributaria, y desde este lado de la sociedad, desde los/as negados/as y oprimidos/as, un aspecto fundamental tiene que alimentar esa discusión: ¡Que la crisis la paguen los ricos!

 

Artículos relacionados

Reforma tributaria el futuro es de otros

Martes 27 de abril 2021

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42279-reforma-tributaria-el-futuro-es-de-otros.html

28A. No a la reforma tributaria rompió la pasividad y el silencio en Colombia

Jueves 29 de abril 2021

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42287-28a-no-a-la-reforma-tributaria-rompio-la-pasividad-y-el-silencio-en-colombia.html

Colombia. Garantía de muerte

Sábado 1 de mayo 2021

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42303-colombia-garantia-de-muerte.html

 

 

 

Publicado enColombia
28A. ¡No a la reforma tributaria! rompió la pasividad y el silencio en Colombia

¡Fuera! ¡Abajo! Otro símbolo del poder y de la memoria oprobiosa colonial muerde el polvo. La jornada de Paro nacional del 28 de abril inició con la destrucción de una estatua más del invasor Sebastián de Belalcázar, esta vez instalada en Cali, y a manos del mismo pueblo indígena Misak, que en septiembre pasado derrumbó la que usurpaba un territorio Misak sagrado en Popayán. Con esta carga simbólica desplegada en Cali, comenzó una nueva jornada de protesta en Colombia, a la cual le sobran causas para su razón de ser.

“A parar para avanzar, viva el paro nacional”, así resonaba el cántico entonado por una de las agrupaciones de jóvenes que conformaron la masiva marcha que recorrió la parte central de Bogotá y que partiendo del Parque Nacional se dirigió a la Plaza de Bolívar. Las 9 am era la hora para arrancar la marcha, que iniciada una hora después, comenzó a llenar su punto de llegada hacia medio día.

 

Alegría, colorido y juventud de la mayoría de quienes respondieron al llamado del Comité Nacional de Paro que desde el 26 de marzo había convocado a la protesta. Colorido y alegría que fueron parte de las notas preponderantes de esta nueva jornada de protesta vivida en Colombia, en esta ocasión centrada en el rechazo a la pretendida reforma tributaria radicada el 15 de abril en el Congreso de la República por el gobierno Duque. Masividad que derrotó la campaña de terror por posible contagio por covid-19 que desplegó el gobierno nacional y de Bogotá, con parlante en todos los grandes medios de comunicación.

 

Al tiempo que las arengas antigubernamentales y que denunciaban la relación entre gobierno y paramilitarismo eran entonados con fuerza, batucadas integradas en su mayoría por festivas y alegres jóvenes descargaban en cada golpe de tambor la convicción con que asistían y aportaban a la exitosa demanda de renuncia por parte del gobierno a su pretendida reforma tributaria. Así, con mayoría de juventud, tomó cuerpo la primera acción de inconformismo popular de gran envergadura que conoce Colombia desde cuando fue declarado el confinamiento de su población en marzo de 2020, manifestación que retoma con vitalidad las protestas que conmovieron al país a partir del 21N de 2019.

Mientras la juventud relucía como tronco fundamental de quienes respondieron al llamado del Comité convocante “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque”, las ausencias de viejos liderazgos sindicales, políticos y de diversos movimientos sociales eran evidentes, aunque unos pocos de ellos asistieron a la marcha pero se retiraron de manera apresurada. Con seguridad, su avanzada edad y posibles enfermedades que los hacen débiles ante un posible contagio del virus, fue el motivo para su ausencia o esquiva presencia.

En todo caso, un relevo generacional comienza a sentirse, notable en la estética que empieza a ganar espacio en medio de la marcha, no solo marcado por las batucadas sino también por performance instalados en una u otra parte del recorrido, como en una sincronizada danza de Vogue desplegada por un grupo trans que denunciaba el golpe económico sufrido por el encierro producto de la prohibición de apertura de teatros y otros espacios donde diversidad de colectivos culturales presentan sus creaciones artísticas.

 

    

 

Tensiones, defensa y ataque

 

Con la plaza que colinda con la Casa de Gobierno abarrotada de manifestantes, llamó la atención que la gente permaneciera en ella incluso a pesar de la lluvia y de la provocación del Esmad, que con su sola presencia enardece los ánimos de la juventud. Permanencia, realidad totalmente diferente respecto a otras protestas, sobre todo las realizadas en exclusividad por sindicatos y movimientos sociales afines, ocasiones en las cuales los concurrentes entran y salen de la Plaza de manera apresurada.

A pesar del colorido y festividad que marcó la marcha del 28 de abril, cerca de la una de la tarde el Esmad empezó a lanzar gases lacrimógenos y con ello a provocar la retirada de los miles de manifestantes temerosos de la violencia represiva de este cuerpo de choque policivo entrenado para violentar todo tipo de derechos. La lluvia ya arreciaba y era otro motivo para la retirada. Sin embargo, un importante grupo de personas regresó a su sitio de protesta una vez el agua dejó de caer a raudales.

El ánimo de la concurrencia no disminuía, como tampoco las provocaciones del Esmad el cual logró su propósito de atomizar la protesta hacia las 3, rodeando esta parte de la ciudad, contaminando el aire con una inmensa descarga de gases lacrimógenos y dificultando la salida del mismo de quienes en ese momento sí querían partir para sus casas. A esa hora, la reducción del transporte público ya era evidente, un motivo más para desalojar el centro de la ciudad.

 

 

En la retirada, sectores periféricos a la movilización fueron epicentro de múltiples altercados e intentos de saqueos. El inconformismo de algunos colectivos juveniles quedó expresado en la ruptura de cajeros automáticos, 38 estaciones de Transmilenio, el ataque a sedes bancarias, así como a emisoras claramente oficialistas y en ocasiones parlantes del paramilitarismo como RCN.

Mientras así acontecía en Bogotá, en Cali, sin establecerse hasta ahora quiénes obraron en contra del servicio público de transporte, fueron destruidos 8 buses del MIO, así como otros tantos averiados.

En esta ciudad, en el barrio Mariano Ramos, perdió la vida Rafael Marín, un joven que tras pegarle una patada a una moto de la policía recibió el impacto de las balas salidas del arma accionada por el agente que la conducía. Otros 3 jóvenes perdieron la vida en medio de refriegas, uno en Palmira, otro en Neiva –al parecer por ataque cardiaco o similar– y uno más en Pereira. En Neiva, además, la estatua del mal recordado Misael Pastrana, el presidente del fraude llevado a cabo el 19 de abril de 1970.

El eco de la protesta alcanzó a escucharse con fuerza en otra serie de ciudades, como Bucaramanga, Armenia, Pereira, Medellín, Barranquilla, Cartagena y muchas más.

En esta última ciudad la jornada de rechazo a la pretendida reforma tributaria del gobierno fue encabeza por su alcalde, William Dau, quien además se opuso a la presencia del Esmad. Precisamente allí, a pesar de la ausencia del Escuadrón represivo, no se presentó ninguno altercado o bronca alguna.

Una actitud, la de este funcionario elegido como candidato independiente, distante de la comportada por la alcaldesa de Bogotá, que no cesó en sus llamados a que la gente no saliera a la protesta, proponiendo reducirla a las redes sociales, y quien autorizó la presencia del Esmad en las calles.

 

 

Como continuidad de la jornada, una vez la luz del día dio paso al final del mismo, los sonidos de las cacerolas empezaron a escucharse por diversidad de barrios de las distintas ciudades del país. Sin duda, tanto con la presencia callejera, con la disposición a defender el derecho a la protesta, con el riesgo de infectarse por covid-19 (a lo cual se expone cada día en el transporte público), como con el sonido de las cacerolas, miles de personas hicieron sentir su desacuerdo y rechazo a la pretendida reforma tributaria duquista, así como su inconformidad con un gobierno autoritario que está decidido a seguir gobernando para los ricos.

 

 

El mensaje del país ya fue expresado, pero por ahora no encuentra oídos dispuestos. Duque persiste en su empeño de más impuestos y más pobreza, y por ahora solo ofrece retirar tres apartados de la reforma: no aplicarle el IVA del 19 por ciento a los servicios públicos, como tampoco a los funerales ni a las pensiones.

 

 

El reto sigue abierto. El Comando Nacional de Paro tiene ante sí el reto de saber conducir el inconformismo social, y saber hacerlo en medio del pico pandémico el cual el establecimiento usa y usará como recurso para aterrorizar, pero también para criminalizar: sin duda pasadas unas semanas dirán que los contagios no bajan sus cuotas diarias producto de las protestas.

Entonces, saber maniobrar, saber comunicarse con el país nacional en medio de estas circunstancias, mostrará la real capacidad de conducción que reúne el citado Comité.

Publicado enColombia
Página 1 de 2