“La JEP puede convertirse en un referente mundial”: Corte Penal Internacional

El vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza se refirieron al papel de la Jurisdicción Especial para la Paz. También dijeron que su diseño es pionero en el mundo.

 

Dos integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciaron sobre el papel de la JEP en el país. El vicefiscal de este organismo internacional, James Stewart, y la jueza Luz Ibañez Carranza, señalaron, durante el encuentro “Impacto de los tribunales internacional de jurisdicción subsidiaria”, que esta justicia especial puede convertirse en un modelo referente en el mundo.

Además de esto, los dos miembros de la CPI también comentaron que la JEP y la justicia de este organismo internacional, no chocan entre sí y manifestaron que si logran trabajar de manera articulada y ejecutar proyectos en conjunto "Colombia no solo logrará perfeccionar un modelo que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto, sino que terminará siendo referente para el mundo.

Por otro lado, Stewart afirmó que Colombia terminó siendo pionero en el diseño de un sistema “para lidiar con el legado de violaciones graves a los Derechos Humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.

Por su parte, la jueza Luz Ibañez Carranza, de la Corte Penal Internacional, dijo que “ambas jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos. Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia, que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia”.

El vicefiscal Stewart señaló que “cuando se crea la JEP, las autoridades desarrollan un sistema de rendición de cuentas que puede lidiar con ese gran universo de crímenes. Esta es la forma en que una nueva jurisdicción sanciona conductas que de otro modo podrían ser competencia de la CPI (...) El examen lleva tiempo porque entendemos lo que implica la investigación y enjuiciamiento de conjuntos completos de delitos que involucran a una variedad de actores”.

La JEP: un modelo pionero para el mundo

James Stewart, vicefiscal de la CPI, durante ese encuentro, “Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas”, también afirmó que la coordinación que se ha dado con la JEP está enfocada “sencillamente en entender cuáles son los procesos que se llevarán a cabo en un país que terminó siendo pionero en el diseño de un sistema que incluyó toda una gama de mecanismos, utilizados por las sociedades, para lidiar con el legado de violaciones graves a los derechos humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.

A ese mismo argumento se sumó la jueza de la CPI, Luz Ibáñez Carranza. Para ella, “ambas jurisdicciones apuntan a sancionar y prevenir atrocidades masivas. Una tarea noble, pero sumamente ardua. Como dirían: es como apuntar a un blanco en movimiento”. Ibáñez agregó que “es falsa la presunta dicotomía entre justicia y paz. La una no está divorciada de la otra. Es más, la justicia es base y pilar fundamental para una paz estable y duradera”.

La CPI sostuvo que cuando se habla de justicia transicional se refieren a procesos excepcionales y provisionales que las sociedades en conflicto o posconflicto ponen en marcha con el objeto de facilitar transiciones, ya sea de una dictadura o periodo de conflicto a escenarios de paz y una democracia.

En el caso colombiano, por ejemplo, la Oficina de la Fiscal de la CPI viene realizando un examen preliminar desde el 2004. De acuerdo con Stewart, “en 2012 se identificaron unos crímenes del Estatuto de Roma que parecían necesitar atención. Teníamos que darles un tiempo a las autoridades para abordar estos temas en lugar de concluir que debíamos abrir una investigación. Este llamado ha funcionado en beneficio de la aplicación local de los parámetros internacionales de justicia”.

Precisamente, los siete macrocasos que viene investigando la JEP se caracterizan por tres principios fundamentales, como explicó el presidente de la Sección de Apelación, magistrado Danilo Rojas, durante la moderación del tercer panel de expertos: 1) Priorizan graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 2) Involucran máximos responsables y determinantes de tales violaciones y 3) Enfatizan en patrones y no tanto en casos individuales.

Finalmente, la jueza Ibáñez insistió en que hay un principio de complementariedad de la CPI negativo que funciona por petición de un país. Se presenta porque “el Estado no puede investigar o no tiene capacidad para hacerlo” y otro positivo cuando la Corte es vista como un referente por sus buenas prácticas y es consultada por los Estados para apoyar la aplicación de la justicia, porque “la Corte tiene un sistema especializado de actuación complementario y no subsidiario”, concluyó.

3 de Noviembre de 2020

Publicado enColombia
Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

Publicado enColombia
Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

Publicado enColombia
El presidente colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro con líderes de la FARC.

 

Según el Observatorio de seguimiento a la implementación, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito por las partes

 

En noviembre se cumplió un año de la firma de la paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Más de 8.000 armas han sido entregadas y se ha logrado la tasa más baja de homicidios en 40 años, pero continúan las dudas sobre el efectivo cumplimiento de lo pactado. Según el Observatorio de Seguimiento al acuerdo, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito. Los obstáculos que se han presentado desde entonces se abordaron este jueves en una reunión que se celebró en la Gobernación de Bolívar.

En el encuentro participaron Felipe González y José Mujica, miembros de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo, creado como una instancia entre el Gobierno colombiano y la guerrilla para revisar periódicamente cómo se aplica el documento que resultó de los diálogos de La Habana.

Los líderes del nuevo movimiento político —bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC— plantearon sus temores y pidieron salvar lo fundamental de la Ley de la Jurisdicción especial para la paz. El exjefe guerrillero Iván Márquez cuestionó que esta solo se aplique para los antiguos combatientes y excluya los delitos de los paramilitares, que también fueron parte del conflicto que por más de cinco décadas desangró a Colombia. Los líderes del nuevo movimiento político pidieron al presidente Santos agilizar los procesos de reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como la titulación de tierras para proyectos productivos.

Santos aseguró, al término de un encuentro que calificó como fructífero, que antes del 15 de enero nombrará a los magistrados de la jurisdicción para la paz, una de las mayores exigencias para que se aplique el acuerdo. El mandatario agradeció el apoyo de los expresidentes Mujica y González por acompañar el proceso y reconoció que, aunque la construcción de la paz no ha sido fácil, el primer informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice que el país ha alcanzado un progreso significativo. “Ese balance positivo es corroborado por los resultados que presentamos. Hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación, los avances son muy claros. Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo y sentamos las bases institucionales y normativas para que se cumpla”, aseguró Santos, que hizo un llamamiento a la reconciliación nacional.

Márquez pidió al presidente que ejerza sus potestades constitucionales para garantizar que se consolide la que se acordó. “Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado”. La FARC anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que consulte al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere el Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz.

“Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina”, dijo el expresidente Mujica al final del encuentro, en el que el Gobierno expuso los logros del primer año tras la firma. El Ejecutivo resaltó la reducción en el número de víctimas a causa del conflicto: 39 en 2017 frente a 1.200 en 2006. También destacó la erradicación de cultivos ilícitos que hasta el uno de enero era de 52.571 hectáreas.

La FARC insistió en la liberación de los exintegrantes de la desaparecida guerrilla que siguen encarcelados y pidieron protección para los líderes sociales. 2017 cerró con más de 73 asesinados.

 

Publicado enColombia
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este viernes en un acto conmemorativo de los acuerdos de paz. MAURICIO DUENAS

 

Santos pide paciencia para ver los beneficios de los acuerdos, las FARC acusan al Estado de incumplir lo pactado

 

Los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC cumplieron este viernes un año en un clima agridulce, en medio de promesas y críticas. La buena noticia, el aspecto central de este proceso, es que la disputa entre el Estado y la guerrilla más antigua de América es ahora exclusivamente política. Los excombatientes se desmovilizaron, entregaron sus armas y fundaron un partido, con las mismas siglas y el mismo líder. Pero el contexto preelectoral que vive el país, donde en 2018 se celebran elecciones presidenciales y legislativas, contribuye a tensar el diálogo y las relaciones. Mientras, la sociedad sigue dividida ante la reincorporación de la insurgencia y ve que las autoridades todavía no han acabado con la violencia de las bandas criminales que siguen dominando algunas zonas rurales.

El presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, su nombre de guerra, volvieron al Teatro Colón de Bogotá. Hubo un apretón de manos en el mismo lugar en el que suscribieron el 24 de noviembre de 2016 un segundo acuerdo de paz, después de que el primero fuera rechazado en referéndum por estrechísimo margen. El mandatario trató de explicar que la reconciliación no depende solo del fin de un conflicto armado que dejó más de ocho millones de víctimas durante medio siglo. “Construir la paz es mucho más que poner punto final a los ataques, los atentados, los enfrentamientos. Y es mucho más difícil”, afirmó. Admitió “demoras, dificultades, errores”, aunque resaltó los avances de este proceso. En definitiva -igual que hizo horas más tardes en un viaje a La Montañita, en el suroccidente del país, uno de los municipios más golpeados por la violencia- pidió paciencia a los colombianos y a los antiguos combatientes.

Santos invitó a ver el vaso medio lleno. “Ahora las FARC, partido político, y la extrema derecha coinciden en esto último. En que deben de ver el vaso medio vacío. Y a los dos les conviene criticar al Gobierno, criticar al Estado por un supuesto incumplimiento”, dijo antes de dirigirse a la dirección de esa organización. “Sé que tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones. Me reuniré hoy mismo con sus jefes, con su jefe máximo, aquí presente y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho, para resolver, en la medida de lo posible, sus inquietudes”. Esas cuitas tienen que ver, por ejemplo, con las asignaciones que el Estado prometió para impulsar proyectos productivos, con reformas que aún no han sido aprobadas y, en los últimos días, con un fallo de la Corte Constitucional que modifica algunos puntos del sistema de justicia especial –la llamada JEP- para quienes estuvieron involucrados en el conflicto.

 

De guerrillero a candidato

 

Lo expresó Timochenko en su intervención. “El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano”, afirmó el líder de las FARC en referencia al debate sobre la justicia transicional en la Cámara. Este dirigente vive entre Colombia y La Habana, donde entre 2012 y 2016 se desarrollaron las conversaciones que desembocaron en los acuerdos. En menos de un año ha pasado de ser el principal referente de un grupo armado que practicaba el terror a candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido legal. En esta transición ha empezado a hacer política a todos los efectos. Y desde el Teatro Colón llamó a una movilización masiva para reclamar el cumplimiento de los acuerdos.

A estas tensiones se suman la firme oposición a aspectos relevantes de lo pactado del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y la inestabilidad que aún asfixia a varios territorios rurales. El incierto futuro tras el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla, que termina en enero. El incesante goteo de asesinatos de líderes sociales, “lo que más preocupa” al Gobierno en el ámbito de la seguridad, según Santos. Las disidencias, las bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico.

La Fundación Paz y Reconciliación señala en un informe que “la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz”. Aun así, el mismo organismo también resalta que si el país “aún no le da el justo valor a este acontecimiento”, la comunidad internacional reconoce “el gran salto que ha dado Colombia”. Lo que ahora está en juego es la calidad de su transición.

 

Publicado enColombia
Guerrilleros de las Farc pasan el tiempo en un campamento transitorio.

 

Enrique Santiago es asesor jurídico de las FARC y una de las figuras fundamentales para la consecución del acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en Colombia.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

 

Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.

De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.

 

5a0ea8c15bc3f.r 1511084883577.0 42 2334 1245

Enrique Santiago, una de las figuras clave para la consecución del acuerdo definitivo de paz.

 

La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?

Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.

 

¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?

Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.

 

¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?

Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.

 

El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?

Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.

 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.

El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.

 

5968f0fe10413

Militantes de las FARC en Cali, Colombia /REUTERS

 

¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?

Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.

 

¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?

Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.

 

Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?

Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.

 

¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?

El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.

 

¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?

El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.

 

¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?

Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.

 

¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?

Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor. El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.

 

Publicado enColombia
Las FARC entregan a la ONU la totalidad de sus armas en un acto presidido por Santos y 'Timochenko'

La guerrilla más antigua del continente americano se convertirá en partido político legal después de 53 años de lucha armada.


Con la asistencia de más de mil invitados entre representantes de todos los sectores políticos y sociales, de los países garantes, Cuba y Noruega, y de los facilitadores, Venezuela y Cuba presididos por el Presidente Juan Manuel Santos, del máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez “Timochenko”, y del delegado del Consejo de Seguridad de la ONU, Jean Arnault, se llevó a cabo la entrega total y definitiva de las armas de dotación de todos los miembros de una insurgencia emprendida en Julio de 1964 por todo el territorio colombiano.


El lugar elegido para el acto central del final de las FARC como grupo armado ha sido Buenavista, una vereda del municipio de Mesetas (región del Meta) a 239 kilómetros de Bogotá, hasta hace unos meses sede del “Bloque Oriental”, una de las estructuras de mayor poder militar de las FARC a lo largo del conflicto. Además de cerca de 500 guerrilleros, son testigos del acto de entrega de armas unos 200 presos excarcelados, que esperan la aplicación de la Justicia Especial para la Paz.


Simultáneamente, en Llanogrande (Antioquia), Pondores (La Guajira) y La Carmelita (Putumayo) se han realizado actos paralelos de entrega final de armamento individual. Por decisión de la guerrilla, consensuada por el gobierno, no se han conocido imágenes de la entrega formal de armas, ya que las FARC no han querido dar una impresión de “rendición”, sino de “cesación” voluntaria de la lucha armada.


Más de 7.000 armas entregadas, que serán fundidas


En total, los delegados de la ONU, a cargo del Jefe de Observadores de la ONU, el General argentino Javier López Aquino, que ha participado anteriormente en misiones en Irak y Kuwait, han recibido 7.132 armas que, según la “Hoja de Ruta” del proceso de Paz, serán fundidas para la fabricación de 3 monumentos que se ubicarán en La Habana, Nueva York y Bogotá. El armamento entregado está integrado especialmente por fusiles Galil de fabricación israelí, robados al ejército en las grandes tomas guerrilleras a sus bases realizadas en la década de los 90, y armas largas rusas y búlgaras AK-47, al parecer vendidas a la guerrilla comunista por el asesor de Paz del expresidente peruano Fujimori, Vladimiro Montesinos.


A cada uno de los 6.804 guerrilleros censados se les ha entregado un certificado individual firmado por el Jefe de la Delegación de la ONU en Colombia, que les servirá para reincorporarse a la vida civil. En el mismo acto cada insurgente firmó un compromiso de “no volver a rebelarse violentamente contra el Estado”. En contraste con otras entregas de grupos armados en Colombia, las FARC han entregado más de un arma por guerrillero. Por ejemplo, los 31.689 paramilitares que asumieron su desmovilización bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, entregaron 18.000 armas, muchas caseras o en desuso, y en la izquierda, el M-19, que se desmovilizó en 1990, declaró tener 700 militantes y entregó 280 armas.


Comienza el "posconflicto"


A partir de ahora empieza para la guerrilla y para el gobierno el reto de poner en marcha un “posconflicto” que se encuentra muy retrasado en aspectos decisivos. Con el Congreso de vacaciones en las próximas 3 semanas, está pendiente la regulación de la columna vertebral del proceso: La Justicia Especial para la Paz y la aplicación de amnistías e indultos, que aún no han alcanzado a la mayor parte de los insurgentes, así como la puesta en marcha del primer punto del Acuerdo de Paz, “La Reforma rural integral”, que está encontrando grandes resistencias en la derecha colombiana y en sectores del propio Gobierno, fundamental para poner en marcha los procesos productivos que aseguren la vida futura de los desmovilizados, la mayor parte con vocación campesina.


Por su parte, los dirigentes de las FARC manifiestan su preocupación por la seguridad personal al regreso a la vida civil. En las últimas semanas han sido asesinados 4 exguerrilleros, que regresaban a reunirse con sus familias, además de decenas de líderes sociales. En todo caso, la fecha para la conversión de la guerrilla en un partido político, aún sin nombre, está fijada para el próximo mes de agosto.

Publicado enColombia