El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel. LUISA GONZALEZ REUTERS

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

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¿Estado de opinión o dictadura neo paramilitar?

 

 Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos mas retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplego la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción mas emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los lideres sociales.

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Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

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El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

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