MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Un grupo de trabajadores ayudan a excavar durante una jornada de exhumación en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021, departamento de Antioquia (Colombia). — Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Vecinos de Dabeiba se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en ese cementerio convertido en una enorme fosa común.

Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia

DABEIBA

18/03/2021 19:58

Jeimmy Paola Sierra / EFE

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 Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

“Sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia y cerrar medio siglo de guerra”, afirma el magistrado que preside el tribunal de paz

 

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate público. Experimentado jurista, su dilatado currículo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PAÍS la naturaleza inderogable del alto tribunal –parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla–, a pesar de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. “Ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades”, valora.

Pregunta. ¿Cómo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia está atravesando un momento crítico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las más de nueve millones de víctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez está en marcha la judicialización de los máximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos años y medio, en siete grandes macro casos que aparejan también macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendrán que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 años.

Pregunta¿Es inminente la apertura de nuevos casos?

Respuesta Durante más de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y más de nueve millones de víctimas. Además de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder también avanzar en la investigación de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisión depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP llegó para hacer justicia, investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes mas atroces. No habrá impunidad.

Pregunta. ¿Cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

Respuesta. Entendemos que hay una gran presión social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos día y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entenderá que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de años por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las víctimas. Al final del proceso Colombia tendrá la certeza de que se hará justicia.

Pregunta. Usted afirmó en su posesión que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué es imposible derogarla?

Respuesta. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creación de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una vértebra o un principio esencial de la Constitución colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunción de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constitución que son irreformables. Ni siquiera a través de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podrían ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a través de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una función judicial que no puede eliminar o soslayar. En síntesis, el acuerdo de paz está íntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constitución política y también a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

Pregunta, La implementación contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

Respuesta. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz sí puede ser frágil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de líderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio legítimo de la fuerza, también un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal.

Pregunta. El presidente Iván Duque ha sido particularmente crítico con la justicia transicional. ¿Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

Respuesta. La JEP es un órgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, también a través de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, económico y humanitario en aquellos territorios y zonas más afectadas, y también respecto de las poblaciones –sobre todo comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinado– más afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, más que una tensión con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las líneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

Pregunta. ¿La desinformación ha envenenado el debate público alrededor de los acuerdos? ¿Cuáles son las razones de las campañas de desprestigio contra la JEP?

Respuesta. Creo que la población colombiana, la ciudadanía en general, respalda el proceso de paz. La oposición proviene de un sector político que permanentemente ha mostrado insatisfacción desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constitución política. Ha sido igualmente cimentado a través de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposición ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del país comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelación a la violencia para conquistar el poder político. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

Pregunta. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ¿Los comparecientes están aportando esa verdad?

Respuesta. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condición irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP será contrastar sus versiones con los aportes de las víctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y análisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedió, los excombatientes y agentes del Estado se podrán ver enfrentados a más de 20 años de cárcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptación de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que están abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, aún no es suficiente.

Pregunta. Concretamente en el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ¿Cómo garantizar esa verdad plena?

Respuesta. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la función judicial lo que pasó durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocionó al país entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versión de la historia de la cual no existían registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el propósito del proceso mismo.

Pregunta. La Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene carácter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un año. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en la dinámica de la justicia transicional?

Respuesta. Sí. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecerá elementos de verdad muy importantes sobre patrones y máximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial también para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visión. El informe final profundizará la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

Pregunta. Cuando usted era defensor del pueblo se instauró el sistema de alertas tempranas. Además, es del Cauca, uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener fenómenos de violencia como el asesinato de líderes sociales?

Respuesta. Lo que está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una catástrofe. Esta situación desnuda esa ausencia histórica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos están a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinnúmero de economías ilegales. Ese es el verdadero termómetro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no serán nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vacío institucional que durante décadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro país.

Pregunta ¿Qué es el posconflicto?

Respuesta. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, políticas y económicas que garanticen que nunca más se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro país. Es una aspiración y un derecho. Es pasar una página sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las víctimas y con la ciudadanía.

Pregunta. Usted llegó a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

Respuesta. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitación esquizofrénica a involucionar, un llamado a la distopía. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constitución política la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ha tenido también momentos de sensatez cuando se incorporó en la constitución el cumplimiento de un acuerdo de paz y se creó la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al país, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democrática y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en términos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 15 DEC 2020 - 18:02 COT

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 El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel. LUISA GONZALEZ REUTERS

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

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¿Estado de opinión o dictadura neo paramilitar?

 

 Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos mas retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplego la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción mas emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los lideres sociales.

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Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

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El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

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