Maduro fue reelecto, Falcón no lo reconoció

El mandatario venezolano ganó con un 67,7 por ciento de votos frente al 21,1 por ciento de su principal rival, Henri Falcón. La participación fue del 46 por ciento, en una jornada marcada por el llamado opositor a la abstención.

Nicolás Maduro renovó su presidencia de la República Bolivariana de Venezuela tras triunfar en los comicios que se realizaron ayer. Según el parte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que leyó su titular, Tibisay Lucena, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 5.823.728 millones de votos (67,7 %) en tanto que su principal contrincante, Henri Falcón, consiguió 1.820.728 (21,2 %). El porcentaje de participación del padrón ascendió, al cierre de esta edición, al 46.01 por ciento y según las proyecciones llegaría al 48 por ciento. En ese marco, Falcón desconoció los resultados y aseguró que Maduro carece de legitimidad sumándose así al discurso que tuvo el resto de los partidos opositores que se negaron a competir y llamaron a la abstensión. Ello no evitó la fiesta del chavismo: una verdadera multitud esperó el resultado en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. Maduro, acompañado de su esposa Cilia Flores, aseguró a la militancia que “volvimos a ganar, a triunfar. Somos la fuerza de la historia que enfrenta todos los retos y desafíos que los hemos convertido en victoria popular y permanente”.


Así, Maduro será el presidente de Venezuela hasta 2025 (el mandato empieza en enero de 2019). “Tomen nota, esta es la victoria 22 en 19 años conquistada en base a la conciencia, el movimiento de pueblo luchador. Cuánto subestimaron al pueblo, cuántos me subestimaron a mi pero aquí estamos, victoriosos otra vez”, indicó el presidente reelecto. Incluso recordó que esta es la cuarta victoria seguida desde aquella derrota cuando la oposición se hizo del control de la Asamblea Nacional (legislatura). Maduro señaló que obtuvo el 68 por ciento de los votos y advirtió que Falcón desconoció el resultado cuando todavía no se conocían. “Eso falta de honor”, señaló para repetir que su candidatura ganó con 68 por ciento y superó a Falcón por 47 por ciento. Todos datos para contrarrestar el discurso opositor que apostó al abstensionismo y así señalar una supuesta falta de legitimidad. A pesar de ello, anoche Maduro durante su discurso de victoria igual convocó a un proceso de diálogo nacional y también se comprometió a “activar los motores de la economía para generar la inclusión social”.


El opositor Falcón no esperó el parte oficial para presentarse ante los medios de comunicación para afirmar que “este proceso electoral carece de legitimidad y desconozco el resultado” del escrutinio que al momento en que habló todavía no se conocía aunque debía contar con el informe de sus propios fiscales. Aseguró que realizó una infinita cantidad de denuncias ante el CNE por irregularidades en el comicio pero que no obtuvieron respuestas. Señaló como responsable de estos hechos al gobierno y al PSUV y por eso afirmó que “para nosotros no hubo elecciones y se deben hacer otras nuevas”. Una declaración que lo terminó por sumar a la estrategia del resto de los partidos opositores que habían desistido de participar para deslegitimar la elección presidencial.


El día después


La continuidad del gobierno de Maduro a partir del triunfo no implica necesariamente la descompresión inmediata del conflicto político económico. En todo caso abre caminos para explorar lo que el propio presidente vino anticipando en su discurso en la campaña e incluso ayer que gira alrededor de una convocatoria al diálogo, al perdón y a un proceso de reconciliación nacional con todos los sectores políticos, económicos y sociales de Venezuela. Sin duda, entre ese universo al que hace referencia están los partidos de la oposición, los que de alguna manera moderaron su postura como el Frente Amplio Venezuela Libre donde conviven Acción Democrática y Primero Justicia. Pero también están lo más radicalizados como Soy Venezuela que apuestan a la destrucción total del chavismo y entre sus opciones incluyen la intervención militar extranjera.


La propuesta lanzada por Maduro implica la tarea de resolver la peor de las crisis económicas que recuerda Venezuela donde la inflación y la destructiva corrida cambiaria destruyeron y lo hacen aún el poder adquisitivo de los venezolanos en general pero fundamentalmente a las clases sociales más bajas. Por ahora el abastecimiento está más o menos controlado a través de la implementación de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), surgido a partir de un acuerdo con el gobierno de Turquía, le quitó un peso a la tensión que vive la sociedad de este país pero el gobierno sabe que eso no alcanza y tal vez por eso Maduro adelantó algunos items que incluirá la propuesta lanzada al mundo político en particular pero que también incluye a sindicatos, las iglesias y sobre todo los empresarios.


El presidente buscó ayer ganar el escenario mediático al votar a las seis de la mañana en punto cuando se abrieron las mesas electorales. Luego de emitir su voto, Maduro planteó ante los medios de comunicación su decisión de “cambiar muchas cosas” dentro de su gobierno y entre ellas deslizó que pretende modificar los “métodos” pero no dio más pistas. Luego sostuvo que con todos los sectores convocados a este proceso de reconciliación buscará “perfeccionar ese cambio”. Bien podría considerarse que Maduro hace referencia a una revolución dentro de la revolución pero no dio cuenta de los límites ni de los puntos que incluirá pero todo deberá hacerse, según sus palabras, en el marco de un diálogo franco y en pos de la paz del país latinoamericano.


La situación económica será uno de los ejes y problemas a resolver en el proceso que impulsa el chavismo. Maduro lo dijo: “Queremos una nueva economía porque la actual fue infectada de neoliberalismo” y agregó que “debemos instalar un nuevo sistema de precios para que no nos roben”. No avanzó más pero la ausencia de la palabra “socialismo” en el discurso de Maduro pero también de todos sus ministros, dirigentes del Partidos Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) e incluso simples militantes, abre interrogantes sobre el perfil del nuevo mandato presidencial. Es probable que sea parte de la táctica para estos tiempos aciagos y en el marco de la propuesta lanzada. Una de las incógnitas que se develarán con el correr del tiempo.


Lo cierto es que a partir de hoy poco habrá cambiado para el venezolano pero no es para despreciar contar con una perspectiva o una alternativa a explorar para salir de la crisis. En la madrugada del domingo, cuando todavía no se habían abierto los centros electorales una mujer de unos cincuenta largos sintetizó para PáginaI12 lo que podía ocurrir en las elecciones y después de ellas: “Si perdemos será un peo (problema) y si ganamos... también”, dijo y agregó “pero los chavistas estamos para esa vaina, para enfrentar y seguir pa’lante”, señaló con una amplia sonrisa.

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La política peruana implosiona en un ambiente de “que se vayan todos”

El vicepresidente asumirá casi sin apoyos mientras la izquierda pide “cambiar un sistema podrido”


Hasta el miércoles, Martín Vizcarra vivía en Ottawa como embajador de Perú en Canadá, aislado de todos, casi exiliado y alejado del poder. Allí lo envió Pedro Pablo Kuczynski para apartarlo de la tormenta que arrasa la política peruana. Pero siguió siendo vicepresidente, y por eso desde hoy deberá asumir casi sin apoyos el poder. La política peruana ha implosionado por el caso Odebrecht,que ha forzado la dimisión del presidente, para el que la fiscalía ha solicitado la prohibición de la salida de Perú ante el temor de una fuga. El país se ha instalado en una profunda crisis de credibilidad en la que crece el mensaje antipolítico de “que se vayan todos”.


Mientras la ciudadanía muestra su indignación en Perú, la izquierda de Verónika Mendoza pide “cambiar un sistema podrido” y convocar elecciones, una exigencia a la que se suman otros grupos pequeños. Pero nadie quiere ir a las urnas en este ambiente explosivo y el escenario más probable parece el de un Gobierno muy débil de Vizcarra durante los tres años de legislatura que quedan. Con un Parlamento dominado por los fujimoristas, el Perú parece condenado a la inestabilidad permanente. Vizcarra de momento solo ha enviado un tuit desde Canadá: “Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país”. Su llegada parece tener el apoyo del mundo empresarial y tanto la bolsa como el dólar se calmaron con la caída de PPK.


Perú no se está hundiendo. La economía marca un crecimiento algo más suave que en los últimos años, 2,5% anual, pero las cifras son positivas de forma ininterrumpida desde hace 19 años, hasta el punto de que se hablaba del milagro peruano. Y sin embargo, la política peruana es una de las peores valoradas de la región, en las calles de Lima la gente reclama que dimitan todos y el título principal de La República, de centro izquierda, evidencia el ambiente irrespirable que se vive en el poder: “Medio país pide que se vayan todos”. La encuesta que lo sostiene señala que el 49% de los peruanos respalda que ambos vicepresidentes renuncien y que se convoquen elecciones.


Entre carteles de que “que se vayan todos los corruptos”, Mendoza, líder de la izquierda cuyos votos fueron claves en 2016 para que ganara Kuczynski, mostró la gravedad del momento. “Nuestra clase política tradicional ha hecho de nuestro estado un botín. PPK no es una víctima, se va por corrupto e inmoral. Necesitamos una transición democrática, la de 2000 [tras la caída de Fujimori] fue incompleta. Llamamos a todos a recuperar nuestra patria”. La calle no ha estallado, el ambiente parece tranquilo en Lima a la espera de que Vizcarra, quien llega mañana desde Ottawa luego de dos días, se hiciera cargo de la situación. La única manifestación importante congregó a unas 4.000 personas en Lima.


“Perú no se ha recuperado de la destrucción del sistema de partidos que hizo Fujimori en los 90. Antes de que llegara había tres grupos, izquierda, centro y derecha. Ahora solo hay organizaciones personalistas, pragmáticas, sin ideología, muy débiles. Hay mucho aventurerismo. Y por eso cuando alguien pierde el poder puede acabar en la cárcel, como Ollanta Humala, porque no tiene un partido para defenderlo. Ahora vamos a tener un presidente como Vizcarra completamente solo, va a tener que hacer milagros”, explica el analista y profesor Martín Tanaka.


Todos asumen que hay que cambiar el sistema, aunque nadie sabe bien cómo hacerlo con un Parlamento desacreditado y dominado por un fujimorismo dividido y con ganas de venganza por su derrota en 2016 por solo 40.000 votos. “Pensando en el 2021 en adelante, queremos presentar una propuesta como bancada: una asamblea constituyente en paralelo, sin desactivar el congreso actual. Hemos tenido una discusión para reformas políticas y un proyecto de ley multipartidario, con miembros del propio fujimorismo, y el fujimorismo las bloqueó”, sentencia Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Kambio, el partido que seguirá de momento en el poder aunque nadie sabe por cuánto tiempo, porque Perú devora a toda velocidad a sus políticos y ahora le toca sufrir ese trágico destino al nuevo e inesperado presidente.


En este ambiente depresivo, incluso los analistas admiten que al menos la clasificación de Perú para el mundial por primera vez en 40 años calmará las aguas y hará olvidar por completo la política en pocas semanas.


Protestas contra la corrupción


Mientras el Congreso debatía la aceptación de la carta de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, unos 4.000 ciudadanos marchaban este jueves por la noche por las principales avenidas del centro de Lima para expresar su indignación por la corrupción de los líderes políticos y su esperanza de cambios.


César Gutiérrez, de 35 años, vendedor de cintas de tela con el lema Que se vayan todos los corruptos comentaba al inicio de la caminata en la Plaza San Martín: "Yo me dedico nomás a trabajar, no hay confianza en ninguno (los políticos). Hace varios años se acabó el trabajo en una fábrica y empecé a trabajar en la calle. Ningún político me ha dado trabajo".


La artista plástica Cristina Planas encabezaba un grupo de trabajadores de las artes en la protesta. Como en otras movilizaciones llevaba tres piezas de arte suyas. Se trata de unas cabezas de gallinazos (ave rapaz) gigantes que creó como símbolo anticorrupción, dado que estas aves se alimentan de desechos. "Nos hemos quedado sin presidente y solo se ha desvelado la punta del iceberg. Se ha visto cuáles son las maneras de corrupción en el Ejecutivo y en el Congreso, y lo que para ellos significa hacer política. Esto ha desencadenado en indignación e ira. La corrupción solo se combate con educación y cultura. La gente tiene que salir a la calle".


El grito "¡Qué se vayan todos!", que se escuchaba en la protesta y se extendía en las redes sociales, fue respondida en la sesión del pleno del Parlamento por el congresista Alberto de Belaunde. "¿Que se vayan todos? No. Que vengan todos. Todos los virtuosos, todos los honestos, todos los capaces. Solo así evitaremos otra crisis", afirmó el político, quien renunció en diciembre al partido de Gobierno, después de que Kuczynski indultara a Alberto Fujimori.


TODOS LOS PRESIDENTES ENCARCELADOS O DESTITUIDOS


Visto dos meses después, y con la decisión de la fiscalía de impedir la salida de Pedro Pablo Kuczynski del país, parecía una profecía: "¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Y presos con rabia ¿no? El sistema llama la atención", se preguntó el Papa en enero, cuando visitó Lima. Ningún presidente desde 1990 ha salido del poder tranquilo y mucho menos aplaudido.


“Después de los 90 se mejoró mucho el sistema judicial en la parte de juzgamiento, se desarrolló mucho el sistema anticorrupción en la persecución del delito, y además ahora la gente no acepta que se robe, es más exigente, pero lo que no se resolvió fue el sistema institucional, de partidos, y por eso no logramos evitar que los presidentes caigan todos en los mismos problemas de corrupción”, señala Luis Vargas Valdivia, exprocurador que se encargó de perseguir la corrupción de Fujimori.


El profesor Maxwell Cameron señala que el problema de fondo es que “el Perú no tiene un contrato social con el cual los ciudadanos forman parte de un proyecto común. En realidad, el Perú tiene una oligarquía electoral cuya función es administrar una economía rentista y extractivista. En ese contexto, la política termina siendo la compra y venta de intereses en medio de una gran corrupción. Aun cuando los presidentes peruanos no cometen grandes errores, sus efectos pueden ser desastrosos”.


“El país no ha madurado. Tenemos casi 200 años como república, pero nuestro presidencialismo encara los mismos problemas en su relación con la oposición parlamentaria que teníamos hace 100, 50, o 25 años”, señala Jorge Valladares, experto de IDEA Internacional. “Todas nuestras crisis terminaron con presidentes desterrados y los tanques en palacio. Nuestro aprendizaje institucional es decepcionante: apenas nos hemos dejado a los militares de lado, pero la verdad es que la fragilidad de nuestras instituciones políticas es igual de decepcionante, y está agravada por la falta de integridad de nuestros políticos. La relación entre el dinero privado y las políticas públicas ya no es solo de influencia, es de captura”, remata.

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Viernes, 02 Marzo 2018 06:04

Votar en Colombia

Votar en Colombia

El voto en blanco y las luchas contra las injusticias

En este año 2018 se celebran elecciones legislativas y presidenciales en el país andino con un panorama un tanto desalentador. El cuadro político que tiene Colombia actualmente no invita al optimismo. A ello contribuyen hechos tan graves como la falta de implementación de los acuerdos de paz de La Habana, la no puesta en marcha en toda su extensión de la Justicia Especial para la Paz y los asesinatos de líderes y lideresas sociales.


Los movimientos por el voto en blanco, sobre todo para el Senado, van tomando fuerza. Pero lo más importante son las campañas contra la violencia y el fraude, contra las injusticias y por una política transparente. En un país en el que la Misión de Observación Electoral señala los riesgos electorales presentes en el territorio.

Cuando se cumplía un año de la firma oficial del Acuerdo entre guerrilla y Gobierno en Cartagena de Indias, septiembre 26 de 2017, la Fundación Paz y Reconciliación publicaba el informe “Cómo va la paz” en donde destacaban, además de la negativa a dar luz verde a la Ley de Amnistía, los incumplimientos generalizados, el aumento de los asesinatos sistemáticos, la falta de compromiso político o la debilidad institucional. Ahí llama mucho la atención la poca presencia del presidente y su equipo de gobierno para respaldar los acuerdos y denunciar lo no cumplido.

Sobre la Justicia Especial para la Paz, que alguien revise a ver cuáles de los objetivos que se propuso se está cumpliendo. No se está satisfaciendo el derecho de las víctimas (todas y cada una) a la justicia; a la sociedad colombiana no se le ha ofrecido la verdad; no se ha dado la reparación a las víctimas; no se está luchando con ganas, medios y resultados contra la impunidad; no hay plena seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto armado y no está verdaderamente contribuyendo al logro de una paz estable y duradera.


Los cifras sobre asesinatos de personas relacionadas con la defensa de los derechos civiles y la paz no coinciden, según la fuente que las facilite. Mientras la Fiscalía reconoce el asesinato de 101 personas entre enero 2017 y enero 2018, para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en el año recién terminado mataron a ciento setenta líderes y lideresas sociales. Eso supone un aumento en 2017 del 45,2 % en relación al año anterior. A eso hay que sumar las veintiuna personas asesinadas en el primer mes de 2018. Al margen de la lucha de datos, son hechos muy graves, que no deberían suceder y que demandan una mayor y mejor acción por parte del Estado, y del Gobierno, para parar este derramamiento de sangre. No es suficiente con que la ONU se muestre preocupada por los asesinatos, en cualquier otro país, o en otras circunstancias, serían considerados delitos de lesa humanidad. Porque estas muertes no son, como dicen algunos miembros de la Administración, “líos de faldas” o “ajustes de cuentas”, son crímenes de Estado. Y así no se alcanza la paz.


Según un informe de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, tan sólo se ha cumplido el 18,5 % de lo establecido en los acuerdos de paz. Además, señala la actitud negadora del paramilitarismo por parte del Gobierno.

A ello se suma un escenario político en el que, pese a contar con un presidente flamante premio Nobel de la Paz, los “presidenciables” no encantan, por diferentes motivos, entre la población. También está en entredicho la clase política por su calidad, su capacidad, los vínculos, algunos demostrados pero “desoídos” y otros ignorados, con la corrupción y el crimen, y sus propuestas programáticas, que no convencen ni a sus propios correligionarios.


Según la Registraduría Nacional de la República, un total de 36.024.467 ciudadanas y ciudadanos colombianos están llamados a votar en las legislativas del 11 de marzo, para las que se instalarán 103.345 mesas ubicadas en 11.231 puestos de votación atendidos por 688.537 personas elegidas como jurados en todo el país.

En esas elecciones, en las que serán elegidos ciento dos senadores y ciento sesenta y seis congresistas para la Cámara de Representantes, el horizonte no está muy definido. El asunto es complicado empezando porque la papeleta de voto es un tarjetón de tamaño poco manejable en el que hay que marcar con un aspa, una X, el partido y el nombre del candidato (a) que se elige, en el caso de optar por una lista preferente (la mayoría de los partidos), o solamente marcar el partido o coalición si se hace por una lista no preferente (la dirección decide su representante).

Para la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción en los treinta y dos departamentos más Bogotá D.C. En ésta se presentan catorce partidos generalistas, dos con listas no preferentes (GSC Colombia Justa Libres y FARC), seis movimientos para la circunscripción especial de comunidades indígenas y cuarenta y dos asociaciones para la circunscripción especial de comunidades afro-descendientes.


Para el Senado de la República, de circunscripción única, son veintitrés los partidos que se postulan, cinco de ellos con listas no preferenciales (GSC Sí se puede, GSC Unión con fortaleza, Partido Somos, GSC Colombia Justa Libres y FARC), más siete listas de candidatos de la circunscripción especial de comunidades indígenas. El Senado es una instancia que está muy desacreditada, lo que no significa que la Cámara lo esté menos y que sea una particularidad colombiana, ya que el descrédito político está extendido en todo el mundo.


Las peculiaridades del sistema político colombiano hacen que esta votación no tenga una incidencia clara en la posterior presidencial, aunque puede arrojar alguna luz sobre las y los candidatos mejor posicionados.


Con los datos de los cuatro estudios de otras tantas entidades de sondeo realizados en el mes de febrero, el voto en blanco ganaría en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 27 de mayo en su primera vuelta. ¿Es bueno para las y los candidatos que las encuestas les sitúen en un buen lugar? Visto lo que sucedió en el plebiscito del pasado 2 de octubre, probablemente no. Había tal convencimiento del triunfo del sí, que el pasotismo de la mayoría urbana hizo que el “no” le ganará la partida. Si algún medio o encuesta da por ganador a alguien en particular, sus seguidores o posibles votantes pueden no ejercer su derecho al voto y los rivales movilizarse en masa para que no se cumpla el vaticinio.


En esos cuatro estudios mencionados, los resultados son dispares. Haciendo política ficción, que más o menos es lo que son esas encuestas, me atrevo a hacer una sumatoria de sus resultados y lo que nos presentan es que Sergio Fajardo lidera las opciones con una media del 17,3 %, seguido de Gustavo Petro y su “Colombia Humana” con el 16,23 %, a continuación el exministro Vargas Lleras con el 10,3 % y, a cierta distancia, el representante del Gobierno en las negociaciones de La Habana, Humberto de la Calle, con el 6,53 % y la también exministra y cabeza del Partido Conservador Marta Ramírez con el 5,9 %.


El voto en blanco lidera la intención en dos de los escrutinios pero no aparece en las otras. Lo mismo que el joven delfín candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que solamente es mencionado en dos de ellos.


El estudio de “Cifras y conceptos” también incluye preguntas sobre la imagen favorable o desfavorable de los aspirantes presidenciales, dando Fajardo la mejor con 41 % y Londoño la peor con el 81 %, aunque éste, junto a Gustavo Petro y Piedad Córdoba son tres de los menos desconocidos. La encuesta pregunta, además, si tienen decidido ya su voto para la primera vuelta y, curiosamente, el 46 % ya lo tienen.


Que en Colombia se diga que parece que la intención de voto lleva hacia el centro-izquierda al país, el único del continente que nunca ha tenido un gobierno de izquierdas, será motivo más que suficiente para que la derecha movilice todo su arsenal, por desgracia no solamente el electoral, para minar esa opción.


Parece que Sergio Fajardo, exalcade de Medellín, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, son los que tienen más opciones. Pero que las tengan les puede perjudicar y hacer que sus posibles votantes se inhiban y que los rivales se activen. Y para la casi segura segunda vuelta, es más difícil la unión de los sectores más progresistas que la de las derechas, más obedientes y pactistas con tal de evitar al enemigo.


En cualquier caso, la sugerencia es que la ciudadanía vote y no bote el voto. Que se decante por opciones confiables y comprometidas con la población y la justicia social. Es una oportunidad para dar continuidad a un proceso de paz necesario y que el país camine por la senda de la convivencia pacífica, desde el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Votar es un ejercicio de ciudadanía democrática; exigir después responsabilidades, también.

 

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Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, PPK estuvo a punto de ser destituido por el Congreso.

 

El presidente peruano queda comprometido con la trama de corrupción de Odebrecht

Cuando era un poderoso ministro de Toledo, PPK favoreció a la constructora brasileña. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. Se acusa al actual mandatario de haber beneficiado al consorcio Camisea.

 

Desde Lima

Nuevas complicaciones para el agobiado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Recientes revelaciones comprometen más su situación en la trama de corrupción de Odebrecht. La prensa local ha denunciado que cuando era un poderoso ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) –hoy prófugo acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña– y el gobierno de entonces tomó una serie de decisiones que favorecieron a Odebrecht, Kuczynski se reunió varias veces con un alto ejecutivo de la compañía encargado de negociar y repartir los sobornos en el Perú. A esto se suma nueva información comprometedora sobre las consultorías de empresas ligadas a Kuczynski dadas a la cuestionada constructora brasileña cuando el actual mandatario era ministro. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. También se le acusa de haber beneficiado como ministro al consorcio Camisea, que explota y comercializa los principales yacimientos de gas del país. Estas nuevas acusaciones salen a la luz cuando el presidente camina tambaleante por la cornisa.

Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski no pudo dar explicaciones convincentes sobre esas relaciones de negocios y el claro conflicto de intereses que representan, pero se salvó de la destitución luego de negociar el apoyo de un sector disidente de la mayoritaria bancada fujimorista, a cambio de lo cual otorgó el indulto al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Este canje de impunidad ha gatillado una grave crisis política y social.

La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.

En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.

Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.

Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primera el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.

El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.

 

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ortada del libro que saldrá este viernes a la venta (ya es primer lugar en Amazon) y que ha sacudido a la Casa Blanca por ofrecer la imagen de una presidencia de Donald Trump disfuncional y caótica

 

Nueva York.

Donald Trump está intentando suprimir la publicación de un libro que ofrece la imagen de una presidencia disfuncional y caótica, volumen que ha sacudido a la Casa Blanca aun antes de salir a la venta, mientras el magnate ofrece regalos al sector petrolero, procede con la desregulación del sector privado e intensifica el conflicto con Pakistán.

Esta mañana un abogado de Trump envió cartas al autor y al director de la editorial del libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, solicitando cesar y desistir de publicar el libro y/o fragmentos, y exigiendo una disculpa por las afirmaciones falsas contra el presidente, con la amenaza de demandarlos y solicitar compensaciones monetarias por daños.

En respuesta, la editorial, Henry Holt & Co, y el autor Michael Wolff, adelantaron la puesta en venta del libro para este viernes. Lo pueden comprar (y leer) mañana. Gracias, Sr. Presidente, tuiteó Wolff (el libro ya ocupa el primer lugar en Amazon).

Algunos extractos ya fueron difundidos y han ocupado las primeras planas (primero en The Guardian), lo cual ha provocado la ira de Trump.

El libro, que estaba programado para salir a la venta la próxima semana, cita extensamente al ex jefe de estrategia política y asesor íntimo de Trump, Steve Bannon, quien calificó de traición la reunión del hijo de Trump y su yerno Jared Kushner con funcionarios rusos durante la campaña en 2016, sugirió que seguramente estos rusos se vieron también con el entonces candidato y pronostica que Donald júnior y Kushner serán acusados de lavado de dinero y otros delitos al concluir la investigación federal sobre la posible colusión rusa con la campaña de Trump.

En respuesta, el miércoles Trump fustigó en una declaración a su viejo asesor y afirmó: nunca tuvo nada que ver conmigo o mi presidencia, y remató: ha perdido la razón. Este jueves, se envió la demanda para frenar la publicación del libro que la Casa Blanca acusa de estar repleto de falsedades y engaños. El abogado que Trump contrató para este caso es Charles Arder, prominente en casos de libelo, quien hasta hace poco representaba al productor de cine Harvey Weinstein, quien cayó en desgracia cuando decenas de mujeres lo denunciaron tras décadas de abuso sexual.

Algunos fragmentos del libro ofrecen un vistazo que oscila entre una telenovela de segunda, cruzada con una versión de secundaria de Juego de Tronos, protagonizada por un presidente patético y su corte aún peor. Entre algunos otros puntos –más allá de lo de Bannon– que se han divulgado:

El presidente es calificado en el libro de idiota, tonto de mierda e imbécil de la chingada por algunos de sus principales asesores y funcionarios, y hasta algunos amigos cercanos. Cita a un amigo multimillonario del presidente que declara que Trump no sólo está loco, es estúpido.

Bannon y la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Kushner, constantemente intercambiaban insultos en reuniones con el presidente.

Ivanka deseaba ser la primera presidenta del país; Bannon también pensaba llegar a la Casa Blanca.

Melania Trump estaba llorando y no eran lágrimas de felicidad tras el triunfo el día de las elecciones.

Trump duerme solo en una recámara separada, y ordenó que nadie tocara su cepillo dental (parte de su paranoia de que será envenenado).

Trump no tenía idea de que ganaría la elección y no mostró ningún interés en prepararse para ser presidente. Wolff escribe que “Trump no leía (...) si algo estaba impreso era igual a que no existiera. Algunos creían que en la práctica él no era más que un semialfabeto (...) No sólo no leía, no escuchaba”.

En su artículo en el Hollywood Reporter esta semana, Wolff afirmó que después de entrevistar y observar al equipo de Trump a lo largo de casi un año, es que “todos –el 100 por ciento– llegaron a creer que él (Trump) era incapaz de funcionar en su chamba”.

Wolff, periodista veterano que ha escrito para varias revistas, periódicos y una biografía de Rupert Murdoch, señala que sus fuentes incluyeron no sólo a Bannon, sino al propio presidente y a la mayoría de su personal de alto rango.

Una amplia gama de Washington está siguiendo este nuevo episodio que sólo ha alimentado la sospecha de que hay problemas mentales en la Casa Blanca. De hecho, la vocera Sarah Sanders tuvo que responder este jueves a esa cada vez más amplia sensación, al afirmar que las preguntas sobre la salud mental del presidente son vergonzosas y ridículas.

Esto no es normal. Una república bananera estaría avergonzada, tuiteó el columnista Nicholas Kristof, del New York Times, en referencia a la respuesta de la Casa Blanca al tema del libro.

 

Euforia en Wall Street

 

En otros frentes, el gobierno de Trump suspendió hoy casi toda la asistencia de seguridad a Pakistán por lo que, afirmó, es su falta de actuar más contra agrupaciones terroristas. El monto congelado podría ser de más de mil millones de dólares, aunque no se precisó la cifra. Washington ha otorgado más de 30 mil millones a Pakistán en los pasados 15 años.

En el frente interno, ante el abierto júbilo de dueños de empresas energéticas, el gobierno de Trump anunció que permitirá la perforación petrolera en casi todas las aguas territoriales de Estados Unidos, otorgando acceso a millones de hectáreas –antes protegidas– en las costas de California, el Ártico y parte de la costa del Atlántico. La decisión anula la prohibición sobre estas actividades impuesta durante el gobierno de Barack Obama, y con ello parte clave de su legado ambiental.

Aparentemente, la salud mental presidencial aún no preocupa a Wall Street, y ante la continuación de la desregulación del sector privado, la reducción de impuestos sobre empresas y mega-ricos, así como regalos como la apertura de territorios marítimos para el sector petrolero, la Bolsa sigue registrando su alto grado de satisfacción con el índice Dow Jones superando los 25 mil puntos por primera vez en sus 132 años de historia.

 

Contra la mariguana

 

Para acabar, el procurador general Jeff Sessions revirtió la política implementada durante el gobierno anterior de no intervención en asuntos de comercio de mariguana en estados que han legalizado la cannabis. En un memorando difundido este jueves, afirmó que el gobierno federal tiene que actuar según la determinación del Congreso de que la mariguana es una droga peligrosa y cualquier actividad relacionada con ella es un delito serio.

Esto detonó confusión sobre las implicaciones para el futuro del mercado multimillonario de la mariguana en estados como California, Colorado y seis más, donde se ha legalizado la venta y el consumo individual con fines recreativos, o los 29 donde es legal con fines médicos.

Al parecer, el gobierno de Trump desea prohibir uno de los pocos antídotos para aquellos que no aguantan este gobierno.

 

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Miércoles, 27 Diciembre 2017 07:12

Sin Líder no hay Salvación

Sin Líder no hay Salvación

A Mirna, Toro, Enrique y Chico


1. La Dictadura: La Nueva Normalidad


La ofensiva oligárquica imperial contra la centroizquierda latinoamericana --la socialdemocracia progresista-- está entrando a su segunda fase. Primero destruyo la Década de Oro del desarrollismo democrático de Chávez, Lula, Kirchner, Correa, Zelaya y Lugo. Ahora, pretende eternizar su triunfo, instalando la dictadura de clase abierta: fraudes electorales, matanzas militares, coup d´états parlamentarios y judiciales, opresión social sangrienta, cínico desconocimiento del "espíritu de las leyes" (Montesquieu) y la perversión manipuladora de la verdad pública, son las armas usadas por las tiranías burguesas subdesarrolladas.


Actualmente no hay fuerzas de resistencia organizadas en la Patria Grande, que podrían enfrentarse ofensivamente a las oligarquías criollas. Emulando el ejemplo global del proto fascista Trump, éstas no ven impedimento para imponer sus regímenes de facto sobre la sociedad civil; pese a que la destrucción de la socialdemocracia criolla aniquila uno de los dos pilares políticos orgánicos del sistema de dominación capitalista --el otro es el neoliberal-- generando un sistema asimétrico inestable. La oscilación entre la ilusión política de un mundo basado en el contrato social, por una parte, y el campo de guerra del bellator y del mercado, por otra, le parece a la burguesía actual un lujo, del cual puede prescindir, sin perder el control social.


Para las fuerzas populares y clases medias de América Latina, sin embargo, la Nueva Normalidad cambia cualitativamente el teatro de operaciones (campo de batalla). Obliga a actuar desde una perspectiva de "defensiva estratégica" y de concertar coaliciones de salvación nacional lo más amplias posibles, para enfrentar el nuevo orden dictatorial. En este escenario de lucha, el papel del líder --independientemente del género, por supuesto-- se vuelve fundamental para el triunfo.


2. Sin tetas no hay paraíso


Para transformar una sociedad, es necesario construir tres subsistemas de poder: 1. un liderazgo individual (carismático) o colectivo de vanguardia; 2. un programa realista-incluyente de transformación; 3. una organización nacional eficiente con sustento en la realidad socio-económica, política, cultural y militar.


Mientras las necesidades del programa y de la organización son reconocidas en todo el espectro político, el tema de la indispensabilidad del líder para el éxito --conditio sine qua non (condición esencial) del triunfo en la lucha por el poder-- es negada por la izquierda global. Discutirlo significa cuestionar un tabú de la conducción democrática de los macro sistemas sociales. Un tabú, cuyas profundas raíces se nutren de experiencias históricas, ilusiones anarcoides y de memes propagandísticos liberales, socialdemócratas y post-modernistas de la burguesía.


El efecto de este anatema sobre "la izquierda" es semejante al que sufre la joven Catalina Santana en la novela de Gustavo Bolívar, Sin Tetas no hay Paraíso. Cuando la hermosa joven decide ofrecer sus servicios de sexoservidora a los narcos del barrio --única vía para salir de la pobreza-- la rechazan por el tamaño de sus senos. Carece de un requisito vital para triunfar en el mercado del poder y, por lo tanto, está condenada al fracaso. Sufre la inmisericordia de la ley fundamental de la vida clasista, que predestina los triunfos y fracasos del homo sapiens en lo individual y lo colectivo.


3. Stalin, Hitler, Bakunin


La experiencia del terror de Estado stalinista es, sin duda, el trauma castrante más fuerte de la izquierda, que determina su síndrome anti-líder; o, si se prefiere, su síndrome pro-manada.
La amalgamación liberal del terror stalinista con el hitleriano, en el concepto del "totalitarismo" de Mussolini (Hannah Ahrendt); la mezcolanza de estos memes con la utopía anarquista de Bakunin y con determinadas idioteces de la trendy inteligencia de enjambre (swarm intelligence), así como la interpretación reduccionista de los procesos de autoorganización y auto-catálisis de la materia y de la seguridad en números (safety in numbers), generaron la noción precientífica (esterotipia), de que todo líder es sinónimo de peligro para la democracia.


4. Sicofantes de la manada


Hoy día, esta sopa química-ideológica prevalece en la lucha global de las ideas, promovida por los mercaderes e "idiotas útiles" (Lenin) del sistema, mediante múltiples canales de dominación: desde el abuso de la legítima lucha de los pueblos indígenas (actualmente por autodefinidos "trotskistas"), hasta el abuso de los legítimos intereses democráticos de los movimientos populares. Bajo la obscena fachada del purismo democrático, aferrados a su noción abstracta-dogmática de libertad y racionalidad, catalizando estrategias de voluntarismo demagógico y fundamentalismo, escamotean la verdad científica, de que los grados de libertad posibles en los sistemas empíricos son esencialmente funciones de las condiciones objetivas, no de la libre voluntad de las personas.


5. Lula y Alencar


Por lo tanto, en ciertas fases de la lucha de transición política y social, las alianzas tácticas con sectores de las clases dominantes y medias son imprescindibles: ya sea para sobrevivir en la fase de la defensiva estratégica (fascismo europeo) o para dar el primer paso en el derrocamiento de una dictadura (Pinochet); ya sea, para llegar al poder con fines reformistas, como la luna de miel entre Lula y Alencar, el jogo bonito electoral brasileño, en 2002, que se repite actualmente a pie de la letra en el segundo país más importante de América Latina.


6. Seis funciones del Líder


En manadas de animales, la función del animal Alpha consiste en asegurar la sobrevivencia del colectivo dentro del hábitat que utiliza. En sistemas más complejos, como la sociedad clasista humana, el animal Alpha o líder, tiene que cumplir satisfactoriamente con seis funciones.


1. Discernir las zonas hostiles, benéficas, neutrales y antagónicas del entorno.
2. Entender la naturaleza determinística, probabilística o caótica (no-previsibles) de los procesos relevantes para su praxis.
3. Sobre este análisis diseñar la estrategia de sobrevivencia.
4. Imponer en la manada la estrategia escogida, para lograr una mínima auto-similaridad funcional a toda escala de la organización.
5. Mantener la cohesión del colectivo, pese a que toda organización social humana (Estado, partidos, sindicatos, etc.) genera disidencia y se estructura en tres vectores de poder, clasificables políticamente como: centro, derecha e izquierda.
6. Masificar el apoyo a la estrategia escogida para la manada, más allá de su organización interna. Es decir, hacerla hegemónica, en el sentido de Gramsci, en la sociedad civil y política. Todo esto resume, como es obvio, la función de vanguardia de una organización o de un líder político en un macro-sistema social humano.


7. Líder y masas


La sociedad capitalista moderna es un macro-sistema de dominación, que opera vía la interacción de cuatro variables claves: a) las circunstancias objetivas del status quo (momento); b) la intervención de las masas; c) la interfase entre el poder estructural (de las facciones) de la clase dominante y el poder operativo del Estado, que llamamos "partidos políticos"; d) el perfil de los líderes. Marx consideraba a los líderes, dentro de la dinámica objetiva, como parte de los "eventos aleatorios" o de la casualidad ("der ´Zufall´ des Charakters der Leute, die zuerst an der Spitze der Bewegung stehn"), que aceleran o desaceleran los procesos objetivos. El efecto catalizador o paralizante de los líderes en los procesos históricos depende, como ya resumimos, en su capacidad de comprender tempranamente las tendencias de evolución de la realidad y, en respuesta, crear un modelo de dominación/conducción social, que convence a las clases sociales de "la bondad" de su proyecto histórico (visión del futuro).


8. Fidel y Chávez: modelos diferentes


Líderes estructuralmente semejantes, como Fidel y Hugo Chávez --ambos carismáticos, con gran inteligencia, oratoria y vitalidad-- pueden generar modelos de conducción cualitativamente diferentes, según las condiciones objetivas. El sistema político de la Revolución Bolivariana de Chávez era carismático y bonapartista, mientras que el de la Revolución Cubana era y es, básicamente, burocrático y tradicional (Max Weber). Actualmente, ambos modelos están estructuralmente agotados, debido a su inadecuada cibernética (dialéctica) frente a la complejidad de los procesos y nuevas estructuras de clase del siglo XXI. La genialidad del líder Fidel impidió el colapso del modelo cubano, aunque no pudo evitar su deterioro ante la criminal agresión estadounidense de seis décadas; el derrumbe del modelo de Chávez es responsabilidad del Comandante, que lo entregó a los bufones de la manada socialdemócrata tropical.


9. El peligro del líder


Al igual que el liderazgo de la manada, la conducción del líder implica peligros para el colectivo, que le delega poder. ¿Qué su visión puede ser cierta o errada? Por supuesto. No hay praxis humana que se escape a la dialéctica de verdad mental y objetiva, producida por el sujeto. ¿Qué el líder cambie o abuse del poder otorgado por las mayorías? Por supuesto. Sólo la formación científica-ética, una institucionalidad adecuada, la conciencia ciudadana y la superación de la sociedad de clase, pueden conjurar este peligro, que es herencia de nuestra materialidad animal.


10. El Placebo divino


Quiénes no aguantan las antinomias (contradicciones) del Ser --débiles e ignorantes, decía Wilhem Reich-- pueden refugiarse en los placebos totalitarios de la nomenclatura católica. Extra Ecclesiam nulla salus, reza su dogma para el rebaño de fieles, la grex esclavizada: "Fuera de la Iglesia no hay salvación". Entusiasta, el renacentista Principe de Maquiavelo y los Netanyahus del mundo aplauden la deificación del Estado clasista bíblico y la ley de la manada.


Mientras, Jesús de Nazareth, el magno líder palestino, llora el fracaso de su grandioso proyecto de salvación nacional y global. Su consummatum est --todo está acabado-- es su última equivocación de líder: quedó inconclusa la tarea de la humanidad.


Martes, 26/12/2017 04:14 PM

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 Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, al salir del tribunal federal en Washington

 

Revela que contactó al equipo de Putin, en coordinación con altos mandos.

Según expertos, puede ser el primer paso hacia la destitución del mandatario.

 

Nueva York.

Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional, se convirtió ayer en el funcionario de mayor rango del gobierno de Donald Trump en caer en la investigación del fiscal especial sobre la posible colusión de socios del mandatario con los rusos en las elecciones estadunidenses y, aún más alarmante para la Casa Blanca, anunció que está cooperando plenamente en la indagación, informando que sus contactos con los rusos fueron realizados en coordinación con otros integrantes del círculo íntimo del presidente, incluyendo posiblemente al yerno de éste.

El ex general Flynn, quien también fue asesor cercano de Trump durante la campaña electoral, fue formalmente acusado ante un tribunal federal de un solo cargo: mentir a la FBI sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, en diciembre de 2016, durante la transición presidencial.

La acusación es mucho menor de lo que podía haber enfrentado por delitos adicionales. Se informó que está ofreciendo información muy valiosa al equipo del fiscal especial Robert Mueller a cambio de no enfrentar más cargos y, aparentemente, para librar a su hijo de potenciales cargos criminales.

Pero lo que más sacudió a Washington fue la revelación de que Flynn –según los fiscales y documentos que se presentaron en el tribunal ayer para presentar y sustentar los cargos– no actuó de manera solitaria al comunicarse con el embajador ruso en dos ocasiones durante la transición presidencial en diciembre del año pasado, sino en coordinación con otros dos integrantes de máximo nivel del equipo de transición que no fueron nombrados en los documentos. Fuentes con conocimiento directo del asunto han revelado a varios medios que uno de ellos es Jared Kushner, yerno y asesor de Trump.

Más aún: según ABC News, Flynn está dispuesto a testificar que Trump le ordenó hacer contacto con los rusos, inicialmente para abordar el tema de colaboración sobre Siria. La narrativa de la Casa Blanca había sido que Flynn actuó por su cuenta y sin el conocimiento del mandatario y otros colegas de alto nivel en sus relaciones con el embajador ruso, entre otros.

Las interacciones con Kislyak eran parte de esfuerzos del equipo de transición de Trump para influir en asuntos de política exterior, una sobre sanciones contra Rusia y otra –a petición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu– sobre una resolución condenando a Israel en la Organización de Naciones Unidas. Estos esfuerzos potencialmente violan leyes estadunidenses que prohíben a ciudadanos privados interferir en asuntos diplomáticos entre Washington y otros países.

Mi declaración de culpabilidad y acuerdo para cooperar con la oficina del fiscal especial reflejan una decisión que tomé en el mejor interés de mi familia y de nuestro país. Acepto plena responsabilidad por mis acciones, afirmó Flynn en un comunicado.

Con esto, según observadores y expertos legales (y no pocos deseosos) la soga se apretó alrededor del cuello del círculo íntimo del presidente.

Flynn es ahora el cuarto asociado de Trump en ser formalmente acusado por el equipo de Mueller –los otros son el ex jefe de la campaña y su socio, junto con otro asesor, quien ahora también está cooperando con los investigadores–, pero es la figura de mayor perfil en ser acusado hasta la fecha y el primero que fue asesor tanto en la campaña electoral como en el gobierno.

Especulaciones de todo tipo circularon de por qué Flynn decidió cooperar en la investigación contra su ex jefe y colegas, incluyendo que fue para salvar a su hijo de una persecución legal (junto con su padre, había realizado negocios con intereses turcos posiblemente ilegales) o porque los gastos legales para defenderse eran cada vez más altos, e incluso porque se sintió abandonado por Trump.

La Casa Blanca aparentemente fue sorprendida por la decisión de Flynn de declararse culpable y cooperar plenamente con el equipo de Mueller, reportó Politico. De hecho, poco después de que Flynn apareció ante el juez, la Casa Blanca canceló un evento de prensa con Trump programado para esta tarde. Hasta el cierre de esta edición no ha habido un solo tuit presidencial sobre el asunto.

Ty Cobb, el abogado del presidente encargado de manejar los asuntos relacionados con esta investigación, trató ayer de distanciar a Trump y a su gobierno, al subrayar que el ex asesor trabajó en la Casa Blanca por sólo 25 días antes de ser obligado a renunciar y que nada en las declaraciones de culpabilidad o el cargo implica a cualquier otro más que al señor Flynn.

Después de haber sido calificado por Trump de persona maravillosa, de prestar sus credenciales militares a un candidato sin ninguna experiencia para ser comandante en jefe y de ser considerado para la vicepresidencia, hoy fue identificado por Cobb como sólo un ex funcionario del gobierno de Obama (donde fue por un tiempo director de la Agencia de Inteligencia de Defensa).

Vale recordar que un día después de que Flynn fue obligado a renunciar, a mediados de febrero, Trump sostuvo una entrevista privada con el entonces jefe del FBI, James Comey, quien encabezaba la investigación que Mueller heredó, en la cual le sugirió soltar a Flynn.

Comey fue despedido por Trump a principios de mayo, en lo que críticos consideran un intento de obstrucción de justicia (acto que se supone forma parte de la investigación del fiscal especial). Mueller fue nombrado por el subprocurador general de Estados Unidos, después de que esta conversación fue revelada por el New York Times en mayo, entre otras cosas (el procurador general, Jeff Sessions, sigue recusando de todo este asunto por sus interacciones durante la campaña con el mismo embajador ruso). Como señala este viernes el Washington Post –primer medio en reportar las conversaciones entre Flynn y Kislyak–, hay una línea directa entre Trump buscando proteger a Flynn y el nombramiento del hombre que eventualmente podría haber volteado a Flynn contra Trump.

 

Rumbo al impeachment

 

Para algunos expertos legales, como el ex fiscal federal y subprocurador asistente Harry Litman, esto podría ser el primer paso hacia la posibilidad de cargos de destitución (impeachment) contra el presidente y el testimonio de Flynn podría dibujar un escándalo de proporciones históricas, que podrían ser equivalentes al Watergate o Irán-Contra en sus dimensiones, escribió en el New York Times.

Todo esto ha generando mayor paranoia en la Casa Blanca, reportan medios, y posiblemente nutrirá el éxodo de personal a finales de año, que ya se pronosticaba antes de esta noticia. En torno a esto, Trump desmintió las versiones que circularon esta semana de que estaba por expulsar a su secretario de Estado, Rex Tillerson, de su gobierno, calificándolas de fake news, en un tuit.

Flynn, quien en los mítines electorales donde frecuentemente presentaba a Trump, solía invitar al coro de encarcélenla, que se volvió rutina en la contienda contra Hillary Clinton –algo que hizo, incluso, en la convención nacional republicana–, este viernes tuvo que escuchar encarcélenlo de un grupo que lo esperaba a la salida de su cita en el tribunal federal.

Mientras tanto, se oye en el trasfondo el eco de las preguntas claves deñ Watergate: ¿qué sabía el presidente y cuándo?

 

 

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Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:21

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras es un país muy pequeño en América central, usualmente desconocido para la mayoría de personas en el mundo. En los años 80, era conocido como el portaaviones de Estados Unidos para agredir la naciente revolución en Nicaragua. Al finalizar esa década, pasó al olvido hasta que, en 2009, se perpetraba con éxito un violento golpe de Estado militar que terminó con la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales.


Es complicadísimo responder a la pregunta ¿Qué tiene Honduras que los yanquis son capaces de retenerla a costa de lo que sea?. Sin embargo, está claro que la ultraderecha de América Latina, dirigida desde la NSA (Agencia de Seguridad Nacional)y el Comando Sur siempre usan “lo mejor de su arsenal” en defensa de sus intereses económicos y estratégicos en este frente único de batalla.


Este domingo 26 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales, legislativas y municipales, simultáneamente. En ella participa el actual presidente de extrema derecha Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional, contra una coalición coordinada por el ex presidente Zelaya, y que postula como candidato a la presidencia a Salvador Nasralla, hombre surgido en los medios de comunicación deportivos del país.


La semana pasada, el oficialismo inició una campaña de miedo, en la que involucró directamente a la bolivariana Venezuela, la que fue acusada ante Luis Almagro de “haber introducido 145 expertos en desestabilización y acciones terroristas para sabotear el proceso electoral”. La acusación la presentó la Fundación Arcadia, dirigida por Otto Reich, halcón de origen cubano y enemigo declarado de la integración latinoamericana, y un oscuro venezolano en el exilio, de nombre Robert Carmona.


El mismo día que Reich apareció con su denuncia, el gobierno hondureño secuestró durante varias horas al emblemático grupo musical venezolano “Los Guaraguo”, en las instalaciones de migración del aeropuerto de San Pedro Sula. Luego del inaudito cautiverio, los músicos fueron deportados hacia Venezuela y escoltados por la interpol hondureña. En las últimas horas el gobierno hondureño subió nuevamente el tono belicoso y estableció que los ciudadanos de origen venezolano deberán usar “visas consultadas” para entrar a territorio nacional.


Mientras tanto, la policía militarizada allanó una vivienda en Tegucigalpa, en la que encontró la siguiente lista de pertrechos: banderas de la alianza, manuales para fabricar cócteles molotov, una libra de marihuana. El burdo montaje fue divulgado por los medios de información locales, totalmente cooptados por el régimen de Hernández.


Todo indica que han iniciado una fase que busca atemorizar a las personas para evitar la asistencia masiva a las urnas. Según estudios confiables, el oficialismo estaría al borde de una derrota electoral catastrófica, y muchos escenarios son posibles. Todo esto impulsado por los halcones de Washington y los cubanos de Miami. Vale la pena seguir de cerca este proceso que luce como un potencial foco de tensión para el continente.

 

Por Ricardo Salgado, analista político hondureño.

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Sábado, 19 Agosto 2017 16:46

La nueva disputa por el poder en Ecuador

La nueva disputa por el poder en Ecuador

Lleva apenas 90 días en el gobierno, pero ya desató la furia de su antecesor y correligionario. Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, su apoyo popular ha aumentado al mismo ritmo que los roces dentro del partido oficialista, Alianza País, que está a punto de estallar. Su ruptura con la política y la gestión de Rafael Correa le ha valido el epíteto de “traidor” desde sectores correístas y una disputa abierta con el ex presidente.

 


Si algo ha caracterizado los primeros tres meses de gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sin duda ha sido la conflictividad que su gestión ha despertado dentro de su formación política, Alianza País.

La explicación de esto se encuentra en el desgaste que ha sufrido el correísmo durante los últimos años, los conflictos internos que conllevaron la elección del sucesor de Rafael Correa al frente del oficialismo, así como los planes políticos de futuro del ex mandatario ecuatoriano.

Si bien Rafael Correa ganó con holgura las elecciones presidenciales del año 2013, sumando en primera vuelta casi 5 millones de votos frente a los 2 millones de su principal contrincante, cierto es también que los graves impactos en la economía nacional derivados de la caída de los precios del crudo comenzaron a sentirse apenas un año después de su reelección. Lo anterior llevó a que el último período presidencial de Rafael Correa se caracterizara por la pérdida de la fuerte hegemonía mantenida durante sus seis primeros años de gestión.

FIN DE LA “DÉCADA DORADA”.

Entre 2006 y 2014 Ecuador experimentó un crecimiento promedio de 4,3 por ciento del Pbi, impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En ese período la pobreza disminuyó del 37,6 por ciento al 22,5 por ciento y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. La coincidencia entre el período de bonanza económica en la región, la llamada “década dorada”, y el momento de mayor hegemonía política de Alianza País, con la figura de Rafael Correa a la cabeza, fue evidente.

El primer síntoma cuantificable de cansancio que experimentó el régimen se percibió en las elecciones seccionales del año 2014, en las que Alianza País perdió en todos los principales centros urbanos de la nación –incluida su capital– y en todos los territorios amazónicos sometidos a la fuerte presión extractivista. Por aquel entonces el presidente Correa, buscando un eufemismo para evitar hablar de retroceso político, utilizó el término “remezón” para calificar los resultados electorales de su formación política.

Consciente de que su figura aún estaba a salvo del desgaste político que mostraba ya su partido, y viendo que la economía nacional comenzaba a marcar sus primeros signos de debilidad, Correa lanzó ese mismo año la idea de presentarse nuevamente como candidato presidencial a las elecciones de 2017. Para ello, inevitablemente, era necesario cambiar la redacción de la Constitución de Montecristi –carta magna auspiciada por su propio movimiento político unos años antes–, pues el texto constitucional, en aras de impedir que cualquier autoridad política se perpetuara en el poder, dejaba claro que las personas en cargos de elección popular en Ecuador tan sólo podían ser reelectos una vez.

La mediocridad existente en el sistema tradicional de partidos ecuatorianos –lógica de la que no se salvan los grupos ubicados a la izquierda del correísmo– hizo que la agenda política desde mediados de 2014 hasta finales de 2015 estuviera marcada por el debate sobre la legitimidad de una eventual reforma constitucional.

En paralelo continuaba el deterioro económico del país, que fue agudizándose paulatinamente. En 2015, con una economía estancada por la falta de liquidez estatal, el crecimiento del Pbi apenas llegó al 0,2 por ciento, agravándose la situación en 2016, cuando el país ya en plena crisis económica cerró el año con una contracción de –1,5 por ciento (el peor desempeño de la región tras Venezuela y Brasil).

FIN DE CICLO.

Fue en ese contexto que se produjo el levantamiento indígena de agosto de 2015, al cual respondió el Estado con el mayor nivel de represión contra organizaciones sociales en la última década.

Los años 2015 y 2016 significarían el fin de ciclo en Ecuador, determinado en este caso por el cambio de las políticas públicas del correísmo, más allá de su continuidad en el gobierno.

Así, mientras las misiones de observación y vigilancia económica del Fmi volvían al país, un gobierno que había impulsado una auditoría ciudadana de la deuda externa –y calificado una parte de ésta como ilegítima– pasó a impulsar una nueva política de agresivo endeudamiento que posicionó los niveles de deuda actual porcentualmente por encima de aquellos de 2006, cuando llegó al poder. De igual manera, y tras haber saneado las finanzas públicas, la década correísta se cerró con el dramatismo derivado de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador eran notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo contraídos por el gobierno. Siguiendo con esa línea de cambios políticos, el gobierno del presidente Correa firmó un Tlc con la Unión Europea mientras anunció su predisposición a extender este tipo de acuerdos con otros países, incluso con Estados Unidos.

En materia fiscal, y tras 22 reformas en diez años, el Servicio de Rentas Internas terminó situando el pago de impuestos a la renta para los sectores más privilegiados de la sociedad por debajo del 3 por ciento, unos 13 puntos menos que la tasa de presión fiscal que enfrenta el ciudadano ecuatoriano medio.

El colofón de todo lo anterior se dio en los últimos meses de gobierno de Correa, cuando anunció la puesta en venta de parte de las empresas públicas, múltiples bienes patrimoniales del Estado, y algunos proyectos emblemáticos en materia energética, como la hidroeléctrica Sopladora (recientemente inaugurada, financiada con créditos chinos y cuyo costo alcanzó los 755 millones de dólares).

UN RETORNO MEDITADO. El devenir de una economía nacional ya inmersa en un período de vacas flacas implicó que el entonces mandatario ecuatoriano cambiara su estrategia política personal. Las enmiendas a la Constitución aprobadas en diciembre de 2015 por parte de la mayoritaria bancada oficialista en el Legislativo incluyeron un ajuste de última hora en su redacción. Se eliminaron todas las restricciones para la reelección de cargos sometidos al voto popular, incluido el de presidente, pero se aprobó una caprichosa disposición transitoria hecha a la medida de las necesidades de Correa: estas enmiendas no se aplicarán en las elecciones de 2017, sino a partir de las siguientes.

Si bien Rafael Correa tenía intenciones de ser reelecto como presidente de la república, no sería él quien afrontaría la difícil situación económica en la que quedaba el país. Su estrategia era clara: situar un delfín en su gobierno que enfrentara los ajustes presupuestarios a los que la economía nacional se veía abocada, volviendo él en 2021 para salvar una vez más al país de los tenebrosos designios de la “larga noche neoliberal” y sus políticas de austeridad.

A mediados de 2016 comenzó el debate dentro del oficialismo sobre la sucesión correísta. Como en toda disputa por el poder, fueron muchos los nombres inicialmente propuestos para el delfinazgo, si bien la preferencia del líder indiscutible de la revolución ciudadana fue su vicepresidente, Jorge Glas, un hombre sin trayectoria política, formado en la burocracia oficialista y cuya imagen llegaba severamente castigada por sus supuestas conexiones con distintos escándalos de corrupción vinculados a la contratación pública.

UN LENÍN OPOSITOR.

La mala imagen de Glas, sumada a su falta de carisma, hicieron que el oficialismo tuviera que optar por la figura de Lenín Moreno como candidato presidencial, pese al poco entusiasmo que esto despertó en Correa. Moreno había sido el vicepresidente durante los primeros años del correísmo. Su personalidad afable y fuerte sentido del humor, sumados a una exitosa gestión de programas sociales focalizados en sectores vulnerables, le permitieron adquirir amplia simpatía por parte de la ciudadanía ecuatoriana. Su estancia en Ginebra como enviado especial de la Onu para asuntos de discapacidades hizo que, pese a su filiación política a Alianza País, estuviera lejos del partido y de la figura de Correa durante los últimos años. A principios de 2017 Lenín Moreno gozaba de un nivel de apoyo popular ostensiblemente superior al de Rafael Correa.

Fue de esta manera que el binomio oficialista para las elecciones de febrero de 2017 se conformó con Lenín Moreno y Jorge Glas, siendo el segundo una imposición muy poco inteligente del presidente saliente. La imagen de Glas fue una rémora durante toda la campaña electoral, y los estrategas de su partido se vieron obligados a limitar sus apariciones públicas a actos internos.

En esa ocasión Alianza País tuvo que recurrir a una segunda vuelta –balotaje– para ganar la presidencia de la república. El pasado 2 de abril Moreno se impuso a una suerte de alianza opositora que incluyó a los partidos de izquierda, que apoyaron la candidatura conservadora de Guillermo Lasso. El oficialismo, con un deterioro político cada vez mayor pese a la imagen positiva de Lenín Moreno, conseguía mantenerse en el poder con apenas 200 mil votos más que su rival, y acusado de un supuesto fraude electoral nunca demostrado.

PROBANDO EL DIÁLOGO. A partir del mismo 24 de mayo, cuando fue investido Lenín Moreno, comenzaron los problemas con un sector del correísmo al que no le gustó el nuevo discurso presidencial. Incluso desde el público se oyeron algunas voces que alentaban: “¡Sólo es un pequeño descanso, compañero Rafael!”, en alusión a la futura vuelta del ex mandatario al palacio presidencial.

En realidad los problemas habían empezado días antes, cuando en el proceso de transición presidencial –trasvase de información del gobierno saliente al entrante– el equipo de colaboradores más cercano a Moreno comenzó a detectar que, más allá de la propaganda oficialista, el estado en que el gobierno anterior entregaba el país tenía tintes altamente preocupantes.

El equipo de gobierno de Lenín Moreno es un mix de altos jerarcas públicos del gobierno anterior, algunos ministros reciclados del oficialismo que fueron quedando apartados del anillo de poder correísta y que hoy han sido rescatados, y algunas caras nuevas vinculadas principalmente a sectores empresariales con entrada en el nuevo gobierno.

Frente a la dinámica de conflicto implementada como característica principal del modelo de gestión correísta (esa construcción de un “ellos” y un “nosotros” auspiciada desde la teoría laclauniana y que ha sido la dialéctica esencial del neopopulismo), el primer mensaje político emitido por el nuevo presidente del Ecuador fue hacer un llamamiento al diálogo nacional. La estrategia fue clara: si hay que proceder con ajustes económicos en un país en crisis, necesariamente hay que establecer un marco de consenso previo que amortigüe la reacción que socialmente pudiera ocasionar este tipo de medidas.

Fue así que se establecieron las mesas de diálogo nacional por sectores, donde los ministros y altos funcionarios públicos se están viendo obligados a articular un debate con distintos sectores sociales. Tras diez años sin autocrítica, en que los mensajes del gobierno se han sostenido de forma sistemática con la retórica de lo bien que lo ha hecho el presidente Correa y su gobierno, hoy estos funcionarios muestran sus notables carencias y falta de cultura democrática a la hora de asumir las críticas desde los diferentes frentes de la sociedad civil.

Aunque esto molestó al hard correísmo, no fue nada con respecto a lo que vino inmediatamente después.

EL “TRAIDOR”.

Mientras Rafael Correa se afincaba en Bruselas, sus incondicionales ponían en marcha la Fundación de Pensamiento Político Eloy Alfaro. La estrategia consiste en articular un pretendido think tank diseñado para mantener viva la presencia del pensamiento político-económico correísta durante los próximos cuatro años, con la idea de que su líder tenga una plataforma sobre la cual seguir posicionando su figura tanto dentro como fuera del país.

La sorpresa llegó cuando el presidente Moreno apareció en una cadena nacional para explicar el nivel de endeudamiento y la preocupante situación económica en la que se le entregó el país. En pocas palabras, Lenín Moreno torpedeó la nave principal con la que Rafael Correa pretendía navegar durante los próximos cuatro años. El gobierno sucesor del economista Correa le venía a decir al pueblo ecuatoriano y a quien quisiera oír que su antecesor tenía una fuerte corresponsabilidad en lo que estaba por venir, trastocando posibles futuras agendas con Stiglitz, Piketty, Krugman, Varoufakis o cualquier otro economista socialdemócrata a la moda.

Y fue a partir de ese momento, cuando descubrieron que la estrategia trazada por el ex mandatario ya no sería viable ante un sucesor díscolo que no estaba dispuesto a acarrear sobre sus hombros las culpas de una gestión precedente, que Rafael Correa y sus acólitos comenzaron a llamar seriamente a conformar un nuevo partido político que mantenga vigente lo que denominan “fundamentos de la revolución ciudadana”. Lo anterior, ¿cómo no?, viene acompañado por calificativos del tipo de “traidor”, “desleal”, “mediocre” o “vende patria” para un mandatario que ni siquiera ha cumplido sus cien primeros días de gobierno.

Según declara Rafael Correa desde Bruselas a través de sus cuentas en las redes sociales, el país “retornó al pasado”, se estaría “repartiendo la patria” y “permitiendo el regreso de la corrupción institucionalizada y del viejo país”. Ante esta arremetida hay quienes se preguntan ¿de qué nivel de transformación profunda y revolucionaria habló el aparato de propaganda correísta durante una década si en apenas 90 días de gobierno, según esas mismas fuentes, de eso ya no queda nada?

Con respecto a la lucha anticorrupción, el gobierno de Lenín Moreno puso en marcha una política de transparencia que ha permitido que se reabrieran indagaciones sobre el vicepresidente, Jorge Glas. Esto llevó a que Glas fuera relevado transitoriamente de todas sus funciones como vicepresidente –pese a los pataleos de Rafael Correa–; a la inhabilitación del ex contralor general del Estado, Carlos Polit, quien en la actualidad se encuentra prófugo en Miami; y a la retención en el aeropuerto de Quito del ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa y quien fue llevado a declarar bajo escolta policial a la fiscalía. Todos son cercanos al ex presidente Correa y todos, de una forma u otra, están vinculados a las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petroecuador y también en el marco de la operación Lava Jato, en Brasil, sobre el caso Odebrecht.

SILENCIO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Cómo terminará este culebrón está por verse, en todo caso parece difícil que Alianza País no se desgaje en los próximos meses si el nivel de tensión interna se mantiene in crescendo. Es una interrogante cuánta gente dentro del oficialismo permanecerá al lado de Lenín Moreno y cuánta seguirá a Rafael Correa en una nueva aventura política.

Paralelamente a la disputa abierta entre Correa y Moreno, las organizaciones sociales se han quedado sin voz y sin capacidad de movilización ante un escenario donde poco o nada se discute sobre las demandas históricas articuladas desde la sociedad civil. A su vez, estas demandas están prácticamente ausentes de la retórica de los diferentes actores en conflicto.

El problema de fondo, más allá de las estrategias de comunicación y tácticas políticas, sigue siendo la lucha por el poder. El historiador anarquista francés Daniel Guerin, reflexionando sobre la revolución de 1789 –que junto con la de 1917 fueron las dos revoluciones por antonomasia de la historia de la humanidad–, indicó en su momento que la burguesía nunca se equivocó con respecto a quién era su verdadero enemigo, y que éste realmente no era el régimen anterior, sino lo que escapaba al control de ese sistema. Según Guerin, en la revolución francesa la burguesía asumió como su tarea llegar a dominar. ¿Es acaso esencialmente distinto lo que está sucediendo con esto que eufemísticamente se ha dado en llamar “revolución ciudadana”?

Publicado enInternacional
Viernes, 18 Agosto 2017 06:52

La sociedad gestionada

La sociedad gestionada

La figura del empresario presidente, al igual que la idea de que la política en el fondo no es más que una tarea de gestión, eficiencia y cálculo de costo-beneficio, se extienden cada vez más en América y en el mundo. Mientras la ideología empresarial ha logrado calar hondo en la cultura popular y política, los empresaristas puestos a políticos buscan impulsar “modernas” reformas laborales reciclando viejas recetas neoliberales.

 

Emmanuel Macron no es Michel Temer. Tampoco Mauricio Macri, ni Sebastián Piñera, ni Vicente Fox. No es Guillermo Lasso, ni Gonzalo Sánchez de Lozada, ni Juan Carlos Varela, ni Ricardo Martinelli. Y menos que menos Horacio Cartes o Edgardo Novick. Refinado, charmeur, afecto a los tics que marcan el discreto encanto de la burguesía (francesa), egresado de los centros educativos de la elite (el liceo Henry IV, la Escuela Nacional de Administración), Macron le lleva varios cuerpos de distancia, en formación y espesor intelectual, a cualquiera de los integrantes de esa decena de presidentes americanos, actuales o pasados, o de aspirantes a serlo. Se jacta, por ejemplo, de haber estudiado filosofía. Y también de su “apertura” en temas de comportamiento, y de su conexión con el espíritu “libertario” de los jóvenes urbanos. Pero comparte con la enorme mayoría de esos presidentes, ex presidentes y aspirantes a presidentes americanos, muchos de ellos trogloditas básicos, una condición: la de estar fuertemente vinculado al mundo empresarial. Y una visión: la de creer que un país “se administra como una empresa”, con la “racionalidad” de una empresa y la lógica de costos-beneficios de una empresa. También una ubicación en el arco político: la de no reconocerse “en la izquierda ni en la derecha”, la de situarse en un no man’s land que en sí mismo es toda una definición ideológica. Macron lo hace con cierta distinción, con la elegancia que les falta a esa decena de americanos. Aun así, algunos de ellos –incluso los más improbables– lo han tomado como modelo. Novick lo ha hecho expresamente. Piñera y Macri también. El ultraliberal Mario Vargas Llosa saludó la victoria del francés como “un triunfo resonante de la libertad por sobre todas las cosas”. Y el brasileño Temer le dirigió una carta en los días siguientes a su éxito electoral: “Nos une la voluntad de llevar a cabo reformas modernizadoras”, le dijo.


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En 2012 el politólogo español Juan Carlos Monedero, lejos todavía de convertirse en uno de los fundadores de Podemos, glosaba sobre la “posdemocracia”, esa noción con tantas acepciones que él definía como “el sempiterno intento liberal de desplazar la política a un lugar neutral, con el fin de proclamar la muerte del antagonismo político y la aceptación resignada del reformismo político y de la economía de mercado”. La posdemocracia, escribía (Nueva Sociedad, julio-agosto de 2012), había comenzado a gestarse tras la caída del muro de Berlín. “El ‘cliente’ ocupó el lugar del ‘ciudadano’, la ‘racionalidad de la empresa’ expulsó a la ‘ineficiencia del Estado’, la ‘modernización’ sustituyó a la ‘ideología’, lo ‘privado’ se valoró por encima de lo ‘público’ y el ‘consenso’ desplazó al conflicto.”


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Hay hoy un hilo conductor, un punto común entre los empresarios o los empresaristas puestos a políticos en casi todo el mundo: el deseo de impulsar reformas laborales en un sentido claramente “liberalizador”, dice el investigador francés Emmanuel Dockés, profesor de derecho en la Universidad de Nanterre y especialista en derecho del trabajo. La laboral ha sido la piedra de toque de las reformas que ha emprendido en Brasil Michel Temer; y Emmanuel Macron presentó la suya como la madre de todas las que pretende realizar durante su quinquenio presidencial. Sueñan estos empresarios-presidentes con tercerizar lo más posible; facilitar despidos y contrataciones; eliminar los convenios colectivos; llevar las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo al nivel de cada empresa, y –si se puede– imponer una negociación individual entre trabajador y empleador; disminuir las subvenciones por desempleo; desregular la jornada laboral; rebajar los impuestos a los empresarios; poner trabas al funcionamiento de los sindicatos, y por qué no, debilitarlos al máximo y destruirlos.


Buena parte de esas aspiraciones, con mayor o menor énfasis, están presentes en la reforma laboral que Emmanuel Macron quiere aplicar lo antes posible en Francia. El parlamento, en el cual su partido tiene amplia mayoría, lo acaba de autorizar a concretarla por decreto, sin negociación alguna. Macron ya había impulsado una reforma laboral de ese tipo cuando era ministro de Economía bajo la presidencia del socialista François Hollande, entre 2014 y 2016. Pero entonces se le armó una fronda interna en el Partido Socialista y hasta en el propio gobierno. Algo logró hacer de todas maneras: liberalizó la jornada laboral en supermercados y otros comercios, facilitó los despidos por “causas económicas”, rebajó en 40.000 millones de euros los impuestos pagados por las empresas. La presión de la calle y la proximidad de unas elecciones en las que los socialistas debían apelar otra vez a sus bases para tratar de escapar a una debacle que finalmente no consiguieron evitar, pudieron más.


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Macron renunció, formó su propio partido y esperó. Hoy tiene las manos libres y sumó a su movimiento a no pocos de los socialistas que compartían su “social-liberalismo”. “La ideología empresarial, el famoso ‘entrepreneurismo’, ha penetrado muy hondo en dirigentes, militantes, electores, gente común que fueron de izquierda y se han pasado con armas y bagajes a un pensamiento que se dice a-ideológico pero que encarna valores que siempre fueron de derecha”, apunta Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, la coalición de izquierda “radical” que en las elecciones presidenciales de abril-mayo pasado estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta.


Semanas atrás Mélenchon acusó a Emmanuel Macron de haber dado un “golpe de Estado social”. Cuando apareció, el año pasado, como un “candidato renovador”, como un outsider de la política, Macron lo hizo con piel de cordero. Pero apenas llegó al poder, el lobo remplazó al cordero, y el que se mostró a cara descubierta fue el ex gerente del banco de negocios Rothschild que como ministro de un gobierno “socialista” había encontrado algunos (algunos) límites, dijo el dirigente de Francia Insumisa. Hay actualmente una voluntad muy clara en el empresario-presidente francés de “destruir las protecciones del trabajo, con la excusa de que constituyen trabas a la creación de empleo en tiempos de crisis”, considera Emmanuel Dockés (Reporterre, 13-VII-17). No es un discurso nuevo, precisamente, aunque se presente como tal. “Macron dice algo bastante clásico: que Francia no ha hecho las reformas necesarias, a diferencia de Reino Unido”, señala Frédéric Farah, coautor del libro Introduction inquiète à la Macron-économie (Mediapart, 10-II-17). “Detrás de la modernidad aparente de sus propuestas se esconde en realidad una visión regresiva de la economía”, dice este docente de economía en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. Y una visión regresiva de las relaciones sociales. La reforma laboral macroniana, sostiene Dockés, no llega al extremo de la reforma brasileña, que fomenta un trato directo entre trabajadores y empresarios, sin mediaciones sindicales y a través de contratos privados, pero va en esa dirección. Los patrones franceses podrán, por ejemplo, a partir de que la nueva ley entre en vigor, “obviar a los sindicatos realizando un referéndum entre su personal. Actualmente, a nivel de sector, empleadores y asalariados negocian convenios colectivos de obligado cumplimiento. Con las ordenanzas del presidente, salvo algunas excepciones, se les negará esa facultad. Y quienes negocien a nivel de sector no podrán impedir que sus acuerdos sean invalidados en las empresas. Se creará necesariamente una forma de dumping”, señala el investigador.


Macron viste con ropaje social viejas recetas thatcherianas de los ochenta y reivindica una desregulación, una “uberización” de la economía que en muchos países se ha ido aplicando en estos últimos treinta años con gran éxito para los empresarios –sobre todo para los grandes– y elevados costos –a veces con tragedias– para los asalariados, piensa Farah.


En Reino Unido la administración de esas recetas condujo a un aumento de las desigualdades, el empobrecimiento de amplios sectores de la clase trabajadora, la liquidación de derechos sociales y a la destrucción de más empleos que los que se crearon, afirma Dockés.


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Que Macron pueda concretar sus planes dependerá en gran parte de la resistencia social que encuentre, de la fuerza que puedan oponerle, por ejemplo, los sindicatos, dice Frédéric Farah. En Francia el movimiento sindical no está precisamente en su mejor momento, pero conserva un poder que no tienen los gremios brasileños, paraguayos, peruanos, panameños, tampoco chilenos. Tal vez sí (algo) los argentinos. “Desregular en Europa, sobre todo en aquellos países donde el Estado tiene una presencia muy grande, no es lo mismo que hacerlo en América, del norte o del sur. Allá hay instituciones más sólidas, un entramado de leyes más sólido, aunque lo hayan perforado grandemente en los últimos tiempos”, sostiene un dirigente de la Confederación Nacional de Asalariados y Asalariadas Rurales (Contar) de Brasil. Si la reforma laboral de Michel Temer (inspirada por los mismos principios que la francesa, pero mucho más dura) “pasó” con tanta facilidad, con escasa resistencia callejera, declara este sindicalista, no sólo se debe a que el parlamento (uno de los más corruptos de la historia brasileña) está controlado por una derecha rancia y regresiva sino también a la debilidad “cultural” de la izquierda política y social, en particular de las centrales obreras. Alberto Broch, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales y Agricultores y Agricultoras Familiares (Contag), y Artur Bueno de Camargo, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación y Afines (Cnta Afins), van en la misma dirección. Ambos dirigentes brasileños coinciden en que la sociedad en su país está “anestesiada” (Broch), “aletargada” (Bueno de Camargo), y responsabilizan de ese estado catatónico al hecho de que la ideología empresarista ha logrado hacerle la cabeza a gran parte de la ciudadanía. “Los medios de comunicación, la gran prensa, han contribuido, claro, a este estado de situación, pero también los partidos progresistas y las centrales sindicales, que no ofrecieron una alternativa”, sostuvo Antonio Lucas Filho, presidente de la Contag. “Tenemos gran responsabilidad en todo lo que está sucediendo”, dijo (La Rel, 28-VII-17).

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