EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

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“Somos un tribunal de paz con vocación de reconciliación”

"Desconocer los acuerdos de paz es complicado, porque son de Estado, no de Gobierno", afirma la magistrada colombiana

Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. La elección de Iván Duque el 17 de junio cuestiona el futuro de ese tribunal por la voluntad del nuevo presidente de modificar algunos aspectos de lo acordado con la antigua guerrilla. Su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, trata de frenar en el Congreso la norma que regula el funcionamiento del organismo, que comenzó a operar en marzo. En este contexto, Linares comenzó el domingo una gira para fortalecer relaciones con Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Suprema de Justicia de Noruega y con Dolores Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en España.

“Esto fue construido con filigrana, en detalle, es producto de una negociación”, subraya Linares, quien pese a las voces críticas con los acuerdos confía en la solidez de la JEP, amparada por la Constitución. Esta magistrada ya se reunió con el presidente electo, que ha prometido “corregir” el proceso de paz, rechazado por un estrecho margen en el plebiscito de 2016. Los mensajes de Duque, que recogerá el testigo de Juan Manuel Santos en agosto, fueron “constructivos y tranquilizantes”, relata Linares, pero atender esos reparos implicaría una reforma constitucional que en Colombia tarda un mínimo de dos años. “Yo en lo político no me meto”, aclara Linares, aunque la institución que preside se encuentra en el centro de una disputa de carácter político. “Hay una ley que está avanzando, es necesaria”, señala. “Nosotros estamos tranquilos, porque cualquier modificación tendrán que darla dentro de los cauces democráticos. ¿Es imposible reformar el sistema? No, claro que una reforma constitucional es posible”, explica. No obstante, coincide con los argumentos de Santos cuando este afirma que "la paz es irreversible”. “Desconocer los acuerdos, pues, yo lo veo más complicado, porque son unos acuerdos de Estado, no es un acuerdo de Gobierno, y acarrea obligaciones de carácter internacional para el Estado colombiano”, defiende.


También asegura que la JEP puede seguir funcionando sin reglamento. “No es que nos inventemos las normas. Si en materia estrictamente penal no encontramos una norma concreta para una situación, acudimos a la norma general”, asegura. Sin embargo, reconoce que “hay mucha inquietud para que se produzcan decisiones prontas en todos los ámbitos”. “Una de las propuestas que presenta el presidente electo es que hay que crear una sala especial para militares”, prosigue a modo de ejemplo. “La sala como tal existe, que da un trato diferenciado, aunque simultáneo a los otros miembros [las FARC]”.


La JEP, cuyos jueces fueron elegidos por una comisión independiente de expertos internacionales, “es un tribunal de paz, un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”, continúa Linares, preocupada por que la sociedad colombiana, dividida sobre los acuerdos, entienda su propósito y la centralidad de las víctimas. “Es un tribunal que tiene todas las garantías que ordena la Constitución para un proceso judicial, pero con la vocación hacia la reconciliación. Aquí lo que van a encontrar son jueces y magistrados plenamente dispuestos con sus tareas, que se fundamentan en la necesitad de paz, pero satisfaciendo los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Van a encontrar compromiso democrático pleno, sometimiento a la Constitución y a la ley y el modelo de centralidad de las víctimas”.


La magistrada solo pide que se termine el trámite de la ley de procedimiento. “Hay ataques que no son admisibles en un marco democrático a jueces”, dice en referencia a la estigmatización de algunos sectores. Y recuerda la importancia de la comunidad internacional para el desarrollo de la paz. “El apoyo no solo será, sino que ha sido fundamental para que el proceso haya prosperado. Y viene una etapa en la que este apoyo necesita que se refuerce”.


  LAS VÍCTIMAS, EL CENTRO DE LA JURISDICCIÓN


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es el primer sistema de justicia transicional de Colombia. De hecho, aprende las lecciones de otro, llamado Ley de Justicia y Paz, diseñado para desmontar los grupos paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que estuvo en el poder durante dos mandatos entre 2002 y 2010. Ese ensayo, apunta Patricia Linares, “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”. En la JEP, en cambio, “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

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Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
El Parlamento de Venezuela acusa a Maduro de dar un "golpe de Estado" y pide la intervención del Ejército

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha asumido las "competencias parlamentarias" de la Asamblea Nacional al acusarla de desacato. La oposición anuncia movilizaciones y la OEA considera que es un "autogolpe de Estado".


El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un "golpe de Estado" por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que arrebata a la sede legislativa sus poderes y ha urgido a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a responder.


El TSJ ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional por considerar que sigue en "desacato" y lo ha hecho a través de un fallo en el que autoriza a Maduro a constituir empresas mixtas sin control parlamentario.


Borges ha calificado esta sentencia de "basura" y ha anunciado que el Parlamento la desoirá porque "los diputados están obligados a desconocer cualquier sentencia que viole la Constitución y las leyes". "Es nula", ha sostenido.


El líder opositor ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda "concentrar todo el poder en sus manos" para "hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana".


El objetivo inmediato, ha subrayado, es "evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras". "Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano", ha denunciado.


A este respecto, Borges ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se trata de negocios jurídicos "nulos" porque se basan en una sentencia "nula" y que serán "desconocidos" cuando, "más pronto que tarde", haya un cambio de Gobierno en Venezuela.


"Estamos ante un golpe de Estado con todas las letras", ha aseverado y ha advertido a los magistrados del TSJ de que "no van a salir impunes" porque la Asamblea Nacional "va a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela" y en "todas las instancias internacionales".


Convocan a acciones de calle


Borges ha criticado además que se trata de "una sentencia contra el pueblo venezolano" porque con ella las autoridades pretenden "pasar por encima" de la voluntad de cambio expresada en las elecciones parlamentarias de 2015, que dieron la mayoría a la oposición. "Creen que van a seguir negando la realidad de pobreza, de hambre, de violencia que tiene el país (...) Maduro cree que desconociendo la Constitución va a salvarse de la decisión de cambio del pueblo venezolano (...) pero el mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela", ha dicho.


"Lo único que le queda es el miedo" y por ello ha llamado a los venezolanos a "ponerse de pie". "Y así lo haremos, convocamos a acciones de calle y esperamos que el pueblo nos acompañe", ha pedido el jefe parlamentario.


"No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada", ha añadido. Para Borges "no puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución", por lo que ha hecho un llamamiento a los militares "para que sean los primeros guardianes de la democracia y se conviertan en parte de la solución".


El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ha recordado en este sentido que los artículos 333 y 350 "facultan y ordenan a desconocer cualquier acción o régimen ilegítimo y arbitrario" y ha instado a los venezolanos a "organizarse" para que "no sea una mera declaración".


"Debemos articularnos --oposición, pueblo, diputados y sectores sociales-- a fin de hacer valer nuestra Carta Magna y hacer imposible de ejecutar y obedecer toda decisión inconstitucional que emane del TSJ en este momento en el que las acciones del Gobierno, junto a su brazo judicial, violan la Constitución de forma descarada", ha señalado.


La OEA lo tacha de "autogolpe de Estado"


El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tachó de "autogolpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado ahora por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado.


"Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", agregó el Almagro.


Capriles: "Se ha dado un 'Madurazo'"


El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles ha denunciado que en su país se ha dado un "Madurazo" y pidió a la OEA que convoque "de emergencia" a su Consejo Permanente. "Lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (...) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma", advirtió Capriles durante una rueda de prensa en Bogotá.


Por su parte, la también líder opositora María Corina Machado ha considerado que, ante este "golpe de Estado formal y declarado", la Organización de Estados Americanos (OEA) "debe hacerse respetar y actuar ya".


El Consejo Permanente de la OEA se reunió el pasado martes para discutir el informe sobre Venezuela del secretario general, Luis Almagro, que pide activar la Carta Democrática contra el país para suspenderle como miembro hasta que recupere la normalidad democrática.


"Los países de la OEA tienen la obligación de acompañarnos", ha sostenido y ha urgido a activar la Carta Democrática y a que los venezolanos, incluidos los militares, se unan en las calles hasta propiciar la caída del Gobierno de Maduro."


"Hoy, la aplicación de la Carta democrática se justifica plenamente. Hay una ruptura del orden constitucional ¡Estamos en dictadura!", ha defendido, por su parte, Lilian Tintori, mujer del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.


El gobierno niega el golpe de estado


El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, ha negado que se haya producido un golpe de estado y ha anunciado que se tomarán acciones diplomáticas ante las injerencias de los gobiernos regionales. "Venezuela repudia los gobiernos de derechas que atentan contra el estado de derecho y el orden constitucional" ha puntualizado la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.


En un comunicado, emitido desde la cancillería del gobierno, se ha querido explicar la situación política que el país vive, argumentando que las instituciones venezolanas "han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones".

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