Machi Celestino Córdova depone huelga de hambre en Chile

Después de más 100 días de huelga de hambre, el representante mapuche suspendió la medida de fuerza al alcanzar un compromiso del gobierno chileno para que se cumplan las demandas de su comunidad.

El Machi Celestino Córdova depuso el martes su huelga de hambre que mantenía por más de 100 días, en los que exigió visitar su Rehue y cumplir parte de su condena en su comunidad, todo esto acorde a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La medida de fuerza que llevan adelante otros 26 prisioneros mapuche sigue en pie.

El acuerdo por el cual el Machi abandonó la huelga de hambre tiene como garante al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instituciones nacionales y extranjeras. Según lo difundido hasta ahora, se acordaron mejorías en la situación carcelaria de los actuales prisioneros políticos y en los estatutos que rigen el régimen penitenciario de población indígena de Chile.

El Subsecretario de Justicia del gobierno chileno, Sebastián Valenzuela Agüero, indicó que “tras su decisión de deponer la huelga de hambre, el Machi Celestino Córdova permanecerá en el hospital intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación”. Después de esto, siempre según el funcionario, “puede ser trasladado a un Centro de Educación y Trabajo (CET), desde donde “se autorizará una salida al Rewe”. “Dicha salida –agregó Valenzuela Agüero- podrá extenderse hasta por un máximo de 30 horas y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias”.

A la firma del acuerdo, asistieron Jan Jarab y Paula Berruti de la ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos); el director nacional del INDH, Sergio Micco; el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, y Enrique Morales, del Departamento de Derechos Humanos de Colmed.

En el acuerdo, se estipuló que los demás comuneros privados de libertad, que se encuentran en huelga de hambre y decidan deponerla, no serán sancionados por Gendarmería. Además, se facilitará la postulación de personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios a CET. Finalmente, se entregará una serie de medidas como asistencia espiritual, reinserción laboral y educacional, y accesos a representantes mapuche e insumos de alimentación originarios para los reclusos pertenecientes a pueblos originarios.

Por su parte, Cristina Roma, vocera de Machi Celestino Córdova, aseguró que “no descarta nueva movilización” en caso de no cumplirse el acuerdo. A través de Roma, el Machi entregó un mensaje para su comunidad y todo el país, en el que aseguró que “a pesar de la pandemia, hemos demostrado que somos un pueblo digno, vivo y con disposición a de defender a nuestras autoridades y a nuestra gente”.

La portavoz comunicó que Celestino Córdova explicó que “el Estado ha negado los derechos del pueblo nación mapuche, como de los demás pueblos originarios, y que todavía no ha normado el convenio 169 (de la OIT), poniendo en tensión a los poderes del Estado para que agilicen este aspecto”.

El Machi también hizo un llamado para continuar con el apoyo a “los presos políticos mapuche de las distintas cárceles aún movilizadas”, y enfatizó que “la lucha no ha parado, ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche ni de todos los pueblos oprimidos del mundo”.

La semana pasada, en un video que se viralizó en las redes sociales con su audio, Córdova había anunciado su voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias su protesta, sumando una huelga seca a la huelga de hambre. “Lamento mucho que tenga que entregarles mi último mensaje, en mis últimos días que me quedan, para mi sacrificio en forma definitiva, en lo que para mí será un orgullo, dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrada por sobre todas las cosas, y a lo que nunca se debe renunciar”, fue el contundente mensaje del Machi.

Conocido el acuerdo, el titular del INDH declaró que el organismo junto al Colegio Médico y a la oficina regional para América Latina de la ACNUDH “nos constituimos como un equipo permanente para que el acuerdo que aquí se ha firmado sea completamente respetado”.

Micco explicó que “en otros diálogos por la región, nos dicen en todas partes ‘bueno, ahí quedó el pacto de Nueva Imperial en 1999, qué pasó con el pacto Reconocemos la Diversidad, qué pasó con la Comisión Asesora Presidencial, qué pasó con el Acuerdo Nacional por la Paz y la Justicia en La Araucanía’. Y la respuesta es que muchas veces fueron palabras y faltó la voluntad de ejecutarlas”.

“El INDH va a mantener su voluntad de prestar sus mejores oficios para lograr que esos acuerdos se respeten –indicó su titular-. Las brechas en materia de derechos humanos se mantienen, no se respetan muchas veces los derechos de participación, los derechos culturales, los derechos lingüísticos de nuestros pueblos indígenas, particularmente, el mapuche. Este solamente es un pequeño paso en la línea de que esos derechos sean plenamente respetados”.

Celestino Córdova es un Machi, que, en la cultura mapuche, es una autoridad espiritual designada por los espíritus y fuerzas de la naturaleza, cuya labor consiste en intermediar entre las distintas dimensiones del universo, a efectos de mantener el equilibrio de las fuerzas existentes. En el ejercicio de esta función, desarrollan la curación de enfermedades, protegen a los territorios de los movimientos naturales, interpretan dichos fenómenos y, en definitiva, establecen la comunicación permanente con los ngen (espíritus-fuerzas sobrenaturales) para lograr la armonía de la vida. Es por ello que son la máxima autoridad religiosa del pueblo mapuche, constituyéndose en pilares culturales, bases fundamentales para la continuidad de la vida.

Los Machi son personas comunes que han sido designadas, no por sus pares, sino por los espíritus de la naturaleza para llevar a cabo su rol. No pueden desconocer dicha labor, pues no es una profesión u oficio que se elija; por el contrario, el reconocimiento de un Machi se convierte en una pesada carga que la persona debe arrastrar durante toda su vida, pues, por el hecho de no aceptarla, puede arriesgar inestabilidad de las fuerzas, que pueden causar estragos como enfermedades o la misma muerte de la persona o sus familiares.

Celestino Córdova se encuentra preso porque la justicia chilena lo condenó por un incendio en la madrugada del 4 de enero de 2013, donde Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio terrateniente suizo-chileno, falleció. Córdova fue condenado a 18 años en la penitenciaría de Temuco por supuesta autoría, es decir, por ser eventualmente una persona que cooperó de algún modo o que conocería a quienes estaban en ese momento y causaron el incendio, aunque la causa estuvo plagada de irregularidades y sin pruebas concretas.

20 agosto 2020

 

Publicado originalmente en La tinta

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Un grupo de palestinos sostienen un cartel que dice "No a la traición de Palestina" durante una protesta contra el acercamiento entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. /Mohammed Talatene / Europa Press

ACUERDO ISRAEL Y EAU

Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el tercer país árabe que firma la paz con Israel. Este paso tendrá graves consecuencias para la región, en primer lugar para los palestinos pero también para otros países con guerras calientes. A corto plazo, pierden los islamistas moderados pero en el horizonte se vislumbran oscuros nubarrones beligerantes.

 

La excelente acogida internacional al acuerdo de paz del jueves entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos muestra la miopía con que viven los países occidentales que dicen que buscan la paz pero no hacen nada para conseguirla. Al contrario, esos países colaboran con la ocupación de los territorios palestinos y contribuyen a una permanente inestabilidad que periódicamente tiene consecuencias trágicas para Occidente.

La conflictiva personalidad de los firmantes, el príncipe emiratí Mohammed bin Zayed (MBZ), el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Donald Trump, ya es un buen indicio de la naturaleza del acuerdo, dada la aportación de estos tres mandatarios a las crisis de los últimos años, quienes han sentado unas sólidas bases para la inestabilidad futura.

Es difícil decir si el príncipe MBZ se cree lo que ha firmado. Los Emiratos Árabes Unidos aseguran por activa y por pasiva que Israel ha cancelado la prevista anexión del 30 por ciento de la Cisjordania ocupada, y presentan esto como un gran logro. Mirando el documento, nos enteramos de que de que Israel "ha suspendido" la anexión, que no es lo mismo que cancelarla.

De hecho, el primer ministro Netanyahu ha confirmado en dos ocasiones desde el jueves que la anexión procederá en su momento tal como está previsto, puesto que solo depende de la coordinación con Estados Unidos. Es cierto que el presidente Trump ha dicho que la anexión "no está sobre la mesa", pero su embajador en Israel, David Friedman, le ha corregido inmediatamente y ha precisado que la anexión sigue estando "en la agenda".

La ingenuidad de MBZ ha sido una moneda corriente de la que se han servido los dirigentes israelíes desde la más remota antigüedad de la existencia del estado judío. Por poner un ejemplo cercano, a mediados de los años ochenta, el gran Shimon Peres le vendió a Felipe González la moto de que normalizando las relaciones con Israel, España podría jugar un papel importante en la paz.

Con la misma ingenuidad de MBZ, Felipe González se lo creyó y lo proclamó a los cuatro vientos, pero España no pudo concretar ningún progreso de aquella promesa vacía, fuera de hospedar la Conferencia de Madrid de 1991 que solo sirvió para que Israel ganara tiempo y siguiera construyendo a destajo en las colonias judías de los territorios palestinos.

La interpretación que MBZ ha hecho del acuerdo es muy personal. Es dudoso que el príncipe, que con tanta determinación se ha metido en todos los conflictos regionales que ya existían y ha creado unos cuantos más, sea en realidad un ingenuo de tal calibre. Lo más probable es que, como tenía que justificar de alguna manera el paso que da, ha dicho que Israel ha puesto fin a sus planes de anexionarse Cisjordania.

Otros países como Arabia Saudí, Bahrein y Omán, imitarán pronto a los EAU y firmarán acuerdos de paz con Israel, pero se tratará de acuerdos tan gratuitos como el del jueves, puesto que nadie en su sano juicio puede pensar que Israel vaya a "renunciar" a Cisjordania, con sus cientos de miles de colonos judíos, un número que se incrementa a diario.

Los palestinos, lógicamente, han protestado y han condenado el anuncio, pero su gran tragedia es que las autoridades de Ramala son las que más contribuyen a la ocupación. Esta misma semana los medios hebreos han señalado que las fuerzas de seguridad palestinas han reanudado la "coordinación de seguridad" con el ejército israelí y los servicios secretos del Shin Bet para perseguir cualquier disidencia, una coordinación que se interrumpió hace solo unas semanas.

La práctica de "paz a cambio de paz" que Netanyahu proclama, es decir la firma de acuerdos de paz gratuitos y por el mero hecho de lograr la paz, sin ninguna contrapartida, es un mal camino para el conjunto de todo Oriente Próximo. En primer lugar para los palestinos, ya que significa que solo conseguirán un incremento de la represión y el aplastamiento de sus derechos.

Si el príncipe MBZ hubiera querido hacer algo por los palestinos, habría exigido por ejemplo que Netanyahu pusiera fin al apartheid que sufren en sus ciudades y pueblos. Hubiera sido un buen inicio. Pero el mismo jueves que se anunció el acuerdo, los colonos atacaron dos pueblos de Cisjordania rompiendo y quemando bienes palestinos y realizando pintadas racistas. La policía dijo cínicamente que "ha abierto una investigación", un procedimiento que todo el mundo sabe que termina en nada. Los EAU no dijeron ni pío.

La desfachatez del eslogan de "paz a cambio de paz" significa llevar la inestabilidad a toda la región más allá de los palestinos. En los últimos años MBZ se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas israelíes en la zona, algo que le viene como anillo al dedo a Netanyahu, desde Libia a Irán, pasando por Yemen, Turquía Líbano o el bloqueo de Qatar. Y lo más grave es que esas políticas desestabilizadoras, con guerras incluidas, conducirán pronto a una mayor inestabilidad.

La "paz a cambio de la paz" es una frase muy bonita que oculta un horizonte negro, con la que se pretende esconder los problemas reales y borrar del mapa cualquier aspiración islamista por moderada que sea, como si la imposición del secularismo por la fuerza fuera a acabar para siempre con los conflictos de Oriente Próximo, una idea que parecen compartir algunos líderes occidentales, con Emmanuel Macron a la cabeza.

15/08/2020 08:34

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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En Bolivia ya hay fechas para las elecciones presidenciales

Luego de dos postergaciones, se estableció que los comicios serán el 18 de octubre

La medida contó con el apoyo del expresidente Evo Morales, no así con el de la Central Obrera Boliviana (COB), que inició las protestas en rechazo a la última postergación de los comicios

 

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva -luego de dos postergaciones- de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.

 “Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, expresó Áñez durante el anuncio de promulgación de la norma, con la que intenta poner fin a una semana de protestas. “Con la norma se garantizan los comicios, por lo que los movilizados ya no tienen pretextos para bloquear las rutas en señal de protesta”, completó Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.

La nueva ley cuenta con el apoyo del expresidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que salió a las calles para manifestar su rechazo a la última postergación de los comicios, que estaban previstos para el 6 de septiembre.

"La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Mientras que, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que tanto el ente matriz como el Pacto de Unidad, rechazan la nueva ley electoral. "Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta", manifestó en conferencia de prensa.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.

De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que, según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la oposición que denunció fraude.

A pesar de que tales acusaciones nunca se confirmaron, las elecciones quedaron invalidadas y ante la crisis y clima de protestas que se originó, en noviembre Morales fue obligado a renunciar, tras denunciar un golpe de Estado.

Ese mismo mes y en un Senado sin quorum, Áñez se autoproclamó presidenta y ahora, luego de represiones a grupos sociales y repetidas excusas de postergación electoral, intentará llegar al Gobierno por el voto popular.

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Bolivia realizará las elecciones presidenciales el 6 se septiembre

Acuerdo entre las fuerzas políticas, incluido el MAS, a siete meses del golpe

El Tribunal Supremo Electoral presentará el acuerdo en el Congreso para su aprobación. El presidente del organismo, Salvador Romero, dijo que una vez aprobado propondrán esa fecha para la votación. 

 

Las principales fuerzas políticas de Bolivia, incluido el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) establecieron el 6 de septiembre como fecha límite para realizar las elecciones presidenciales. El acuerdo, que tiene que ser refrendado por el Parlamento, fue presentado por candidatos y miembros del TSE. El presidente del organismo Salvador Romero dijo que una vez aprobada la ley propondrán esa fecha para la realización de los comicios. 

Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo. Pero a finales de marzo habían sido aplazadas sin fecha por el gobierno de facto al declarar el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.

El pasado 30 de abril el Parlamento boliviano, donde el partido de Evo Morales tiene mayoría, había promulgado una ley que daba un plazo máximo de noventa días para ir a las urnas. En ese momento la presidente interina Jeanine Áñez se había manifestado en contra de la decisión. Ese plazo se cumpliría el próximo 2 de agosto. Sin embargo esta vez buena parte del arco político boliviano llegó a un acuerdo junto con las autoridades electorales. El mismo quedó rubricado en un proyecto de ley donde se puso como fecha límite para realizar las elecciones el 6 de septiembre. Aún resta que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto que enviará el TSE al Parlamento. Se espera que así ocurra ya que el MAS tiene mayoría en ambas cámaras y formó parte de la elaboración del mismo.

El presidente del TSE declaró que el proyecto de ley acordado es fruto del diálogo entre las ocho candidaturas. “El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre de 2020. Una vez publicada la ley, el Órgano Electoral fijará ese día como fecha de la elección general a través de una resolución”, indicó Romero. Las declaraciones de los candidatos tras el acuerdo apuntan a que las elecciones se celebrarán ese primer domingo de septiembre.

Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, después de que fueran anuladas las elecciones de octubre pasado. En ellas Morales había logrado imponerse a Carlos Mesa, el segundo candidato más votado. Pero las denuncias de fraude crearon el caldo de cultivo para lo que luego fue el golpe de Estado. El líder del MAS se exilió en México y desde el 13 de diciembre se encuentra como refugiado político en la Argentina.

Casi todos dieron el sí

En su comparecencia el presidente de TSE estuvo rodeado de varios candidatos. Entre ellos se encontraba Luis Arce Catacora, elegido por el MAS para llegar a la presidencia. "Hemos viabilizado este acuerdo para que podamos tener el cuidado en la salud, en primera instancia, pero también dar la certeza a los bolivanos y bolivianas que este año habrá elecciones, y que se realizarán el 6 de septiembre. Esperamos que el Tribunal tome las decisiones para que esa fecha se cumpla", sostuvo Arce. 

También estuvo presente el candidato de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa. Por su parte la presidenta interina Jeanine Áñez, candidata por Alianza Juntos, publicó un mensaje en Facebook donde dijo que aceptará la decisión del TSE. Sin embargo pidió al organismo escuchar a los especialistas antes de determinar la fecha de la elección. En contra de la decisión del órgano electoral se manifestó el partido Creemos que lleva como candidato a Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

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Sábado, 30 Mayo 2020 06:20

Malas noticias

Malas noticias

Tras décadas de apuntar la Unión Soviética y Estados Unidos sus misiles uno contra el otro, el Kremlin y la Casa Blanca asumieron el sinsentido de seguir la carrera armamentista y de incrementar los arsenales atómicos cuando no puede haber vencedor en una conflagración nuclear, garantizada la aniquilación recíproca.

Antes del colapso soviético, el desarme nuclear adquirió, con Mijail Gorbachov y Ronald Reagan, nuevo impulso como premisa para articular un mundo más seguro gracias a la confianza mutua y, todos capitalistas desde 1991, sin la contraposición de sistemas que servía de pretexto para ordeñar el presupuesto en aras de una victoria imposible.

Casi 30 años más tarde, no se avanza hacia la meta de suprimir el riesgo de una hecatombe nuclear, sino quedan cada vez menos pilares de la nueva arquitectura de seguridad que se creó a base de Tratados de supresión o limitación de armamentos de destrucción masiva y gestos de buena voluntad.

Todo lo pactado a la fecha, y lo que hace falta prorrogar o empezar a negociar, se cuestiona desde Washington, obsesionado Donald Trump con la idea de pasar a la historia con un “gran acuerdo”, bajo reglas que solo él quiere imponer y que tal vez funcionen en el mercado inmobiliario, pero no en el terreno del desarme nuclear, impensable sin equidad.

Después de anunciar que EU se saldrá del Tratado de Cielos Abiertos, una mala noticia, otra peor es que acaba de aceptar que se inicien negociaciones para ampliar, mientras sólo por uno o dos años, el plazo de vigencia del último acuerdo relevante: el Tratado de reducción de armamento estratégico ofensivo (START, por sus siglas en inglés), que vence el 5 de febrero de 2021.

El problema es que para que esa propuesta se lleve a cabo, Rusia tiene que cumplir varias condiciones: primero, demostrar a EU que necesita extender un Tratado que según Trump en nada beneficia; después, aceptar que se incorpore a las negociaciones China, a pesar de que tiene menos ojivas nucleares y con lo cual Moscú perdería su estatus de único interlocutor de Washington en materia de arsenales nucleares; y por último, renunciar a las armas supersónicas que el presidente Vladimir Putin anunció para garantizar la aniquilación de un virtual atacante nuclear. Para Moscú, huelga decirlo, son condiciones inaceptables.

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Excombatientes talibanes entregan sus armas este domingo en Jalalabad. GUHLAMULLA HABIBI EFE

El presidente de Afganistán rechaza liberar a los milicianos prisioneros como precondición para el diálogo interno

El acuerdo de Estados Unidos con los talibanes ha encontrado este domingo su primer obstáculo. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha rechazado la cláusula que prevé la liberación de miembros de la guerrilla. “El Gobierno de Afganistán no se ha comprometido a liberar a 5.000 prisioneros talibanes”, ha declarado Ghani al día siguiente de asistir en Qatar a la firma de ese pacto, presentado como un primer paso para alcanzar una solución política en aquel país. No obstante, el presidente extiende la tregua que se respetó durante la semana pasada.

“Estados Unidos carece de autoridad para dejar en libertad a los prisioneros, esa es una prerrogativa que corresponde al Gobierno de Afganistán”, ha subrayado Ghani durante una conferencia de prensa de la que se ha hecho eco la web afgana ToloNews. Es tan solo la segunda vez que el presidente comparece ante los medios en sus cinco años de mandato.

Según los términos del acuerdo, “Estados Unidos se compromete a trabajar con todas las partes implicadas para la liberación de los presos políticos y combatientes”. El texto prevé que hasta 5.000 talibanes encarcelados serán liberados a cambio de un millar de presos del lado gubernamental antes del 10 de marzo, para facilitar el inicio del diálogo interafgano. Pero Ghani rechaza que esa medida se considere una precondición y defiende que debe ser parte de las conversaciones con los talibanes.

“Un acuerdo que se alcanza a puerta cerrada va a tener problemas básicos en su ejecución desde mañana mismo”, añadió el presidente afgano en una poco velada crítica a la ausencia de su Gobierno en las negociaciones que llevaron al pacto. Pero los talibanes siguen sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Kabul, lo que ha obligado a Estados Unidos a hacer equilibrios para contar con la participación de éste y ofrecer la imagen de que va a incorporarse en una segunda fase.

Previo a la firma del acuerdo de EE UU con la guerrilla, un comunicado conjunto afgano-estadounidense anunció los planes de reducción de tropas, presentándolos dentro de un marco bilateral. Sin embargo, el asunto del intercambio de presos aparecía de forma mucho más ambigua: “La República Islámica de Afganistán participará en un debate facilitado por Estados Unidos con representantes talibanes sobre medidas de fomento de la confianza, que incluirá la posibilidad de liberar a un número significativo de prisioneros de ambos lados”.

Las objeciones del presidente pueden muy bien ser una mera táctica para hacerse valer ante el diálogo interafgano que debe empezar ahora y en el que la participación del Gobierno no está clara. El enviado estadounidense Zalmay Khalilzad, ha mencionado una delegación “incluyente” con “importantes figuras del Gobierno, responsables clave de partidos políticos, miembros de la sociedad civil y mujeres” para hablar con los talibanes.

El Gobierno querría determinar los participantes. Sin embargo, el rifirrafe que Ghani mantiene con su principal rival, Abdullah Abdullah, que le disputa el resultado de las últimas elecciones presidenciales, dificulta formar el equipo. En principio, solo tras el lanzamiento de esas conversaciones, empezará la retirada de las tropas estadounidenses que es lo que buscan tanto Washington como la guerrilla.

De momento, el presidente afgano ha dicho que, por su parte, “la reducción de la violencia va a continuar con el objetivo de alcanzar un alto el fuego definitivo”. Kabul ha informado a los talibanes a través del general Scott Miller, jefe de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. La guerrilla aún no se ha manifestado al respecto. La víspera el responsable político del grupo, Mohammad Abbas Stanikzai, declaró a ToloNews que el alto el fuego llegará una vez que se acuerde el Gobierno interino (de transición) y dio a entender que seguirían atacando a las fuerzas afganas, aunque mantendrían la tregua con Estados Unidos.

Dubái 1 MAR 2020 - 11:14 COT

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Francia congelará la ‘tasa Google’ para evitar las sanciones de Trump

París se prepara para anunciar el miércoles en Davos que aplaza el pago del impuesto hasta diciembre si EE UU se compromete a no imponer nuevos aranceles

 

Nadie entierra aún el hacha de guerra, pero la idea es no agitarla demasiado y dejar así espacio para encontrar una solución en la larga batalla por la tasa Google que tiene de uñas a París y Washington. En un gesto conciliador, Francia ha ofrecido aplazar el cobro en 2020 del impuesto que aprobó el año pasado para las grandes compañías digitales extranjeras que operan en su territorio. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a no imponer nuevos aranceles a productos franceses. La idea, que de aprobarse será anunciada el miércoles en el foro económico de Davos, es dar tiempo a que se logre pactar un impuesto internacional que debe proponer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este mismo año.

“Es una posibilidad sobre la mesa de negociaciones”, confirmó a EL PAÍS una fuente francesa próxima a las negociaciones. La idea, explicó, es “posponer” los pagos de la tasa —los cobros se realizan en abril y noviembre— hasta diciembre, “para permitir hallar un acuerdo en el marco de la OCDE”, que siempre ha sido el objetivo declarado de París. Los contactos en los últimos días han sido “muy regulares” entre los equipos negociadores de Washington y París, pero las conversaciones son “complejas”, admitió.

Francia aprobó en 2019 un gravamen de cerca del 3% del volumen de negocios de las compañías tecnológicas en el país que obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros (unos 830 millones de dólares) en sus actividades digitales mundiales. El primer cobro se realizó en noviembre, pero si se acepta la propuesta de París, podría también ser el último. Francia, que niega tajantemente la acusación de Washington de que se trata de un impuesto para sancionar a empresas norteamericanas, se ha manifestado desde el principio dispuesta a acabar con su tasa Google si se acuerda un tipo de pago de forma internacional, tarea que ha sido encargada a la OCDE. Francia está dispuesta, incluso, a reembolsar a las plataformas afectadas la diferencia entre la tasa cobrada y la que se llegue a fijar.

A cambio de la congelación de los cobros, Estados Unidos no hará realidad su amenaza de imponer un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros).

Que había aires de acuerdo lo dejó caer ya el presidente francés, Emmanuel Macron, la noche del lunes, cuando anunció por Twitter que había mantenido el domingo una “excelente” conversación con el estadounidense Donald Trump sobre la tasa Google (que en Francia llaman GAFA, por las siglas de las principales plataformas digitales: Google, Amazon, Facebook y Apple). “Gran conversación con Donald Trump sobre la tasa digital. Trabajaremos juntos en un buen acuerdo para evitar la escalada de los aranceles”, escribió Macron. "¡Excelente!", respondió el presidente estadounidense.

Los principales negociadores del acuerdo, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el secretario norteamericano del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, se reunirán este miércoles en Davos.

En un evento como el Foro de Davos, dominado por las firmas estadounidenses y por el sector tecnológico, la tasa Google ocupa los primeros puestos de la agenda. La decisión de Francia de aplazar hasta diciembre su aplicación fue recibida con alivio, no solo por las empresas afectadas sino porque la decisión evita una nueva escalada comercial y un agravamiento de las tensiones entre EE UU y la Unión Europea.

Alivio en Davos

“Si es cierto que ocurre, es una buena noticia. La OCDE necesita más tiempo para articular una propuesta respecto a una tasa digital que sea aceptable para todos. Eso evitará que EE UU imponga sanciones por 2.400 millones de dólares a Francia y que eso desate una nueva escalada comercial”, sostiene Chad Brown, experto en comercio del Instituto Peterson en Washington. A su lado, el secretario general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, advertía: “Esto no va a quedar aquí, a esta cuestión le queda mucho recorrido”.

Trump mantuvo ayer un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que expresó su deseo de trabajar con el presidente de EE UU. “Estoy convencida de que podemos comprometernos con una agenda positiva en el ámbito comercial, pero también en tecnología, energía y muchos otros ámbitos”, declaró en un comunicado tras el encuentro. "Llevamos trabajando un tiempo en ello y esperemos que podamos conseguir algo importante. Un acuerdo con Europa es algo que todos queremos conseguir", apuntaba el mandatario estadounidense. Poco después, Trump agradecía la decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron: “Estados Unidos está muy contento con el resultado y agradecemos mucho lo que ha hecho el presidente Macron”.

La encuesta de PwC a directivos publicada el lunes revela la elevada preocupación entre los ejecutivos ante el aparentemente inevitable fin del actual modelo de desarrollo tecnológico. La mayoría de directivos encuestados auguran que se empezarán a regular tanto el contenido como la estructura de la Red, la ruptura de las grandes compañías para reducir su poder y el establecimiento de algún tipo de compensación por el uso de los datos personales. “Si la economía global quiere poner en marcha las expectativas generadas por la cuarta revolución industrial, hará falta mayor coordinación en todos estos temas”, concluye el informe de la consultora.

París / Davos (Suiza) 21 ENE 2020 - 13:04 COT

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Sábado, 18 Enero 2020 06:41

Mucho ruido y pocas nueces

Mucho ruido y pocas nueces

El acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China.

 

El gobierno estadounidense firmó este miércoles con su par chino un documento de 86 páginas al que describe como crucial, importantísimo y de grandes consecuencias, y que ofrece una pausa en la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Pero los insultos, las amenazas y las represalias trumpianas lograron pocas de sus metas.

 

Durante su campaña electoral de 2016 y en los primeros dos años de su presidencia, Donald Trump enardeció a sus seguidores proclamando que China robaba a Estados Unidos, y prometió a creyentes e indecisos que le asestaría a Pekín un marronazo comercial tal que los chinos vendrían gateando a firmar los términos de intercambio dictados por Washington.

Lo que por casi dos años Estados Unidos y China han intercambiado son amenazas, fanfarronerías y aranceles que han gravado el comercio por cientos de miles de millones de dólares de parte y parte.

Así hemos llegado a enero de 2020, cuando a Trump le apura la concreción de algunas de sus promesas más rimbombantes, si es que desea al menos que parezca que las cumple cuando faltan menos de trescientos días para las elecciones presidenciales. Otras promesas espectaculares han quedado por el camino, como la que alentó a los trumpistas a corear “Lock her up!”, clamando por el encarcelamiento de la candidata demócrata en 2016, Hillary Clinton. En realidad, quienes han ido ya a prisión o la tienen en su agenda anotada son varios colaboradores muy cercanos de Trump. O la promesa de construcción de una muralla que cerraría la frontera de 3.200 quilómetros con México gracias a un muro que sería impenetrable, alto, indestructible. Y por el que México pagaría. Ahora el presidente anda desviando fondos asignados por el Congreso para el Pentágono, y su gobierno ha construido apenas 150 quilómetros de muro, de los cuales 144 corresponden al reemplazo de estructuras más viejas. México, por supuesto, no ha pagado un centavo, y el gasto lo cubren los estadounidenses con sus impuestos.

Suerte parecida han tenido las promesas de reducir la deuda nacional y el déficit fiscal, situaciones que Trump en 2016 describía como catastróficas. La deuda nacional estaba en los 19 millones de millones de dólares en el último período fiscal bajo la presidencia de Barack Obama, y está ahora encima de los 22 millones de millones. El déficit del gobierno federal fue de 585.000 millones de dólares (equivalente al 3,1 por ciento del producto bruto interno) al cierre de la presidencia de Obama, y llegó a 1 millón de millones de dólares (5 por ciento del Pbi) en 2019.

Trump asimismo prometió que reduciría el déficit comercial de Estados Unidos con el mundo entero y, en particular, con China. En los primeros 11 meses del año pasado el déficit en el comercio de bienes y servicios fue de 562.965 millones de dólares, casi sin cambios comparado con los 566.872 millones de dólares en el período similar del año anterior. El déficit comercial con China fue, de enero a noviembre del año pasado, de 320.823 millones de dólares, y había sido de 379.697 millones de dólares.

De modo que mientras la segunda economía más grande del mundo y potencia global emergente, China, ha tomado todo el barullo comercial en el contexto de una estrategia que mira la historia –y calcula que, quizá, después de enero próximo Trump ya no esté en la Casa Blanca–, Estados Unidos llegó a este primer paso de un primer movimiento hacia un posible avance con gran alharaca.

LA TREGUA. 

La llamada “fase uno” de un acuerdo comercial más amplio que también sigue siendo una promesa compromete a China a comprar productos estadounidenses adicionales por unos 200.000 millones de dólares a lo largo de los próximos dos años. Esto incluye 77.700 millones de dólares en bienes manufacturados y 32.000 millones de dólares en productos agropecuarios.

Estados Unidos había buscado que China comprara productos agropecuarios por 40.000 a 50.000 millones de dólares. Hasta noviembre pasado, el Departamento de Agricultura había distribuido unos 6.700 millones de dólares entre los productores agrícolas y ganaderos estadounidenses afectados en 2019 por la caída de sus exportaciones a China como resultado de la querella comercial. Las áreas rurales y semirrurales de Estados Unidos son el territorio electoral más favorable a Trump. Por otra parte, su gobierno no divulgó todos los detalles sobre las futuras compras chinas de bienes agropecuarios, a fin de evitar aumentos abruptos de esas materias.

Muy al tono negociador del presidente, que desprecia los mecanismos multilaterales, como los utilizados por la Organización Mundial del Comercio (Omc), ambas partes se pusieron de acuerdo en que resolverán las disputas que surjan mediante un proceso de consultas directas sujeto a la amenaza de nuevos aranceles. Este mecanismo para vigilar el cumplimiento del acuerdo incluye un cronograma para el manejo de las quejas por parte de cualquiera de los gobiernos. Si los funcionarios de bajo nivel no logran resolver las disputas, estas pasan a funcionarios de más alto rango, hasta llegar al nivel del representante comercial de Estados Unidos y su contraparte en China. Si aun a este nivel la disputa no se resuelve, los presidentes de ambos países pueden tomar medidas que incluyen la imposición de tarifas o aranceles punitivos. Muy lejos han quedado los mecanismos que desde las conversaciones de la Ronda Uruguay en 1994 llevaron a la creación de la Omc, en la que Estados Unidos y más de un centenar de países habían repudiado este tipo de arreglos por la distorsión que causan en el comercio global.

El acuerdo baja al 7,5 por ciento los aranceles de 15 por ciento que habían sido impuestos sobre unos 120.000 millones de dólares en bienes, pero la mayor parte de los gravámenes más altos –que afectan otros 360.000 millones de bienes chinos y más de 100.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses– permanecen en pie.

Fuentes del gobierno de Trump señalaron que el acuerdo firmado este miércoles no especifica que Beijing esté comprometido a bajar los aranceles que impuso a las importaciones desde Estados Unidos, lo que deja abierta la puerta para que la disputa vuelva a calentarse en un futuro próximo. Pero China prometió que dará a las empresas estadounidenses mayor acceso en el sector de servicios financieros, que no devaluará su moneda para ayudar a los exportadores chinos y que ya no obligará a las firmas estadounidenses a que compartan su tecnología como condición para hacer negocios en el país asiático.

LA FACTURA. 

De este lado del océano Pacífico, quienes han pagado y pagan el plato son los consumidores. Varios economistas han calculado que el costo para ellos y las empresas ha sido de unos 40.000 millones de dólares tras 20 meses de disputa. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que la incertidumbre relacionada con los aranceles ha cortado un 0,3 por ciento del crecimiento económico estimado para Estados Unidos, lo que redujo el ingreso promedio de los hogares en 580 dólares al año desde 2018.

El acuerdo ahora alcanzado, que no requiere la aprobación del Congreso, también dejó sin solución las preocupaciones de Estados Unidos acerca del impacto que tienen los subsidios industriales chinos sobre los mercados mundiales. Si bien el déficit comercial estadounidense con China disminuyó en los 12 meses transcurridos hasta noviembre pasado, el déficit estadounidense con el resto del mundo subió, lo que en la práctica borró casi el 90 por ciento de la disminución lograda en el déficit con China.

Más allá de los dos gigantes trenzados en esta disputa, se calcula que la “guerra comercial” recortará en más del 0,5 por ciento el crecimiento de la economía mundial. Sin embargo, algunos países han salido beneficiados al reencaminarse las corrientes comerciales estimadas en unos 165.000 millones de dólares. Por ejemplo, Vietnam, Taiwán y México han visto un incremento de las inversiones estadounidenses, que se han apartado de China, y la Reserva Federal calcula que el aumento de las importaciones estadounidenses desde México benefició en un 0,2 por ciento el crecimiento económico en el país vecino.

LA POSGUERRA. 

“El mayor impacto a corto plazo del acuerdo firmado esta semana es, simplemente, que quita del camino algo de la incertidumbre perniciosa creada por la disputa misma”, escribió el analista Nathaniel Taplin, en The Wall Street Journal. En tanto, “el impacto más duradero de esa disputa es un deterioro notable y rápido en las relaciones generales entre Estados Unidos y China”. Taplin señaló que “las hostilidades comerciales abiertas pueden permanecer contenidas por ahora al aproximarse la temporada electoral estadounidense, pero la competencia tecnológica, de seguridad e ideológica siempre subyacente en las relaciones chino-estadounidenses, se ha recargado con el conflicto”. “Los inversionistas seguirán lidiando con las consecuencias por muchos años”, añadió (The Wall Street Journal, 15-I-19).

Mientras tanto, el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, de Nueva York, comentó en conferencia de prensa que “el presidente se jacta de que este es ‘el acuerdo más grande de la historia’. Yo creo que la impresionante falta de reforma sustancial y de largo plazo lograda perjudicará a los trabajadores y a la industria de Estados Unidos”.

Lo cierto es que el miércoles, y en el tono de desprecio por la diplomacia que Trump ostenta como virtud, el presidente estadounidense describió como “pillaje” la política comercial de China mientras el vice primer ministro de China, Liu He, y otros funcionarios chinos de alta jerarquía aguantaban de pie la ceremonia de firma del acuerdo y la conferencia de prensa de 45 minutos. Cuando le llegó su turno, Liu leyó un mensaje del presidente Xi Jinping, quien escribió que el pacto “refleja el respeto mutuo” entre ambos países.

En la ocasión, en la Sala Este de la Casa Blanca, estuvieron miembros republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes, junto con decenas de ejecutivos muy infatuados de grandes corporaciones como Boeing y Honeywell, y financieros de Citibank, J P Morgan y Citadel. No hubo, en cambio, representantes de los sindicatos, cuyos afiliados supuestamente se beneficiarán con este pacto.

Por Jorge A. Bañales

17 enero, 2020

Publicado enEconomía
https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

 


 Cuando el río suena, piedras lleva

 

Wilmar Harley Castillo A

 

 

 

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

 


 

La guerra de los tal Ivanes

 

Enrique Santos Molano

 

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

 

Publicado enColombia
Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
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