Colombia: Denuncian 128 asesinatos de excombatientes FARC tras Acuerdo de Paz

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


Stapper condenó el crimen y aseguró que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables que causaron la muerte al menor al disparar contra sus padres en el departamento La Guajira.


Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

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Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

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Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Viernes, 22 Febrero 2019 06:52

Réquiem por las FARC-EP

Réquiem por las FARC-EP

El partido FARC observa pasivamente, desde la oscura zanja del incumplimiento estatal, cómo Rodrigo Londoño y su círculo: Lozada y Alape entre otros, entierran en una tumba sin nombre 50 años de lucha del pueblo colombiano y el legado de Jacobo, Manuel, Alfonso y miles más que entregaron su vida en la lucha contra la más bárbara oligarquía de Latinoamérica. 

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de diplomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la fraternidad y de la obediencia, el “Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.


Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un “error” entregar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus familiares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya pasó uno?


El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiando al movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando antagonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena determinación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un “proceso de paz” mezquino, uno que consiste solo en la desmovilización de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Colombia.


Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de palabra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensamiento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del partido.


Cual señores feudales, rodeados del aura de la burocracia neoliberal, abrazados con la ONU, con “exparamilitares” y funcionarios del Estado, dirigentes del partido hicieron cumplir la voluntad de su majestad Juan Manuel Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben la protesta y la lucha de clases a sus propias bases bajo amenaza de represión estatal, censuran paros campesinos mientras hacen negocios con multinacionales en el sur del país, negocios que van en contra de los intereses de las poblaciones que durante décadas acogieron y protegieron a las FARC-EP. Recientemente hacen acuerdos electorales con el fascismo para “tener un candidato único”.


La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, encabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burguesía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación están atados a esa organización política y es ella la que nombra gente en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Cualquier opinión no autorizada puede significar quedar por fuera de la reincorporación.


Una mentira mil veces repetida se hace verdad, el credo del uribismo, hoy es usado por dirigencia hegemónica del partido FARC para engañar a su militancia. Se repite cual cántico en iglesia evangélica que las cifras de muertos y de violencia propia del conflicto armado se han reducido, de allí se deriva maliciosamente que el “Acuerdo Final” y su implementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de muertos que ha bajado significativamente es la de los militares estatales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados. Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reducción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simplemente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los criminales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los incumplimientos del Estado, etc.


El Dr. Londoño llama hoy “arrepentidos” a quienes mantenemos una postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto exactamente:


“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de trabajo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese es un grave error, pero su condición de clase no les permite que prolonguen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revolucionario, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor. Los verdaderos revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo… Por eso los otros se cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la promesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son útiles… Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movimiento armado… Cuando hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo el mundo… por qué no desmovilizamos la guerrilla… Porque se ha cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio… Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansaron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una elaboración ideológica de lo que significa el compromiso del revolucionario”.


Son los “arrepentidos” a que se refería Jacobo Arenas, los que nunca construyeron una verdadera conciencia, los que hoy agachan la cabeza ante los medios, a los que les da penita lo que hicieron por 50 años. Nada le molesta hoy más a la dirigencia de la FARC que los llamen por su nombre de guerra, les molesta porque se avergüenzan de su historia. ¿Qué pensaría Jacobo Arenas al ver que se desmovilizó una guerrilla a cambio de nada, de unos puestos en el Gobierno?


Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de observar con verdadero criterio objetivo los “errores” del proceso de paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el que más vio.


A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reducido, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expresan el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encarnan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintieron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para “agilizar el diálogo”, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les resultaba posible alcanzar sus fines.


El argumento de moda en el partido FARC es que “ahora tenemos más aliados que los que teníamos en la guerra”, vale la pena preguntarle doctor Londoño, ¿qué entiende por “aliados” y a quién considera como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igualmente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en ése sentido?


¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra propagandística para llegar a la “batalla de ideas”? Es una tesis cuestionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la contraparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumulación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se encuentra casi intacta, no es posible afirmar que los acuerdos de paz hayan contribuido a democratizar la sociedad en este sentido.


Para evidenciar lo anterior es bueno tomar un ejemplo. Muchos exguerrilleros se han quejado del monumento hecho con sus armas por la artista Doris Salcedo, el monumento es brillante porque refleja la realidad de lo que fue el acuerdo: pisotear a las FARC-EP. La obra sirve como un piso para que la oligarquía, el lumpen de las ciudades y funcionarios de organismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un “ritual de sanación” por el cual las “víctimas” martillaron las láminas de metal que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra a martillazos.


Por otro lado, nos enseña con sus reproche y llamados de atención el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delincuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que el Acuerdo es “excepcional” en su letra e implementación, que no existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza. Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de cualquier centro de ideas neoliberales?


Se ha introducido la tesis de que existen “trabas burocráticas” a la implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha “enredado” ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano “no tiene la capacidad” de cumplir los acuerdos, pero que una vez se superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una “traba burocrática”, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tanto a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.


Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de “adentro”. Pero las mareas cambian y no se echa por tierra la dignidad de un pueblo y su legado tan impunemente. El pueblo colombiano es contradictorio, más sumiso que rebelde, pero como todos los pueblos tiene su punto de quiebre y allá hay que ir.

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"Cerca del 40 % del presupuesto de Colombia se destina a la guerra y a la deuda”

El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

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Martes, 04 Diciembre 2018 06:12

China y Argentina desafían a EEUU en el G20

China y Argentina desafían a EEUU en el G20

"¿Por qué Xi Jinping fue recibido con más honores que los demás líderes?", se pregunta el diario La Nación, en referencia a la llegada del presidente chino a la cumbre del G20 en Buenos Aires. El periódico constata que fue recibido "en una ceremonia especial, distinta de la que fueron objeto el resto de los jefes de Estado y de gobierno".
Además el presidente Mauricio Macri desmintió a Donald Trump, cuya vocera había asegurado que ambos compartirían que la actividad de China en la región es "depredadora". Por el contrario, Macri aseguró que "la Argentina no ve la presencia de China como una amenaza sino como una oportunidad".


Las razones de ambos hechos hay que buscarlas en la "Asociación Estratégica Integral" entre China y Argentina, rubricada en 2008, que coloca al país asiático como un aliado clave de Buenos Aires. En poco más de dos años Xi y Macri se reunieron cinco veces en las cuales decidieron profundizar la alianza "inyectando una gran fuerza motriz para la cooperación binacional en distintos ámbitos".


Luego de la cumbre del G20 se registró la reunión bilateral entre Xi y Macri, el domingo 2 de diciembre en la residencia de Olivos, donde firmaron 35 acuerdos, muchos de los cuales apuntan a proyectos de largo plazo de más de cinco años. Entre ellos uno para el intercambio de monedas por 9.000 millones de dólares, financiamiento de obras 1.200 millones de dólares y 5.000 millones en inversiones para ferrocarriles, energía térmica, solar, eólica y obras viales.


El hecho de que un gobierno conservador como el de Macri haya continuado y profundizado una alianza iniciada por un gobierno de signo opuesto, como el de Cristina Fernández, revela que estamos ante una alianza de Estado entre ambos países. Este es el primer dato a retener, ya que el tipo de relacionamiento establecido entre ambos comenzó en el terreno comercial, pero se va extendiendo a otras áreas, como las inversiones y las finanzas, y está comenzando a expresarse en el terreno político y geopolítico, como lo manifiesta el discurso de Macri.


La segunda cuestión es que China es el segundo destino de las exportaciones argentinas, luego de Brasil y por delante de Estados Unidos. El comercio creció de forma constante y firme, en particular en el área agroindustrial. China es el primer comprador de carne argentina en el mundo y sus importaciones de soja se expanden a raíz de la guerra comercial con Estados Unidos.


La tercera es que las relaciones entre China y Argentina van mucho más allá del comercio. El embajador argentino en China, Diego Guelar, destacó poco antes del G20 que "la relación con China es muy importante para Argentina, ya que es su máximo inversor y, si se excluye al Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal acreedor".

 

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Cinco puntos en la disfuncional cumbre del G-20 en Buenos Aires, según Breitbart

Las cumbres del desfalleciente Occidente se han vuelto disfuncionales, como sucedió con el G-7 en Canadá (http://bit.ly/2LCoQlO) y luego con el APEC (http://bit.ly/2zxSqp2) donde ni siquiera pudo acordar un comunicado conjunto, lo cual refleja la fractura y el "(des) Orden Global en la Era Post-EstadosUnidos" (http://bit.ly/2zzcffD).

El G-20 de Buenos Aires tampoco será la excepción y va que vuela al fracaso: creado con un enfoque economicista/reduccionista después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 no sirve para nada ni ha tenido concreciones saludables.

La única gracia del G-20, como las demás cumbres aludidas, es haberse convertido en un "punto de contacto" para trascendentales reuniones tangenciales al margen de sus deliberaciones.

Este G-20 de Buenos Aires pudo haber sido el catalizador del nuevo orden tripolar global entre EU/Rusia/China o cual hubiera marcado el hito histórico del siglo 21 cuando se habían programado sendas reuniones de Trump con el zar Vladimir Putin y con el mandarín Xi a quien invitó a cenar (http://bit.ly/2PacRxh).

Todo es posible con la volatilidad del estadunidense, quien puede cambiar de opinión en el último instante con el fin de sacar ventajas transaccionales a sus rivales, cuando ya canceló la anhelada cumbre con su homólogo ruso debido al recalentamiento del contencioso ucraniano, el cual Réseau Voltaire se debió a un sabotaje deliberado de EU e Israel para torpedear la reunión bilateral de Trump y Putin (http://bit.ly/2P8UkBf).

Una cumbre inesperada es la que entablarán el zar Vlady Putin y el premier nipón Shinzo Abe que puede llevar a la firma de un acuerdo de paz con consecuentes arreglos geopolíticos (http://bit.ly/2P8We4R).

El portal Breitbart, portavoz oficioso de Trump –quien al primer día ya había maltratado al anfitrión Macri y al presidente saliente Peña– avanza "cinco puntos a seguir en el G-20":

1. La cumbre de Trump y Putin: ya fue cancelada. El estadunidense deseaba hasta el último minuto reunirse con su homólogo ruso, pero fue desaconsejado por su primer círculo, lo cual no descarta que se puedan reunir, quizá de contrabando, en cualquier momento.

2. La cena del jefe de Estado de la Unión Americana con el mandarín Xi: China ha mostrado flexibilidad en ciertos rubros que han sido desechados por el estadunidense como "inaceptables". Sin embargo, NYT considera que a pesar de su "dura retórica" Trump “busca una tregua comercial con la nación asiática (https://nyti.ms/2zAYsW1)”, lo cual se empata con mi hipótesis de un "cese al fuego". La pésima noticia es que el sinófobo súper-halcón Peter Navarro fue reincorporado a la lista de seis funcionarios que acompañarán a Trump durante la cena, quien fungirá de espantapájaros. Es curioso que los multimedia chinos estén optimistas (https://reut.rs/2zzcRlr). Como que no suena lógico que inviten a cenar al mandarín Xi para humillarlo, de lo cual es capaz Trump.

3. Arabia Saudita y las secuelas del asesinato del periodista saudita Khashoggi: el presidente turco Erdogán ha reclamado la suavidad del tratamiento especial al príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman quien ha recibido cordiales saludos de Trump, la primera ministra británica Theresa May, el zar Vlady Putin y el primer indio Narendra Modi, mientras queda "volando" la tragedia bélica en Yemen.

4. Las sanciones de Irán: "significativa fuente de tensión entre EU y Europa que desea continuar haciendo negocios con Teherán y preservar vivo el arreglo nuclear de Obama", lo cual tendrá un impacto sobre el precio del petróleo que EU exige disminuir. ¿Vendió Trump el cadáver de Khashoggi, columnista de The Washington Post, por un barril de petróleo?

5. Brexit: Trump interpeló que el acuerdo entre la primera ministra británica May otorgó demasiadas concesiones a la Unión Europea, lo cual “pudiera interferir en el pacto comercial GB-EU (http://bit.ly/2zyked0)”.

El G-20 de Buenos Aires llega a una bifurcación: dependiendo del resultado de las gestiones EU-China, que apunta a un cese al fuego, dejará su impronta histórica; otro camino marcará la tragedia del comercio.

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Martes, 20 Noviembre 2018 06:39

La JEP no es justicia, ni es transicional

La JEP no es justicia, ni es transicional

Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la República, se ensañan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las víctimas. 

La inmensa mayoría que ha defendido el proceso de solución política con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creación conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdicción válida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos países y de organismos de la comunidad internacional.
Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las élites dominantes.


Bases endebles del Acuerdo


Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y están en las vías institucionales creadas para su reinserción legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.


De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegítima, torciendo cada vez más lo que firmó dentro de un proceso, que para las élites es una victoria estratégica.


Las FARC fundó los acuerdos de paz en siete principios:


1) Convalidó la legitimidad estatal, cuestionada por décadas dada su violencia institucional e impunidad.
2) Consintió la legalidad de ese Estado, sin que éste se hubiera reformado en materias claves.
3) Concedió que ese Estado tendría en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementación de lo pactado.
4) Admitió la no reciprocidad y la no sincronía de los acuerdos de ambas partes.
5) Declinó en la búsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto éticos como sociales o comunitarios, así como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparación más completa posible, y sobre todo en la depuración institucional y las garantías reales de no repetición.

6) Sobrestimó un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsión de sanciones para la parte que incumpla; y

7) aceptó correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lógica de producción normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.


Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente políticos y que constituían una especie de Tratado inviolable, que se ratificó era sostenible por doce años, o sea por al menos tres períodos presidenciales desde agosto de 2018.


Tijeretazos y añadidos


Además del recorte grave que se derivó del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que ganó el No con escasos votos, rechazándose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder público, y en esa etapa, además del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisión a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.


La JEP, además de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilación o desnaturalización del delito político, la evaporación de la cadena de mando oficial, sufrió nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esta vía, establecieron más impunidad para los llamados “terceros” -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que según su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; así como las inequitativas reglas como se fijó en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).


Dándose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se probó ya durante la administración Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortalecía.


Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrático (CD), dio más pasos y comenzó a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todavía más a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdicción, sólo en la medida que les sirva. Aprovecharla como “tabla de salvación”, tanto jurídicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecución penal internacional-, como también políticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.


Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todavía más favorable al que ya tienen con la obtención de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusión, además de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, sólo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trató de eslabones de crímenes de Estado, de crímenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.


“Mala foto y un peor acuerdo”


Con el argumento de que se abría un panorama de diálogo entre bancadas políticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -diálogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vélez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no sólo salvando lo que ya admitían, en primer lugar la responsabilidad estructural del Régimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.


Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llamó una “mala foto y un peor acuerdo”, expresando que “No existe bondad intrínseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas políticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho más que repetir que se reserva el derecho a continuar en la búsqueda de modificaciones” [1].


La periodista se refiere a cómo Uribe emprendió una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposición política -que se supone crítica del proyecto político y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situación de agentes estatales y paraestatales, con garantías y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como quedó la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuarían jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policías; que se requerían unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente “prouniformados”) que además estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.


Este pacto político del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores políticos de distinto color, para la investigación y eventual juzgamiento de militares o policías, proyecta un paso más en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentúan o se formulan en su favor dispensas como serían jueces ad-hoc (específicos para algo) y la contrastación de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los “servidores” acusados terminen aceptando “lo que no hicieron”. Y se enuncia de nuevo cómo se usará con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretación del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuñado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Gallón llama “embeleco” y califica de “esotérico” [2].


Sin joya y sin corona


Estamos frente a una “justicia transicional” que lejos de ser “justicia” y de ser “transicional”, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, está siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todavía más un lavadero de responsabilidades. Se confirma así que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un ápice de garantías de no repetición, pues el país no hace tránsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las élites, para que continúen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.


Se caiga o no por razones jurídicas esa reforma, el espectáculo político queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropósito de las élites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.


De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad más elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores políticos que, pueden caer en pactos políticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raquítica.


Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: “Hay que repasar lo que se aprobó… cuando la minoría uribista se había trocado, ya, en mayoría mágica por hechos ocurridos fuera del salón que aún se desconocen, y cuando los congresistas que todavía piensan en los derechos de las víctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota”.[3]


Se decía hace dos años, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Política, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda aún más poco.
Notas:


[1] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/mala-foto-peor-acuerdo-columna-de-laura-gil-290462
[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431
[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208

 

Por Ana María Fonseca
Revista Insurrección

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

Publicado enEdición Nº251
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