Con la entrega de  322 armas de Farc, se inicio el desarme de esa guerrilla

 

Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque

 

Conforme transcurren los días tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, más difícil se torna el proceso de implementación que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un país que apenas resurge tras 52 años de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendría.

Los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación. Las ZVTN debían estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, día D. Ese día las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentración designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras mínimas acordadas: alojamientos, suministro eléctrico, servicios sanitarios-higiénicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepción la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una había servicios sanitarios-higiénicos instalados. En ninguna había viviendas construidas. No hay atención médica más allá de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos recién nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposición materiales de construcción para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se está cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, están acostumbrados, pero si la primera obligación del Gobierno en el cronograma de implementación está siendo cumplida tardía y deficientemente, se envía una pésima señal sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la histórica tradición de los distintos gobiernos del país de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que habían firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableció la aprobación urgente de una Ley de Amnistía que amnistiara los delitos de rebelión y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz había aproximadamente 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. También existen unos 5.000 miembros de la Fuerza Pública potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Amnistía, que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnistía – a salvo de las muy dignas excepciones indicadas–, además de ser inédita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situación de desconfianza y desafección respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que también están siendo engañados por estos, ya que habían garantizado un tratamiento especial de justicia además de la amnistía. Esta situación puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad están siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas. Todo ello hace más meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fenómeno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas más importante es la creación de una Unidad de Investigación especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras políticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras económicas de financiación. La actual Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicción ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor número posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que resultó más difícil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el año 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistemático para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garantías de Seguridad, suponiendo grave indefensión respecto a la seguridad personal e integridad física que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejación de armas.

Actualmente no hay concreción ni puesta en marcha de las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realización del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociación en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el régimen de amnistía y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducción de las cuantías económicas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporación económica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 días de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 años de guerra o décadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayoría campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposición los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.

Esta situación de indefinición de su futuro inmediato, también provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situación, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, están ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales.

El proceso de dejación de armas de las FARC-EP comenzó el día 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluirá el próximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementación, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejación del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejación de otro 30 % de las armas se iniciará el 1 de abril y la fase de dejación del restante 40% de armas se iniciará el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el día 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garantías para las FARC EP de índole Jurídico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Económico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP están cumpliendo con el proceso de dejación de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben –aplicación de la amnistía y aprobación en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-, con los compromisos sobre seguridad personal –desmantelamiento del paramilitarismo y detención de los responsables de los crímenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucediéndose-, así como al menos definir los programas de reincorporación económica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificación y acompañamiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el único mecanismo de verificación y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejación de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se están monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final únicamente se contemplan mecanismos de verificación de los puntos 3 “Garantías de Seguridad” y 6 “Reincorporación a la vida civil”, también a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prevé en el Acuerdo Final un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos acordados, pero todavía esos mecanismos internacionales de acompañamiento a la implementación no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompañe la implementación respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejación de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementación de todo lo acordado o al menos de lo más importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificación y acompañamiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. También sería conveniente mayor agilidad en la implementación y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no únicamente por el Gobierno.

 

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

 

 

Publicado enColombia
La hoja de coca se tuesta en ollas al fuego para uso tradicional en Colombia (Clara Roig)

 

Fabiola Piñacué y Herney Ruiz tienen una misma lucha en común: recuperar el consumo tradicional de la hoja de coca en Colombia pese al veto internacional

 

El viento sopla suave, seco. La tierra calienta. El sol abrasa. La brisa remueve el polvo del camino que conduce al pequeño pueblo de Lerma, en las montañas áridas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a 600 kilómetros al sur de Bogotá. A un lado de la calle principal, los niños juegan al futbol en el polideportivo. Las mujeres reposan en los bancos delante de las casas y los hombres se reúnen en las ‘tiendecitas’ que dan a la calle. “Aquí hubo un muerto”, dice Herney Ruiz señalando la entrada de una casa, “y aquí, aquí, y aquí”. Todo a su alrededor parece tranquilo. “Si pusiéramos una cruz en cada esquina donde ha habido un muerto, no podríamos cerrar las puertas de las casas”, comenta.

Herney Ruíz es una mezcla de Robin Hood y Gandalf para Lerma. Comprometido y emprendedor, ha participado en el proceso de paz del pueblo como líder comunitario y ha desarrollado una alternativa al cultivo ilícito de la hoja de coca en un municipio en el que el 80% de la economía se basa en pequeños cultivos de esta planta.

Aunque aún no es del todo rentable, su pequeña tienda de productos derivados de hoja de coca ha pasado de generar 500.000 pesos colombianos (146€) por año en 2009 a 6 millones de pesos (1.750€) en el 2015. A partir de una harina que saca de moler las hojas de coca hace panes, galletas, vino, pomadas, y hasta una torta que ofrece al obispo cuando viene de visita.

Teniendo en cuenta que la canasta básica en Colombia es de unos 116€ y el salario mínimo estaba en 220€ en 2016, tal aportación es una ayuda importante para la familia de Herney Ruiz y el pueblo de Lerma. Son los frutos acumulados de seis años de resistencia. Una ganancia que, por encima de todo, es social.

Los gobiernos de Colombia y EEUU llevan décadas intentando reducir los cultivos de hoja de coca en Colombia con políticas que han supuesto una erradicación indiscriminada y que han provocado algunos abusos contra la población rural. Comunidades golpeadas por la violencia del narcotráfico han sufrido también la pobreza y la falta de proyectos de desarrollo que las asociaciones campesinas reclaman con insistencia.

 

Un pueblo que superó el conflicto

 

En los años 80, el pueblo de Lerma vivía sumido en la violencia. El narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas sociales de la pequeña localidad. Una frase popular de esos tiempos que aún resuena en las calles cuenta que los jueves y domingos no era día de mercado si no había al menos dos o tres muertos.

 


El pasado


En Lerma el narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas: no era día de mercado si no había dos o tres muertos, se decía

 

Durante los años de la bonanza cocalera (1978-1983), Herney Ruiz, como cualquier otro niño, frecuentaba una de las 15 cantinas del pueblo. A los 13 años, vendió sus 19 matas de hoja de coca y con el dinero obtenido se compró un revólver. A los 14, entró a trabajar en una cocina donde se preparaba cocaína con un sueldo de 300 gramos de coca a la semana. Una vez aprendida la química, montó su propio negocio con el primo. “El campesino era el jefe de la cocina”, explica. Pero vino el gran cartelista de Medellín, el que tenía la plata, y pasó a controlar la producción. Después, entró la guerrilla. “Todos mis amigos de juventud están muertos”, refleja El Gato, campesino de la zona que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. Entre el 83 y el 88 murieron alrededor de 120 personas en un pueblo de 400 habitantes. Hasta que las mujeres dijeron ¡basta!

Así es como Lerma inició su propio proceso de paz mucho antes que el resto del país. Se empezó con el cierre de las cantinas en el 88 y finalizó con un programa educativo impulsado por Walter Gaviria, profesor licenciado de Popayán, para enseñar a los niños nuevos valores a través de la música, el teatro y el deporte. En 1993 se fundó el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) para llevar a cabo programas de desarrollo rural. La experiencia de Lerma fue tan exitosa que en 2003 pasó a formar parte de los Laboratorios de Paz impulsados por la Unión Europea para sistematizar las buenas iniciativas de paz. En 2013, Lerma fue reconocido como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ por el Municipio de Bolívar, título que ostenta con orgullo el gran árbol que preside la entrada del pueblo.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico dejaron mella. Junto con el empeño del gobierno, se consiguió estigmatizar la hoja de coca en un territorio en el que se la consideraba sagrada, la Mamacoca, la madre de todas las plantas.

 


Los nuevos tiempos

 

A los trece años, Herney Ruiz se compró un revólver, a los 14 ya trabajaba en la producción de cocaína; ahora apoya alternativas al cultivo ilícito de coca


En el mercado de Bolívar, una vendedora esconde entre maíz y frijoles unas pocas bolsitas de hoja de coca tostada. “¿Cuántas vende al día?”, le pregunta Herney. La mujer le mira de refilón y responde que poquitas, “una o dos bolsitas namás”. Al poco tiempo, un señor con sombrero y camisa a cuadros le compra dos bolsitas más. Al minuto otro señor proveniente de la ciudad le pide otras dos “para hacer infusiones”. La vendedora saca de repente un saco entero que tenía escondido y empieza a rellenar más bolsitas. Herney lo llama “venta en resistencia”.

 

La estigmatización de la coca

 

En la cantina, una señora mayor come lentamente su sopa de maíz. Teodosia Hernández, originaria del Morro, Bolívar, es de las pocas mambeadoras (mascadoras de hoja de coca) que quedan en la región. “Mambear va bien para cualquier oficio”, explica. “Ahora mambeo para barrer y limpiar, sino todo me da pereza”.

Doña Teodosia relata cómo en sus años mozos vendía, compraba y mascaba hoja de coca todos los días. “Siempre dicen que se va a acabar, pero la hoja nunca se acaba”, afirma.

Don Agustín, emocionado por unirse a la conversación, empieza a explicar cómo se produce el mambe, una piedra calcina que se usa para quitarle la amargura a la hoja en el mascado y que es lo que le da el nombre en Colombia. Sus padres producían el mambe y le enseñaron a quemar la cal.

“¿Y usted sigue mambeando Don Agustín?”, pregunta Herney inocentemente. “¿Yo?”, se extraña. “Con el contrabando lo tachaban a uno de verraco. Así que cuando las autoridades empezaron a erradicar, yo también arranqué mis matas”, puntualiza.

 

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Doña Teodosia, una de las últimas mambeadoras en Bolívar (CR)

 

Hoy en día en Colombia los campesinos rehúyen el uso de la hoja de coca y los mascadores prefieren mantenerse en el anonimato. “El campesino es muy reservado. La represión ha hecho que la gente no luche por sus derechos”, aclara Herney.

 

El impacto de la ‘narcoguerra’

 

En el pequeño terreno de menos de un cuarto de hectárea en una pendiente empinada, Herney cultiva de todo: yuca, frijoles, piña, mango, coca. Después del largo verano de seis meses, la tierra está seca y los guineos se ven lánguidos. Quedan unos pocos plátanos verdes colgando de la mata. Herney coge uno y lo abre. La parte interior está toda negra, podrida. “Este tipo de guineo ya no sirve, tenemos que arrancarlo todo y volver a plantar con una nueva semilla”, explica Herney, exhausto.

Hace dos años de la última fumigación en Bolívar, a unos 30-40 kilómetros del pueblo, pero las consecuencias aún son palpables. “Esto ha sido una guerra biológica”, denuncia Herney, “salíamos a mirar las avionetas y al día siguiente teníamos ronchas en el cuerpo, diarrea e irritación de la vista y la garganta”, añade.

 

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Herney Ruiz muestra los plátanos podridos y lo atribuye a las fumigaciones con glisofato (CR)

 

Como parte de la llamada “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos y la ONU, en los años 90 empezaron las fumigaciones con glifosato. Los cultivos no dejaron de aumentar hasta el 2001, cuando se implementó el Plan Colombia financiado por los EEUU. La nueva ofensiva redujo los cultivos, aunque solo temporalmente. Entre 2003 y 2007 se incrementaron paulatinamente hasta alcanzar los niveles de 2001 a medida que los agricultores se adaptaban a las nuevas condiciones.

El mismo Departamento de Estado de EEUU reconoce que tales políticas provocaron que los cultivos se esparcieran por todo el país, hasta en áreas remotas. Entonces, el gobierno colombiano introdujo una nueva ofensiva: las erradicaciones forzosas con presencia de militares y agentes antinarcóticos en el terreno.

Después de 25 años, en octubre de 2015, el gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato presionado por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que confirmaba sus efectos nocivos en el ser humano y el medio ambiente.

Sin embargo, después de un aumento de los cultivos en 2016, el gobierno decidió retomar el uso del glifosato esta vez por vía terrestre y con un protocolo especial para evitar la afectación a las comunidades campesinas.

Las erradicaciones también continúan, y muchas familias se quejan de que pierden el sustento económico y no disponen de una alternativa viable. “Las erradicaciones trajeron pobreza y descomposición social. Aumentaron los atracos en la carretera y muchas familias se fueron a la ciudad. La escuela pasó de 120 alumnos a 60”, valora Herney.

Otra de las apuestas del gobierno colombiano es la sustitución de cultivos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que contempla la participación comunitaria y la sustitución voluntaria. Algo que para Dora Troyano, impulsora de la campaña “Coca y Soberanía” en Colombia, es clave. “Las comunidades tienen que poder decidir si quieren cultivar la hoja de coca como un producto agrícola más, y para eso debe estar despenalizada y las familias tienen que ser propietarias de la tierra”, puntualiza.

Hugo Cabieses, economista peruano experto en drogas y desarrollo rural, piensa que la solución pasa por la diversificación. “Los organismos internacionales y de cooperación creen que la única posibilidad es sustituir la coca por un solo producto. Pero tenemos que remplazar esta cultura del monocultivo por una que favorezca la diversificación, no solo de cultivos sino también de actividades económicas sostenibles y viables en el territorio”, insiste.

 

Las razones


“Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja; para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier, que aprendió a recoger la hoja en territorios de las FARC

 



Por el camino hacia el río, Herney se encuentra a un productor de coca, de aquellos que cultivan la coca “para otra cosa”. Edier aprendió a recoger la hoja en el Putumayo, donde trabajó como jornalero durante tres años en los cultivos dominados por las FARC. Harto del control de la guerrilla, recorrió el sur de Colombia de cultivo en cultivo. Trató de sembrar maíz y cacahuetes en Nariño y perdió la semilla. Trató de cultivar café en Bolívar y el verano arrasó con todo. Sólo le quedó la coca. “Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja. Para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier.

 

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Campesinos recogen hoja de coca para consumo propio en el terreno de su casa (CR)

 

Los nuevos acuerdos de paz recién firmados entre las FARC y el Gobierno prevén una reforma rural que pretende conceder tierras al campesinado a través de un fondo de distribución de tierras y promover el desarrollo social y económico de las zonas rurales. Sin embargo, los habitantes de Lerma dudan de los beneficios para los campesinos y temen una lucha abierta por la tierra y por los recursos naturales, pues aquellos que solo han vivido la guerra, dicen, no saben qué es la paz.

 


Fabiola Piñacué


“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa: “muchos proveedores venden al narcotráfico porque paga más: ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, y yo pago de 25 a 30.000”


Como Herney, hay más innovadores y pioneros en el departamento del Cauca. Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa, recoge la hoja de coca extendida en el patio antes de que el sol la seque demasiado. Mientras, en la casa de campo de su socio, que es a la vez almacén y planta de procesado, se realizan los últimos preparativos para llevar una nueva encomienda a la fábrica de Bogotá, donde Coca Nasa elabora los productos derivados de la hoja de coca.

Este mes está complicado. Hay muy poca hoja de coca para recoger y todos los trabajadores están en la cosecha del café. A Fabiola Piñacué le preocupa no poder obtener la hoja necesaria para satisfacer la producción de galletas, té, ron, jabones y cremas que elabora a base de hoja de coca

“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa, “cada vez toca buscar a los proveedores porque muchos de ellos le venden al narcotráfico, que paga más. Si ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, yo les intento pagar de 25 a 30.000”. Una diferencia de unos 3€ por cada 12kg de hoja de coca; 3€ con los que come una familia colombiana al día. “Pero si se nos adelantan”, reconoce Piñacué, “aquí no hay ni Dios ni ley”.

 


Una lucha dura


Durante quince años, Piñacué se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a las empresas multinacionales y a su propia comunidad indígena


Fabiola obtiene la hoja de coca de las montañas andinas de Tierradentro, una región a 600 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Cauca, donde se establecieron las primeras comunidades indígenas del país. Prueba de ello son los más de cien hipogeos de roca pintada que recorren las cumbres de las montañas en el Parque Arqueológico de Tierradentro.

Hoy en día, indígenas, mestizos y blancos conviven alrededor del cultivo de la hoja de coca, práctica que se mantiene arraigada en la cotidianeidad. Cada vecino tiene sus matas, ya sea en el jardín de su casa o en las plantaciones arriba en la montaña.

 

De las aromáticas al Coca Sek

 

Muchas veces, a Fabiola Piñacué le cuesta encontrar hoja de coca limpia y sin pesticidas para destinarla a la fabricación de alimentos. La mayoría de los cultivadores la destina al narcotráfico, y solo los que mantienen prácticas tradicionales no utilizan químicos. “Para ellos es un orgullo que les compremos directamente”, comenta la emprendedora, “y les duele darla al narcotráfico, pero si les toca, les toca”, añade.

Durante estos últimos quince años, esta emprendedora colombiana ha tenido que luchar duro para el reconocimiento al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca. Fabiola se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a empresas multinacionales y a la misma comunidad indígena de la que ella es originaria.

 

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La plaza Mayor de Belalcázar cercada por la policía nacional colombiana (CR)

 

La hoja de coca en Colombia solamente está permitida para el uso tradicional de las comunidades indígenas, que la han mascado por generaciones. Cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada y así también el consumo en su estado natural.

Coca Nasa empezó con 200 pesos para vasos desechables y una idea: lograr sacar de la estigmatización la coca y recuperar el uso ancestral de la hoja. “El gobierno, con su política prohibicionista, extirpó la cultura”, comenta Fabiola Piñacué.

 

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A través de campañas publicitarias como la del gobierno de Álvaro Uribe que definía a la hoja de coca como “la mata que mata”, se satanizó la hoja y se eliminó el consumo cotidiano en las comunidades rurales. “Ahora solo los abuelos mambean (mascan hoja de coca). El uso de la hoja de coca se erradicó junto a la erradicación de la planta”, denuncia la empresaria.

Con el dinero obtenido vendiendo té de coca -un buen remedio para el soroche o mal de altura- a los compañeros de la universidad, Fabiola Piñacué compró bolsas para empacar la hoja de coca entera y tostada, que triunfaba entre los jóvenes porque les permitía seguir estudiando durante la noche. Luego compró una maquinilla para el sellado, un molinito para convertir las hojas de coca en harina y diseñó la etiqueta del envase. En el 2000 llegó la industrialización: aromáticas, galletas, ron y el famoso Coca Sek, una bebida energizante parecida a la Coca-Cola.

 


El deterioro


Colombia solo permite el uso tradicional de la hoja a las comunidades indígenas; cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada


En el 2006, la multinacional demandó a Coca Nasa por plagio de marca. Coca-Cola alegaba que otra empresa no podía usar el término “coca” en sus productos para referirse a la hoja de coca, pero Coca Nasa ganó el juicio. Y es que todo apunta que las dos bebidas no solo comparten el nombre, también ciertos ingredientes.

 

La lucha por el reconocimiento

 

Aunque Coca-Cola ha negado varias veces que siga utilizando hojas de coca en la preparación de su brebaje, en 1988 el periódico New York Times publicaba un artículo en el que un representante de la empresa reconocía el uso de la hoja de coca, eso sí, sin el alcaloide de cocaína.

La farmacéutica Stepan Company de Nueva Jersey se encarga del proceso de descalinización y es la única empresa en Estados Unidos autorizada por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA en inglés) para importar y comercializar hojas de coca.

 

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Té con hojas de coca, que se usa para el mal de altura (Clara Roig)

 

Fabiola y su equipo recorren el pueblo de Belalcázar coche arriba, coche abajo, resolviendo problemas. Cualquier tarea es una odisea. El motor del tostador está roto y nadie en el pueblo tiene las herramientas para arreglarlo. No se encuentran jornaleros para recoger la poca hoja que queda y, por ende, la última producción de cien kilos de hoja de coca tostada que enviaron a la fábrica de Bogotá se la retuvieron los policías en Neiva, ciudad aledaña, pensando que era para el narcotráfico.

“Hay mucha ignorancia por parte de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, sostiene Fabiola Piñacué enfadada. “Al menos ahora cuando nos retienen la producción puedo decir que es una violación a nuestros derechos y demandar”, afirma.

 


La reivindicación


“Hay mucha ignorancia de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, afirma la fundadora de Coca Nasa”


En agosto de 2015, Coca Nasa consiguió finalmente que el Consejo de Estado colombiano reconociera el derecho al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca a las comunidades indígenas. Aunque tales derechos ya estaban garantizados por Naciones Unidas y la Constitución colombiana, la batalla más ardua ha consistido en hacer respetar estas garantías.

La ONU prohíbe el consumo y comercialización de la hoja de coca a nivel mundial dejando un espacio legal para el uso tradicional en territorios con evidencia histórica. Por su parte, la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura de 1997, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, entendiendo a la hoja de coca como tal.

 

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Empleados de Coca Nasa negocian con jornaleros para poder recoger la hoja de coca (CR)

 

Con este marco jurídico, Coca Nasa obtuvo en el año 2000 los registros sanitarios para poder sacar adelante su proyecto. No obstante, en enero de 2007 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Inmiva) emitió una circular para que los productos derivados de la hoja de coca fueran retirados de la venta, alegando que solo se podían vender en territorio indígena, aunque posteriormente el intento de restricción fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.

Justo en esa época se estaba por determinar el resultado de la demanda de Coca-Cola, que finalmente resultó favorable para los productores de Coca Sek. Y fue también en ese entonces que la institución de la ONU encargada del control de drogas (la JIFE) pidió al gobierno colombiano que ejerciera sus obligaciones en la lucha contra las drogas.

 

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Mujer "mambea" hoja de coca (Clara Roig)

 

“Después de la pelea legal con Coca-Cola empezó la persecución de Inmiva”, denuncia David Curtidor, marido de Fabiola Piñacué y abogado de la empresa. “Nos hemos desgastado en batallas legales”, añade. En efecto, los procesos judiciales han repercutido en la rentabilidad y productividad de la empresa. Coca Sek, uno de sus productos estrella, se dejó de producir por falta de fabricantes que quisieran envasar la bebida.

 

A por el consumo global

 

Aún así, Piñacué se siente orgullosa. Para ella la lucha legal va más allá de la viabilidad de su proyecto. “Es un servicio a la comunidad. Las sentencias que se han aprobado sirven para todos los pueblos indígenas de Colombia”, comenta. Desde que Coca Nasa empezó a reclamar, la Corte Suprema colombiana ha sido proactiva en hacer respetar el derecho al uso tradicional de la hoja de coca delante de jueces y fiscales que defienden que es ilegal. La retención es menor y hay la previsión de volver a producir Coca Sek.

 

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Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa (Clara Roig)

 

Coca Nasa tiene la esperanza de llegar a un público masivo. En Perú, un 14% de la población (unos tres millones y medio) consume hoja de coca al menos una vez al año, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei-Devida) del 2013. En Bolivia, un tercio de la población son consumidores regulares, de acuerdo con un estudio del gobierno financiado por la Unión Europea. Por su parte, Alfredo Menacho, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) del Perú, ha analizado el mercado potencial de la hoja de coca y en el caso de que fuera legal exportarla, podría generar 40.000 millones de dólares al año.

Fabiola piensa que el cambio en la política de drogas se ha generado a través del consumo. Gracias a que cada vez hay más gente que compra su producto, tiene menos impedimentos para vender. Ahora ya no se pregunta cuanto vende, sino cuánto podría llegar a vender. Y los acuerdos de paz abren un nuevo horizonte de estabilidad en toda Colombia.

 

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Las hojas de coca se pasan por un molinillo para hacer la harina de coca (CR)

 

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El ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo, este jueves en Madrid.

 

 

La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible.

 

Pregunta. ¿En qué cambiaron las FARC estos años para que estuvieran dispuestas a firmar la paz?

Respuesta. Desde que fui ministro de Defensa hasta ahora las FARC encontraron los recursos de los cultivos de coca, que eran marginales a principios de los noventa. El país se volvió el primer productor mundial. Antes eran Perú y Bolivia, en Colombia se procesaba la hoja de coca, se producía cocaína y se exportaba. El segundo cambio es el contexto. En esa época estaba vigente la Guerra Fría, hoy no lo está. El otro elemento son los 25 años de intensidad en acción militar, que genera miles de víctimas de todos lados, desplazamiento... Entonces, el agotamiento de la guerra llega a las FARC.

 

P. ¿Qué amenaza representan para la implementación de los acuerdos los grupos herederos de los paramilitares?

R. La principal amenaza es la existencia de los cultivos de coca. Mientras haya una mata de coca hay quien compre las hojas, y ese ‘quien’ usualmente —o siempre— es alguien que tiene una organización armada, que está respaldado por una organización que ejerce violencia, que busca dirimir conflictos a partir de la violencia y que produce muerte. Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca en Colombia la paz no será sostenible. Por eso el esfuerzo fundamental es reducirlos sustancialmente, bien sea por la vía de sustitución voluntaria, o por la de erradicación forzada frente a quien no acepte [la primera alternativa].

 

P. ¿Cómo va a ser esa sustitución voluntaria?

R. Se hacen acuerdos con la comunidad al nivel más bajo posible, al nivel de la vereda [la división administrativa elemental], en los que los campesinos se comprometen a erradicar la coca y a no volver a sembrar. El Gobierno les da un apoyo de un millón de pesos [cerca de 335 dólares] mensual por familia durante un año, más nueve millones el primer año y 10 el segundo para un proyecto productivo, así como 1,8 millones —una sola vez— para seguridad alimentaria. También habrá asistencia técnica, que está avaluada en 3,2 millones. Cada 60 familias tendrán un asesor técnico. Al final del proceso serán formalizados los títulos de propiedad de la tierra. Las cifras son parte del acuerdo con las FARC, centavo por centavo.

 

P. ¿Cuánto gana al mes una familia que cultiva la hoja?

R. La coca en promedio produce unos 900.000 pesos mensuales brutos, de acuerdo con encuestas muy precisas que tenemos. Por lo tanto ese millón no es una mala cifra. La cuarta parte del [dinero que entrega el Gobierno] no está condicionada, y [el resto se entrega por] un trabajo remunerado en construcción de vías o en adecuación de la tierra para sembrar otro producto. Esto va unido a focalizar la inversión pública en los municipios.

 

P. ¿Por qué han aumentado los cultivos ilícitos? Naciones Unidas afirma que la siembra creció un 40% de 2014 a 2015.

R. No hay una sola explicación. Hay gente que dice que aumentaron por el proceso de paz, que porque las FARC incentivaron la siembra [para obtener beneficios tras los acuerdos]. Es posible que haya sido así. Otra explicación es la devaluación de la moneda, que afecta todas las exportaciones. Si el peso estaba en 2013 a 1.800 por dólar y pasó a 3.200, los que trafican en dólares la droga le pueden pagar más al campesino que produce y mantener el margen de ganancia.

 

P. Según la agencia para los refugiados de la ONU este año ya ha habido más de 3.500 desplazados.

R. Las cifras de desplazamiento han disminuido drásticamente. Pero es evidente que hay acciones de grupos armados que buscan entrar a las zonas donde han estado las FARC o competencia [entre esas organizaciones] por zonas de producción de coca o de minería ilegal que acaban generando desplazamiento. Se ha reducido la violencia sustancialmente, se ha reducido en las regiones más afectadas del país, pero no estamos todavía en una situación que podamos llamar aceptable en términos de seguridad. Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes [sociales], hay situaciones de seguridad que hay que controlar. La fuerza pública ha hecho un inmenso despliegue en las zonas donde estaban las FARC, ha movido más de 80.000 hombres a esas regiones. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural.

 

P. Además de la coca y la seguridad, ¿cuáles son los principales retos para la implementación?

R. Hay que hacer normas. Hay que construir el plan marco, que debe estar listo este mes [define programas, proyectos y fuentes de financiación para cumplir lo acordado a lo largo de 15 años]. Pero antes de eso también hay unos planes concretos, que son el de respuesta rápida, una focalización de acciones en las regiones donde estaban las FARC para fortalecer la presencia del Estado; y el de 100 días, que comenzó en diciembre en los 26 municipios donde hay campamentos o zonas de agrupamiento de las FARC hoy, más los 30 municipios más productores de coca del país. Hay que crear las circunscripciones [especiales para la paz, 16 nuevos distritos electorales para elegir igual número de representantes a la Cámara], trabajar para quitar las minas antipersona de la tierra y sustituir la coca por otros productos.

 

P. ¿Por qué se retrasó la adecuación de las zonas de agrupamiento de la guerrilla?

R. Esa es una parte muy importante de los acuerdos porque ahí van a llevarse a cabo todos los procesos relacionados con la dejación de armas. Pero entre la falta de previsión del Gobierno y la velocidad en la necesidad de montar esos campamentos han hecho que en muchos de ellos no haya las condiciones [suficientes] todavía, a pesar de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Eso ha tenido un efecto muy negativo sobre la credibilidad del proceso, pero hay que resaltar que se ha mantenido el cronograma de dejación de armas.

 

P. La misión de la ONU teme que el goteo de deserciones por esos problemas logísticos se convierta en hemorragia.

R. Es posible que eso haya tenido algún efecto. Pero yo he estado en algunas zonas veredales [donde se agrupa la guerrilla] y la gente está muy convencida, entusiasmada, decidida en que quiere entrar a la paz. Hay un número muy importante de mujeres embarazadas y lactantes que lo que más quieren es una reincorporación digna y productiva a la vida civil.

 

 

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Cruz Roja advierte de que el acuerdo de paz en Colombia no bastará para acabar con la violencia

El Comité Internacional de la organización pide un mayor esfuerzo en materia humanitaria


En Colombia todavía no se puede hablar de posconflicto. A pesar de la firma del acuerdo de paz, la población civil, sobre todo de las zonas más pobres e históricamente marginadas, sigue sufriendo el drama de los familiares desaparecidos, el miedo a los restos de explosivos que siguen regados por sus caminos y la violencia armada en zonas controladas por grupos irregulares. El panorama es puesto sobre la mesa por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia en su informe anual sobre la situación humanitaria en este país, en donde el durante el 2016 el organismo detectó al menos 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación, reconoce el momento histórico que está viviendo Colombia tras la salida de las FARC del conflicto armado, pero subraya la preocupación por otros fenómenos que obstaculizan un proceso de paz completo en el país. “La firma del acuerdo de paz no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia”, repite al señalar que 18.671 personas fueron afectadas por el incumplimiento de normas humanitarias el año pasado. De estas, el 40% se trató de mujeres y mejores y tuvieron como escenario los departamentos que durante décadas han sido violentadas. Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá aparecen marcadas en el mapa en rojo. Desplazamiento, violencia sexual, tortura, homicidios en personas protegidas. “Todavía no se ha visto el beneficio de la implementación del Acuerdo de Paz en varias zonas del país. Colombia debe aceptar esta realidad”, reflexiona Harnisch. Para la CICR, la reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de violencia cambiante y llena de incertidumbres. Preocupa la muerte de líderes sindicales, que, según cifras de organizaciones no gubernamentales, supera los 74 desde el año pasado. “Nos preocupa el contexto de miedo en el que se vive en algunas zonas. Todavía no se puede hablar de paz”, dice.


Los enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además de las acciones de los ‘combos’ y pandillas, ponen en evidencia, dice el informe, “que mantener la promesa de la paz será un camino largo durante el 2017”. El Chocó aparece como una de las regiones que más requiere atención. Los espacios que han sido desocupados por las FARC empiezan a ser invadidos por otros grupos armados. Es una población que además vive la tragedia de estar sola, casi desamparada. Sus fuentes de agua están contaminadas por la minería, tiene pocas alternativas frente a la producción de droga, sufre de hambre, padece de enfermedades, camina por senderos contaminados de explosivos. El jefe del CICR en Colombia llama la atención sobre la importancia de no dejar esos territorios olvidados. “Lo importante no son solo las zonas veredales, a donde llegan las FARC, sino también las que dejan. ¿Qué va a pasar allí?”, pregunta.


Las cifras alertan. En 2016, 29 personas fueron registradas como desaparecidas por día (10.610 en total), pero podría ser mayor porque en muchos casos las familias no tuvieron acceso a las autoridades o el temor de denunciar las silenció. Con la campaña #Aquífaltaalguien, el organismo internacional ha acompañado a personas que buscan a sus desaparecidos. En un año fueron recuperados y entregados 17 cuerpos, 230 familias recibieron apoyo sicológico, 36 pudieron reencontrarse con parientes de los que no tenían señales, además 460 bóvedas comenzaron a utilizarse en el cementerio de Buenaventura para sepultar los cuerpos de personas no identificadas. “Aún queda mucho trabajo por delante”, advierte el CICR, que también toca el doloroso capítulo de la violencia sexual.Con el trabajo de campo constataron que hay un elevado desconocimiento entre las víctimas sobre cómo reaccionar ante una violación. “Existen pocas denuncias como consecuencia de la falta de un ambiente protector y confidencial que brinde garantías a las víctimas para buscar apoyo, pero además es un reflejo del elevado índice en materia judicial”, se lee en el informe.


La CICR insiste en que aún queda un largo camino por recorrer y que poco se podrá avanzar si no se atiende y se pone freno a la constante violación de derechos humanos que persiste. “Nos preocupa la vinculación de menores de edad y la violencia sexual en zonas afectadas por la violencia armada”, reitera Christoph Harnisch.

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Movilizaciones de las Farc hacia las Zonas Veredales de Normalización Transitorias.

 

Generales anticomunistas resucitan la idea de las Repúblicas independientes con la que Álvaro Gómez promovió, en los años 60 del siglo pasado, una invasión militar a Marquetalia, en Planadas, para aplastar a los comunistas y a las organizaciones agrarias que debieron transformarse en autodefensa y en entidad guerrillera, que en adelante se llamaría Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc.

¿Se repetirá la insensatez hoy?

No se ahorran recurso los enemigos de la paz para destruir el proceso de erradicación del conflicto armado que se adelanta mediante la implementación de los acuerdos correspondientes, sellados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y las Farc.

La última novedad corre por cuenta del conocido ex general Bonnet Locarno, en representación de la Acore, gremio de generales anticomunistas, quien salta a la arena para estigmatizar las Zonas veredales (http://bit.ly/2mm29cy ) donde se han ubicado los frentes guerrilleros de las Farc en el plan de dejación de las armas y su transformación en un partido y movimiento político.

Este militar revive la famosa campaña del hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, quien en 1962 orquestó toda suerte de mentiras y estigmas para presionar el ataque militar contrainsurgente sobre la vereda Marquetalia, en el Corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima.

Decir que las Zonas veredales son Repúblicas independientes donde impera la anarquía, es un disparate del tamaño de una catedral. Es desconocer olímpicamente los contenidos de los consensos en dicha materia, que las Farc cumplen de manera estricta.

Lo que se pretende es imponer un control draconiano, violento y fascista sobre los territorios en los que se han ubicado los integrantes de la guerrilla de las Farc, para impedir la relación democrática y civilista con la población civil.

Resucitar la idea de las Repúblicas independientes es muy grave, pues un error de esas dimensiones llevo a una sanguinaria campaña del ejército contra los campesinos y los comunistas en los años 60, dando origen a las Farc, como respuesta de las masas rurales a la agresión de la ultraderecha militarista.

Hagamos un poco de historia para que nos contextualicemos en este peligroso giro de la actual situación que pretenden los enemigos de la paz.

En 1962 se posesiona como presidente el conservador Guillermo León Valencia, y los territorios de colonización donde ejercía su liderazgo e influencia el Partido Comunista, fueron puestos en la mira del gobierno, en gran parte por el anticomunismo que por los años sesenta se expandía desde el gobierno de Estados Unidos y que en Colombia introdujo el general gringo William Yarborough, mediante la conformación de los mercenarios Lanceros y nuevas brigadas militares en los departamentos de Caldas, Valle y Tolima .

En 1962, el ejército realiza una primera operación contra la vereda de Marquetalia que obliga a los pobladores a colocarse a disposición de la resistencia agraria y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar, esta iniciativa del gobierno, lleva a los dirigentes del Partido Comunista a activar paulatinamente la autodefensa (organizada después del asesinato de Gaitán), para prepararse ante futuros ataques y para concientizar a la población sobre la situación. El PC mediante su acertada estrategia de lucha de masas y defensa de las comunidades, refuerza la organización de la autodefensa, preparándose para cualquier ataque porque la situación en estas zonas cada vez era más tensa, el ejército comenzó a rodear estos territorios para evitar que se expandiera su influencia a otros, aislándolos e impidiendo muchas veces que vendieran sus productos fuera de estas tierras, alejándolos de la posibilidad de inserción en la economía nacional y del desarrollo capitalista que se estaba dando en el país.

Los territorios de influencia comunista fueron denominados Repúblicas Independientes por el senador conservador Álvaro Gómez en el Congreso de la República: “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”, decía ese siniestro personaje. Sus declaraciones, dan impulso a las posteriores acciones militares en las que el gobierno busca restituir su control militar en las regiones apartadas donde antes no había hecho mayor presencia, se determina que en estos territorios la creciente influencia del PC es un peligro para el mantenimiento del poder oligárquico del Frente Nacional y se decide acabar con ellas a sangre y fuego.

El ejército por orden del gobierno conservador frentenacionalista, buscará terminar violentamente con la influencia comunista en los territorios de Marquetalia, Rióchiquito, El Pato y Guayabero.

El Partido Comunista, como era obvio y necesario, se prepara para los ataques del ejército, debido a esto.

En Marquetalia, el PC organiza nuevamente la “Columna de marcha”, que ya había operado a principios de los años 50, para movilizar a las familias de los combatientes hacia las montañas y hacia Rióchiquito con el fin de evitar que los ataques los acaben; los combatientes se quedan en Marquetalia para resistir la ofensiva militarista.

Entre finales de abril y principios de mayo de 1964, son evacuadas unas 1.700 personas de la población civil de Marquetalia y de las veredas vecinas, la población queda a la expectativa del inicio de los operativos.

Comienza así la guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los lineamientos del plan LASO (Latin American Security Operation) inspirado en la nueva filosofía de la guerra contrainsurgente, con el supuesto fin de devolverle al Estado la soberanía sobre todo el territorio nacional, y quitarles a los comunistas la legitima influencia en dichas territorialidades.

Las fuerzas militares promueven la campaña de intimidación y propaganda en contra del Partido Comunista: cierran el acceso y salida de estos territorios; impiden la movilización de campesinos a otras zonas para evitar la creciente expansión del PC, y obstaculizan la comercialización de sus productos, para que económicamente les sea cada vez más difícil el mantenimiento de estos territorios, dejándolos prácticamente aislados para facilitar la acción del ejército.

Entre el 27 de mayo y el 14 de junio de 1964, se desarrollan combates entre la resistencia de Marquetalia y las Fuerzas Armadas, hasta que el ejército toma el control de la zona y los combatientes comunistas dejan definitivamente la autodefensa para convertirse en guerrilla revolucionaria agraria. Los ataques a Marquetalia, dan como resultado la activación definitiva de la estrategia revolucionaria de los comunistas.

De esta forma, la autodefensa popular deja de ser un movimiento espontáneo para convertirse en una orientación sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas, que la recomiendan para responder organizadamente a los ataques, con un criterio militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Después de los ataques, se expide el Programa Agrario de Marquetalia el 20 de julio de 1964, que en adelante será la base para el trabajo de la guerrilla comunista en el territorio nacional. El Programa agrario de los guerrilleros, como se conocerá en adelante, establece que el cierre de todas las posibilidades de vida y lucha reivindicativa pacífica, obliga a la población campesina a la resistencia social y al inicio de la lucha armada, debe servir además como plataforma para los diferentes destacamentos guerrilleros.

La Columna de marcha conformada después de los ataques a Marquetalia, transita las montañas, donde al ejército se le dificultaba entrar y donde los campesinos podían esconderse más fácilmente a pesar de las condiciones de la selva, allí esperaron muchos hasta que fuera seguro salir, otros buscaron territorios cercanos de colonización para asentarse, y otros se fueron para Rióchiquito donde comenzarían posteriormente los ataques del ejército, el 15 y 16 de septiembre de 1965, en condiciones parecidas a Marquetalia, los habitantes de este territorio deben ser movilizados nuevamente mediante la Columna de marcha hacia El Pato, Guayabero y otras zonas de colonización, organizando la defensa con fundamento militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Surgieron las Farc y la historia ya la conocemos ¿Pretenden estos chafarotes que todo ello se repita con otros 60 años de guerra y violencia?

Imposible tanta insensatez.

 

 

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Acuerdo de paz: qué lograron las Farc, a qué se comprometió el Gobierno (II)

Cerramos con esta entrega (II) el informe especial sobre el Acuerdo de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, y los compromisos de todo orden que implican. En la presente infografía entregamos los compromisos que favorecen a las comunidades asentadas en los territorios de influencia o prioritarias para las Farc.

 

Publicado enEdición Nº232
“Hay un intento de volver inofensivos los acuerdos”

La intensidad y los retos abiertos por la coyuntura por la que atraviesa el país es compartida por Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, en diálogo con Héctor Arenas. Opiniones para el debate y para la acción transformadora.


“Vivimos tiempos decisivos. Y son breves”, enfatiza Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara por el movimiento Vamos por los Derechos que lidera junto a Iván Cepeda Castro.

Alirio conserva la asombrosa serenidad que nos impresionó cuando comenzamos a entrevistarlo en el año 2009, en los tiempos en que presidia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y enfrentaba todo tipo de amenazas. Pero ahora es fácil apreciar en su palabra el cambio de oficio realizado con extraordinaria flexibilidad y admirable disciplina de labor y estudio.

De las demandas al Estado por gravísimas violaciones a los derechos humanos, transitó al escenario parlamentario, al apoyo decidido a los procesos de paz con las Farc y el Eln, al análisis constante de los problemas de Bogotá y del país, a las reuniones con diversas colectividades interesadas en dar a conocer y resolver sus problemas, y a la ardua construcción de una amplia gama de alianzas de fuerzas sociales y políticas, que a pesar de la lamentable fragmentación que sufren, y que debilita su capacidad de incidencia, coinciden en la necesidad de construir una propuesta de país alterna y democratizar la nación.

Antes de abordar la electrizante coyuntura que vive el país y el mundo, no podemos evitar preguntarle por la razón que lo movió a dejar los estrados judiciales en la defensa de los derechos humanos y moverse al arduo escenario de la política parlamentaria en un país que ha engendrado una cultura electorera ligada a las burocracias estatales, los poderes económicos y la conservación del statu quo.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Me vine a la política electoral porque intuimos que habrían procesos de paz, acuerdos, voluntades para terminar el conflicto, y que en el Congreso se iban a resolver muchos temas del desentrabe de los acuerdos y, creo, acertamos. Con muchas dificultades, las cosas se han dado y creo que es necesario gestar nuevas formas de decir y hacer política. En el caso de nuestro movimiento la tarea es alcanzar el respeto pleno de los derechos humanos.

Ahora que se ha pasado a la fase pública de la negociación con el Eln, vamos a estar muy activos con este proceso de paz.

Venimos ahora de cometer un gran error con el mecanismo del plebiscito. Derechos como el de la paz no son consultables, así lo argumentamos ante la Corte, pero no aceptó nuestra demanda de declararlo inconstitucional. El plebiscito sirvió para reciclar la derecha y la ultraderecha.

Héctor Arenas (HA) ¿En realidad avanzamos hacia la paz, o es posible que se queme el pan en la puerta del horno?
AUM. Al estar demasiado inmerso en los acontecimientos cotidianos perdemos la perspectiva, y es necesario tenerla para contemplar de dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde podemos ir.

 

HA. Y, ¿en qué estamos?
AUM. Hay cambios. Hay hechos que no podemos dejar de considerar: el reclutamienrto salvaje de jóvenes en campos y ciudades cayó casi a cero. Esas batidas indiscriminadas que los jóvenes padecían han caído de forma notable. Las ejecuciones extrajudiciales, se siguen dando, una por semana, pero el 80 por ciento son a cargo de la policía, no vienen del ejército matando civiles en el marco de la confrontación. El Hospital Militar está dedicado a la atención de accidentes de moto. El registro de nuevas víctimas cayó en un 90 por ciento. Veníamos de 11.000 víctimas de minas quiebrapatas y el año pasado solo hubo diez, cinco de ellas en su desminado.

 

HA. Y, ¿hacia dónde vamos?
AUM. Hoy los acuerdos de paz se vuelven una hoja de ruta. Y si se acompañan con pueblo, pueden ser una agenda política. El fast track* no garantiza nada, pero es un avance importante, el país es una excepción en las experiencias internacionales de paz, en el sentido de firmar un acuerdo y preveer una fase para llevarlos a la Constitución y la ley.

 

HA. ¿Cómo va el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz?
AUM. Ahora vivimos días decisivos, pero la conciencia sobre la importancia de actuar con la prontitud que nos demanda lo acordado, aún no es compartida. No pocas veces se olvida que los de la política no son los tiempos de los acuerdos.

 

Estamos en la tarea crucial de establecer el andamiaje jurídico de los acuerdos. Y creo que lo que no apruebe el Congreso de aquí a abril, no se aprueba luego. En estos tres meses hay que sacar las bases legales de los acuerdos.

 

HA. Entendemos que el fast track fue aprobado hasta junio, con posibilidad de ampliación por seis meses más, hasta diciembre de este año, entonces ¿Por qué esa prontitud?
AUM. Porque es posible observar que ni el Gobierno, ni las mayorías parlamentarias, están interesadas en reformas de fondo. Lo que puede apreciarse es que hay un intento de volver inofensivos los acuerdos. Ya están listas las propuestas de reforma política, electoral y otras, pero no se avanza con la celeridad que demanda la brevedad del tiempo del que disponemos.

 

Además, no debería soslayarse –en términos de real politik– que el día D es el 2 de diciembre, más 180 días, fecha en la que culmina la entrega de armas por parte de las Farc. El 2 de mayo las Farc ya no tienen armas, y este hecho también coincide con la necesidad de la aprobación de las normas que desarrollen los acuerdos. Cuando las Farc no tenga armas, ya no existen. El fast track arrancó el 20 de diciembre y duraría hasta el próximo 20 de diciembre. La reforma constitucional dice que son seis meses, prorrogables por otros seis.

 

Pero para mí, detallando el mundo real, el fast track solo va hasta mayo, no solo por el significado de la dejación de armas ya referido sino, además, porque la unidad nacional se está desmerengando a pasos agigantados. La mayoría del ochenta por ciento lograda en diciembre para refrendar los acuerdos, hoy puede rondar el 70, en marzo puede que llegue al sesenta, y en junio ya no existir.

 

Entonces, el movimiento por la paz, por la democratización, debe moverse, exigir al gobierno, y así será posible que avancemos en algunos tópicos. Tenemos un momento, pero es eso, un momento, un relámpago que solo dura 4 o 5 meses.

 

HA. Pero, ¿cómo podría evitar el Congreso el desarrollo de lo pactado?
AUM. Piensa por ejemplo en el tema de la reforma política. Las mayorías parlamentarias no están interesadas en cambiar las reglas de juego que les han permitido dominar. Por ejemplo, en la Constitución del 91 se dijo que había que expedir un Estatuto de la Oposición, y ese mandato aún no se ha cumplido, ¿por qué?, porque lo tenía que hacer el Congreso, es decir la clase política tradicional, que es como decirle al ratón que cuide el queso.

No hay duda, filtrarán las propuestas para evitar que se acabe con el clientelismo, con el uso de los puestos públicos como pago por apoyo electoral, con el poder de los grandes capitales en las elecciones, y otras cosas más.


HA. ¿Qué propone el campo popular en el ámbito de la reforma política?
AUM. Durante un año los partidos políticos minoritarios trabajamos, junto con movimientos y organizaciones sociales, en una propuesta de reforma política. Creo que los partidos minoritarios saben más que las Farc sobre el tema de reforma política, porque han tenido que padecer las reglas de juego que impiden la participación. En apariencia la discusión es electorera, pero no es así, pues el fondo se trata de saber si en efecto habrá una apertura democrática, una apertura política. Determinar si vamos a poder garantizar que el pueblo elija a los candidatos que de verdad quiera. No debemos olvidar que en los orígenes de la confrontación armada se encuentra la exclusión política, la acción del expediente criminal por parte del Estado para evitar las opciones populares.

 

Entonces, la reforma política contemplada en los acuerdos de paz ya suscritos abordan un conjunto de temas clave para esa apertura política, por ejemplo: ¿vamos a lograr que los movimientos sociales sean actores políticos legales y con capacidad de tomar decisiones que transformen realidades concretas?

Los acuerdos tienen esa potencialidad. No solo hablan de los partidos políticos, también abarcan a los movimientos sociales como actores políticos. Incluso, creo, que debería haber estatutos para los dos actores: partidos y movimientos. Este último debería incluir temas como erradicar la criminalización de la protesta, el desmonte del Esmad, entre otros puntos.

Estamos trabajando sobre unos mínimos imprescindibles en la reforma política. Si no se logran, lo que puede pasar es que entran las Farc a la política, y salimos nosotros, las minorías.

 

HA. ¿Por qué?
AUM. Porque si no haces la apertura política y las derechas tienen el noventa por ciento de la representación: ¿a quién le quitan los votos las Farc? A minorías políticas que no alcanzan los umbrales. Pero hay soluciones, y es necesario incorporarlas. Listas de coalición, bajar el umbral, etcétera, en fin, debemos estudiar, comprender y actuar sobre este particular. Hay que mejorar los escenarios de participación y de toma de decisiones. Nos podemos equivocar, y que nos salga el tiro por la culata, pero hay que intentarlo, pues está clara la existencia de un proceso dirigido a impedir que la desaparición de las guerrillas se traduzca en la gestación de una opción política alternativa. La diferencia entre Santos y Uribe es en las metodologías para acabar las guerrillas, pero son idénticos en la defensa del gran capital.

 

HA. ¿Y de que opciones estamos hablando en este particular?
AUM. Podría optarse por las coaliciones políticas, pero también está la opción de reducir los umbrales. Pero aquí hay un detalle: si reducimos los umbrales volvemos a los partidos chiquitos y más residuales; es evidente que si no contaramos con los umbrales el Polo serían seis partidos; los umbrales estimulan las dinámicas de la unidad.

 

En esta perspectiva conocemos propuestas valiosas, como la del senador Castilla, consistente en reconocer al campesinado como sujeto político. Pero el peso aplastante del sistema impide su materialización, como ocurrió con la iniciativa de reconocer el agua como derecho humano fundamental. Las multinacionales mineras no están interesadas en absoluto en esos avances, y los torpedean a través de sus representaciones políticas.

Cuando en el 2002 llegó Uribe al gobierno, en Colombia los partidos políticos sumaban 96. Cada bloque paraco tenía uno. En el 2003 se realizó una reforma política para dar una respuesta a lo que pasó. Y hoy existen doce partidos. Las decisiones que hoy tomemos nos pueden hacer avanzar o retroceder. Pero es indispensable conocer el juego para poder prevenir normas lesivas de la democracia representativa o incorporar medidas en favor de la democratización.

 

HA. Para avanzar en tal dirección sería necesario tener claridad sobre el proyecto de país que pretendemos...
AUM. Así es. Precisamente hace poco tuvimos unas visitas internacionales, entre ellas vino un parlamentario que nos hizo esa pregunta, que parece elemental: ahora que se acaba la guerra, y llega la paz, ¿ustedes tienen un proyecto de país? ¿Para dónde van?, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto político que tenemos para garantizar a la gente sus necesidades?

Los retos que tenemos al frente no son pocos. Vivimos una sociedad que no garantiza seguridad, tranquilidad a los niños y niñas. Una sociedad así, no tiene futuro.

También es necesaria la transformación de los aparatos militares que fueron moldeados en el marco de la guerra política. ¿Cómo es posible que un ejército que hace unos quince meses ejecutaba 1.200 operaciones al año, y durante lo corrido del 2017 lleva realizadas escasas quince operaciones tenga el mismo presupuesto? Un millón de hombres con esposa, hijos, padres, amigos, amantes, es una franja social. Toda esa burocracia es una franja social ligada al pensamiento bélico. Es una roca enorme que no deja avanzar ningún arado democratizador.

Hay mucha inteligencia en el campo popular. Pero hay que ir asentando cosas. Hay que ir colocando mojones de avances puntuales porque andamos entre la impotencia y la desesperanza. Hay que revisar los discursos políticos. Por ejemplo, el discurso político de la UP: viene otro genocidio, esto no va a cambiar, no enamora a nadie: ¡asóciense, que nos van a matar a todos!

La pregunta es: ¿tenemos capacidad para abrir la puerta de la democratización?

Sabemos que no la podemos abrir de par en par, pero sería muy valioso abrirla, al menos un poco. Y esto nos exige la unidad. Hoy, más que nunca, el momento político nos impone generar procesos de unidad.

 

HA. ¿Cómo más ha obstruido el Congreso los desarrollo legislativos de los acuerdos?
AUM. La Ley de Aministía fue pactada de manera previa. Era un capítulo de los Acuerdos. Pero el Congreso la varió. Los ponentes del proyecto se encerraron con los militares en el Ministerio de Defensa y le metieron una cantidad de cosas. Ese texto modificado fue el aprobado el 28 de diciembre.

Con la Justicia Especial de Paz (JEP), en trámite, sucede lo mismo. Presentan una propuesta con base en los Acuerdos y el Ministro de Defensa con los militares, hacen otra propuesta. Las Farc les dicen: ¿pero qué pasa? Y el Gobierno mete las dos propuestas al tiempo: llama a los dos ponentes para que acumulen los proyectos, y con la propuesta legal avalan la otra.

La Corte Constitucional se pronuncia sobre la responsabilidad de mando. Pronunciamiento contrario al Derecho Internacional, contrario a los derechos de las víctimas, y encaminado a que no haya verdad.

Otro tanto ocurre con el punto uno de los Acuerdos. La propuesta de desarrollo legislativo, con la acción del Ministerio de Agricultura y los gremios, modifica lo acordado.

Y todo esto sucede con el tiempo en contra.

 

HA. ¿Unidad? El escenario no es claro: en el PDA el Moir maniobra, sin importar el costo, para controlar el partido; la rivalidad entre Clara y Robledo por la postulación a la presidencia expande una oleada de desprestigio e incredulidad, cuestionando la capacidad del partido para ser una opción alternativa al régimen. La candidatura de Petro va por aparte. Las Farc están concentradas en el proceso de paz. En fin, los liderazgos de izquierda han servido de manera insuperable al régimen de dominación al mantener una atomización que les convierte en insubstanciales.
AUM. No ignoro que en la izquierda hay muchos males históricos, pero la estrategia electoral no nos permite ir abiertos. Hay también sectores en la izquierda que cuando no se mueven por intereses lo hacen por ideas, y hay que respetar esas diferencias. Es claro que también existen sectores que solo buscan franjas burocráticas.

Y también hay un grave problema de comunicación, de palabras que unos entienden de una manera y otros de modo diferente. Y como los acontecimientos van muy rápido no hay tiempo para detenerse a escuchar y aclarar. Por ejemplo, creo que es necesario un debate en torno a ¿qué entendemos por un gobierno de transición? ¿De qué estamos hablando?

 

HA. ¿Cómo evalúa el escenario político del 2018, con elecciones presidenciales y parlamentarias?
AUM. Creo que es necesario contemplar una realidad política: la posibilidad de que la extrema derecha regrese al poder en el 2018. Ese horizonte debería ahorrarnos muchas disputas en el campo de las fuerzas democráticas y de izquierda, y hacernos conscientes de que es necesario realizar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de reformas para que los acuerdos sean más estables.

Hemos propuesto menos actos legislativos, y que en cambio acordemos un capítulo de reformas transitorias para la paz, y a ese capítulo colocarle: estas normas no se pueden cambiar en quince años. Tratamos de tallar en piedra legal los acuerdos, pero sabemos que si no hay voluntad política, no serán cumplidos. También elaboramos un documento de lo que consideramos vital para el desarrollo de los acuerdos.

Hay una realidad dura que es necesario transformar: el movimiento popular, las organizaciones sociales, no se apropian de los acuerdos. Hay muchas formas de valorarlos y de actuar frente a ellos.

 

HA. ¿A qué se refiere?
AUM. Frente al punto uno, por ejemplo, los indígenas, los campesinos, el Coordinador Nacional Agrario, la misma Cumbre Agraria, dicen: ese es el acuerdo de las Farc y nuestra agenda es otra. A nosotros no nos preguntaron.

Y este proceder significa perder una oportunidad histórica. Estas actitudes militan contra la posibilidad de hacer cambios.

O si tomo el capítulo de víctimas, puedo limitarme a decir: ¡ah bueno, las Farc y el Gobierno lo que hicieron fue legalizar la Ley de Víctimas, y eso no sirve, es insuficiente!

O puedo decir: usando los acuerdos puedo cambiar la ley de víctimas, los veinte temas estructurales que afectan a las víctimas y los quince obstáculos que afectan la restitución de tierras, y avanzar. Esta es la posición constructiva.

Repito, lo que ya señalé: hay que tener presente que hay un escenario legislativo donde no hay ninguna intención de hacer cambios. ¿Si no aprovechamos el cuartito de hora del fast track, entonces, cuándo?

Y si del 2018 al 2226 no hay gobiernos proclives al cumplimiento de los acuerdos, ¿qué pasará?

Pero esto no se ha entendido en muchos ámbitos, y así sucede porque atrapados en las dinámicas cotidianas no vemos la importancia y la fugacidad del momento histórico.

 

* Fast track (vía rápida) es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates -en el Congreso- que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales.

Publicado enEdición Nº232
Las diez conclusiones demoledoras de la Gallup

Anoche fue publicada la encuesta trimestral de Gallup* y la conclusión es preocupante para el momento histórico que vive el país: no solo el Presidente sigue cayendo en picada, sino también todas las instituciones que tienen que jugar un rol clave en la implementación de los acuerdos de paz. A esto se suma la poca fe que le tienen los colombianos al proceso con las Farc. Paradójicamente, las Farc son las únicas que mejoran su favorabilidad. La encuesta fue realizada del 16 al 25 de febrero de 2017, por teléfono, a mayores de 18 años, de todos los estratos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y tiene un nivel de confianza del 95%. Estas son las principales conclusiones:

1

El pesimismo es rampante

Desde la última medición de la Gallup, en Colombia se firmó y refrendó el Acuerdo definitivo de paz y se concentraron más de 7 mil guerrilleros de las Farc que corresponden a más del 90%de sus combatientes, con verificación internacional. Es decir, en términos prácticos y concretos, el conflicto armado con las Farc que azotó al país durante 50 años y produjo decenas de miles de muertos y millones de desplazados terminó. Y sin embargo, el 73% de los encuestados siente que las cosas están empeorando, 15% más que en diciembre. Consideran que todo está emporando: la economía, el desempleo, el narcotráfico, las relaciones internacionales, el medio ambiente y hasta la atención a la vejez.

2

Odebrecht pasó su factura

Uno de los hechos políticos más significativos de este período es el ESCÁNDALO DE LA MULTINACIONAL BRASILERA ODEBRECHT, que pagó sobornos tanto durante el gobierno de Uribe como el de Santos y que ha salpicado tanto a la campaña del uribista Óscar Iván Zuluaga como el del Presidente.

Este escándalo, que ha estado en primera plana desde que se conocieron las confesiones de los ejecutivos de la empresa en enero, es una de las causas que seguramente explica varios resultados de la medición: la corrupción se convirtió por primera vez en más de una década en el principal problema que tiene el país, según los encuestados. Superó en la escala de preocupaciones el tema de la seguridad, del poder adquisitivo y otros. Y el 85% cree que la corrupción –que durante todo el segundo gobierno de Santos ya es visto como peor que durante la peor época de Uribe- ha empeorado.

Oscar Iván Zuluaga, uno de los más golpeados por el escándalo porque Odebrecht pagó al asesor estratégico de su campaña, aumentó su desfavorabilidad del 35% al 52%, encontrándose en un momento peor que cuando se supo que su campaña había un hacker que estaba espiando a los negociadores de paz.

El escándalo de Odebrecht también parece haberle pasado factura al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, que fue muy aplaudido cuando reveló que al parecer la plata de Odebrecht habría llegado a la gerencia de la campaña de Santos para al día siguiente aclarar que su única fuente era el testimonio de Otto Bula, quien unos días después dijo que él no había nunca mencionado la campaña del Presidente. Su favorabilidad cayó 5 puntos, aunque sigue teniendo una imagen positiva. Pero la imagen de la Fiscalía, que venía mejorando desde que él asumió las riendas, pasó de una desfavorabilidad del 44% al 52% , volviendo a ser mayor que el respaldo, que bajó de 48% a 41%.

3

La reforma tributaria empeoró las cosas

Durante el período que cubre la encuesta, se aprobó la reforma tributaria que la última semana del año subió en 3 puntos el IVA y que, como contó La Silla, terminó siendo más recaudatoria que estructural. Los colombianos sintieron el impacto en el bolsillo, a juzgar por el 91% de los colombianos que dicen que el costo de vida empeoró, 6% más que en diciembre. Y también aumentó en siete puntos los que no están satisfechos con su estándar de vida, que por primera vez desde octubre de 2013, son más que los que dicen estar contentos.

Como era de esperarse, la caída de la favorabilidad del ministro de Hacienda es inversamente proporcional al aumento de los impuestos (perdió 7 puntos). Hasta el Banco de la República, que ya venía perdiendo respeto, sufrió la temible ‘tijera’: por primera vez tiene una imagen más desfavorable (39%) que favorable (36%).

4

Santos cae en picada

El Presidente, que durante todo el 2016 venía mostrando una leve pero consistente mejoría, volvió a sufrir un drástico cambio de tendencia y hoy se encuentra más “en la mala” que nunca. Su aprobación cayó del 35% al 24% , uno de sus niveles históricos más bajos. Y su desaprobación pasó del 60% al 71%. Está llegando casi a los mismos niveles de popularidad de las Farc, que tiene un 74% de opinión desfavorable y 19% favorable.

Todas sus políticas, salvo la de carreteras, vivienda y reintegración de desmovilizados, son impopulares: el proceso con las Farc, el manejo del narcotráfico, el manejo de la salud, la política ambiental, el manejo del agro, la inseguridad, el combate a la pobreza. En el manejo de las relaciones internacionales, que era su fuerte y frente al que todavía tiene más apoyo que rechazo, los que creen que ha mejorado pasó de 64% a 44%.El bajo respaldo que tiene el presidente Santos es grave si se tiene en cuenta que en el año de mandato que le queda tendrá que sacar adelante temas muy difíciles de hacer sin un mínimo consenso como el arranque del Tribunal de Paz y de la Comisión de la Verdad, la reincorporación de los guerrilleros y una reorientación de los recursos hacia el campo. Su único consuelo puede ser que su archirival Álvaro Uribe perdió ocho puntos de imagen favorable y está que empata con la desfavorable, que subió de 37% a 46%.

5

Vargas sufre un coscorronazo

Uno de los hechos más notorios de esta encuesta es el bajón en la favorabilidad del vicepresidente Germán Vargas. Su favorabilidad se descolgó del 61% al 40% y su imagen desfavorable aumentó 20 puntos del 24% al 44%. Su principal rival dentro de la Unidad Nacional para el 2018, Humberto de la Calle, no solo lo supera en favorabilidad (aunque también perdió 5 puntos), sino que tiene menos de la mitad de desfavorabilidad.

Durante el período de esta medición varias cosas pudieron afectar a Vargas Lleras. La primera son las capturas de políticos de su partido Cambio Radical, que le ha quitado al PIN el deshonroso título de más elegidos en 2014 tras las rejas, como contó La Silla. El impacto de estos arrestos sobre su partido ha sido tan alto, que el Vicepresidente está considerando si lanzarse a la Presidencia por firmas.

El coscorrón del Vicepresidente a su escolta en diciembre, que se volvió viral en las redes sociales y fue retransmitido en TV varias veces, seguramente también pudo devolvérsele en esta encuesta. Y está, además, el contagio de la baja popularidad del gobierno Santos. Esta encuesta podría darle al Vicepresidente, que deja el cargo en dos semanas, el incentivo que necesita para salir dándole un portazo al Gobierno, del que viene marcando distancia desde hace unos meses con varios episodios

6

Los alcaldes revocables están en la cuerda floja

Al único que le va peor que a Santos en esta encuesta es al alcalde bogotano Enrique Peñalosa, cuya desaprobación subió del 67 al 75 por ciento mientras que su aprobación bajó del 29 al 22 por ciento. El 74% de los encuestados en Bogotá creen que las cosas están empeorando en la ciudad, 12% más que en diciembre. Y solo el 19% considera que la ciudad va por buen camino.

Hoy por hoy Peñalosa tiene menos respaldo que el poquísimo apoyo que tuvo Gustavo Petro, su antecesor, durante toda su alcaldía. Es una condición que, como reveló La Silla Cachaca, le ha facilitado a quienes lo quieren revocar la recolección de firmas en la calle. La única buena noticia para el Alcalde es que también aumentó la desfavorabilidad de Petro, uno de los que lo quieren tumbar (pasó de 36% 43%).

La situación del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, contra quien también hay una iniciativa de revocatoria, tampoco es buena. Por primera vez su desaprobación (48%) es mayor que su aprobación (46%) y la gente que creía que las cosas van bien en la ciudad cayó del 57% al 46%. En contraste, el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, subió su respaldo del 86% al 88%. Y Alex Char, el de Barranquilla, solo perdió tres puntos de favorabilidad, a pesar de que en Barranquilla los que creen que está empeorando la situación pasaron de ser el 25% al 60%. La cifra de los que creen que está mejorando se desplomó del 60% al 37%.

7

No hay confianza en las instituciones claves de la paz

Uno de los datos más preocupantes de la encuesta es el muy escaso respaldo que tienen las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo con las Farc.

Ninguno tiene una favorabilidad superior al 25%, comenzando por el Presidente. El Congreso encargado de aprobar por la vía del fast-track las leyes que desarrollan el Acuerdo tiene una desfavorabilidad del 79% y un apoyo del 14%. El sistema judicial que tiene que conceder las amnistías es aún más impopular con una desfavorabilidad del 82% Los partidos políticos que están llamados a hacer un pacto político por la paz tienen un respaldo del 9%.

Otras instituciones que tienen que ofrecer garantías en el posconflicto tienen una percepción más desfavorable que favorable. La Policía, por ejemplo, tiene un 52% de imagen negativa. Y la Corte Constitucional, tan admirada hasta hace relativamente poco, tiene un 56%de imagen desfavorable versus 32% de apoyo. Con una institucionalidad con tan baja legitimidad, la etapa que arranca hoy con el comienzo de la entrega de armas por parte de las Farc, será más difícil.

8

Mas rentable ser un candidato 'ni-ni'

Todos los funcionarios-candidatos de Santos, por los que preguntó la encuesta, perdieron apoyo: Juan Fernando Cristo, el mininterior, que aspira a lanzarse por el Partido Liberal; el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, que quiere ser precandidato de la U como su futuro rival en el partido Juan Carlos Pinzón, actual embajador en Estados Unidos; la ministra de trabajo Clara López, cuya imagen desfavorable casi se duplicó entre 2014 y ahora; Piedad Córdoba no está en el Gobierno pero ha apoyado la política de paz y su desfavorable aumentó 20 puntos desde junio del 2015.

A los candidatos de la oposición también perdieron puntos: la conservadora Marta Lucía Ramírez; los uribistas Zuluaga, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, que como su jefe aumentaron su desfavorabilidad; y el anulado procurador Alejandro Ordóñez, cuya impopularidad se disparó del 23% al 35%

En contraste, los candidatos que no están ni con Santos ni con Uribe, se mantuvieron estables como el senador del Polo Jorge Enrique Robledo y el ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo. A Claudia López, del verde, la midieron por primera vez y tuvo un favorable del 38%y un desfavorable del 15%.

9

Poca ilusión con la paz

Dicen que no hay ilusión mala porque no hay ilusión buena. Esa puede ser la única lectura positiva de lo que tiene que ver con la paz en esta encuesta, que revela la poca fe que le tienen los colombianos al proceso de paz. Siete de cada diez de los encuestados no cree que el Acuerdo vaya a contribuir a una mejor distribución de la riqueza, ni a acabar con la violencia de origen ideológico, ni a esclarecer la verdad y reparar a las víctimas. Ocho ponen en duda que vaya a servir para encontrarle una solución definitiva al narcotráfico y la mitad creen que la implementación va por mal camino. Ese mismo 50 por ciento no cree que el gobierno vaya a cumplir con lo pactado (en diciembre solo el 37% dudaba que lo hiciera) y seis de cada 10 creen que las Farc incumplirá con lo pactado.

El rechazo a sacrificar justicia por paz, que es uno de los ejes del Acuerdo, se mantuvo en el 57%, mientras que la sensación de que existen garantías para ejercer la oposición alcanzó su punto más bajo con el 59% creyendo que no existen.

10

Trump no tiene apoyo, pero sus ideas sí

El nuevo presidente de Estados Unidos es profundamente impopular entre los colombianos. Tiene una imagen desfavorable del 74% lo que marca un gran contraste frente a su antecesor Barack Obama, que si fuera por los colombianos, haría sido reelegido indefinidamente. Sin embargo, en varios temas la posición de la mayoría de encuestados no dista de la poco liberal de Trump.

El 80% se opone a legalizar el tráfico y consumo de drogas, 7% más que en diciembre. El 63% se opone al matrimonio entre homosexuales y el 76% a que adopten. El respaldo a firmar tratados de libre comercio también bajó del 69% al 60%. Como no es un tema en Colombia, no preguntaron sobre los inmigrantes. Pero volvió a aumentar la gente (que es la mayoría) que está en desacuerdo con pagar más impuestos para ayudarle a las víctimas de la guerra.

 

Encuentre la encuesta en este link: 

https://invamer-my.sharepoint.com/personal/andres_alvarez_invamer_com_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0e4b17f2a03704a68aa84d295edd8d054&authkey=ASQzM1pZsEPszx0kMNW1hH4>

Publicado enColombia
Viernes, 03 Marzo 2017 06:30

De tú a tú

De tú a tú


Con el comienzo en la tarde del 7 de febrero de la fase pública de la exploración y negociación entre Gobierno y Eln en Quito-Ecuador, arrancó la exploración de las condiciones para un “cese bilateral de fuegos”, que podría cerrar el círculo del conflicto armado que afecta una parte de los campos de Colombia y tiene alguna repercusión urbana. Liberaciones de parte y parte sucedieron como si de un episodio de la “Guerra Fría” se tratara. Fueron casi de manera simultánea, el 2 de febrero de 2017, y de esta forma, por fin, quedó despejado el camino para iniciar las negociaciones de paz.

 

Con sorpresa para los voceros gubernamentales y de los medios de comunicación, ha quedado a la vista la capacidad de actuación política del Eln, su visión sobre el país y su maniobra en los entretelones negociadores. Hasta ahora logró hacer respetar el texto acordado el 31 de marzo de 2016, sin incumplir a su palabra, abriendo una puerta para airear el método negociador que determinó el rumbo del Acuerdo final entre Gobierno y Farc.

Diez meses separan al cuarto mes de 2016 y el segundo de 2017, casi 300 días perdidos para avanzar en el camino de una paz negociada. Entre el 30 de marzo de 2016, cuando los delegados oficiales del gobierno y del Eln firmaron la agenda que guiará su negociación para acordar un posible silenciamiento de los fusiles, y el 7 de febrero de 2017, cuando por fin las partes dieron inicio a la primera ronda de negociación, a partir de la agenda que habían firmado en marzo, transcurrió algo más que unos meses. Algo más..., permite deducirlo el rastrillar de tires y aflojes que hay entre las partes.

Al acercarse abril de 2016 a su final de mes, cuando todo indicaba que la Mesa de Quito sería instalada, Juan Manuel Santos sorprendió a propios y extraños: rompió el acuerdo de pocas semanas atrás con el Eln. Por su cuenta, decidió exigir como condición para arrancar en firme las negociaciones, que el Eln renunciara públicamente al secuestro. A su vez, que dejara en libertad al exgobernador del Chocó, Odín Sánchez. Dijo el Presidente: “...no se iniciará la fase pública de negociación... hasta tanto ese grupo no renuncie al secuestro...”. Por supuesto, la respuesta de su contraparte no tardó en llegar. Una y otra vez resaltaron que ese punto no estaba acordado en la agenda última de marzo. Y esto no fue todo.

La tensión que llevó a prolongar por casi un año la instalación de la fase pública de la Mesa, se extendió con respecto a los llamados “gestos de buena voluntad”. Gestos que sólo debían provenir –según la parte gubernamental– de la insurgencia. En forma inmediata, dejar en libertad al exgobernador chocoano, sería una evidencia con respecto a la “paz” por parte del Eln.

Tal vez, tomando en cuenta que una vez el Gobierno apoltrona su silla se siente dueño de la Mesa –experiencia vivida por las Farc–, y visto que los gestos de buena voluntad del lado de la guerrilla sin contraprestación alguna terminaron desequilibrando la Mesa de La Habana, los elenos optaron por exigir igualdad de condiciones: soltar al demandado por el Gobierno y que éste, al mismo tiempo dejará en libertad, bajo la fórmula de gestores de paz, a dos guerrilleros presos. Con incumplimiento en noviembre 3, finalmente este reclamo, ya sellado por las firmas de las partes, fue respetado, y Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez fueron dejados en libertad gajo la fórmula ya anotada. Asimismo, otros dos guerrilleros en precarias condiciones de salud, fueron indultados –Nixón Arsenio Cobos Vargas y Leivis Enrique Valero Castillo. Pero llegar a este acuerdo no fue fácil.

Una y otra vez el Gobierno insistió en que no podía dejar en libertad a las personas que demandaba el Eln. Según sus argumentos, la “ley no lo permitía”. Todo un eufemismo que con el tiempo pasaría al congelador. Y toda una forma de dilatar –a la espera, de resultados y blancos “positivos” de la Fuerzas Militares– que aplazó la instalación de La Mesa, prevista para el 3 de noviembre de 2016.

Dado este paso de la Mesa en Quito, así persistan pequeños núcleos guerrilleros en diversas regiones del país, junto con algunos comandos urbanos, un levantamiento armado con posibilidades de victoria estratégica es una quimera del pasado.

 

Ganar tiempo


Aunque nadie lo dice, todo parece indicar que esta prolongación y ‘pérdida de tiempo’ no fue gratuita. Su razón de peso fue la misión asignada a las Fuerzas Armadas, para que mediante “golpes de mano” cambiaran la correlación de fuerzas en la Mesa; imponiendo en la opinión el acertijo de un Eln derrotado y sin capacidad guerrillera alguna, obligado a una ‘firma rápida’. Para el gobierno, los golpes asestados a la línea de mando de las Farc, y otrora al M-19, hacen parte del manual operativo para la paz. En el caso del Eln, había y hay un agravante: la agenda firmada entre las dos partes no fue de la complacencia de Santos. Incluso, cuando fue entregada, provocó la renuncia de Frank Pearl como cabeza de la delegación oficial de esta negociación.

Tras estos 300 días –más intenso en la última etapa, tras revelarse por distintos conductos la existencia de acuerdos entre Gobierno y Eln en el tema de Odín Sánchez– es obvio, toda la inteligencia militar y de la policía rastrearon comunicaciones, caminos y parajes, tras el lugar de retención de Sánchez –comandos selva, estuvieron a cinco minutos según declaró el mando del Frente Cimarrones– y tras las huellas de la comandancia central y la dirección nacional del Eln, así como, en el seguimiento y acumulación de información acerca de los líderes sociales cercanos a esa fuerza insurgente. Diez meses seguramente, de intensa labor sin resultado contundente alguno.

Meses que con respecto a los gestos de buena voluntad revelaban, una y otra vez, el incumplimiento del gobierno Santos a la palabra empeñada– obligaron a la parte oficial a dar su brazo a torcer y aceptar una nueva fecha para iniciar las negociaciones.

 

La Mesa

 

Arranca esta primera fase de negociación pública, con un aire de tú a tú para la insurgencia. Un cara a cara, a pesar de ser tratada por la oficialidad gubernamental como “hermana menor de las Farc”, y por los medios de comunicación, como una agrupación insurgente sin mando único. Pese a esto, el corrido de la negociación, tanto secreta como pública (ver cronología), demuestra que ni lo uno ni lo otro es verdad ni tampoco es determinante. Simplemente, es una insurgencia diferente a las Farc. No son un ejército, sino una organización político-militar en la cual el poder de fuego, aunque es importante, no es el factor determinante en el acumulado del proyecto. Así lo deja entrever su afán por la participación en la misma negociación de la llamada sociedad civil, por su consideración de no negociar a su nombre.

Pero también... por la reiteración de que están dispuestos a responder por sus hechos, con demanda a la dirigencia del país oficial haga lo propio, por su insistencia en que no firmarán el marco ya acordado en La Habana –reiterando que cada punto, así trate igual aspecto, deberá ser negociado de nuevo.

Aspectos, todos y cada uno de los cuales no dejan dudas de que estamos ante una negociación de nuevo tipo. Proceso con diferencias en el cual sorprende que, ni los tiempos de la política tradicional –elecciones–, ni la presión internacional de diferentes matices, ni las imposiciones oficiales de tiempo, con el eco de los medios de información, ni las cartas de la intelectualidad inclinadas por una negociación rápida, serán determinantes.

El pulso, de tú a tú, apenas empieza, y cualquier suceso puede inclinarlo para un lado o para otro.

 



Cronología

 

2014
Enero 27. Gobierno y Eln inician conversaciones secretas.

2016
Marzo 30. Gobierno y Eln firman en Caracas-Venezuela agenda que guiará la negociación de paz entre las partes.
Octubre 11, Caracas. Gobierno y Eln anuncian que instalarán la fase pública de negociación el 27 de octubre en Quito-Ecuador.
Octubre 27. Cancelada por parte de Santos la instalación de la fase pública de negociación Gobierno-Eln en Quito. El argumento: primero deben liberar a Odin.

2017
Enero 19. Gobierno y Eln anuncian en Quito-Ecuador que la fase pública de negociación arrancará el 7 de febrero.
Febrero 7. Las partes instalan en Quito la fase pública de la negociación.
Febrero 8. Arranca la negociación a puerta cerrada.

Publicado enEdición Nº232
En muchas zonas del Cauca es habitual sembrar en la montaña, en agudas pendientes | Berta Camprubí

 

Los trabajadores de la hoja de coca desconfían de la aplicación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito pactado por el Gobierno y las FARC.


"Llevan décadas prometiendo muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido"

 

"Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida". Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. "Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante", se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

 

Reunion organizaciones delegados Corinto PNIS EDIIMA20170227 0668 20 1

Reunión de organizaciones sociales y delegados de las veredas con el alcalde de Corinto para debatir el PNIS el pasado 15 de febrero. BERTA CAMPRUBÍ

 

 

Sustituir los cultivos de coca

 

"Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote", comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. "Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido", explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

 

Qué supone acabar con los cultivos de coca

 

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, "resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003".

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. "Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?", se pregunta Perales.

 

Actualmente cobran pesos colombianos coca EDIIMA20170227 0669 20

Actualmente, los campesinos que cultivan coca cobran 1.000 pesos colombianos por kilo de hoja de coca. BERTA CAMPRUBÍ

 

La erradicación como primera opción

 

"No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos", asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que "a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades".

Según asegura Salazar, "la erradicación la están enfocando como primera opción" porque reina "la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener". Los acuerdos de paz añaden que "el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión". "Esto ya es un polvorín", evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 legalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

 

Organización contra erradicaciones

 

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

 

Miedo y falta de garantías

 

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

"Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo", se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. "Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado".

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. "Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo".

 

 

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