Jueves, 16 Febrero 2017 07:14

Colombia: Quieren “gazificar” la paz

Colombia: Quieren “gazificar” la paz

 

 

Colombia y los “acuerdos de paz”

 

Alai, 25 de noviembre. Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años.

El proyecto de programa del Partido Socialista Obrero de Alemania en 1875 señalaba que los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. Marx criticaba esta formulación, porque hacía falta mencionar el “monopolio de los propietarios de tierra (el monopolio de la propiedad del suelo es, incluso, la base del monopolio del capital)”. Añadía él que incluso “en Inglaterra la mayoría de las veces el capitalista no es siquiera propietario del suelo sobre el que se levanta su fábrica”.

En pleno siglo XXI, en Colombia el poder económico y político de los grandes terratenientes aún es notorio. La prolongación del conflicto armado desencadenó una contrarreforma agraria y millones de campesinos están desplazados. Colombia llegó a ser el país con las tierras más caras de la región (1) y la mayoría de las aptas para la agricultura no son sembradas. (2)

El conflicto armado se convirtió en un lastre que impide el fortalecimiento de los movimientos sociales populares y estorba la lucha de los trabajadores y los campesinos por sus derechos, mientras que sirve de pretexto para reprimir y asesinar a los luchadores populares. Los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y los sindicalistas, así como los defensores de derechos humanos pagan la cuota más alta de vidas y sufrimientos por la continuidad del conflicto armado y por eso exigen que se termine.

Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra; no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América Latina y otras partes del mundo.

Estos actores de la guerra no aceptarán ningún acuerdo de paz ni siquiera uno redactado por ellos, porque saben que el principal efecto del fin del conflicto armado será que el pueblo, y en especial del campesinado, podrá organizarse y movilizarse civilmente en forma masiva por sus derechos. Eso no lo pueden aceptar y no lo van a aceptar, a menos que fueran doblegados por la movilización masiva de millones de colombianos, una que se empeñan en evitar a sangre y fuego y a punta de mentiras sistemáticamente difundidas.

Ni el acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 ni el firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 podían ser aceptados por los voceros del acaparamiento de tierras y los megaproyectos lesivos, como no puede ser aceptado por ellos ningún acuerdo de paz.

La esperanza que generó el acuerdo cuando fue firmado en Cartagena, se parecía a la esperanza despertada por el Acuerdo de Oslo, firmado en Washington el 13 de septiembre de 1993 entre Israel y Palestina, por el cual Isaac Rabin y Yasir Arafat obtuvieron el Nobel de Paz de 1994.

Los extremistas y especialmente los extremistas religiosos nunca aceptaron los acuerdos Israel-Palestina. Asesinatos y atentados fueron el camino por el que el acuerdo fue erosionado y finalmente despedazado. El 4 de noviembre de 1995, al final de una multitudinaria manifestación de apoyo a la paz, Isaac Rabin fue asesinado por un extremista religioso judío. Rabín acababa de decir en su discurso: “Fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras. Hoy, estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, gran oportunidad. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida. Pero no hay camino sin esos dolores”.

Tras la reanudación de los combates por los extremistas musulmanes y el ejército israelí, desde 2001 Yasir Arafat fue sometido en Ramallah a arresto domiciliario bajo las autoridades israelíes, que violaron así lo que quedaba del Acuerdo de Oslo de 1993. El gobierno israelí ha multiplicado los asentamientos de colonos judíos en el territorio palestino reconocido por el Acuerdo de Oslo y han bombardeado e invadido militarmente centenares de veces los asentamientos palestinos y convertido a Gaza en un ghetto donde palestinos son sistemáticamente asesinados y masacrados. Israel es gobernado por los que se opusieron al acuerdo de paz, por los que declararon “traidor” a Rabin. En vez de paz hay una pesadilla racista.

Los colombianos tenemos que hacer todo lo necesario para defender la paz, para que a los campesinos, indígenas y comunidades negras de Colombia no les pase lo que le ha ocurrido a Palestina, para que los movimientos sociales populares no sean gazificados.

Desafortunadamente, los acontecimientos marchan en dirección de la gazificación:

Primero, mediante un masivo fraude al sufragante engañaron a miles de votantes con mensajes que aseguraban que sus pensiones de jubilación serían disminuidas y sus subsidios eliminados si se aprobaba la paz; que el acuerdo promovía la homosexualidad en forma del fantasma de la “ideología de género”; que los cupos de sus taxis serían dados a los desmovilizados; que determinados personajes respetados estaban por el No, aunque estaban realmente por el Sí. El resultado del plebiscito fue consecuencia de un fraude, pero está siendo validado para modificar los acuerdos.

Segundo, los acuerdos fueron modificados en detrimento de los campesinos, las comunidades y la reforma rural comprometida.

El deterioro del texto del acuerdo de paz tendría una justificación sólo si un nuevo acuerdo comprometiera con el fin del conflicto armado a un actor protagonista de la guerra que hasta ahora no se ha comprometido. Al fin y al cabo, un acuerdo de paz se hace entre enemigos y no es como un proyecto de ley que se define por votación y al cual diferentes sectores le hacen observaciones. Un acuerdo de paz lo es porque no refleja la forma de pensar de ninguno de los que lo firman y se comprometen con él, sino que es esencialmente un conjunto interrelacionado de concesiones mutuas entre quienes estaban en guerra. Sin embargo, en este caso las concesiones a los acaparadores de tierra no han significado ningún compromiso de ellos con la paz y en cambio ellos siguen avanzando en sus planes de guerra.

Tercero, y es lo más grave, se desató, desde los días previos a la firma de los acuerdos de paz y con mayor fuerza en las últimas semanas, una nueva ola de asesinatos de líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Fueron atacados quienes cuestionan la explotación petrolera por fractura hidráulica en César con detenciones y judicializaciones y en Caquetá con asesinatos. Fue destituida la gobernadora del Putumayo, joven que derrotó a los gamonales tradicionales y es una firme defensora de la paz y de los derechos de la población rural.

Cuarto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ordenó al ESMAD destruir el Campamento de Paz, que en la Plaza de Bolívar esperaba la ratificación de un acuerdo de paz que termine el conflicto armado.

Quinto, el gobierno nacional ha radicado en el Congreso, antes de radicar el nuevo acuerdo de paz, un proyecto de ley que pretende regular la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y negras y otros grupos étnicos del país, proyecto que según las organizaciones indígenas “es una afrenta sin precedentes”, en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional y que de aprobarse violaría los derechos colectivos fundamentales de los grupos étnicos.

Hay que recordar que entre las propuestas de modificación del acuerdo que el ex presidente Álvaro Uribe hizo estaba “limitar la consulta previa”. En el nuevo acuerdo no fue aceptada semejante propuesta, pero el gobierno la tenía servida en su proyecto de ley.

Los cambios que en el nuevo acuerdo afectan a los campesinos, fueron propuestos todos por Uribe, en algunos casos conjuntamente con Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Su sentido tiende a enfrentar, debilitar o neutralizar las importantes definiciones del acuerdo (original y modificado) sobre la economía campesina.

Los acuerdos reconocen “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”. Pero esto es precisamente los que sucesivos gobiernos han negado. Durante su primera campaña electoral Uribe emocionó al Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC cuando declaró su clara desconfianza en cualquier papel económico autónomo del campesinado y proclamó así la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes productores: “Si vamos a instalar en Barrancabermeja una empresa campesina asociativa, exijámosles a esos adjudicatarios que tengan que integrarse con un empresario eficiente de San Alberto, para que así, campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia, respondan por el buen suceso de esos proyectos” (3).

Esta subordinación del campesino ya se estaba imponiendo en la práctica con las asociaciones estratégicas, especialmente para la palma aceitera, durante el gobierno de Andrés Pastrana, durante el cual fue incluida en el llamado Plan Colombia; (4) y se continuó durante los gobiernos de Uribe, que contó con un crédito del Banco Mundial para apoyar el proyecto de “asociaciones productivas” de “pequeños agricultores” con “empresas del sector privado”. (5) Esta experiencia no logró el despegue de la agricultura colombiana, que pasó al final del segundo gobierno de Uribe por una de sus peores crisis. Más recientemente la ley Zidres insiste en la asociatividad.

El mismo discurso ha sido adicionado al acuerdo de paz:

1.3.3.6.Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Así se incluyó en el acuerdo lo que fue política y plan de los últimos tres presidentes y lo que fue doctrina del Pacto de Chicoral de 1972: que la presencia de “grandes productores” es necesaria para garantizar la competitividad. En realidad la agricultura campesina puede alcanzar y en algunos casos sobrepasar la eficiencia de grandes explotaciones, y además, independientemente del tamaño de la escala de su unidad productiva, los agricultores son eficientes cuando pueden acceder a los recursos, productivos y el entorno lo permite. (6)

Esa modificación concuerda con otra: “el Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso”. La paternidad de este cambio debe reconocerse en el gobierno y la ley Zidres, que dice que los ocupantes de baldíos que no reúnan requisitos para la titulación podrán “celebrar contratos de derecho real de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen”. Aunque el acuerdo limita esta zidrada a los medianos productores, no cabe duda que los acaparadores de tierras también juegan detrás del gobierno, aprovechando el No.

El discurso tradicional se ha colado en el nuevo acuerdo, de forma que los “grandes productores” y “medianos productores” van a intentar neutralizar, como siempre lo han hecho, los programas a favor de los campesinos.

Un “principio” adicionado, a propuesta de los promotores del No, dice:

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes —agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala—; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.

El acuerdo modificado, afortunadamente, mantuvo el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, así como los principios de Bienestar y Buen Vivir, pero no se puede negar que sin comprometerse con el acuerdo de paz, los grandes propietarios lograron introducir su discurso, e intentar imponer su “adecuado balance” de siempre. También lograron erosionar lo acordado sobre la participación de las comunidades en la planificación y la gestión.

Nuestra Constitución define desde el preámbulo y el artículo primero a Colombia como república democrática participativa. No es pues una mera democracia representativa. El texto del acuerdo original desarrollaba ese punto cuando determinaba que se establecerán “instancias de decisión en los diferentes niveles territoriales en las que se incluya la presencia de las comunidades” pero, el acuerdo modificado ahora dice que se trata de instancias “para garantizar la participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones”, es decir, no en la toma de las decisiones.

Así, el acuerdo modificado dice que los mecanismos de participación “en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas)”. Sin embargo, lo que los voceros del No le niegan a las comunidades rurales, lo han tomado para sí, limitando las competencias del presidente de la República para definir el acuerdo de paz.

En cuanto a constitución de las zonas de reserva campesina, el acuerdo modificado simplemente agrega que “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente”, lo cual era obvio en el acuerdo anterior, ya que existe una normatividad clara sobre estas zonas, pero su aplicación fue congelada, primero por decisión del gobierno de Uribe y luego ¡por solicitud del ministerio de Defensa! Lo que el acuerdo original y el modificado determinan es que se cumpla la ley sobre las reservas campesinas, vigente desde 1994.

Lo que ha pasado con las reservas campesinas durante los últimos 22 años, comprueba que no se trata principalmente de lo que dicen una ley, un decreto o un acuerdo, sino que el conflicto armado es usado para impedir que el campesinado ejerza sus derechos y para desplazarlo.

Para no devolverle a los campesinos lo que les han quitado, para seguir acaparando tierras, para imponer grandes minas a cielo abierto, fracturación hidráulica para extraer petróleo, desviación de ríos para sacar carbón o hacer represas, robos de ríos, explotaciones que lesionan la integridad cultural o destruyen los ecosistemas, los espoliadores necesitan que siga el conflicto armado, que no haya paz y que Colombia sea gobernada por los que promovieron el No al acuerdo de paz.

No se trata de una simple oposición parlamentaria al acuerdo de paz. Hay un nuevo despliegue impune de los grupos paramilitares que reducen cada comunidad a un ghetto, a un infierno diario estilo Gaza. Pero en Colombia las comunidades más afectadas por el conflicto armado votaron masivamente por el Sí a los acuerdos en el plebiscito, especialmente las comunidades negras e indígenas. No hay en Colombia un Hamas como en Gaza: los enemigos de la paz y los fanáticos religiosos están del otro lado.

La defensa de las comunidades rurales será también la lucha por la soberanía alimentaria. Donald Trump dice que protegerá a Estados Unidos de las importaciones, pero será el promotor de sus exportaciones, repitiendo la antigua historia del Gran Garrote para imponer a América latina el consumo de más productos estadounidenses, sobre todo agrícolas, producidos precisamente en las regiones que votaron masivamente por él. Sin paz, van a seguir imponiendo la destrucción de nuestra soberanía alimentaria.

La lucha por la paz es hoy fundamental, lo más importante para defender los derechos de los trabajadores colombianos y especialmente para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Notas:

1 – Portafolio, “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

2 – DNP, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.

3 – Discurso en el congreso del la SAC el 8 de noviembre de 2001.

4 – Gobierno de Colombia, “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”, 8 de marzo de 2000.

5 – Grupo del Banco Mundial, Colombia, “Banco Mundial aprueba préstamo por 30 millones de dólares para mejorar la productividad rural”, 21 de agosto de 2007.

6 – Forero, Jaime et al. “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombiano”; EfiAgrícola, 2013

 

Este artículo aparece en en el nuevo número de la revista Biodiversidad (91).

 

 

Publicado enColombia
ELN: Cinco países europeos acompañarán diálogos de paz

Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia acompañarán la mesa de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia.

El jefe del equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano, Israel Ramírez (alias “Pablo Beltrán”), informó este viernes que además de los seis países que fungen como garantes en las negociaciones que se desarrollan en Quito, también habrá cinco naciones europeas acompañantes.

En una entrevista realizada a un canal televisivo de Colombia desde la capital ecuatoriana, Beltrán aseguró que luego de que se efectuara la instalación de la mesa de diálogo, el pasado 7 de febrero, los acuerdos han ido avanzado de manera positiva.

El líder guerrillero destacó que el grupo está poniendo sobre la mesa algunas reglas del juego, y añadió que se están tomando unas primeras decisiones que se firmarían con respecto a la constitución de un segundo grupo con la presencia de la comunidad internacional.

Beltrán agregó que aparte de los seis países que son garantes ya establecidos (Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil), se está constituyendo en la actualidad un segundo grupo con cinco países que integran el continente europeo (Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia), y que serán acompañantes.

El jefe negociador del ELN destacó las labores de apoyo de Alemania, en cuanto a la cooperación internacional con el gobierno de Colombia, y que ahora, también lo está haciendo en esta nueva mesa.

La apertura de la mesa negociadora entre el Gobierno colombiano y el ELN puso fin a un proceso de más de tres años de contactos exploratorios que esperaban culminar con el inicio de los diálogos el 27 de octubre del pasado año.

Sin embargo, esa fecha se aplazó hasta que no fuera liberado el excongresista Odín Sánchez, hecho que ocurrió el pasado 2 de febrero.

Con la liberación de Sánchez por parte de la guerrilla, el Gobierno indultó a dos integrantes del grupo armado identificados como Nixon Cobos y Leivis Valero, como un pacto entre las partes.

 

Por: TeleSur | Sábado, 11/02/2017 07:17 AM

Publicado enColombia
Denuncian gran irregularidades en el proyecto de regulación de la Jurisdicción Especial de Paz

Constancia dirigida al Congreso de la República por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Colectivo de Abogados José Alvear sobre graves irregularidades en la tramitación del Proyecto de Acto Legislativo sobre la regulación de la Jurisdicción Especial de Paz y el Trato especial para miembros de la Fuerza ¨Pública del Estado en el marco de la justicia transicional.

 

Consideraciones sobre Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de Cámara de 2016: “La participación en la implementación de los Acuerdos de paz es un derecho de las víctimas”.

 

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos valora positivamente el gran esfuerzo que el Congreso de la República está comprometiendo en pos de la implementación del Acuerdo Final de Paz celebrado a fines del 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y por sacar adelante una reglamentación que garantice de la mejor manera el compromiso estatal de cumplimiento a los acuerdos y la vigencia efectiva de una paz justa y sostenible con garantías amplias para las víctimas del conflicto y para el restablecimiento del Estado de Derecho. En esta dirección la pronta aprobación y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz será un aporte esencial al impulso del proceso de paz para facilitar la rendición de cuentas por parte de todos quienes se vieron comprometidos en graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno. Sin embargo, con relación al actual Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Cámara) acumulados, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos quiere expresar algunos motivos de preocupación y sus respectivas recomendaciones.

La presente intervención estará dirigida a: (I) Reiterar la importancia de la participación de las víctimas en el debate legislativo y los distintos mecanismos del del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); (II) solicitar que se reconsidere la incorporación de contenidos a los Proyectos de Acto Legislativo de la presente que contravienen los principios de autenticidad, bilateralidad y simetría de los Acuerdos de Paz; (III) presentar algunas consideraciones sobre el tratamiento a la Fuerza Pública en el marco del Estatuto de Roma, entre otras disposiciones del Derecho Internacional, y finalmente, un análisis de los aspectos más preocupantes del Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Acumulado) con la formulación de las respectivas recomendaciones que permitan enmendar y corregir las evidentes e injustificadas asimetrías y desequilibrios consagradas en favor de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado implicados en graves crímenes en el contexto del conflicto armado interno.


Queremos llamar la atención sobre varios principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos que deberían ser tenidos en cuenta al momento de discutir la incorporación constitucional y reglamentación del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y que no han sido plenamente respetados, entre ellos: la participación de las víctimas, las garantías de no repetición y la diferenciación de responsabilidades entre actores. Igualmente, advertimos que principios propios del proceso de paz como la autenticidad, la bilateralidad y simetría del tratamiento, que deben orientar el debate legislativo en el curso de los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2016 Cámara, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a los agentes del Estado para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo número 03 de 2016, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” no han sido cabalmente respetados.

 

Participación de las víctimas en el SIVJRNR

 

A continuación, queremos sustentar la importancia de que las víctimas y organizaciones defensoras de sus derechos puedan participar tanto de los debates legislativos de implementación del Acuerdo Final, como de los mecanismos del Sistema Integral. Esto por dos motivos: 1) dado que según experiencias internacionales la participación de las víctimas facilita el éxito y cumplimiento de los Acuerdos 2) dicha participación es acorde a los compromisos de Colombia en materia de protección a los DD.HH.

Primero, las experiencias internacionales de procesos de paz que han protegido exitosamente los derechos de las víctimas demuestran la necesidad de garantizar que estas sean el centro del Acuerdo y su implementación. En el Acuerdo de Irlanda del Norte (1) se creó una Comisión de Víctimas la cual reconoció “el derecho de las víctimas a la memoria, así como a contribuir con el cambio de la sociedad.” (2) Dicha Comisión reportó la situación de 3600 víctimas y de 40000 personas heridas durante el conflicto. En mayo de 1998, la Comisión se encargó de hacer recomendaciones al Gobierno sobre cómo debían ser las compensaciones de las víctimas, lo cual desencadenó una revisión del Sistema de Compensaciones a Daños Criminales. En Liberia, por su parte, se estableció la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (3), que tuvo efectos directos con la participación de las víctimas sobre cómo debían ser perseguidas las graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales. Estas recomendaciones se implementaron efectivamente en la Asamblea Legislativa Transicional del 12 de mayo de 2005 (4). De estos casos se observa que el cumplimiento de lo Acordado debe ser rápido y debe garantizar la participación y recomendaciones de las víctimas, incluso en la formulación de leyes, para asegurar el logro de una paz estable y duradera.

Como contrapartida, donde los Gobiernos no han implementado adecuadamente medidas para la participación y reparación de las víctimas, el conflicto se ha intensificado. En el Pacto Nacional del Norte de Mali se previó la creación de un fondo de asistencia y compensación a las víctimas de civiles y militares que fueran identificadas por una Comisión Independiente de Investigación (5), el cual nunca fue implementado mientras Mali sigue hundida en el caos (6). En Sierra Leona, igualmente, se previó la Creación de un fondo para la reparación de las víctimas, el cual nunca fue implementado por la falta de voluntad política y debido a que los fondos de la cooperación internacional no fueron suficientes (7) -pese al clamor de las organizaciones de víctimas. En el caso del Acuerdo de Guatemala (8), la falta de participación de las víctimas y de voluntad del Gobierno de atender las recomendaciones de la Comisión de Clarificación (9), llevó a que las compensaciones apenas se comenzaran a implementar hasta 12 años después de firmado el Acuerdo. Esto sucedió tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Guatemala (10) y luego de la intensificación de la violencia (11).

Las experiencias internacionales de otros procesos denotan la importancia de las recomendaciones de las víctimas sobre el derecho a una reparación integral, la verdad y la justicia para la implementación exitosa de un Acuerdo de Paz.

En segundo lugar, el ordenamiento internacional promueve enérgicamente garantías básicas en procesos de justicia transicional para las víctimas, entre ellas, su participación. Así se afirmó en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: “Existen muchos motivos para incluir [a las víctimas] a los procesos de participación en el diseño y ejecución de los programas de reparación. Por ejemplo, esos procesos pueden contribuir positivamente a que los programas sean integrales y puedan hacer de cada víctima un beneficiario.” El Relator llama la atención en el caso de Colombia de la falta de garantías a la vida de defensores de derechos humanos, entre ellos, reclamantes de reparación, como una violación grave del derecho de las víctimas a participar (12). Lastimosamente, desde que empezó a implementarse el Acuerdo se han presentado muertes de líderes de víctimas y defensores de DD.HH.

En un enfoque de Justicia Transicional Integral, la participación de las víctimas no se limita a hacerlas receptoras de reparaciones administrativas o judiciales, sino que ellas juegan un rol activo para definir cuáles son sus expectativas del aparato estatal, recuperar así la confianza en las instituciones y contribuir al desarrollo. Así lo ha reafirmado otro Informe del Relator Especial: “La importancia que tienen para el desarrollo las medidas de justicia de transición reside en la posibilidad de responder a las expectativas normativas de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado así como de otras víctimas, con lo que se contribuye a fortalecer la iniciativa, la capacidad para actuar de forma coordinada y la participación de las víctimas y del resto de la sociedad en los procesos de desarrollo. En este contexto, el Relator Especial insta a los Estados a que adopten un enfoque integral de la justicia de transición.” (13).

De ahí que reiteradamente se sostenga que la participación de las víctimas en el proceso de diseño e implementación de la justicia transicional asegura la efectividad de las políticas para combatir la impunidad y garantiza que se responda a las necesidades actuales de las víctimas (14).

En suma, dicha participación implica que deban abrirse las puertas para que las víctimas realicen aportes a los mecanismos de implementación que puedan reforzar su protección. Tanto en los debates posteriores, y en la reglamentación, esta participación debe ser garantizada en todas las etapas. Se debe garantizar su participación dentro de los procedimientos del Sistema Integral y demás puntos acordados, culminando con el litigio mismo en la JEP, específicamente bajo la constitución de sujeto o parte procesal, con facultades reales y explícitas de participación y controversia de las decisiones. Bajo ningún entendido puede agotarse su participación con la participación del Representante de la Mesa Nacional de Víctimas en las Sesiones del Congreso, dada la pluralidad de las visiones y preocupaciones de este sector.

Bilateralidad, autenticidad y simetría, principios irrespetados en el proyecto de acto legislativo 02 y 03 acumulados de 2016.

Además, llamamos la atención sobre la inconveniencia de la acumulación de estos Proyectos de acto legislativo y algunas de las modificaciones que se han introducido en los informes de ponencia para la implementación de los Acuerdos en tanto que afectan los principios de autenticidad, bilateralidad y simetría que fueron formulados en el Acuerdo Final.


Con relación a la bilateralidad, tenemos que mientras que el SIVJRNR fue pactado en la Mesa, el tratamiento para agentes estatales tiene su origen en una iniciativa exclusivamente gubernamental que contraviene el sentido original de los Acuerdos. Los Congresistas y el Gobierno Nacional están equiparando injustificadamente un compromiso que el Gobierno Nacional suscribió unilateralmente (15) y de manera contraria al espíritu de bilateralidad que guió el Acuerdo Final. Es decir, contrario al conjunto de disposiciones que sí fueron discutidas y acordadas de buena fe en los Diálogos de La Habana entre las partes, con la participación de las FARC-EP, víctimas, líderes políticos y de la sociedad civil y que fue sometido a un procedimiento de refrendación popular avalado por la Corte Constitucional.


Por otra parte, el principio autenticidad remite a la idea de que la reglamentación debe atender a lo pactado. Sin embargo, se han introducido una serie de medidas que no estaban en los Acuerdos y contradicen su espíritu. Por ejemplo, la exclusión de la acción de repetición y del llamamiento en garantía para los miembros de la Fuerza pública. La cual se encontraba establecida en el artículo 90 de la Constitución Política, que señala que, en caso de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. También se excluyó la obligación de los miembros de la Fuerza Pública de reparar monetariamente a las víctimas y se les habilitó para que pudieran ocupar cargos públicos o ser contratistas del Estado, incluso si perpetraron graves crímenes.

Sobre la simetría de las sanciones y del tratamiento jurídico a los agentes estatales, llamamos la atención que el gobierno morigeró dicho principio, no en favor de la responsabilidad especial que les asiste a estos en su calidad de garantes, sino de concederles beneficios punitivos injustificados. En el Acuerdo Final se hizo mención explícita a que su posición de garante como criterio para evaluar este trato: “El componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado.” (Subrayas propias)

No obstante, según el Compromiso asumido unilateralmente por el Gobierno Nacional y el Informe de Ponencia, se modificó el régimen de responsabilidad de la fuerza pública relativizando sin ninguna justificación dicho principio: En virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo.” (Subrayas propias) Modificación que se entiende injustificada cuando las diversas proposiciones aprobadas por el Gobierno Nacional hasta ahora sólo han aliviado las cargas de los agentes estatales de reparar a las víctimas o asumir su responsabilidad en casos de graves violaciones.

Con el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 acumulados de 2016, así como en algunas disposiciones de la Ley 1280 de 2016 de Amnistía e indulto, se establecen algunas medidas que contradicen el sentido del Acuerdo Final y su bilateralidad, el papel de garante de los agentes estatales y las garantías básicas de no repetición para este tipo de crímenes.

 

Responsabilidad de Agentes Estatales y Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

 

En tercer lugar, y con relación a la responsabilidad de agentes estatales, si bien se menciona en la motivación del Acto Legislativo el respeto a los estándares de derecho internacional aplicables, en la redacción se desconocen algunos de ellos, como el sentido integral del artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad del superior, que podría tener implicaciones en la investigación y judicialización del conjunto de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo en la investigación de máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

En atención a la normativa internacional, el principio de responsabilidad del superior jerárquico, ha sido incorporado en múltiples decisiones de jueces penales y de la Corte Suprema de Justicia en aplicación del artículo 25 del Código Penal. Ahora bien, en el caso de mayores responsables no militares, sean servidores públicos de carácter civil, con funciones de control de orden público y autoridad policial o militar se omite la mención al tratamiento a recibir, caso en el cual se deben aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre responsabilidad penal ya sea por acción u omisión, tal como ha sido aplicado por tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (16).

También se establece en el proyecto de Acto Legislativo, que para la determinación de la responsabilidad de mando en la Jurisdicción Especial para la Paz se aplicará en el caso de miembros de la Fuerza Pública el Código Penal colombiano y el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, mientras se omite como marco de aplicación el derecho internacional de los derechos humanos, contrariando los fallos de la Corte Constitucional (17) y tribunales internacionales (18) en la materia.

Además, contrario a la técnica jurídica, en el proyecto se elevan a rango constitucional las reglas operacionales de la Fuerza Pública. Ello podría tener implicaciones contrarias a los derechos de las víctimas, puesto que podría llevar a la tergiversación de la normativa humanitaria. Ya se ha intentado en otros proyectos de ley, invocar el derecho operacional para incluir figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral” excluyentes de responsabilidad penal.

Reiteramos que en estas discusiones se garantice la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, la atención a los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Pese al enorme entusiasmo y compromiso que han asumido las víctimas y organizaciones de la sociedad civil con la defensa del proceso de paz, el Gobierno Nacional y Congreso de la República están desconociendo su relevancia en el principal escenario de debate democrático y vulnerando los principios básicos de autenticidad y bilateralidad que inspiraron el logro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una paz estable y duradera.

IV. El principio de Inescindibilidad de la JEP que se menciona no se ve reflejado en las disposiciones del Proyecto de Acto Legislativo sobre el Trato a los Miembros de la Fuerza Pública. Preocupaciones y Recomendaciones

El Artículo 18 del proyecto dice basarse en el carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz. En realidad, las disposiciones contenidas en el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Cámara) han terminado consagrando un régimen que sí es diferenciado y separado del consagrado para los miembros de las organizaciones insurgentes desmovilizadas, pero que ante todo les provee a los miembros de la Fuerza Pública un régimen asimétrico de privilegios, inequitativo con su obligación de rendir cuentas ante las víctimas, y desequilibrado con el trato que se dará frente a los demás sujetos que sometan al Sistema en lo referente tanto al marco legal aplicable, como a los criterios de responsabilidad de los mandos implicados y mucho más favorable para los agentes estatales en cuanto a su obligación de reparar a las víctimas y con consideraciones mucho más favorables en cuanto a las sanciones aplicables y sus consecuencias.

4.1. El Marco legal aplicable a los agentes del Estado no se corresponde con el marco legal aplicable a los miembros de las organizaciones insurgentes. Este trato asimétrico se deduce del hecho de que el proyecto consagra que las conductas de quienes se sometan al sistema se basará en el Código Penal Colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, dispone que “se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal”.

Estas reglas operacionales del Ministerio de Defensa no han sido avaladas por ninguna instancia autorizada de aplicación y validación del derecho internacional público, a pesar de esfuerzos que ha desplegado por hacerlas aparecer como una novedosa rama vinculante y aplicable como norma esencial del derecho de los conflictos armados. Su compatibilidad con el Derecho Internacional Humanitario es bastante cuestionable, y su aplicación ha conducido a prácticas sistemáticas y generalizadas de vulneración tanto de las obligaciones sustanciales de derechos humanos como como los compromisos básicos en materia de derecho internacional humanitario. Prácticas como las ejecuciones extrajudiciales en su modalidad de falsos positivos, perpetradas de manera sistemática en el pasado reciente, y estrategias de conformación, apoyo y articulación con organizaciones paramilitares, -no sólo en el combate anti-insurgente sino también en el trato a sectores de la población civil que se han visto afectados por sus conductas operacionales-, han sido no sólo constatados sino también sancionados tanto nacional como internacionalmente por distintas instancias de protección de los derechos humanos. En este sentido no puede calificarse como “derecho” a ese conjunto de prácticas, que en esencia buscan relajar o distorsionar el marco de obligaciones internacionales vinculantes pertenecientes tanto al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) como al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cuyos criterios de interpretación autorizada están consagrados en el derecho internacional público, y por lo tanto no pueden acomodarse o sustituirse según las valoraciones o intereses institucionales por el mando militar de ningún país ni por sus asesores en los ministerios de defensa nacional.

La apelación amplia a nociones como los “blancos legítimos”, los daños colaterales o emergentes, la vinculación de civiles a operaciones militares, la institución de recompensas por bajas y otras figuras, evidencian que estas nociones operacionales pretenden anteponer la eficacia militar a las limitaciones y restricciones propias del marco de obligaciones impuestas tanto por el Derecho Internacional Humanitario como por el Derecho Internacional de los Humanos. No puede constituir derecho aplicable un marco de doctrina que pretende anteponer el primado de la necesidad militar o la eficacia operacional sobre las restricciones impuestas por el principio humanitario y las obligaciones de proteger la vida humana en todas las circunstancias.

De otro lado, la compatibilidad de las normas operacionales del Ministerio de Defensa con la legalidad vigente, no es ninguna garantía de su sujeción a los imperativos del DIH y menos a los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos. Recuérdese que muchos de los manuales, directrices e instructivos para las operaciones contrainsurgentes de la Fuerza Pública han sido redactados a la luz del concepto del “enemigo interno” y en desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Gran parte de estos manuales son de carácter secreto y ultra- secreto, y su desclasificación se ha negado, incluso desconociendo ordenes de altos tribunales, con el argumento de que muchas de sus disposiciones aún continúan vigentes. En algunos de esos manuales se favorece la conformación de organizaciones paramilitares, prácticas que favorecen las desapariciones forzadas, torturas o imponen la reserva para el encubrimiento de graves crímenes en materia de derechos humanos. De suerte pues, que la compatibilidad de la normatividad operacional a las restricciones o limitaciones vinculantes impuestas por el Derecho Internacional Humanitario.


En consecuencia nuestra recomendación es la supresión del párrafo 2 del artículo 19 del Proyecto y de la expresión “y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal” contenida al final del primer párrafo de artículo 21 del Proyecto.

4.2. Mientras el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se exige para la determinación de la responsabilidad de los miembros de las guerrillas en proceso de paz, se suprime como marco para determinar la responsabilidad de los mandos de la Fuerza Pública. El Proyecto suprime el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la determinación de la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública. Esta supresión resulta inaudita a la luz del principio internacionalmente reconocido de que son las autoridades y agentes estatales quienes tienen el papel de garantes de la aplicación y vigencia de los derechos humanos, en tanto obligaciones que cada Estado asume frente a sus súbditos. Por el contrario, a los miembros de las organizaciones ilegales tradicionalmente se les ha asignado una responsabilidad principal con el acatamiento de las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. El artículo 21 del proyecto de ley pone de cabezas esta situación e invierte la lógica de la aplicación de estos marcos normativos, haciendo a las guerrillas garantes de la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en tanto que sustrae a los agentes del Estado de su obligación de garantizar el DIDH y limitando su responsabilidad al ámbito exclusivo del DIH.

En el fondo de esta supresión se encuentra la concepción de que en tiempos de guerra los agentes estatales solo deben aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y reservar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para los tiempos de Paz. Esta concepción es totalmente equivocada. La comunidad internacional acepta hoy de manera generalizada que, dado que las obligaciones de derechos humanos se derivan del reconocimiento de los derechos inherentes de todos los seres humanos y que estos derechos podrían verse afectados tanto en tiempo de paz como en estado de guerra, el derecho internacional de los derechos humanos se sigue aplicando en las situaciones de conflicto armado. Por otra parte, nada en los tratados de derechos humanos indica que no sean aplicables en tiempos de conflicto armado. En consecuencia, se considera que estos dos conjuntos normativos —el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario— son fuentes complementarias de obligaciones en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, en sus Observaciones generales Nº 29 (2001) y Nº 31 (2004), recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplicaba también en situaciones de conflicto armado en que eran de aplicación las normas del derecho internacional humanitario. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 9/9, reconoció además que las normativas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eran complementarios y se reforzaban mutuamente.

Al proceder de esta manera el Congreso de la República desconoce expresamente los mandatos contenidos en la reciente Sentencia C-084 de 2016 de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad condicionada de la Reforma a la Jurisdicción Penal Militar en la cual la Corte dejó en claro que "en la investigación y juzgamiento de conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado, se debe aplicar tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señalando además que “La reforma constitucional introducida al artículo 221 de la constitución, no excluye la aplicación concurrente y complementaria de ambos ordenamientos jurídicos” la aplicación concurrente y complementaria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en las actuaciones de las fuerzas de seguridad, y en consecuencia añada al primer párrafo del artículo 21 del proyecto de Acto Legislativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos como marco de responsabilidad vinculante para todos los miembros de la Fuerza Pública y demás agentes estatales.

4.3. El Proyecto de Acto Legislativa consagra una desigualdad asimétrica en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a favor de los miembros de la Fuerza Pública. Así, Mientras se exige una responsabilidad plena con el Derecho Internacional Humanitario para los miembros de las insurgencias que se sometan a la JEP, para los miembros de la Fuerza solo se exige que en la determinación de su responsabilidad el DIH solo sea valorado en su faceta de lex specialis. Esta disposición desconoce que la consideración del DIH como ley especial solo aplica en circunstancias muy determinadas y como pauta interpretativa en contextos muy restringidos en los cuales se dificulte la aplicación concomitante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La pauta general en la conducción de los conflictos armados es la de la aplicación concurrente y complementaria de ambos corpus de protección de los seres humanos. Esta disposición igualmente se fundamenta en una apreciación errónea de lo que significa la consideración del DIH como lex specialis, creyendo que implica el desplazamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la normativa del DIH en todas las circunstancias en las que deba apicarse la normativa humanitaria.

Esta asimetría, consagrada como pauta de valoración diferenciada de las conductas de los miembros de las fuerzas armadas frente a las de las guerrillas en cuanto a responsabilidades por crímenes en el contexto del conflicto desconoce el principio fundamental de la igualdad de las partes beligerantes frente a las obligaciones y derechos en materia de DIH. En virtud de este principio todas las partes en los conflictos armados, independientemente de que su causa esté o no justificada, tanto en conflictos internacionales como no internacionales, tienen exactamente la misma obligación de aplicar el derecho internacional humanitario.

En consecuencia, nuestra recomendación como plataforma de derechos humanos es que se suprima la mención de “ley especial” al consagrar al DIH como marco para determinar la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública en el artículo 21 de este proyecto.

4.4. Hay una consideración dispar y desigual que favorece a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto la concesión de tratos especiales para quienes han cometido en el marco del conflicto delitos que implican enriquecimiento personal. En tanto que la Ley de Amnistía recientemente aprobada exige para los miembros de las guerrillas que pueden beneficiarse de amnistias o indultos que los delitos políticos de que se les acusa “sean ejecutados sin ánimo de lucro personal”, y que los delitos comunes que puedan ser considerados como conexos “no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero” (artículo 8 Ley 1820 de 2016), el actual proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 se esfuerza por considerar un trato beneficioso especial a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron conductas que en el marco del conflicto armado llevaron a un enriquecimiento personal de los implicados en tales crímenes, con tal de dicho enriquecimiento personal no haya sido “indebido” (?!!!) o que en caso de serlo, se vincule con la amplísima variedad de circunstancias que se esfuerzan por justificarlo como relacionado con el conflicto armado, y por hacerlo parecer como no “determinante de la conducta delictiva” (artículo 20 PAL 02 y 03 de 2016).

De este modo, se establece un trato desequilibrado pues los conductas que conllevan enriquecimiento personal en los miembros de la guerrilla se excluyen de la jurisdicción especial de paz, pero en el caso de los miembros de las fuerzas de seguridad se les incluye en su jurisdicción, esforzándose por hacerlo aparecer dicho enriquecimiento personal como directamente vinculado al conflicto armado para hacerlo objeto de beneficios de cesación de la responsabilidad o de las sanciones penales.

Las circunstancias allí contenidas como justificantes del enriquecimiento personal indebido o del carácter “no determinante” del mismo, tales como que dicho enriquecimiento se haya llevado a cabo con la excusa de la existencia del conflicto armado para perpetrarla, para encubrirla o para seleccionar a la víctima o sujeto pasivo de dicho enriquecimiento indebido, o el haber utilizado el entrenamiento y las habilidades conferidas o la utilización de los medios al servicio del Estado para perpetrar y consumar las conductas que llevaron a dicho enriquecimiento, antes que justificantes, o circunstancias de exoneración o atenuación de la conducta, deberían ser tenidas en cuenta como agravantes de la conducta criminal.

La inclusión de esta formula creativa podría llevar a todos los casos de “falsos positivo” perpetrados por el ánimo de percibir recompensas, o mediante el uso ilegal de fondos reservados, fueran objeto de tratamientos especiales para sus perpetradores. Igualmente, podría llevar a dejar sin sanción a los agentes del Estado que actuaron bajo la nómina de los grupos paramilitares y se enriquecieron a su servicio acusados de promover, organizar o coordinar sus acciones con estos grupos paramilitares o incluso actuaron al servicio de narcotraficantes que posaban luego como jefes paramilitares. El talante creativo de esta disposición podría llevar incluso a disponer que se otorgue trato especial en la Jurisdicción de paz a miembros de la Fuerza Pública acusados de narcotráfico, corrupción en la contratación o las compras estatales, o inclusive delitos relacionados con la acaparación ilegal y la receptación o despojo ilegal de tierras, que sin duda alguna, son una de las conductas menos investigadas en el largo tramo de atrocidades perpetradas en el desarrollo del conflicto armado interno y que pueden estar influyendo en los escasos avances de las instituciones estatales con responsabilidad en garantizar la implementación de la ley de restitución de tierras, incluido el Ministerio de Defensa.

La recomendación que proponemos, en consecuencia, es la de equiparar el régimen aplicable a todos los que se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz y suprimir completamente el artículo 20 del proyecto de ley, pues la competencia de la jurisdicción especial de paz está ya formulada en el artículo 5 del Proyecto para todos los que se sometan a su jurisdicción.

4.5. El proyecto de Acto legislativo incorpora para los militares un parámetro desequilibrado con respecto a las guerrillas en relación con la duración de las penas que podrían imponerse en la Jurisdicción Especial de Paz. En efecto, el artículo 22 establece que en relación con los miembros de la Fuerza Pública “Para el caso de las sanciones ordinarias, se podrá obtener redenciones, subrogados penales o beneficios adicionales en la privación de libertad, siempre y cuando el sancionado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad...” . Esta disposición permite que efectivamente las sanciones ordinarias que se deriven para los agentes del Estado en la JEP lleguen a ser mucho más bajas que las establecidas o cumplidas por los miembros de las guerrillas, lo que no tiene ninguna presentación a la luz de los principios del derecho nacional o internacional, ni mucho menos atendiendo al principio de la responsabilidad agravada de los agentes estatales por violaciones a los derechos humanos (19).

Más grave aún es que estos descuentos de sanción y subrogados penales puedan ser otorgados por el ejercicio de actividades militares, policiales o de inteligencia, entrenamiento militar y policial, y en fin actividades relacionadas con funciones de seguridad, que por estar en conexión con las actividades que llevaron a la violación de derechos humanos, son contrarias a las obligaciones de no repetición que tendrían que cumplir los implicados. Los riesgos se acrecientan cuando en la Ley de Amnistía se prevé la posibilidad de reintegro a las funciones para los agentes estatales como efecto adicional al beneficio de renuncia a la persecución penal (20).

 

La asimetría y discordancia con el cumplimiento efectivo de sanciones entre los miembros de la guerrilla y los de la Fuerza Pública se refuerza si se tiene en cuenta que en la Ley de Amnistía e Indulto ya se consagra para estos últimos que “tendrán derecho a que se compute para efecto de la asignación de retiro el tiempo que estuvieron privados efectivamente de la libertad con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la JEP” (21).

La recomendación de la CCEEU en este punto es establecer condiciones simultáneas y equilibradas para la imposición y cumplimiento de las penas para agentes estatales y para miembros de la guerrilla, -aunque ello implicaría renunciar a considerar el principio de responsabilidad agravada por violaciones a los derechos humanos de los agentes estatales-, eliminando el párrafo final del artículo 22 del Proyecto en comento, y que dice “Para el caso de las sanciones ordinarias, se podrá obtener redenciones, subrogados penales o beneficios adicionales en la privación de libertad, siempre y cuando el sancionado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad y a promover actividades orientadas a la no repetición del daño causado una vez puesto en libertad.”

4.6. El Proyecto de Acto Legislativo impone un trato asimétrico que obstaculiza o impide que miembros de la Fuerza Pública cumplan con su obligación de reparar materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Mientras que Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto dispone que los integrantes de las FARC deberán inventariar y denunciar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra y proceder con dichos bienes y activos a la reparación material de las víctimas22, para el caso de los miembros de las Fuerzas de Seguridad se obstaculiza o impide esta reparación material al establecer en el Artículo transitorio 23 la “Exclusión de la acción de repetición y llamamiento en garantía para miembros de la Fuerza Pública” disponiendo que para estos no procederá la acción de repetición y el llamamiento en garantía establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, y que la reparación que las víctimas de agentes estatales pueden esperar será únicamente “la reparación no monetaria”. Impedir que los agentes estatales que han perpetrado graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad respondan con su propio patrimonio y disponer que la reparación de sus crímenes deba hacerse exclusivamente con los el presupuesto público alimentado por los impuestos de los ciudadanos, incluidos la víctimas, parece un despropósito. Mucho mayor si se considera que, como quedó mencionado antes, los crímenes de agentes estatales que hayan implicado enriquecimiento personal de sus perpetradores tampoco están excluidos de los tratos favorables para miembros de la Fuerza Pública en la regulación que se propone para la Jurisdicción Especial de Paz.

En consecuencia, la recomendación para este tema es que excluya del articulado el texto completo del artículo 23 transitorio, y se garantice de ese modo que tanto los agentes de la Fuerza Pública contribuirán de manera eficaz a la reparación material de las víctimas.

4.7. El proyecto establece criterios asimétricos e ilegítimos en la determinación de la responsabilidad del Superior para miembros de la Fuerza Pública en relación con los establecidos para las guerrillas. Se distorsiona el concepto de responsabilidad del superior al consagrar criterios peregrinos para poder establecer la responsabilidad del superior para miembros de la Fuerza Pública que no se exigen a los miembros de las guerrillas desmovilizadas. El proyecto desconoce los criterios de derecho internacional, especialmente los consagrados en los literales a) y b) del Articulo 28 del Estatuto de Roma, del cual es parte vinculada el Estado Colombiano.

A la luz de estos criterios, los superiores militares o actúen efectivamente como jefes de las Fuerzas Militares serán penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando, entre otras circunstancias hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas bajo su mando estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos.

Para los agentes estatales el Proyecto establece otra serie de circunstancias eximentes de responsabilidad, por fuera de las consagradas en el derecho internacional.

Se desconoce así que el principio de responsabilidad del superior jerárquico está referido a la responsabilidad penal individual del superior que sin haber sido el autor material o intelectual ni partícipe del crimen, tenía conocimiento o tenía razón para saber que el subordinado estaba a punto de cometer ese ilícito penal o lo estaba cometiendo o lo había cometido y no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar a sus autores.

No puede el Congreso, con ocasión de aprobar disposiciones para implementar un proceso de paz distorsionar para el caso de los agentes estatales los criterios que determinan la responsabilidad del superior jerárquico, ni mucho menos consagrar como factores de exclusión de responsabilidad circunstancias tales como que al superior jerárquico pueda demostrarséle que tenía control efectivo de la conducta de sus tropas, cuando lo que exige es, según advirtió recientemente la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que el superior jerárquico “ejercía mando o control efectivo” lo que demuestra “simplemente con preguntarse si el superior tenía capacidad material de prevenir o castigar los delitos cometidos por sus subordinados” (22). Tampoco puede eludirse el criterio de que el mando militar debe responder de sus acciones cuando por razón de su jerarquía, por las funciones a su cargo, o por las circunstancias del hecho estaba en condiciones de saber o debería haber sabido de los crímenes que cometieron o estaban por cometer las tropas a su cargo, y no tomó las medidas para prevenirlas, impedirlas o sancionarlas, como sucede con las decenas o cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre los años 2002-2010 en varias de las Brigadas Militares en diferentes regiones del país, hecho que también ha sido constatado por los informes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El Estado colombiano también es parte de otros tratados internacionales que obligan a respetar los criterios de responsabilidad del superior jerárquico y que consagran el principio de responsabilidad penal del mando por crímenes según el derecho internacional, tales como el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (artículo 86, 2) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 28). Los criterios del artículo 28 son tanto o más vinculantes para el Estado Colombiano en el orden interno, dado que fueron redactados como excesivamente selectivos para poder que la CPI pudiera atender al carácter subsidiario de su jurisdicción, al hecho de que solo actúa cuando la obligación de los Estados de investigar en el orden interno a los superiores jerárquicos y otros responsables de los crímenes más graves ha sido incumplida, y al hecho de que por su naturaleza universal solo podría ocuparse de unos pocos casos muy seleccionados y priorizados de esos máximos responsables en los más de 190 países. Asimismo, el Congreso de la República sancionó el primero de diciembre de 2010 la Ley No. 1418, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. Esta Convención, en su artículo 6, igualmente integra el principio de responsabilidad penal del superior, y por lo tanto mal haría ahora el Congreso en eludir o evadir estos criterios para impedir que los superiores castrenses rindan cuentas de los crímenes perpetrados por los subordinados bajo su control efectivo con su conocimiento real o presunto.

En consecuencia, nuestra recomendación es que el Congreso reformule adecuadamente los artículos 20 y 21 del actual proyecto a los criterios contenidos en el artículo 28 del Estatuto de Roma, y consagre una fórmula simétrica para determinar la responsabilidad jerárquica tanto de los miembros de la fuerza pública, como de otros agentes estatales con función de mando al igual que se consagra para los superiores jerárquicas de las organizaciones insurgentes en proceso que se sometan a la jurisdicción Especial de Paz.

Bogotá, 31 de Enero de 2017

 

MESA DE JUSTICIA TRANSICIONAL (Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos)

El presente documento, fue elaborado por iniciativa de la Mesa de Justicia Transicional de la CCEEU conjuntamente desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con base en las respectivas intervenciones y documentos entregados en la Audiencia Pública del 24 de enero de 2017 en la Comisión Primera de la Cámara.

 

1. Northern Ireland Good Friday Agreement, 1998.
2. Strand Three: Reconciliation and Victims of Violence. Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-northern-ireland-good-friday-agreement , Kroc Institute for
International Peace Studies, University of Notre Dame.
3. “ARTICLE XIII: TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION


1. A Truth and Reconciliation Commission shall be established to provide a forum that will address issues of impunity, as well as an opportunity for both the victims and perpetrators of human rights violations to share their experiences, in
order to get a clear picture of the past to facilitate genuine healing and reconciliation.
2. In the spirit of national reconciliation, the Commission shall deal with the root causes of the crises in Liberia, including human rights violations.
3. This Commission shall, among other things, recommend measures to be taken for the rehabilitation of victims of human
rights violations” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/truth-or- reconciliation-mechanism-accra-peace-agreement , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.


4. "Secretary General’s Report to the Security Council," United Nations Security Council (S/2005/391), June 16, 2005.

5. “Fund for assistance and compensation to civil and military victims of the two parties and their heirs, for all the consequences of the armed conflict. This Fund will compensate as a priority, victims identified by the Independent Commission of Enquiry.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-national-pact , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
6. Diario El País, España. (Recuperado: 1/30/2017)
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/24/actualidad/1406224544_407789.html 
7. “ARTICLE XXIX SPECIAL FUND FOR WAR VICTIMS: The Government, with the support of the International
Community, shall design and implement a programme for the rehabilitation of war victims. For this purpose, a special fund shall be set up.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017),  https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-lom-peace-agreement , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

8. Comprehensive Agreement on Human Rights – Ciudad de México, 19 de marzo de 1994
9. “1. The Parties recognize that it is a humanitarian duty to compensate and/or assist victims of human rights violations. Said compensation and/or assistance shall be effected by means of government measures and programmes of a civilian
and socio-economic nature addressed, as a matter of priority, to those whose need is greatest, given their economic and social position.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations- accord-firm-and-lasting-peace , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
10. Entre otras, Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999.
11. Informe Human Right Watch 2011 sobre Guatemala. https://www.hrw.org/es/world-report/2011/country- chapters/259504 
12. A/HRC/25/19/Add.3. párrs. 70 y 72
13. Naciones Unidas A/68/345. Asamblea General. 23 de agosto de 2013. Español. Original: inglés. Sexagésimo octavo período de sesiones. Tema 69 b) del programa provisional.
14. “Closely related to this point, I believe passionately in the central importance of promoting the broad participation of victims and other citizens in the process of designing as well as implementing programmes of transitional justice. I summarized some of the reasons why in a 2005 UN report: Their participation helps ensure that policies for combating
impunity effectively respond to victims’ actual needs and,[...]” 2007. ‘Settling Accounts’ Revisited: Reconciling Global
Norms with Local Agency”. International Journal of Transitional Justice 1: 10-22
15. Compromiso del Gobierno nacional en el marco del fin del conflicto armado para la aplicación de la jurisdicción especial para la paz a los agentes del Estado dado el 19 de diciembre de 2015.
16. Ver Art. 28 (b) del Estatuto de Roma. Casos sobre mayores responsables civiles: Prosecutor v. Mucic et al., ICTY T. Ch., 16 November 1998, §§ 354, 378; Prosecutor v. Akayesu, (Caso no. ICTR-96-4-T), ICTR T. Ch., Juicio, 2 September
1998, párr. 491; Prosecutor v. Kayishema y Ruzindana, (Caso no. ICTR-95-1), ICTR T. Ch., Juicio, May 21 1999, Párr.
213-215.
17. Ver: Sentencia C 084 de 2015, Sentencia C 280 de 2013, Sentencia C 781 de 2013, Sentencia T 280 A de 2016, Sentencia C 575 de 2006 y Sentencia C 370 de 2006, entre otras.
18. Ver: Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001; Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de 1989; Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2003; Caso Juan Humberto Sánchez; Caso Bámaca Velásquez; entre otros.
19. Sobre el Principio de la Responsabilidad Agravada de los Agentes Estatales por violaciones a los derechos humanos véase la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Caso Jaime Garzón Vs. Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Expediente 34.349
20. Ley 1820 de Amnistía e Indulto. Artículo 48 Parágrafo 2.
21. Ley 1820 de Amnistía e Indulto. Artículo 51 Parágrafo 1.
22. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y a Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 5.1.3.7. Versión del 24 de Noviembre de 2016.

 

Libros relacionados:

 

Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Edwin Cruz Rodríguez, febrero 2016.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable, octubre 2016.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, (Tercera impresión), enero 2016.

 

Publicado enColombia
Martes, 31 Enero 2017 06:32

La última marcha de las FARC

La última marcha de las FARC

Un paso de la guerrilla colombiana hacia el abandono de las armas

Las filas guerrilleras se están desplazando por centenares desde el fin de semana para llegar hoy a más tardar a las “zonas de normalización” en cumplimiento con el acuerdo de paz negociado con el gobierno de Santos.

 

Hoy culmina, en 26 puntos de Colombia, la última marcha de la guerrilla de las FARC. Este 31 de enero llegarán a los sitios de agrupamiento todos los bloques y frentes rebeldes en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en Bogotá a finales del año pasado y que establece la ruta para la dejación de armas y el tránsito de esa guerrilla a partido político. Aunque muchos de los nuevos campamentos no están construidos y no cuentan aún con agua o vías de acceso, las filas guerrilleras se están desplazando por centenares desde el fin de semana para llegar hoy a más tardar a las llamadas Zonas y Puntos Transitorios de Normalización.


Imágenes de soldados farianos con banderas blancas cruzando ríos, bajando de las montañas nubladas, o atravesando zonas desérticas se observan de norte a sur conmoviendo a su paso por olvidados caseríos donde los campesinos aplauden el fin de la guerra. De acuerdo con Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias “el balance es que los movimientos que arrancaron el domingo se culminaron en la madrugada, otros que son de dos días están en su último tramo y los que estaban programados para el lunes (por ayer) iniciaron. Hay algunas demoras por el clima y las vías, pero estamos avanzando sobre las rutas establecidas”. También la jefa de prensa se refirió a los imprevistos. “Hay que tener en cuenta los imponderables pero esa es la idea”, dijo “Olga” a la prensa ante la pregunta de PáginaI12 sobre si todas las filas guerrilleras estarían hoy concentradas en zonas y puntos del país.


Según la presidencia de Colombia, unos 4 mil guerrilleros estarían ya concentrados en diversas zonas que el acuerdo estableció para que, durante seis meses que empezaron a contar el 1 de diciembre, éstos entreguen a Naciones Unidas su armamento y se conviertan en ciudadanos. Unos 1500 de ellos estarán encargados de la construcción de las zonas.


En el caso de la zona veredal de Tumaco, pacífico colombiano, el comandante Henry Castellanos alias Romaña dijo a la radio que no encontraron construcción alguna en el punto pactado para su estadía hasta mayo. También el Frente 60, que partió de Argelia hacia Buenos Aires, Cauca, asegura que las obras están bastante retrasadas. Por su parte el Bloque Martín Caballero que opera en La Guajira y costa Caribe, dijo mediante un comunicado de prensa que se desplazarán en cumplimiento del compromiso de su comandancia de estar reunidos en las zonas el 31 de enero, pero que en la Zona Pondores no hay condiciones para alojamiento aún.


El que será el último recorrido de los guerrilleros y guerrilleras en armas “representa la marcha hacia la construcción de la esperanza y la paz estable y duradera firmada en los acuerdos de La Habana”, según lo expresó el Bloque agregando que “dejamos constancia que el sitio de llegada no tiene condiciones de vivienda básica, salud, agua potable para cerca de 300 integrantes de las FARC” que están marchando al lugar.


De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el país hay ahora 36 operaciones para movilizar a cerca de 4.394 hombres y mujeres a las zonas. Centenares más se encuentran ya en las zonas veredales. El domingo por ejemplo casi 1000 guerrilleros se movieron por las provincias de Meta, Putumayo y Antioquia realizando recorridos de hasta ocho horas a pie, en bus, camionetas o pequeñas lanchas.


Las zonas de normalización están ubicadas en 25 municipios de Colombia. Al mismo tiempo, se dio inicio a la plan de sustitución de cultivos ilícitos en 40 localidades de Colombia, en el marco de los acuerdos de paz, punto dos: solución al problema de las drogas ilícitas. En este Plan el gobierno colombiano invertirá 1 billón de pesos colombianos que equivalen a unos 500 mil millones de dólares.

Publicado enColombia
El 2017: Arranca con retos de paz mayúscula y movilización

Cada día trae su afán y también cada año. El 2017 despega en medio de la expectativa y las contradicciones e interrogantes por una paz justa. En paralelo, gana más intensidad el accionar político y social y, en todos los niveles mira con afán –en una coyuntura larga y continua– hacia el 2018.

 

Una coyuntura política, social y económica controlada y dinamizada desde los círculos del poder, afanados por sacar múltiples dividendos de la misma, lo que les garantizaría prolongar en nuestro país su poder por más décadas. Como siempre, la coyuntura electoral atomizará mucho más a los sectores populares, dividirá sus expresiones políticas, y debilitará la posibilidad –y necesidad– de una resistencia más activa y propositiva, base de la cual sería la presentación y debate abierto sobre el proyecto de país que la anima. Excusa inicial para ello sería la confrontación al gobierno, tanto por la recién aprobada reforma tributaria, como del mismo salario mínimo, dos ultrajes que afectan a la mayoría de quienes habitan el territorio llamado Colombia.

 

Para la clase en el poder, votar es el factor nuclear y tradicional de aquello que entienden por ‘democracia’, así la (re)legitiman. Así actúan y logran que el conjunto social proceda y concentre su atención, sólo y apenas alrededor de precandidatos y candidatos, sin ninguna o muy poca diferenciación. De esta manera, la confrontación directa al modelo que está haciendo trizas la vida de las mayorías.

 

Santos y su representación del poder necesita y desea, aplazar la lucha popular y el avance de la organización social. Ponerla en suspenso hasta más allá de 2018. Imponerle, hacerla cesar bajo diferentes recursos jurídicos, represivos y de un nuevo Código de Policía, así adolezca en su actual estado, de limitaciones en cuanto a su convocatoria nacional completa y en cuanto a su trascendencia como expresiones íntegras de un “poder popular”.

 

De esta manera, el 2017 tiene un primer reto frente a la distracción e inercia electoral que no arroja al día de hoy un tejido orgánico en el sentir del pueblo: urge que los sectores alternativos tengan agenda propia. Un quehacer que puede contar entre sus activos con la coyuntura electoral, sin quedar restringido o sometido a la misma, mucho menos, si con repetición, se trata de elegir el menor de los males (¿Vargas Lleras?, o la ilusión De la Calle), renunciando así, a un proyecto propio de inmediato, mediano y largo plazo.

 

Concretar este reto suena simple aunque polémico. Más aún bajo la costumbre –insensible a los dramas sociales. Reto, puesto que el atomizado entretejido político social, sin profundidad todavía en una conducción y convicción de poder y de gobierno, tiene entre sus haberes diversas agendas.

 

- Para las Farc y la expresión política que concrete en los próximos meses, su anhelo más profundo es que el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno, se traduzcan en el eje de acción acogido por todo el conjunto social.
- El Eln, por su parte, aspira a algo parecido: que los proyectados diálogos en procura de un acuerdo que desmonte la guerra, referencien como central y con una participación diferente, las preferencias del conjunto social.
- En el caso del Polo Democrático Alternativo y otras organizaciones de “nueva estirpe” y con eje parlamentario, su motivación y razón de ser es la electoral...

 

De este modo, la dispersión de fuerzas que deberían centrarse contra el actual régimen, prosigue. Si la dispersión es tal, es porque ninguno de los actores sociales alcanza la extensión y legitimidad necesarias para enrutar las fuerzas del conjunto social contra un objetivo y directriz central. Esta es una razón. La otra puede ser, que estos actores no logran intuir ni sintonizar con los anhelos de las mayorías nacionales; sus propuestas, aunque bien intencionadas, no son las que despiertan la decisión y el fervor popular por una situación distinta.

 

Así vistas las cosas, si bien el Acuerdo firmado por las Farc es importante y contribuye a un viraje en la situación anímica de lo popular, los mismos no representan sino a una parte de la sociedad. En lo fundamental, a un sector del campesinado, de los indígenas y de las negritudes, para los cuales –tal vez– haya un poco de tierra, y muy seguramente, sí podrán legalizar alguna o buena parte de la tierra donde sobreviven, además de otros beneficios. Logros, muchos de los cuales tienen que ver con garantizar y legitimar la presencia estatal en las otrora zonas de guerra (ver “Acuerdos...” página 16).

 

En este marco –y a pesar del acuerdo de La Habana– queda vigente, la necesidad de seguir luchando por una reforma agraria integral. Reivindicación que no pierde urgencia para la vida de los empobrecidos y despojados del campo. Y también de las ciudades. Territorios en cuyo crecimiento, con una perspectiva humana, deberían ser reorganizados a partir de una visión diferente a la predominante hasta hoy, al respecto del tema del suelo, la conurbación-región, la vivienda, el alimento, el espacio público en general, el empleo, el medio ambiente, y mucho más.

 

En cuanto a la agenda de paz, aunque el Eln supera en no proyectar su exploración y conversación con el Estado por fuera de las luchas cotidianas del conjunto social –como sí mantuvieron o acordaron las Farc en la Mesa de La Habana– tal reconocimiento no asume en la práctica que la lucha por los afanes de cada día es lo que más urge a los sectores populares, los cuales desearían ver y comprobar que las temáticas estructurales ahora sí sean debatidas en la mesa de negociación. No divorciar agenda social cotidiana y mesa de negociación sería un componente sustancial para dinamizar las luchas de resistencia y el proceso reorganizativo de fuerza que debe caracterizar a los movimientos sociales.

 

Lo electoral estará ahí pero no será lo sustancial, como lo denota, una y otra vez la constante abstención que reina en el país, como también la pasividad ciudadana ante este factor de expresión institucional, así como la rabia, la desconfianza en promesas siempre incumplidas, la nulidad del voto, el hastío con los políticos profesionales, y otras manifestaciones de incredulidad en una “democracia” raquítica, insuficiente, que ahonda cada día la desigualdad social; una democracia, que como se ha dicho por mucho tiempo: es “de los mismos con las mismas” (ver “Bandera para izar”, página 20).

 

El camino y la brega por una agenda común

 

Si la dispersión adquiere el gran tamaño visto, si el deseo de liderar el accionar colectivo tiene palos atravesados en el camino y, si la abstención-participación social de la democracia realmente existente es tal y como hemos anotado, ¿qué y cómo hacer para sumar un resultado diferente en la iniciativa popular y la correlación política de fuerzas?

 

Entonces, para el 2017 proponemos, como otra de las tareas por emprender: Constituir un Bloque Popular con raíz e identidades regionales y tallar entre el conjunto social una plataforma de lucha que surja desde abajo. Para avanzar en el Bloque y su cadena de territorios, proponemos al conjunto político y social del activismo, la realización de una ¡Primera Asamblea Nacional del Campo Popular!

 

Una reunión de todos los sectores sociales y no alineados, con sus nuevos liderazgos y con vocación de lucha por un nuevo país, encarada con una agenda abierta. Deliberación y acuerdo que debe proponer como resultado fundamental, un Plan de acción común e inmediato, acordado sin hegemonías ni verticalismos. De no ser posible un acuerdo sobre este particular, deberíamos, como mínimo, dejar aprobados dos propósitos: 1) una metodología para seguir buscando una necesaria coordinación de fuerzas y, 2) unas jornadas locales de protesta que demande del gobierno corrección en su política económica, corrigiendo los simples y repetidos llamados cada año a “paro nacional” sin consecuencia alguna.

 

Este Plan de acción sería diferente a una “plataforma de lucha” elaborada con el método tradicional desde arriba –como orientación de las direcciones políticas. En contrario y como corrección, nos incumbe aportar en la concreción de una consulta nacional más allá de los intereses por la paz, llevada a cabo a lo largo y ancho del país, en un diálogo con las mayorías excluidas de la justicia y la cosa pública. Un modo a través del cual, identifiquemos y retomemos por fin los anhelos de cambio que anidan en lo más profundo de la cotidianidad popular, y un espacio para conversar que sirva como estímulo para volver a creer en la política, de la cual el factor determinante son todas aquellas personas que han terminado excluidas del diseño del país.

 

Obligado recurso para dejar de agitar con prepotencia, el aspecto que cada proyecto político considera, debe ser el eje de la lucha en todas y cada una de las organizaciones populares y lugares. Es decir, izar los objetivos que realmente demanden todos aquellos inconformes y sectores que decimos representar. La Plataforma así tejida con lenguaje común y de calle, de mujeres y de jóvenes, podría traducirse en el programa mínimo para el cambio que denominan las organizaciones políticas.

 

Con seguridad, habrá otra diversidad de propuestas para el 2017-2018 en el debate. Bienvenidas todas, bienvenido el debate, pero dentro de un espacio y tiempo límite, para que la dilación no sea la norma que termine por imponerse. ¡Bienvenido el 2017!, pero con rectificación y cambios en el proceder social y político, para que el avance en el accionar social tenga consolidación y empiece a obtener ventaja.

Publicado enColombia
El 2017: Arranca con retos de paz mayúscula y movilización

Cada día trae su afán y también cada año. El 2017 despega en medio de la expectativa y las contradicciones e interrogantes por una paz justa. En paralelo, gana más intensidad el accionar político y social y, en todos los niveles mira con afán –en una coyuntura larga y continua– hacia el 2018.

 

Una coyuntura política, social y económica controlada y dinamizada desde los círculos del poder, afanados por sacar múltiples dividendos de la misma, lo que les garantizaría prolongar en nuestro país su poder por más décadas. Como siempre, la coyuntura electoral atomizará mucho más a los sectores populares, dividirá sus expresiones políticas, y debilitará la posibilidad –y necesidad– de una resistencia más activa y propositiva, base de la cual sería la presentación y debate abierto sobre el proyecto de país que la anima. Excusa inicial para ello sería la confrontación al gobierno, tanto por la recién aprobada reforma tributaria, como del mismo salario mínimo, dos ultrajes que afectan a la mayoría de quienes habitan el territorio llamado Colombia.

 

Para la clase en el poder, votar es el factor nuclear y tradicional de aquello que entienden por ‘democracia’, así la (re)legitiman. Así actúan y logran que el conjunto social proceda y concentre su atención, sólo y apenas alrededor de precandidatos y candidatos, sin ninguna o muy poca diferenciación. De esta manera, la confrontación directa al modelo que está haciendo trizas la vida de las mayorías.

 

Santos y su representación del poder necesita y desea, aplazar la lucha popular y el avance de la organización social. Ponerla en suspenso hasta más allá de 2018. Imponerle, hacerla cesar bajo diferentes recursos jurídicos, represivos y de un nuevo Código de Policía, así adolezca en su actual estado, de limitaciones en cuanto a su convocatoria nacional completa y en cuanto a su trascendencia como expresiones íntegras de un “poder popular”.

 

De esta manera, el 2017 tiene un primer reto frente a la distracción e inercia electoral que no arroja al día de hoy un tejido orgánico en el sentir del pueblo: urge que los sectores alternativos tengan agenda propia. Un quehacer que puede contar entre sus activos con la coyuntura electoral, sin quedar restringido o sometido a la misma, mucho menos, si con repetición, se trata de elegir el menor de los males (¿Vargas Lleras?, o la ilusión De la Calle), renunciando así, a un proyecto propio de inmediato, mediano y largo plazo.

 

Concretar este reto suena simple aunque polémico. Más aún bajo la costumbre –insensible a los dramas sociales. Reto, puesto que el atomizado entretejido político social, sin profundidad todavía en una conducción y convicción de poder y de gobierno, tiene entre sus haberes diversas agendas.

 

- Para las Farc y la expresión política que concrete en los próximos meses, su anhelo más profundo es que el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno, se traduzcan en el eje de acción acogido por todo el conjunto social.
- El Eln, por su parte, aspira a algo parecido: que los proyectados diálogos en procura de un acuerdo que desmonte la guerra, referencien como central y con una participación diferente, las preferencias del conjunto social.
- En el caso del Polo Democrático Alternativo y otras organizaciones de “nueva estirpe” y con eje parlamentario, su motivación y razón de ser es la electoral...

 

De este modo, la dispersión de fuerzas que deberían centrarse contra el actual régimen, prosigue. Si la dispersión es tal, es porque ninguno de los actores sociales alcanza la extensión y legitimidad necesarias para enrutar las fuerzas del conjunto social contra un objetivo y directriz central. Esta es una razón. La otra puede ser, que estos actores no logran intuir ni sintonizar con los anhelos de las mayorías nacionales; sus propuestas, aunque bien intencionadas, no son las que despiertan la decisión y el fervor popular por una situación distinta.

 

Así vistas las cosas, si bien el Acuerdo firmado por las Farc es importante y contribuye a un viraje en la situación anímica de lo popular, los mismos no representan sino a una parte de la sociedad. En lo fundamental, a un sector del campesinado, de los indígenas y de las negritudes, para los cuales –tal vez– haya un poco de tierra, y muy seguramente, sí podrán legalizar alguna o buena parte de la tierra donde sobreviven, además de otros beneficios. Logros, muchos de los cuales tienen que ver con garantizar y legitimar la presencia estatal en las otrora zonas de guerra (ver “Acuerdos...” página 16).

 

En este marco –y a pesar del acuerdo de La Habana– queda vigente, la necesidad de seguir luchando por una reforma agraria integral. Reivindicación que no pierde urgencia para la vida de los empobrecidos y despojados del campo. Y también de las ciudades. Territorios en cuyo crecimiento, con una perspectiva humana, deberían ser reorganizados a partir de una visión diferente a la predominante hasta hoy, al respecto del tema del suelo, la conurbación-región, la vivienda, el alimento, el espacio público en general, el empleo, el medio ambiente, y mucho más.

 

En cuanto a la agenda de paz, aunque el Eln supera en no proyectar su exploración y conversación con el Estado por fuera de las luchas cotidianas del conjunto social –como sí mantuvieron o acordaron las Farc en la Mesa de La Habana– tal reconocimiento no asume en la práctica que la lucha por los afanes de cada día es lo que más urge a los sectores populares, los cuales desearían ver y comprobar que las temáticas estructurales ahora sí sean debatidas en la mesa de negociación. No divorciar agenda social cotidiana y mesa de negociación sería un componente sustancial para dinamizar las luchas de resistencia y el proceso reorganizativo de fuerza que debe caracterizar a los movimientos sociales.

 

Lo electoral estará ahí pero no será lo sustancial, como lo denota, una y otra vez la constante abstención que reina en el país, como también la pasividad ciudadana ante este factor de expresión institucional, así como la rabia, la desconfianza en promesas siempre incumplidas, la nulidad del voto, el hastío con los políticos profesionales, y otras manifestaciones de incredulidad en una “democracia” raquítica, insuficiente, que ahonda cada día la desigualdad social; una democracia, que como se ha dicho por mucho tiempo: es “de los mismos con las mismas” (ver “Bandera para izar”, página 20).

 

El camino y la brega por una agenda común

 

Si la dispersión adquiere el gran tamaño visto, si el deseo de liderar el accionar colectivo tiene palos atravesados en el camino y, si la abstención-participación social de la democracia realmente existente es tal y como hemos anotado, ¿qué y cómo hacer para sumar un resultado diferente en la iniciativa popular y la correlación política de fuerzas?

 

Entonces, para el 2017 proponemos, como otra de las tareas por emprender: Constituir un Bloque Popular con raíz e identidades regionales y tallar entre el conjunto social una plataforma de lucha que surja desde abajo. Para avanzar en el Bloque y su cadena de territorios, proponemos al conjunto político y social del activismo, la realización de una ¡Primera Asamblea Nacional del Campo Popular!

 

Una reunión de todos los sectores sociales y no alineados, con sus nuevos liderazgos y con vocación de lucha por un nuevo país, encarada con una agenda abierta. Deliberación y acuerdo que debe proponer como resultado fundamental, un Plan de acción común e inmediato, acordado sin hegemonías ni verticalismos. De no ser posible un acuerdo sobre este particular, deberíamos, como mínimo, dejar aprobados dos propósitos: 1) una metodología para seguir buscando una necesaria coordinación de fuerzas y, 2) unas jornadas locales de protesta que demande del gobierno corrección en su política económica, corrigiendo los simples y repetidos llamados cada año a “paro nacional” sin consecuencia alguna.

 

Este Plan de acción sería diferente a una “plataforma de lucha” elaborada con el método tradicional desde arriba –como orientación de las direcciones políticas. En contrario y como corrección, nos incumbe aportar en la concreción de una consulta nacional más allá de los intereses por la paz, llevada a cabo a lo largo y ancho del país, en un diálogo con las mayorías excluidas de la justicia y la cosa pública. Un modo a través del cual, identifiquemos y retomemos por fin los anhelos de cambio que anidan en lo más profundo de la cotidianidad popular, y un espacio para conversar que sirva como estímulo para volver a creer en la política, de la cual el factor determinante son todas aquellas personas que han terminado excluidas del diseño del país.

 

Obligado recurso para dejar de agitar con prepotencia, el aspecto que cada proyecto político considera, debe ser el eje de la lucha en todas y cada una de las organizaciones populares y lugares. Es decir, izar los objetivos que realmente demanden todos aquellos inconformes y sectores que decimos representar. La Plataforma así tejida con lenguaje común y de calle, de mujeres y de jóvenes, podría traducirse en el programa mínimo para el cambio que denominan las organizaciones políticas.

 

Con seguridad, habrá otra diversidad de propuestas para el 2017-2018 en el debate. Bienvenidas todas, bienvenido el debate, pero dentro de un espacio y tiempo límite, para que la dilación no sea la norma que termine por imponerse. ¡Bienvenido el 2017!, pero con rectificación y cambios en el proceder social y político, para que el avance en el accionar social tenga consolidación y empiece a obtener ventaja.

Publicado enEdición Nº231
Enfrentamientos armados entre la dirección de las FARC y los disidentes por el proceso de paz

La lucha entre ambos grupos se salda con al menos cuatro muertos. La batalla se produce como represalia contra los miembros de la guerrilla que se niegan a desmovilizarse y se unen a las bandas del narcotrafico.

 

La dirección de las FARC ha ordenado la “neutralización” de los disidentes de la guerrilla que están constituyendo bandas autónomas.Esto se produce después de que bandas se lleven dinero, armamento e información en diferentes zonas de Colombia.


El pasado día 12, guerrilleros de la columna móvil “Teófilo Forero”, una de las más activas de las FARC en los últimos años, llegaron a una finca del Caquetá donde se encontraban reunidos unos 15 guerrilleros que habían abandonado su punto de preconcentración para crear una propia banda con objeto de vincularse a la mafia del narcotráfico. Tras una violenta discusión, en la que se exigió a los desertores entregar armamento y uniformes, se estableció un tiroteo en el que murieron al menos dos miembros de la banda disidente, las victimas fueron enterrados en el lugar de los hechos por los propios miembros de la guerrilla. Estos guerrilleros pertenecían al Frente 14 que operó en el departamento del Caquetá, fuertemente relacionado con el narcotráfico.


Este incidente se suma al del pasado 12 de Noviembre, en Tumaco,donde fallecieron dos disidentes y otros dos resultaron heridos. Uno de los muertos fue “Don Y” jefe guerrillero que no quiso someterse al proceso de paz y creo un grupo propio.
El Secretariado de las FARC, en sus entrevistas con 'Público' siempre minimizó la existencia de enemigos del desarme y la desmovilización entre sus filas.En esta misma línea se manifestó en La Habana su segundo jefe Pablo Catatumbo. Mientras tanto otros miembros del Estado Mayor viajaban a visitar los Frentes y pulsar los ánimos de los mandos intermedios y la tropa.


Según cifras que aporta la Fundación Paz y Reconciliación, ya son unos 500 los efectivos de la insurgencia los que se han declarado en rebeldía respecto un con proceso de paz que significa su conversión a la vida civil en los próximos seis meses. Los grupos prefieren seguir con actividades ilegales lucrativas y están aliándose con bandas de delincuentes organizados. De esta forma mantienen, entre otras zonas, el corredor del Guaviare, por donde circulan toneladas de cocaina, coltán y oro hacia las fronteras con Brasil y Venezuela, por donde ingresan armas y dinero sucio.


Guerrilleros y milicianos de las FARC buscan estos días al “gran traidor” de entre sus filas. Este guerrillero es Miguel Botache, conocido como “Gentil Duarte”, tiene 57 años y lleva 36 en las FARC, 20 de ellos como Comandante y miembro del Estado Mayor. A mediados del año pasado fue llamado a La Habana, donde participó como representante de las FARC en las mesas de negociación con el Gobierno sobre el problema del narcotráfico. Tras esto participó en la última Conferencia guerrillera en el Yari, dónde mostró siempre una fuerte adhesión al proceso de paz. Precisamente por esto fue enviado por el Secretariado de la guerrilla, para controlar y acabar con la peligrosa disidencia que empezó a manifestarse en el Frente 1º.


Para sorpresa de todos “Gentil Duarte” al llegar a la zona de operaciones se puso a la cabeza de la escisión. La última vez que se le vio salía del Corregimiento de Santa Bárbara con tres camionetas blindadas, sus escoltas y una maleta con 3.000 millones de pesos (un millón de Euros).


Colombia se enfrenta en este inicio del “postacuerdo” o “postconflicto” a la incapacidad del Estado y la ilegalidad de ocupar los territorios que está abandonando la guerrilla y que están ocupando paramilitares, las llamadas “Bandas Criminales”. Estas bandas son grupos irregulares, el ELN y en general la delincuencia organizada.


Según los analistas de 'Semana' las principales causas del fenómeno disidente respecto al proceso de paz son en primer lugar la ambición personal, después de manejar fondos irregulares y de tener poder en determinadas zonas, los guerrilleros tienen que pasar a ser ciudadanos rasos, devolverlo todo y declarar la verdad sobre su actuación. Otra de las causas radica en la incertidumbre sobre el futuro, el temor a que el Estado no cumpla con las ayudas prometidas para los desmovilizados, que no haya seguridad jurídica y que los beneficios del acuerdo no sean rentables respecto a su vida actual. A esto se suma el descontento de los mandos medios para los que los acuerdos de paz son buenos para las cabezas, quienes pasarán a tener un protagonismo político, y para los guerrilleros de base, que serán inmediatamente amnistiados. Estos guerrilleros además tendrán que responder por delitos que ante la Justicia Especial, lo que les pueden ocasionar ocho años de restricción de libertad. Estos mandos están formados por cerca de 500 hombres y carecen de cualquier formación, según diversas fuentes.


El ministro de Defensa condenó ayer las represalias armadas de la guerrilla contra sus disidentes. Por otro lado fuentes de las FARC sostienen que el acuerdo de cese al fuego bilateral tiene como objetivo la suspensión de hostilidades contra las fuerzas del Estado, mientras que actuar contra los que tratan de enmascararse en nuevas bandas armadas usando los medios propiedad de la guerrilla, es legítimo para una organización que todavía no se ha disuelto, y va a favor de la consolidación proceso de paz.

Publicado enColombia
Miércoles, 04 Enero 2017 07:37

El gobierno de transición a la paz.

El gobierno de transición a la paz.

La transición en los regímenes políticos es un tema objeto de amplia reflexión en la Ciencia política. La literatura sobre la materia es abundante y el análisis correspondiente cuenta con especialistas muy reputados, como Guillermo O’Donnell, politólogo argentino, con importantes aportes sobre la materia a propósito de las transiciones desde el autoritarismo a la democracia liberal en Argentina, Chile, Brasil y los Estados del Sur de Europa, en las décadas finales del siglo XX.


En su importante intervención en el Teatro Colon de Bogotá, el pasado 24 de noviembre, el Comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, con ocasión de la firma del Acuerdo definitivo de paz, planteo la hipótesis de la proyección de un gobierno de transición para la paz.


Una transición, al decir de los expertos, es el paso de un sistema a otro. En este caso, nos encontramos en el camino de la superación del régimen de violencia que predomino por más de 5 décadas en la historia colombiana, y en la tarea de construir la paz, que ha dado sus primeros pasos con la “paz negativa” (Galtung), como ausencia de la guerra, por la efectividad del Cese bilateral del fuego y hostilidades entre las partes. Hay aún, obviamente, elementos de una “paz imperfecta”, dada las dificultades que registran las negociaciones con el ELN y el EPL.


La “paz positiva” con derechos, equidad, democracia ampliada, sin neoliberalismo, con unas Fuerzas Armadas comprometidas en la erradicación de la violencia, sin matanza de líderes sociales y con una justicia especial, demanda un nuevo edificio institucional, una gobernabilidad y gobernanza comprometida con los pactos y consensos establecidos entre el Estado y la insurgencia agraria.


Por encima de sesgos ideológicos o de prejuicios políticos, tal infraestructura ya está en curso. El Fast Track es el axial que pivota el nuevo andamiaje de la no violencia al hacer realidad las instituciones y las reglas correspondientes. Ya ha sido aprobada la Ley de amnistía e indulto y en los próximos días será creada la Jurisdicción especial de paz, el Tribunal respectivo, con la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los desaparecidos.
Para reforzar esa arquitectura transicional, el evento de mayor trascendencia debe ocurrir durante las próximas semanas para aprobar el Acto Legislativo que dispone que La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:


Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.


Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 (Ver http://bit.ly/2difGiL) y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.


Por el Fast Track, el Presidente Juan Manuel Santos, tiene facultades extraordinarias, para que vía decretos y documentos Conpes, se implementen los otros consensos que ya cuentan con una importante red de instituciones en las Comisiones de seguimiento, reincorporación y verificación.


Transición, no restauración (Ver http://bit.ly/2hPgDLW), es la ruta de la consolidación de la paz.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@duque_2016

Publicado enColombia
Lunes, 02 Enero 2017 08:47

La paz territorial en Antioquia.

La paz territorial en Antioquia.

La construcción territorial de la paz ya está en curso, como parte de la misma el gobierno nacional expidió 27 decretos (Ver http://bit.ly/2i1ykZm ) para organizar los espacios de ubicación de los integrantes de las Farc en su transición a la movilización política y social con el fin de hacer realidad la “paz positiva” con derechos y justicia social efectiva para las comunidades y las familias campesinas, que supere el enfoque de la simple “paz negativa” como ausencia de guerra y la “paz imperfecta”.


Para el departamento de Antioquia han sido expedidos los decretos 2010, 2016 y 2025, que trazan las regulaciones de los territorios de paz en Ituango, Remedios, Yondo y Anorí.


Pero como la aplicación de los acuerdos de paz presenta demoras, la llegada de los combatientes guerrilleros ha registrado dificultades debiendo conformarse, por el momento, 11 Puntos de Preagrupamientos Temporal/PPT, en el caso de la región antioqueña.


La paz y su implementación, tiene en el enfoque territorial un elemento bastante sensible. Es en los espacios geográficos en los que la realidad de la paz se visualiza mejor usando conceptos como terreno, bloque, región, localidad, vereda, municipio, departamento, que simbolizan el espacio donde se juega la hegemonía popular y nacional. Hablar de topografía es hacerlo de clases sociales, de formas de propiedad, de enclaves militares, de medios de comunicación, de rebaños religiosos y de grupos culturales.


En esos espacios se dan procesos que conforman la correlación de fuerzas en los ámbitos social, normativo y político.


Es en los espacios regionales donde se asientan los dominios políticos, ideológicos y militares de las oligarquías tradicionales. Es allí donde se despliega con mucha eficacia la violencia, la coerción, la manipulación y subordinación del pueblo.


En este caso concreto, nos referimos a un departamento con 63.600 kilómetros cuadrados; casi 7 millones de habitantes; 125 municipios; un Área Metropolitana de 4 millones de habitantes; y 9 sub regiones.


Con un enorme dispositivo militar centralizado en la Séptima División del Ejército que tiene bajo su mando las brigadas 4, 11, 17, Brigada de Selva 15, la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. A lo que se agregan los dispositivos de policía, Marina y Fuerza Aérea con una base estratégica en Rio Negro.


La transformación de las Farc en una fuerza política y civil en Antioquia está ocasionando un alto impacto regional, provocando el nerviosismo de una elite política bastante reaccionaria y corrupta que se niega a la democracia ampliada y la paz.


Su rechazo a los desarrollos de la paz se está expresando por boca del gobernador Luis Pérez, quien aún no se acostumbra a la democracia ampliada, y por eso acude a la mentira y difamación para lanzar acusaciones falsas sobre prostitución infantil, desorden público, con consumo desproporcionado de licor, e intimidaciones a la población civil y a las autoridades municipales por los militantes de las Farc, aseveraciones que los propios alcaldes han rechazado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU ha desmentido con investigaciones profesionalmente documentadas.


Luis Pérez está utilizando la democracia y los medios de comunicación para engañar, para insultar y agredir, evitando la controversia y el debate pluralista sobre el histórico proceso de paz y sus proyecciones en el departamento de Antioquia.


Rectifique gobernador, sigue usted con el mismo lenguaje politiquero de los últimos 100 años. Juéguele limpio y con transparencia a la paz.
Para evitar esta grotesca manipulación politiquera, en la que ya se infiltro, obviamente el caballista del Ubérrimo, con sus consabidas intrigas, varias organizaciones sociales, científicas, universitarias, religiosas, empresariales, académicas, sindicales, femeninas y democráticas, hemos organizado una Veeduría de control ciudadano al proceso de paz en Antioquia para acompañar su correcta implementación mediante propuestas e iniciativas que hagan una realidad la paz para los antioqueños.


Pedimos tener presencia en la Comisión que desde este martes 3 de enero/2017 ira a los 11 Puntos de Preagrupamiento de Paz de Antioquia, integrada por Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria Departamental de Gobierno, Luis Guillermo Pardo, Asesor de Paz, Tatiana Gutiérrez, Gerente de Paz de la Gobernación y el Coronel de la Policía Nacional, Wilson Pardo, comandante de la Policía, quien de acuerdo con los Protocolos debe ir de civil a las zonas de localización de las Farc.


En ese sentido, para que no se diga que nos oponemos a todo con el fin de sabotear el funcionamiento del gobierno departamental, encontramos oportuna y acorde con los pactos agrarios de paz, el proyecto de Luis Pérez de conformar una Empresa de Desarrollo Agroindustrial para Antioquia (Ver http://bit.ly/2i1ykIO ), como parte del actual Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensar en Grande” (Ver http://bit.ly/1QYp6wx ); es muy buena idea que esperamos tenga un gran énfasis en la Innovación social con importantes avances en Medellín y el Área Metropolitana del Aburra (Ver http://bit.ly/1LS0DAm ).


En igual sentido nos parecen oportunas las medidas proyectadas para resolver los graves problemas financieros de SaviaSalud (Ver http://bit.ly/2ioQpDZ ), arruinada por el saqueo de los politiqueros de Antioquia, pues su hueco fiscal es casi de un billón de pesos afectando hospitales, médicos, enfermeros y, por supuesto, a miles de personas en condiciones de extrema pobreza, con graves problemas de salud.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
@duque_2016

Publicado enColombia
Ley 1280 de 2016 de Amnistía e indulto. ¡Viva la paz! Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas y populares.

Tenemos histórica Ley de amnistía e indulto para miles de prisioneros políticos de la resistencia agraria y popular.

Fue sancionada, hoy 31 de diciembre del año 2016, por el Presidente Juan Manuel Santos la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Es la Ley 1280 del 2016.

Se trata de un formidable acontecimiento que materializa la paz democrática y las garantías a los combatientes revolucionarios de la resistencia agraria y popular.

Tenemos que exigir a jueces, fiscales y funcionarios del Inpec su inmediato cumplimiento, otorgando la libertad a miles de presos políticos y líderes populares encarcelados con artimañas y maniobras fascistas desde hace muchos años.

Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas!.

¡Que se abran las cárceles, ya!

Para hacer efectiva esta conquista es prioritario estudiarla, analizarla, conocerla y utilizarla.

En principios miremos su objeto, su alcance, su ámbito de aplicación y principios fundamentales.

Hay que saber que un complemento de esta histórica Ley es el Acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de paz, que debe tramitarse en los primeros días de enero en los términos del Fast Track.

La Ley incluye un artículo especial que refrenda los Acuerdos de paz en los términos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, autorizando el Fast Track.

Objeto.

La ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Ámbito de aplicación.

La ley se aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica. En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica.

Alcance.

Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Del mismo modo, se aplicarán respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Principios aplicables.

La filosofía de la Amnistía e indulto.

Derecho a la paz.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla.

Integralidad.

Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos de las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos especiales de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Lo anterior se aplicará del mismo modo respecto de todas las sanciones administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Prevalencia.

Las amnistías, indultos y los tratamientos penales tales como la extinción de responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal establecidos en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a este. La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las Farp-Ep o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 sobre extinción de dominio. En lo que respecta a la sanción disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

Reconocimiento del delito político.

Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible. En virtud de la naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Los agentes del estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta Ley.

Deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar.

Lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz.

Favorabilidad.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se deriven de la presente Ley, se respetarán los principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa. Seguridad Jurídica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de la presente ley tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y duradera. Éstas sólo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma.

Esta filosofía lo que pone en evidencia es el carácter social y político de la rebelión y resistencia de los campesinos y sectores populares de nuestra nación.

Manos a la obra.

Publicado enColombia