Jueves, 29 Diciembre 2016 09:35

Guatemala: veinte años de paz secuestrada

Guatemala: veinte años de paz secuestrada

El país conmemora el 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno (1960 – 1996). Las desigualdades y la falta de justicia social palpitan en un país que no ha cerrado las brechas que originaron el enfrentamiento que dejó más de 200.000 víctimas mortales, en su mayoría indígenas.

 

CIUDAD DE GUATEMALA.- La noche del 25 de abril de 1982 soldados del Ejército de Guatemala con ropa de civil se presentaron en la aldea Chipiacul, en el departamento de Chimaltenango. “Agarraron a las personas en el salón comunal, les dispararon y les prendieron fuego. Los que pudimos, huimos esa noche por la montaña. Al día siguiente regresamos y el Ejército nos reunió a todos en el mismo salón donde estaban los muertos y nos dijeron 'esto es lo que pasa por estar con la guerrilla'. Los que pudimos, huimos una vez más a la montaña”.

Los hechos que relata Celestina Patal (54 años) se repitieron sistemáticamente durante los años más sangrientos del conflicto armado guatemalteco, que dejó hasta un millón y medio de desplazados y 200.000 muertos, el 93% a manos del Ejército y los grupos paramilitares, según las estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por Naciones Unidas.

Casi la mitad de los hombres y mujeres de Guatemala están hechos de maíz, como evoca la tradición maya. La población indígena constituye más del 40 % de un total de 16 millones de habitantes en un país eminentemente rural. Ser indígena y ser pobre van de la mano. El 59 % de la población es pobre y el 79 % de los pobres son indígenas que sobreviven con unos 3,5 euros al día, según la última encuesta oficial de condiciones de vida. Los niños de maíz se mueren de hambre. La desnutrición infantil crónica (que se prolonga y genera retrasos en el crecimiento) afecta al 48 % de los menores de cinco años, la cifra más elevada de todos los países de Centroamérica con diferencia.

“El modelo que ha regido históricamente la economía de Guatemala no atiende a las necesidades internas, sino que se adapta a la demanda del mercado internacional”, asegura el historiador Gustavo Palma. “Tanto la tierra como la población, especialmente la indígena, han sido consideradas como los pies sobre los que se ha venido construyendo un modelo extractivista y de beneficio para escasos grupos sociales”.

Durante el conflicto armado interno, el 83% de las víctimas fueron indígenas maya. Celestina Patal pertenece al grupo kaqchikel, fue maestra en diferentes lugares y durante los años más crueles no pudo evitar toparse constantemente con la violencia extrema. “Las comunidades comenzaron a despertar y querer tener agua potable, una escuela, caminos. Ahí es cuando el Ejército dijo 'son comunistas, son guerrilleros, acabemos con ellos'”.

En el contexto de la Guerra Fría, el miedo a la expansión del comunismo se convirtió en la excusa para reprimir las demandas sociales de los sectores más desfavorecidos.Varios grupos guerrilleros habían encontrado en la desigualdad el caldo de cultivo idóneo para lograr fuerza, alimento y cobijo.

Los sandinistas habían alcanzado en poder en Nicaragua en 1979 y otras guerrillas contagiaban los ideales de izquierda por Centroamérica. Los intereses norteamericanos ya habían servido para orquestar un golpe de estado en Guatemala en 1954. El segundo presidente democráticamente electo del país, Jacobo Árbenz, trató de impulsar una ley de reforma agraria que levantó ampollas entre las élites económicas y puso en jaque los intereses comerciales de la United Fruit Company, el monopolio norteamericano de siembra y comercialización de banano en América Latina. La CIA tumbó su gobierno y se encargó de aupar al poder a un régimen que deshizo los avances liberales de la década anterior.

Raquel Zelaya participó en las negociaciones y firmó los Acuerdos de Paz de 1996 en representación del Gobierno: “¿Cuáles fueron las causas del enfrentamiento? Muchos creemos que fue un escenario de Guerra Fría. Otros hablan de pobreza y exclusión, pero no se puede negar que fuimos escenario de Guerra Fría con condiciones que se prestaban al enfrentamiento”.

Aunque la lucha se prolongó durante 36 años, los picos más elevados de violencia se concentraron entre 1980 y 1983, con los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.Durante este periodo se obligó a la población local a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil encargadas de combatir la insurgencia, convirtiendo a los vecinos en cómplices forzosos de la violencia. Este fue el caso de Chipiacul, la aldea de Celestina Patal, donde los propios civiles asesinados en el salón comunal eran quienes habían sido reclutados para patrullar aquella noche.

También se puso en marcha la estrategia de “tierra arrasada” que pretendía eliminar cualquier recurso que pudiese aprovechar el enemigo y que en la práctica supuso la aniquilación de comunidades enteras. Los métodos de represión empleados por el Ejército y los grupos paramilitares fueron atroces. “Según el testimonio de mi prima, en la comunidad de El Sitio atraparon a quince hombres y una mujer. A los señores los amarraron de las manos y del cuello detrás de un convoy con alambres de púas y los arrastraron hasta matarlos. Veinte años después los encontraron en una fosa”, relata Celestina Patal.

Muchas de estas masacres están meticulosamente documentadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y por instituciones como la Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala (FAFG), que ha recuperado más de 5.500 cadáveres en fosas comunes y ha identificado a más de 2.000 víctimas.

En 1996 culminaron las negociaciones de paz entre representantes del Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinaba las cuatro principales facciones de la guerrilla. Para Gustavo Palma, los Acuerdos fueron posibles por la presión internacional. En particular, “porque Estados Unidos ya no quería tener problemas en su patio trasero”. Raquel Zelaya comparte esa opinión: “Los norteamericanos entrenaron al Ejército guatemalteco para cometer las peores atrocidades y, de repente, aparecieron un día con el rollo de los Derechos Humanos”.

Además de decretar el cese de la violencia, que ambos bandos respetaron, los doce pactos suscritos sentaban las bases para abordar problemas estructurales del país como el reparto de la tierra o el racismo. Sin embargo, los buenos propósitos chocaron con un modelo económico extractivista y agroexportador que los convirtió en papel mojado. Después de veinte años los problemas sociales que avivaron el conflicto persisten y los índices de pobreza y hambre no han mejorado.

Tampoco lo han hecho las cifras de violencia, que han alcanzado el nivel de pandemia de la mano de las maras y el narcotráfico. En 2015 hubo 5.718 asesinatos, casi 500 al mes, según Amnistía Internacional. Junto a Honduras y El Salvador, Guatemala conforma el Triángulo Norte, una de las regiones más violentas del mundo. “Los sectores que viven en los márgenes están preocupados por sobrevivir. Eso les mantiene ocupados y les impide involucrarse en otra cosa. La gente sale a la calle y lo primero que hace es santiguarse esperando regresar en la noche. La supervivencia y el miedo operan en términos de contención social”, subraya Palma.

Para cerrar las heridas del conflicto también hay que hacer justicia. “Los testimonios de las víctimas han sido silenciados, desmentidos o negados por algunos sectores de la sociedad.Cuando hallamos fosas y constatamos las condiciones en las que quedaron los cadáveres los testimonios adquieren una nueva relevancia porque hay una verdad social que se vuelve innegable”, asegura el subdirector ejecutivo de FAFG, José Suasnavar. La institución contribuye desde el ámbito científico a cimentar los principios de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación.


La verdad avanza caso a caso en Guatemala. Este mismo año un tribunal condenó a cientos de años de prisión a dos militares por crímenes contra la humanidad. Abusaron sexualmente y forzaron a la esclavitud a 25 mujeres maya q’eqchi en el destacamento militar de Sepur Zarco. Catorce de las supervivientes decidieron romper el silencio iniciando un proceso en el que por primera vez en Latinoamérica los delitos sexuales se juzgaron como crímenes de lesa humanidad.

En 2013 el Estado guatemalteco se sentó en el banquillo junto al general Ríos Montt, presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983. El mandatario fue acusado y condenado por genocidio por la masacre de Dos Erres, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia porque la jueza decidió seguir adelante sin atender el recurso presentado por la institución.

Sin embargo, no todos aceptan que en Guatemala hubiera genocidio: “Lo que pasó no se puede negar, está documentado. Pero lo que hubo fue una guerra ideológica. Querer meter la cuña étnica omite la responsabilidad de los Estados Unidos”, defiende Zelaya. Pese a que la Ley de Reconciliación establece que el genocidio y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, ella dio por hecho que nada se iba a juzgar. “Nadie firma la paz para irse preso. No estaba firmado, no estaba hablado, pero era un sobreentendido”.

La signataria también cuestiona que la idea de juzgar a Ríos Montt naciera dentro del país y considera que fue “un experimento de la comunidad internacional”. No obstante, el caso evidencia que la fractura interna existe y perpetúa la injusticia social en el país.

El racismo sostiene las condiciones de pobreza y viceversa. Los hombres y mujeres que cuidan el maíz, alimento sagrado maya, siguen poblando los márgenes de la sociedad. Después de relatar la barbarie cometida contra su pueblo, Celestina concluye: “La paz se ha firmado, pero la violencia no ha parado, es distinta. La gente no tiene servicios básicos, las mujeres mueren, los niños mueren de hambre, la gente no tiene tierra, las familias no tienen trabajo. El ciclo de la pobreza no termina”.


28/12/2016 - 17:11h

Publicado enInternacional
Creacion de la Comision de Implementacion, seguimiento y verificación

Implementación, verificación y refrendación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, adoptan el siguiente acuerdo de creación de la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General de 26 de agosto de 2012. 6.1 Mecanismos de implementación y verificación a. Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prorroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente y por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa Conversaciones de La Habana. b. Objetivos de la Comisión. Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de implementación. c. La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad. La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz.

Plan Marco.


Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.


Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación con enfoque de género y étnico. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar. A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes. Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el acto legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.


Medidas de implementación temprana.


Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana (D+1 hasta D+180) que presentará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.


Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.


Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno: • Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET. • Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET. • Los planes de desarrollo departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.


Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos

 

• Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. • El Gobierno Nacional y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional. • Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregaran a los fondos dispuestos por el gobierno para esos fines. • En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP. • En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución


Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.


Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación


Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.


El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas: • Mapas interactivos de seguimiento: se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos: sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos. • Mecanismos de rendición periódica de cuentas: se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos. • Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia: en concordancia con lo acordado en el punto 2.2.5 se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET. • Herramientas de las nuevas tecnologías de información: asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia. • Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción. • Mecanismo especial para la denuncia ciudadana: en el marco de lo acordado en el punto 2.2.5. se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo. • Fortalecimiento de los mecanismos de control interno: se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado. • Acompañamiento especial de los órganos de control: Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

Funciones de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)

La CSVR tendrá las siguientes funciones:


• Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera. • Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas. • Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V. En particular, la CSVR deberá: o Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final. o Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por Presidente de la República. Para estos efectos se tendrá en cuenta el listado indicativo y no exhaustivo de proyectos incluido como anexo del presente acuerdo. o Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final. o Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana. o Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos. • La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. • Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CVSR en el Acuerdo Final.

Composición


La CSVR estará compuesta por tres delegados/as del Gobierno Nacional, tres delegados de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y contará el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela. La CSVR contará con una secretaria técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. A las reuniones de la comisión podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.


CSVR Ampliada


Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSVR realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde. La CSVR presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.
Ubicación y Temporalidad


La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSVR sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido en este acuerdo.


Inicio de la implementación del Acuerdo Final


Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 11 de mayo de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2016.

Prioridades para la implementación normativa


Conforme a los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la Mesa de Conversaciones, y en especial los de los días 11 mayo y 19 de agosto de 2016, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto legislativo 1 de 2016: a. Ley de amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la PAZ, la Constitución Política, según acuerdos de 11 de mayo y 19 de agosto de 2016. b. Ley de aprobación del Acuerdo Final, según acuerdo de 11 de mayo de 2016. c. Las tres normas anteriores se tramitarán simultáneamente. d. Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, según acuerdo de 11 de mayo de 2016. e. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dado por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. f. Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo. Incorporación a la constitución de la prohibición, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares. g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos. h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del articulo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política. j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación. k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Pan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

Calendario de implementación normativa.


Durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el acto legislativo 1 de 2016 a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito. b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión. c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz. d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio. e. Reforma del Sistema de alertas tempranas. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 178 de 297 f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas. g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz. h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humano, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social. j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía la sociedad en especial, de las comunidades de las circunscripciones especiales de paz. k. Ley y/ o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción. l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia. n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Implementación prioritaria: Para implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), los siguientes temas: a. Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata. b. Definición de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas c. Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas. d. Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final. e. Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. f. Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía g. Convocatoria de una Conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas. h. Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas de regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC EP a la vida política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo, antes de la fecha de realización del plebiscito de refrendación popular del Acuerdo Final. i. Elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos. j. Zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata.


Consideraciones.


Que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones. Considerando que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.


Principios.


En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, incluyen los contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y /o tradicionalmente. 6.1.12.3. Salvaguardas y garantías Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final del Conflicto de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos. a. En materia de Reforma Rural Integral En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras. Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos. • Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos. b. En materia de participación. Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios. c. En materia de Garantías de Seguridad del punto 3.4 Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona. d. En materia de solución del problema de drogas ilícitas. • Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello. • En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento. • El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia, los del Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare, el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta, así como en el municipio de Tumaco río Chagüí y el del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca. • Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo EmberaKatío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.
e. En materia de víctimas del conflicto:“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” • El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes. • En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda. • En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas. • Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto. f. En materia de Implementación y Verificación • Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen. • Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.


Componente internacional de verificación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)El punto 6 del Acuerdo General para el fin del conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, señala que a la firma del acuerdo final, se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Sobre esta base, el Gobierno y las FARC-EP, acuerdan la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que a su vez, es parte del mecanismo de implementación de los acuerdos y tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación. En este mecanismo la verificación consistirá en el análisis de la información recolectada durante el proceso de monitoreo, con el fin de constatar el cumplimiento o no de los acuerdos. Establecerá cuáles son los avances en la implementación, cuáles son los temas en desarrollo y cuáles son los puntos de discusión y controversia, para que producto de esa caracterización y elementos de juicio, soportada en la constatación de datos y hechos, se evalúe el cumplimiento de lo acordado y las medidas de solución que tengan como fin último, su debida implementación.

Criterios orientadores del mecanismode verificación El Gobierno Nacional y las FARC-EP, acuerdan los siguientes criterios que regirán los procedimientos de verificación: • Verificación: será rigurosa en la comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia. • Objetividad: todo informe o pronunciamiento que rinda el mecanismo de verificación, estará rigurosamente soportado en datos y hechos. • Correspondencia: el esfuerzo de verificación que adelante el mecanismo corresponderá exactamente a las materias y contenidos de que trata el acuerdo que pone fin al conflicto y que fueron pactados en la mesa de diálogo, tomando en cuenta criterios de bilateralidad. • Enfoque diferencial y de género: se verificará el impacto diferencial y de género en cada uno de los acuerdos. • Enfoque intersectorial e integral: el proceso de verificación se apoyará en la información suministrada por el componente internacional de acompañamiento, el componente técnico y la que suministren los representantes del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y los voceros de las organizaciones sociales. • Acceso a la información: para realizar la labor de verificación, el mecanismo de verificación tendrá acceso a la información requerida en materia de implementación de los acuerdos, que se encuentre en las agencias, entidades del estado y mecanismos técnicos de recolección de información. La información de carácter confidencial será tratada de acuerdo con la normatividad vigente. • Transparencia: el componente internacional solicitará al Gobierno Nacional y a las agencias que realizan el acompañamiento internacional, para efectos del proceso de verificación, informes sobre los avances de la implementación de los acuerdos, en lo que corresponde a la destinación e inversión de los recursos públicos para la implementación de los mismos. Así mismo y a efectos de cumplir con sus tareas de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado. • Territorialidad: los mecanismos de verificación y monitoreo tendrán especial énfasis en la aplicación regional, departamental y municipal de los acuerdos.
Composición del mecanismo de verificación y funciones


El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias: • Notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por parte de las FARC-EP, que tendrán las siguientes funciones: a. Realizarán los pronunciamientos públicos, en relación con los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y puntos de discusión y controversia, todo ello en coordinación con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, en adelante la CSVR. b. En relación con los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos, los notables, en coordinación con los representantes de los países que hacen parte del componente internacional de verificación, presentarán recomendaciones de solución. • Componente internacional de verificación: el componente internacional de verificación que hace parte de la CSVR, estará integrado por un representante de cada uno de los países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompañantes han estado presentes a lo largo del proceso de diálogo para poner fin al conflicto. Su participación se desarrollará sin perjuicio de las tareas de acompañamiento que cumplan para la implementación de los acuerdos. El componente funcionará con los siguientes criterios: a. Se ajustará a los protocolos establecidos por la CSVR para la verificación de la implementación de los acuerdos. El protocolo se construirá con los países que integran el componente internacional. b. Coordinará con la CSVR los procesos de verificación. c. Comprobará el cumplimiento de los protocolos de implementación y verificación. d. Podrá consultar a institutos con capacidad en el terreno u otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar a la verificación de la implementación de los acuerdos. e. Coordinará sus actividades con los criterios de funcionamiento y alcance que la CSVR le haya asignado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU. f. Rendirá sus observaciones de cumplimiento a la CSVR durante los primeros 18 meses y posterior a ello, se realizarán semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc. Las observaciones de cumplimiento serán transmitidas a la CSVR y a los notables. • Componente técnico: El Instituto Kroc, con sujeción a los criterios y líneas de acción que defina la comisión de seguimiento, desarrollará entre otras, las siguientes actividades: a. Diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. b. Aportará las buenas prácticas y experiencias para un seguimiento efectivo a la implementación de los acuerdos. c. Brindará el soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento a la implementación de los acuerdos. d. Construirá con rigor metodológico un modelo de evaluación y seguimiento que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz. e. Su esfuerzo de trabajo técnico podrá ser complementado con las buenas prácticas y experiencias de otras instituciones e institutos que sean convenidos por el componente internacional de verificación y aprobados por la CSVR. f. Los informes, matrices y productos generados por el Instituto Kroc, tendrán como destinatario el Componente Internacional de Verificación y la CSVR, de conformidad con los criterios de confidencialidad que allí se establezcan. g. Las actividades de acompañamiento internacional y los informes de los componentes temáticos, serán tenidos en cuenta como un insumo para asegurar el seguimiento objetivo al cumplimiento de la implementación de los acuerdos. 6.2.3. Misión política de verificación de las Naciones Unidas El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo. Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes: Acuerdo 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Reincorporación política b. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. c. Reincorporación económica y social Acuerdo 3.4. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva b. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. c. Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. d. La Misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado y con experiencias en Derechos Humanos.


Calidades del verificador.


El verificador, entendido para efectos de este acuerdo, como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos, estará fuera de la controversia y opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz. El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU derechos humanos) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Así mismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos.


Temporalidad del componente internacional de verificación.


La CSVR previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor Presidente de la República la finalización de su funcionamiento. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 188 de 297 6.3. Componente de acompañamiento internacional El acompañamiento internacional incluido en el punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna, y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional en los términos como se define en este acuerdo, tendrá conexión con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), en adelante la CSVR. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional: 6.3.1. Criterios generales Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales: • Soberanía: el acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos. • Imparcialidad: se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos, y los valores democráticos, como garantía para que la implementación de los mismos, contribuya a la construcción de la paz. • Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos: el apoyo del acompañamiento internacional, radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


Acompañamiento internacional


Las FARC-EP y el Gobierno Nacional han acordado que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo general para el fin del conflicto: Acuerdo Instancia de acompañamiento internacional 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - Unión Europea - FAO - Vía Campesina 2. Participación política: apertura democrática para construir la paz - Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD. 3.2 Reincorporación - Unión europea - UNESCO - PNUD - OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes) 3.3 El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. - Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3.4 Lucha desmantelamiento de organizaciones - UNODC y Estados Unidos 3.4 Unidad especial de investigación - Estados Unidos - Unión Europea 3.2 Garantías de seguridad y personal - Estados Unidos - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas - UNODC - Comisión Global de Drogas 5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. - CICR - ICTJ - Podrán ser invitadas por la CSVR, otras instituciones que realizan acompañamiento internacional. Unidad de búsqueda de desaparecidos - Suecia - CICR


Enfoque de Género - ONU Mujeres. - Representante del Secretario General para violencia sexual en el conflicto. - Federación Democrática Internacional de Mujeres. A efectos de garantizar la mayor eficacia del componente de acompañamiento internacional a la implementación de los acuerdos, se determinan las siguientes líneas de acción: • Las actividades de acompañamiento internacional atenderán los criterios y requerimientos que establezca la CSVR. • Para el cumplimiento de las actividades específicas de acompañamiento primará la especialización temática y la plena articulación de los acompañantes mediante el establecimiento de una instancia de integración que atenderá los criterios de la CSVR. • Cada componente temático elaborará informes periódicos que serán compartidos a la CSVR, todo ello sin perjuicio de los informes que las distintas organizaciones o entidades, rindan a sus órganos correspondientes. Los informes producidos por los componentes temáticos de acompañamiento alimentarán de manera sistemática al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que el Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado como uno de los componentes de apoyo técnico para desarrollar el modelo de evaluación y seguimiento de la CSVR. El presente acuerdo invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente internacional de acompañamiento a contribuir con la financiación de los aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos. En el tema de Reincorporación, se solicita a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) apoyar el proceso de reincorporación a la vida civil. Igualmente se solicitará al Gobierno de Alemania que forme parte de los países acompañantes que apoyarán los temas referidos a punto 5, en lo relacionado con los temas de Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“La paz en Colombia: de lo imposible a lo posible”

Sus Majestades; Sus Altezas Reales; distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel; queridos ciudadanos de Colombia; ciudadanos del mundo; señoras y señores:

Hace tan solo seis años los colombianos no nos atrevíamos a imaginar el final de una guerra que habíamos padecido por medio siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la paz parecía un sueño imposible, y era así por razones obvias, pues muy pocos –casi nadie– recordaban cómo era vivir en un país en paz.

Hoy, luego de seis años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia –con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta– está haciendo posible lo imposible.

La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado.

Al igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara muchas sorpresas.

Tan solo hace dos meses, los colombianos –y de hecho el mundo entero– quedamos impactados cuando, en un plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, los votos del “No” superaron por estrecho margen a los votos del “Sí”.

Fue un resultado que nadie imaginaba.

Una semana antes, en Cartagena, habíamos encendido una llama de esperanza al firmar el acuerdo en presencia de los líderes del mundo. Y ahora, de repente, esta llama parecía extinguirse.

Muchos recordamos entonces un pasaje de Cien Años de Soledad, la obra maestra de nuestro Premio Nobel, Gabriel García Márquez, que de alguna manera reflejaba lo que estaba pasando:

“Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”.

Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo: un lugar no solo mágico sino también contradictorio.

Como Jefe de Estado, entendí la trascendencia de este resultado adverso, y convoqué de inmediato a un gran diálogo nacional por la unión y la reconciliación.

Me propuse convertir este revés en una oportunidad para alcanzar el más amplio consenso que hiciera posible un nuevo acuerdo.

Me dediqué a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votaron “No”, de quienes votaron “Sí”, y también de los que no votaron –que eran la mayoría–, para lograr un nuevo y mejor acuerdo, un acuerdo que toda Colombia pudiera apoyar.

No habían pasado cuatro días desde el sorprendente plebiscito, cuando el Comité Noruego anunció una decisión igualmente sorprendente sobre la concesión del Premio Nobel de Paz.

Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía ir a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: ¡el puerto de la paz!

Gracias, muchas gracias, por este voto de confianza y de fe en el futuro de mi país.

Hoy, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, vengo a decirles a ustedes –y, a través suyo, a la comunidad internacional– que lo logramos. ¡Llegamos a puerto!

Hoy tenemos en Colombia un nuevo acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acoge la mayoría de las propuestas que nos hicieron.

Este nuevo acuerdo se firmó hace dos semanas y fue refrendado la semana pasada por el Congreso de la República, por una abrumadora mayoría, para que comience a incorporarse a nuestra normatividad. El largamente esperado proceso de implementación ya comenzó, con el aporte invaluable de las Naciones Unidas.

Con este nuevo acuerdo termina el conflicto armado más antiguo, y el último, del Hemisferio Occidental.

Con este acuerdo –como dispuso Alfred Nobel en su testamento– comienza el desmantelamiento de un ejército –en este caso un ejército irregular– y su conversión en un movimiento político legal.

Con este acuerdo podemos decir que América –desde Alaska hasta la Patagonia– es una zona de paz.

Y podemos hacernos ahora una pregunta audaz: si la guerra puede terminar en un hemisferio, ¿por qué no pueden algún día los dos hemisferios estar libres de ella? Tal vez, hoy más que nunca, podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.

Lo imposible puede ser posible.

*****

Alfred Nobel, el gran visionario cuyo legado nos reúne hoy, en el día exacto en que se cumplen 120 años desde su muerte, escribió alguna vez que la guerra es “el horror de los horrores, el más grande de los crímenes”.

La guerra no puede ser de ninguna manera un fin en sí misma. Es tan solo un medio, y un medio que siempre debemos tratar de evitar.

He sido líder en tiempos de guerra –para defender la libertad y los derechos de los colombianos– y he sido líder para hacer la paz.

Por eso puedo decirles, por experiencia propia, que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra.

Cuando es necesario, debemos estar preparados para luchar, y a mí me correspondió –como ministro de Defensa y como presidente– combatir a los grupos armados ilegales en mi país. Lo hice con efectividad y contundencia, cuando los caminos de la paz estaban cerrados.

Sin embargo, es insensato pensar que el fin de los conflictos sea el exterminio de la contraparte.

La victoria final por las armas –cuando existen alternativas no violentas– no es otra cosa que la derrota del espíritu humano.

Vencer por las armas, aniquilar al enemigo, llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, es renunciar a ver en el contrario a otro ser humano, a alguien con quien se puede hablar.

Dialogar... respetando la dignidad de todos. Eso es lo que hicimos en Colombia. Y por eso tengo el honor de estar hoy aquí, compartiendo lo que aprendimos en nuestra ardua experiencia.

El primer paso, uno crucial, fue dejar de ver a los guerrilleros como enemigos, para considerarlos simplemente como adversarios.

El general Álvaro Valencia Tovar –quien fuera comandante del Ejército de Colombia, historiador y humanista– me enseñó esta diferencia.

Él decía que la palabra “enemigo” tiene una connotación de lucha pasional y de odio que no corresponde al honor militar.

Humanizar la guerra no es solo limitar su crueldad, sino también reconocer en el contrincante a un semejante, a un ser humano.

Los historiadores calculan que durante el siglo XX murieron hasta 187 millones de personas por causa de las guerras. ¡187 millones! Cada una de ellas era una vida humana invaluable, alguien amado por su familia y sus seres queridos. Trágicamente, la cuenta sigue creciendo en este nuevo siglo.

Es bueno recordar ahora la incisiva pregunta de Bob Dylan, mi colega en la recepción del Premio Nobel este año, que tanto nos conmovió en los años sesenta a quienes fuimos jóvenes entonces:

“¡Cuántas muertes más serán necesarias hasta que comprendamos que han muerto demasiados! La respuesta, mi amigo, va volando con el viento”.

*****

Cuando me preguntaban si yo aspiraba al premio Nobel, siempre respondía que para mí el verdadero premio era la paz de Colombia. Porque ese es el verdadero premio: ¡la paz de mi país!

Y esa paz no es de un presidente ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues la tenemos que construir entre todos.

Por eso este premio lo recibo en nombre de cerca de 50 millones de colombianos –mis compatriotas– que ven, por fin, terminar una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación.

Y lo recibo –sobre todo– en nombre de las víctimas; de más de 8 millones de víctimas y desplazados cuyas vidas han sido devastadas por el conflicto armado, y más de 220 mil mujeres, hombres y niños que, para nuestra vergüenza, han sido asesinados en esta guerra.

Los expertos me dicen que el proceso de paz en Colombia es el primero en el mundo que ha puesto en el centro de su solución a las víctimas y sus derechos.

Adelantamos esta negociación haciendo un gran énfasis en los derechos humanos. Y de esto nos sentimos muy orgullosos.

Las víctimas quieren la justicia, pero más que nada quieren la verdad, y quieren –con espíritu generoso– que no haya nuevas víctimas que sufran lo que ellas sufrieron.

El profesor Ronald Heifetz, fundador del Centro de Liderazgo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, de donde me gradué, me dio un sabio consejo:

“Cuando se sienta desanimado, cansado, pesimista, hable siempre con las víctimas. Son ellas las que le darán ánimo y fuerzas para continuar”.

Y así ha sido. Siempre que pude, hablé con las víctimas de esta guerra y escuché sus desgarradoras historias. Algunas de ellas están aquí hoy, recordándonos por qué es tan importante que construyamos una paz estable y duradera.

Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes –en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia– que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen.

Leyner Palacios es una de estas víctimas. El 2 de mayo de 2002, un mortero rudimentario lanzado por las FARC, en medio de un combate con los paramilitares, cayó en la iglesia de su pueblo –Bojayá–, donde sus habitantes habían buscado refugio.

Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños, ¡la mayoría niños! En cuestión de segundos, Leyner perdió a 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores.

Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz, y Leyner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado.

Y ésta es la gran paradoja con la que me he encontrado: mientras muchos que no han sufrido en carne propia el conflicto se resisten a la paz, son las víctimas las más dispuestas a perdonar, a reconciliarse, y a enfrentar el futuro con un corazón libre de odio.

Este premio pertenece también a los hombres y mujeres que, con enorme paciencia y fortaleza, negociaron en La Habana durante todos estos años. Ellos lograron un acuerdo que hoy podemos ofrecer como modelo para la solución de los conflictos armados que subsisten en el planeta.

Y me refiero tanto a los negociadores del Gobierno como a los de las FARC –mis adversarios–, que demostraron una gran voluntad de paz. Yo quiero exaltar esa voluntad de abrazar, de alcanzar la paz, porque sin ella el proceso hubiera fracasado.

Dedico, igualmente, este premio a los héroes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos nunca han dejado de proteger al pueblo colombiano, y entendieron muy bien que la verdadera victoria del soldado y del policía es la paz.

Y quiero hacer un reconocimiento especial –con toda la gratitud de mi corazón– a mi familia: a mi esposa y mis hijos, sin cuyo apoyo y amor esta tarea hubiera sido mucho más pesada.

Comparto, finalmente, este premio con la comunidad internacional que, con generoso y unánime entusiasmo, respaldó el proceso de paz desde sus inicios.

Y permítanme aprovechar esta ocasión para agradecer muy especialmente al pueblo noruego por su carácter pacífico y su espíritu solidario. Fue por estas virtudes que Alfred Nobel les confió la promoción de la paz en el mundo. Y debo decir que, en el caso de mi país, cumplieron su trabajo con gran efectividad.

Noruega y Cuba, en su rol como garantes; Chile y Venezuela, como acompañantes; Estados Unidos y la Unión Europea, con enviados especiales; todos los países de América Latina y el Caribe; incluso China y Rusia... todos tienen razones para participar del orgullo por este logro.

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, concluyó –luego de un estudio detallado de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas tres décadas para poner fin a conflictos armados– que el acuerdo de paz en Colombia es el más completo e integral de todos.

El acuerdo de paz en Colombia es un rayo de esperanza en un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia.

Es una demostración de que lo que en un principio parece imposible –si se persevera– se puede volver posible, incluso en Siria o en Yemen o en Sudán del Sur.

La clave –en palabras del poeta inglés Tennyson– es “esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse”.

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Varias lecciones se pueden derivar del proceso de paz en Colombia, que quisiera compartir con el mundo:

Hay que prepararse y asesorarse debidamente, analizando qué falló en previos intentos de paz en el propio país, y aprendiendo de los éxitos y fracasos de otros procesos de paz.

Hay que fijar una agenda de negociación realista y concreta que resuelva los asuntos directamente relacionados con el conflicto, y que no pretenda abarcar todos los problemas de la nación.

Hay que adelantar las negociaciones con discreción y confidencialidad, para que no se conviertan en un circo mediático.

Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una lección que aprendí de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin.

Hay que estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, audaces, muchas veces impopulares, para lograr el objetivo final de la paz.

Esto significó, en mi caso, acercarme a gobiernos de países vecinos con quienes tenía, y aún tengo, profundas diferencias ideológicas.

El apoyo regional es indispensable para la solución política de cualquier guerra asimétrica. Hoy, por fortuna, todos los países de la región son firmes aliados en la búsqueda de la paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad.

También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin sacrificar la paz.

No me cabe duda de que este modelo será uno de los grandes legados del proceso de paz de Colombia.

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Señoras y señores: Hay una guerra menos en el mundo, ¡y es la de Colombia!

Esto, precisamente, es lo que celebramos hoy en Oslo, la misma ciudad que acogió el inicio de la fase pública de conversaciones con las FARC en octubre del año 2012.

Y debo decir que me siento honrado y al mismo tiempo humilde al unirme a la línea de valientes e inspiradores hombres y mujeres que, desde 1901, han recibido el más prestigioso de los premios.

El proceso de paz en Colombia –lo digo con profunda gratitud– es una síntesis afortunada de lo que hemos aprendido de ellos.

Los esfuerzos de paz en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, cuyos artífices han recibido este galardón, nos mostraron el camino para avanzar en un proceso a la medida de Colombia.

También recogimos el legado de Jody Williams y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, igualmente ganadoras del Nobel.

Después de Afganistán, Colombia ostenta el vergonzoso record de ser el país con más minas y más víctimas de minas en el mundo. Nuestro compromiso es tener nuestro territorio libre de minas para el año 2021.

Hemos recibido, asimismo, el respaldo de otros galardonados, como la Unión Europea y el presidente Barack Obama, que han comprometido a sus países a apoyar el crucial proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia.

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Y no puedo dejar pasar la oportunidad de reiterar hoy un llamado que he hecho al mundo desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en el año 2012, y que condujo a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril del presente año.

Me refiero a la urgente necesidad de replantear la Guerra mundial contra las Drogas, una guerra en la que Colombia ha sido el país que más muertos y sacrificios ha puesto.

Tenemos autoridad moral para afirmar que, luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo no ha logrado controlar este flagelo que alimenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global.

El Acuerdo con las FARC incluye el compromiso de este grupo de romper cualquier vínculo con el negocio de las drogas, y de contribuir a combatirlo.

Pero el narcotráfico es un problema global y requiere una solución global que parta de una realidad inocultable: la Guerra contra las Drogas no se ha ganado, ni se está ganando.

No tiene sentido encarcelar a un campesino que siembra marihuana, cuando –por ejemplo– hoy es legal producirla y consumirla en 8 estados de los Estados Unidos.

La forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Es hora de cambiar nuestra estrategia.

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En Colombia, también nos han inspirado las iniciativas de Malala, la más joven receptora del Premio Nobel, pues sabemos que solo formando las mentes, a través de la educación, podemos transformar la realidad.

Somos el resultado de nuestros pensamientos; pensamientos que crean nuestras palabras; palabras que crean nuestras acciones.

Por eso tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión por una cultura de inclusión y tolerancia.

Y, hablando de coexistencia, también hemos aprendido del exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore y del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en su empeño por preservar el planeta.

Qué bueno poder decir que el fin del conflicto en Colombia –el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado– traerá importantes dividendos ambientales.

Al reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos legales, la deforestación generada para sembrar coca disminuirá. Además, ya no se verterán millones de barriles de petróleo a nuestros ríos y mares por causa de atentados a la infraestructura petrolera.

En conclusión: el proceso de paz de Colombia que se premia hoy en Oslo es la síntesis y el resultado de muchos esfuerzos positivos que se han realizado a través de la historia y alrededor del mundo, y que han sido valorados y exaltados por este Comité del Nobel.

Apreciados amigos:

En un mundo en que los ciudadanos toman las decisiones más cruciales –para ellos y para sus naciones– empujados por el miedo y la desesperación, tenemos que hacer posible la certeza de la esperanza.

En un mundo en que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación.

En un mundo en que se cierran las fronteras a los inmigrantes, se ataca a las minorías y se excluye a los diferentes, tenemos que ser capaces de convivir con la diversidad y apreciar la forma en que enriquece nuestras sociedades.

A fin de cuentas, somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes, somos todos hijos de Dios. Somos parte de esta aventura magnífica que significa estar vivos y poblar este planeta.

Nada nos diferencia en la esencia: ni el color de la piel, ni los credos religiosos, ni las ideologías políticas, ni las preferencias sexuales. Son apenas facetas de la rica diversidad del ser humano.

Despertemos la capacidad creadora para el bien, para la construcción de la paz, que reside en cada alma.

Al final, somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias.

Nuestro pueblo se llama el mundo. Y nuestra raza se llama humanidad.

Si entendemos esto, si lo hacemos parte de nuestra conciencia individual y colectiva, entonces podremos cortar la raíz misma de los conflictos y de las guerras.

En 1982 –hace 34 años– comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo.

Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez, quien fue mi aliado en la búsqueda de la paz, recibió el Premio Nobel de Literatura, y habló de “una nueva y arrasadora utopía de la vida (...) donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Hoy Colombia –mi amado país– está disfrutando de esa segunda oportunidad, y les doy las gracias, miembros del Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la paz: ¡ustedes ayudaron a hacerla posible!

El sol de la paz brilla, por fin, en el cielo de Colombia.

¡Que su luz ilumine al mundo entero!

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¿Será posible la construcción de la paz democrática?

El tránsito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

Uno de los desafíos más importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

Varios, a mi juicio.

El más complicado es el de la violencia oscura que ya ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

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Viernes, 25 Noviembre 2016 07:11

Santos y Timochenko firmaron el nuevo acuerdo

Santos y Timochenko firmaron el nuevo acuerdo

En apenas 40 días, luego del rechazo en el plebiscito, los negociadores de ambas partes concretaron un nuevo pacto, indispensable para sacar del limbo a quienes desean terminar con el conflicto armado e iniciar la lucha dentro del sistema democrático.

 

En silencio los asistentes escucharon el himno de Colombia. El acto tardó poco y la emoción no llegó al tope. El segundo round del acuerdo de paz con la guerrilla se selló ayer, cuando, una vez más, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” firmaron un acuerdo de paz. Esta vez, el Teatro Colón fue el escenario para un acto sencillo, corto y emotivo donde ochocientas personas presenciaron un evento solemne acompañado de música del Caribe, entre ellas los congresistas que legitimarán el tratado de paz la semana próxima.


Con saco y pantalón formales, el líder de las FARC fue el primero en depositar su firma en el papel con el “balígrafo”, una birome elaborada con balas, para después pronunciar un discurso ovacionado en la Plaza de Bolívar. A pocos metros del teatro, en el corazón del poder en Bogotá, cientos de personas esperaban el nuevo anuncio en pantallas gigantes, algunos con la tristeza por el reciente desalojo del Campamento por la Paz que estuvo allí hasta el fin de semana pasado. Otros, con la preocupación por los homicidios a líderes promotores de la paz, que continuaron esta semana. Casi todos, con banderas blancas y globos de colores, aunque cansados por un año de maratón defendiendo el acuerdo de paz con marchas, charlas y toda clase de expresiones no violentas, conservan la esperanza de encontrar la salida al laberinto del conflicto colombiano.


Los jóvenes de iniciativas como Paz a la Calle coreaban con emoción “Sí, se pudo”, cuando los negociadores ofrecían sus palabras en el acto, mesurado, al cual le siguió la entrega del Acuerdo Final de Paz renovado en el Congreso de la República, contiguo al Teatro y la Plaza de Bolívar. “Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra. Así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que hayan podido provenir de nuestras manos”, dijo el número uno de la guerrilla acompañado por otros negociadores, quienes estuvieron día a día en las jornadas de renegociación del acuerdo, el cual tuvo que incorporar propuestas de los detractores de derecha al resultar derrotado en el plebiscito.


Al lado de los negociadores de gobierno, se encontraban Jesús Santrich, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Victoria Sandino, Carlos Antonio Losada, Mauricio Jaramillo y otros reconocidos comandantes guerrilleros a quienes el mundo empieza a conocer ahora sin camuflaje ni armas al hombro y por fuera de las trincheras de la selva donde han combatido durante más de 50 años.


Con sus habituales trajes de paño y corbatas, estaban los negociadores de gobierno Humberto De La Calle, Sergio Jaramillo, el general del Ejército ( r ) Jorge Enrique Mora, Gustavo Restrepo, Elena Ambrosí y todo el equipo que hizo posible que, apenas en 40 días, las partes concretaran un nuevo acuerdo de paz para poner a fin a una guerra de medio siglo, en medio de la gran incertidumbre en que quedó Colombia tras el sorpresivo triunfo de los promotores del No en el Plebiscito.


Manifestaciones públicas y coros en redes sociales impulsaron la pronta firma que se dio ayer en la capital de Bogotá, y cuyo futuro será exitoso sólo si el Congreso aprueba el documento la semana próxima. Ayer mismo, en Senado y Cámara de Diputados se aprobó que el próximo 30 de noviembre el documento sea debatido con presencia incluso de la sociedad civil para después someterlo a voto.


El gobierno y los impulsores de la paz esperan que la mayoría vote Sí en los próximos días, con el apoyo de los partidos que siempre han respaldado del proceso de paz, como el Polo Democrático, el Partido de la U, el Verde, y el Liberal, y que se sume plenamente el Partido Cambio Radical. Además, para ganar, el acuerdo deberá contar con el apoyo del Partido Conservador, que fue escuchado en las reformas hechas recientemente.


También están confiados en esta aprobación los guerrilleros y guerrilleras que, en las montañas del país, tienen en silencio sus fusiles desde hace un año esperando la salida jurídica a una decisión que como rebeldes ya tomaron: abandonar la lucha armada para continuar disputando el poder por la vía política. Carolina Alzate, artista, le dijo a PáginaI12 que este acuerdo renovado, aunque no le parece mejor, era indispensable para sacar del limbo a quienes desean deponer las armas y así lograr una transformación necesaria para Colombia.


En palabras de Timochenko, han sido 33 años de proceso de paz y 5 de negociaciones en La Habana para llegar al consenso firmado ayer. Todo esto dará un giro en 150 días, tiempo en el que según el presidente Juan Manuel Santos las Farc dejarán de ser un grupo alzado en armas. “Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es demasiado doloroso, como lo son todas la guerras”, recordó el primer mandatario, quien ha puesto todos sus esfuerzos como jefe de Estado para sacar adelante este proceso de paz, lo cual lo hizo merecedor del Premio Nobel de Paz que le será entregado este próximo 10 de diciembre.


“Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo a pesar de múltiples intentos hechos a lo largo del más de medio siglo de guerra”, agregó Santos, declarando que espera que la semana próxima quede refrendado el acuerdo de paz. Los Defensores del Pueblo de Iberoamérica manifestaron que “la consolidación de los diálogos y la construcción participativa de la paz en la República de Colombia contribuyen a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en toda la región”.


Tanto el presidente como Timochenko agradecieron y aplaudieron las múltiples expresiones ciudadanas en respaldo a los acuerdos de La Habana que renovaron el aliento en medio de la sorpresa y el dolor por el rechazo del pueblo al pasado acuerdo de paz. Mientras daban sus discursos en el Teatro Colón, víctimas como Fabiola Perdomo, quien perdió a su marido a manos de la guerrilla, o las personas que buscan aún a sus seres desaparecidos y veían la transmisión en Plaza de Bolívar, se conmovían como el 26 de septiembre en Cartagena. Esta vez con la certeza de tener un acuerdo más incluyente, y la misma firmeza de quienes han sufrido y perdonado en todo el país y están dispuestos a la reconciliación.

Alan Jara, quien en carne propia vivió el horror de perder la libertad por años en campamentos de las Farc, alzó la mirada e instó a las instituciones del Estado y a toda la sociedad a comprometerse para “hacer realidad lo pactado y generar condiciones para que tanto la ley como el acuerdo se desarrollen con la implementación de acciones para una paz estable y duradera, donde las víctimas son el centro del acuerdo”.


Los firmantes introdujeron casi todas las objeciones de los opositores

Cambios en el tratado de paz

La participación política de los guerrilleros, un tema que generó controversias entre oficialistas y opositores, se mantiene. Los insurgentes pueden entonces presentarse a cargos de elección popular, aunque ya no tienen bancas aseguradas en el Congreso.


El camino que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emprendieron para llegar al nuevo acuerdo de paz que firmaron ayer fue largo, sinuoso y obligó a los negociadores, tras el triunfo de la oposición en el último plebiscito, a repensar el rumbo de las negociaciones. El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse con un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el No ganó por 53.894 votos. El gobierno y la guerrilla colombiana elaboraron un nuevo texto que obligó a implementar una serie de cambios, donde se incluyeron propuestas después del rechazo en las urnas del pacto original.


Entonces las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, donde la mayoría descansa en manos oficialistas. El derechista Centro Democrático, fuerza política del ex presidente Alvaro Uribe, dijo que eso constituye un golpe a la democracia. Sus legisladores votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.


La primera versión debía anexarse a la Constitución colombiana una vez refrendada. Ahora, en cambio, sólo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres períodos presidenciales (es decir, por unos 12 años), que señala que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo.


El acuerdo al que se arribó en septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado. Ahora, por el contrario, se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría extenderse hasta llegar a los 15 años. Además, se aclaró que los fiscales encargados de llevar adelante las medidas judiciales deberán ser colombianos.


En materia de narcotráfico, el objetivo del nuevo acuerdo busca aclarar la conexión con los delitos políticos. A partir de ahora, este delito sólo será aceptado como crimen conexo a la rebelión –por lo que sería sujeto de amnistía– en caso de que “no haya derivado en enriquecimiento personal”. Pese a estos cambios, los opositores mantuvieron su disconformidad porque, argumentaron, la comisión de este delito se mantendrá impune.


Por otra parte, la guerrilla colombiana aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos los que fungieron como milicianos. La participación política de los guerrilleros, un tema que generó controversias entre el gobierno colombiano y quienes apoyaron el No en el plebiscito, se mantuvo sin mayores cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazaron toda posibilidad de que los insurgentes que sean culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar con la cárcel por los delitos cometidos.


En la firma del primer acuerdo participaron 15 jefes de Estado y otros 2500 invitados. La oposición, entonces, criticó la ceremonia por considerarla un derroche de recursos públicos. El acto de ayer, por el contrario, se llevó a cabo en el tradicional Teatro Colón, ubicado en el centro de Bogotá, cuya capacidad en su sala principal es de 785 personas. Participaron ex presidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.


La apertura oficial de las negociaciones de paz se conoció el 4 de septiembre de 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio formal de los diálogos, mediante la discusión de seis puntos. Un mes después, en Noruega se dio apertura oficial a las conversaciones y en noviembre se realizó la primera sesión en La Habana. En la Navidad de 2012, las FARC informaron de la primera tregua unilateral, que luego extendieron en los años posteriores por cortos períodos hasta que en 2015 decretaron un alto el fuego indefinido.


Pese a gestos dados por las partes a lo largo de los tres años y medio de negociaciones, la paz estuvo en vilo por ataques, secuestros, ofensivas militares y desatinos políticos. La situación más crítica se vivió el 17 de noviembre de 2014, cuando el gobierno suspendió el proceso de paz tras el secuestro de cuatro personas en el sur del país, incluido un general del Ejército.


La crisis se superó un mes después, luego de que fueran liberados los retenidos, lo que sirvió de plataforma para bajar la tensión del conflicto, y acordar la entrega de armas y las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez firmada la paz. El 26 de septiembre Santos y el jefe de las FARC, Timochenko, firmaron el acuerdo en un acto que convocó en Cartagena de Indias a decenas de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, pero el pacto quedó en el limbo político el domingo 2 de octubre por la noche, cuando el escrutinio del plebiscito sorprendió a todo el mundo con el triunfo del No por un escaso margen.

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Disparando a líderes sociales en tiempos de “paz”

A menos de 24 horas de ser suscritos por segunda vez los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, siguen cayendo líderes de derechos humanos y de comunidades campesinas en territorios de alta incidencia del Conflicto Armado en Colombia: 3 homicidios el pasado fin de semana, 70 asesinatos durante el año, 279 amenazas y 28 atentados. Continúa el proyecto de “pacificación” de territorios a tiros por parte de actores que ven a estas organizaciones como un estorbo para sus intereses de explotación-acumulación. En cuestión la capacidad de los acuerdos para proteger a estas comunidades.

 

El asesinato de un líder defensor de derechos humanos en muchos países bastaría para suscitar estupor y rechazo general de la población, pero en Colombia en el transcurso del año han sido asesinados 70 defensores sin que esto haya generado mayor sorpresa. La situación no es muy diferente a lo acontecido en los últimos años, la diferencia radica en que mientras las muertes siguen llegando fatídicas e infames, el país empieza a transitar por caminos de paz y reconciliación con el silenciamiento definitivo de los fusiles, la suscripción (por segunda vez) de un acuerdo de paz ‘definitivo’ entre el Gobierno y las Farc. Enorme paradoja.

A los muertos se suman 279 amenazas y 28 atentados sobre igual número de actores sociales, que en muchas de estas personas dejan secuelas para toda su vida, atentados que contribuyen a incrementar las estadísticas de victimización de estos ciudadanos que tan solo en el tercer fin de semana de noviembre, fueron blanco de tres asesinatos y tres atentados en distintas comunidades rurales del país. Una avanzada que no tiene nada de casual ni de fortuita. Es una avanzada en vísperas de la firma de los acuerdos anunciada por darse en Santa Marta; todo un mensaje de lo que posiblemente vendrá en el futuro cercano para quienes ahora están en vísperas de dejar sus armas. Al tiempo que avanza la paz comienzan a vislumbrarse enormes posibilidades de renta sobre espacios específicos en los que hacen presencia organizaciones que una vez más deben aterrorizar y someter; comienza a asomarse la realidad del pos–acuerdo.

“Plan pistola” denominó el Secretariado Mayor del Estado Mayor Central de las Farc a estos asesinatos, ejecutados contra líderes populares en todo el país. Precisan la Farc: “Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.

 

Los nombres de las víctimas

 

Tan solo en las últimas 72 horas fueron asesinados 3 líderes y se cometieron tres atentados en diversos lugares. Rodrigo Cabrera, Didier Losada Barreto, Erley Monroy, son los nombres de las tres últimas víctimas fatales de este accionar delictivo que antes lejos de desaparecer sigue proliferando en Colombia.

Comienzan a esbozarse las primeras hipótesis. Alejandra Pérez, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación DHOC afirma que: “[...] el líder campesino del Caquetá Erley Monroy “había denunciado la aparición de panfletos y de pintas de las autodefensas de los grupos paramilitares en varios caseríos de la zona, así como también el rearme y reagrupamiento de estos grupos en una zona que está fuertemente militarizada [...]”. Según las palabras de Alejandra Pérez, Erley Monroy “denunció la extracción petrolera en la Serranía de la Macarena y la recuperación de un baldío por la resolución 810 del 2015 que pretende ser recuperado por el gobierno para temas de inversión en Zidres”(1).

Rodrigo Cabrera, líder campesino de Policarpa, Nariño, fue asesinado el pasado sábado sobre las 6 de la tarde cuando se desplazaba en una motocicleta en el sector de Altamira donde fue atacado por hombres armados que le propiciaron la muerte. Pero sobre este hecho la alcaldesa de Policarpa Claudia Inés Cabrera señaló: “[...] que tras un Consejo de Seguridad las autoridades establecieron que la persona asesinada no tenía un nivel de liderazgo, y tampoco era defensor de derechos humanos ni tampoco hacia parte de la marcha patriótica y que su homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas”. Argumento bastante conocido y funcional a las cifras de victimización oficiales. Por su parte, Didier Losada Barreto, líder comunitario del municipio de la Uribe, Meta, fue asesinado hacía las 9:30 de la noche del día viernes cuando hombres encapuchados penetraron a su vivienda y le dispararon frente a su mujer, hijo y un trabajador (2).

Por fortuna no hubo más asesinatos. La semana anterior se cometieron atentados contra Argemiro Lara de Fensuagro en Sincelejo, contra Danilo Bolaños, líder de Astracan en Nariño y, contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá. Tres acciones contra líderes campesinos, sujetos predilectos de la violencia intimidatoria y de exterminio que busca seguir minimizando las resistencias frente a intereses particulares en muchas regiones propias con altas afectaciones por el conflicto armado en el país.

 

¿Quiénes están atentando contra líderes y defensores de derechos?

 

En su carta al Presidente, el Secretariado de las Farc detalla su versión de los recientes y dolorosos hechos: “Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder [...] No es admisible, que tomando nombres como “Los Úsuga” o las “Águilas Negras”, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante”.

Por otro lado, Alejandra Pérez, resalta que los asesinatos y atentados son: “[...] la manifestación propia del momento histórico que se está viviendo, que no refleja la voluntad real y de garantías para el ejercicio de la oposición política, es necesario y urgente la implementación del punto 3 y 4 del acuerdo firmado en La Habana, que propone unas medidas mínimas de seguridad de la personas que propenden por un país distinto” (3) .

Intereses locales específicos que chocan con la actividad de líderes campesinos, defensores de derechos humanos y del territorio, parecen seguir siendo los determinantes de estos atentados que siguen produciendo víctimas entre singulares protestas pero en la habitual impunidad. La permanencia, incluso el incremento de estos asesinatos plantea serias dudas sobre la real vocación de paz propia de múltiples actores que siguen depositando en el dolor, en la muerte, en el desarraigo, la puerta de entrada la acumulación de tierra, recursos y dinero en regiones en disputa, golpeadas por el conflicto armado en el Colombia.

Atentados y asesinatos de líderes que deben ser asumidos como actos violentos y de intimidación en contra del conjunto del movimiento social y popular. Cada actor social es un luchador por un país mejor, y eso es lo que debe pesar a la hora de plantear la denuncia, superando las militancias particulares.

 

¡Que el Gobierno responda por estos hechos! ¡Cero impunidad!

 

[1]    http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/20/colombia-el-asesinato-de-campesinos-refleja-la-inexistencia-de-garantias-para-el-ejercicio-de-la-oposicion-politica/

[2]    http://justiciaypazcolombia.com/Asesinato-del-senor-Didier-Losada-Barreto

[3]          Ibíd. 

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Los reglamentos del acuerdo estarán listos en 2018 y los países en vías de desarrollo consiguen en Marrakech que continúe el Fondo de Adaptación

La Cumbre del Clima de Marrakech se ha cerrado este viernes con un texto en el que se fija el calendario a seguir para desarrollar el Acuerdo de París contra el calentamiento global. Lo ha hecho a pesar de la amenaza para la lucha climática que supone la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que durante la campaña advirtió de que sacará a su país de este pacto.

 

La cumbre se esperaba que fuera una reunión anodina y de transición después de que hace un año se aprobara el Acuerdo de París, pero Trump ha animado a los representantes de los 200 países reunidos en la ciudad marroquí a lanzar mensajes sobre su compromiso contra el calentamiento. El impulso es ya "irreversible", han concluido los países reunidos en Marrakech.


El Acuerdo de París entró en vigor a principios de este mes. Fue en un tiempo récord gracias a que se ha alcanzado el número suficiente de países que lo han ratificado, entre ellos China y EE UU. Pero no está desarrollada la letra pequeña del pacto, que marcará si es un éxito o no. El acuerdo sería algo así como una ley, pero aún falta el desarrollo de los reglamentos. Por ejemplo, se deben fijar mecanismos claros de control y contabilidad de las emisiones mundiales de CO2 o un sistema de balance de los esfuerzos globales en la reducción de los gases de efecto invernadero.


El pacto de París estaba pensado para que entrara en vigor en 2018. Durante los dos años anteriores, se debía trabajar en ese desarrollo reglamentario. Y en la Cumbre de Marrakech lo que se ha aprobado es seguir con esa hoja de ruta, es decir, el compromiso de todos los países de tener el cuerpo de reglamentos listo para 2018.


Atasco


El texto final se ha atascado este viernes. Algunos países eran reacios a dejar claro ya ese calendario. Según fuentes de la negociación, apostaban por posponer la decisión a 2017. Se trataba, según estas mismas fuentes, de países con intereses petroleros muy fuertes que preferían "esperar a ver qué hace Trump".


El texto final de Marrakech, que se divide en dos partes, también ha entrado en la discusión sobre la financiación. En estas negociaciones, que se celebran cada año desde hace más de dos décadas, siempre se repite la misma pregunta: ¿cuánto y cómo deben pagar los Gobiernos desarrollados a los países pobres que sufren los efectos de un calentamiento desencadenado por los más ricos?


En el Acuerdo de París se establecía la obligación de que, en 2020, existan 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática, que principalmente deben aportar los desarrollados. La OCDE sostiene que ya hay compromisos por valor de 70.000. La mitad debe ir a parar a mitigación (recortes de emisiones) y la otra mitad a adaptación, es decir, para esos países que ya sufren los efectos del calentamiento o los padecerán.


La discusión ahora se centra en saber a través de qué instrumentos se canaliza ese dinero. Con el Protocolo de Kioto, que estará vigente hasta que en 2020 se empiece a aplicar el Acuerdo de París, se creó el Fondo de Adaptación. Y los países en desarrollo quieren que continúe, entre otras cosas, porque es mucho más ágil que otros al tratarse de ayudas entre Estados sin intermediarios. El texto final de Marrakech recoge esa continuidad del Fondo de Adaptación más allá de 2020.

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 02 Noviembre 2016 07:10

Bases políticas para la Constituyente de la paz.

Bases políticas para la Constituyente de la paz.

Ideas, preguntas y propuestas para fortalecer la propuesta de la convocatoria y elección de la Constituyente por la paz.

 

Introducción

 

En política hay hechos que no se pueden ignorar. Existe un Acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano en cabeza del señor Santos e, igualmente, tenemos un pronunciamiento ciudadano en un plebiscito que lo rechazo por escaso margen.

El texto del consenso de paz está en el aire y su esencia se intenta recuperar mediante un complejo proceso de negociaciones adelantado por el gobierno con los representantes del No. Simultáneamente la Mesa de La Habana con las Farc ha sido reactivada con el objetivo de construir un nuevo pacto que permita rescatar lo construido a lo largo de seis años de diálogos en materia agraria, democracia ampliada, drogas, victimas, justicia, terminación del conflicto e implementación de las coincidencias.

Si bien el Acuerdo de Cartagena es un protocolo de gran valor, base de la apertura democrática y del fin del más prolongado conflicto social y armado de nuestra historia, punto de referencia de una nueva gramatica política y de una discursividad asociada con las demandas populares y nacionales, tampoco es lo máximo respecto de los cambios profundos que demanda la grave crisis sistémica que azota la sociedad y el régimen político.

Ya sabemos que desde sus inicios, la delegación del gobierno colocó en La Mesa de conversaciones, unas líneas rojas para impedir alteraciones del modelo económico neoliberal, para no tocar las Fuerzas Armadas y las doctrinas contrainsurgentes que le dan sustento y para sostener el régimen político con su sistema electoral y de partidos clientelares.

Es lo que explica en gran medida el rechazo santista a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente.

Aun así, en el nuevo escenario planteado con las votaciones del pasado 2 de octubre, tanto la ultraderecha como la derecha gubernamental, han formulado en práctica coincidencia, un conjunto de propuestas que desmantelan lo construido durante varios años. De hecho, estas dos corrientes de la elite dominante, convergen en una contrarreforma que afecta las bases mínimas de una paz democrática.

Todo ello es fácil percibirlo a propósito de la justicia especial de paz, de la reforma agraria, de la participación política, del blindaje constitucional, de los derechos políticos de las Farc, de la erradicación del paramilitarismo, de la renovación de la política, de la implementación, de la dejación de las armas y del Cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo.

La extravagancia de la ultraderecha es asombrosa. Nos quiere regresar al oscuro periodo de la mal llamada seguridad democrática y al imperio de la impunidad en materia de masacres, falsos positivos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.

El gobierno no se queda corto en sus intenciones y pretende meterle candado al modelo neoliberal con una regresiva reforma tributaria, con las Zidres, con la megamineria, con el código de policía, con más prebendas a la politiquería, con ventajas electorales para los gamonales del régimen y con los aberrantes monopolios mediáticos que desvían la esencia de la problemática nacional.

Súmele a lo anterior la fragilidad y las incertidumbres sobre la implementación de nuevos consensos para terminar definitivamente la guerra.

No hay claridad y cualquier cosa puede suceder en momentos en que crecen las premuras y afanes del señor Santos, afectado, por lo demás, por una gran debilidad política e institucional, pues con los días el desafecto ciudadano crece frente a su gobierno.

La coyuntura demanda mucha imaginación, mucho esfuerzo político para encontrar la mejor ruta y la mejor fórmula de salida al enredo en que nos encontramos, del cual solo la oligarquía saca partido para darle continuidad a su sistema de dominación.

No es con pañitos de agua tibia que damos el salto. No es con procesos gradualistas y de simple acumulación que se pueden atender los desafíos y retos de la coyuntura.

Asi ocurrió en 1990 cuando un sector de la clase dominante diseño, promovió e impuso una formula constituyente al margen de los impedimentos y obstáculos legales del texto de 1886 con sus respectivas reformas.

Se puede acudir a la actual Constitución. Se puede traer a colación el texto de los artículos 374 y 376 de la misma para generar un marco de referencia, pero creo que eso no es suficiente.

Un cuerpo constituyente soberano hoy tiene que ser el reflejo y el resultado de la potencia del poder constituyente de la resistencia campesina y popular.

Una Constituyente de la paz no puede ser hechura de la clase política dominante vinculada con la corrupción y la degradación del campo político.

Una Constituyente tiene que ser el resultado de una conquista del proceso de paz.

Hechas esas consideraciones, lo que procede es profundizar la reflexión y el análisis sobre dicho mecanismo.

 

Preguntas sobre la Constituyente

 

Al respecto bien sirve plantearse algunas preguntas ¿En qué consistiría un pacto político para convocarla? ¿Quiénes intervendrían en este? ¿Cuáles serían las bases de su convocatoria? ¿Cuántos delegados la integrarían? ¿Cuál sería el sistema electoral para escoger sus miembros? ¿Qué cuotas se darían a los representantes de las Farc, de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los afrodescendientes, de los intelectuales? ¿Cuál sería la agenda de la Constituyente? ¿Cuáles serían los ejes de su reglamento para funcionar? ¿Durante cuánto tiempo funcionaria la Constituyente? ¿Cómo sería la reglamentación de la campaña para su elección y difusión entre la ciudadanía?

Estas son cuestiones que deben debatirse y analizarse para crear las condiciones políticas de dicho mecanismo.

 

Las propuestas iniciales de las Farc

 

Entre tanto, traigo nuevamente las ideas formuladas desde fines del año 2013 por la delegación de las Farc en la Mesa de diálogos de Cuba (http://bit.ly/2ebnj50 ).

Son tesis que seguramente tendrán que actualizarse a la luz de los acontecimientos presentados a lo largo 35 meses en materia de paz y superación del conflicto.

1. Proceso de paz y poder constituyente.

En consideración a la oportunidad histórica sin igual de un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano.

Todo ello, en consonancia con lo señalado en el preámbulo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional”, el 26 de agosto de 2012, cuando estipula que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (...)”.

2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz.

Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano.

3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente.

La convocatoria se fundará en un “Gran Acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente”, concebido como expresión de la voluntad política colectiva y del compromiso de las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales de la Nación para contribuir a la construcción de un Acuerdo final.

El propósito del mencionado gran acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósito y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo político nacional” se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final...

4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente.

Para tal efecto, se activarán los dispositivos comunicacionales a que hubiere lugar, incluida su financiación. De manera especial, se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. La generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad.

5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente.

En el entendido de que el alzamiento armado no ha sido contra algún gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el “Gran acuerdo político nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera.

6. Diseños normativos.

En reconocimiento del origen político del derecho, harán parte del “Gran acuerdo político nacional” los diseños normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

7. Propósito y principios.

a. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera.

b. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes.

c. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural.

d. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la paz y la denominada justicia transicional.

La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana.

8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente posee un doble carácter. Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. La Asamblea es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. En todo caso, al momento de refrendación de la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea.

9. Composición.

Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación.

10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos. Los electos en circunscripciones especiales en los términos de acciones afirmativas electorales, las cuales serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral.

Las circunscripciones especiales se les concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados. Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos a través de elección general y directa y con un sistema electoral transparente.

11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en el marco del “Gran Acuerdo político nacional”. En todo caso, se trata de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas, afro descendientes y mujeres. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de acuerdo en la Mesa de Conversaciones.

12. Alcances legislativos.

Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo político nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será determinada por la propia Asamblea.

 

La Constituyente en la actual Carta

 

En este debate preliminar cito los textos de la actual Carta política sobre la materia.

ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

 

Nota. Hay consternación generalizada en el Quindío por la manera como la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, Toto, su compañero permanente y el tío de éste, el Representante a la Cámara, Atilano Giraldo, todos ellos integrantes de Cambio Radical, despojaron, mediante contratación fraudulenta, los dineros transferidos a la gobernación por concepto de regalías petroleras. Esos dineros mal habidos se utilizaron para comprar miles de hectáreas en Génova y otros municipios de la Cordillera en donde existen abundantes concesiones mineras. Para tales irregularidades no hay fiscalía, ni autoridades policiales, ni jueces que adelanten las correspondientes acciones penales. Hay indignación en el Quindío por todo esto. Las cosas son iguales a las de la Guajira.

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Sobre la suspensión por parte del presidente Santos de la instalación de la Mesa pública en la ciudad de Quito

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional considera muy necesario expresar sus puntos de vista ante Colombia y la Comunidad Internacional sobre la suspensión por parte del presidente Santos de la instalación de la Mesa pública en la ciudad de Quito, en la hermana república de Ecuador, acordada para el pasado 27 de Octubre.


Hemos sido insistentes en el compromiso de cumplir la palabra empeñada y en hacer méritos a la verdad, por encima de las diferencias o intereses políticos, como parte de la ética que debe caracterizar a los revolucionarios.


Es falso que el ELN haya incumplido lo acordado con el gobierno, para llegar a la instalación de la Mesa Pública.


Para sustentar esta afirmación consignamos a continuación apartes de los acuerdos firmados, por las delegaciones del ELN y el Gobierno en Caracas, Venezuela, el pasado 6 de Octubre, en presencia de los garantes de Venezuela, Cuba, Noruega, Brasil y Chile.

Acuerdos:


Extracto del documento #2


“4. En el marco de las dinámicas y acciones humanitarias de las partes, el ELN iniciará el proceso de liberación de los secuestrados/retenidos con 2 casos antes del 27 de octubre”.

Extracto del Documento #3


“En el marco de las dinámicas y acciones humanitarias de las Partes:


1- El ELN hará una liberación de un secuestrado/retenido en el transcurso de la primera ronda de conversaciones.
2- A solicitud del ELN, y conforme a la ley, el Gobierno Nacional nombrara dos (2) gestores de paz antes de iniciar en Quito, y una vez instalada la Mesa se procederá a desarrollar el trámite correspondiente para conceder dos (2) indultos en un plazo de 30 días”.

Conforme a lo acordado en el Documento número 2, el ELN el mismo día 6 de Octubre procedió a liberar al exalcalde de Charalá (Santander) señor Fabio León Ardila y en los días posteriores liberó al último arrocero que tenía en su poder. Estas dos personas fueron entregadas a comisiones humanitarias en presencia de medios de comunicación.


De esa manera, el ELN cumplió lo acordado en el documento número 2.


Para el caso de la liberación de un tercer retenido conforme a lo acordado en el Documento número 3:


“1- El ELN hará una liberación de un secuestrado/retenido en el transcurso de la primera ronda de conversaciones”.
Tenemos toda la disposición de cumplir este acuerdo cuando se inicie la primera ronda tal como fue acordado “en el transcurso de la primera ronda”.


Estamos a la expectativa para que el gobierno se disponga a cumplir lo que le corresponde consignado en el acuerdo del documento número 3, numeral 2.


El Comando Central del ELN tiene bien claro que la divulgación de estos documentos no es lo procedimental; sin embargo, es el único recurso que el presidente Santos nos ha dejado, al suspender la instalación de la Mesa en Quito, bajo el argumento de que el ELN está incumpliendo lo acordado.


Como queda demostrado, el ELN no está incumpliendo nada, al contrario, ha cumplido cabalmente lo definido, razón por la cual afirmamos que la negativa del presidente Santos para instalar la Mesa Pública en Quito, el pasado 27 de Octubre, no es otra cosa que una presión arbitraria e indebida, violatoria de lo acordado entre las dos delegaciones el pasado 6 de Octubre, en presencia de los 5 Garantes representantes del mismo número de países.


Aún en medio de estas dificultades, el ELN le ratifica a Colombia y a la Comunidad Internacional, su disposición a continuar buscando la paz de Colombia y tiene toda la voluntad de aportar soluciones dialogadas con el gobierno colombiano, para resolver este delicado impasse.

Comando Central del ELN

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Por enésima vez, la salida es la Constituyente de la paz.

La manguala Santouribista pretende enterrar el Acuerdo de Paz de Cartagena y reemplazarlo por la Seguridad Democrática, la megamineria y las Zidres.

Hay que levantar la bandera de la Constituyente soberana por la paz.

La idea de la Constituyente.

La idea de una Asamblea Constituyente soberana y popular por la paz, para que se encargue de consolidar los Acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos, en representación del Estado, y las Farc como expresión de la resistencia agraria, se ha planteado de manera reiterada durante los 6 años de diálogos adelantados en la Mesa de La Habana.

La delegación de la guerrilla le ha dado sustento a tal iniciativa, resaltando su conveniencia y necesidad.

Se trata de un mecanismo político extraordinario que refleja el poder constituyente de las masas y la multitud abigarrada.

Dicha hipótesis fue rechazada desde siempre por la elite política oligárquica mediante argumentos expresados por Santos para estigmatizarla, descalificarla y descartarla.

Mejor un plebiscito, sostenía, como mecanismo de refrendación de los consensos de paz.

Una Constituyente no era útil, ni necesaria, pues sus decisiones destruirían lo acordado. Daría al traste con el Pacto de paz de Cartagena. Sus amigos, los contratistas de siempre, le acompañaban en esa percepción e iban más lejos: la Constituyente era y es un salto al vacío. Una experimento arriesgado y aventurero que debía y debe rechazarse.

Pero, a la luz de los hechos, de la sabia experiencia, lo que en realidad se está dando es todo lo contrario.

Santouribismo al ataque.

Se impuso el Plebiscito y después de su derrota el Acuerdo de paz quedó en el limbo. Prácticamente se volvió un cadáver que las aves carroñeras de la ultraderecha uribista y la derecha santista desguazan sin contemplación. Entre toda esta jauría se disputan la manera de eliminar la Paz de La Habana y Cartagena.

El santouribismo quiere enterrar la reforma rural integral y los derechos agrarios alcanzados para apuntalar el despojo de 6 millones de hectáreas a casi 8 millones de campesinos desplazados.

Quiere eliminar la justicia especial de paz para dejar en la impunidad masacres, desapariciones, falsos positivos, parapolítica y paramilitarismo. Para que Santiago Uribe quede libre e igual el señor Uribito pueda seguir muy campante por las calles de Miami, aletiando su impunidad y tropelías. Para que los rebeldes guerrilleros se pudran en las cárceles y mazmorras del régimen.

Quiere suspender la democracia ampliada, la representación política de las Farc, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad de los guerrilleros, el estatuto de la oposición y las garantías para los movimientos sociales.

Quiere cercenar los derechos de las mujeres, indígenas, afros, lgtbi y de otras minorías campesinas.

En suma quiere enterrar y fulminar los importantes avances para terminar el conflicto social y armado que se consolidaron en las negociaciones de los últimos seis años.

Santos abogado del uribismo.

Santos está aprovechando los famosos ajustes planteados por el regresivo pliego de Uribe y Ordoñez para afirmar la contrareforma de la paz. Se convirtió en el abogado de las facciones fascistas para obligar a la contraparte a ceder en todo, a rendirse y omitir las demandas históricas del movimiento de la resistencia agraria y popular.

Pretende coronar la paz neoliberal que oxigene el régimen de dominación oligárquica. Es lo que nos explica su afán, sus presiones y sus amenazas contra las Farc.

El descaro es tal que si nos descuidamos nos zampa su retorcida reforma tributaria en nombre de la paz.

Rescatar la Constituyente.

La Constituyente es una alternativa que se debe rescatar de manera urgente.

Hay nuevos elementos planteados para que la misma cobre curso sin tardanza.

La tesis de R. Jimeno.

Jimeno plantea que “la Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes” (http://bit.ly/2eo4ufW ).

La propuesta de Gutiérrez Sanin.

Gutiérrez Sanin ha propuesto “convocar lo más pronto posible a un Cuerpo colegiado, una suerte de congresito, para que delibere y decida sobre los acuerdos de paz...... Un cuerpo colegiado que discuta y apruebe (o rechace) un texto final del acuerdo, quizás con elementos adicionales que justifiquen la nueva convocatoria. Ventajas: plena legitimidad democrática, pluralismo, múltiples voces. Como escuchar al país es quizás la demanda fundamental del Eln, se podría tener al menos expectativas razonables de que entrara en el proceso. Y éste sería mucho más deliberativo que un plebiscito. En una elección de esta naturaleza cabrían, y podrían expresarse, todos los matices de opinión del país. Naturalmente, también hay riesgos y costos. Es claro que de esta no vamos a salir gratis. Las partes del acuerdo tendrían que someterlo a un debate abierto. Pero se preservaría la arquitectura básica de aquel. Una coalición pro-paz tendría buenas oportunidades de salir avante. Los partidarios de la paz no podemos olvidar en ningún momento que somos la mitad (mal contada) del país. Y esas elecciones se podrían convocar para abril o mayo del próximo año. No soy abogado, pero hablando con los que saben todo esto no parece irrealizable” (http://bit.ly/2dYN1g0 ).

Agitar la bandera de la Constituyente.

No hay que darse por derrotado en este cometido. Exigir y demandar la Constituyente es lo más consecuente, ético y lógico con la lucha histórica que representa las Farc.

Hacerle más concesiones a Santos es plegarse su esquema neoliberal y excluyente. A su sistema de corrupción y despojo de los patrimonios estatales.

Es plegarse a su camarilla politiquera, enemiga de la sociedad.

Nota. El santouribismo también funciona en la conjura imperialista para destruir a Venezuela. Desde Bogotá se orquestan, con el consentimiento de Santos, las campañas mediáticas contra el Gobierno del Presidente Maduro.


HDG

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