Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

“Vivir en las calles de la indignación”*

En medio de la desatada crisis de gobernabilidad –y tal vez, de régimen– en que entró el país con el resultado del plebiscito, el grito que gana audiencia por todo el país, grito sin adjetivo, desnudo, con fuerza inusitada: es ¡paz!, ¡queremos paz! ¡Acuerdo ya!

 

En marchas que una y otra vez avanzan –a ritmo frenético– en diversidad de ciudades, pero también, en declaraciones que producen encuentros de los más diversos matices, la exigencia es idéntica: “queremos paz”, “queremos acuerdo ya”. La vía de la solución política se impone. Nunca, votar es todo.

 

Reclamo tan desnudo que hace creer que en el país del Sagrado Corazón de Jesús, todo el mundo entiende igual por paz. Que todo el mundo es apéndice del presidente Santos y le hace la segunda para que imponga su visión sobre la paz, que es la de su clase y élite: esa que brinda porque tras los Acuerdos –con una y con las otras insurgencias–, los banqueros y mercachifles tengan terreno libre para ampliar sus negocios y hacer imposiciones políticas a sus anchas. Nada más nefasto, y más despolitizante para la conciencia popular que admitir un coro a una sola voz con el Palacio de Nariño, el Capitolio y los grandes Gremios.

 

Tal vez en las pocas semanas de campaña plebiscitaria, y los días que siguieron hasta bien entrado octubre, miles, millones de connacionales, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, tal vez han construido, favorecidos por las marchas y declaraciones, una idea, que la paz es una: el silencio de los fusiles. Más, como sabe cualquier estudiante de primer semestre de ciencias sociales, la paz, positiva, es mucho más que el silencio de la pólvora.

 

La paz corresponde con un modelo otro en lo económico, lo social y lo político. Y en este último componente, paz es la expresión de una democracia ampliada, plena, con decisiones en todo territorio, en la cual, el factor fundamental es la dignidad de cada ser humano, en sus entornos y comunidades.

 

“Que en ningún hogar se escuche el llanto de un bebé por causa de hambre”, pero también, que ningún niño, joven o adulto esté infeliz porque no puede ingresar a clase –por no tener con que pagar los ‘derechos’ de estudio–, o que alguien tenga que suplicar atención a la puerta de un hospital, por sólo citar unos pocos ejemplos. Injusticia y esencia material del actual régimen de cosas que el liberalismo redujo en su factor político, de manera vulgar, a un voto cada tanto tiempo.

 

También, cualquier estudiante de primeros cursos sabe que la democracia es y exige, para ser plena, mucho más: debe pulsar, además de la garantía a esa dignidad ya relacionada, la participación activa de todos los integrantes de un conjunto social de manera plena y vital. Es decir, sin temer “el destino anticipado de los ángeles” por aquello que diga o calle, sintiéndose sujeto de su presente y su devenir, así como integrante pleno de derechos de un conglomerado social dado. Democracia viva. ¿Existirá otra vía para romper el persistente desinterés y/o desconfianza con respecto a lo público, que como tal expresa en nuestro caso la persistencia del abstencionismo?

 

Conglomerado de base y urgencias, que sabe que la razón de la tensión entre quienes acaparan la riqueza, y quienes desean que la realidad sea distinta, descansa en el hecho de la acumulación y apropiación de lo producido por todos, por parte de unos pocos. Tensión que tiene solución en la redistribución de la riqueza colectiva, garantizando que cada cual dé según sus capacidades, y cada cual reciba según sus necesidades. Igualdad. He aquí un bello reto cada vez más significante y cada vez más posible de hacer realidad, sustento de una democracia no reducida ni vulgarizada en el acto de voto, que elige pero nada decide.

 

Democracia plena y viva, que no puede tornarse cuerpo mientras por doquier la riqueza no sólo tiende a, sino que es evidente su concentración cada vez mayor en menos manos, y por proyección, en la concentración del poder político. Democracia plena y viva, deformada cada día por el creciente autoritarismo que cubre a todos los países.

 

Autoritarismo traslapado tras cámaras de video, chuzadas de teléfono de todo tipo, vigilancia permanente, coerción disfrazada, y otras coacciones más. Y cuando las cosas parecen salirse de mano, pues simplemente negada por el garrote y el disparo, en nuestro caso del Esmad, del policía sin casco, del soldado, del agente de inteligencia, o simplemente y común, del paramilitar. La democracia no puede ser o vivir cubierta por el miedo: o somos libres o simplemente no existe. La libertad admite, propicia y protege el debate abierto, la desobediencia, la protesta, la inconformidad.

 

Es necesario, entonces, que en este conjunto de expresiones callejeras, de manifestaciones multitudinarias, y más allá de estas, en lo micro y cotidiano, haya luz y diferencia acerca de la ‘paz’ que persigue el establecimiento y la paz que le sirve a las mayorías sociales. Por tanto, debe ganar espacio la idea-fuerza de que sin democracia plena, radical, directa, plebiscitaria, las mayorías nunca verán realizada, como suceso cotidiano, la libertad, la igualdad, la dignidad, la justeza y la felicidad... Y para llegar allá, nos toca dejar el miedo.

 

Ese miedo y temor que pulsa en lo más superficial y más profundo de nuestro tejido social, legado y sembrado por décadas de violencia oficial. Toca entonces, hacer cadena y emprender actividades colectivas para anticipar persecuciones y superar el temor a la muerte selectiva o colectiva, y arriesgar nuestra tranquilidad en la calle, pero también, en el sitio de trabajo, de formación, de esparcimiento, o cualquier otro.

 

Que la democracia otra, la no liberal, sí es posible y necesaria. Viable, y que descansa en el soporte colectivo creado por la revolución técnico-científica –o cuarta revolución industrial como también la denominan. Portón más que evidente, para que los bienes creados en el curso de la existencia humana, creación potenciada hasta el asombro en las últimas décadas, que además deben ser colectivos –como también debe serlo todo lo prodigado por la naturaleza, como el agua, el aire y otra multitud de sus recursos–, resulten suficientes, y todos los seres que habitamos este planeta vivamos, sin necesidad de depradar ni excluir a nadie.

 

¡Otra democracia, sí!, decimos algunos activistas y militantes sociales y de una política alternativa de las ambiciones personales y de grupo. ¡Otra democracia, sí!, posible de reconocer y proyectar en medio de las demandas de paz y respecto a los acuerdos hoy en curso. Grito a ganar y poner como adjetivo de una paz mayúscula. Paz que el discurso oficial, de no ser así, terminará por reducir a instrumento para acumular y excluir más. Además, para impedir la conjugación de fuerzas sociales en pro de otro país sin demora: para el aquí y ahora.

 

* Expresión de Boaventura de Sousa Santos en Cartas a la izquierda.

Publicado enEdición Nº229
La solución está en La Constituyente por la paz.

Hay que defender en su integridad el Acuerdo de paz de Cartagena. Permitir su alteración es desconocer la generosidad de la resistencia campesina revolucionaria.

Calma y paciencia. No hay que caer en la trampa santista de las peligrosas velocidades para dar golpes de mano; tampoco hay que dejarse intimidar del paramilitarismo uribista.

La oligarquía quiere sortear la crisis de su régimen político con pactos de las camarillas oligárquicas para apuntalar su régimen representativo elitista causante de la abstención y la manipulación politiquera del santísimo y la ultraderecha.

Ante el fracaso del plebiscito y los desastres que está ocasionando, la solución es la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana por la paz, tal como lo propuso la delegación de las Farc desde el 20 de diciembre del 2013. Esa es la premisa para dar curso a la terminación de la guerra civil.

Una Constituyente debe ser el fruto de una amplia coalición por la paz, tal como la que se impuso en la segunda vuelta presidencial del 2014.

Las falsas alternativas.

Para destrabar el proceso de paz con las Farc se están sugiriendo varias alternativas.

Su implementación seria francamente un retroceso que destruiría el Pacto de paz de Cartagena, afectando seriamente el trabajo realizado por casi cinco años en La Mesa de La Habana para dar termino al conflicto social y armado de casi 60 años de existencia.

Unos proponen utilizar las facultades presidenciales en materia de orden público, que es como entregar un cheque en blanco para que la elite plutocrática representada por Santos, disponga a su amaño del país y el Estado.

Otros sugieren transitar la vía parlamentaria ordinaria para aprobar leyes con los consensos alcanzados en Cuba, que seguro será utilizada por la corrupta clase política para seguir con el saqueo del Estado, utilizando la bandera de la reconciliación.

Hay quienes plantean fortalecer la mediación y poderes de un organismo internacional, lo que significaría la entrega de la soberanía patria al Departamento de Estado y las grandes corporaciones gringas y Europeas.

Desde otro ángulo están quienes postulan decisiones de la Corte Constitucional para dar curso a los pactos alcanzados, que no es más que facilitar la venganza del podrido sistema judicial contra la justicia especial de paz.

Un pacto oligárquico tipo Frente Nacional.

En el trasfondo esta perfilada la vieja fórmula de un pacto tipo Frente Nacional entre los clanes oligárquicos, para readecuar el régimen político contramayoritario a las presiones populares y demandas ciudadanas para alcanzar la paz con derechos y justicia social.

Sería el retorno implacable del sistema representativo elitista, que ha implicado, entre otras cosas, un alto nivel de abstencionismo, una cultura política construida por los medios y por las redes sociales, la confianza de los ciudadanos en “gerentes” para administrar lo público, y un ejercicio de la política en el que los partidos no promueven la participación, no se preocupan por la gente que no vota, sino que aspiran a obtener la cantidad de votos requeridos para acceder a sus representaciones, en una carrera política en la que aplican la competencia propia del sistema económico capitalista, al igual que ocultan y tergiversan (http://bit.ly/2dRQe0K).

Ese el alcance de las reuniones de compadres de Santos con Uribe, Pastrana y Ordoñez

Es la peor vía para resolver la crisis de legitimidad del régimen político expresado en las altas cifras de abstención en el plebiscito, equivalentes al 63%; en la pequeña diferencia entre el SI y el NO; y en la descarada manipulación clientelar, antropológica y mediática, tanto de la ultraderecha fascista como del oficialismo santista.

Es el camino de la exclusión del pueblo y los movimientos sociales, para superar la crisis sistémica que afecta a la nación.

Otra vez la paz exprés con Premio Nobel.

Pero, si tal esquema es un desastre, no lo es menos la idea de acelerar unos acuerdos para destruir el Pacto de paz de Cartagena.

Santos necesita llegar al 10 de diciembre, fecha en que se le entregara el premio nobel, con una formula salvadora que satisfaga los poderes globales volcados en imponer una paz neoliberal para favorecer el extractivismo minero y la agroindustria de la Altillanura.

Santos necesita una paz exprés para anular las conquistas democráticas consagradas en los consensos fundamentales de La Habana.

Por eso se necesita advertir con alarma sobre estas velocidades oficialistas.

Son una trampa fatal.

De las carreras no queda sino el cansancio.

Calma, paciencia y ponderación es lo único que se le debe pedir a las partes honestamente interesadas en una paz democrática con apertura al pueblo y sus demandas.

Santos impuso su plebiscito y ya conocemos el resultado. De nada sirvieron las advertencias y observaciones argumentadas. Y quien cometió el error debe asumir las consecuencias. Ahora no puede aparecer muy fresco y orondo como si nada.

Convocar la Constituyente de la paz. Los 12 puntos de las Farc.

La delegación plenipotenciaria de las Farc/EP siempre coloco sobre la Mesa de diálogos la idea de convocar y realizar una Asamblea Constituyente soberana por la paz.

Desde el gobierno se le descalifico y estigmatizo con tesis muy débiles, siempre para realzar el infausto plebiscito.

Hoy se dice que la Constituyente es un salto al vacío.

Que su funcionamiento destruirá lo acordado.

Sin observar que quien llevo a ese fatal resultado fue el malogrado plebiscito santista, dejando por el suelo toda la baba de De La Calle y sus juristas despistados, a propósito de la Ley que ordeno realizar la consulta del pasado 2 de octubre.

La Constituyente soberana y popular por la paz es la salida más conveniente para los intereses mayoritarios del país y para proyectar las salidas a la descomunal crisis en que se debate la nación.

Ya las Farc plantearon desde el 20 de diciembre del año 2013 un conjunto de iniciativas para convocar y elegir una Constituyente.

Conviene recordarlos e insistir en ellos.

1.- Ante la amplitud de los temas que se discuten en la Mesa Conversaciones de La Habana, la única solución posible para su refrendación, es una nueva asamblea constituyente conformada de forma amplia, democrática y participativa.

2.- Esta nueva constituyente se convocaría como máxima expresión de la población colombiana como soberana de la Nación.

3.- Para ello se propone el establecimiento de un “Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente” que se encargará de gestionar la conformación de la nueva constituyente, así como de establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular.

Todo esto a partir de concertar propósito y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea.

4.- También proponen promover una movilización social por una nueva Asamblea, para lo cual el Gobierno deberá “activar los dispositivos comunicacionales a que hubiere lugar, incluida su financiación”. También se procurará estimular la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados.

5.- Aclarando que “el alzamiento armado de la guerrilla no ha sido contra un gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto”, el Gran Acuerdo Político se encargaría de comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. Esto como muestra de la voluntad del Estado frente a este tema.

6.- Con el fin de darle viabilidad jurídica y política, la convocatoria de esta nueva constituyente se haría conforme a las normas vigentes relacionadas con este tema.

7.- Este punto establece el propósito y principios bajo los que actuaría la nueva constituyente, definiendo su resultado como “el verdadero acuerdo de paz, justo y vinculante”. Dentro de estos principios se incluye una normatividad para la paz y el respeto a los derechos consagrados en la constitución de 1991.

8.- La nueva Asamblea tendría como objetivo elevar a nivel de mandato constitucional los acuerdos que se alcancen en el proceso de paz, pero en consonancia con lo que decida la población colombiana.

9.- La nueva asamblea estaría conformada por 141 integrantes de todos los sectores de la sociedad. Entre ellos habrá una porción integrada por las fuerzas que se han alzado en armas contra el Estado, cifra que sería establecida al momento de discutir los mecanismos de refrendación del acuerdo de paz.

10.- Los integrantes de esta asamblea serían escogidos popularmente en dos partes. Una a nivel nacional y otra por circunscripciones especiales de los sectores más excluidos como los campesinos, indígenas, afrocolombianos e integrantes de las comunidades Lgbti.

La parte integrada por los excombatientes guerrilleros será elegida por designación directa de cada guerrilla.

11.- El objetivo de esta nueva constituyente, con respecto a las Constitución de 1991, sería “de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes”.

12.- De la misma forma en que se hizo durante la Asamblea Constituyente en 1991, en esta nueva ocasión, se conformaría un cuerpo legislativo más pequeño que se encargará de emitir las leyes necesarias para la continuidad del funcionamiento democrático del país, hasta que la nueva constitución entre en vigencia.

 

Nota 1. La campaña por la Presidencia de la Republica despego el pasado 2 de ocutbre, con Uribe en la punta por una pequeña ventaja. Se trata de la primera vuelta. Pero como en el 2014, las votaciones de mayo del 2018 validaran las mayorías contra la guerra.

Nota 2. La paz se defiende y consolida con la más amplia movilización y participación de los movimientos sociales comprometidos en la apertura democrática y los logros de los consensos alcanzados en La Habana.

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Consolidar el Cese bilateral del fuego y hostilidades.

La defensa y protección de los Acuerdos de paz de Cartagena requiere una acción ágil y urgente de las partes involucradas.

Hay que profundizar la acción de masas en defensa de la paz, con tomas agrarias, indígenas y afros de los grandes centros urbanos del país, en esta primera quincena del mes de octubre

Hay que consolidar el Cese bilateral del fuego y hostilidades aplicando de inmediato los protocolos correspondientes.

La política vive de contragolpes. De maniobras sorpresivas. Quien esté involucrado en dicho mundo sabe a qué atenerse y construye sus propias estrategias para alcanzar unos objetivos concretos en la disputa por el poder para materializar determinadas ideas.

Téngase en cuenta para ilustrar esta afirmación lo ocurrido con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Gramsci, en un modelo que comparto plenamente, decía que se pueden encontrar en el arte de la política dos tipos de estrategia: la guerra de movimientos como lucha frontal y armada para la conquista directa del poder y la guerra de posiciones, o de trincheras, si se quiere, como una lucha hegemónica para ganar posiciones.

En gran medida, las conversaciones de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, nos han dibujado un gradual tránsito hacia la guerra de posiciones, hacia la lucha de trincheras contra hegemónica.

El transito no luce pacífico y tendrá muchos traumatismos, pues la ultraderecha más retrograda pretenderá hacer prevalecer sus posturas intransigentes.

Esa es la conducta normal de tales facciones políticas. Mírese sino a España, en la actual coyuntura, con el bloqueo e interinidad institucional provocada por Mariano Rajoy y el Partido Popular. Su rechazo a las demandas de cambio planteadas por los indignados y Podemos son de una ferocidad implacable. No ahorran recurso para obstaculizar los cambios urgentes en el Estado y la sociedad.

En nuestro caso, superar el atascamiento generado por los resultados del plebiscito, implica comprometer mucho tino y olfato por las partes comprometidas en la construcción del Acuerdo de paz de Cartagena. Nada de dogmatismos y rigideces que afecten las salidas adecuadas. Mucha iniciativa, flexibilidad y resiliencia.

Uribe y su bloque reaccionario, trabajan para destruir lo avanzado y consolidar su estrategia de regreso a la cabeza de la Presidencia de la Republica. Su plan es convertir los consensos de La Habana en otro caballito de batalla de una campaña electoral prematura. En igual sentido se mueven Vargas Lleras y Ordoñez, estimulados por la idea de llegar, en el 2018, a la Casa de Nariño.

Es lo que obliga a los otros actores a definir rutas de protección de la paz. Hay que actuar con celeridad y rapidez, adoptando los esquemas correspondientes. Claro está, sobre la premisa de escuchar las inquietudes de los opositores, a las diversas tendencias que promovieron el No en las votaciones del 2 de octubre, sin dilaciones y debates desgastantes.

Debe haber un límite prudente y tomar las determinaciones necesarias que partan del reconocimiento de la integralidad de los consensos de paz, firmados por Santos en virtud de las facultades concedidas por las votaciones que lo escogieron como Presidente de la República.

 

Hay salidas.

 

Santos no ha perdido sus facultades constitucionales y legales, y las Farc se han consolidado como un actor central del campo político para hacer prevalecer las conquistas alcanzadas, que son las de una potente mayoría social y agraria

Punto clave en todo esto es la movilización de la sociedad civil. Están en curso grandes acciones de masas como las protagonizadas en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, pero se requiere la presencia contundente de los campesinos, indígenas y afros con huelgas, paros, bloqueos de autopistas, como las registradas hace unos meses con la Minga étnica.

Hay que reforzar las tomas agrarias de los grandes centros urbanos, previstas para esta primera quincena de octubre.

Hay que comprometer a los educadores, a Fecode, a la CUT, a los pensionados, a las organizaciones de mujeres, de desempleados y otras manifestaciones del mundo popular y la multitud para que hagan sentir la potencia de su compromiso con la paz.

Hay que dar forma ya a una masiva resistencia civil contra la guerra y la violencia promovida por la ultraderecha violenta, fascista y paramilitar.

Entre tanto hay que afincar aspectos nodales de las negociaciones.

Me refiero al Cese bilateral del Fuego y hostilidades, al funcionamiento del Mecanismo tripartito de Verificación en el que participa la ONU y a la revisión de la situación de las personas detenidas por sus vínculos con las Farc.

Respecto del Cese Bilateral del Fuego y Hostilidades deben las partes proceder con los correspondientes Protocolos diseñados para hacer efectivo tal evento.

El Señor Ministro de la Defensa, Doctor Luis Carlos Villegas, ha dicho que ese es su compromiso y ha dado órdenes para que se avance en acciones muy concretas. Eso es serio y responsable y merece el apoyo de la sociedad.

Como parte del tratamiento de tal mecanismo, me permito hacer una relación de dichos protocolos.

Protocolo y Anexo del capítulo de Introducción del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Dicho Protocolo está integrado por las fases de planeamiento y ejecución, que permite: el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor; la adaptación de los dispositivos en el terreno; el funcionamiento de las 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se han definido de común acuerdo.

Protocolo con las reglas que rigen el Cese al Fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Las conductas que se describen en el mismo son el núcleo principal de la actividad que tendrá el mecanismo de monitoreo y verificación (MM&V). Son reglas que buscan evitar situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del acuerdo de CFHBD. Son conductas que NO deben ser realizadas, y que buscan que la población civil no sea afectada en sus derechos.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a no realizar en virtud de dicho Protocolo las siguientes acciones: 1. Entrar en contacto armado. 2. Impedir u obstaculizar la labor del MM&V. 3. Ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del MM&V y la implementación del acuerdo del CFHBD. 4. Desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) - Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y Zonas de Seguridad (ZS), bajo las condiciones definidas en el Acuerdo del CFHBD. 5. Adelantar acciones que impidan la protección o asistencia humanitaria. 6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio. 7. Ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género. 8. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte. 9. Realizar acciones que vayan en contra de la integridad y seguridad física del personal que conforma el MM&V. 10. Interferir en la labor del CI-MM&V frente a los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final del armamento de las FARC-EP. 11. Usar las Rutas de Desplazamiento, la adecuación de los dispositivos en el terreno, las ZVTN, los PTN y las Zonas de Seguridad para fines o propósitos diferentes a los acordados en el marco del CFHBD. 12. Transgredir los acuerdos y protocolos relacionados con el ingreso y salida de las ZVTN y los PTN. 13. Hacer presencia temporal ó permanente en las zonas de seguridad delimitadas previamente de común acuerdo. 14. Transgredir los compromisos adquiridos en el Acuerdo sobre CFHBD. 15. Afectar los derechos y libertades de la población civil. 16. La Fuerza Pública mantendrá el cumplimiento de la Ley y en especial de la sentencia –T-455 de 2014- de la Corte Constitucional sobre la incorporación de integrantes a sus filas; y por su parte las FARCEP no incorporará nuevos hombres y mujeres en sus filas (guerrillas y milicias).

El Gobierno Nacional se compromete a NO realizar en virtud del Protocolo las siguientes acciones: 1. Tener trato discriminatorio con el personal objeto de este acuerdo. 2. Diseñar, planear y ejecutar vuelos militares, por debajo de 5.000 pies de los niveles de vuelo. 3. Diseñar, planear y ejecutar operaciones de acción ofensiva contra los integrantes de las FARC-EP (guerrilla – milicias) que se encuentren en cumplimiento del acuerdo de CFHBD. 4. Controlar el suministro de alimentos y medicamentos destinados a las áreas definidas en las ZVTN y los PTN. 5. Afectar o dañar las instalaciones adecuadas en las ZVTN y PTN. 6. Ingresar a las ZVTN, PTN y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el MM&V. 7. Hacer propaganda hostil en contra de las FARC-EP. 8. Obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN y los PTN. 9. Obstaculizar la atención médica a los integrantes de las FARC-EP.

Las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del Protocolo las siguientes acciones: 1. Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos. 2. Salir de las ZVTN o de los PTN sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos. 3. Adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del CFHBD. 4. Interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía. 5. Cometer actos de destrucción o de daño material, de las obras e instalaciones, infraestructura, instalaciones gubernamentales y de la Fuerza Pública. 6. Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización. 7. Incrementar su capacidad de combate. 8. Comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas y pertrechos. 9. Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los Campamentos. 10. Incumplir el procedimiento técnico acordado de registro y almacenamiento de las armas correspondiente a los y las integrantes de las FARC-EP que salen al cumplimiento de las tareas del proceso de paz y de los y las integrantes de esta organización asignados al MM&V.

Protocolo del capítulo sobre el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Alistamiento y despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al fuego bilateral.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, acordaron este protocolo que consigna el cronograma para el alistamiento y el despliegue del MM&V del CFHBD. Contempla la adecuación de las instalaciones, la capacitación del personal, el acoplamiento de los equipos en las tres instancias y el despliegue del MM&V.

Protocolo del capítulo Monitoreo y Verificación: flujo de la información del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: Comunicaciones estratégicas del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Este protocolo consigna un procedimiento uniforme sobre cómo optimizar las acciones y productos de comunicación fruto de las actividades del MM&V. El documento orienta esfuerzos hacia las principales audiencias o públicos de interés: la población civil nacional e internacional, las y los integrantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: Observación y registro del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Objetivos del monitoreo. La información tiene un papel determinante, la forma como se obtiene, se acopia y se procesa es fundamental para el buen desempeño del Mecanismo. Una información mal obtenida, con sesgos o que genere baja confianza no tiene la calidad requerida para un efectivo proceso de validación. Las tareas principales del monitoreo son la observación, búsqueda, acopio y sistematización de la información relacionada con hechos que constituyan una violación del Acuerdo de CFHBD, o que representen una amenaza para el correcto cumplimiento del mismo. Los monitores documentan hechos por iniciativa propia o tras recibir una solicitud o denuncia de un hecho que se presume violatorio o amenaza al Acuerdo de Cese bilateral del fuego.

Coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) por parte del Componente Internacional.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: Código de conducta para las y los integrantes del Mecanismo de Verificación.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) está integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo observadores internacionales, en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. (CELAC). Para el Gobierno Nacional, para las FARC-EP, y para la población colombiana, el MM&V es una garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de CFHBD.

La composición tripartita del MM&V facilita la solución de controversias e incidentes que puedan surgir en la implementación del Acuerdo de CFHBD; y mediante la cooperación y buena comunicación entre las y los integrantes del Mecanismo se fortalece la confianza entre la ONU, Gobierno Nacional y las FARCEP para la consolidación del proceso de paz. Teniendo en cuenta estas responsabilidades, los códigos de conducta que cada parte del componente del MM&V aplica a sus integrantes, deben llenar las expectativas que la población colombiana y la comunidad internacional albergan acerca de nuestras acciones y nuestro comportamiento.

De común acuerdo se establece el siguiente código de conducta para las y los integrantes de los tres componentes del MM&V así:

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: solución de controversias del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: mandato del MM&V del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD).

El Gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan constituir el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) para el Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD), enmarcado en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” del 26 de agosto de 2012 y en función de lo establecido en el Acuerdo del Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de las armas. Su instalación se efectúa de acuerdo a las condiciones definidas por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El seguimiento al MM&V es acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP

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“El acuerdo es válido por ser humanitario”

El ex presidente colombiano y actual secretario de Unasur dice que el acuerdo firmado entre Santos y las FARC fue depositado en Ginebra y ya es parte del sistema de la ONU para proteger a poblaciones civiles. Explica por qué rige y cuál es su plan.


Cabeza de Unasur desde 2014, ya anunció que no se postulará a la reelección. Ernesto Samper aceptó quedarse en el cargo hasta enero mientras los países logran consenso sobre un sucesor. “Quiero volver a Colombia a trabajar en la paz”, dijo a Página/12 durante una visita a la Argentina.


–¿Festejó el otorgamiento del Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos?


–Sí, claro. Ayuda a fortalecer el proceso de paz.


–¿También lo merecían las FARC?


–Por supuesto. Hubiera sido un estímulo para otros procesos de negociación pendientes en el mundo.
–¿Cuál fue su reacción personal ante el resultado del plebiscito?


–Una mezcla de desilusión, de sorpresa, de desconcierto... Fue una especie de Brexit a la colombiana. Por eso luego de conocerse el resultado hubo una marcha del silencio para pedir la paz. De alguna manera confirma que el hecho fue sorpresivo.


–¿Por qué ganó el No?


–Mi interpretación es que mientras que el voto por el Sí fue propositivo, claro, transparente y con un sentido, el voto por el No reunió una cantidad heterogénea de comportamientos negativos. La gente no votó en contra de la paz sino en contra de muchas situaciones.


–¿Castigó a Santos por la situación económica, por ejemplo? ¿O porque ya va por su segundo período y a veces hay desgaste?


–Perfectamente son posibles ésas y otras hipótesis. Yo advertí en su momento sobre el peligro de que el plebiscito fuera un plebiscito sobre el gobierno de Santos. Pero también era malo que fuera un plebiscito sobre las FARC, porque no pensemos que las FARC están primeras en el ranking de popularidad, ¿no? Era paradójico: había que lograr un acuerdo de dos partes y luego que el voto no se quedara en la valoración de cada parte sino del acuerdo.


–Luego del Mayo francés de 1968 Charles De Gaulle convocó a un referéndum para rediseñar las regiones (la verdad, para legitimarse) y lo perdió. Después renunció y dijo que a los plebiscitos los carga el diablo. ¿Pasó lo mismo con el de Colombia?


–Sí. Se convirtió en un plebiscito electoral. Fue entendido como una consulta sobre si el votante estaba a favor o en contra del gobierno.


–¿Hay alternativa?


–Sí, hay. Según disposiciones constitucionales, como el plebiscito es vinculante no puede ser el Presidente quien envíe al Congreso los proyectos necesarios para implementar el acuerdo. Pero sí pueden tomar la iniciativa grupos de organizaciones sociales o de parlamentarios, y el Congreso podría aprobarlos sin reparos constitucionales. La decisión de las FARC, en la cual coincidió el gobierno, de pactar los acuerdos como el desarrollo de protocolos de la Convención de Ginebra en el marco del derecho internacional humanitario, les da a estos acuerdos la validez de un tratado internacional humanitario. El acuerdo es válido porque es humanitario. Es un tipo especial de tratado con especial protección. Para firmar esos acuerdos no fue necesario el permiso del Congreso. Los tratados humanitarios están por encima de cualquier consideración interna. La tesis que hemos sostenido algunos es que si se acepta que dos partes en conflicto puedan hacer cualquier acuerdo sobre humanización del conflicto –es decir sobre la protección de la sociedad civil– y esto tiene una especial protección internacional, con mucha más razón alcanza al acuerdo para terminar un conflicto.


–¿Por qué con más razón?


–Porque es la humanización definitiva. Los acuerdos, además, fueron depositados como tratados humanitarios en Ginebra, dentro del sistema jurídico de las Naciones Unidas.


–En términos jurídicos, ¿ese hecho de haber depositado los acuerdos está por encima del plebiscito?


–Sí, porque es el acuerdo de dos partes de un conflicto que se acogen a las normas del derecho internacional humanitario para aliviar la situación de la población civil inocente. Además, el derecho internacional humanitario está contenido en la Constitución colombiana. Esto explica por qué Álvaro Uribe, en declaraciones públicas hechas el miércoles, discutió la existencia de un tratado internacional en términos del derecho internacional humanitario. Él sabe bien cuál es el punto más vulnerable de sus argumentos. Yo no tengo dudas de que existe ese tratado, que en su momento fue avalado por la Fiscalía General.


–Entonces, ¿Santos debería dejar que avancen en el Congreso con el acuerdo diversas organizaciones sociales y grupos parlamentarios, abarcando naturalmente parlamentarios suyos?


–Los voceros del No insisten obcecadamente en puntos que son no negociables: las FARC no los aceptarían. Uribe dice: “No estoy de acuerdo en que no paguen con la cárcel”. Pero parte de los elementos esenciales del tratado es que la gente pueda dejar las armas y hacer política, lo cual sería obviamente imposible si esa gente tuviera que pagar con penas privativas de la libertad. ¿Quién firmaría su salida del monte para ir a meterse a una cárcel ocho o 20 años?


–¿Un eventual avance en el Congreso no irritaría de modo virulento al pueblo colombiano después del plebiscito?


–No, porque la gente no votó contra la paz y mucho menos aprobó la guerra. Ni siquiera Uribe habló abiertamente contra la paz. Fue más bien un voto castigo.


–Ese escenario que para usted es deseable, ¿cuánto tiene de posible?


–Hay que entender bien que el gobierno colombiano está obligado a cumplir con el acuerdo humanitario y que el Congreso sí tiene facultades para convertir esos acuerdos en leyes con validez constitucional. Se podría hacer un gran pacto para que pudieran presentar esos proyectos de ley los miembros de la sociedad civil y los legisladores. Eso tendría mayoría en el Congreso. No pasaría lo de Guatemala, donde el Congreso negó los acuerdos y luego igual los pusieron en vigencia.


–El plebiscito no era obligatorio según la Constitución.


–No, pero era difícil sacar adelante los acuerdos de La Habana porque no hubo antes una participación activa de la sociedad civil. Hubo situaciones mediáticas de participación, que no es lo mismo. Eso explica los sondeos previos, según los cuales el 80 por ciento estaba con la paz y al mismo tiempo el 80 por ciento no quería darles nada a las FARC a cambio de la paz. No hubo una pedagogía política sobre la paz. Fallamos. No nos dimos cuenta del trabajo mezquino pero eficaz que convenció a mucha gente con frases como ésta: “Lo que le van a dar a la guerrilla es lo que no le van a dar a usted”. La pedagogía es clave. La historia mundial revela que a mayor participación de la sociedad civil habrá luego mayor solidez de la paz.


–Los acuerdos de paz tenían gran legitimidad internacional ya antes del Nobel para Santos. Solo para hablar de Sudamérica, debe ser el único tema donde había convergencia entre Michel Temer, Lula, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.¿Este factor ayuda?


–Y fuera de Sudamérica hay que sumar a favor de la paz el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano, el sistema de Naciones Unidas que ejecutaría el acuerdo... No le veo mayor problema a la política interna colombiana. Está mal interpretar el voto del No como un voto en contra de la paz. Fue más un sindicato de odios que otra cosa.


–El gobierno de Hugo Chávez y después el de Nicolás Maduro se comprometieron con el proceso de paz de Colombia. ¿Unasur sigue comprometida con las negociaciones dentro de Venezuela?


–Unasur sigue impulsando el diálogo entre los venezolanos. Hemos estado trabajando para que el Vaticano envíe su representante a acompañar la tarea de los ex presidentes que ya están ayudando. La búsqueda del diálogo fue incluso más útil que el diálogo mismo porque ya se han encontrado la oposición y el gobierno. Y hay frutos. El diálogo hasta evitó que algunos países que preferirían medidas más drásticas las lograran. Espero que pueda concretarse en los próximos días la negociación alrededor de tres temas. El primero, el rechazo a la violencia como forma de proselitismo político. El segundo, una comisión de verdad y justicia que permita resolver el problema de los detenidos o los presos judiciales.


–¿Leopoldo López está comprendido?


–Claro. Son personas detenidas en relación con hechos políticos de violencia como los que se llamaron “guarimbas”. A este asunto hay que buscarle una salida institucional.


–¿Y el tercero?


–Está claro no solo en Venezuela sino en todos los países donde hay continuidad del poder que los mecanismos tienden a concentrarse. Hay que producir un reequilibrio de las instituciones.


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Santos es el nuevo Nobel de la Paz, por sus "esfuerzos tenaces para poner fin a una guerra civil de más de 50 años"

La presidenta del Comité Nobel Noruego, Kaci Kullmann Five, afirmó que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el gran impulsor del proceso de paz y quien asumió la iniciativa. "Hay muchas partes en el proceso, pero Santos fue quien tomó la primera e histórica iniciativa. Ha habido otros intentos antes para lograr la paz, pero él fue a por todas y con una gran voluntad de lograr un resultado, por eso lo hemos destacado. Además, es el líder del Gobierno del país", agregó.

Kullman Five rechazó explicar por qué no se había incluido en el premio a la otra parte en el conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -personificada en su líder, Rodrigo Londoño-, que también había sido nominada para el Nobel. "Nunca comentamos nada sobre quienes no ganan el premio", se limitó a decir la presidenta del comité, que resaltó el trabajo "muy duro" de Santos.


El triunfo del no en el plebiscito del pasado domingo en Colombia había hecho que expertos y casas de apuestas rebajaran sensiblemente las opciones de un premio a este proceso de paz, que se perfilaba como el gran favorito antes de la consulta.


La presidenta del comité rechazó de forma categórica que la decisión de otorgar el Nobel a Santos pueda ser interpretada como una falta de respeto al resultado del referendo. "Al contrario. Mostramos que respetamos el proceso democrático y la votación del pueblo colombiano. Pero no han dicho no a la paz, sino a un acuerdo específico", declaró.


Kullman Five resaltó que el proceso de diálogo se ha reanudado y que "es muy importante para impedir que vuelva a estallar la guerra civil" en este país latinoamericano.


El premio, que consiste en una medalla de oro, un diploma y un cheque de ocho millones de coronas suecas (unos 950.00 dólares), será entregado en Oslo el 10 de diciembre, fecha de aniversario de la muerte de su fundador el inventor e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896).


El año pasado, el Nobel de la Paz fue para el Cuarteto para el Diálogo Nacional Tunecino, actores de la sociedad civil que permitieron salvar la transición democrática en Túnez. Este año el instituto Nobel noruego había recibido no menos de 376 candidaturas para el premio Nobel de la paz, un centenar más que el récord anterior (278).

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Viernes, 07 Octubre 2016 07:05

El exterminio fulminante de las Farc

El exterminio fulminante de las Farc

Lo que quiere Santos (y Uribe/Pastrana, obviamente) es el exterminio de las Farc.


De Santos se puede esperar todo.


Suficiente con recordar la acción militar que líquido a Alfonso Cano en medio de las conversaciones reservadas para establecer una Mesa de diálogos.


Su juego es perverso e implacable. Son frías sus lógicas de poder.


Así como te da cuchillo bien puede insinuarte, a través de un atolondrado emisario,que tienes tu vida a su disposición porque ejerce pleno control sobre todos tus movimientos. Que importa si el artefacto es una BlackBerry intervenida desde la Dirección de Inteligencia. Aquí todo vale y mejor te pones a salvo con mi acto “amigable” generador de confianza. Esas son las reglas de la negociación de conflictos.


Santos no es ninguna alma de Dios.


Es tan, o peor, perverso que todos los de la patota que dominan esta desventurada nación. Nada que envidiarle a un forajido como Uribe, a un malandro Perfumado como Pastrana o a un ave de rapiña como Vargas Lleras.
Se trata de un muy sofisticado tahúr de un compulsivo jugador de póker, como correctamente lo percibe Alberto Pinzón.
Es su talento y su pericia. Toda canalizada para acumular poder y riqueza.


Así llego hasta el sito en que esta.


Morirá en ese mundo áspero de las jugadas de mano.


En lo atinente a su paz neoliberal no hay ninguna intención magnánima de por medio.


Primero los negocios. Primero el capital y las ganancias. Los demás que se jodan. Ese cuento de los pobres y la patria no es con él.


Su cacareada paz es para profundizar el modelo neoliberal con la megamineria y el agro negocio en la Altillanura de la Orinoquia.


Es para ese objetivo que quiere extirpar la guerrilla, eliminarla de las geografías ricas en minerales, en oro, en petróleo, en agua, en biodiversidad y en potenciales para la producción agrícola.


Nada de afanes altruistas y humanistas para hacerse con un nobel. Aunque ese no era un premio desestimable. Un trofeo para adornar su adorno y boceleria.


Pero como la vida no es un camino de rosas, construir el mundo dorado del neoliberalismo le exigía dialogar y negociar con un contendor de quilates.


Con las Farc. Con un movimiento cargado de historia, resistencia y potencia transformadora. Con un movimiento social y político programático, conformado durante décadas para promover cambios estructurales en la arcaica sociedad imperante en Colombia. Para darle la tierra a los campesinos, la democracia a los excluidos, la tolerancia al adversario, la palabra al opositor, la convivencia a la comunidad, los derechos a las víctimas, la rectitud al compromiso establecido y la ilusión del socialismo a las mayorías.


En suma, con un movimiento cargado de conciencia, ética, disciplina y responsabilidad histórica.


Técnicamente no había alternativa. Una guerra prolongada es insostenible. Un gasto militar descomunal como el del Estado colombiano diezma cualquier economía. Si los imperios caen (como le ocurrió a la ex URSS y le ocurre hoy a USA), según la brillante tesis de Paul Kennedy, por causa de un gasto militar asfixiante y depredador, con mayor razón un pequeño Estado como el Colombiano, sin recursos y carcomido por el burocratismo clientelar. 500 mil soldados son una pesada carga que termina arruinando cualquier presupuesto.


Pasaran décadas y ese monstruo burocrático militar nunca podrá destruir una deletérea guerra de guerrillas que tiende a cobrar formas cuasi estatales para dar sustento a sus bases de apoyo. ¿O acaso no es que guerrilla, tanto la de las Farc como la del ELN, no tiene formas estatales en muchas regiones de la geografía nacional?
Y bien.


Tomada la decisión de negociar, el resultado que a la fecha de hoy tenemos es un importante documento programático conocido como Acuerdo de paz de Cartagena. Es el fruto de varios años de arduos trabajos y complejas reuniones. Un documento de 297 páginas, que así no le agrade a la ultraderecha y a otras almas intolerantes, será el referente de sentido para el movimiento popular y la multitud que articula múltiples tendencias de la diversidad social.


Con un plus adicional. La comunidad internacional en sus referentes de peso (ONU, gobiernos, UE, partidos, movimientos) lo conoce y sabe de sus nada desproporcionados alcances. Es lo que regularía una sociedad medianamente moderna, al decir de Barrington Moore en sus estudios sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia.
Pero, se presentó el tropiezo del plebiscito del 2 de octubre.


Las mentes se confunden y cunde el desespero.


Es cuando hay que estar más atentos para evitar fugas suicidas y golpes de mano.


Santos dice que no hay tiempo. Lo expresa en momentos en que se ve obligado a conversar con su contrincante intraclase. Con la facción oligárquica más recalcitrante y obtusa. Con la insolencia despótica del latifundio feudal. Con la patanería provinciana, acostumbrada al desafío y la pistola.


El riesgo de la aventura es muy grande.


Colocado a la deriva y hecho una ruina política, bien puede Santos querer picar en punta para demostrar fuerza.
Lo de un nuevo Frente Nacional o una manguala 3.0 bien podría ser un juego de niños. Un artilugio para calmar la galería.
Lo peor. Lo más grave es un Plan B santista para adelantar una guerra relámpago, una blitzkrieg hitleriana, para copar campamentos y asesinar en masa a líderes y combatientes guerrilleros. Una operación tipo Tamil para exterminar toda existencia guerrillera.


Ese es el escenario perfecto codiciado por la elite oligárquica dominante, local e internacional.
No es fantasía.


Los riesgos son muy grandes.


Hay mucha información e inteligencia acumulada por los aparatos militares del gobierno para proceder a una masacre apocalíptica.


Me parece que se ha pecado y se peca por ingenuos.


Renunciar a la esencia móvil de la guerrilla es un craso error.


Lo que no quiere decir renunciar al Cese Bilateral del juego. Es la conquista efectiva más importante alcanzada hasta el momento.


La hipótesis de las zonas veredales y campamentarias, tan codiciadas por Pastrana, el artífice del plan Colombia, junto con una precipitada y anárquica dejación de las armas es una peligrosa y perfecta entelequia acariciada por el militarismo golpista de los Kfir.


En todo caso, es necesario regresar a la política o a lo político.


Téngase en cuenta que con la cruel derrota del 2 de octubre, Santos ceso sus competencias regulares, quedo a la deriva y los próximos meses, 20 pienso yo, hasta la elección del próximo jefe de la Casa de Nariño, serán una pista sintética para el protagonismo electoral de Uribe y sus tres pollitos (Duque, Zuluaga y Holmes), de Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Ordoñez, Jorge Robledo y de pronto Cepeda, sino es que lo inhabilitan esta semana que viene.


Parece ser la conjetura más probable sin descartar cualquier pataleta violenta de Santos y sus generales de confianza, dotados de mucho dato delicado de la guerra de guerrillas.


Nota. No todo es malo en el resultado de las votaciones del plebiscito. Lo mejor fue la esplendorosa derrota de Cesar Gavira y su comparsa de sirvientes bien pagados. Cuando Santos puso al frente de la campaña del plebiscito a Gavira, emblema del neoliberalismo, y le agrego toda la clase politiquera de gamonales emermelados, la derrota era previsible. La vieja clase politiquera de caciques electorales se metió al plebiscito para seguir robando y para reencaucharse. Pero les salió el tiro por la culata.

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Reforma Rural Integral con Trabajo Decente

–Informe basado en Punto Nº1 del Acuerdo de Paz de La Habana sobre reforma rural–

 

El principal problema de casi todas las zonas rurales (1) colombianas es la gran cantidad de población que vive allí en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En 2015 la tasa de pobreza en el campo fue 40,3%, casi el doble de la de las cabeceras, que fue 24,1%. Y la tasa de pobreza extrema, es decir, la indigencia, era el 18,0% de la población rural, cuatro veces por encima de la tasa de las cabeceras: 4,9%.

La situación de pobreza rural se explica, en parte, por las condiciones laborales de su población, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes. En 2015 el promedio de ingreso laboral en la zona rural fue de $439.571, frente a $1.048.367 en las cabeceras.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, el sector agropecuario colombiano se ha caracterizado por tener un gran número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con poca área, en contraste con un número bastante reducido de grandes unidades de producción con mucha área disponible. El 69,9% de las UPA tiene menos de 5 hectáreas, y ocupan menos del 5% del área total censada. Y sólo el 0,4% de las UPA tiene 500 hectáreas o más, o sea el 40,1% del área total censada (2).

Una reforma rural integral que corrija este desajuste estructural, debe sentar las bases para la trasformación del campo y mejorar las condiciones de bienestar de la población, empleos estables y productivos en condiciones de trabajo decente, empleos con derechos y protección social, con libertades sindicales y diálogo social eficaz. No de otra manera se logrará una paz estable y duradera.

En este contexto, y en el marco de las jornadas mundiales por el Trabajo Decente, la Escuela Nacional Sindical publica su 9° Informe Nacional de Trabajo Decente, centrado en el sector rural, que incluye información sobre estado de la formalización laboral, la protección social, y el derecho de asociación sindical (3) .


Y como preámbulo, consideramos válido reivindicar el apartado 1.3.3.5 del Acuerdo que firmaron el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, el cual de manera general establece:

 

"El Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y de género, a la luz de las normas de la OIT de las que Colombia es parte, con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales). El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales".

 

Se trata pues de un Plan que dignifica las condiciones laborales rurales mediante la aplicación de la normatividad sobre contrato laboral, jornada laboral, remuneración y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables al trabajador, las normas de la OIT sobre el trabajo, y en particular sobre el trabajo rural.

Es un Plan que trata de garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, y que tiene en cuenta varios temas clave, como son: trabajo infantil, garantías de protección social, promoción y estímulo a procesos organizativos de las y los trabajadores, vinculación laboral de personas en situación de discapacidad, equidad y vinculación laboral de las mujeres, formación para el trabajo y formalización de empresas en materia de obligaciones y derechos laborales, inspección laboral en zonas rurales, protección de la tercera edad y de las mujeres trabajadoras.

En este informe especial mostraremos un panorama general de la situación laboral y de derechos humanos fundamentales en cada uno de los ítems que trata el apartado 1.3.3.5 del punto uno del Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc. Veamos:

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. (Apartado 1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social del Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

En 2015 la Tasa de Trabajo Infantil (TTI) fue variable según las diferentes zonas del país. Mientras que en las cabeceras se ubicó en 6,7%, representando a un total de 548.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNA), en la zona rural la TTI fue más del doble: 15,6%, esto es 470.000 NNA que trabajaban.

Es una situación alarmante, que se agudiza cuando se consideran los NNA que realizaron oficios del hogar por 15 horas o más, es decir, la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA). Se encontró que en las cabeceras esta tasa fue de 11,0% (345.000 NNA), mientras en la zona rural se duplicó: 22,4% (203.000 NNA).

El trabajo infantil trae consecuencias de corto y largo plazo, limitantes del disfrute de los derechos de los niños y niñas y por tanto de su desarrollo. Es un factor que se reflejará en la baja calidad de los trabajos que obtendrán en su vida adulta, o en la limitación para acceder al empleo. El trabajo infantil aleja a los menores de la educación. En la zona rural el 36,7% de los infantes que trabajaban no asistieron a una institución educativa, el resto combina educación y trabajo, situación que redunda en bajo nivel académico y en deserción escolar, en tanto no proporciona ingresos o apoyo económico a sus familias.

Las razones por las cuales los NNA trabajan varían dependiendo de la zona. En la cabecera el 48,4% trabajaba porque le gusta mantener su propio dinero, mientras que en la zona rural el 43,2% lo hacía porque debía participar en la actividad económica de la familia.

 

Garantías de protección social

 

La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

Para los 4´758.000 trabajadores y trabajadoras rurales el panorama es, en la práctica, de exclusión de la seguridad social. Mientras en las cabeceras el 45,5% de los ocupados contribuyó a salud en el régimen contributivo, en la zona rural sólo contribuyó el 14,1%. Situación similar se presentó en la afiliación al sistema pensional, al cual el 41,4% de los ocupados de las cabeceras estaba afiliado, frente a 12,4% de los ocupados de la zona rural. La afiliación a cajas de compensación familiar sigue la misma línea: 33,7% de los ocupados en las cabeceras y el 8,9% de los ocupados en el campo.

Si calculamos la informalidad laboral por la no afiliación a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), las cifras son escandalosas. La tasa de informalidad laboral en la zona rural fue de 89,3%, es decir, 4´248.894 ocupados en esta condición. Mientras en las cabeceras la tasa de informalidad se ubicó en 62,3%, o sea 27 puntos porcentuales por debajo.

 

La promoción y estímulo de procesos organizativos de trabajadores(as)

 

La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

Si bien el ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores y trabajadoras del país tiene restricciones, para los trabajadores del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca este ejercicio es casi inexistente, debido en gran parte al impacto que ha tenido la violencia antisindical.

Sólo el 9,9% de los ocupados en el sector agrícola tenía contrato de trabajo regulado por la ley, y apenas el 6,7% de los asalariados con contrato se beneficia de un convenio colectivo de trabajo (4).

Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS (Sinderh) entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física contra sindicalistas del sector agricultura, caza y pesca y minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización, con 1.207 casos (5), cifra que representa el 38,9% del total de homicidios a nivel nacional en el mismo período, que fue 3.101.

La violencia no sólo incidió en la pérdida de vidas y la instauración del terror, sino también en el debilitamiento y extinción de sindicatos rurales, y con ello la pérdida de garantías y derechos. La violencia entorpeció el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en el sector rural. Alrededor de 120 sindicatos de estos sectores son hoy sujetos de reparación colectiva porque han sido víctimas por lo menos de un hecho violatorio.

Durante el 2015 se presentaron 192 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. En 47 de éstos casos las víctimas fueron trabajadores sindicalizados del sector agricultura, caza y pesca, es decir, el 25%. Otras formas de violencia, como las amenazas y los hostigamientos, fueron más recurrentes. Hay una intención de mantener un ambiente de temor en el campo, un temor que limite las posibilidades de mejorar las condiciones de los trabajadores y las comunidades a través de la acción sindical.

 

Vinculación laboral de personas en discapacidad

 

La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

En 2015 las cabeceras del país reportaron un 40,6% de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), mientras que en la zona rural este porcentaje fue apenas del 11,7% (556.686 personas ocupadas). Es decir, el 88,3% de los trabajadores rurales estaba excluido del SGRL. Además, son trabajadores a quienes se les vulneran sus derechos laborales, y muchos están vinculados por modalidadades de trabajo informal y precario.
Ese porcentaje de afiliación se encoge en casi dos puntos porcentuales para los ocupados en el sector agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; sector que en 2015 ocupaba 3´544.000 personas a nivel nacional, y de ellas sólo 9,9% (349.111) tenía afiliación a riesgos laborales. El sector reportó en este año 64.173 accidentes laborales (176 accidentes diarios), y 31 pensiones por invalidez (6). Reportó 38 muertes y 984 enfermedades laborales calificadas (casi 3 enfermedades diarias), y 5 pensiones por invalidez. También 1.232 indemnizaciones por Incapacidad Permanente Parcial, pagadas a trabajadores por accidentes o enfermedad laboral.

 

Equidad y vinculación laboral de las mujeres y la juventud

 

La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona, hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de dignidad y equidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La dinámica del mercado laboral siempre ha presentado enormes brechas entre hombres y mujeres, desfavorable a éstas. En las cabeceras la tasa de desempleo de los hombres fue de 7,9%, y la de ellas de 11,9%; mientras en la zona rural la brecha fue mucho mayor: 11,0% mujeres y 3,2% hombres, o sea tres veces superior.

Las mujeres ocupadas en la cabecera tuvieron ingreso promedio un 24,2% inferior al de los hombres ($891.958 frente a $1.176.612). En la zona rural la diferencia fue más profunda: las mujeres tuvieron ingresos 41,6% menores que los hombres ($293.632 frente a $502.928).

Por otro lado, los jóvenes entre 14 y 28 años carecen de proyectos personales y laborales lo suficientemente atractivos y dignos como para retenerlos en el campo. En la zona rural del total de desempleados, los jóvenes representaron el 54,0%, en el caso de la cabecera esta representación fue de 49,3%.

Y cuando se analizan las estadísticas por sexo, las mujeres jóvenes fueron quienes sufrieron mayor desempleo: 20,1%, frente a 6,1% de los hombres jóvenes en la zona rural. En la cabecera las tasas fueron 20,6% y 13,0% respectivamente.

Hay una población a la que se debe prestar especial atención: los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “Ninis”. En las cabeceras el porcentaje de Ninis fue 18,4%, mientras que en la zona rural se ubicó en 25,6%. La brecha se amplía entre las y los jóvenes Ninis. En las cabeceras el porcentaje de los Ninis fue 11,5%, frente a 25,3% en las Ninis. En tanto en la zona rural la brecha de género entre los Ninis fue mayor, casi 5 veces: 43,8% para ellas y 9,0% para ellos.

 

Capacitación en materia de obligaciones y derechos laborales

 

La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Clasificados los empleados por categoría ocupacional, en 2015 las zonas rurales y las cabeceras también tuvieron dinámicas diferentes. En las primeras el 65,8% de los ocupados era no asalariado, frente a 47,3% que estaba en esa condición en las cabeceras.

En la zona rural la mayoría de los ocupados era cuenta propia: 51,6%, seguido por los empleados particulares: 18,6%; jornalero o peón: 12,4%, trabajadores sin remuneración: 10,2%. Mientras en las cabeceras el 43,8% figuraba como empleado particular, 39,9% cuenta propia, 4,6% empleado del gobierno, y 3,1% trabajador sin remuneración.

Así mismo, se encontró que el 91,2% de los ocupados de la zona rural tenía un empleo precario, es decir, sin contrato de trabajo a término fijo o vinculado a través de una empresa de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa. Frente a un 70% de ocupados que en las cabeceras se encontraba en esa situación.

El 33,7% de los ocupados de la zona rural tenía una relación laboral ilegal, es decir 1´601.894. Estos trabajadores prestaron sus servicios a un patrón o empleador y éste no le garantizó derechos laborales ni protección social. En las cabeceras la relación laboral ilegal fue el 18,1% del total de ocupados.

En el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras se registraron 81 protestas laborales y sindicales en 2015, lo que representó un incremento del 19,1% con relación al 2014. Es decir, el 21,6% de los casos registraron en todo el país, que fueron 375.

En cuanto a los motivos que llevaron a los trabajadores a movilizarse, se observó que el 45,6% fueron protestas de rechazo a las políticas generales o de Estado en lo social y lo laboral, lo que también estaría reflejando la ausencia de institucionalidad en la zona rural, o que su presencia es ineficaz para resolver las problemáticas de las poblaciones campesinas. Se destacan 13 acciones de despidos de trabajadores, y 7 más que ocurrieron por incumplimiento de las obligaciones del empleador.

 

La inspección laboral en las zonas rurales

 

El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

El sistema de inspección laboral en Colombia está diseñado para atender las zonas urbanas y el sector formal de la economía. Deja por fuera los trabajadores del sector rural que se encuentran en la informalidad. No existe un sistema de inspección para este sector, ni recursos económicos ni logísticos para realizar las inspecciones . Los inspectores no reciben formación especializada, tampoco tienen un programa que demarque su campo de acción, lo que muestra la deficiente aplicación de las obligaciones contenidas en el convenio 129 de OIT sobre inspección en el sector agrícola.

En el país hay 904 inspectores para vigilar la situación laboral de más de 22 millones de trabajadores en 1.123 municipios. Unos 5 millones de éstos se encontraban en el campo, en donde resulta casi inviable realizar negociación colectiva, y es incluso imposible constituir organizaciones sindicales.

Además, sólo 51 municipios (de los 322 municipios priorizados para la ejecución de acciones estatales en la construcción de paz) cuentan con oficina del Ministerio de Trabajo. O sea que hay 271 municipios priorizados que no cuentan con una oficina de inspección del trabajo propia. Los trabajadores allí no cuentan con la presencia institucional necesaria para resolver sus conflictos laborales por las vías democráticas.

 

Protección de la tercera edad

 

La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Para el 2015 el total de pensionados por vejez en el país llegó a los 914.276 adultos, 29.875 pensionados más que en 2014, cuando fueron 884.401 (8). Un dato preocupante es que en ese mismo año en el país había unos 5,3 millones de personas mayores de 60 años, lo que significa prácticamente 4 de cada 5 adultos se encontraban desprotegidos, sin un ingreso estable que les garantizara una vejez digna.


En la zona rural la situación de los viejos es más dramática. Sólo el 7,5% de la población adulta recibió una pensión de vejez, mientras que en las cabeceras este porcentaje fue de 30,3% (9).

 

Protección a la mujer trabajadora

 

Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora del campo. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La participación de las mujeres en las labores de cuidado (10) fue mayor en la zona rural, equivalente a 93%, frente al 60% de los hombres. Mientras en la cabecera la proporción es del 88,4% frente al 63,9% respectivamente.

El tiempo dedicado a las labores del cuidado fue también mayor, casi cuatro veces, en la zona rural, donde las mujeres dedicaron 7 horas y 33 minutos al trabajo del cuidado no remunerado, más de 5 horas adicionales del tiempo dedicado por los hombres: 1 hora y 53 minutos. Mientras en la cabecera se dedicaron 6 horas y 35 minutos, y 2 horas respectivamente

 

Recomendaciones

 

Este apartado del Acuerdo Final abre el camino para lograr una política de trabajo decente que garantice el cumplimiento de la legislación laboral, la formalización de los trabajadores(as) cuenta propia, el acceso a la seguridad social, a la justicia laboral, a la sindicalización y la negociación colectiva, como formas de superación de la pobreza y de que las y los trabajadores tengan mejores condiciones de vida.

El logro de la paz en el campo es imprescindible para poder diseñar democráticamente un plan de reconstrucción de las zonas rurales que implique un salto en la productividad y en la calidad de vida campesina, para esto es necesario empoderar a las mujeres, fortalecer la institucionalidad estatal rural e impulsar agresivamente la formalización de la propiedad y el trabajo para superar la ilegalidad y disminuir el peso de la economía ilegal en la ruralidad.

El diseño de esta política debe considerar la reivindicación de la soberanía alimentaria por parte de los campesinos, el reconocimiento de la economía del pequeño campesinado, la condonación de sus crecientes deudas, mayor acceso a los créditos, concertación de políticas agropecuarias y distribución equitativa de la tierra, cumplimiento de acuerdos del gobierno con el movimiento campesino, garantía de respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento de la institucionalidad pública laboral, entre otros.

 

 

 

[1] La información de la zona rural corresponde a lo que el DANE llama Centros poblados y rural disperso.

[2] Para información más detallada sobre el Censo Nacional Agropecuario consultar el enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacional-Agropecuario-2014

[3] La información estadística es tomada principalmente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de DANE y de las bases propias del Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab) de la ENS. 

[4] La mayoría de los trabajadores agrícolas afiliados a un sindicato son de SINTRAINAGRO: 26,5%, sindicato que además es titular de 165 convenciones colectivas, el 69,3% del total, la mayoría de ellas en el sector bananero (85,5% de la cobertura total).

[5]Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS 

[6]  Indica el número de trabajadores que presentaron un accidente de trabajo y se les inició el pago de una pensión de invalidez (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%). Lo mismo para la invalidez de la enfermedad laboral.

[7] Al respecto la CEACR en 2009, “…ruega una vez más al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones precisas sobre el contenido de las cuestiones tratadas en las jornadas de asistencia jurídica, organizadas en todo el territorio nacional, incluidas las localidades más alejadas, a las que el Gobierno hizo referencia en una memoria anterior. Le agradecería tenga a bien indicar si obedecían a una necesidad o si se realizaron como parte de las medidas de extensión de las funciones de inspección con vistas al control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas y sus familias.”

[8] Los anteriores resultados sin tener en cuenta a las personas pensionadas de los regímenes exceptuados: Magisterio, Ecopetrol, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

[9] Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más receptora de pensión / Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más por 100.

[10] Las actividades del cuidado son: a) Suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada; b) Mantenimiento de vestuario para miembros del hogar de manera no remunerada; c) Actividades de limpieza y mantenimiento para el hogar de forma no remunerada; d) Actividades de compras y administración del hogar de forma no remunerada; e) Estar pendiente de miembros del hogar; f) Actividades con menores de 5 años; g) Actividades de cuidado físico a miembros del hogar; h) Actividades de apoyo a miembros del hogar y j) Actividades de voluntariado.

 

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Miércoles, 05 Octubre 2016 07:13

Cavilaciones postplebiscito

Cavilaciones postplebiscito

La oligarquía busca un pacto tipo frente nacional para intentar solventar la crisis desatada por el triunfo del No a la paz en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Santos, Uribe y Pastrana se reúnen para enterrar la apertura democratica y la paz con justicia social.

Se quiere desconocer el Acuerdo de paz de Cartagena para imponer una paz neoliberal, de los sepulcros y los falsos positivos.
Es difícil agotar la reflexión sobre el significado, el sentido y las implicaciones del plebiscito del pasado 2 de octubre y la derrota del Acuerdo de paz firmado en Cartagena para poner fin al conflicto armado, por el triunfo de la campaña del NO promovida por el ex presidente Uribe Vélez y su partido el Centro democrático.

Las derivaciones serán diversas y el campo político y social, sentirá gradualmente los impactos correspondientes.

Ofrezco algunas valoraciones de mi propia cosecha con el fin de contribuir al debate en curso, enfocado en interpretar las probables rutas de la historia futura de Colombia.

 

Primera

 

El pasado 2 de octubre llego a su fin el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su desgaste llego al máximo nivel con la derrota plebiscitaria de su principal bandera, la de la paz neoliberal. La baja aceptación que arrastraba Santos entre los colombianos, desde hace más de dos años, como resultado de su impopular gobierno, al servicio de las oligarquías, prácticamente quedo en ceros con la reciente debacle electoral. El Jefe de la Casa de Nariño perdió su gobernabilidad, agudizando la crisis del sistema político que seguirá a la deriva. Los próximos 20 meses de Santos serán completamente irrelevantes. Sera como un corcho en un remolino dando vueltas sin llegar al fondo y sin avanzar a ninguna parte.

Las renuncias de los Ministros seran el pan de cada dia y la inestabilidad sera cronica.

En este desorden y anarquía, los militares anticomunistas seguirán desafiando con sus vuelos rasantes de Kfir sobre la Casa de Nariño para notificar que ellos son el verdadero poder.

Regresara el autoritarismo y los estados de excepcion para aplastar la rebelion popular

.

Dos

 

El triunfo del NO, por un escaso margen, más que una solución a nuestros problemas, es igualmente el reflejo de la profunda crisis sistémica que carcome el sistema político. La manipulación antropológica con mentiras y miedos de la campaña contra la paz promovida por Uribe Vélez, es un síntoma de la crisis generalizada de nuestra sociedad que se margino ampliamente de las votaciones, pues la abstención fue del 63% y la baja participación se consiguió mediante una absurda agitación del miedo, el resentimiento y el soborno clientelar desde el oficialismo santista.

 

Tercero

 

El fiasco del SI y la motivación del No, debe buscar una explicación clave en la manipulación clientelar y la corrupción de las campañas gubernamentales sustentadas en la mermelada, la contratación a dedo y una falsa pedagogía que disfrazaba la propaganda oficial. Haber colocado al frente de la maquinaria del SI, al señor Cesar Gaviria, emblema del neoliberalismo más salvaje, y a la camarilla de los gamonales fue fatal. Un anuncio anticipado de la derrota del domingo pasado. Muchos de los votos por el NO fueron más bien una protesta contra esta mafia saqueadora del presupuesto público.

 

Cuarto

 

La Izquierda postplebiscito se consolida como una colcha de retazos y un ente descuadernado que, de no replantearse rápidamente en todos los aspectos, políticos, programáticos y organizativos, tendera a desaparecer en su actual versión. Los movimientos y tendencias que se presentan como de izquierda fueron y serán marginales por causa de su prepotencia, engreimiento, dogmatismo y sectarismo. Por causa de sus pequeños y cómicos caudillos de vereda. Sus prácticas son aberrantes, por no decir ridículas. Delirantes y desfasadas de nuestra realidad popular y cultural. Necesitamos una Nueva Izquierda, acorde con el Acuerdo de Paz y la transición a un nuevo ciclo político. Necesitamos una izquierda dispuesta a asumir los retos de la construcción de una nueva hegemonía en la batalla de las ideas.

 

Quinto

 

En el postplebiscito se destapara la gigantesca crisis económica, fiscal y financiera que ha sido maquillada por la mentira santista. Tendremos un cataclismo económico, presupuestal y financiero. La reforma tributaria, que ha proyectado el Fondo Monetario, azotara con severidad a millones de colombianos pobres, con el incremento del IVA y otros tributos diseñados para afectar a la población y exonerar a los ricos. Estas medidas, obviamente, desataran la ira y el rechazo social que se manifestara en acciones de protesta y huelgas.

 

Sexto

 

La paz se sostendrá en sus elementos más importantes como el Cese Bilateral del Fuego y hostilidades. No habrá desplazamiento de la guerrilla a las mencionadas zonas veredales y menos dejación de las armas en los próximos meses. El movimiento guerrillero avanzara con nuevos referentes de inserción en la movilización política y social sin renunciar a sus principales conquistas y acumulados. En tal sentido no es descartable nuevas conferencias y encuentros guerrilleros para definir colectivamente las rutas a seguir.

 

Séptimo

 

El texto del Acuerdo final de paz, construido en la Mesa de diálogos de La Habana, en los últimos años será defendido en su integridad por un potente movimiento social y popular que se construirá como sujeto central del campo político.

Manifestaciones, marchas, plantones, agitación en los medios, conferencias, mesas redondas, debates, redes sociales y otros repertorios de los movimientos sociales harán parte de una potente campaña que demandara el fin de la guerra y el inicio de la construcción de la paz.

 

Octavo

 

Los intentos por revivir un frente nacional o un pacto oligárquico para reconducir el proceso de paz en los términos de la impunidad y la visión retrograda del uribismo y la ultraderecha fascista serán resistido por el pueblo y las fuerzas democráticas. Un acuerdo Santos-Uribe-Pastrana esta en contravía de la apertura democrática y la paz con justicia social consignada en el Pacto final de paz firmado el 26 de septiembre en Cartagena entre Santos y el Comandante de las Farc Timoleon Jiménez.

 

Noveno

 

Ayer, 3 de octubre, quedo dibujada la campaña electoral para escoger el próximo presidente del gobierno. Serán casi 20 meses de ese sainete. Uribe y su candidato (Duque, Holmes o Zuluaga), Vargas Lleras, Sergio Fajardo, De La Calle, serán los personajes más mencionados en la vida pública y sus imágenes y discursos intentaran engañar, nuevamente a la sociedad. Entre tanto, como en los últimos 30 años, las guerrillas revolucionarias representadas por las Farc, el ELN y el EPL, serán el caballito de batalla de todos para el momento de hablar o vincularse con los demás.

La paz y las guerrillas, será el tema que utilicen estos candidatos para estigmatizar o definir, con golpes de sorpresa, un eventual triunfo presidencial

 

Décimo

 

La hipótesis de convocar y organizar una Asamblea Constituyente soberana y popular cobrara forma para darle una salida al Acuerdo de paz.

 

Once

 

La comunidad internacional no saldrá de su sorpresa y confusión con los resultados tan absurdos del plebiscito. Nos verán como unos locos y desadaptados. Como una sociedad arcaica y confesional. Como unos trogloditas jurásicos que votamos para que una guerra continúe y la paz no prospere.

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