MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Viernes, 07 Octubre 2016 07:05

El exterminio fulminante de las Farc

El exterminio fulminante de las Farc

Lo que quiere Santos (y Uribe/Pastrana, obviamente) es el exterminio de las Farc.


De Santos se puede esperar todo.


Suficiente con recordar la acción militar que líquido a Alfonso Cano en medio de las conversaciones reservadas para establecer una Mesa de diálogos.


Su juego es perverso e implacable. Son frías sus lógicas de poder.


Así como te da cuchillo bien puede insinuarte, a través de un atolondrado emisario,que tienes tu vida a su disposición porque ejerce pleno control sobre todos tus movimientos. Que importa si el artefacto es una BlackBerry intervenida desde la Dirección de Inteligencia. Aquí todo vale y mejor te pones a salvo con mi acto “amigable” generador de confianza. Esas son las reglas de la negociación de conflictos.


Santos no es ninguna alma de Dios.


Es tan, o peor, perverso que todos los de la patota que dominan esta desventurada nación. Nada que envidiarle a un forajido como Uribe, a un malandro Perfumado como Pastrana o a un ave de rapiña como Vargas Lleras.
Se trata de un muy sofisticado tahúr de un compulsivo jugador de póker, como correctamente lo percibe Alberto Pinzón.
Es su talento y su pericia. Toda canalizada para acumular poder y riqueza.


Así llego hasta el sito en que esta.


Morirá en ese mundo áspero de las jugadas de mano.


En lo atinente a su paz neoliberal no hay ninguna intención magnánima de por medio.


Primero los negocios. Primero el capital y las ganancias. Los demás que se jodan. Ese cuento de los pobres y la patria no es con él.


Su cacareada paz es para profundizar el modelo neoliberal con la megamineria y el agro negocio en la Altillanura de la Orinoquia.


Es para ese objetivo que quiere extirpar la guerrilla, eliminarla de las geografías ricas en minerales, en oro, en petróleo, en agua, en biodiversidad y en potenciales para la producción agrícola.


Nada de afanes altruistas y humanistas para hacerse con un nobel. Aunque ese no era un premio desestimable. Un trofeo para adornar su adorno y boceleria.


Pero como la vida no es un camino de rosas, construir el mundo dorado del neoliberalismo le exigía dialogar y negociar con un contendor de quilates.


Con las Farc. Con un movimiento cargado de historia, resistencia y potencia transformadora. Con un movimiento social y político programático, conformado durante décadas para promover cambios estructurales en la arcaica sociedad imperante en Colombia. Para darle la tierra a los campesinos, la democracia a los excluidos, la tolerancia al adversario, la palabra al opositor, la convivencia a la comunidad, los derechos a las víctimas, la rectitud al compromiso establecido y la ilusión del socialismo a las mayorías.


En suma, con un movimiento cargado de conciencia, ética, disciplina y responsabilidad histórica.


Técnicamente no había alternativa. Una guerra prolongada es insostenible. Un gasto militar descomunal como el del Estado colombiano diezma cualquier economía. Si los imperios caen (como le ocurrió a la ex URSS y le ocurre hoy a USA), según la brillante tesis de Paul Kennedy, por causa de un gasto militar asfixiante y depredador, con mayor razón un pequeño Estado como el Colombiano, sin recursos y carcomido por el burocratismo clientelar. 500 mil soldados son una pesada carga que termina arruinando cualquier presupuesto.


Pasaran décadas y ese monstruo burocrático militar nunca podrá destruir una deletérea guerra de guerrillas que tiende a cobrar formas cuasi estatales para dar sustento a sus bases de apoyo. ¿O acaso no es que guerrilla, tanto la de las Farc como la del ELN, no tiene formas estatales en muchas regiones de la geografía nacional?
Y bien.


Tomada la decisión de negociar, el resultado que a la fecha de hoy tenemos es un importante documento programático conocido como Acuerdo de paz de Cartagena. Es el fruto de varios años de arduos trabajos y complejas reuniones. Un documento de 297 páginas, que así no le agrade a la ultraderecha y a otras almas intolerantes, será el referente de sentido para el movimiento popular y la multitud que articula múltiples tendencias de la diversidad social.


Con un plus adicional. La comunidad internacional en sus referentes de peso (ONU, gobiernos, UE, partidos, movimientos) lo conoce y sabe de sus nada desproporcionados alcances. Es lo que regularía una sociedad medianamente moderna, al decir de Barrington Moore en sus estudios sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia.
Pero, se presentó el tropiezo del plebiscito del 2 de octubre.


Las mentes se confunden y cunde el desespero.


Es cuando hay que estar más atentos para evitar fugas suicidas y golpes de mano.


Santos dice que no hay tiempo. Lo expresa en momentos en que se ve obligado a conversar con su contrincante intraclase. Con la facción oligárquica más recalcitrante y obtusa. Con la insolencia despótica del latifundio feudal. Con la patanería provinciana, acostumbrada al desafío y la pistola.


El riesgo de la aventura es muy grande.


Colocado a la deriva y hecho una ruina política, bien puede Santos querer picar en punta para demostrar fuerza.
Lo de un nuevo Frente Nacional o una manguala 3.0 bien podría ser un juego de niños. Un artilugio para calmar la galería.
Lo peor. Lo más grave es un Plan B santista para adelantar una guerra relámpago, una blitzkrieg hitleriana, para copar campamentos y asesinar en masa a líderes y combatientes guerrilleros. Una operación tipo Tamil para exterminar toda existencia guerrillera.


Ese es el escenario perfecto codiciado por la elite oligárquica dominante, local e internacional.
No es fantasía.


Los riesgos son muy grandes.


Hay mucha información e inteligencia acumulada por los aparatos militares del gobierno para proceder a una masacre apocalíptica.


Me parece que se ha pecado y se peca por ingenuos.


Renunciar a la esencia móvil de la guerrilla es un craso error.


Lo que no quiere decir renunciar al Cese Bilateral del juego. Es la conquista efectiva más importante alcanzada hasta el momento.


La hipótesis de las zonas veredales y campamentarias, tan codiciadas por Pastrana, el artífice del plan Colombia, junto con una precipitada y anárquica dejación de las armas es una peligrosa y perfecta entelequia acariciada por el militarismo golpista de los Kfir.


En todo caso, es necesario regresar a la política o a lo político.


Téngase en cuenta que con la cruel derrota del 2 de octubre, Santos ceso sus competencias regulares, quedo a la deriva y los próximos meses, 20 pienso yo, hasta la elección del próximo jefe de la Casa de Nariño, serán una pista sintética para el protagonismo electoral de Uribe y sus tres pollitos (Duque, Zuluaga y Holmes), de Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Ordoñez, Jorge Robledo y de pronto Cepeda, sino es que lo inhabilitan esta semana que viene.


Parece ser la conjetura más probable sin descartar cualquier pataleta violenta de Santos y sus generales de confianza, dotados de mucho dato delicado de la guerra de guerrillas.


Nota. No todo es malo en el resultado de las votaciones del plebiscito. Lo mejor fue la esplendorosa derrota de Cesar Gavira y su comparsa de sirvientes bien pagados. Cuando Santos puso al frente de la campaña del plebiscito a Gavira, emblema del neoliberalismo, y le agrego toda la clase politiquera de gamonales emermelados, la derrota era previsible. La vieja clase politiquera de caciques electorales se metió al plebiscito para seguir robando y para reencaucharse. Pero les salió el tiro por la culata.

Publicado enColombia
Reforma Rural Integral con Trabajo Decente

–Informe basado en Punto Nº1 del Acuerdo de Paz de La Habana sobre reforma rural–

 

El principal problema de casi todas las zonas rurales (1) colombianas es la gran cantidad de población que vive allí en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En 2015 la tasa de pobreza en el campo fue 40,3%, casi el doble de la de las cabeceras, que fue 24,1%. Y la tasa de pobreza extrema, es decir, la indigencia, era el 18,0% de la población rural, cuatro veces por encima de la tasa de las cabeceras: 4,9%.

La situación de pobreza rural se explica, en parte, por las condiciones laborales de su población, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes. En 2015 el promedio de ingreso laboral en la zona rural fue de $439.571, frente a $1.048.367 en las cabeceras.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, el sector agropecuario colombiano se ha caracterizado por tener un gran número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con poca área, en contraste con un número bastante reducido de grandes unidades de producción con mucha área disponible. El 69,9% de las UPA tiene menos de 5 hectáreas, y ocupan menos del 5% del área total censada. Y sólo el 0,4% de las UPA tiene 500 hectáreas o más, o sea el 40,1% del área total censada (2).

Una reforma rural integral que corrija este desajuste estructural, debe sentar las bases para la trasformación del campo y mejorar las condiciones de bienestar de la población, empleos estables y productivos en condiciones de trabajo decente, empleos con derechos y protección social, con libertades sindicales y diálogo social eficaz. No de otra manera se logrará una paz estable y duradera.

En este contexto, y en el marco de las jornadas mundiales por el Trabajo Decente, la Escuela Nacional Sindical publica su 9° Informe Nacional de Trabajo Decente, centrado en el sector rural, que incluye información sobre estado de la formalización laboral, la protección social, y el derecho de asociación sindical (3) .


Y como preámbulo, consideramos válido reivindicar el apartado 1.3.3.5 del Acuerdo que firmaron el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, el cual de manera general establece:

 

"El Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque diferencial y de género, a la luz de las normas de la OIT de las que Colombia es parte, con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales). El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales".

 

Se trata pues de un Plan que dignifica las condiciones laborales rurales mediante la aplicación de la normatividad sobre contrato laboral, jornada laboral, remuneración y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables al trabajador, las normas de la OIT sobre el trabajo, y en particular sobre el trabajo rural.

Es un Plan que trata de garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, y que tiene en cuenta varios temas clave, como son: trabajo infantil, garantías de protección social, promoción y estímulo a procesos organizativos de las y los trabajadores, vinculación laboral de personas en situación de discapacidad, equidad y vinculación laboral de las mujeres, formación para el trabajo y formalización de empresas en materia de obligaciones y derechos laborales, inspección laboral en zonas rurales, protección de la tercera edad y de las mujeres trabajadoras.

En este informe especial mostraremos un panorama general de la situación laboral y de derechos humanos fundamentales en cada uno de los ítems que trata el apartado 1.3.3.5 del punto uno del Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc. Veamos:

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil

 

Campañas para la erradicación del trabajo infantil y medidas inmediatas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. (Apartado 1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social del Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

En 2015 la Tasa de Trabajo Infantil (TTI) fue variable según las diferentes zonas del país. Mientras que en las cabeceras se ubicó en 6,7%, representando a un total de 548.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNA), en la zona rural la TTI fue más del doble: 15,6%, esto es 470.000 NNA que trabajaban.

Es una situación alarmante, que se agudiza cuando se consideran los NNA que realizaron oficios del hogar por 15 horas o más, es decir, la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA). Se encontró que en las cabeceras esta tasa fue de 11,0% (345.000 NNA), mientras en la zona rural se duplicó: 22,4% (203.000 NNA).

El trabajo infantil trae consecuencias de corto y largo plazo, limitantes del disfrute de los derechos de los niños y niñas y por tanto de su desarrollo. Es un factor que se reflejará en la baja calidad de los trabajos que obtendrán en su vida adulta, o en la limitación para acceder al empleo. El trabajo infantil aleja a los menores de la educación. En la zona rural el 36,7% de los infantes que trabajaban no asistieron a una institución educativa, el resto combina educación y trabajo, situación que redunda en bajo nivel académico y en deserción escolar, en tanto no proporciona ingresos o apoyo económico a sus familias.

Las razones por las cuales los NNA trabajan varían dependiendo de la zona. En la cabecera el 48,4% trabajaba porque le gusta mantener su propio dinero, mientras que en la zona rural el 43,2% lo hacía porque debía participar en la actividad económica de la familia.

 

Garantías de protección social

 

La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio por parte del Estado. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

Para los 4´758.000 trabajadores y trabajadoras rurales el panorama es, en la práctica, de exclusión de la seguridad social. Mientras en las cabeceras el 45,5% de los ocupados contribuyó a salud en el régimen contributivo, en la zona rural sólo contribuyó el 14,1%. Situación similar se presentó en la afiliación al sistema pensional, al cual el 41,4% de los ocupados de las cabeceras estaba afiliado, frente a 12,4% de los ocupados de la zona rural. La afiliación a cajas de compensación familiar sigue la misma línea: 33,7% de los ocupados en las cabeceras y el 8,9% de los ocupados en el campo.

Si calculamos la informalidad laboral por la no afiliación a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), las cifras son escandalosas. La tasa de informalidad laboral en la zona rural fue de 89,3%, es decir, 4´248.894 ocupados en esta condición. Mientras en las cabeceras la tasa de informalidad se ubicó en 62,3%, o sea 27 puntos porcentuales por debajo.

 

La promoción y estímulo de procesos organizativos de trabajadores(as)

 

La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

 

Si bien el ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores y trabajadoras del país tiene restricciones, para los trabajadores del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca este ejercicio es casi inexistente, debido en gran parte al impacto que ha tenido la violencia antisindical.

Sólo el 9,9% de los ocupados en el sector agrícola tenía contrato de trabajo regulado por la ley, y apenas el 6,7% de los asalariados con contrato se beneficia de un convenio colectivo de trabajo (4).

Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS (Sinderh) entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física contra sindicalistas del sector agricultura, caza y pesca y minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización, con 1.207 casos (5), cifra que representa el 38,9% del total de homicidios a nivel nacional en el mismo período, que fue 3.101.

La violencia no sólo incidió en la pérdida de vidas y la instauración del terror, sino también en el debilitamiento y extinción de sindicatos rurales, y con ello la pérdida de garantías y derechos. La violencia entorpeció el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en el sector rural. Alrededor de 120 sindicatos de estos sectores son hoy sujetos de reparación colectiva porque han sido víctimas por lo menos de un hecho violatorio.

Durante el 2015 se presentaron 192 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas. En 47 de éstos casos las víctimas fueron trabajadores sindicalizados del sector agricultura, caza y pesca, es decir, el 25%. Otras formas de violencia, como las amenazas y los hostigamientos, fueron más recurrentes. Hay una intención de mantener un ambiente de temor en el campo, un temor que limite las posibilidades de mejorar las condiciones de los trabajadores y las comunidades a través de la acción sindical.

 

Vinculación laboral de personas en discapacidad

 

La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de discapacidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

En 2015 las cabeceras del país reportaron un 40,6% de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), mientras que en la zona rural este porcentaje fue apenas del 11,7% (556.686 personas ocupadas). Es decir, el 88,3% de los trabajadores rurales estaba excluido del SGRL. Además, son trabajadores a quienes se les vulneran sus derechos laborales, y muchos están vinculados por modalidadades de trabajo informal y precario.
Ese porcentaje de afiliación se encoge en casi dos puntos porcentuales para los ocupados en el sector agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; sector que en 2015 ocupaba 3´544.000 personas a nivel nacional, y de ellas sólo 9,9% (349.111) tenía afiliación a riesgos laborales. El sector reportó en este año 64.173 accidentes laborales (176 accidentes diarios), y 31 pensiones por invalidez (6). Reportó 38 muertes y 984 enfermedades laborales calificadas (casi 3 enfermedades diarias), y 5 pensiones por invalidez. También 1.232 indemnizaciones por Incapacidad Permanente Parcial, pagadas a trabajadores por accidentes o enfermedad laboral.

 

Equidad y vinculación laboral de las mujeres y la juventud

 

La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales. Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona, hombres y mujeres. Las condiciones laborales de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de dignidad y equidad. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La dinámica del mercado laboral siempre ha presentado enormes brechas entre hombres y mujeres, desfavorable a éstas. En las cabeceras la tasa de desempleo de los hombres fue de 7,9%, y la de ellas de 11,9%; mientras en la zona rural la brecha fue mucho mayor: 11,0% mujeres y 3,2% hombres, o sea tres veces superior.

Las mujeres ocupadas en la cabecera tuvieron ingreso promedio un 24,2% inferior al de los hombres ($891.958 frente a $1.176.612). En la zona rural la diferencia fue más profunda: las mujeres tuvieron ingresos 41,6% menores que los hombres ($293.632 frente a $502.928).

Por otro lado, los jóvenes entre 14 y 28 años carecen de proyectos personales y laborales lo suficientemente atractivos y dignos como para retenerlos en el campo. En la zona rural del total de desempleados, los jóvenes representaron el 54,0%, en el caso de la cabecera esta representación fue de 49,3%.

Y cuando se analizan las estadísticas por sexo, las mujeres jóvenes fueron quienes sufrieron mayor desempleo: 20,1%, frente a 6,1% de los hombres jóvenes en la zona rural. En la cabecera las tasas fueron 20,6% y 13,0% respectivamente.

Hay una población a la que se debe prestar especial atención: los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “Ninis”. En las cabeceras el porcentaje de Ninis fue 18,4%, mientras que en la zona rural se ubicó en 25,6%. La brecha se amplía entre las y los jóvenes Ninis. En las cabeceras el porcentaje de los Ninis fue 11,5%, frente a 25,3% en las Ninis. En tanto en la zona rural la brecha de género entre los Ninis fue mayor, casi 5 veces: 43,8% para ellas y 9,0% para ellos.

 

Capacitación en materia de obligaciones y derechos laborales

 

La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Clasificados los empleados por categoría ocupacional, en 2015 las zonas rurales y las cabeceras también tuvieron dinámicas diferentes. En las primeras el 65,8% de los ocupados era no asalariado, frente a 47,3% que estaba en esa condición en las cabeceras.

En la zona rural la mayoría de los ocupados era cuenta propia: 51,6%, seguido por los empleados particulares: 18,6%; jornalero o peón: 12,4%, trabajadores sin remuneración: 10,2%. Mientras en las cabeceras el 43,8% figuraba como empleado particular, 39,9% cuenta propia, 4,6% empleado del gobierno, y 3,1% trabajador sin remuneración.

Así mismo, se encontró que el 91,2% de los ocupados de la zona rural tenía un empleo precario, es decir, sin contrato de trabajo a término fijo o vinculado a través de una empresa de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa. Frente a un 70% de ocupados que en las cabeceras se encontraba en esa situación.

El 33,7% de los ocupados de la zona rural tenía una relación laboral ilegal, es decir 1´601.894. Estos trabajadores prestaron sus servicios a un patrón o empleador y éste no le garantizó derechos laborales ni protección social. En las cabeceras la relación laboral ilegal fue el 18,1% del total de ocupados.

En el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras se registraron 81 protestas laborales y sindicales en 2015, lo que representó un incremento del 19,1% con relación al 2014. Es decir, el 21,6% de los casos registraron en todo el país, que fueron 375.

En cuanto a los motivos que llevaron a los trabajadores a movilizarse, se observó que el 45,6% fueron protestas de rechazo a las políticas generales o de Estado en lo social y lo laboral, lo que también estaría reflejando la ausencia de institucionalidad en la zona rural, o que su presencia es ineficaz para resolver las problemáticas de las poblaciones campesinas. Se destacan 13 acciones de despidos de trabajadores, y 7 más que ocurrieron por incumplimiento de las obligaciones del empleador.

 

La inspección laboral en las zonas rurales

 

El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

El sistema de inspección laboral en Colombia está diseñado para atender las zonas urbanas y el sector formal de la economía. Deja por fuera los trabajadores del sector rural que se encuentran en la informalidad. No existe un sistema de inspección para este sector, ni recursos económicos ni logísticos para realizar las inspecciones . Los inspectores no reciben formación especializada, tampoco tienen un programa que demarque su campo de acción, lo que muestra la deficiente aplicación de las obligaciones contenidas en el convenio 129 de OIT sobre inspección en el sector agrícola.

En el país hay 904 inspectores para vigilar la situación laboral de más de 22 millones de trabajadores en 1.123 municipios. Unos 5 millones de éstos se encontraban en el campo, en donde resulta casi inviable realizar negociación colectiva, y es incluso imposible constituir organizaciones sindicales.

Además, sólo 51 municipios (de los 322 municipios priorizados para la ejecución de acciones estatales en la construcción de paz) cuentan con oficina del Ministerio de Trabajo. O sea que hay 271 municipios priorizados que no cuentan con una oficina de inspección del trabajo propia. Los trabajadores allí no cuentan con la presencia institucional necesaria para resolver sus conflictos laborales por las vías democráticas.

 

Protección de la tercera edad

 

La extensión de programas para la protección eficaz del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades especiales de las mujeres adultas mayores. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

Para el 2015 el total de pensionados por vejez en el país llegó a los 914.276 adultos, 29.875 pensionados más que en 2014, cuando fueron 884.401 (8). Un dato preocupante es que en ese mismo año en el país había unos 5,3 millones de personas mayores de 60 años, lo que significa prácticamente 4 de cada 5 adultos se encontraban desprotegidos, sin un ingreso estable que les garantizara una vejez digna.


En la zona rural la situación de los viejos es más dramática. Sólo el 7,5% de la población adulta recibió una pensión de vejez, mientras que en las cabeceras este porcentaje fue de 30,3% (9).

 

Protección a la mujer trabajadora

 

Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora del campo. (Apartado 1.3.3.5. Acuerdo Final Gobierno-Farc EP).

La participación de las mujeres en las labores de cuidado (10) fue mayor en la zona rural, equivalente a 93%, frente al 60% de los hombres. Mientras en la cabecera la proporción es del 88,4% frente al 63,9% respectivamente.

El tiempo dedicado a las labores del cuidado fue también mayor, casi cuatro veces, en la zona rural, donde las mujeres dedicaron 7 horas y 33 minutos al trabajo del cuidado no remunerado, más de 5 horas adicionales del tiempo dedicado por los hombres: 1 hora y 53 minutos. Mientras en la cabecera se dedicaron 6 horas y 35 minutos, y 2 horas respectivamente

 

Recomendaciones

 

Este apartado del Acuerdo Final abre el camino para lograr una política de trabajo decente que garantice el cumplimiento de la legislación laboral, la formalización de los trabajadores(as) cuenta propia, el acceso a la seguridad social, a la justicia laboral, a la sindicalización y la negociación colectiva, como formas de superación de la pobreza y de que las y los trabajadores tengan mejores condiciones de vida.

El logro de la paz en el campo es imprescindible para poder diseñar democráticamente un plan de reconstrucción de las zonas rurales que implique un salto en la productividad y en la calidad de vida campesina, para esto es necesario empoderar a las mujeres, fortalecer la institucionalidad estatal rural e impulsar agresivamente la formalización de la propiedad y el trabajo para superar la ilegalidad y disminuir el peso de la economía ilegal en la ruralidad.

El diseño de esta política debe considerar la reivindicación de la soberanía alimentaria por parte de los campesinos, el reconocimiento de la economía del pequeño campesinado, la condonación de sus crecientes deudas, mayor acceso a los créditos, concertación de políticas agropecuarias y distribución equitativa de la tierra, cumplimiento de acuerdos del gobierno con el movimiento campesino, garantía de respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento de la institucionalidad pública laboral, entre otros.

 

 

 

[1] La información de la zona rural corresponde a lo que el DANE llama Centros poblados y rural disperso.

[2] Para información más detallada sobre el Censo Nacional Agropecuario consultar el enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/Censo-Nacional-Agropecuario-2014

[3] La información estadística es tomada principalmente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de DANE y de las bases propias del Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab) de la ENS. 

[4] La mayoría de los trabajadores agrícolas afiliados a un sindicato son de SINTRAINAGRO: 26,5%, sindicato que además es titular de 165 convenciones colectivas, el 69,3% del total, la mayoría de ellas en el sector bananero (85,5% de la cobertura total).

[5]Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS 

[6]  Indica el número de trabajadores que presentaron un accidente de trabajo y se les inició el pago de una pensión de invalidez (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%). Lo mismo para la invalidez de la enfermedad laboral.

[7] Al respecto la CEACR en 2009, “…ruega una vez más al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones precisas sobre el contenido de las cuestiones tratadas en las jornadas de asistencia jurídica, organizadas en todo el territorio nacional, incluidas las localidades más alejadas, a las que el Gobierno hizo referencia en una memoria anterior. Le agradecería tenga a bien indicar si obedecían a una necesidad o si se realizaron como parte de las medidas de extensión de las funciones de inspección con vistas al control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas y sus familias.”

[8] Los anteriores resultados sin tener en cuenta a las personas pensionadas de los regímenes exceptuados: Magisterio, Ecopetrol, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

[9] Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más receptora de pensión / Población masculina de 62 años o más y femenina de 57 años o más por 100.

[10] Las actividades del cuidado son: a) Suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada; b) Mantenimiento de vestuario para miembros del hogar de manera no remunerada; c) Actividades de limpieza y mantenimiento para el hogar de forma no remunerada; d) Actividades de compras y administración del hogar de forma no remunerada; e) Estar pendiente de miembros del hogar; f) Actividades con menores de 5 años; g) Actividades de cuidado físico a miembros del hogar; h) Actividades de apoyo a miembros del hogar y j) Actividades de voluntariado.

 

Publicado enColombia
Miércoles, 05 Octubre 2016 07:13

Cavilaciones postplebiscito

Cavilaciones postplebiscito

La oligarquía busca un pacto tipo frente nacional para intentar solventar la crisis desatada por el triunfo del No a la paz en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Santos, Uribe y Pastrana se reúnen para enterrar la apertura democratica y la paz con justicia social.

Se quiere desconocer el Acuerdo de paz de Cartagena para imponer una paz neoliberal, de los sepulcros y los falsos positivos.
Es difícil agotar la reflexión sobre el significado, el sentido y las implicaciones del plebiscito del pasado 2 de octubre y la derrota del Acuerdo de paz firmado en Cartagena para poner fin al conflicto armado, por el triunfo de la campaña del NO promovida por el ex presidente Uribe Vélez y su partido el Centro democrático.

Las derivaciones serán diversas y el campo político y social, sentirá gradualmente los impactos correspondientes.

Ofrezco algunas valoraciones de mi propia cosecha con el fin de contribuir al debate en curso, enfocado en interpretar las probables rutas de la historia futura de Colombia.

 

Primera

 

El pasado 2 de octubre llego a su fin el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su desgaste llego al máximo nivel con la derrota plebiscitaria de su principal bandera, la de la paz neoliberal. La baja aceptación que arrastraba Santos entre los colombianos, desde hace más de dos años, como resultado de su impopular gobierno, al servicio de las oligarquías, prácticamente quedo en ceros con la reciente debacle electoral. El Jefe de la Casa de Nariño perdió su gobernabilidad, agudizando la crisis del sistema político que seguirá a la deriva. Los próximos 20 meses de Santos serán completamente irrelevantes. Sera como un corcho en un remolino dando vueltas sin llegar al fondo y sin avanzar a ninguna parte.

Las renuncias de los Ministros seran el pan de cada dia y la inestabilidad sera cronica.

En este desorden y anarquía, los militares anticomunistas seguirán desafiando con sus vuelos rasantes de Kfir sobre la Casa de Nariño para notificar que ellos son el verdadero poder.

Regresara el autoritarismo y los estados de excepcion para aplastar la rebelion popular

.

Dos

 

El triunfo del NO, por un escaso margen, más que una solución a nuestros problemas, es igualmente el reflejo de la profunda crisis sistémica que carcome el sistema político. La manipulación antropológica con mentiras y miedos de la campaña contra la paz promovida por Uribe Vélez, es un síntoma de la crisis generalizada de nuestra sociedad que se margino ampliamente de las votaciones, pues la abstención fue del 63% y la baja participación se consiguió mediante una absurda agitación del miedo, el resentimiento y el soborno clientelar desde el oficialismo santista.

 

Tercero

 

El fiasco del SI y la motivación del No, debe buscar una explicación clave en la manipulación clientelar y la corrupción de las campañas gubernamentales sustentadas en la mermelada, la contratación a dedo y una falsa pedagogía que disfrazaba la propaganda oficial. Haber colocado al frente de la maquinaria del SI, al señor Cesar Gaviria, emblema del neoliberalismo más salvaje, y a la camarilla de los gamonales fue fatal. Un anuncio anticipado de la derrota del domingo pasado. Muchos de los votos por el NO fueron más bien una protesta contra esta mafia saqueadora del presupuesto público.

 

Cuarto

 

La Izquierda postplebiscito se consolida como una colcha de retazos y un ente descuadernado que, de no replantearse rápidamente en todos los aspectos, políticos, programáticos y organizativos, tendera a desaparecer en su actual versión. Los movimientos y tendencias que se presentan como de izquierda fueron y serán marginales por causa de su prepotencia, engreimiento, dogmatismo y sectarismo. Por causa de sus pequeños y cómicos caudillos de vereda. Sus prácticas son aberrantes, por no decir ridículas. Delirantes y desfasadas de nuestra realidad popular y cultural. Necesitamos una Nueva Izquierda, acorde con el Acuerdo de Paz y la transición a un nuevo ciclo político. Necesitamos una izquierda dispuesta a asumir los retos de la construcción de una nueva hegemonía en la batalla de las ideas.

 

Quinto

 

En el postplebiscito se destapara la gigantesca crisis económica, fiscal y financiera que ha sido maquillada por la mentira santista. Tendremos un cataclismo económico, presupuestal y financiero. La reforma tributaria, que ha proyectado el Fondo Monetario, azotara con severidad a millones de colombianos pobres, con el incremento del IVA y otros tributos diseñados para afectar a la población y exonerar a los ricos. Estas medidas, obviamente, desataran la ira y el rechazo social que se manifestara en acciones de protesta y huelgas.

 

Sexto

 

La paz se sostendrá en sus elementos más importantes como el Cese Bilateral del Fuego y hostilidades. No habrá desplazamiento de la guerrilla a las mencionadas zonas veredales y menos dejación de las armas en los próximos meses. El movimiento guerrillero avanzara con nuevos referentes de inserción en la movilización política y social sin renunciar a sus principales conquistas y acumulados. En tal sentido no es descartable nuevas conferencias y encuentros guerrilleros para definir colectivamente las rutas a seguir.

 

Séptimo

 

El texto del Acuerdo final de paz, construido en la Mesa de diálogos de La Habana, en los últimos años será defendido en su integridad por un potente movimiento social y popular que se construirá como sujeto central del campo político.

Manifestaciones, marchas, plantones, agitación en los medios, conferencias, mesas redondas, debates, redes sociales y otros repertorios de los movimientos sociales harán parte de una potente campaña que demandara el fin de la guerra y el inicio de la construcción de la paz.

 

Octavo

 

Los intentos por revivir un frente nacional o un pacto oligárquico para reconducir el proceso de paz en los términos de la impunidad y la visión retrograda del uribismo y la ultraderecha fascista serán resistido por el pueblo y las fuerzas democráticas. Un acuerdo Santos-Uribe-Pastrana esta en contravía de la apertura democrática y la paz con justicia social consignada en el Pacto final de paz firmado el 26 de septiembre en Cartagena entre Santos y el Comandante de las Farc Timoleon Jiménez.

 

Noveno

 

Ayer, 3 de octubre, quedo dibujada la campaña electoral para escoger el próximo presidente del gobierno. Serán casi 20 meses de ese sainete. Uribe y su candidato (Duque, Holmes o Zuluaga), Vargas Lleras, Sergio Fajardo, De La Calle, serán los personajes más mencionados en la vida pública y sus imágenes y discursos intentaran engañar, nuevamente a la sociedad. Entre tanto, como en los últimos 30 años, las guerrillas revolucionarias representadas por las Farc, el ELN y el EPL, serán el caballito de batalla de todos para el momento de hablar o vincularse con los demás.

La paz y las guerrillas, será el tema que utilicen estos candidatos para estigmatizar o definir, con golpes de sorpresa, un eventual triunfo presidencial

 

Décimo

 

La hipótesis de convocar y organizar una Asamblea Constituyente soberana y popular cobrara forma para darle una salida al Acuerdo de paz.

 

Once

 

La comunidad internacional no saldrá de su sorpresa y confusión con los resultados tan absurdos del plebiscito. Nos verán como unos locos y desadaptados. Como una sociedad arcaica y confesional. Como unos trogloditas jurásicos que votamos para que una guerra continúe y la paz no prospere.

Publicado enColombia
Transición a la paz y dejación de las armas por las Farc.

“El análisis concreto de la situación concreta”, formula de linaje leninista, planteada muchas veces por nuestro querido compañero Alberto Pinzón, es hoy más necesario que nunca a propósito de la dejación de las armas por las Farc y la transición a la paz.

El día D y los 180 días para dejar las armas a Naciones Unidas es una masa temporal ontológica, no cronológica, que depende de variadas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Viene una intensa disputa política alrededor de este neurálgico asunto. La ultraderecha entra a la ofensiva para impedir la cabal y correcta implementación de los acuerdos de Cartagena.

La terminación de la guerra compromete un gran número de variables referidas a materias legales, constitucionales, militares y políticas, que hacen de tal objetivo un fenómeno de altísima complejidad.

La construcción de la paz no será una tarea sencilla. Será necesario atender diversos frentes al tiempo, dada la simultaneidad que acompaña la ejecución de los consensos y pactos alcanzados.

Adicionalmente, se deben asumir elementos de contexto ante los cuales de nada sirve taparse los ojos.

Pero, en los términos de la reiterada sugerencia de nuestro querido compañero Alberto Pinzón, lo que procede es “el análisis concreto de la situación concreta”, formula leninista de reconocido valor que permite concentrar la reflexión y la voluntad en los puntos críticos del curso político y social, teniendo siempre puesta la mira en la transformación revolucionaria sistémica. Sobre todo si consideramos que en los términos de la teoría de sistemas, el régimen político nacional se encuentra altamente desequilibrado, en una situación de bifurcación: la alteración más pequeña puede provocar grandes cambios sin que su sentido sea predecible (Ver La trama de la vida de Frittjof Capra en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2dHb6cC).

En tal sentido, la prioridad epistemológica debe tratar de comprender el proceso de transición en curso y su contenido, condicionado por la implementación inmediata, en los próximos tres meses, de aspectos sustantivos como el fin objetivo del conflicto armado, el cese bilateral del fuego y de las hostilidades, la ubicación de las Farc en las áreas veredales y campamentarias, la organización de un nuevo movimiento político por la insurgencia revolucionaria, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad para los integrantes de las Farc en el desarrollo de su movilización política y popular, la amnistía y el indulto, la concreción de las medidas agrarias, la organización de la jurisdicción especial de paz y el reconocimiento de los derechos de 8 millones de víctimas.

Con los actos de Cartagena, y con el previsible triunfo del SI en el plebiscito del 2 de octubre, la transición toma cuerpo.

En la ciencia política la transición como categoría analítica es de uso recurrente para indicar un proceso de cambio en el régimen de poder existente. Se trata de ir desde un punto A hacia un punto B. En este caso se trata del paso de la guerra (A) a la paz (B). Lo que llama la atención, en nuestro caso concreto, es que tal movimiento ocurre en momentos en que periclita un ciclo político, el iniciado con la Constituyente de 1991 y despega uno nuevo, probablemente de más de tres décadas.

Tanto la transición como el ciclo político en ciernes, toman su contenido del Acuerdo general de paz de Cartagena y de los discursos que emiten los actores más relevantes como el Presidente Santos, el comandante de las Farc, Timoleon Jiménez, y los voceros de la oposición ultraderechista que encabeza Uribe Velez.

La primera fase de tal transición y del ciclo político mencionada tiene, por supuesto, un referente fundamental, me refiero a la dejación de las armas por parte de las Farc, acompañada del cese bilateral del fuego y de hostilidades, del desplazamiento guerrillero a las zonas veredales y campamentarias, de las medidas de seguridad para los integrantes del nuevo sujeto político previsto, de la amnistía e indulto, del funcionamiento del mecanismo tripartito de verificación y de la erradicación eficaz del paramilitarismo.

Para las partes, la dejación de las armas, su entrega a la ONU, es la “joya de la corona”. El poder oligárquico quiere ver ya sin las armas a miles de partisanos que integran la resistencia campesina y popular. Es su pesadilla y tormento. Por eso exigen la marcha inmediata de las Farc a las zonas de concentración y la conformación de los anillos asfixiantes que pretender ser utilizados para sofocar a los combatientes invictos.

Por supuesto, para el pueblo en armas no es tan fácil y cómodo desprenderse de su principal garantía de lucha contra el poder de las oligarquías y su Estado corrupto. Hay escepticismo, aprensión y la natural desconfianza, como consecuencia de la lectura de experiencias históricas anteriores en que los poderosos oligarcas desataron el exterminio de los guerrilleros, tal como sucedió en los años 60, en que uno a uno, fueron decapitados en Bogotá y otras ciudades, los desmovilizados y amnistiados líderes de las guerrillas liberales. Las elites dominantes y sus aparatos armados, Ejercito/FAC/Marina/Policía, tienen un acumulado nada despreciable en esta materia y seguramente recurrirá a diversas estratagemas para degollar la comandancia fariana. Medellín y Antioquia serán lugares críticos en ese sentido, pues la alianza entre carteles de la droga y elites políticas locales parece en disposición sangrienta contra la paz.

El debate de este espinoso asunto se desenvuelve con el referente del día D y los 180 días pactados para dejar las armas guerrilleras en los contenedores de la ONU.

180 días son una masa temporal que no necesariamente debe transcurrir, como lo plantean los integrantes de la delegación gubernamental, en las fechas posteriores a la firma del Acuerdo de Cartagena. Esa es su interpretación amañada y su proyección es sesgada.

180 días son un trazo ontológico que bien puede localizarse en el año 2017, 2018 o 2024, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El asunto no es meramente cronológico o de lógica formal escolástica.

La entrega de las armas, en principio, debería ser la consecuencia de varios hechos. Por supuesto, de la firma del Acuerdo general de paz, obviamente del resultado del plebiscito, desde luego del trámite de la ley de amnistía e indulto, claro está de la ubicación en las veredas y campamentos, de las medidas de seguridad para los líderes y miembros de las Farc, de la formalización constitucional de los consensos mediante su articulación efectiva al bloque de constitucionalidad, de las medidas concretas en materia agraria, de víctimas, de verdad, de justicia y erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Obviamente tejer, articular y amarrar todos estos temas no es cosa que se pueda hacer velozmente, en 6 o 12 meses. Es todo una ciencia que requiere de paciencia y buen tino. Sin ninguna pretensión, la dejación de las armas es toda una disciplina analítica con los rigores y exigencias propias de la construcción epistemológica adecuada.

Agréguense al cuadro que propongo, dos factores de gran incidencia, propios de las disputas necesarias en curso.

Una, la contraofensiva de la ultraderecha, que se reagrupa con mayores bríos para el sabotaje de la transición a la paz. El bloque parapolítico de Uribe Velez está siendo reforzado con las peligrosas salidas del nuevo Fiscal, similares a las del defenestrado exprocurador Alejandro Ordoñez, quien con un discurso seudo jurídico e interpretaciones arbitrarias, quiere ponerle palos en la rueda a los acuerdos en lo relacionado con la fumigación de los cultivos de uso ilícito y la estructuración del movimiento político de las Farc, de acuerdo con sus intereses específicos, sugiriendo actuaciones criminales para darle curso al dispositivo sobre extinción de dominio y eventuales extradiciones.

Todo indica que el vicepresidente Vargas Lleras será el punto de encuentro de esta masa retardaría, empeñada en bloquear y abortar la construcción de la paz democrática.

La ambigüedad del Vicepresidente frente a la paz es notoria, y su silente actitud no es más que un juego propiciador de nuevos encuadres políticos reaccionarios. El Fiscal refleja sus dudas jurídicas frente al Tribunal de Paz y sus competencias. Refleja, por lo demás, el ánimo de los enemigos agazapados de la paz en el poderoso y corrupto poder judicial, que sienten pasos de animal grande con el nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluida su Justicia especial con magistrados de otros países, de probada conducta ética y jurídica.

El NO contra la paz de reconocidas fichas de Vargas Lleras en las regiones, como la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y su marido, Toto, el Jefe del Cartel del Norte del Valle, no es un acto de insubordinación en la facción correspondiente sino, por el contrario, la materialización de una estrategia electoral global para ganar réditos en la campaña para escoger Presidente en el 2018.

Se está conformando un potente bloque ultraderechista contra la paz y de eso hay que tomar atenta nota, para lidiar con tal fenómeno. Desde luego, eso no nos coge por sorpresa, es propio de coyunturas de cambio social y de procesos de transformación revolucionaria. Ha sido la experiencia histórica desde la revolución francesa, pasando por la revolución bolchevique, la china, la cubana, la sandinista, la vietnamita y otras, como los recientes procesos antiimperialistas latinoamericanos.

Constatar eso no significa que nos tengamos que cruzar de brazos. Hay que proyectar las estrategias correspondientes y propiciar las más amplias alianzas, como la insinuada por la X Conferencia de las Farc, para darle curso a un Gran Pacto político constituyente.

Otro factor de coyuntura, no menos importante, es el asunto de la gigantesca crisis económica, financiera y fiscal que nos envuelve. La oligarquía pretende dar salida a la crisis económica derivada del colapso financiero global desatado desde el 2008, con la reforma tributaria y con recortes masivos en el gasto público y de las transferencias.

La paz quiere ser utilizada para remozar el modelo neoliberal con nuevos privilegios a las multinacionales en la extracción minera y el agro, negocio de la altillanura en la Orinoquia.

La paz quiere ser proyectada como un gran negocio de los poderes empresariales y financieros.

Hay que tomar nota de esa ruta depredadora, y en ese sentido el discurso del Comandante Timoleon Jiménez en Cartagena es una plataforma oportuna y conveniente para desatar la más amplia movilización social contra el paquete neoliberal en curso que complicara, todavía más, el desconocimiento de los derechos fundamentales a la salud, la educación, el empleo y la seguridad alimentaria.

Digamos, para concluir, que no es fácil la ruta transicional posterior al Plebiscito. Crecerá el conflicto y la disputa con los clanes oligárquicos que manipulan el Estado y la economía.

Dejemos que los hechos concretos sobre la dejación de las armas se pronuncien, y actuemos en consecuencia. Con la pericia y el brillo que caracterizó a la delegación plenipotenciaria de las Farc en la Mesa de diálogos de La Habana. La experiencia del camarada Iván Márquez y sus compañeros es histórica, y un ejemplo para millones de colombianos que luchan y resisten el poder de la casta plutocrática.

Publicado enColombia
Paro indefinido de los mineros de Segovia y Remedios: problemáticas laborales y sociales

Segovia y Remedios son dos municipios del nordeste antioqueño con vocación económica especialmente minera. Desde el año 1852 las minas de oro fueron explotadas por la multinacional Frontino Gold Mines; sin embargo, los últimos 35 años de explotación de esta empresa se caracterizaron por un gran déficit financiero hasta el 2011, año en el cual vendió sus títulos mineros a la empresa canadiense Gran Colombia Gold, representada en Colombia por la Zandor Capital, que, en la actualidad, amenaza con hacer desaparecer a la clase trabajadora de estas dos localidades antioqueñas. Lo anterior se explica por el título minero a perpetuidad que posee dicha multinacional sobre el 80% del subsuelo de Segovia y donde la mayoría de los entables mineros se encuentran bajo esta área, entendiéndose, según esto, que solo pueden ser explotadas por esta multinacional.

Como muchas regiones de Colombia, el nordeste antioqueño también ha sido una zona abandonada por el Estado y donde sólo ha hecho presencia la fuerza militar, con miras a la protección de los intereses económicos de las transnacionales y el hostigamiento a las comunidades que se han arriesgado a enfrentar o desafiar el Estado, o simplemente defienden sus escasos recursos o forma de subsistencia.


Las mismas necesidades y el deseo de sobrevivir llevaron a que muchos de los habitantes de estas dos poblaciones, sumidos en la pobreza y la miseria, y dedicados a la minería, se organizaran en cooperativas con el fin de impulsar “la pequeña minería responsable con el medio ambiente, optimizando y racionalizando la extracción de los metales preciosos, generando mecanismos para la exploración técnica de los yacimientos mineros y mejorando no solo la calidad de vida, sino del empleo del minero, brindándole seguridad social y oportunidades de capacitación. Pese a estos avances, la legalización de la minería aún es una tarea pendiente, pues apenas 35 minas han logrado formalizar sus operaciones, frente a las 160 que carecen de título minero” (“En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional” – Periódico Desde Abajo).


Valiéndose de mentiras y falsas promesas como remuneración justa y acorde con los duros trabajos que tienen que realizar los mineros y la inversión en obras sociales para la región, la Zandor Capital se instala en Segovia y comienzan los atropellos, el acoso y el cierre de las pequeñas minas donde rebuscan su sustento y el de sus familias, quienes no trabajan por contrato con la multinacional.


En la actualidad también, la Zandor Capital sigue con el objetivo de ejecutar los amparos administrativos en contra de los pequeños mineros para apropiarse de las minas trabajadas¸ les entrega propuestas y contratos dañinos que llevan a la quiebra al pequeño trabajador, no hace propuestas de inversión, no brinda asesorías, como tampoco realiza aportes de tecnología. Todo ello obedece a la privatización y monopolización del subsuelo, tendencia que se visualiza en todo el país.

Por todo lo anterior LA MESA MINERA DE SEGOVIA Y REMEDIOS, decide reactivar las manifestaciones pacíficas y democráticas congeladas desde el 11 de noviembre de 2015, convocan a toda la comunidad a ejercer el derecho a la libertad de expresión y se declaran en cese de actividades indefinido, desde el 19 de septiembre de 2016. El paro seguirá hasta tanto no se logren los acuerdos concretos que permitan el respeto y garantía de los derechos como MINEROS TRADICIONALES Y ANCESTRALES.


Algunas de las temáticas en discusión, expuestas en el Pliego de peticiones, son las siguientes:


➢ Reforma al Código de Minas y reconocimiento e inclusión de la minería tradicional y ancestral
➢ Implementación por parte del Gobierno Nacional, de estrategias para diferenciar la minería informal de la minería ilegal
➢ Exigencia del Gobierno Nacional del cumplimiento por parte de la Zandor Capital, de su responsabilidad social empresarial en el Nordeste antioqueño
➢ Exigencia por parte del Gobierno Nacional a la Zandor Capital del cumplimiento de las normas que protegen el medio ambiente.
➢ Protección a la vida y la integridad personal de los integrantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Es de anotar en este punto que en reiteradas ocasiones los miembros de la Mesa Minera han recibido amenazas a través de panfletos, llamadas telefónicas, vacunas, extorsiones y las extrañas muertes especialmente de mineros jóvenes; estas intimidaciones se incrementan especialmente cuando los integrantes de la Mesa Minera suspenden las conversaciones con la Empresa, por diferentes circunstancias y discrepancias. Las amenazas y asesinatos se extienden además hacia diferentes sectores poblacionales de Segovia y Remedios.


Se exige la presencia del Estado, representado en congresistas, ministros, Gobernador de Antioquia, alcaldes y concejales de Remedios y Segovia, autoridades ambientales y por supuesto, directivas de la Zandor Capital y/o de la Gran Colombia Gold.


Ante ellas se expondrá la situación jurídica, territorial, social, cultural y económica de la región y la vulneración de los derechos de los trabajadores mineros. Igualmente se presentarán posibles soluciones a la problemática minera, que garanticen una vida digna dentro de esta actividad tradicional y ancestral.

Los pequeños mineros de Segovia y Remedios, agrupados en la Mesa Minera, tienen clara la opción del diálogo y la vía política, siempre y cuando  les respeten sus derechos.

Publicado enColombia
El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

Publicado enColombia
(Des)Alegría de leer los acuerdos Gobierno/Farc-ep

Tanto el Presidente como las Farc-Ep manifestaron públicamente que acataban el fallo de la Corte... Es importante que lo hagan no sólo de labios para afuera. Y más importante, que la propia Corte Constitucional lo haga respetar, pues, ya está siendo violado a través de la publicidad oficial, desde el mismo día que se promulgó la sentencia C-379 que dejó claramente establecido que el plebiscito no era sobre el derecho fundamental a la paz, que ya tenemos todos los colombianos, sino sobre el gobierno de Juan Manuel Santos, y más exactamente, sobre una política suya plasmada en los acuerdos de La Habana.

En su parte pertinente, la sentencia de la Corte señala en la pagina 327: “Debe resaltarse que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión política contenida en el Acuerdo Final, esto es, un documento específico. Habida cuenta el tenor literal del artículo 1º, así como la imposibilidad que a través de un plebiscito se modifique la Constitución, es evidente que el derecho en comento no sufre modificación alguna en razón de la decisión popular expresada en dicho mecanismo de participación. Esto más aun cuando, como se ha señalado, los derechos fundamentales tienen una naturaleza contra mayoritaria, que los excluye de las decisiones de mayorías políticas eventuales...”.

Además, podríamos agregar que por otra razón que ahora reiteramos: el derecho a la paz es mucho más amplio que la mera cesación parcial de un conflicto armado, pues, no es sólo la falta de violencia física sino también la ausencia de violencia social y económica en las relaciones sociales; y no es posible la paz si no existe, coetáneamente, el respeto y realización plena de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, en los términos en que lo prescribe la ONU: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz (resalto nuestro) en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Queda claro que la pregunta del plebiscito no puede ser entonces, si se vota por la paz o no; ni ninguna otra expresión que directa o indirectamente se refiera a la paz, ya que estaría violando la sentencia de la Corte Constitucional, y por lo mismo, sería inconstitucional, pudiendo la Corte exigir que se modifique la pregunta, ya que conserva la competencia para vigilar que su fallo se cumpla estrictamente como ella lo ordenó.

Dejando esto claro, la pregunta pertinente podría ser: “¿Aprueba la política del Presidente plasmada en los acuerdos de La Habana?”, u otra similar; pues, todas las que se refieran positiva o negativamente, directa o indirectamente al derecho a la paz, quedaron prohibidas.

Por esta misma razón es que, al día siguiente del fallo de la Corte (19 de agosto), toda la publicidad que está haciendo el gobierno nacional para inducir el voto por el SÍ (a la paz), es inconstitucional e ilegal; como inconstitucional e ilegalmente están actuando los medios de comunicación que así lo están transmitiendo.

Es importante también que se dé cumplimiento a otro aparte de la sentencia que dice: “143.5. ...Asimismo, la Corte insiste en que una condición necesaria para la protección de la libertad del elector es evitar que sea coaccionado. Subrayamos el término porque, en cierta forma, decirle a la gente que “la paz es mejor que la guerra”, se le está coaccionando a que vote SÍ, que en la publicidad del gobierno el sí, equivale a la paz.

Como estas violaciones de la sentencia C-379 son un hecho notorio, que por lo mismo no necesita prueba, le pedimos a los magistrados que leen periódicos y revistas, escuchan radio y ven televisión, que asuman su competencia con el fin de evitar que los medios de comunicación y el gobierno sigan desinformando a la sociedad civil, ya que ésta debe recibir información veraz e imparcial, como lo ordena el artículo 20 de la constitución colombiana...

Y más importante: si la pregunta que formule el Presidente viola la sentencia y la constitución, que lo obliguen a modificarla, pues, como dijera Manuel Gaona, ese insigne magistrado inmolado en el palacio de justicia: “lo que la Carta ordena a la Corte es que guarde la Carta y no que le haga la corte a quienes violan la Carta. En otras palabras, agrego yo, que haga respetar la constitución y que no sea cortesana de quienes la violan.

Una primera mirada

Una primera mirada a los acuerdos nos muestra que hay muchas palabras para engañar y pocas verdades o, como dice el pueblo, “mucho hueso y poca carne; mucho humo y poco fuego”.

Por ejemplo, desde el punto de vista formal, es en muchos aspectos ambiguo, confuso y contradictorio con la premisa fundamental del Presidente cuando advirtió que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Pues bien, en muchos párrafos se acuerda “que en el futuro acordaran”, como en el tema del catastro... Y en la cuestión agraria, el gobierno opina una cosa: ... “esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”; en tanto que las Farc opinan otra... “dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra”...

En otros temas importantes simplemente no se acuerda nada: por ejemplo, no hay una fecha exacta para la entrega a la sociedad civil de los niños y niñas que fueron reclutados para la guerra, con clara violación del derecho internacional humanitario.

Descubriendo el agua tibia

Más simpático resulta ver que en los acuerdos se incluyan como nuevos una serie de temas y de normas que ya existen en el ámbito jurídico colombiano, a manera de “reciclaje jurídico”, en un lenguaje confuso y ambiguo. Pero además, con el agravante de que lo manifestado por el gobierno es contradictorio con lo manifestado por las Farc-Ep.

Por ejemplo, el gobierno afirmó al momento mismo de sentarse a la mesa de negociaciones que el modelo económico no estaba en juego; era un inamovible, como se dijo en los medios. Y después de la firma, el Presidente reiteró que estos acuerdos no atentan contra la propiedad privada. Si esto es así, la conclusión es que nunca habrá reforma agraria, ya que, en materia de tierras, todos sabemos, y así lo reiteran todos los estudiosos de la ciencia económica, que la tierra es un bien limitado, y en el caso colombiano, delimitado en su propiedad. O sea que para darle tierra los que no tienen, hay que quitársela a los que la tienen. Por otro lado, en ninguna parte del acuerdo se dice cuál será el límite de la propiedad agraria, lo que deja abierta la puerta para el latifundio, y si esto es así, muchos campesinos seguirán sin tierra.

Los mecanismos de los que se habla en el tema agrario, ya existen en el derecho colombiano; no son nuevos: el fondo de tierras ya existe; otra cosa es que la ley no se haya cumplido, y frente a un Presidente que todo lo firma pero que todo lo incumple, pocas esperanzas tenemos de que ahora sí cumpla, obligando a la sociedad civil a realizar permanente paros, como el primer agrario que no se dignó ver sino cuando lo tenía enfrente pidiéndole la renuncia.

El otro componente denominado en los acuerdos como ‘formalización de la propiedad rural’ (7 millones de hectáreas), se obtendrán básicamente de la titulación o adjudicación de baldíos, y este mecanismo es más viejo que el anterior, ya que está contemplado en la legislación colombiana desde el Código Civil del Estado de Cundinamarca; el mismo Código Civil del señor Andrés bello, hace más de ¡160 años! Son los mismos bienes fiscales adjudicables del Estado, destinados precisamente a ser adjudicados a los campesinos sin tierra. ¡Qué larga injusticia: una guerra de 52 años para que se aplique el código civil del señor Andrés bello!

Nuevos privilegios

¿Ideología de género? Ni siquiera, lo que a raíz del reciente debate de las cartillas para la educación de los niños se denominó por algunos como la ideología de género, es nuevo en nuestra sociedad, pues, viene de los años 60 y en nuestro sistema jurídico se superó con la constitución de 1991, en normas como el artículo 1 sobre el pluralismo, el artículo 13 sobre la libertad y el artículo 16 sobre el libre desarrollo de la personalidad. Por eso tampoco son nuevas las menciones directas e indirectas que se hacen a la denominada ideología de género en el acuerdo.

Por ejemplo, en la página seis, referida al tema cuatro sobre drogas dice: ... “Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas... para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.”. Este punto del acuerdo, no sólo aplica la denominada ideología de género, sino que refleja también la ambigüedad de los acuerdos; su falta de claridad, pues, no se entiende qué relevancia puede tener que el consumidor de drogas sea hombre o mujer, transgénero o bisexual; o que diferencia fundamental, relevante, tenga el hecho de que el traficante de drogas también sea lo uno o lo otro.

Otro ejemplo de la denominada ideología de género se encuentra en la página 21 que dice: “1.3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades —niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género diversa y en condición de discapacidad—,...”.

En síntesis, podemos afirmar que la denominada ideología de género, que tanto se menciona en los acuerdos, tampoco es nueva en la sociedad colombiana, pues, tiene ya más de medio siglo y cerca de un cuarto de estar constitucionalizada.

La nueva impunidad y su transformación

Lo que sí es absolutamente nuevo es la impunidad que se concede a los agentes del Estado que cometieron delitos atroces contra la población civil, y que no pagarán ni un día de cárcel. Y el beneficio que se lo otorga aún a aquellos que paguen cárcel, pues, sólo pagarán hasta 20 años, cuando la ley vigente en Colombia es de 60 años.

Más escandalosa es la impunidad extendida a los denominados terceros, incluidos los empresarios, que desde la sombra, sin dar la cara, financiaron la guerra contra los derechos de la sociedad civil: la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el despojo de la tierra de los campesinos, etcétera, a quienes el Presidente de la República les prometió (en la reciente asamblea de la ANDI) que si votaban el SÍ, les iba a conceder, en palabras del propio presidente un “tremendo beneficio”: el beneficio de la impunidad total al transformarlos de victimarios en víctimas, con lo que las verdaderas víctimas, la sociedad civil, tendrán que ¡indemnizar a sus victimarios!.

Los privilegios

La igualdad ante la ley -que se presume- se puede romper de dos maneras: discriminando hacia abajo: privando a alguien de algo que se da a los demás; o hacia arriba: dándole a alguien algo que no se da a los demás. Esto es lo que se denomina privilegios.

Discriminaciones y privilegios rompen la igualdad. Hay que reconocer que los negociadores de las Farc-Ep, lograron una garantía de privilegios para ellos y sus seguidores, como los siguientes:

1). La preferencia de sus seguidores en la adjudicación o reparto de los 10 millones de hectáreas de tierra; los subsidios y créditos integrales para la compra.

2). A sus militantes se les concede en dinero 8 millones de pesos al inicio y 2 millones de pesos más al terminar la concentración (página 66 y 67 de los acuerdos); una renta básica equivalente al 90% del salario mínimo durante 24 meses y después de esta fecha, por tiempo ilimitado y por sumas también ilimitadas, si el reinsertado se dedica a estudiar. Y durante esos 24 meses también se les pagará los aportes para salud y pensión. Todos estos recursos, son entendidos como un mínimo, ya que en la propia página 68 de los acuerdos se dice expresamente que esto no es incompatible con otros recursos (¿?).

La defensa que hace el gobierno de la parte económica del acuerdo es muy pobre, ya que el ejemplo que pone para justificarlos, es el operativo realizado contra Raúl Reyes que, en palabras del propio gobierno, costó cerca de 25.000 millones de pesos, y esto sería aceptable, si por otro lado el propio gobierno no estuviera diciendo que a pesar de la paz, el gasto militar no va a disminuir sino que va a aumentar.

La sociedad civil no tendría reparos en aceptar los costos de la reinserción, si el gasto militar disminuyera; pero si no disminuye, como lo afirma el gobierno, la sociedad civil sabe que “no hay almuerzo gratis”; que todo lo pagamos con nuestros impuestos y que ahora, paradójicamente, nos pondrán a pagar más impuestos, en virtud de la paz, que en la desgracia de la guerra.

3). En el campo político obtienen un régimen de transición de ocho años que les garantiza un mínimo de cinco senadores y cinco representantes, y como es por dos períodos, al menos 20 congresistas ; y en las zonas que tradicionalmente han dominado las Farc, la creación de 16 circunscripciones electorales especiales para la elección de representantes a la Cámara, lo que les garantiza por lo menos otros 16 representantes, de donde se concluye que durante ocho años tendrán mínimo 36 congresistas , mucho más que el Polo Democrático o el Partido Verde al cabo de sus ya largos años de participación en la vida democrática.

En estas circunscripciones electorales especiales se borra un principio fundamental del derecho electoral democrático: un hombre un voto, ya que el acuerdo permite que en esos territorios, los ciudadanos tengan más de un voto al mismo tiempo, lo que rompe la igualdad con el resto de los colombianos y constituye otro privilegio, pues, el acuerdo dice en su página 48: “ Los candidatos y candidatas serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos.”. Es decir, podrán votar al mismo tiempo por la lista de las Farc y por alguna otra lista de los demás partidos tradicionales.

4). En varias oportunidades el gobierno nacional, cínicamente, ha manifestado que la corrupción de las conciencias, por medio de lo que él ha denominado la ‘mermelada’, no iba a disminuir, sino que iba a aumentar; y en un símil descarado y desafortunado, dijo que la diabetes en Colombia aumentaría porque el gobierno seguiría dando más mermelada...

En efecto, a las Farc-Ep como que les llega la miel de abeja “quien la prueba no la deja”. El nuevo partido político de las Farc, además de la personería jurídica, se le otorga para su funcionamiento, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, “una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos... Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática (Página 63), se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022.

También se le crea un Centro de Pensamiento y Formación Política, que recibe otro 5%, para un total de 20% anual: Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al presupuesto general de la nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y divulgación de la plataforma ideológica y programática arriba mencionada, hasta el 19 de julio de 2022.” (pág. 65).

Así tenemos que, si el presupuesto anual para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos es cercano a los 40.000 millones de pesos, esto quiere decir que cada año tendrán 8.000 millones de pesos para gastar, sin contar con los dineros que reciban por la reposición de votos, y que en el caso del nuevo partido, tendrá el privilegio de recibir anticipos, y el privilegio de no pagarlos, como deben hacerlo los otros partidos políticos: “En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral; iii) la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley.”(pág. 63); adicionalmente, se les permite participar en el nuevo canal de televisión que se crea. (Página 49 de los acuerdos).

Todo esto sería aceptable, si se le otorgara igualmente a otros grupos humanos; si no constituyera un privilegio para 14.000 personas (son las cifras que han dado las partes del acuerdo y que el gobierno ha repetido en varias oportunidades: cerca de 6.500 hombres armados y cerca de 7.500 milicianos); para hacerlo breve, si, según los datos estadísticos actuales, los indígenas constituyen el 3.4 % de la población, esto es cerca de 1’500.000 colombianos; y los afrodescendientes cerca del 10.6 % de la población, esto es, 4’500.000 colombianos, ¿cuánta representación política, cuánto dinero y cuanto acceso a los medios de comunicación deberíamos entregarles? ¿Si el voto en blanco sacó en las elecciones pasadas para el parlamento andino 3 millones y medio de votos y para la elección presidencial cerca de 1 millón de votos, cuánta representación política, dinero y acceso a los medios de comunicación deberíamos entregarle para que barriera con todos los partidos políticos y, ahí si de verdad, se estructura un nuevo Estado colombiano? ¿Cuánta representación política, dinero y acceso a los medios de comunicación debemos darles a los demócratas colombianos que son amigos de la paz, pero no de la paz extremadamente imperfecta de Santos, sino de la paz con justicia social; esto es, con derechos para todos?

La paz no se construye, como en los acuerdos de La Habana, cuando la minoría de privilegiados de una sociedad le otorga privilegios a un discriminado, para hacerlo otro privilegiado más, y manteniendo discriminada a la mayoría de la sociedad civil. La verdadera paz se construye acabando todos los privilegios y todas las discriminaciones que existan en una sociedad; concediendo derechos iguales a todos con el fin de construir una familia humana, donde todos seamos iguales en derechos.

--
Fin de folio: Debemos comenzar el 2 de octubre por no votar el SÍ de Santos o el NO de Uribe, sino por una asamblea constituyente con derechos para todos.

Publicado enColombia
Viernes, 12 Agosto 2016 08:18

Plebiscito y emociones.

Plebiscito y emociones.

La legitimación y refrendación de los acuerdos de paz pactados en la Mesa de diálogos de La Habana, no es un asunto de discursos, narrativas y pedagogías imposibles y tóxicas.

 

Ganar el apoyo del pueblo para la paz y la vida tiene que ver más con una interpelación sincera de las emociones, los afectos, los cuerpos, los hábitos y de la multitud.

 

Aunque no es tan evidente para muchos, en la apertura democrática propiciada por el proceso de paz hay una intensa confrontación para la constitución de una nueva hegemonía nacional y popular. El Plebiscito no es ajeno a dicha dinámica.

 

Todo pareciera indicar que el discurso y las narrativas podrían ser el centro de la disputa entre el SI y el No en el plebiscito por la paz que se realizara en próximas semanas. Para que triunfe el SI se necesitan buenas narrativas repetidas claramente, se sugiere (http://bit.ly/2b8uCe5 ). Es lo que justifica el realce de la pedagogía de la paz y las campañas gubernamentales de propaganda en los medios masivos de comunicación. Todos demandan mayor pedagogía de los acuerdos de La Habana. El pueblo poco conoce de los consensos y permanece indiferente al fin de la guerra, se afirma.

 

Según Antonio Gramsci, el poder es un centauro: mitad coerción, mitad legitimidad. El Estado mantiene su dominación por medio del consenso de los dominados. Y sólo allí donde no se logra el consenso, se recurre a la represión. El poder, por tanto, no sólo es un asunto de fuerza, sino sobre todo de hegemonía: persuasión, convencimiento, creencia, seducción. En este enfoque, la lucha ideológica se vuelve fundamental: deslegitimar la explicación dominante del mundo, provocar su descrédito, proponer una nueva explicación (http://bit.ly/2biC3Ah ).

 

Hegemonía es hoy un concepto de moda en el debate político contemporáneo.

 

La lucha ideológica se desarrolla ahora en los platós de televisión donde se produce la opinión pública. Se trata de arruinar la legitimidad del relato que protegía al régimen de la violencia y ofrecer una nueva explicación y un nuevo pacto social de paz que se gane el consenso de la “mayoría social”.

 

Pero la cosa planteada en estos términos no es tan obvia, ni suficiente.

 

Para otros el Plebiscito es una cita ciudadana en la que florecen mil posibilidades para saturar la atmósfera política con los imaginarios de generosidad y de progreso, asociados con una paz negociada.

 

El punto clave para estas posibilidades radica precisamente en el hecho de si la firma de los acuerdos va a estar rodeada de sentimientos, simbolizables en representaciones positivas. A partir de las cuales llegue a levantarse una ola duradera de actitudes y percepciones esperanzadoras. En el sentido de que, en alguna medida, la vida puede ser mejor para los colombianos. De que sean posibles –como ya se está demostrando- una disminución sensible de la violencia; y no tantos miedos creados; y menores rencores de nivel subalterno.

 

En principio, la misma firma de la paz debiera traer una inmediata reorientación en las actitudes, las que ahora serían más favorables a consignar el SÍ respecto del Acuerdo. Que este flujo de nuevas reacciones en los individuos no se disipe pronto, dependerá de la eficacia simbólica con las que las fuerzas de la paz enfrenten la coyuntura (http://bit.ly/2aiBIx2 ).

 

La trascendencia de las emociones.

 

Colocados en este plano, las emociones se tornan esenciales en la movilización popular en favor de la paz y la vida. El odio, el miedo, la vergüenza, la esperanza son otros referentes en lo que se sugiere como un modelo post hegemónico.

 

Las emociones, los afectos, los cuerpos, los hábitos y la multitud serán elementos claves para alcanzar el consentimiento de los colombianos en el Plebiscito que se realizara para validar la paz. No todo será oratoria espectacular ni frases de cajón llenas de ridiculez.

 

Hay que entender que la clave del cambio social por la paz, hoy, no es solo la ideología, sino las emociones, los cuerpos, los afectos y los hábitos.

 

Hay que considerar que las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la movilización social; motivan a los individuos, se generan en la multitud, se expresan retóricamente y dan forma a los objetivos manifiestos y latentes de los movimientos. Las emociones pueden ser medios, también fines, y otras veces fusionan ambos; pueden favorecer o dificultar los esfuerzos de movilización, las estrategias y el éxito de los movimientos. La cooperación y la acción colectiva siempre han ofrecido la oportunidad de pensar la acción social de una forma más integral; el retorno de las emociones es la última fuente de inspiración para ello.

 

Durante las dos últimas décadas el péndulo intelectual ha oscilado desde las teorías estructurales hacia las teorías culturales sobre los movimientos sociales. Estas incluyen la motivación para la acción, el sentido de los acontecimientos para los participantes políticos, los dilemas estratégicos y procesos de toma de decisiones, y la necesidad de una teoría de la acción que complemente la teoría del contexto estructural desarrollada en los 70’s y 80’s. Prácticamente todos los modelos culturales y los conceptos usados hoy (por ejemplo: marcos, identidades, narrativas) estarían mal encuadrados si no admitieran explícitos mecanismos causales de tipo emocional. Aunque, sin embargo pocos de ellos efectivamente lo hacen.

 

Las emociones representan una forma de tratamiento de la información, a veces más veloz que nuestra mente consciente.

 

J. Beasley-Murray ha cuestionado la prelación del discurso en la constitución del orden social y la comprensión 'discursivista' de la hegemonía, muy basada en la capacidad de articulación comunicativa de los intelectuales. Y no sólo. A partir de un minucioso acercamiento a los movimientos políticos latinoamericanos del siglo XX (el peronismo, los movimientos de liberación nacional, etc.), propone otra lectura de lo que hace y deshace el orden de las cosas, de lo que sostiene la dominación y de lo que anima la protesta y rebelión (http://bit.ly/2baPPYi ).

 

Esa idea (de que "la ideología es el principal campo de batalla") implica que la tarea política más urgente es la de educar a la gente, mostrarles que las cosas no son cómo aparecen. Por eso los proyectos de hegemonía son siempre esencialmente proyectos pedagógicos y la teoría de la hegemonía otorga tantísima importancia y centralidad a los intelectuales. Es un error histórico de la izquierda dogmática y del liberalismo anacronico.

 

Más allá de la condescendencia implícita, lo que presupone esta actitud es que lo que cuenta en el fondo es la opinión y el saber. En ese sentido no se puede menos que estar de acuerdo con lo que dice Slavoj Zizek: en general, la gente ya sabe, sabe que el trabajo es una esclavitud, sabe que los políticos son unos mentirosos y los banqueros unos ladrones, que el dinero es una mierda y los ricos no lo son por una virtud propia, que la democracia liberal es un fraude y que el estado reprime más que libera, etc. Todo eso es parte del sentido común actual. Y aun así, cínicamente, actuamos como si estas ficciones fueran verdaderas.

 

Lo cual sugiere que la “lucha ideológica”, no sólo no tiene la centralidad que tenía antes, sino que en realidad nunca la tuvo. La lucha por la hegemonía siempre funcionó como una distracción o una cortina de humo que oscurecía poderes y luchas más fundamentales.

 

Sin embargo, la política no tiene tanto que ver con la ideología, como con la disposición de los cuerpos, su organización y potencias.

 

Para entender esto, se proponen los conceptos de afecto, hábito y multitud.

 

Afecto.

 

Un afecto es el índice de la potencia de un cuerpo y del encuentro entre cuerpos. Cuanta más potencia tiene un cuerpo, más afectividad tiene, es decir, más capacidad para afectar y ser afectado. A la vez, los encuentros entre cuerpos se pueden dividir en buenos y malos encuentros: los buenos son los que aumentan la potencia de un cuerpo y se caracterizan por la producción de afectos positivos (como la alegría); los malos son los que disminuyen la potencia de cuerpo y se distinguen por la presencia de afectos negativos (como la tristeza). Deleuze hace una distinción importante entre afecto y emoción: mientras que el sentimiento es privado y personal, el afecto es una intensidad impersonal, colectiva.

 

Habito.

 

En segundo lugar, el hábito es un concepto elaborado por Bourdieu. Se pueden pensar los hábitos como “afectos congelados”. Son los encuentros cotidianos, rutinarios, de los cuerpos, sobre los cuales ni siquiera pensamos la mayor parte del tiempo, hasta el punto de que son casi completamente inconscientes. Son disposiciones corporales e inconscientes. Pero, a pesar o quizá gracias a esto, los hábitos tienen sus propias potencias. Y podemos diferenciar también entre hábitos buenos (por ejemplo, los que ayudan a constituir lo común, la comunidad) y hábitos malos (los auto-destructivos, los que nos restan potencias).

 

Multitud.

 

Por último, está la multitud (Negri) como el afecto en acción. Una red de cuerpos en conexión.

 

En términos abstractos, pero al mismo tiempo muy concretos y materiales, hay que pensar la política, no tanto como la misión de educar a los demás y explicarles cómo son las cosas, sino como el arte de facilitar encuentros y formar hábitos que construyan cuerpos colectivos más potentes (multitudes). De construir otras formas de sincronizar y orquestar cuerpos y ritmos; otras lógicas prácticas y encarnadas. No nos conformamos con el capitalismo porque nos convenza una trama ideológica súper-coherente y persuasiva, sino por los afectos y los hábitos (como el consumo, etc.).

 

Una lectura más cuidadosa del fenómeno peronista, por ejemplo, muestra que su éxito, cuando lo hubo, vino precisamente de su capacidad para movilizar y desmovilizar cuerpos -en la plaza, en las urnas- y de convertirse en hábito.

 

Claro está que una lectura equivocada de un razonamiento posthegemonico sugiere que el lenguaje no cuenta. Pero es obvio que un discurso (en el sentido de un discurso político, pero también de una conversación entre amigos, un eslogan gritado en una manifestación, un libro leído en una biblioteca, etc.) puede ser un acontecimiento y tocar los cuerpos.

 

Pero, según Deleuze, Félix Guattari o Michel Foucault, no se explica un texto a través de lo que representa o significa, sino del modo en que funciona.

 

Lo más interesante está en otro lado o por debajo, en el discurso como forma de organizar y sincronizar la intuición, el instinto y el afecto.

 

No hay que poner mucha fe en el proceso de enseñanza. Como dijo Freud, la pedagogía, por su propia naturaleza, es una de las “profesiones imposibles”.

 

Está claro que la enseñanza y el aprendizaje dependen muchísimo de los afectos: desde la humillación ritual de estudiante que carece de “capital cultural” hasta las posibilidades de transformación que promete el profesor apasionado.

Publicado enColombia
Jueves, 28 Julio 2016 09:44

¿Paz en Colombia?

¿Paz en Colombia?

Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.


Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.


Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.


Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:


1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.


2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.


3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.


4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?


5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.


6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.


Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.


A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.


La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.


Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.


En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.


Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.


Javier Giraldo Moreno, S. J.

Roma, julio 4 de 2016

Publicado enColombia
Domingo, 24 Julio 2016 08:05

Plebiscito y régimen de verdad.

Plebiscito y régimen de verdad.

El Plebiscito de la paz debe estar acompañado de un discurso que cuestione el viejo régimen de verdad de la retorica neoliberal de la democracia representativa.

 

Con la campaña plebiscitaria, el pueblo, mediante la pedagogía de paz, deberá acercarse objetivamente al contenido y beneficios del Acuerdo para terminar la guerra alcanzado entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

 

El Plebiscito para la paz, tal como quedó regulado en la Ley Estatutaria correspondiente y en el fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional, se entiende mejor, en su alcance y potencial, si lo asociamos al proceso de apertura democrática propiciado por la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno del presidente Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc, la cual ha firmado un consenso suficiente sobre la democracia ampliada, la participación y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

 

Ahondando la reflexión, el Plebiscito es el más vigoroso cuestionamiento a la democracia representativa que la Constitución del 91 conservó, no obstante su retórica participativa que hasta el día de hoy, después de 25 años, ha sido letra muerta, pues ninguno de los mecanismos consagrados sobre la materia ha tenido efectividad concreta. Basta con revisar la experiencia de las revocatorias de mandato a funcionarios elegidos para confirmar tal conclusión. Una farsa completa.

 

Una de las virtudes que bien puede identificarse en el Plebiscito que se convocará en las próximas semanas es su capacidad para trastocar el “régimen de verdad” instalado por las élites del poder durante las décadas recientes, para justificar su gobernabilidad, el neoliberalismo expoliador y el control político sobre la sociedad y la multitud.

 

Tal régimen de verdad es el que circula por el mundo de los discursos y la tarea de asignar sentido a las cosas políticas.

 

El Plebiscito, como una manifestación de la democracia ampliada, debe convertirse en un dispositivo dinámico de deconstrucción y reconstrucción de tales estructuras discursivas y simbólicas.

 

Así, en el debate político y simbólico, la noción de democracia se encuentra vacía de contenido y adquiere sentido en la medida en que se articula a algún principio articulador o hegemónico particular. En otras palabras, la controversia sobre la democracia o los adjetivos que se le atribuyen, se sitúa en el terreno de la disputa política estructural entre principios hegemónicos distintos que pugnan por el poder y por (re)articular los elementos ideológicos, en este caso la democracia, a sus respectivos discursos y otorgarle determinado sentido.

 

Particularmente, en situaciones de crisis hegemónica y política, se producen procesos de desarticulación/rearticulación discursiva de la noción de democracia, ya que durante periodos de estabilidad del sistema político y reproducción de los formatos habituales de la representación, las clases dominantes logran absorber las posibles contradicciones y las neutralizan mediante la instalación de un régimen de verdad asumido e internalizado por la sociedad. En cambio, en situaciones de crisis, como la contenida en el actual desbarajuste institucional, al perder su capacidad de interpelación, se produce un proceso de disolución discursiva y se genera la circulación y posibilidades de (re)articulación de aquellos elementos ideológicos que adquieren centralidad en el campo político, como los que se producen desde los consensos de paz alcanzados, como lo afirman Zegada y Tapias [1].

 

En consecuencia, la democracia, en este caso asociada al proceso de paz, va mutando su contenido y produce nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro, como los que propicia el proceso de paz.

 

En ese sentido, en Colombia se está produciendo con el proceso de paz un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo neoliberal que introdujo Gaviria; un desanclaje de las estructuras institucionales objetivadas, y la construcción paralela de nuevas articulaciones democráticas en los discursos y propuestas de los sujetos alternativos que en este momento se van consolidando en el campo político. Es lo que deberá darse con la movilización y realización del plebiscito de la paz.

 

Un factor que cobra relevancia en el proceso de transformaciones y que debe ser considerado en el análisis, es la materialización de estos nuevos formatos de democracia en una nueva institucionalidad o, si se quiere, en un proceso de (re)institucionalización de la política, incorporando el conjunto de innovaciones que incluyen nuevas formas de participación social en espacios de decisión y control, la creación de mecanismos y espacios públicos que aseguren que los diferentes intereses y posiciones estén presentes en el debate, la deliberación nacional y local, y la automática redistribución del poder, plasmados claramente en leyes y mecanismos institucionales.

 

También es preciso reparar en las distintas nociones de participación que acompañan estas visiones y propuestas, algunas como complemento al régimen neoliberal o representativo sin afectar sus estructuras y subordinándose a las mismas, otras en cambio, se articulan a proyectos de transformación estatal y logran mediante la presión su incorporación en la estructura de decisiones estatales.

 

Nos colocamos, a propósito del Plebiscito, en un nivel en que el discurso y sus múltiples manifestaciones son determinantes en la ruta de la consolidación de la paz y la profundización de la apertura democrática.

 

La campaña plebiscitaria que se inicia, movilizara una gran diversidad de discurso, muchos de ellos para intentar preservar el viejo régimen de verdad asociado con el neoliberalismo y la violencia.

 

Un discurso articulado a los códigos de la nueva democracia debe asumir aquellos elementos que componen el discurso como narrativa productora de sentido político transformadora del viejo orden oligárquico.

 

Nota. El plebiscito por la paz necesita por lo menos siete millones de votos en favor del SI, para consolidar el Acuerdo final de paz.

 

Notas.

[1] Ver el texto de los autores en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/29PCmQX

Publicado enColombia