Farc: de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones.

La movilización política de las Farc en el post conflicto implicara un salto de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones para la construcción de una hegemonía nacional-popular.


Los retos políticos que se vienen.


Entre los puntos del “fin del conflicto” que se tratan en la actualidad en la Mesa de diálogos de paz de La Habana está el de la movilización política de las Farc en el postconflicto armado.


Dice así el texto correspondiente:


“2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo con sus intereses”.
Sin duda, éste será el paso más trascendental para la terminación de la guerra y la construcción de la paz.


Quiere decir que las Farc harán en adelante política sin las armas; sin embargo, tal paso no implica la renuncia al programa político de transformación estructural de la sociedad colombiana, para lograr la democracia ampliada y la justicia social, mediante el reconocimiento efectivo de los derechos de las mayorías populares.


Habrá un tránsito desde la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, a mi modo de ver.


Intentemos entender este cambio desde el pensamiento de Gramsci.


Al efecto, Gramsci distingue entre dos tipos de sociedades: sociedades de tipo oriental y sociedades de tipo occidental. No son términos geográficos, ni siquiera étnico culturales; son conceptos políticos.


¿Cuáles son las sociedades de tipo oriental?


Sociedades como la Rusia de los zares, con escaso desarrollo de la sociedad civil, de debate político abierto, de opinión pública, de sindicatos u otras organizaciones de nivel económico corporativo, de partidos políticos de oposición.


¿Cuáles serían las otras sociedades, las de tipo occidental?


Sociedades con amplio debate público, con parlamento, generalmente, o con otros espacios de debate, con una sociedad civil desarrollada. ¿Qué ocurre?
¿Cuál era la diferencia importante, que venía de esta distinción? Que en Oriente cabía lo que Gramsci llama guerra de movimientos o maniobras: el ataque frontal, la insurrección contra el Estado, la lucha que podía destruir más o menos rápidamente a todo el orden social existente y reemplazarlo por otro. El asalto al poder, el "hagamos como en Rusia": un grupo, un partido que toma el poder, que asalta el Estado, que "toma el Cielo por asalto", dicho en términos más románticos.


Gramsci sostiene que cuando tenemos sociedades de tipo occidental esto ya no es posible, el sistema de dominación tiene hegemonía: muchas más herramientas para defenderse, más casamatas, más fortalezas construidas en torno al núcleo duro del poder económico y su sustento militar.


“Occidente”, no es, pues, un término geográfico sino político‐cultural, que hace referencia a las sociedades capitalistas avanzadas con sociedades civiles desarrolladas y un peso importante de los componentes “superestructurales”.


Bien se podía pensar que Colombia fue durante buena parte del siglo XX una sociedad de tipo oriental, con poco desarrollo de la sociedad civil; parecía un espacio social, político y cultural de tipo oriental. Estado y gobiernos autoritarios, escaso desarrollo de la opinión pública, sociedad de escasa complejidad todavía.


Si no nos quedamos en los años 50 y 60, y pensamos en la Colombia de comienzos del siglo XXI, nos encontramos con que se trata de un país más desarrollado, es una sociedad de tipo occidental. Con amplio desarrollo de la sociedad civil, con movimientos populares, con opinión pública, pero también con gobiernos que tienen partidos políticos que les sirven, parlamento, sindicatos de masas burocratizados. Hoy hay una conformación social de Colombia que nos lleva a pensar que el escenario no es el de una guerra de movimientos y maniobras sino de una guerra de posiciones, la que cuenta con un óptimo margen.


Desde luego, esas dos no son categorías polares, son para guiarse: que una sociedad sea de tipo occidental no significa que no pueda haber irrupción armada o que no pueda haber una interrupción de la vida parlamentaria.


Lo que sería un equívoco es pensar, que sociedades de tipo occidental equivalen necesariamente a parlamentarización definitiva y pacífica de la vida política (como sucedió por décadas en Colombia), e igual de erróneo sería pensar que la occidentalización de las sociedades equivale a que el capitalismo se vuelva un sistema inamovible, insustituible y definitivo.


Guerra de posiciones.


¿Qué quiere decir guerra de posiciones? Dice Gramsci que la misma requiere una concentración inaudita de hegemonía, necesita de la participación de las más amplias masas; no puede ser resuelta por un golpe de mano, por imperio de la voluntad, requiere un desarrollo largo, difícil, lleno de avances y retrocesos, pero tras lo cual, si se logra la victoria, ésta es más decisiva y estable que en la guerra de maniobras. Gramsci está pensando la revolución, la transformación social, como algo que ya no está centrado en un determinado acontecimiento sino que es un proceso complejo y contradictorio, y que además requiere disputar el consenso, las voluntades, el sentido común, el modo de pensar del conjunto de la población, de las más amplias masas.
Un ejemplo: la Rusia de 1900, que era un país con un nivel importante de desarrollo capitalista (no era asiático-feudal) pero tenía más del ochenta por ciento de su población en el campo, en su mayor parte analfabeta, al margen totalmente de instituciones de la vida política moderna. Formal y no sólo formalmente era monarquía absolutista, tenía una forma de gobierno de tipo despótico oriental, tenía una iglesia que funcionaba como apéndice del Estado, no como un aparato generador de hegemonía autónomo y con su propia política y sus intelectuales como la Iglesia Católica en Occidente. ¿Cómo es la Colombia de hoy? ¿Más parecida a la Rusia de 1900 o a la Italia de 1930, la que ve Gramsci en su momento?


El concepto gramsciano de “guerra de posiciones” es central en este punto. Con él, el intelectual italiano pretendía describir el tipo de intervención política revolucionaria principal en los países “occidentales”. Para Antonio Gramsci, a diferencia de los Estados tradicionales, sostenidos fundamentalmente por la coacción y la represión, los modernos se sostienen, en primer lugar, por la capacidad de integración y articulación de la sociedad civil y sus instituciones (educación, iglesia, ocio, prensa, etcétera) a favor del régimen existente. Se trata, en términos de Gramsci, de:


Estados más avanzados, donde la “sociedad civil” se ha vuelto una estructura muy compleja y resistente a las “irrupciones” catastróficas del elemento económico inmediato (crisis, depresiones, etcétera); las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna, ni las tropas asaltantes, por efecto de la crisis se organizan fulminantemente en el tiempo y en el espacio, ni mucho menos adquieren un espíritu agresivo; a su vez los asaltados no se desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se encuentren entre ruinas, ni pierden la confianza en su propia fuerza y en el futuro (Gramsci, Cuadernos, V, 1975 [2000]: 62).


En estos Estados, el monopolio de la violencia es sólo la última ratio, pero es el consenso, la consecución de la aceptación pasiva o activa de los gobernantes por parte de los gobernados, el pilar central en el que descansa el poder político.


Es la Colombia que tenemos hoy, en la segunda década del siglo XXI.

Según esta interpretación, la tarea de quienes quieran construir poder político para los sectores subalternos, no es tanto el asalto violento de las instituciones y centros físicos de poder, como el asalto paulatino y prolongado del sentido común. Empleando una metáfora bélica, Gramsci señala que en los Estados modernos las élites dirigentes tienen las fuerzas de seguridad y el ejército sólo como última línea de defensa, antes de la cual se encuentran los nidos de alambradas y ametralladoras, todo el terreno aparentemente “apolítico” de la sociedad civil, que en realidad legitima y naturaliza el régimen existente, reproduciendo y ampliando los consensos en los que se sostiene (Gramsci, Cuadernos, III, 1975).


¿Cómo, entonces, construir una hegemonía popular y nacional una vez se termine la guerra de guerrillas en Colombia? ¿Cómo lograr que quienes tienen el consenso de la población para desarrollar, reproducir y defender su poder lo pierdan, y lo pierdan a favor de otra construcción social, de otro bloque o polo de poder?. ¿Que un bloque histórico, término clave en Gramsci, pueda ser reemplazado por un nuevo bloque histórico?. ¿Que las clases sociales que hasta ese momento hicieron avanzar y organizaron la sociedad sean desplazadas por otras clases que puedan asumir la responsabilidad de reorganizar la sociedad?


Recogiendo la conceptualización gramsciana del poder político, podemos decir que en adelante la acción política de las Farc implicara el estudio de los fenómenos de “construcción” (más que de conquista) de ideas‐fuerza y sentido común que defiendan y sostengan un proyecto de sociedad determinado.
La “guerra de posiciones” será hacia el futuro la actividad de articulación que compondrá los bandos y los movilizara.


A esos “bandos” les llamamos identidades políticas, y la movilización puede ser demostrativa, social o electoral, sin que ninguno de esos repertorios se excluya mutuamente o exorcice el conflicto como fundamento último de los alineamientos.


La hegemonía es, en esta “guerra de posiciones”, por la generación de sentidos compartidos, la capacidad de un actor político particular para encarnar el universal de una sociedad. Puede afirmarse que un actor es hegemónico cuando ha construido una “voluntad colectiva nacional‐popular” o un interés general que le permite presentar sus demandas y proyecto político como en beneficio de toda la comunidad política o de su inmensa mayoría.


Estamos, por tanto, ante la forma suprema de dirección: una articulación política que asegura el consenso de los grupos dirigidos. En el caso de los grupos dominantes, es el ejercicio del poder político basado en la integración de parte de las demandas de los subalternos en su proyecto de dirección, la ampliación de su bloque histórico con la integración subordinada de una parte amplia de estos últimos, y el aislamiento y desarticulación de los núcleos resistentes de manera frontal, opuestos a su régimen.


En el caso de los grupos subalternos y populares, la posibilidad de pasar de la contra hegemonía a la hegemonía tiene que ver con la creación de una subjetividad propia, un “nosotros” enfrentado al status quo, que pueda reclamar para sí la legitimidad de la representación de la sociedad, integrando a los grupos cuyas demandas han sido postergadas o frustradas, y a aquellos privados de horizonte de futuro, en una nueva coalición de poder que los recombine; que no los sume como partes a un todo en forma de alianza, sino que los construya como materias primas que dan lugar a algo nuevo: un bloque social emergente con voluntad de poder.


Ese el gran reto para los nuevos movimientos políticos que surjan en el postconflicto por el salto de las Farc a la paz.


Tamaña tarea.

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Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

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Susan George: “Uno de los propósitos del TTIP es homogeneizar las economías de EEUU y la UE”

“Este tratado es un programa de las corporaciones. Todo lo que contiene se está negociando en nombre de las grandes multinacionales" explica la activista, una de las voces más críticas contra este acuerdo comercial.

 

LAURA SAFONT


BARCELONA. Susan George, la filósofa y politóloga reconocida por su lucha contra el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones), habló la semana pasada con Público sobre los datos que hoy revela Greenpeace Holanda en relación al acuerdo comercial entre EEUU y la UE. “Uno de los propósitos del TTIP es homogeneizar las economías de EEUU y la UE. Con ello, las corporaciones adquieren el poder de controlar las leyes de los estados”, explicó en Barcelona tras participar en el seminario sobre convivencia planetaria organizado por la asociación Imago.

“La cuestión es que este tratado es un programa de las corporaciones. Todo lo que contiene se está negociando en nombre de las grandes multinacionales: éstas contactan con los negociadores, tienen acceso al contenido del tratado y quieren controlar las regulaciones comerciales”, defendió George.


La también presidenta del Comité de Planificación del Transnational Institute de Ámsterdam y presidenta de honor de ATTAC Francia insistió en que este acuerdo comercial afecta, sobre todo, a los ciudadanos europeos porque “EEUU tiene leyes más débiles con el uso de productos químicos o con la permisión del fracking en beneficio del mercado”.

“El interés de los inversores es ir reduciendo las regulaciones, y entrar en el sector de la salud de Europa”, añadió. Como denuncian desde hace tiempo Greenpeace o Ecologistas en Acción, el medio ambiente, la salud y otros derechos laborales se verían afectados en Europa con la firma del tratado.

George se refirió a los municipios como espacios que “tienen mucho que perder con la firma del TTIP” ya que, por ejemplo, en las zonas rurales de España “habrá una pérdida significativa de pequeños agricultores”. Informada sobre las próximas elecciones en el país, George consideró que “hay que votar al partido que sepa decir No” al TTIP y a una economía dominada por las grandes corporaciones.


Demandar a los gobiernos, otro objetivo del TTIP


“Para que los inversores puedan controlar y censurar a los gobiernos”, continuó George, “necesitan desarrollar un sistema de leyes privadas”. Los tribunales de arbitraje que contempla el TTIP, que permitiría a las corporaciones denunciar a los estados que regulen en contra de sus intereses, “impondrían enormes sanciones a los gobiernos, y en consecuencia, a los ciudadanos”. Sin embargo, parece que tanto Alemania como Francia rechazan la firma del tratado si se incluyen estos tribunales privados.

Para George, la firma del tratado comercial con Europa “responde al interés de EEUU por preservar su hegemonía económica mundial, sobre todo contra los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica)”. En relación al avance de las negociaciones, Susan George opina que “por mucho que se diga que este acuerdo se aprobará cuando Obama aún esté en su oficina”, la gente está cada vez más concienciada porque “los medios informan en aumento sobre las repercusiones del TTIP”.

El acuerdo CETA, de las mismas características que el TTIP pero entre la UE y Canadá, también está a punto de ratificarse y para George “es peligroso porque las corporaciones estadounidenses usarán la filiación canadiense para demandar a Europa”.
¿Cuál es la demanda de los inversores europeos?


Susan George también habló de las intenciones de las corporaciones europeas en EEUU. “El interés de Europa es meterse en las maniobras de los EEUU, y quieren hacerlo tanto a nivel federal, estatal como local”. “Lo que no entienden en Europa es que los negociadores nacionales no tienen el poder para traicionar lo que los estados han decidido. El gobierno federal no puede obviar la soberanía estatal”, explicó.

La autora del último libro 'Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder', a sus más de 80 años, comentó que va a seguir luchando contra la firma del TTIP, ahora en relación a la vulneración de los derechos humanos. “El impacto del TTIP sobre el medio ambiente ya está extendido, ahora toca involucrar a más gente en esta batalla”.


 

Se filtró la secreta negociación del acuerdo TTIP

 

Por Eduardo Febbro | Página 12


Estados Unidos ejerce múltiples presiones para que la Unión Europea baje los niveles de su regulación en campos como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la alimentación o las barreras comerciales. Lo que se intuía como nocivo resultó ser real.

No hay secreto que dure cien años. El hermetismo con que se llevaban a cabo las negociaciones en torno a uno de los tratados comerciales más importantes de la historia entre la Unión Europea y Estados Unidos, el Tafta o TTIP, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, quedó disuelto con la publicación en la prensa europea de 240 páginas sobre los términos desiguales en que se realizan esos acuerdos. Los documentos fueron filtrados por Greenpeace y en ellos sobresale la debilidad de los negociadores europeos, la posición hegemónica de Estados Unidos, el poder alucinante de los lobbies, su capacidad de influenciar a los negociadores de la UE y de Estados Unidos, el desprecio por la protección del medio ambiente al tiempo que se confirman los temores de la sociedad civil acerca de las regulaciones que podrían desaparecer bajo la presión de Washington. La filtración de Greenpeace corrobora además las denuncias de un amplio sector de la opinión pública del Viejo Continente: la Unión Europea está negociando con un perfil sumiso en medio de una opacidad constante.

Los documentos abarcan 13 capítulos y permiten entender mejor la mecánica de esta negociación que se inició hace tres años y medio. En lo más estricto, se trata de los textos que sirvieron de contexto para la decimotercera ronda de negociaciones que se llevó a cabo en Nueva York entre el 25 y el 29 de abril de 2016. Su difusión es tanto más impactante cuanto que ni siquiera los parlamentarios de la Unión Europea habían sido autorizado a a acceder a ellos. Hasta ahora –y ese fue uno de los principales cuestionamientos contra el TTIP– se desconocía tanto la posición de la Unión Europea como la de la administración de Barack Obama. Greenpeace advierte al respecto que si “para ustedes es una preocupación el medioambiente, la situación de los animales, los derechos laborales o la privacidad en internet, deberían preocuparse por lo que revelan estos documentos. (...) El TTIP equivale a una enorme transferencia de poder desde las personas hacia las grandes empresas”. Su lectura –hasta ahora inaccesible– prueba cómo Estados Unidos ejerce múltiples presiones para que Europa baje los niveles de su regulación en campos como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la alimentación o las barreras comerciales. El borrador sintetiza así mismo distancias insalvables y “discusiones muy difíciles”, sobre todo en lo que atañe la industria de los cosméticos. En Europa se prohíbe por ejemplo el recurso a animales en los test que se llevan a cabo en laboratorio, pero en Washington están autorizados. Esta diferencia figura en el borrador, donde los europeos dicen que ven “muy estrecha la eventualidad de que se fije una posición común”.


Pero lo más sobresaliente de estas 248 páginas está en la evidente intención de prolongar el contenido del TTIP, o sea, los esquemas normativos, y aplicarlos al resto del planeta. Hay párrafos sorprendentes. En una de las páginas se trasluce la posición de la Comisión Europea, para la cual sólo el gobierno de Estados Unidos tiene competencia para determinar los esquemas regulatorios.

La filtración despeja además las sombras sobre el papel preponderante de los lobbies, que se inmiscuyen de forma cruzada en las discusiones. Cuando ambas partes abordan el tema tarifario aplicable a los productos químicos, los negociadores suspenden el diálogo para realizar consultas con el sector patronal de las grandes empresas: “Estados Unidos expone que debe hacer consultas sobre su posición con la industria química”. Peor aún, en el capítulo agrícola, las ofertas que antepone la Unión Europea están articuladas en torno a “la posición común de la industria europea y norteamericana”. Por esta razón, en la presentación del borrador, Greenpeace escribe que “el sector empresarial cuenta con oportunidades de participar en las decisiones que se toman”. Los sindicatos ya habían adelantado denuncias sobre esta dependencia de los Estados con respecto al sector privado. La prueba es irrefutable. Tan irrefutable como las concesiones impensables de los europeos. Washington busca que las decisiones regulatorias que se toman en Europa sean “supervisadas” por la administración norteamericana sin “garantía alguna de reciprocidad”. Esto conduce a una amenaza sobre los elevadísimos estándares regulatorios de la UE en lo que toca a los pesticidas, los OGM o los productos químicos. La administración Obama juzga que esas normas constituyen “barreras para el comercio”.


En las relaciones internacionales, el cinismo es una condición deplorable pero constante. El cinismo de los dos bloques queda de manifiesto en el capítulo del borrador que se refiere al medio ambiente. Ambas partes, por ejemplo, pasan por alto el acuerdo sobre el clima firmado en París y los compromisos para bajar las emisiones de gases contaminantes. En resumen, los intereses de las corporaciones están por encima de la protección del planeta y de la salud. Jorge Riss, director de la oficina de Greenpeace en Bruselas, dijo que “las negociaciones deben detenerse porque no buscan el interés público europeo”. El TTIP leaks de Greenpeace pone en circulación ante las opiniones públicas de Europa y Estados Unidos el contenido de parte del acuerdo comercial más decisivo del siglo XXI que se negoció detrás de una cortina de confidencias absoluta cuando, en realidad, concierne la vida de más de 800 millones de personas. Lo que se intuía como nocivo resultó ser una realidad, incluso si los borradores admiten que de uno y otro lado del Atlántico existen “enfoques irreconciliables”. Lo más irreconciliable resulta la distancia que existe entre las expectativas de las sociedades y lo que imponen las corporaciones industriales.


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Sábado, 12 Marzo 2016 06:37

Buscan frenar el plebiscito

Buscan frenar el plebiscito

La iniciativa propuesta por el gobierno de Santos busca que los ciudadanos aprueben o no lo acordado con las FARC al término de las negociaciones que se celebran en Cuba. El fiscal pidió a la Corte Constitucional que anule la ley.

 

La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Constitucional que frene el proyecto de ley que avala la realización de un plebiscito para refrendar el eventual acuerdo de paz que se logre en Cuba con las FARC, informaron ayer fuentes oficiales.


El ente judicial confirmó en un comunicado que el fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo recientemente la solicitud formal a la Corte para que declare que la consulta no se puede realizar, tras considerar que la paz no puede depender de la participación popular. En el texto, Montealegre enumeró cinco argumentos que sustentan su petición y que se basan en que “el gobierno tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la paz”.


“Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente Juan Manuel Santos para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”, detalló. Para el fiscal, “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo final para la terminación del conflicto debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del gobierno, el Congreso, la rama judicial, los organismos de control y las entidades públicas”.


Asimismo, el jefe de organismo insistió en que “el plebiscito no puede ser vinculante para la aprobación del acuerdo final, ni para su desarrollo”.


“El presidente tiene plenas facultades constitucionales para adelantar y llevar a buen término un proceso de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó Montealegre, quien fue apoyado por el contralor general, Edgardo Maya.


El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las peticiones del fiscal y el contralor y afirmó que “el único camino posible para refrendar los acuerdos es el plebiscito” y dijo que el gobierno está “convencido de que el proyecto fue tramitado de acuerdo con la Constitución”.


“El presidente Santos se ha comprometido a convocar a los colombianos a votar por el si o por el no al contenido de los acuerdos de paz. Seguimos confiando en que la Corte avale el proyecto y se pueda convocar a los colombianos a votar frente a esa posibilidad de la paz”, sostuvo. Cristo expresó que “el gobierno respeta pero no comparte la tesis de que la refrendación no es necesaria”.


El proyecto de ley que está bajo la revisión de la Corte Constitucional fue aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado. La iniciativa propuesta por el gobierno de Santos busca que los ciudadanos aprueben o no lo acordado con las FARC al término de las negociaciones que se celebran en Cuba desde noviembre de 2012.


De acuerdo con lo aprobado, el mínimo de votos por el sí o por el no debe ser un 13 por ciento del total de los votantes, es decir, que para ser aprobado el eventual acuerdo final deberán votar a favor al menos 4,4 millones de colombianos y superar el número de votos en contra.


El jefe negociador del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, reaccionó ante la propuesta del fiscal al tuitear que “el plebiscito es un gesto enormemente democrático”. El gobierno y las FARC negocian la paz desde noviembre de 2012 para acabar con medio siglo de conflicto. Están ahora discutiendo el último punto de la agenda sobre implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.


Según una encuesta, realizada por la firma Ipsos-Napoleón Franco y publicada ayer por medios locales, 83 por ciento de los consultados piensa que una eventual firma de la paz debe ser refrendada por los colombianos a través de un “voto popular”.


Por su parte, las FARC, que deberán estar de acuerdo con el plebiscito para una posible refrendación, han rechazado el método democrático y en cambio han insistido en la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, que según la guerrilla “ofrezca seguridad jurídica y personal” a sus miembros y a todos los actores de la guerra interna. Esto ha sido descartada por el mandatario colombiano.


El 8 de febrero, Santos afirmó que lo que se acuerde en La Habana se someterá a plebiscito “les guste o no a las FARC”. Según la hoja de ruta de la negociación entre el gobierno y las FARC, el mecanismo de refrendación del pacto definitivo debe ser acordado entre las partes.


El jefe del Estado colombiano ha dicho que en el caso en que los ciudadanos se inclinen por el no “eso será acatado y la guerra seguirá durante 20 o 30 años más”.


El gobierno y las FARC han logrado preacuerdos en tres de los cinco puntos pactados en la agenda y avances históricos en temas como el desminado, justicia transicional y búsqueda de desaparecidos. Los ítems pendientes referentes al reconocimiento y reparación de las víctimas y el fin del conflicto siguen bajo discusión.


En septiembre pasado, Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, establecieron como fecha límite para firmar un acuerdo final el 23 de marzo de 2016. No obstante, las partes han considerado que la fecha podría extenderse algunas semanas.


El conflicto armado colombiano, quien involucra desde hace décadas a guerrillas de extrema izquierda, paramilitares de extrema derecha y fuerzas militares, ya dejó más de 260.000 muertos, 6,6 millones de desplazados y 45.000 desaparecidos.

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El fin del conflicto y la movilización política de las Farc

En los días recientes la Mesa de diálogos de paz de La Habana se ha concentrado en el punto 3 de la Agenda temática pactada desde el segundo semestre del 2012.

Son varios y complejos los ingredientes allí incluidos.

Van desde el cese bilateral al fuego hasta unos ajustes institucionales para adecuar el Estado a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz en los términos de los diferentes consensos alcanzados. También está previsto debatir el grave problema de la erradicación de los grupos paramilitares en su reciente versión, las Bacrim, bandas criminales, que siguen azotando las regiones del Estado. Igualmente la excarcelación de los prisioneros políticos de la guerrilla, a quienes se les revisará sus procesos judiciales (http://bit.ly/1KxX8oD).

Entre los aspectos considerados está el asunto de la dejación de las armas y la movilización (reincorporación) de las Farc a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses (http://bit.ly/1KxX8oD).

Todos estos asuntos avanzan de manera incremental, asumiendo cada detalle y acordando las acciones correspondientes. Por ejemplo, el cese bilateral al fuego permanente ha sido precedido y acompañado de desescalamientos, ceses unilaterales del fuego por parte de las Farc, desminados, no reclutamiento de menores y constitución de una Misión política de la ONU que se encargara, a través de varios países de la Celac, de la verificación pertinente.

Los indultos autorizados recientemente bien pueden entenderse como parte de la revisión de las situaciones jurídicas de los guerrilleros localizados en cárceles y penitenciarias.

Las batidas contra el microtráfico, en que aparecen vinculadas redes policiales, es un mensaje respecto de la erradicación del paramilitarismo, apalancado desde las instituciones públicas encargadas del supuesto monopolio legítimo de la violencia.

La creación del Ministerio del post conflicto, encabezado por el doctor Rafael Pardo y algunas reformas institucionales del sector agrario, parecen ser ajustes institucionales del Estado en favor de la paz, aunque sean medidas unilaterales y en los términos neoliberales de la Nueva Gestión Pública, que tanto gusta a los consultores que cobran millones por cambiar entidades públicas en sus organigramas y manuales de funciones.

Las Farc han dicho que avanzarán en su movilización política y articulación discursiva con la sociedad civil, para estimular la organización y la movilización de los diversos grupos sociales existentes, afectados por la grave situación fiscal y la crisis económica que nos invade, con consecuencias muy graves en los salarios, el IVA, el hambre como en el caso de los niños Wayuu de la Guajira, la miseria, el desempleo, la crisis de la salud, la mercantilización de la educación y el cáncer de la corrupción que carcome las esferas políticas y gubernamentales, tal como lo hemos podido constatar con el asalto a Reficar y las regalías petroleras que se esfumaron como mermelada en los bolsillos y barrigas de los politiqueros santistas.

Líderes de la insurgencia revolucionaria han hecho presencia en distintos puntos de la nación, Guajira, Cesar, Caquetá, Putumayo y Nariño. Acompañados, por supuesto, de unidades combatientes que protegen la integridad de los delegados de la Mesa de La Habana, en plan de pedagogía y socialización de los acuerdos alcanzados hasta el momento, para que la población campesina y urbana amplíe su conocimiento e información y se comprometa con acciones específicas que difundan los progresos de la paz y el fin del conflicto.

Una vez conocidos dichos eventos se ha orquestado, por la Casa de Nariño y la ultraderecha fascista, desde los medios de comunicación, para provocar remolinos en la mente de la ciudadanía, un falso escándalo que omite las reglas de juego de las conversaciones entre Gobierno y Farc y pone en serio peligro el proceso de diálogos.

Santos, manipulando los medios de comunicación que monopoliza con los grandes cacaos de la oligarquía, ha generado un “enmarcado mental” para inducir determinadas reacciones en la sociedad y favorecer sus intenciones inmediatas que bien pueden ser ubicadas en la precipitud de la firma de un acuerdo final, sin que aun estén dadas las condiciones correspondientes, para montar, por lo demás, una cortina de humo sobre el brutal recorte fiscal autorizado por cerca de 6 billones de pesos, que en la práctica inicia un austericidio fiscal con graves consecuencias en el gasto social del Estado, en perjuicio, claro está de una paz con justicia social, crecientemente acorralada por las medidas neoliberales del Ministro de Hacienda, empeñado en privatizaciones y medidas adversas a las demandas populares.

El juego tiene otros alcances que no se confiesan. Me refiero al paro cívico previsto para el 17 de marzo, que desde la Casa de Nariño quieren deslegitimar y afectar mediante la amenaza, no obstante que uno de los acuerdos de paz establece despenalizar la protesta social y permitir su libre manifestación.

En este escándalo mediático se omiten aspectos claves del proceso de paz como aquel principio que determina que “nada está acordado hasta que todo este acordado”, y que la dejación de las armas, garantía efectiva de que los acuerdos se cumplan, es un proceso de implementación que pivota sobre los criterios de la concomitancia y bilateralidad. Las partes van cumpliendo recíprocamente hasta lograr un resultado que satisfaga a las partes contendientes.

No ha de ser que todo se caiga por un simple juego de tahúr.

No ha de ser que casi 5 años de diálogos no sirvan para atender y resolver adecuadamente las pequeñas crisis provocadas para sacar indebidas ventajas políticas, como querer imponer un plebiscito a todas luces inviable, solo por el afán de echarse al bolsillo los dineros de la reciente venta de Isagen, que se utilizarán para comprar votos, conciencias, urnas y ciudadanos.

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El acuerdo de paz irá a plebiscito, les guste o no a las FARC: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este lunes que aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se opongan, someterá a plebiscito el acuerdo final de paz con el grupo guerrillero, que ambas partes se comprometieron a firmar el 23 de marzo a más tardar. La insurgencia rechazó la propuesta gubernamental, que calificó de medida unilateral y error político.


Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las FARC, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter horas después de que, desde Cuba, sede de las negociaciones con las FARC desde finales de 2012, el jefe negociador de la delegación rebelde, Iván Márquez, adelantó su oposición a esta forma de refrendar el pacto definitivo.
No aceptamos la aplicación del plebiscito para refrendación del acuerdo final porque ese pacto que traerá la paz a Colombia, que se está construyendo con tanto esmero y sacrificio, no puede ser puesto en peligro por ligerezas políticas, declaró Márquez ante periodistas. Consideró que esta no es la forma, ni la vía política ni el instrumento jurídico-constitucional adecuado.


La organización alzada en armas contra el Estado desde 1964, reiteró, como lo viene haciendo desde el inicio de las negociaciones, hace más de tres años, su oposición a un plebiscito, mecanismo de consulta de los poderes públicos que se somete a voto popular para aprobar o rechazar determinada propuesta. Calificó de menguado el umbral de 13 por ciento con que se pretende aprobar la consulta en urnas.


En una carta abierta al gobierno colombiano, el grupo insurgente puntualizó que el plebiscito no se ajusta a la agenda pactada por las delegaciones negociadoras, toda vez que en su punto sexto se desprende que somos las partes en la mesa de diálogo los competentes para definir el sistema de refrendación que se aplicará a los acuerdos que finalmente se alcancen.


Concluye que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que en este caso ha sido posible gracias a un proceso bilateral y no por una decisión individual.


Las FARC han insistido a lo largo de las negociaciones de paz en refrendar el acuerdo final mediante una asamblea constituyente, que ofrezca seguridad jurídica y personal a sus miembros y a todos los actores del enfrentamiento armado de más de medio siglo. Pero Santos, que se opone a una constituyente, sostiene que el pueblo colombiano tendrá la oportunidad de decir me gusta o no me gusta respecto del acuerdo de paz.


En otro orden, las FARC dijeron que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero fuerte de Colombia, y al que Bogotá atribuyó un ataque contra una unidad del ejército, está dispuesto a comenzar cuanto antes negociaciones de paz con el gobierno. Márquez afirmó que la dirigencia del ELN quiere negociar, y que una paz sin el ELN sería una paz incompleta.


Al salir de un consejo de seguridad, Santos ordenó intensificar las operaciones militares contra el ELN, agrupación con la que mantiene conversaciones preliminares de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado, tras el ataque a un cuartel de la brigada 18 en la ciudad de Arauca, que no dejó muertos ni heridos. Además, el grupo armado tiene a dos soldados secuestrados.

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La liberación de Simón Trinidad, otra piedra en el camino hacia la paz

La situación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, guerrillero de las FARC condenado a 60 años y encarcelado en Estados Unidos desde 2004, es uno de los asuntos más espinosos que, aunque no públicamente, tratará Santos durante su visita a Washington. Aunque no es indispensable para que se firme el acuerdo final, la guerrilla exige la liberación inmediata de Simón Trinidad, que permanece en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos acusado de estar vinculado al secuestro de tres contratistas estadounidenses que permanecieron en poder de la guerrilla durante cinco años. Sin embargo, no está condenado por otros delitos como terrorismo o narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado en numerosas ocasiones la excarcelación de Trinidad.


En una reciente entrevista con la agencia AP, Santos se mostró partidario de la liberación de Trinidad aunque, insistió, no depende de él esa decisión. "Por supuesto estaría de acuerdo con ello porque ayudaría en el proceso" de paz, sostuvo Santos. "Sería un tremendo gesto para las FARC, para su dignidad, ya que esto es un asunto realmente importante para ellos. A veces tienes que hacer concesiones para hacer los acuerdos más fuertes... Pero de nuevo: esto es algo con lo cual no me puedo comprometer".


Los negociadores de las FARC en La Habana, que nombraron a Trinidad como uno de sus representantes en el inicio de las conversaciones hace más de tres años, consideran que si no hay un compromiso antes de que se firme el acuerdo final, cuando la mesa de negociaciones de La Habana termine, lograrlo va a resultar mucho más complicado.


"La idea de liberarlo, especialmente en año electoral, es explosiva, puede conllevar un gran poste político", asegura Adam Isacson, experto en política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). "Colombia va a tener que compartir ese coste político. El escenario más probable sería que fuese a una cárcel colombiana o que entre en la jurisdicción especial para la paz junto a otros guerrilleros", añade.


Pese a la buena disposición de Estados Unidos durante todo el proceso, y la sintonía con el enviado especial de Obama, Bernie Aronson, la guerrilla quiere cerrar algunos cabos que le preocupan de cara a un posconflicto. Si bien existe el compromiso de que no habrá extradiciones por delitos cometidos hasta la firma del acuerdo, las FARC reclaman que se les saque de la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, en la que llevan 20 años. Un pedido al que se unió recientemente el presidente Santos. En una entrevista con El Tiempo, Aronson fue tajante: Tienen que desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no existen y pueden ser removidos. No depende de las FARC, depende del Gobierno de Estados Unidos. Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede comenzar mientras sean una organización armada y sigan involucrados en actividades criminales".

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Consideraciones sobre la nueva justicia para la paz/JEP

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, han concluido un trascendental e impactante acuerdo sobre el tema de las víctimas y sus derechos. Este paso de la Mesa de conversaciones de La Habana profundiza el avance hacia la superación efectiva del conflicto social y armado.

La paz es ya un hecho en el conjunto de la sociedad nacional colombiana.

La nación y sus casi 50 millones de habitantes están dejando atrás el trauma de la violencia, la muerte, la sangre y la injusticia que implica laafectación del derecho a la vida y la integridad de las personas.

Ya no hay dudas. Tanto el gobierno nacional, sus delegados, como las Farc y su representación plenipotenciaria, son un punto central de gravitación enla existencia presente y futura de Colombia.

Al presidente Juan Manuel Santos hay que reconocerle claramente su importante tarea en este propósito de resolver tan delicada problemática.

La historia, las futuras generaciones, lo recordaran como uno de los más importantes líderes de Colombia.

A las Farc hay que reconocerle y abonarle su perseverancia, su coherencia, su paciencia, su compromiso ético y democrático para identificar las rutas apropiadas para la construcción de la paz.

2016 seré, definitivamente, el año de la firma del Acuerdo para lam terminación del conflicto y la guerra civil. Vendrán los tiempos de la construcción paciente y ordenada de la paz y la democracia ampliada.


Llegaran los espacios para la lucha democrática sin las armas y sin la violencia.

Lo que Santos y las Farc han acordado en materia de justicia restaurativa es exactamente un tipo de alternativa democrática en la organización y el funcionamiento del campo jurídico que nos plantea claramente la superación de la crisis y el colapso del viejo régimen judicial asociado a la republica oligárquica neoliberal.

El nuevo modelo de justicia para la paz es de amplios alcances y enorme complejidad. Requiere ser analizado con mucho cuidado y serenidad.

Son muchos los temas y las interpretaciones. Los enfoques y las inferencias por los alcances de las medidas implementadas.

El componente de justicia del acuerdo sobre las victimas incluye inicialmente 75 materias diferentes, pero en el detalle hay aspectos que ameritan el analisis pormenorizado, capilar, molecular.

Hay, por supuesto, muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas problemáticas para tratar.

En este documento queremos referirnos, mas a titulo pedagógico e informativo a elementos como los siguientes: sus objetivos; los principios que le sirven de soporte; las competencias; el nuevo régimen de amnistías e indultos; los procedimientos; los órganos que administraran la nueva justicia; las sanciones y los proyectos correspondientes; la no extradición de los guerrilleros; y el derecho a la participación política plena de los combatientes.

 

I. Objetivos.

Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.

Ofrecer verdad a la sociedad colombiana.

Contribuir a la reparación de las víctimas

Contribuir a luchar contra la impunidad.

Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.

Contribuir al logro de una paz estable y duradera.

 

III. Principios básicos.

 

Centralidad de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En todas las actuaciones de la justicia de paz se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido.

Seguridad jurídica: La justicia para la paz adoptará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Todas las decisiones de la justicia de paz harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la justicia especial para la paz. Sus decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el Tribunal para la Paz.

Condicionalidad: Para acceder a cualquier tratamiento especial previsto en la JEP es necesario reunir las condiciones que sobre verdad, reparación y no repetición se establezcan en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticion/SIVJRNR.

En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos.

Derecho a la paz: La paz es un derecho y el Estado está obligado a alcanzarla. La paz es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. Todos los operadores de la JEP deberán interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador el derecho a la paz.

Integralidad: La JEP hace parte del Sistema Integral, por ello deberá contribuir de manera efectiva, coherente y articulada con las demás medidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, la terminación el conflicto armado y el logro de una paz estable y duradera.

Inescindibilidad: La aplicación de la JEP a todos quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto armado es inescindible y por lo tanto ésta se aplicará de manera simultánea e integral.

Prevalencia: La JEP prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. Lo anterior no obsta para que la justicia ordinaria continúe investigando, juzgando y sancionado los hechos y conductas que no sean competencia de la JEP.

Debido proceso: Todas las actuaciones de la JEP respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales. Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante todos los órganos de la JEP y recurrir las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las decisiones de la JEP serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles
ante tribunales de justicia.

Enfoque diferencial: La JEP tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las violaciones contra mujeres así como contra los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, o especialmente afectados por el conflicto, entre ellos los pueblos indígenas, las comunidades afro-¬descendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, la población LGBTI y los adultos mayores.

Equidad de género: Los órganos de las JEP serán conformados con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural. El funcionamiento de la JEP dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños.

Concentración en los casos más graves y representativos: Todos los órganos de la JEP tendrán las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrán en cuenta la necesidad de evitar tanto que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del
Tribunal.

 

IV. Competencias

 

Competencia temporal: La JEP tendrá competencia respecto de conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

Competencia material: El Tribunal para la Paz se ocupará de los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos.

Competencia personal: La JEP se aplicará, de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de éste, siempre que cumplan con las condiciones del SIVJRNR.

Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, la JEP solo se aplicará a los grupos que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno y la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas.

Respecto de los agentes del Estado, la JEP se aplicará a quienes hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Los miembros de los grupos paramilitares que se desmovilizaron vienen rindiendo cuentas ante la justicia en los procesos de Justicia y Paz y en la justicia ordinaria, y en esa medida sus casos no serán competencia de la JEP. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a tomar medidas para fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de Justicia y
Paz y de la Ley 1424 de 2010. Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos.

Los terceros que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen. La JEP sólo podrá obligar a comparecer a aquellas personas frente a quienes existan bases suficientes para entender que la conducta existió y que la persona mencionada en efecto hubiera tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos.

Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen.

V. Amnistías e indultos.

La concesión de indultos y amnistías se regirá por las siguientes reglas:

De conformidad con el DIH "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible".

La Constitución únicamente permite otorgar amnistías o indultos por el delito político de rebelión y otros delitos conexos con éste.

Una Ley de Amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexidad. En la Ley de Amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables.

La conexidad con el delito político comprenderá dos tipos de criterios:

 

- Criterios de inclusión:

 

Delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado.

Delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente.

Conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

 

- Criterios de exclusión:

 

No serán objeto de amnistía ni indulto, ni de tratamientos equivalentes, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión.

 

VI. Procedimientos.

En la JEP se surtirán dos tipos de procedimientos: (i) Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad; y (ii) Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

 

VII. Órganos.

La JEP estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:

- La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación
de los Hechos y Conductas

- La Sala de Amnistía e Indulto.

- La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

- La Unidad de Investigación y Acusación.

- El Tribunal para la Paz, que estará compuesto, a su vez, por cinco secciones: (i) Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad; (ii) Sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad; (iii) Sección de apelación; (iv) Sección de revisión; y (v) Sección de estabilidad y eficacia.

O La Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP bajo la orientación de la Presidencia de ésta.

Composición: La JEP estará compuesta por Magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros. Los Magistrados serán altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho. Los magistrados serán elegidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana.

1. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)

La SRVR recibirá toda la información y los reconocimientos de responsabilidad e identificará los casos más graves y representativos, sinque su competencia se limite a ellos. La SRVR tendrá las siguientes funciones:

Recibir informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP por haber sido cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Una vez recibida la información anterior, recibir los reconocimientos de verdad y responsabilidad. Estos podrán hacerse de manera individual o colectiva. En caso de reconocimientos colectivos, una vez las responsabilidades sean individualizadas, cada persona podrá aceptar responsabilidad o manifestar su desacuerdo con dicha individualización.

Contrastar y cotejar los reconocimientos con la información recibida.

Presentar una Resolución de Conclusiones ante el Tribunal con énfasis en la identificación de los casos más graves y representativos, individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, los reconocimientos de verdad y responsabilidad, la calificación jurídica, y la identificación de las sanciones correspondientes.

Remitir a la Unidad de Investigación y Acusación los casos en los que no haya reconocimiento de responsabilidad para que ésta, de existir mérito, inicie el procedimiento correspondiente ante el Tribunal.

Remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de recomendaciones de personas que deberán ser beneficiadas con dichas medidas.

Remitir a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas los listados de quienes no serán objeto de amnistía e indulto, ni serán incluidos en la Resolución de Conclusiones.

 

2. Sala de Amnistía e Indulto

De conformidad con lo establecido en la Ley de Amnistía y desde el inicio de los procedimientos, esta Sala tendrá las siguientes funciones:

Otorgar amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía.

Decidir sobre la procedencia de amnistías e indultos atendiendo las recomendaciones de la SRVR.

Interpretar la Ley de Amnistía e indulto y producir doctrina al respecto.

En el evento en que la petición verse sobre conductas no indultables o amnistiables, remitir el caso a la SRVR.

 

3. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta Sala definirá la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones de la SRVR. Para tal efecto esta Sala adoptará las resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de estas personas, incluyendo aplicar mecanismos de cesación de procedimientos y de renuncia al ejercicio de la acción judicial.

4. Unidad de Investigación y Acusación.

Frente a los casos en los que no haya habido reconocimiento de responsabilidad, esta Unidad tendrá las siguientes funciones:

Investigar y de existir mérito, acusar ante el Tribunal para la Paz.

Decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares en caso de ser necesario.

Remitir casos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto, cuando considere que no es necesario investigar o acusar.

Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense y con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual.

5. El Tribunal para la Paz.

El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la JEP. El Tribunal tendrá cinco secciones con las siguientes funciones:

 

5.1. Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de
responsabilidad

Evaluar la correspondencia entre las conductas reconocidas, los responsables de las mismas, las descripciones jurídicas de las conductas y las sanciones propuestas a partir de la Resolución de Conclusiones de la SRVR.

Imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones y modalidades de ejecución de las mismas.

Supervisar y certificar el cumplimiento efectivo de sus sentencias con el apoyo de los órganos y mecanismos de monitoreo y verificación del SIVJRNR que se designen para tal efecto, los cuales deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento.

 

5.2. Sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad.*

Conocer de las acusaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.

Someter a juicio contradictorio a quienes no reconozcan responsabilidad y hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones.

Proferir sentencias, y en caso de que sean condenatorias, imponer las sanciones ordinarias o alternativas correspondientes.

 

5.3. Sección de apelación.

Decidir sobre los recursos de apelación respecto de las decisiones de las Salas y Secciones de la JEP.

Decidir sobre los recursos de las víctimas por vulneración de derechos fundamentales, contra las sentencias de las secciones.

 

5.4. Sección de revisión.

Decidir sobre las sanciones correspondientes de quienes ya hubieren sido condenados por la justicia ordinaria y determinar si se reúnen las condiciones y si ya hubo cumplimiento efectivo de las mismas.

Revisar, a petición del condenado y de manera excepcional, las sentencias ordinarias por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cuando se alegue inexistencia del hecho o error manifiesto en la calificación jurídica.

Revisar las resoluciones o sentencias de la JEP cuando haya mérito para ello.

A solicitud de cualquier Sala o Sección, cuando existan dudas, determinar si las conductas relativas a la financiación han sido o no conexas con la rebelión.

Decidir sobre las solicitudes de comparecencia de una persona ante la JEP.

Resolver los conflictos de competencia entre los órganos de las JEP.

 

5.5. Sección de estabilidad y eficacia.

Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se establecerá esta sección con el fin de:

Garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por la JEP.

Resolver los casos que surjan con posterioridad a la terminación del cumplimiento de las funciones del Tribunal, por hechos cometidos con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

 

VIII. Sanciones

Las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Las sentencias del Tribunal enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la misma, así como las condiciones y efectos de éstas. Las sanciones serán de tres tipos:

Sanciones propias: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la SRVR. Tendrán una función restaurativa y reparadora del daño causado, y respecto a determinadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción.

Sanciones alternativas: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

Sanciones ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia. Se creará un órgano nacional o internacional que verificará el cumplimiento de las sanciones. En todo caso el Tribunal verificará el cumplimiento de las mismas.

 

IX. No Extradición

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la JEP, cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del Acuerdo Final. Por otra parte, cualquier delito cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final podrá ser objeto de extradición.

 

X. Participación plena de los combatientes revolucionarios en política.

La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política, de conformidad con lo que sea acordado en el Acuerdo Final en desarrollo del Punto 3 -¬ "Fin del Conflicto".

Es preciso que todos estos temas sean ampliamente difundidos y explicados en diversos escenarios. En las cárceles, en los campos, en los barrios, en las universidades, en las iglesias, en las empresas y en todos aquellos sitios que se requiera para que la paz alcance el mayor consenso entre los colombianos.

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Negociación colectiva y construcción de paz en Colombia

El análisis comparado de la negociación colectiva, sobretodo en América Latina y el Caribe, nos muestra que uno de los problemas principales que tiene la negociación colectiva es la reducción de su temática solo a la cuestión salarial y a los beneficios económicos. Hay necesidad de enriquecerla con nuevos temas, en virtud de las amplias facultades que le confieren los convenios internacionales como el espacio propio, autónomo y libre de las partes negociadoras.

Ahora bien, el proceso de paz marcha, que estamos a punto de afianzar con los acuerdos de La Habana, nos ofrece la oportunidad de involucrar nuevos temas en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado. Pero sobretodo la oportunidad de hacer efectivos los aportes de los trabajadores, los empresarios y el Estado como empleador al proceso de pacificación, afianzando la cultura del diálogo social y la bilateralidad, y reorientando la concepción que hasta ahora se ha tenido sobre la responsabilidad social empresarial y sindical. Porque los acuerdos con las FARC deben constituir un punto de partida para el proceso de reconstrucción del tejido social del país.

El artículo 22 de nuestra Constitución nos plantea de manera imperativa que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", lo que nos deja de presente la obligación de trabajar por ella desde todos los espacios. Y la negociación colectiva es uno de los espacios más apropiados, teniendo en cuenta que la exclusión de los trabajadores, la falta de diálogo social y la redistribución inequitativa de la renta, han sido condicionantes de la violencia. Así que cualquier intento por lograr una paz duradera debe pasar por la actuación sobre estos elementos básicos y fundamentales.

A los empresarios les conviene la paz

Un elemento positivo que debemos tener en cuenta a la hora de proponerle a los empleadores acciones en favor del proceso de paz y reconciliación, es que los sectores empresariales siempre han apoyado los diferentes procesos de paz en Colombia. Varios de ellos han tenido una participación muy significativa en la facilitación y el desarrollo de los diferentes procesos de paz. De igual manera deberán jugar ahora un papel preponderante en la puesta en marcha de los acuerdos. Y la razón es obvia, como lo ha expresado Sergio Jaramillo, integrante de la comisión negociadora del Gobierno: "No se me ocurre que haya otro sector más beneficiado, como el empresarial, con el fin de la guerra" .

De acuerdo con algunos sondeos realizados en el presente año (por ejemplo los de Estadística y Análisis Ltda. y de la Cámara de Comercio de Bogotá), antes incluso del acuerdo logrado en septiembre sobre justicia restaurativa, el 55% de los empresarios encuestados seguiría apoyando los diálogos así no se alcanzara a firmar un acuerdo definitivo en el 2015. Y de esa porción, el 65% estaría dispuesto a esperar lo que fuera necesario porque consideran que la paz le conviene al país y que el diálogo es la mejor alternativa. Por su parte los empresarios encuestados manifestaron que entre los principales beneficios del proceso de paz estaba, en primer lugar, la atracción de la inversión extranjera, en segundo la aceleración del crecimiento económico, y en tercero el incremento de las ventas .

Así que de entrada debemos considerar que las empresas están interesadas en el desarrollo de actividades y programas encaminados a la construcción de la paz. Además, porque una de las necesidades señaladas por ellas en los sondeos efectuados tiene que ver con "la mitigación del riesgo de un resurgimiento del conflicto", lo que sin duda se puede alcanzar imprimiéndole la dinámica requerida al diálogo social y a la negociación colectiva laboral, convirtiendo en acuerdos bilaterales y en la práctica eso que la mayoría considera que se puede lograr mediante códigos de conducta y de buen gobierno corporativo.

¿A qué están dispuestos los empresarios?

De acuerdo con el documento "Perspectivas y aportes empresariales para la construcción de paz", de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Fundación Ideas para la Paz y del Instituto Catalán Internacional para la Paz, los empresarios consideran que solo se les pregunta por su aporte en materia de reintegración de desmovilizados, y ellos creen que su aporte va mucho más allá, que debe ser mayor y con enfoque de largo plazo, cumpliendo un rol de ciudadanos corporativos. Esta apreciación es muy importante porque le puede dar una mejor perspectiva a compromisos en materia de cohesión e inclusión en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.

Lo cierto es que, sin descartar ninguna posibilidad, hay un consenso en el sentido de que la empresa privada tiene mucho que aportar en el denominado post conflicto, generando empleo decente y trabajo digno; y que la inversión correrá básicamente a cargo de este sector y ellos están dispuestos, con el aporte del Estado en materia de incentivos y con la ayuda internacional. Dentro de este marco consideran importante reorientar su enfoque acerca de la responsabilidad social empresarial para incorporar la agenda hacia la paz y la resolución pacífica de los conflictos, actuando en sus entornos con sentido social, más allá de las concepciones filantrópicas.

Con respecto a este tema, es de anotar que existen posibilidades de acciones conjuntas, de acuerdo con las asociaciones público privadas (APP) reglamentadas mediante la ley 1508 de 2012, y que le puede dar marco a las acciones y alianzas territoriales para la intervención social y la búsqueda de la paz .

Los temas para la negociación colectiva

Es de esperarse que no todas las empresas participen en el mismo tipo de actividades, porque tienen diferentes condiciones en el contexto de sus operaciones. Pero todas deberán hacer su aporte, reorientando su concepción sobre la responsabilidad social empresarial. A todas les convendrá generar condiciones que les permitan mejorar tanto su imagen como su desempeño económico.

Ahora bien, el Estado como empleador debe cambiar la actitud frente a los empleados públicos, ampliando la posibilidad de negociación de las condiciones laborales de sus servidores, y así dar cumplimiento pleno al Convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en la administración pública. El Estado debe ser ejemplo de sometimiento a las normas internacionales del trabajo, de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política sobre libertad sindical, de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas legales sobre formalización laboral.

El Estado, además, debe fortalecer su capacidad regulatoria y de control, la inspección y vigilancia de los derechos laborales individuales y colectivos, para garantizar su cumplimiento y ejercicio pleno.

Como ideas para acordar e incluir en la negociación colectiva laboral, y por ende en los convenios y acuerdos laborales, dejo las siguientes:

1. El compromiso del Estado, como empleador, en buenas prácticas laborales.
2. Partiendo del compromiso de las partes y de la comunidad de intereses en el propósito de la paz, se puede acordar como declaración el compromiso con esta, por una cultura democrática y por el aprovechamiento del proceso de paz para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales como aporte al nuevo país incluyente y solidario que todos queremos.
3. Acordar el impulso de procesos pedagógicos, formativos y de sensibilización con relación al proceso de construcción de la paz. En el primer periodo se debería trabajar para sensibilizar a la población trabajadora en la necesidad de refrendar los acuerdos con la insurgencia, impulsando en general en la sociedad una perspectiva de reconciliación y una cultura de la negociación, independientemente de las ideas políticas.
4. Lograr compromisos en materia de la implementación de prácticas empresariales responsables en los marcos ético y legal, como condición para la contribución al proceso de transformación y canalización de los conflictos, desechando la violencia, proyectando este comportamiento también a la cadena de valor y a la comunidad.
5. Acordar y fortalecer los espacios para el diálogo social y la negociación colectiva. Donde no existan, se deberán propiciar los espacios con los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo; promover, o por lo menos no obstaculizar, procesos organizativos y su articulación con espacios regionales y sectoriales de negociación y diálogo social, interiorizando la autonomía de las partes y su capacidad para generar normas con estatura de ley.
6. Desarrollar los acuerdos sobre formalización laboral, privilegiando la vinculación laboral directa, en el sector público y privado como elemento esencial del trabajo decente.
7. Acordar programas de formación y capacitación de la población en estado de vulnerabilidad en los entornos de las empresas, lo mismo que la capacitación de victimas para mejorar su empleabilidad.
8. Acordar e impulsar proyectos de reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.
9. Revisar y acordar posibilidades para apoyar la reinserción de desmovilizados y excombatientes, brindándoles formación y oportunidades laborales.

Si no se aprovecha el proceso de construcción de paz para fortalecer la negociación colectiva como alma y nervio del diálogo social, difícilmente se puede pensar en una paz firme y duradera.

Publicado 30 noviembre de 2015.

Publicado enColombia
Ante incumplimientos oficiales, Cumbre agraria, campesina, étnica y popular dirige carta abierta a Santos

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2015

 

Señor:
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Colombia

 

Cordial saludo,

 

Dirigimos a usted esta carta abierta para expresar nuestras consideraciones y preocupaciones ante el proceso de negociación que adelanta su gobierno con las comunidades rurales representadas en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Dos años después que las comunidades rurales movilizadas denunciamos ante el país durante todo 2013 la precaria situación que vive el campo colombiano; y a 19 meses que la Cumbre Agraria fuera reconocida como interlocutora legítima en la Mesa Única de Negociación, su Gobierno no cumple satisfactoriamente los compromisos entorno a la concertación de política pública rural, el funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y garantías, el financiamiento de proyectos productivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y apoyo de proyectos de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación.

Tres meses después de la semana de la indignación en la que comunidades indígenas, negras y campesinas nos movilizamos nuevamente para llamar la atención sobre los incumplimientos y trabas en la implementación de los acuerdos; no han habido avances significativos; por el contrario, vemos con preocupación el rumbo que está adoptando la política rural de su gobierno.

Mientras las comunidades agrarias demandamos una reforma agraria integral que supere la desigualdad histórica en la propiedad de la tierra, y como elemento fundamental para superar el conflicto social y armado, el gobierno sigue empeñado en sacar adelante la iniciativa legislativa que pretende crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres)", figura que permite que los baldíos de la nación pasen a manos no sólo de campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también y principalmente a grandes inversionistas agroindustriales. Mientras las comunidades agrarias no logramos luego de dos años de negociación acceder a nuestros derechos territoriales, los grandes inversionistas en menos de un año han logrado la atención prioritaria con todas las prerrogativas de su gobierno.

Además, no es de buen recibo por nosotros que los funcionarios del alto gobierno dilaten el encuentro con la Cumbre Agraria, como es el caso del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Aurelio Iragorri y que se incumpla con la entrega de respuestas formales a nuestras solicitudes y propuestas entregadas a su despacho.

También, nos preocupa sobremanera que mientras el gobierno anuncia nuevos planes agrarios de gran impacto como "Colombia Siembra" en la que pretenden ampliar la producción con un millón de hectáreas sembradas; llevamos un año tratando de concretar el acuerdo de apoyo a la economía propia (Economía campesina, indígena y negra) y no hemos podido sembrar una sola hectárea de tierra con apoyo del gobierno. Por el contrario, lo que si se ha ampliado es el cultivo de coca, marihuana y amapola que hoy sigue constituyendo una opción para muchas comunidades que a pesar de saber de la ilicitud y recibir la persecución de la ley, sigue siendo su única opción ante la pobre atención del gobierno para fomentar la producción de alimentos para la soberanía alimentaria. Lo único que han recibido las comunidades rurales es una política de erradicación forzada acompañada de la militarización de los territorios, rompiendo la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y poniendo en peligro la voluntad de diálogo que se ha manifestado, abriendo la posibilidad a nuevos ciclos de violencia.

Usted señor Presidente, manifestó de manera pública que la Cumbre Agraria era un sujeto importante para el postconflicto, para superar la desigualdad histórica del campo colombiano, y la conflictividad social fruto de la exclusión y desatención del estado y la guerra. Confiando en su palabra, reconociendo su disposición de diálogo, las organizaciones agrarias nos hemos comprometido a seguir sentados en la mesa, buscando salidas negociadas a la crisis, pero es un hecho que nos enfrentamos al hambre, la persecución y el maltrato recibido por el Estado, y a una institucionalidad sorda, ciega y muda ante nuestra realidad.

Por estas razones exigimos de usted Señor Presidente, honre su palabra y cumpla sus compromisos en materia de desjudialización y garantías de derechos humanos a líderes y liderezas, se cumplan los acuerdos para la discusión, elaboración e implementación de una nueva política pública de desarrollo rural, además de la aprobación y desarrollo de los proyectos productivos del Fondo de Fomento Agropecuario.

Demandamos del gobierno nacional voluntad política, manifiesta a través de la presencia de su equipo de alto nivel ministerial, para que con su carácter decisorio examinen y resuelvan las actuales dificultades, y asuman compromisos claros sobre rutas de agenda de negociación que honren los compromisos gubernamentales en la próxima reunión de Mesa Única Nacional que sesionará el próximo 1 y 2 de diciembre de 2015.

Cordialmente,

Comisión Política
Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular
"Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país"

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC - Congreso de los Pueblos - Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario, CNA - Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA - Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC - Proceso de Comunidades Negras, PCN - Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO - Mesa de Unidad Agraria, MUA - Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC - Movimiento por la Constituyente Popular, MCP - Asociación Campesina y Popular, ASOCAMPO - Asociación Nacional Agraria Campesina, ASONALCAM.

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