Consideraciones sobre la nueva justicia para la paz/JEP

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, han concluido un trascendental e impactante acuerdo sobre el tema de las víctimas y sus derechos. Este paso de la Mesa de conversaciones de La Habana profundiza el avance hacia la superación efectiva del conflicto social y armado.

La paz es ya un hecho en el conjunto de la sociedad nacional colombiana.

La nación y sus casi 50 millones de habitantes están dejando atrás el trauma de la violencia, la muerte, la sangre y la injusticia que implica laafectación del derecho a la vida y la integridad de las personas.

Ya no hay dudas. Tanto el gobierno nacional, sus delegados, como las Farc y su representación plenipotenciaria, son un punto central de gravitación enla existencia presente y futura de Colombia.

Al presidente Juan Manuel Santos hay que reconocerle claramente su importante tarea en este propósito de resolver tan delicada problemática.

La historia, las futuras generaciones, lo recordaran como uno de los más importantes líderes de Colombia.

A las Farc hay que reconocerle y abonarle su perseverancia, su coherencia, su paciencia, su compromiso ético y democrático para identificar las rutas apropiadas para la construcción de la paz.

2016 seré, definitivamente, el año de la firma del Acuerdo para lam terminación del conflicto y la guerra civil. Vendrán los tiempos de la construcción paciente y ordenada de la paz y la democracia ampliada.


Llegaran los espacios para la lucha democrática sin las armas y sin la violencia.

Lo que Santos y las Farc han acordado en materia de justicia restaurativa es exactamente un tipo de alternativa democrática en la organización y el funcionamiento del campo jurídico que nos plantea claramente la superación de la crisis y el colapso del viejo régimen judicial asociado a la republica oligárquica neoliberal.

El nuevo modelo de justicia para la paz es de amplios alcances y enorme complejidad. Requiere ser analizado con mucho cuidado y serenidad.

Son muchos los temas y las interpretaciones. Los enfoques y las inferencias por los alcances de las medidas implementadas.

El componente de justicia del acuerdo sobre las victimas incluye inicialmente 75 materias diferentes, pero en el detalle hay aspectos que ameritan el analisis pormenorizado, capilar, molecular.

Hay, por supuesto, muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas problemáticas para tratar.

En este documento queremos referirnos, mas a titulo pedagógico e informativo a elementos como los siguientes: sus objetivos; los principios que le sirven de soporte; las competencias; el nuevo régimen de amnistías e indultos; los procedimientos; los órganos que administraran la nueva justicia; las sanciones y los proyectos correspondientes; la no extradición de los guerrilleros; y el derecho a la participación política plena de los combatientes.

 

I. Objetivos.

Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.

Ofrecer verdad a la sociedad colombiana.

Contribuir a la reparación de las víctimas

Contribuir a luchar contra la impunidad.

Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.

Contribuir al logro de una paz estable y duradera.

 

III. Principios básicos.

 

Centralidad de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En todas las actuaciones de la justicia de paz se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido.

Seguridad jurídica: La justicia para la paz adoptará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Todas las decisiones de la justicia de paz harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la justicia especial para la paz. Sus decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el Tribunal para la Paz.

Condicionalidad: Para acceder a cualquier tratamiento especial previsto en la JEP es necesario reunir las condiciones que sobre verdad, reparación y no repetición se establezcan en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticion/SIVJRNR.

En las resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos.

Derecho a la paz: La paz es un derecho y el Estado está obligado a alcanzarla. La paz es condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos. Todos los operadores de la JEP deberán interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador el derecho a la paz.

Integralidad: La JEP hace parte del Sistema Integral, por ello deberá contribuir de manera efectiva, coherente y articulada con las demás medidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas, la terminación el conflicto armado y el logro de una paz estable y duradera.

Inescindibilidad: La aplicación de la JEP a todos quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto armado es inescindible y por lo tanto ésta se aplicará de manera simultánea e integral.

Prevalencia: La JEP prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. Lo anterior no obsta para que la justicia ordinaria continúe investigando, juzgando y sancionado los hechos y conductas que no sean competencia de la JEP.

Debido proceso: Todas las actuaciones de la JEP respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales. Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante todos los órganos de la JEP y recurrir las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las decisiones de la JEP serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles
ante tribunales de justicia.

Enfoque diferencial: La JEP tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las violaciones contra mujeres así como contra los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, o especialmente afectados por el conflicto, entre ellos los pueblos indígenas, las comunidades afro-¬descendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, la población LGBTI y los adultos mayores.

Equidad de género: Los órganos de las JEP serán conformados con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural. El funcionamiento de la JEP dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños.

Concentración en los casos más graves y representativos: Todos los órganos de la JEP tendrán las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrán en cuenta la necesidad de evitar tanto que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del
Tribunal.

 

IV. Competencias

 

Competencia temporal: La JEP tendrá competencia respecto de conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

Competencia material: El Tribunal para la Paz se ocupará de los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos.

Competencia personal: La JEP se aplicará, de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de éste, siempre que cumplan con las condiciones del SIVJRNR.

Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, la JEP solo se aplicará a los grupos que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno y la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas.

Respecto de los agentes del Estado, la JEP se aplicará a quienes hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Los miembros de los grupos paramilitares que se desmovilizaron vienen rindiendo cuentas ante la justicia en los procesos de Justicia y Paz y en la justicia ordinaria, y en esa medida sus casos no serán competencia de la JEP. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a tomar medidas para fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de Justicia y
Paz y de la Ley 1424 de 2010. Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos.

Los terceros que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen. La JEP sólo podrá obligar a comparecer a aquellas personas frente a quienes existan bases suficientes para entender que la conducta existió y que la persona mencionada en efecto hubiera tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos.

Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen.

V. Amnistías e indultos.

La concesión de indultos y amnistías se regirá por las siguientes reglas:

De conformidad con el DIH "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible".

La Constitución únicamente permite otorgar amnistías o indultos por el delito político de rebelión y otros delitos conexos con éste.

Una Ley de Amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexidad. En la Ley de Amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables.

La conexidad con el delito político comprenderá dos tipos de criterios:

 

- Criterios de inclusión:

 

Delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado.

Delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente.

Conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

 

- Criterios de exclusión:

 

No serán objeto de amnistía ni indulto, ni de tratamientos equivalentes, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión.

 

VI. Procedimientos.

En la JEP se surtirán dos tipos de procedimientos: (i) Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad; y (ii) Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

 

VII. Órganos.

La JEP estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:

- La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación
de los Hechos y Conductas

- La Sala de Amnistía e Indulto.

- La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

- La Unidad de Investigación y Acusación.

- El Tribunal para la Paz, que estará compuesto, a su vez, por cinco secciones: (i) Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad; (ii) Sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad; (iii) Sección de apelación; (iv) Sección de revisión; y (v) Sección de estabilidad y eficacia.

O La Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP bajo la orientación de la Presidencia de ésta.

Composición: La JEP estará compuesta por Magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros. Los Magistrados serán altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del derecho. Los magistrados serán elegidos mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana.

1. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)

La SRVR recibirá toda la información y los reconocimientos de responsabilidad e identificará los casos más graves y representativos, sinque su competencia se limite a ellos. La SRVR tendrá las siguientes funciones:

Recibir informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP por haber sido cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Una vez recibida la información anterior, recibir los reconocimientos de verdad y responsabilidad. Estos podrán hacerse de manera individual o colectiva. En caso de reconocimientos colectivos, una vez las responsabilidades sean individualizadas, cada persona podrá aceptar responsabilidad o manifestar su desacuerdo con dicha individualización.

Contrastar y cotejar los reconocimientos con la información recibida.

Presentar una Resolución de Conclusiones ante el Tribunal con énfasis en la identificación de los casos más graves y representativos, individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, los reconocimientos de verdad y responsabilidad, la calificación jurídica, y la identificación de las sanciones correspondientes.

Remitir a la Unidad de Investigación y Acusación los casos en los que no haya reconocimiento de responsabilidad para que ésta, de existir mérito, inicie el procedimiento correspondiente ante el Tribunal.

Remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de recomendaciones de personas que deberán ser beneficiadas con dichas medidas.

Remitir a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas los listados de quienes no serán objeto de amnistía e indulto, ni serán incluidos en la Resolución de Conclusiones.

 

2. Sala de Amnistía e Indulto

De conformidad con lo establecido en la Ley de Amnistía y desde el inicio de los procedimientos, esta Sala tendrá las siguientes funciones:

Otorgar amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía.

Decidir sobre la procedencia de amnistías e indultos atendiendo las recomendaciones de la SRVR.

Interpretar la Ley de Amnistía e indulto y producir doctrina al respecto.

En el evento en que la petición verse sobre conductas no indultables o amnistiables, remitir el caso a la SRVR.

 

3. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta Sala definirá la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones de la SRVR. Para tal efecto esta Sala adoptará las resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de estas personas, incluyendo aplicar mecanismos de cesación de procedimientos y de renuncia al ejercicio de la acción judicial.

4. Unidad de Investigación y Acusación.

Frente a los casos en los que no haya habido reconocimiento de responsabilidad, esta Unidad tendrá las siguientes funciones:

Investigar y de existir mérito, acusar ante el Tribunal para la Paz.

Decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares en caso de ser necesario.

Remitir casos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto, cuando considere que no es necesario investigar o acusar.

Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense y con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual.

5. El Tribunal para la Paz.

El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la JEP. El Tribunal tendrá cinco secciones con las siguientes funciones:

 

5.1. Sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de
responsabilidad

Evaluar la correspondencia entre las conductas reconocidas, los responsables de las mismas, las descripciones jurídicas de las conductas y las sanciones propuestas a partir de la Resolución de Conclusiones de la SRVR.

Imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones y modalidades de ejecución de las mismas.

Supervisar y certificar el cumplimiento efectivo de sus sentencias con el apoyo de los órganos y mecanismos de monitoreo y verificación del SIVJRNR que se designen para tal efecto, los cuales deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento.

 

5.2. Sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad.*

Conocer de las acusaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.

Someter a juicio contradictorio a quienes no reconozcan responsabilidad y hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones.

Proferir sentencias, y en caso de que sean condenatorias, imponer las sanciones ordinarias o alternativas correspondientes.

 

5.3. Sección de apelación.

Decidir sobre los recursos de apelación respecto de las decisiones de las Salas y Secciones de la JEP.

Decidir sobre los recursos de las víctimas por vulneración de derechos fundamentales, contra las sentencias de las secciones.

 

5.4. Sección de revisión.

Decidir sobre las sanciones correspondientes de quienes ya hubieren sido condenados por la justicia ordinaria y determinar si se reúnen las condiciones y si ya hubo cumplimiento efectivo de las mismas.

Revisar, a petición del condenado y de manera excepcional, las sentencias ordinarias por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cuando se alegue inexistencia del hecho o error manifiesto en la calificación jurídica.

Revisar las resoluciones o sentencias de la JEP cuando haya mérito para ello.

A solicitud de cualquier Sala o Sección, cuando existan dudas, determinar si las conductas relativas a la financiación han sido o no conexas con la rebelión.

Decidir sobre las solicitudes de comparecencia de una persona ante la JEP.

Resolver los conflictos de competencia entre los órganos de las JEP.

 

5.5. Sección de estabilidad y eficacia.

Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se establecerá esta sección con el fin de:

Garantizar la estabilidad y eficacia de las resoluciones y sentencias adoptadas por la JEP.

Resolver los casos que surjan con posterioridad a la terminación del cumplimiento de las funciones del Tribunal, por hechos cometidos con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.

 

VIII. Sanciones

Las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Las sentencias del Tribunal enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la misma, así como las condiciones y efectos de éstas. Las sanciones serán de tres tipos:

Sanciones propias: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la SRVR. Tendrán una función restaurativa y reparadora del daño causado, y respecto a determinadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción.

Sanciones alternativas: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de 2 a 5 años.

Sanciones ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia. Se creará un órgano nacional o internacional que verificará el cumplimiento de las sanciones. En todo caso el Tribunal verificará el cumplimiento de las mismas.

 

IX. No Extradición

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de la JEP, cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del Acuerdo Final. Por otra parte, cualquier delito cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final podrá ser objeto de extradición.

 

X. Participación plena de los combatientes revolucionarios en política.

La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política, de conformidad con lo que sea acordado en el Acuerdo Final en desarrollo del Punto 3 -¬ "Fin del Conflicto".

Es preciso que todos estos temas sean ampliamente difundidos y explicados en diversos escenarios. En las cárceles, en los campos, en los barrios, en las universidades, en las iglesias, en las empresas y en todos aquellos sitios que se requiera para que la paz alcance el mayor consenso entre los colombianos.

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Negociación colectiva y construcción de paz en Colombia

El análisis comparado de la negociación colectiva, sobretodo en América Latina y el Caribe, nos muestra que uno de los problemas principales que tiene la negociación colectiva es la reducción de su temática solo a la cuestión salarial y a los beneficios económicos. Hay necesidad de enriquecerla con nuevos temas, en virtud de las amplias facultades que le confieren los convenios internacionales como el espacio propio, autónomo y libre de las partes negociadoras.

Ahora bien, el proceso de paz marcha, que estamos a punto de afianzar con los acuerdos de La Habana, nos ofrece la oportunidad de involucrar nuevos temas en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado. Pero sobretodo la oportunidad de hacer efectivos los aportes de los trabajadores, los empresarios y el Estado como empleador al proceso de pacificación, afianzando la cultura del diálogo social y la bilateralidad, y reorientando la concepción que hasta ahora se ha tenido sobre la responsabilidad social empresarial y sindical. Porque los acuerdos con las FARC deben constituir un punto de partida para el proceso de reconstrucción del tejido social del país.

El artículo 22 de nuestra Constitución nos plantea de manera imperativa que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", lo que nos deja de presente la obligación de trabajar por ella desde todos los espacios. Y la negociación colectiva es uno de los espacios más apropiados, teniendo en cuenta que la exclusión de los trabajadores, la falta de diálogo social y la redistribución inequitativa de la renta, han sido condicionantes de la violencia. Así que cualquier intento por lograr una paz duradera debe pasar por la actuación sobre estos elementos básicos y fundamentales.

A los empresarios les conviene la paz

Un elemento positivo que debemos tener en cuenta a la hora de proponerle a los empleadores acciones en favor del proceso de paz y reconciliación, es que los sectores empresariales siempre han apoyado los diferentes procesos de paz en Colombia. Varios de ellos han tenido una participación muy significativa en la facilitación y el desarrollo de los diferentes procesos de paz. De igual manera deberán jugar ahora un papel preponderante en la puesta en marcha de los acuerdos. Y la razón es obvia, como lo ha expresado Sergio Jaramillo, integrante de la comisión negociadora del Gobierno: "No se me ocurre que haya otro sector más beneficiado, como el empresarial, con el fin de la guerra" .

De acuerdo con algunos sondeos realizados en el presente año (por ejemplo los de Estadística y Análisis Ltda. y de la Cámara de Comercio de Bogotá), antes incluso del acuerdo logrado en septiembre sobre justicia restaurativa, el 55% de los empresarios encuestados seguiría apoyando los diálogos así no se alcanzara a firmar un acuerdo definitivo en el 2015. Y de esa porción, el 65% estaría dispuesto a esperar lo que fuera necesario porque consideran que la paz le conviene al país y que el diálogo es la mejor alternativa. Por su parte los empresarios encuestados manifestaron que entre los principales beneficios del proceso de paz estaba, en primer lugar, la atracción de la inversión extranjera, en segundo la aceleración del crecimiento económico, y en tercero el incremento de las ventas .

Así que de entrada debemos considerar que las empresas están interesadas en el desarrollo de actividades y programas encaminados a la construcción de la paz. Además, porque una de las necesidades señaladas por ellas en los sondeos efectuados tiene que ver con "la mitigación del riesgo de un resurgimiento del conflicto", lo que sin duda se puede alcanzar imprimiéndole la dinámica requerida al diálogo social y a la negociación colectiva laboral, convirtiendo en acuerdos bilaterales y en la práctica eso que la mayoría considera que se puede lograr mediante códigos de conducta y de buen gobierno corporativo.

¿A qué están dispuestos los empresarios?

De acuerdo con el documento "Perspectivas y aportes empresariales para la construcción de paz", de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Fundación Ideas para la Paz y del Instituto Catalán Internacional para la Paz, los empresarios consideran que solo se les pregunta por su aporte en materia de reintegración de desmovilizados, y ellos creen que su aporte va mucho más allá, que debe ser mayor y con enfoque de largo plazo, cumpliendo un rol de ciudadanos corporativos. Esta apreciación es muy importante porque le puede dar una mejor perspectiva a compromisos en materia de cohesión e inclusión en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.

Lo cierto es que, sin descartar ninguna posibilidad, hay un consenso en el sentido de que la empresa privada tiene mucho que aportar en el denominado post conflicto, generando empleo decente y trabajo digno; y que la inversión correrá básicamente a cargo de este sector y ellos están dispuestos, con el aporte del Estado en materia de incentivos y con la ayuda internacional. Dentro de este marco consideran importante reorientar su enfoque acerca de la responsabilidad social empresarial para incorporar la agenda hacia la paz y la resolución pacífica de los conflictos, actuando en sus entornos con sentido social, más allá de las concepciones filantrópicas.

Con respecto a este tema, es de anotar que existen posibilidades de acciones conjuntas, de acuerdo con las asociaciones público privadas (APP) reglamentadas mediante la ley 1508 de 2012, y que le puede dar marco a las acciones y alianzas territoriales para la intervención social y la búsqueda de la paz .

Los temas para la negociación colectiva

Es de esperarse que no todas las empresas participen en el mismo tipo de actividades, porque tienen diferentes condiciones en el contexto de sus operaciones. Pero todas deberán hacer su aporte, reorientando su concepción sobre la responsabilidad social empresarial. A todas les convendrá generar condiciones que les permitan mejorar tanto su imagen como su desempeño económico.

Ahora bien, el Estado como empleador debe cambiar la actitud frente a los empleados públicos, ampliando la posibilidad de negociación de las condiciones laborales de sus servidores, y así dar cumplimiento pleno al Convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en la administración pública. El Estado debe ser ejemplo de sometimiento a las normas internacionales del trabajo, de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política sobre libertad sindical, de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas legales sobre formalización laboral.

El Estado, además, debe fortalecer su capacidad regulatoria y de control, la inspección y vigilancia de los derechos laborales individuales y colectivos, para garantizar su cumplimiento y ejercicio pleno.

Como ideas para acordar e incluir en la negociación colectiva laboral, y por ende en los convenios y acuerdos laborales, dejo las siguientes:

1. El compromiso del Estado, como empleador, en buenas prácticas laborales.
2. Partiendo del compromiso de las partes y de la comunidad de intereses en el propósito de la paz, se puede acordar como declaración el compromiso con esta, por una cultura democrática y por el aprovechamiento del proceso de paz para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales como aporte al nuevo país incluyente y solidario que todos queremos.
3. Acordar el impulso de procesos pedagógicos, formativos y de sensibilización con relación al proceso de construcción de la paz. En el primer periodo se debería trabajar para sensibilizar a la población trabajadora en la necesidad de refrendar los acuerdos con la insurgencia, impulsando en general en la sociedad una perspectiva de reconciliación y una cultura de la negociación, independientemente de las ideas políticas.
4. Lograr compromisos en materia de la implementación de prácticas empresariales responsables en los marcos ético y legal, como condición para la contribución al proceso de transformación y canalización de los conflictos, desechando la violencia, proyectando este comportamiento también a la cadena de valor y a la comunidad.
5. Acordar y fortalecer los espacios para el diálogo social y la negociación colectiva. Donde no existan, se deberán propiciar los espacios con los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo; promover, o por lo menos no obstaculizar, procesos organizativos y su articulación con espacios regionales y sectoriales de negociación y diálogo social, interiorizando la autonomía de las partes y su capacidad para generar normas con estatura de ley.
6. Desarrollar los acuerdos sobre formalización laboral, privilegiando la vinculación laboral directa, en el sector público y privado como elemento esencial del trabajo decente.
7. Acordar programas de formación y capacitación de la población en estado de vulnerabilidad en los entornos de las empresas, lo mismo que la capacitación de victimas para mejorar su empleabilidad.
8. Acordar e impulsar proyectos de reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.
9. Revisar y acordar posibilidades para apoyar la reinserción de desmovilizados y excombatientes, brindándoles formación y oportunidades laborales.

Si no se aprovecha el proceso de construcción de paz para fortalecer la negociación colectiva como alma y nervio del diálogo social, difícilmente se puede pensar en una paz firme y duradera.

Publicado 30 noviembre de 2015.

Publicado enColombia
Ante incumplimientos oficiales, Cumbre agraria, campesina, étnica y popular dirige carta abierta a Santos

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2015

 

Señor:
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Colombia

 

Cordial saludo,

 

Dirigimos a usted esta carta abierta para expresar nuestras consideraciones y preocupaciones ante el proceso de negociación que adelanta su gobierno con las comunidades rurales representadas en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Dos años después que las comunidades rurales movilizadas denunciamos ante el país durante todo 2013 la precaria situación que vive el campo colombiano; y a 19 meses que la Cumbre Agraria fuera reconocida como interlocutora legítima en la Mesa Única de Negociación, su Gobierno no cumple satisfactoriamente los compromisos entorno a la concertación de política pública rural, el funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y garantías, el financiamiento de proyectos productivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y apoyo de proyectos de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación.

Tres meses después de la semana de la indignación en la que comunidades indígenas, negras y campesinas nos movilizamos nuevamente para llamar la atención sobre los incumplimientos y trabas en la implementación de los acuerdos; no han habido avances significativos; por el contrario, vemos con preocupación el rumbo que está adoptando la política rural de su gobierno.

Mientras las comunidades agrarias demandamos una reforma agraria integral que supere la desigualdad histórica en la propiedad de la tierra, y como elemento fundamental para superar el conflicto social y armado, el gobierno sigue empeñado en sacar adelante la iniciativa legislativa que pretende crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres)", figura que permite que los baldíos de la nación pasen a manos no sólo de campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también y principalmente a grandes inversionistas agroindustriales. Mientras las comunidades agrarias no logramos luego de dos años de negociación acceder a nuestros derechos territoriales, los grandes inversionistas en menos de un año han logrado la atención prioritaria con todas las prerrogativas de su gobierno.

Además, no es de buen recibo por nosotros que los funcionarios del alto gobierno dilaten el encuentro con la Cumbre Agraria, como es el caso del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Aurelio Iragorri y que se incumpla con la entrega de respuestas formales a nuestras solicitudes y propuestas entregadas a su despacho.

También, nos preocupa sobremanera que mientras el gobierno anuncia nuevos planes agrarios de gran impacto como "Colombia Siembra" en la que pretenden ampliar la producción con un millón de hectáreas sembradas; llevamos un año tratando de concretar el acuerdo de apoyo a la economía propia (Economía campesina, indígena y negra) y no hemos podido sembrar una sola hectárea de tierra con apoyo del gobierno. Por el contrario, lo que si se ha ampliado es el cultivo de coca, marihuana y amapola que hoy sigue constituyendo una opción para muchas comunidades que a pesar de saber de la ilicitud y recibir la persecución de la ley, sigue siendo su única opción ante la pobre atención del gobierno para fomentar la producción de alimentos para la soberanía alimentaria. Lo único que han recibido las comunidades rurales es una política de erradicación forzada acompañada de la militarización de los territorios, rompiendo la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y poniendo en peligro la voluntad de diálogo que se ha manifestado, abriendo la posibilidad a nuevos ciclos de violencia.

Usted señor Presidente, manifestó de manera pública que la Cumbre Agraria era un sujeto importante para el postconflicto, para superar la desigualdad histórica del campo colombiano, y la conflictividad social fruto de la exclusión y desatención del estado y la guerra. Confiando en su palabra, reconociendo su disposición de diálogo, las organizaciones agrarias nos hemos comprometido a seguir sentados en la mesa, buscando salidas negociadas a la crisis, pero es un hecho que nos enfrentamos al hambre, la persecución y el maltrato recibido por el Estado, y a una institucionalidad sorda, ciega y muda ante nuestra realidad.

Por estas razones exigimos de usted Señor Presidente, honre su palabra y cumpla sus compromisos en materia de desjudialización y garantías de derechos humanos a líderes y liderezas, se cumplan los acuerdos para la discusión, elaboración e implementación de una nueva política pública de desarrollo rural, además de la aprobación y desarrollo de los proyectos productivos del Fondo de Fomento Agropecuario.

Demandamos del gobierno nacional voluntad política, manifiesta a través de la presencia de su equipo de alto nivel ministerial, para que con su carácter decisorio examinen y resuelvan las actuales dificultades, y asuman compromisos claros sobre rutas de agenda de negociación que honren los compromisos gubernamentales en la próxima reunión de Mesa Única Nacional que sesionará el próximo 1 y 2 de diciembre de 2015.

Cordialmente,

Comisión Política
Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular
"Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país"

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC - Congreso de los Pueblos - Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario, CNA - Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA - Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC - Proceso de Comunidades Negras, PCN - Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO - Mesa de Unidad Agraria, MUA - Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC - Movimiento por la Constituyente Popular, MCP - Asociación Campesina y Popular, ASOCAMPO - Asociación Nacional Agraria Campesina, ASONALCAM.

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