La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

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La importancia de llamar las cosas por su nombre

Es claro que la carta de Iván Márquez y Oscar Montero, dirigida a la Comisión de Paz del Senado y fechada el 22 de septiembre, no recibió la atención que merecía. Y no por sus graves denuncias o sus afirmaciones desconsoladoras en relación con la burla a que ha sido sometido el Acuerdo de Paz, cosas que casi todo el mundo sabía, sino porque marca una gruesa línea divisoria en la trágica historia de esta ilusión de “posconflicto” y paz.

 

La carta nos presenta una imagen descarnada de lo que fue la última etapa de la negociación y de lo que se ha conocido como implementación de los acuerdos, incluyendo el gobierno de Santos, aspecto éste de la mayor importancia pues referirse a la política del actual gobierno, enteramente previsible, tiene poco sentido; al contrario, lo que la carta nos invita a preguntarnos es cómo fue posible que el país votara en su mayoría por semejante mandato. Es cierto que termina haciendo un llamado, no exento de desesperación, a salvar el Acuerdo de Paz, y que da a entender que de ninguna manera volverían a empuñar las armas, pero deja en claro que estamos frente a un verdadero fracaso, así, con todas sus letras, lo cual debe preocupar no tanto a ellos mismos como excombatientes, sino al resto del país. Se trata de la reacción unánime del establecimiento en contra de lo que se nos hizo pensar era el cierre histórico de una larga etapa de nuestra existencia como sociedad.

 

En efecto, la reacción ha provenido no solamente del actual Ejecutivo y el partido gobernante, el Centro Democrático, abanderado desde el principio de una cerrada oposición, sino del legislativo, mayoritariamente comprometido con el desmantelamiento del Acuerdo, así como del poder judicial, manipulado por el retorcido Fiscal, incluyendo las altas Cortes. La verdad es que todos los círculos del poder económico y social, oscilaron, desde el principio, entre el ataque desembozado y la aceptación tibia; prevalidos de su control sobre los medios masivos de comunicación, lograron imponer su propia versión que no era otra que la fórmula de rendición en la forma sibilina de “sometimiento a la justicia” encubierta bajo una hipócrita reivindicación de los “derechos de las víctimas”. No se trata solamente de las alternativas políticas y de vida que se ofrecieron para las antiguas Farc. La carta señala, de manera franca y sencilla, que ni la Justicia especial y transicional se orientó a lograr una generalizada rendición de cuentas, ni puede esperarse del mecanismo de conjunto adoptado un asomo de verdad. Nada, pues, que pudiera parecerse a un balance histórico, punto de partida de una promisoria nueva etapa.
Márquez y Montero, ubican la “falla estructural” en la decisión prematura de dejar las armas, única garantía de cumplimiento. Una explicación válida, sin duda, desde el punto de vista operativo, pero insuficiente en términos políticos. El interrogante angustioso que ahora nos asalta es saber si, en verdad, existían condiciones históricas para un acuerdo de terminación del conflicto armado. Ayer con las Farc y hoy con el Eln. Nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a pensar con el deseo. Es cierto que en Colombia no existe ya una situación de guerra revolucionaria, pero de ahí a pensar que tal constatación basta para dar por terminado un conflicto enraizado en la dinámica social y política hay un larguísimo trecho. Las relaciones de poder que lo propiciaron continúan vigentes. Es ahí donde parece encontrarse una profunda equivocación. Siempre se pensó que el calado de las transformaciones sociales, económicas y políticas indispensables dependía de la propia negociación y de la correlación de fuerzas allí expresada. No pocos han insistido en que no es mucho lo que se podía esperar y que era de un insensato maximalismo andar exigiendo imposibles. Ello se repite ahora en relación con el Eln. Pero el orden de los factores es tal vez al contrario. Tampoco podía ni puede confiarse el resultado de las negociaciones a un acto de fe en el establecimiento, en el que lo que hace falta son pruebas de voluntad de paz de parte y parte. Lo que han demostrado los acontecimientos es que mientras se mantengan intactas las relaciones de poder, basadas en relaciones socioeconómicas bastante conocidas y confirmadas una y otra vez en el sistemático plan de exterminio de líderes y liderezas sociales, es una ilusión acariciar la idea de un borrón y cuenta nueva.

 

Para algunos se trata solamente de una fracción dominante, especialmente violenta y derechista encarnada en el uribismo, confiando en la existencia de una burguesía democrática y nacionalista, o por lo menos sensata, que la pudiera poner en su sitio. La verdad es que la cúpula financiera que detenta la hegemonía, una vez más demuestra que no tiene ningún escrúpulo en sostenerla, en aras de conservar el status quo. Es lo que se expresa en el gobierno de Duque. No sólo abandonan la pretensión de surtir algunas modificaciones en el orden rural; no sólo incumplen las ofertas para los excombatientes, sino que buscan una brutal y sórdida venganza.

 

A propósito de lo cual, es encomiable la posición de numerosas personas que insisten en las bondades de la paz, como si ello bastara para crear un clima de opinión favorable a los acuerdos logrados y por concertar. No pocos insisten, incluso, y en una sobreestimación de los aspectos culturales, en que, siendo el conflicto un resultado de la intolerancia, se trata de exigir el respeto por las diferencias y en llamar, como si estuviésemos en una nueva época, al perdón y la reconciliación. Es encomiable pero equivocado. Esta carta nos llama la atención sobre un hecho doloroso pero incontrovertible: la negociación y el verdadero acuerdo no constituyen un punto de partida sino un punto de llegada.

 

En este orden de ideas no queda otra cosa que persistir en el esfuerzo de modificar las relaciones de poder existentes. Desde el movimiento social y político. No puede ser – queda claramente establecido– un resultado de negociaciones en el conflicto armado. Y cabe una advertencia: lo peor de la política del actual gobierno no es su empeño en volver trizas el Acuerdo, expresión que se volvió popular y nos ha llevado equivocadamente al terreno de rescatar lo bueno que se encuentre entre las trizas. Lo peor es que así, coloca al movimiento popular en la tarea única y obsesiva de tratar de defender el Acuerdo de Paz; mientras tanto, continúa con su programa de fondo. Opera como un distractor. La verdad es que Duque no se dedica simplemente a destrozar lo hecho por Santos; su intención no es simplemente reactiva sino claramente propositiva; lo que busca es crear las condiciones para facilitar el despliegue del viejo modelo económico y político. Incluso en lo que parece simple corrección de las reformas acordadas, por ejemplo en materia institucional, política y judicial. Va más hacia adelante. En este sentido, aquello que reclamamos como la tarea indispensable en relación con las aspiraciones de solución política del conflicto armado, la modificación de las relaciones de poder, se identifica nítidamente con las exigencias de la coyuntura.

 

Un desafío es fundamental. Como es bien sabido, el movimiento social colombiano se ha levantado en los últimos años en un ámbito territorial, en resistencia frente a las amenazas y desastres de lo que conocemos como modelo extractivista. Es en ese ámbito en el que el establecimiento busca remover las trabas institucionales que se le han venido presentando. Trabas que se han convertido, a su vez, en instrumento y objetivo de la resistencia popular. Un ejemplo es el reciente y funesto fallo de la Corte Constitucional con respecto a las Consultas Populares. A todo ello se agregan las amenazas que se ciernen sobre las condiciones de vida en general, por ejemplo en materia tributaria o sobre el sistema pensional.

 

En estas circunstancias, no cabe duda, entonces, que el movimiento popular está obligado a replantear la dinámica institucionalista que ha adoptado en los últimos tiempos. No es fácil pero hay que intentarlo. Quizás haya que empezar por entender que las instituciones no son un medio sino un blanco. Hay que cambiarlas a golpes de realidad. No nos va a llegar de la paz o de una aparente democracia participativa. Pero hay que entenderlo y asumirlo; hay que remover los hábitos consagrados. Tal vez convenga recordar el eslogan de una antigua revista: “atreverse a pensar es empezar a luchar”.

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Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

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Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

Profanó el tiempo de Santos, no cedió a la firma de un Acuerdo sin garantías. El Eln le anticipó a las Farc-ep …el que va de primero es a quien pican las avispas. Cual gato con varias vidas, el Eln con cara en territorios y agitación en un entorno, refuta y le planta a Duque: que cumpla con la paz, como Jefe de Estado y no solo de un partido. Que haga el protocolo de un cese bilateral de fuegos y no retroceda en los compromisos del Estado. Cuánta potencia suman el entorno del Eln y la movilización cívica y social, ¿es pequeña o a la medida, para sacar intacta la Agenda Gobierno-Eln? No será fácil.

 

Desdibujada está la Colombia que pospone el gozo de la paz tanto por efecto del poder de las fracciones del privilegio y las injerencias del Norte, como por los errores repetidos –que no son de poca monta– y que afectan la convocatoria de quienes aquí y en las vecindades acogemos postulados contra el poder del capital, sin rectificar en el momento justo. Por ahora, la situación general del país está caracterizada por el ascenso holgado de Duque a la Presidencia.

 

Hecho que no borra: i) la inconformidad con la política neoliberal, en el mismo electorado que eligió al nuevo Presidente, ii) la afirmación espontánea en porciones del tejido social, de una predisposición cívico social violenta, iii) aun con el uso de “operaciones encubiertas” contra la dirigencia social, la incapacidad del Estado y Fuerzas Armadas para aplicar la “consolidación” territorial, que deja un rango para la sobrevivencia de estructuras armadas. Trasfondo en el cual, Duque tiene que descomponer en efecto y número, los ocho millones de votos que titilaron el 17 de junio en la segunda vuelta. Menos que las Farc, pero sin estar intacto ante la opinión, el “Eln no le puede crear una nueva frustración al país”, dice Aureliano.

 

Omar Roberto Rodríguez (ORR). Vastos sectores de opinión y franjas de la izquierda, incluida la órbita de simpatizantes del Eln; ¿preguntan por qué esta guerrilla no aceleró un Acuerdo Final con el Gobierno Santos?
Aureliano Carbonel (AC). El origen de la guerra y su actual contexto no lo pone el Eln. La gente pregunta al Eln por qué demoramos tanto, pero deben preguntar es a las clases dominantes por su tardanza, y por qué mantienen las intransigencias y siguen en lo mismo. Si vamos a cambiar, debemos hacerlo las dos partes. A nosotros nos piden que dejemos de ser guerrilla, y a ellos qué, en qué. Su forma de pensar y de gobernar explica el por qué Colombia, a diferencia de otros países de América latina, ha estado sometido a la lucha guerrillera.

 

ORR. Hay temores de que el conflicto arrecie, ¿para impedir tal riesgo, el Eln firmaría la paz a cualquier costo y en cualquier momento?
AC. Mire todo lo que está pasando con las Farc. En el espejo está que las Farc entregaron las armas y se desmovilizaron, sin embargo no les cumplen los acuerdos. Pero hay más, sigue activo por parte de las clases dominantes el uso de la violencia para ejercer la política y excluir.

 

ORR. Santos esperó que el Ejército le asestara una o más bajas a la Dirección del Eln. Al respecto, el Comandante del Ejército dijo hace poco que la superioridad militar y aérea con la cual pusieron a las Farc a “firmar la paz”, no resulta útil en el caso del Eln. Entonces, el Ejército necesita entre tres meses y un año para ajustar su dispositivo contra ustedes, y mientras tanto ¿la Mesa podría tener un margen?
AC. En ese forcejeo llevamos más de cincuenta años y ellos no nos han logrado acabar, ¡y no es porque no quieran! En estos tres meses y en los seis o más que vienen estaremos en lo mismo. En una guerra son muchos los riesgos, pero nosotros también hemos readecuado nuestras tácticas operativas. Ahora andamos en unidades más pequeñas, más móviles. Hoy uno no puede concentrar un gran número de personal y nuestros mandos andan moviéndose, están evitando que los localicen. En eso andamos, durante más de cincuenta años.

 

ORR. La concesión del premio Nobel a una “paz” sin reforma agraria integral, sin reforma política ni logro de una libertad política y del derecho del pueblo a vida digna, ¿qué efectos tiene eso en las bases y en las orientaciones del Eln?
AC. Hay puntos básicos de los acuerdos que están embolatados y eso trae consecuencias. Además de los puntos que usted señala, están oscuros los mecanismos de participación de la sociedad, del tratamiento a los cultivos de uso ilícito, y hay problemas muy agudos con la reinserción de los combatientes de Farc. Eso nos crea mucha desconfianza. Eso obliga a no repetir el camino que siguieron los compañeros de las Farc, una vez el Gobierno decidió que las negociaciones fueran aparte. Incluso, nos inquieta ¿por qué está en crisis ese proceso?

 

ORR. ¿Por qué está en crisis el proceso con las Farc?
AC. Hay sectores que estuvieron en el acuerdo, que ante el incumplimiento y la posibilidad de que los vayan a judicializar, lo mismo que a Santrich, hoy están en una espera alerta. Nosotros le dijimos a las Farc, “el que va de primero es a quien pican las avispas” Ayer, el mismo Procurador dijo, “si no le cumplen a las Farc, le dan argumentos a aquellos que dicen que no van a seguir”. Así las cosas, el comportamiento de las clases dominantes nos indica que por ahí no es la cosa. Por tanto, el Eln no le puede crear una nueva frustración al país…

 

ORR. …el proceso con las Farc les advierte de una postura que no van a repetir…
AC. Claro. Por eso adquiere más relevancia el esfuerzo de darle participación a la sociedad en la construcción de una salida política. Por eso es el primer punto de la Agenda Gobierno-Eln, y por eso no nos cansamos de señalar que negarlo pone al proceso en condiciones imposibles.

 

ORR. ¿Es verdad que para ustedes, como organización, no piden nada?
AC. Eso está demostrado en los puntos de la Agenda que acordamos y en lo que hacemos. Nosotros no estamos en un proceso para conseguir una favorabilidad política y unos mecanismos de reinserción. ¡No! El Eln está levantado en armas porque tiene unos ideales y quiere que Colombia cambie, para que este país se encamine por otro rumbo

 

ORR. …el Eln no reclamaría la creación de un partido propio sino que se vincularía a las expresiones sociales y políticas de oposición y resistencia social?
AC. Este no es el momento para anticipar ese tipo de cosas.

 

ORR. Tras seis años de pasos previos y acuerdo en una Agenda que al final de 2017 logró un “cese bilateral de fuegos”, ¿en qué estado y dónde quedó la negociación?
AC. En los cinco ciclos de conversación el Punto Uno de la participación de la sociedad con un carácter protagónico y determinante no se pudo desarrollar y la secuencia de la Agenda está acordada. Dicha participación es el corazón del proceso, que no es para un acuerdo guerrilla-gobierno. Sin embargo, el Punto Uno sólo se comenzó a tratar hasta el pasado mes de mayo, porque el Gobierno, como representante del establecimiento, no quiso tratar este punto. Es muy visible: con estas clases dominantes es complejo llegar a acuerdos.

 

ORR. ¿Qué pone de su parte el Eln?
AC. Destaco los avances: Uno, pactar un cese bilateral de fuegos durante cien días, que no es algo simple, anticipaba cuestiones futuras. Dos, completar un apoyo de la comunidad internacional, que es fundamental. Y tres, darle más cuerpo a la mesa, con un método de trabajo.

 

ORR. ¿Hoy, qué clase de comunicación tienen con Miguel Ceballos?
AC. Con él tenemos un contacto telefónico. En calidad de Alto Comisionado de Paz –ahora con dos títulos más “para la legalidad y la convivencia”– llamó para informarnos que todo lo relativo a las liberaciones de personal de las Fuerzas Armadas, sorprendido en territorios con presencia nuestra, debemos manejarlo con el Ministerio de Defensa. Imagine los enredos y las dificultades que eso conlleva. La operación de las liberaciones en Arauca y Chocó nos tocó adelantarlas por nuestra propia cuenta y con mayor riesgo. Los protocolos siempre se hacen entre las dos partes militares del conflicto, para garantizar el éxito y la seguridad para los detenidos y el resto de personas que actúan, incluyendo la misma guerrilla.

 

ORR. ¿Puede dar detalles?
AC. En Arauca había una militarización impresionante e igual en el Chocó. Así y todo, en las liberaciones recientes, no hubo la posibilidad de acordar un protocolo para que no ocurriera nada grave. Es un riesgo en una operación que compromete a distintas comunidades, Afortunadamente salieron bien.

 

ORR. ¿El Eln enfrenta ahora un escenario mejor, igual o más estrecho del que manejaron las Farc-ep? Cabe esta pregunta, ya que a pesar de los asesinatos, de la deuda social que tienen las fracciones del poder, el triunfo de Iván Duque mantiene y hasta aumenta la iniciativa política y de opinión que tiene el poder desde hace lustros.
AC. Cada vez es más creciente en el país el respaldo a una salida de paz. Así, acaba de realizarse la Semana por la Paz con presencia de muchos sectores y organizaciones. Pero hay algo que es alentador. Hay otra opinión que crece y dio un salto de ocho millones que votó por una idea general: la paz y los cambios. Un punto a favor no del Eln sino de la paz y el cambio.

 

ORR. ¿Esos ocho millones no resultan opacados, dado que el candidato de la Calle, personero de la paz durante varios años, a la hora del voto no alcanzó ni 400.000?
AC. En la segunda vuelta el partido liberal apoyó a Duque, candidato del Centro Democrático (CD), sector que se le atravesó a Santos en las gestiones de paz. Aunque es un sentimiento en sentido general, difuso, la gente comienza a distinguir: vio otra opción, ya no sólo que las Farc dejaran las armas sino que el país coja otro rumbo. El voto por Petro posiciona ahora un querer distinto al tradicional.

 

ORR. Sectores del activismo social tienen la inquietud de que el Eln en aplicación de la “combinación de todas las formas de lucha”, tenga capacidad para proteger el aparato militar, pero no así las comunidades, expuestas al peligro paramilitar y del Ejército.
AC. El Eln siempre y más en los últimos años, ha tenido la política de promover la acción del pueblo. Esa es una regla de oro: fundirnos con la lucha popular. Pero mire las cosas que pasan con las Farc. En muchos lugares la gente está reclamando que vuelvan las Farc o que llegue el Eln. ¿Por qué? Porque sin las Farc a las zonas están llegando bandas, grupos paramilitares, inversionistas del narcotráfico, y hay un desorden impresionante. La gente nos pide estar ahí...

 

ORR. ¿Qué le respoden ustedes a las zonas donde les dicen vengan para acá?
AC. Nosotros quisiéramos llegar a todas esas zonas, pero eso no es fácil. Donde podemos llegar, llegamos… Nosotros decimos que el país no puede llenarse de guerrillas, pero en la lucha por la vida y la dignidad, es un deber promover que la gente se organice, que adopte formas de protección, hacer e idear mecanismos de alerta.

 

ORR. ¿Duque dice que el Eln incumplió el “cese bilateral” y atacó el oleoducto?
A.C. Esa violación nunca sucedió. En cualquier revisión de prensa que usted haga, y de los mecanismos de veeduría y verificación con presencia de la ONU, de la Iglesia, del Gobierno y el Eln, es verificable que no se puede acusar al Eln de una sola voladura del oleoducto en el tiempo que rigió el cese de fuegos. Cuando Duque dice que fue en el primer mes de cese bilateral, no le dice la verdad al país. Posiblemente está mal informado.

 

ORR. En círculos exclusivos Juan Gabriel Uribe dice que oyó a Santos decir que “esta paz nos resultó barata”, frase que le aconsejó no repetir, ¿con el Eln, Duque la quiere gratis

AC. Duque puede contar con el Eln para avanzar en un proceso de solución política. Puede contar con el Eln para desarrollar la Agenda que en su quinto punto dice “terminación del conflicto”. También, para avanzar por la paz y los cambios, pero no para que esto sea un proceso de rendición y entrega. No, para que el Eln desaparezca como insurgencia y el país siga exactamente igual. Para eso no…

 

ORR. Así visto, ¿Duque tendría la oportunidad de articular a la Nación e integrar al mapa la totalidad del territorio, si no desconoce la conversación con el Eln?
AC. En todos estos años, la clase dominante ha tenido la oportunidad de avanzar hacia la paz. De inaugurar los días en que caminemos por otro país, con un quehacer distinto de la política, de la lucha y las contradicciones, sin la violencia de ellos y, por supuesto, sin la respuesta violenta y obligada de la Colombia excluida. Duque tiene en sus manos entregar otro país, sin sangre, si el Centro Democrático lo permite y varía su enfoque…

 

ORR. …y si un protagonismo popular varía la correlación de fuerzas del país…
AC. Una vez más, por la actitud de quienes detentan el poder, Colombia está perdiendo la posibilidad de superar más de setenta años de conflicto armado. Y los responsables son ellos. Mire cómo tratan a las Farc, que cumplieron, se desarmaron y desmovilizaron, sin que el Estado cumpla de la misma forma.

 

ORR. Y con el Eln, ¿Duque está en lo mismo?
AC. El Presidente quiere desconocer todo lo acordado con el Estado, a través del gobierno anterior. Nosotros queremos la solución política, y en esa dirección nos alienta el ambiente creciente por la paz de importantes sectores del pueblo y la Nación.

 

ORR. Las Farc admitieron y acordaron una agenda que incluyó el asunto del narcotráfico, y de fondo señalaron una dejación de armas –distinta a una “entrega”. Una fórmula que el Eln no acoge, ¿cuál es en términos públicos, el «sentido táctico» y la «proyección estratégica» del acumulado militar con el que cuenta el Eln?
AC. Debemos precisar primero, que el Eln no es sólo una organización de tipo militar. Su acumulado va más allá. Somos un acumulado de acción por el país, un acumulado social. En segundo lugar, el narcotráfico no está en la Agenda porque el Estado conoce y domina que el Eln no tiene cocinas ni participa en la comercialización. En las zonas donde el Eln está cobra un impuesto a todas las actividades económicas rentables, entre estas, la del narcotráfico.

 

ORR. En la diferencia político-militar del Eln que usted remarca, vuelvo a preguntar: ¿En el aspecto militar, ¿cuál es su objetivo táctico y cuál el de carácter estratégico?
AC. En el Eln nos levantamos en armas porque no había opción para la lucha política legal, así lo dijo Camilo. Por eso, cuando la clase en el poder no ejerza la violencia en la política, en ese momento el Eln no tendrá razón para seguir en armas. Ya veremos qué salida darle al asunto de las armas, ahí está en el punto quinto, una vez superemos los otros temas de la Agenda, con el debido respeto de su secuencia.

 

ORR. El gobierno Duque no cuenta con el beneplácito de la comunidad internacional para decapitar la Agenda. Aun con ese aspecto en contra, ¿la movilización cívica y social es suficiente, alcanzará para mantener intacta la Agenda?
AC. Las clases en el poder siempre incumplen los compromisos. En ese marco y a su manera existe una presión de los factores internacionales por sacar adelante la paz. De tal manera lo expresó la Directora del FMI. En estos días salió una encuesta Gallup con el 69 por ciento a favor de continuar el proceso con el Eln, y una buena parte del movimiento popular apoya la agenda y el punto de la participación social. En ese sentido, hace poco tuvo lugar una Semana por la Paz con la participación de muchos sectores. Es decir, estamos en esa lucha y hemos construido un diseño y una arquitectura del proceso, que no ha sido fácil.

 

ORR. La situación del pueblo salvadoreño era distinta a la del movimiento popular en Colombia. Allá las Organizaciones Políticas de Masas respaldaban el objetivo «ofensiva final» del Frente Farabundo Marti. Una condición bien distinta de organización popular y polarización política. ¿Cuál sería el desenlace del conflicto: sólo la incertidumbre electoral a cuatro años, con un Eln abocado a un repliegue prolongado?
AC. Con sus enseñanzas, cada pueblo y cada proceso tienen caminos diferentes. En este momento, nosotros estamos comprometidos y luchamos por lograr una salida política.

 

ORR. El día de su posesión Duque propuso una Ley con carácter constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no sean “conexos” con el derecho de rebelión. ¿Es una medida deliberada, de cerco político contra el Eln?
AC. Sí. Aunque dicen que no será retroactivo, hace parte de la actitud del CD de oponerse al proceso de paz y conlleva una intencionalidad también contra los acuerdos con las Farc. En la Comisión de paz del Congreso, solo el CD no firmó que continúe la Mesa Gobierno-Eln.

 

ORR. Si el Presidente deja la “silla vacía” aquí, ¿qué respuesta han pensado ustedes?
AC. Seguimos luchando por una salida de paz Esperando que el país presione para que esta mesa no se rompa y haya cumplimiento y pacta sum servanda por parte del Estado. Pablo Beltrán respondió que …un armadillo dijo debajo de una palma ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí.

 

En el horizonte

 

“Hay una mesa en receso”, es la frase de Aureliano que pone cierre a la entrevista. Desde el Gobierno, el Comisionado de Paz dijo que la delegación del Eln en La Habana sigue sin órdenes de captura. En Colombia sin excepción, está sobre el tapete que la solución política de un conflicto irregular depende de diversos factores económicos, políticos de gobernabilidad del régimen, diplomáticos e internacionales, pero ante todo –sin desproporción–, de los aspectos militares y su correlación operativa en los teatros militares. Al respecto, no es común hacer un recuento de las acciones que ejercita y podría adoptar el Eln, como son: i) tener el oleoducto como blanco, para afectar la economía, ii) usar el secuestro –no indiscriminado– con fines financieros (una guerrilla sin recursos, queda sujeta a firmar los papeles que le pongan) iii) adoptar sin propósito de canje, la retención de militares y policías, gota a gota, que es muestrario del conflicto, iv) como dolor de cabeza para el Ejército por los daños colaterales que puede acarrear, hay una porción de pueblo rebelde en las zonas que el Ejército declara rojas y objetivos, y v) la sorpresa de una acción mediana o grande de “propaganda armada”. En el horizonte, una paz total, anda perturbada.

 

* Periodista.

 

Publicado enEdición Nº250
El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

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“He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”

Miles de excombatientes heridos están perdiendo la fe en el pacto al tener dificultades para acceder al debilitado sistema de sanidad pública de Colombia

 

 Pablo Jiraldo recibió un disparo en el maxilar en su cuarto día en el frente. Sucedió hace 10 años, cuando luchaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la guerra que vivió el país durante décadas. El hombre, de 43 años, afirma que la bala la disparó un soldado del Gobierno.


“Fui a buscar mi arma, pero me disparó”, recuerda. “Fui valiente. Perdí la mitad de la cara”. Sobrevivió gracias al eficiente sistema sanitario clandestino de las FARC, pero Jiraldo ha quedado desfigurado y necesita atención médica frecuente. Es uno de los muchos excombatientes que tienen problemas de salud y lesiones sufridas durante los años de combate y la vida como fugitivos, según afirman médicos y trabajadores humanitarios.


Laura Villa, una excomandante de la guerrilla que lideraba el sistema de sanidad del grupo, calcula que más del 10% de sus cerca de 7.000 excombatientes viven con problemas de salud crónicos como consecuencia del conflicto.


Durante años, las FARC facilitaron tratamiento a sus combatientes heridos en el campo de batalla. Pero cuando se ratificó el Acuerdo de paz entre el grupo armado y el Gobierno, en noviembre de 2016, el servicio pasó a ser responsabilidad del sistema público de sanidad de Colombia. Ya de por sí limitado, este ha tenido hasta ahora dificultades para incorporar los casos de las FARC, pese a las promesas hechas bajo los acuerdos de paz, señala Villa, quien está ahora encargada de supervisar la reintegración y de coordinar los programas rurales de sanidad liderados por ONG.


La escasez de servicios sanitarios contribuye a la falta de confianza en un acuerdo que ya se mueve sobre arenas movedizas, a consecuencia de la falta de progreso en la aplicación de las reformas y de las alegaciones de corrupción en la asignación de los fondos para estos cambios.


Según las condiciones del Acuerdo de paz, las FARC debían dejar las armas y desmovilizarse, mientras que el Gobierno tenía que aplicar una serie de reformas y propuestas de medidas centradas en las causas fundamentales del conflicto, el cual, muchos reconocen, deriva de la desigualdad rural. Además de las propuestas de reforma agraria, los programas de sustitución de los cultivos de coca y la mejora de las infraestructuras y los servicios, a los combatientes de las FARC también se les prometió acceso al sistema de sanidad del país.


Los acuerdos también prevén que “excepcionalmente, para enfermedades graves de alto coste y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención durante 36 meses”.


La atención sanitaria era una “parte muy importante del paquete”, según Ivan Briscoe, director de programas para América Latina del International Crisis Group. “La idea de que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de estas personas para que puedan integrarse en la sociedad colombiana es fundamental”, añade Briscoe.


El problema de la atención sanitaria “plantea la cuestión fundamental que es transversal a todo el proceso de implementación del proceso de paz: ¿cuánto se ha sobrevendido el Estado colombiano?”
Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes (aproximadamente 1.200 miembros de las FARC aún están activos) o aumentar su vulnerabilidad al reclutamiento por grupos criminales u otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización guerrillera marxista.


Las elecciones que tuvieron lugar el 17 de junio y llevaron a la presidencia a Iván Duque, un político de derechas que critica el histórico Acuerdo de paz del país, han incrementado esta sensación de intranquilidad. La legislación relacionada con el Acuerdo no podrá anularse en 12 años, pero Duque ha prometido efectuar algunas modificaciones al mismo.


No está claro si alguno de estos cambios afectará negativamente al acceso limitado de las FARC a la atención sanitaria. Si fuera así, traería más problemas a combatientes como Jiraldo que tienen problemas para recibir tratamiento médico.


“Me alegré cuando se firmó el proceso de paz; pensé que todo mejoraría. Pero me equivoqué. He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”, se lamenta Jiraldo, y añade que su comandante alega que su lesión es ahora responsabilidad del Gobierno.


Jiraldo, que también sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT), se ha sometido a 18 operaciones financiadas por las FARC desde que recibió el disparo, todas ellas antes de la firma del Acuerdo de paz. Pero muchas fueron chapuzas ―cuenta que un cirujano le estiró el párpado para tapar el espacio que antes ocupaba su globo ocular en vez de utilizar un injerto de piel— y sigue necesitando atención médica frecuente.


No ha podido conseguir tratamiento efectivo en el sistema de sanidad pública de Colombia desde la firma del acuerdo de paz y afirma que ha sido rechazado por cinco cirujanos diferentes del Estado. Solo logró recibir atención médica adecuada tras conocer a Claudia Luzar, que trabaja con la Comisión de Conciliación Nacional, un grupo de paz y reconciliación financiado parcialmente por el Gobierno alemán. Con su ayuda y la ayuda económica ha podido conseguir tratamiento privado.


“Durante cuatro años, padeció una infección por una superbacteria, el staphylococcus aureus resistente a la medicina (SARM), para la cual le estoy dando tratamiento actualmente”, explica el doctor Peter Jasinski desde su clínica privada en Bogotá. Luzar presentó a Jiraldo al médico, polaco de nacimiento, tras conocer su drama. En un intento de liberar a Jiraldo de la complicada infección, Jasinski ha estado administrándole diariamente inyecciones de una solución salina en su herida —que atraviesa su maxilar superior y la cara— antes de administrarle antibióticos.


Jiraldo tiene arcadas y respira con dificultad durante todas las intervenciones, pero estas son necesarias para prepararlo para una posible operación que se espera que acabe con el ciclo de reinfección. Aún no se sabe quién realizará la operación, ni quién la pagará.


“Pablo no tiene ninguna confianza”, afirma Luzar. “Se suponía que el proceso de paz iba a generar confianza, pero ha tenido el efecto contrario”.


El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC. “Cuando estaban en las FARC, no era necesario pedir cita”, explica la excomandante Villa. “Para cualquier cosa que necesitasen, en cualquier campamento, había un profesional preparado para ayudar”. Y añade: “Así que cuando lo dejaron y pasaron a pertenecer al sistema colombiano de atención sanitaria… la transición fue muy dura”.


Pero el problema es simplemente que los excombatientes están experimentando ahora los mismos problemas con la atención sanitaria pública que el resto de la población, remacha Villa. Los analistas se hacen eco de esta opinión. “La atención sanitaria pública en la sociedad colombiana no es buena tal como está”, señala Briscoe, del International Crisis Group. “El hecho es que, en las zonas rurales, los servicios sanitarios públicos son deficientes. Eso no ha cambiado”.


La situación de la atención médica también presenta una paradoja, afirma Kristian Herbolzheimer, de Conciliation Resources. “Si el Gobierno atendiera a los excombatientes y no al resto de la población, ello generaría agravio”, explica. “Parecería que los que tomaron las armas son recompensados, y los que no lo hicieron, no”.
Para Jiraldo, su mala salud no es el único factor que refuerza su desconfianza hacia el proceso de paz. También le preocupa el sueldo escaso que percibe mensualmente ―que se acabará con el nuevo Gobierno― y su percepción de que no tiene posibilidades de futuro.


“No creo que el proceso de paz sea real”, admite Jiraldo. “Mucha gente está volviendo para seguir luchando”, añade. “Si yo tuviera salud, volvería ahora mismo. Continuar con la guerra no es la solución, pero no hay otra vía”.


La excomandante Villa admite que un retorno del conflicto es una posibilidad, dado que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones bajo los acuerdos. Pero mantiene la esperanza.


“Una de las principales características de la gente revolucionaria es que son muy optimistas”, afirma. “Las décadas de conflicto nos han hecho fuertes y ahora somos guerreros en busca de una paz a largo plazo”.


Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

Bogotá 5 AGO 2018 - 17:07 COT

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En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

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Nueve asesinados en El Tarra: A sangre fría, a plena luz del día, ante los ojos de la Fuerza Pública

Un desangre que se ahonda y se prolonga, ahora sus hilos llegaron al Catatumbo, al municipio de El Tarra. En plena luz del día del 29 de julio, cuando la diversión y el compartir desprevenido llenaba uno de los billares con que cuenta este municipio en su zona central, en donde varios amigos compartían recuerdos y visiones sobre el presente, la presencia inesperada de un grupo de sicarios encapuchados, transportados en motocicletas, y dotado de fusilería, interrumpió con ráfagas de 5.56 y 7.62 el rodar de las bolas de billar, así como la vida de nueve de los allí presentes; otros dos quedaron tendidos en el piso, impactados sobre su humanidad.

“[…] entre las nueve personas asesinadas había un líder social perteneciente a la Asociación campesina del Catatumbo. Se trata de Frederman Quintero presidente de la junta acción comunal de la vereda el 84, responsable del Comité veredal de Ascamcat”, informó a desdeabajo, en conversación telefónica, Juan Quintero vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según informa Ascamcat en su página, este líder social participaría el próximo 3 y 4 de agosto en la Audiencia Popular Regional a celebrarse en el municipio San Calixto de la región del Catatumbo. Las audiencias permiten a la población opinar políticamente y llevar a cabo lo que constitucionalmente está reglamentado: ejercer el estado social de derecho, para buscarle solución a la problemáticas existentes en la región.

Juan Quintero nos narra parte de los hechos ocurridos ayer en El Tarra:

“Según versiones de la autoridad departamental, entre este grupo de personas se encuentran tres ex integrantes de las Farc acreditados por el Comisionado de paz”, lo que permite entrever que la masacre fue fríamente calculada, buscando golpear en dos direcciones de manera simultánea: liderazgos sociales y personas con capacidad y experiencia militar, y tal vez disposición para retomar su batalla si los incumplimientos del Gobierno Nacional con lo firmado en La Habana y luego en el Teatro Colón, prosiguen.

Otras de las víctimas que registra este ataque sicarial, a las cuales Juan Quintero se refiere como “[…] personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado (son): “un joven que vendía lotería y está por establecerse la identidad de las otras personas que se encontraban en el establecimiento”.

Las horas pasan, un aire de temor y zozobra expande aires amargos sobre este territorio, y pese a ello las autoridades no se atreven a confirmar el grupo responsable de la autoría de este ataque. Algunos especulan con la posibilidad de que la autoría de los hechos recaiga sobre alguna de las estructuras armadas que con más evidencia ejercen control sobre esta parte del país, sin embargo el Eln y el Epl, pocas horas después de conocido este insuceso, dejaron en claro que no participaron en los hechos. Como es conocido, ambas agrupaciones sostienen una confrontación abierta desde hace varios meses, la cual ha dejado como resultado varios muertos, el secuestro de líderes sociales por espacio de varios días, la imposición de paros armados como evidencia de control territorial y el temor entre la población que habita esta parte del país de quedar en medio de combates que toman forma en la parte rural a distinta horas del día.

Sobre este particular enfatiza nuestro entrevistado: “[…] hay una incertidumbres de quienes pudiesen haber sido; están circulando unos comunicados del Eln y el Epl desvinculándose del hecho, rechazándolo, se está verificando la veracidad de los hechos, pero lo que hay que preguntarse es, ¿cómo es posible que se desarrolle una masacre a plena luz del día, en un casco urbano de los más custodiados del Catatumbo y la fuerza pública no se de por enterada”.

Es una realidad que genera una suspicaz duda en relación a cómo sucedieron los hechos, técnicamente en las narices de la Fuerza Pública que copa el casco urbano de esta localidad.

Preguntado sobre amenazas recibidas en días pasados, Juan Quintero confirma que no sabían de ningún tipo de amenazas en contra del líder social, y hasta el momento las autoridades tampoco han explicado algo sobre los posibles responsables. Según ellas, están esperando a la reunión del Consejo municipal de paz, reconciliación y no estigmatización, del municipio de el Tarra para esclarecer los hechos.

“[…] y lo de siempre, lo que hemos expresado es un anuncio de desmilitarización. Nosotros pensamos que hay que ir más de fondo a este tema, hay unos escenarios propicios para ayudar a resolver los conflictos sociales y armados que tenemos en la región, y esperamos que esas voluntades existan en los grupos armados, en las autoridades y en el Gobierno”.

Al despedirnos, recordamos que esta parte del país, fuertemente azotada por el paramilitarismo hace dos décadas, no vivía un hecho similar desde hacía dos décadas. Eran tiempos donde no se sabía cuál sería la próxima víctima, pero donde muchos temían por su vida. Hoy parece volver tal temor, ahondado por la ofensiva paramilitar vivida desde hace cerca de dos años en contra del movimiento social.

Es un recuerdo y un temor que también hace temer por el futuro del Acuerdo de Paz, deshecho en varios de sus principales apartados, y marcado por la sangre de decenas de sus actores medios y de base. Sin duda alguna, Santos se va el próximo 7 de agosto sin haber cumplido con su promesa de paz completa y manchado por la sangre de los liderazgos sociales asesinados en distintas partes del país.

 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enColombia
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248