En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

Publicado enEdición Nº248
Domingo, 08 Julio 2018 07:39

May busca apoyos para su plan de Brexit

May busca apoyos para su plan de Brexit

La jefa del gobierno necesita el apoyo de su partido, sumido en continuas trifulcas internas, para avanzar en un acuerdo de Brexit que luego deberá someter a votación en el Parlamento británico, donde tiene una mayoría frágil.

May dirige la reunión de gabinete sobre el Brexit en la residencia oficial de Chequers.
May dirige la reunión de gabinete sobre el Brexit en la residencia oficial de Chequers.

La primera ministra británica, Theresa May, emprendió ayer la ardua tarea de unificar a los conservadores en torno a su nuevo plan para el Brexit, que implica crear un área de libre comercio de bienes con la Unión Europea (UE) para cuando el Reino Unido ya no está en el bloque comunitario. May ha escrito a sus diputados para dejar claro que, tras el acuerdo alcanzado por los ministros el viernes en Chequers (sureste inglés), “se ha restaurado la responsabilidad colectiva” dentro del Ejecutivo, lo que significa que espera que nadie se desvíe a partir de ahora de la línea oficial.

El jefe de disciplina del Partido Conservador, Julian Smith, recibió ayer a varios parlamentarios en Downing Street, despacho y residencia oficial en Londres de May, y esta hará una intervención mañana ante el grupo parlamentario “tory” en la Cámara de los Comunes. La jefa del Gobierno necesita el apoyo de su partido, sumido en continuas trifulcas internas, para avanzar en un acuerdo de Brexit (salida británica de la UE) con Bruselas, que luego deberá someter a votación en el Parlamento británico, donde tiene una mayoría frágil tras perder la absoluta en las elecciones de 2017.

El jueves, se espera que el Ejecutivo remita a la Comisión Europea un Libro Blanco con su propuesta para la futura relación bilateral, que incluirá el pacto alcanzado ayer tras una reunión maratoniana del gabinete en la residencia oficial campestre de Chequers. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha indicado en la red social Twitter que esperará a ver la iniciativa completa antes de decidir si es “viable y realista”. El plan, que ya ha indignado a los partidarios de un Brexit radical, propone la creación de un área de libre comercio de bienes entre el Reino Unido y la UE al término del periodo de transición de veintiún meses posterior a la salida británica, que se ejecutar? el 29 de marzo de 2019. Ese mercado común solo para bienes –no servicios– implicaría una armonización regulatoria y hasta cierto punto aduanera, la creación de un mecanismo de supervisión diferenciado del Tribunal europeo de justicia y un “marco de movilidad” ciudadana, en lugar de la actual libertad de movimiento.

Varios diputados conservadores euroescépticos han cuestionado ya este plan, mientras que de momento no se ha pronunciado la poderosa minoría de ministros favorables a un Brexit completo, entre ellos el titular de Exteriores, Boris Johnson. El parlamentario Jacob Rees-Mogg, líder del Grupo de investigación europea, que agrupa a “tories” pro Brexit, lamentó que la propuesta consensuada “hará casi imposible” firmar tratados comerciales con terceros países y opinó que “es posible que este acuerdo sea peor que una ausencia de acuerdo”. La diputada Andrea Jenkyns advirtió, por su parte, de que con esta propuesta la empresa británica seguiría “tomando órdenes de la UE”, mientras que su colega Bill Cash consideró que el plan consensuado es “decepcionante” y plantea “muchos problemas”.

El ministro de Transporte Chris Grayling, que votó por el Brexit en el referéndum de 2016, salió en cambio en defensa del pacto alcanzado el viernes. “Lo único que se propone –dijo– es que vendamos los mismos productos a Europa que ya vendemos ahora”. Sin embargo, Grayling admitió que esa posible armonización con la UE podría dificultar un futuro acuerdo comercial con países como Estados Unidos, que tienen diferentes estándares en sus productos.

El embajador estadounidense en Londres, Woody Johnson, ha asegurado que el presidente Donald Trump “pondrá toda su energía” en conseguir un buen acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido que podría partir incluso de “tarifas cero”. La directora general de la patronal empresarial Confederación de la Industria Británica (CBI), Carolyn Fairnbairn, estimó que el acuerdo consensuado “es una inyección de confianza”, pero avisó de que “el trabajo duro empieza hora”.

Tanto el Partido Laborista, principal de la oposición, como la ministra principal del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, han dudado de que Theresa May pueda mantener la unidad de su formación política y no descartan que el plan pueda ser rechazado por Bruselas.

Publicado enEconomía
“Somos un tribunal de paz con vocación de reconciliación”

"Desconocer los acuerdos de paz es complicado, porque son de Estado, no de Gobierno", afirma la magistrada colombiana

Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. La elección de Iván Duque el 17 de junio cuestiona el futuro de ese tribunal por la voluntad del nuevo presidente de modificar algunos aspectos de lo acordado con la antigua guerrilla. Su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, trata de frenar en el Congreso la norma que regula el funcionamiento del organismo, que comenzó a operar en marzo. En este contexto, Linares comenzó el domingo una gira para fortalecer relaciones con Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Suprema de Justicia de Noruega y con Dolores Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en España.

“Esto fue construido con filigrana, en detalle, es producto de una negociación”, subraya Linares, quien pese a las voces críticas con los acuerdos confía en la solidez de la JEP, amparada por la Constitución. Esta magistrada ya se reunió con el presidente electo, que ha prometido “corregir” el proceso de paz, rechazado por un estrecho margen en el plebiscito de 2016. Los mensajes de Duque, que recogerá el testigo de Juan Manuel Santos en agosto, fueron “constructivos y tranquilizantes”, relata Linares, pero atender esos reparos implicaría una reforma constitucional que en Colombia tarda un mínimo de dos años. “Yo en lo político no me meto”, aclara Linares, aunque la institución que preside se encuentra en el centro de una disputa de carácter político. “Hay una ley que está avanzando, es necesaria”, señala. “Nosotros estamos tranquilos, porque cualquier modificación tendrán que darla dentro de los cauces democráticos. ¿Es imposible reformar el sistema? No, claro que una reforma constitucional es posible”, explica. No obstante, coincide con los argumentos de Santos cuando este afirma que "la paz es irreversible”. “Desconocer los acuerdos, pues, yo lo veo más complicado, porque son unos acuerdos de Estado, no es un acuerdo de Gobierno, y acarrea obligaciones de carácter internacional para el Estado colombiano”, defiende.


También asegura que la JEP puede seguir funcionando sin reglamento. “No es que nos inventemos las normas. Si en materia estrictamente penal no encontramos una norma concreta para una situación, acudimos a la norma general”, asegura. Sin embargo, reconoce que “hay mucha inquietud para que se produzcan decisiones prontas en todos los ámbitos”. “Una de las propuestas que presenta el presidente electo es que hay que crear una sala especial para militares”, prosigue a modo de ejemplo. “La sala como tal existe, que da un trato diferenciado, aunque simultáneo a los otros miembros [las FARC]”.


La JEP, cuyos jueces fueron elegidos por una comisión independiente de expertos internacionales, “es un tribunal de paz, un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”, continúa Linares, preocupada por que la sociedad colombiana, dividida sobre los acuerdos, entienda su propósito y la centralidad de las víctimas. “Es un tribunal que tiene todas las garantías que ordena la Constitución para un proceso judicial, pero con la vocación hacia la reconciliación. Aquí lo que van a encontrar son jueces y magistrados plenamente dispuestos con sus tareas, que se fundamentan en la necesitad de paz, pero satisfaciendo los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Van a encontrar compromiso democrático pleno, sometimiento a la Constitución y a la ley y el modelo de centralidad de las víctimas”.


La magistrada solo pide que se termine el trámite de la ley de procedimiento. “Hay ataques que no son admisibles en un marco democrático a jueces”, dice en referencia a la estigmatización de algunos sectores. Y recuerda la importancia de la comunidad internacional para el desarrollo de la paz. “El apoyo no solo será, sino que ha sido fundamental para que el proceso haya prosperado. Y viene una etapa en la que este apoyo necesita que se refuerce”.


  LAS VÍCTIMAS, EL CENTRO DE LA JURISDICCIÓN


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es el primer sistema de justicia transicional de Colombia. De hecho, aprende las lecciones de otro, llamado Ley de Justicia y Paz, diseñado para desmontar los grupos paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que estuvo en el poder durante dos mandatos entre 2002 y 2010. Ese ensayo, apunta Patricia Linares, “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”. En la JEP, en cambio, “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

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La ONU insta a poner en marcha el sistema de justicia para la paz en Colombia


El partido del presidente electo, Iván Duque, y de Álvaro Uribe rechaza la petición de Naciones UnidasNaciones Unidas instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.


La organización destaca en un comunicado que la transición posterior a la desmovilización y desarme de las FARC debe cimentarse en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Esa es la premisa de la JEP, que se constituyó en marzo y cuya función primordial ahora peligra por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.


Lo pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. Naciones Unidas recuerda, además, que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.


Sin embargo, el primer desafío del uribismo consistió en aplazar de manera indefinida, en sede parlamentaria, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU.


La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, dejó claro en un comunicado que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.

 

Francesco Manetto
Bogotá 27 JUN 2018 - 00:17 COT

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Sábado, 09 Junio 2018 04:47

Contacto en Beijing

Contacto en Beijing

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió ayer con su homólogo chino, Xi Jinping, quien lo recibió con honores militares en el Gran Salón del Pueblo de Beijing (foto), para profundizar la alianza entre ambas potencias que en la actualidad mantienen una tensa relación con Estados Unidos.


En la reunión, que se produjo mientras en Canadá se llevaba adelante una áspera agenda para el encuentro del G7, Xi y Putin evaluaron los alcances de la cumbre que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, la semana entrante. Además, abordaron la decisión de Washington de dar por finalizado el acuerdo nuclear con Irán, según estimaron observadores internacionales.


En el encuentro de ayer, Xi condecoró a Putin con la Medalla de la Amistad con China, distinción que se entrega por primera vez en el gigante asiático en un gesto que busca realzar la alianza cada vez más firme entre ambas potencias. “Las partes expresan su intención de fomentar la cooperación en todas las áreas, y desarrollar un diálogo estratégico basado en la confianza en los niveles más altos y superiores, por lo que continuarán desarrollando mecanis

mos de cooperación bilateral intergubernamental, interparlamentaria, interpartidaria, interinstitucional e interregional”, dice un documento difundido ayer por el gobierno chino.
Según la declaración, Rusia y China acordaron mantener contactos más estrechos sobre seguridad estratégica en condiciones de creciente inestabilidad. “Las partes continúan desarrollando contactos sobre seguridad estratégica, apoyan el diálogo intensivo entre los ministerios de relaciones exteriores y aumentan la coordinación bilateral en los lugares internacionales correspondientes”, se lee en la declaración.


Después de que Occidente impusiera sanciones contra Rusia que restringen su acceso a los mercados internacionales, sobre todo contra el importante sector energético del país y la industria militar, Moscú ha buscado una mayor cercanía económica con Beijing.


Por su parte, China y Rusia acordaron aumentar a más del doble su volumen comercial hasta 2020, de un total de hasta 200.000 millones de dólares, una meta que parece demasiado ambiciosa en vista del lento crecimiento en Rusia. El principal proyecto económico conjunto actual es la construcción de un gasoducto llamado La fuerza de Siberia que llevará gas ruso a China.

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"Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras"

La captura del excomandante guerrillero Jesús Santrich, es lo menos que ha hecho esta oligarquía colombiana, si se tiene en cuenta el centenar de excombatientes asesinados por las fuerzas oscuras del estado después de la firma del acuerdo de desmovilización, los centenares de líderes sociales asesinados, los montajes, los falsos positivos y la estigmatización a la campaña política contra candidatos de la izquierda colombiana, demuestra lo incoherente de este proceso. 

Desde las montañas de Colombia la dirección nacional de las FARC-EP hacemos un llamado a la reflexión a excomandantes y excombatientes que fueron engañados con el negocio de la desmovilización y maquillado a nombre de la paz, a que consideren los siguientes puntos:


1. Tener en cuenta que la constitución, la justicia, la supuesta democracia, las garantías políticas y el acuerdo que ustedes firmaron, están subordinados a la voluntad del imperio norte americano con beneplácito de la oligarquía colombiana y serán destruidos, modificados o pisoteados cuando ellos lo consideren conveniente. La captura de Santrich es el florero en la sala de recepción de Donald Trump.


2. Hacer una evaluación de la implementación de los acuerdos y su avance, verán que todo se encamina a la destrucción de ustedes, llevando el movimiento y las organizaciones sociales al exterminio.


3. El único camino que nos deja esta oligarquía, es la continuación de la lucha político-militar y estamos seguros que luego de otros años de lucha se darán las condiciones de alcanzar la verdadera paz con justicia social por la que hemos luchado y que reclama el pueblo colombiano.


4. Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras, el pueblo los espera.


5. Hacemos un llamado al PCCC y organizaciones sociales a mantenerse en la clandestinidad, los momentos que se avecinan es de exterminio como ya lo hicieron con la Unión Patriótica.


Montañas de Colombia.
Dirección Nacional de las FARC-EP.

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Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 05 Marzo 2018 06:34

La entrega del petróleo

La entrega del petróleo

Quiero dejar por escrito, una alerta de cara al futuro: se han creado las condiciones y se ha dado inicio a la entrega de nuestro petróleo y gas, en una vuelta de la nefasta “apertura petrolera”.

Esto ha sucedido de la mano de un gobierno que se proclama Chavista pero que, en medio del caos económico, del cual tiene la mayor responsabilidad, está echando por tierra uno de los principales aciertos del Comandante Chávez como ha sido su política petrolera. El madurismo, cual “caballo de Troya”, le abre las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país.

En medio de la diatriba de la política con “p” minúscula, con su escarceo diario, arbitrariedades, insultos de todo tipo y la guerra de “twitters”, se han venido socavando los pilares que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera.

Uno de estos pilares es PDVSA. Durante la IV República, la “apertura petrolera” convirtió a PDVSA en un administrador de contratos, el Ministerio de Energía y Minas de entonces había cedido sus competencias a la operadora y ya no sería más el asiento de la política petrolera.

Así, la vieja PDVSA no solo entregó a las transnacionales las mejores áreas de la Faja Petrolífera, sino que la renombró Faja Bituminosa, y, en base a ese fraude, derogaron todo el régimen fiscal petrolero existente, se aceptaron las regalías de 1%, el impuesto sobre la renta No petrolero, se prometieron nuevas áreas de expansión, se aceptó el arbitraje internacional, se cedió el control de las exportaciones y de las operaciones de producción a las “Asociaciones Estratégicas”. Era el fin de la empresa nacional, y de una política petrolera nacional.

La vieja PDVSA, no sólo ya no volvería a operar, sobre todo en las nuevas áreas y prospectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, sino que se iría desprendiendo de todas sus actividades medulares: taladros, inyección de agua, de gas, procesamiento de gas, transporte, además de la propia producción de petróleo, a través del otorgamiento de “convenios operativos” a empresas privadas, donde la vieja PDVSA era responsable de su diseño y asignación en distintas rondas, con la correspondiente flexibilización de condiciones fiscales para las empresas y aceptación del arbitraje internacional, ya en ejercicio de lo que sería su rol como “agencia petrolera” en sustitución del Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto Cristóbal Colón tenía en su intención y diseño el modelo de lo que sería la apertura petrolera en desarrollo: regalías de 1%, operadoras transnacionales, arbitraje internacional, todo el gas para la exportación, cero industrialización de los hidrocarburos en el país.

De hecho, el esfuerzo aperturista, siguió avanzando durante el inicio del Gobierno del Comandante Chávez, donde lograron promulgar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que abría las puertas a la privatización del sector y la resistencia que hicieron, a través de la Vieja PDVSA a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, hasta que llegaron a la confrontación con el Estado, desde su participación en el Golpe de Estado de 2002, hasta el Sabotaje Petrolero del 2002/2003, donde sus agentes nacionales fueron derrotados y las transnacionales se “replegaron” y concentraron su acción en las Juicios de Arbitraje internacional tanto en contra de la empresa, como en contra de la República.

A las transnacionales no les interesa que los países productores tengan sus propias y fuertes empresas nacionales, operadores propios, capaces de desarrollar los recursos de su país atendiendo a una visión e interés de país petrolero. Fue sólo a partir de la llamada “revolución de la OPEP” en 1973, cuando los países productores tuvieron sus propias empresas nacionales, tomando el control de las operaciones, cuando la organización, fundada en 1960, tendría efectivamente la posibilidad de incidir definitivamente sobre el precio del petróleo.

A partir de allí el enfrentamiento entre las transnacionales y las empresas nacionales petroleras ha sido permanente, en todos los terrenos, desde la competencia, la tecnología, los mercados, hasta cuestionar su propio carácter “nacional”, tratando de “capturar” a sus cuadros gerenciales, técnicos, legales, en sus centros de enseñanza y de pensamiento, hasta lograr “capturar” a la propia empresa y entonces, como sucedió con la vieja PDVSA en nuestro país, se convierten en agentes, vehículos, de los intereses transnacionales, ahora representados en el país por el rostro de la empresa nacional.

Una matriz o proceso que antecede o acompaña los procesos de apertura petrolera es el debilitamiento y/o descalificación de la empresa nacional, se cuestiona su visión nacional, su subordinación al Estado, el control que el mismo ejerce sobre sus decisiones y propiedad, en consecuencia, se les acusa de falta de “transparencia”, “opacidad” y corrupción. Por eso, instan a las empresas nacionales a “modernizarse” entendido esto como abrirse al capital transnacional, a su control, su escrutinio, ceder su propiedad, operaciones y que sus decisiones tengan solo motivaciones comerciales, renunciando a su carácter nacional.

El gobierno se ha trazado una línea de debilitar y golpear a nuestra empresa nacional, la Nueva PDVSA. No termino de entender las motivaciones del ensañamiento del madurismo en contra de nuestra principal empresa en el país, no existe otra igual, ni tan poderosa, la única capaz de competir internacionalmente, la quinta a nivel mundial, y es 100% propiedad del Estado.

No hay otra empresa tan estratégica para el Estado venezolano, ni para el país, como la Nueva PDVSA, por ello su propiedad está reservada al Estado en nuestra Constitución. Nosotros la recuperamos del sabotaje petrolero, la reconstruimos desde sus cimientos, sus cuadros técnicos y gerenciales, sus trabajadores, sus miles y miles de jóvenes profesionales acudieron al llamado de la patria para recuperar la empresa desmantelada durante la apertura petrolera y destrozada por el Sabotaje Petrolero.

Le dimos el carácter nacional y popular que la empresa nunca tuvo, por primera vez, la Nueva PDVSA se convirtió en una empresa nacional, al servicio del pueblo venezolano, subordinada al Estado en cumplimiento de las misiones estratégicas que le fueron encomendadas.

Además, rescatamos todas las capacidades operativas de la empresa y abarcamos nuevas áreas operacionales que nunca habíamos asumido. Revertimos con éxito todas las operaciones que habían sido privatizadas o cedidas durante la apertura y lo más importante, fuimos capaces de asumir con éxito las vastas áreas nacionalizadas en el 2007, en la Faja Petrolífera del Orinoco y atraer a las empresas petroleras internacionales, las más importantes de ellas, a invertir en nuestro país, pero absolutamente subordinados a nuestras Leyes y nuestro régimen Fiscal Petrolero, restablecido por la Revolución, con plena soberanía jurisdiccional y nuestra empresa nacional operando y exportando con éxito.

A partir del 2014 comenzó el desmontaje de nuestra Nueva PDVSA, se le ha golpeado en el corazón, en sus trabajadores, sus técnicos, gerentes, se les ha acusado de corruptos y se ha generalizado una persecución que ha acabado con la autoestima y respeto que los trabajadores se ganaron al calor de la batalla por la Plena Soberanía Petrolera y la reconstrucción del país. Antes de ser acusados de corruptos, pasaron tres años persiguiendo a los “ramiristas”, desmantelando sin ningún tipo de cuidado ni responsabilidad todas las capacidades técnicas y gerenciales de nuestra empresa.

La incapacidad manifestada por el gobierno de Maduro tal vez tiene su mejor expresión en el desastre de PDVSA. Se colocaron personas sin ninguna experiencia, ni capacidad, a dirigir un sector tan complejo, difícil como el petrolero. El madurismo desprecia el estudio y el trabajo, el conocimiento y experiencia acumulada de tantos años en nuestra Nueva PDVSA y estoy hablando de experiencia en tiempos de Revolución, con Chávez.

No es fácil dirigir una empresa como PDVSA y cumplir todas las tareas asignadas por el Estado, estamos hablando de una cantidad inmensa de tareas en la batalla por la derrota de la pobreza en nuestro país. Lo hicimos y lo hicimos bien. Lo hicimos durante más de diez años con un Jefe muy estricto y exigente: el Comandante Chávez. Pero lo hicimos en base a capacidad, estudio y mucho pero mucho trabajo. Allí están los números y está la gestión, es una de las pocas gestiones que todo el país conoció de primera mano, porque rendíamos cuenta todos los domingos en Aló Presidente, porque entregamos obras, porque asumimos retos públicamente, porque fuimos capaces de traer al país más de 480.000 millones de dólares. Éramos el instrumento del Estado para el ejercicio pleno de la soberanía sobre el manejo del petróleo, en nuestra política internacional, alianzas estratégicas, soberanía sobre nuestro territorio, sobre todos nuestros recursos.

Esa era la PDVSA de Chávez. ¿Que ha pasado desde el 2014?, es increíble que la respuesta sea tan simple como absurda, el madurismo quería “controlar” a PDVSA, poner a sus acólitos, así mismo, como si fuese una cosa sencilla, no importa si tenían capacidad o experiencia, no importa, había que desplazar al “ramirismo”, al Chavismo, a cualquier grupo humano que no fuese el suyo. Querían a los “suyos” y eso es lo que hay en la Junta Directiva de PDVSA y sus filiales, no puedo poner en duda las intenciones de los que asumen esas responsabilidades, yo no soy de esos irresponsables que emiten acusaciones, juzgan y descalifican sin siquiera una prueba, pero lo que, si les puedo decir, es que los que han asumido la dirección no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento.

En una empresa petrolera, así como en la ingeniería y las matemáticas, el desempeño se mide por resultados. Veamos, ¿no es suficiente que la producción de petróleo haya caído desde el 2013 hasta hoy día en más de 1.2 millones de barriles diarios, para darse cuenta que la gestión en este periodo ha sido un desastre?, a diferencia de otros países, como México y su yacimiento en Cantarell, no se trata de ningún fenómeno geológico, ni nada extraordinario, es más trágico y sencillo: incapacidad, subestimación, improvisación.

Quien adelanto la “vendetta” contra la obra de Chávez, contra mí y contra los “ramiristas” debe estar satisfecho, porque controlan la empresa, pero ¿a qué costo? y ¿por qué?, parece no importar mucho, solo querían quitar del medio los obstáculos a sus planes. Los que han hecho la tarea, lo han hecho con saña y con hambre de poder, ambiciones, muchos negocios y compromisos con grupos económicos.

El costo que vamos a pagar es muy alto, lo va a pagar, lo está pagando, todo el país. Ahora que la empresa está por el suelo y todos sabemos que así será muy difícil recuperarla, a pesar de las promesas y los anuncios de recuperar un millón de barriles en “cuestión de meses” como han dicho, porque sabemos que eso no es más que otro “blofeo”, otro anuncio sin fundamento, que demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona una empresa de estas dimensiones. Lo que va a pasar realmente, es que van a seguir entregando el petróleo y el gas a empresas transnacionales, de cualquier tamaño o calidad, es una rebatiña, ya lo están haciendo.

Están llamando a las empresas privadas, nacionales e internacionales, a que asuman la producción, se negocia con el “agua al cuello”, en una desesperada posición de debilidad, producto de la pésima gestión de estos últimos cuatro años. A cambio, las empresas piden “flexibilizar” las condiciones, piden las mejores áreas, piden que PDVSA ceda en su participación, ceda áreas en plena producción, donde ya las inversiones fueron hechas, a cambio de desesperados auxilios financieros, para paliar la mala gestión económica en el manejo de la deuda, se entregan las mejores áreas petroleras, es así de simple: una privatización de PDVSA.

Para pagar favores políticos o lograr los famosos “acuerdos” con la oposición se entregan áreas en producción a relacionados con líderes de la oposición, se rematan activos de la empresa, que son del país.

Se han entregado proyectos emblemáticos del Comandante Chávez, proyectos muy importantes para garantizar el abastecimiento de nuestro mercado interno y para la necesaria industrialización de los hidrocarburos, los proyectos de gas costa afuera, tanto el Proyecto Rafael Urdaneta y el Mariscal Sucre, ¿se recuerdan del “Perla 3X” ?, ¿del “Cruz de Mayo” ?, ese gas, lamentablemente, no vendrá a la patria.

Se crean nuevas empresas, a la cuales se les asigna campos importantes, pero que sencillamente no tienen ni capacidad ni experiencia operacional. Se han convertido en agencias de proyectos y “negocios”. Obtienen un área y luego salen a buscar las empresas operadoras. Así, ha pasado en áreas tan importantes como la Faja Petrolífera del Orinoco y en áreas tradicionales.

Se han otorgado “descuentos” en las ventas de petróleo, por eso se ataca a los mecanismos establecidos de “fórmula de precios”, que son públicos, verificables. En comercio y Suministro los “traders” son los que “resuelven” las emergencias y el comercio de hidrocarburos en esta debilitada e intervenida PDVSA. El sector refinación por el suelo, experimentando con distintas modalidades de gestión, todas incapaces de enfrentar la profunda pérdida de capacidad para refinar y procesar, igual están los mejoradores, lo cual se traduce en una importación masiva de productos, fallas en el abastecimiento interno, importación de nafta para producir crudo pesado y ventas de crudo de la Faja, semi procesado por falta de capacidad de los mejoradores, con descuentos por calidad.

Una PDVSA débil, sin capacidades para producir el petróleo y el gas que necesitamos para nuestro desarrollo, es la antesala de la entrada al país de todo tipo de empresas para hacer el trabajo que antes hacía PDVSA. Entonces vendrán, como ya lo han convertido en una práctica, las excusas: el “precio del petróleo”, la “corrupción”, la “conspiración”, etc. Pero el daño está hecho y el retroceso enorme en términos de soberanía y en la posibilidad de sostener nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera y nuestra economía.

Esta situación de abandono, maltrato y persecución, una verdadera “cacería de brujas” dentro de la empresa, ha provocado un éxodo de profesionales, sobre todo jóvenes, que han salido de la empresa, del país. Los conozco, son muchachos y muchachas extraordinarios, con unas capacidades técnicas, entrenamiento, calidad política y humana, que están hartos de lo que pasa en la empresa. Recuperar estas capacidades, que lo haremos, pasa por volver a traer al país tanto joven talentoso, capacitado, honesto, que no se calan que los traten como delincuentes, sospechosos permanentes, ni las posibilidades de obtener un salario digno o satisfacer sus necesidades fundamentales.

Otro pilar que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, que ha sido socavado y vulnerado, es nuestro marco legal. En el diseño de nuestra política petrolera, se establecieron mecanismos de discusión y aprobación de los contratos, que garantizaban el estricto apego a nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y nuestra Constitución. Se consideraron contratos de interés público, justamente para garantizar una discusión y un debate abierto sobre la naturaleza de los mismos, sus condiciones. No queríamos otra “apertura petrolera” en secreto, tras bastidores. El TSJ no sólo salvaguardaba nuestra soberanía jurisdiccional, sino que era la máxima instancia a la cual recurrir si algún ciudadano o grupo con interés legítimo los cuestionaba.

Pero la vuelta a la “apertura petrolera”, necesita un instrumento legal, una instancia, “algo” que les dé tranquilidad y seguridad a las transnacionales. Como no es posible hacer una “apertura” pasando por las Leyes vigentes, entonces se ha recurrido a las nuevas instancias de gobierno.

La ANC aprueba la “Ley de inversiones extranjeras”, donde se contemplan mecanismos de resolución de controversias entre las “partes”, el que ellos acuerden. Resulta que nuestras decisiones soberanas no pueden ser sometidas al arbitrio de nadie, nunca más se debe vulnerar nuestra soberanía jurisdiccional, ninguna empresa transnacional o de ningún tipo puede equipararse como una “parte” al Estado Venezolano, capaz de llevarlo a tribunales internacionales por el ejercicio de su soberanía. Todavía estamos batallando en los juicios internacionales con las transnacionales y, por cierto, perdiendo en el sector minero.

Por otro lado, el TSJ se abroga la potestad de aprobar contratos petroleros, que pasan directamente del ejecutivo, sin ni siquiera dar la discusión pública de los mismos, nadie conoce los términos y condiciones, pero lo más grave es, que, siendo aprobados por el TSJ, ya se agotan las instancias de cualquier apelación. Ahora se hacen contratos a la medida de cada empresa, contratos que nadie conoce, que nadie discute, nadie conoce a los socios, sus capacidades, su plan, el compromiso, términos, régimen legal aplicable, régimen fiscal, etc.

Estos dos pilares que sostienen a nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, se tambalean, se socavan y con ellos las posibilidades de sostener en el tiempo nuestra política. Todos los sectores del país deben hacer una reflexión sobre este tema, porque de lo contrario, si perdemos nuestra política petrolera, no vamos a poder resolver nuestros graves problemas económicos, al contrario, se agravarán.

A veces este tema no se discute como asunto que debería ser de prioridad nacional o de unidad nacional de los patriotas. Hay que tener el suficiente pensamiento estratégico para entender que, por encima de los intereses de grupos e intereses políticos, debe prevalecer el interés de toda la nación. La Política de Plena Soberanía Petrolera, debe ser una política que apoye todo el país, porque nosotros seremos, por muchos años más, un país petrolero. Debemos reconocernos así, en vez de negarlo y no actuar en su defensa, debemos asumirlo, defender nuestra política y luego, dar la batalla de ideas de cómo utilizar y hacer una distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera para reconstruir al país, con una economía diversificada y basada en el trabajo, para lograr tener una sociedad más justa, gratificante y solidaria.

Si no hacemos algo ahora, si no levantamos la voz, si no decimos nada, esta nueva “apertura petrolera” seguirá avanzando de espaldas al país, a las fuerzas políticas, en el caos, se mueven las transnacionales, lo sigo alertando, sé lo que están haciendo y nuestras fuerzas patriotas deben reaccionar y evitar el saqueo de nuestro país. Con Chávez siempre ¡Venceremos!

Por: Rafael Ramírez Carreño | Domingo, 04/03/2018 08:01 AM |

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¿Es viable un acuerdo de paz entre Santos y la guerrilla del Eln?

Los diálogos y negociaciones entre el gobierno del señor Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional/ELN en la Mesa de Quito se encuentran en el aire y las voces que auguran, con argumentos de mucha consistencia, su parálisis definitiva en los próximos siete u ocho meses se manifiestan con harta frecuencia.

 

Las preguntas que conviene formularse al respecto son las siguientes: ¿Es viable esa negociación con el actual gobierno? ¿Tiene capacidad y campo de maniobra el señor Santos para asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos que se construyan en un eventual pacto de finalización del conflicto con dicha organización popular?

 

Responder estas cuestiones demanda examinar objetivamente la coyuntura y el contexto político, social, económico e internacional del país.

 

Tres elementos a considerar. Estado de la implementación de los acuerdos con las Farc; el debate electoral para elegir parlamentarios y presidente; y relaciones con Venezuela.

 

La construcción de la paz a partir de los consensos alcanzados en la Mesa de La Habana se mueve en un espeso y podrido pantano como resultado de la conducta gubernamental y estatal de adulterar los textos de la convivencia. Todo el régimen político neoliberal se aventó contra cada uno de los componentes (agrario, democracia ampliada, Jep, garantías políticas, drogas, victimas) para barrerlos y desviarlos de manera perversa. Poco o nada va quedando de lo que llevo a la precipitada desmovilización y entrega de las armas por parte de las Farc. El ataque fascista acaecido en la esfera pública contra la movilización del nuevo partido político y sus candidatos ha mostrado las peores lacras de la seudo democracia oligárquica. Es increíble el cinismo de la elite gobernante frente a los desmanes callejeros de las pandillas ultraderechistas que bloquean cualquier avance de la pacificación. Complemento de lo ocurrido en las esferas institucionales con la Justicia Especial de Paz, la Reforma Rural Integral y la erradicación voluntaria de los cultivos de coca.

 

El violento y frustrante cuadro de esta paz trucha no es ciertamente un mensaje que estimule y aliente un acuerdo con los elenos, mas con el cuadro sangriento del exterminio continuado de los ex guerrilleros y de los líderes sociales y de los derechos humanos.

 

Esta “paz imperfecta” que tenemos en la actualidad, produce más perplejidades que certezas, así los párrocos de la politología oficial quieran distorsionarlo todo con sus desuetas narrativas a la manera del transitorio Víctor Correa de Lugo y otros parásitos de la consultoría oficial.

 

Lo cierto es que una adecuada caracterización de lo que se está dando hoy en esta materia debería remitirnos más a lo que sucedió en Irlanda del Norte después del Viernes Santo de 1998 hasta el 2010 en que la guerrilla depuso las armas, y menos a la tenebrosa experiencia de Guatemala que implico una derrota estratégica del bloque popular, como parecería estar ocurriendo entre nosotros. Es decir, la perspectiva es la prolongación del conflicto social y armado por muchos años más con disidencias y estructuras insurgentes acumuladas.

 

El ambiente electoral en curso manipulado por los grupos ultras de la derecha para generar miedo y terror entre la sociedad y tapar de esa manera la pavorosa corrupción de los clanes oficialistas volcados en su reproducción y perpetuación tampoco aporta el clima necesario para el funcionamiento de la Mesa de Quito. La perturba y disloca por causa de las ambiciones y metas oportunistas de los actores participantes desde el lado santista, incluyendo ciertos mediadores ya especializados en precipitar y adulterar salidas que como los estamos viendo en el caso de las Farc han ocasionado los problemas de la pervertida implementación.

 

El “agente oportunista” de la paz, solo calcula sus negocios, capitales, votos y cuotas burocráticas, desconociendo y afectando los acumulados históricos y estratégicos del movimiento popular que los elenos han incluido en su Agenda de paz pendiente de nuevos desarrollos en el Quinto ciclo colocado en el congelador por cuenta de la bochornosa manipulación de la Casa de Nariño que se niega a debatir el Cese al fuego y de hostilidades bilateral y a cumplir mínimos de convivencia como la protección efectiva de los líderes sociales masacrados, la eliminación de los grupos paramilitares y la depuración con la reforma democrática de los aparatos militares y policiales.

 

La campaña electoral en curso ha puesto en evidencia la precariedad política del señor Santos restándoles credibilidad a sus agentes emplazados en la capital del Ecuador. Al jefe de la Casa de Nariño se le acabo el combustible y su desgaste es inocultable llevando a pensar en otros momentos para que el Estado y la sociedad en su conjunto asuma con solvencia todos los problemas que implica terminar una guerra.

 

El tema de las relaciones con Venezuela es, desde luego, otro factor que afecta las conversaciones con los elenos en tanto que la política intervencionista y golpista que promueve Santos contra el Presidente Maduro, como un agente del imperio gringo, desenmascara sus reales intenciones en la estrategia de desarme de las guerrillas revolucionarias para impedir cambios estructurales en Colombia.

 

En conclusión son bastante difíciles las condiciones en que se debate la continuidad de los diálogos con los elenos.

 

Es lo que por lo demás explica el Paro armado convocado por dicha organización para exigirle al gobierno y sus delegados que paren la masacre de los integrantes de las Farc y de los líderes sociales, lo que debe incluir la depuración del Ejército y la policía infestados de elementos fanáticos de la ultraderecha fascista.

 

Nota. “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

 

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