Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

Publicado enEdición Nº248
Domingo, 08 Julio 2018 07:39

May busca apoyos para su plan de Brexit

May busca apoyos para su plan de Brexit

La jefa del gobierno necesita el apoyo de su partido, sumido en continuas trifulcas internas, para avanzar en un acuerdo de Brexit que luego deberá someter a votación en el Parlamento británico, donde tiene una mayoría frágil.

May dirige la reunión de gabinete sobre el Brexit en la residencia oficial de Chequers.
May dirige la reunión de gabinete sobre el Brexit en la residencia oficial de Chequers.

La primera ministra británica, Theresa May, emprendió ayer la ardua tarea de unificar a los conservadores en torno a su nuevo plan para el Brexit, que implica crear un área de libre comercio de bienes con la Unión Europea (UE) para cuando el Reino Unido ya no está en el bloque comunitario. May ha escrito a sus diputados para dejar claro que, tras el acuerdo alcanzado por los ministros el viernes en Chequers (sureste inglés), “se ha restaurado la responsabilidad colectiva” dentro del Ejecutivo, lo que significa que espera que nadie se desvíe a partir de ahora de la línea oficial.

El jefe de disciplina del Partido Conservador, Julian Smith, recibió ayer a varios parlamentarios en Downing Street, despacho y residencia oficial en Londres de May, y esta hará una intervención mañana ante el grupo parlamentario “tory” en la Cámara de los Comunes. La jefa del Gobierno necesita el apoyo de su partido, sumido en continuas trifulcas internas, para avanzar en un acuerdo de Brexit (salida británica de la UE) con Bruselas, que luego deberá someter a votación en el Parlamento británico, donde tiene una mayoría frágil tras perder la absoluta en las elecciones de 2017.

El jueves, se espera que el Ejecutivo remita a la Comisión Europea un Libro Blanco con su propuesta para la futura relación bilateral, que incluirá el pacto alcanzado ayer tras una reunión maratoniana del gabinete en la residencia oficial campestre de Chequers. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha indicado en la red social Twitter que esperará a ver la iniciativa completa antes de decidir si es “viable y realista”. El plan, que ya ha indignado a los partidarios de un Brexit radical, propone la creación de un área de libre comercio de bienes entre el Reino Unido y la UE al término del periodo de transición de veintiún meses posterior a la salida británica, que se ejecutar? el 29 de marzo de 2019. Ese mercado común solo para bienes –no servicios– implicaría una armonización regulatoria y hasta cierto punto aduanera, la creación de un mecanismo de supervisión diferenciado del Tribunal europeo de justicia y un “marco de movilidad” ciudadana, en lugar de la actual libertad de movimiento.

Varios diputados conservadores euroescépticos han cuestionado ya este plan, mientras que de momento no se ha pronunciado la poderosa minoría de ministros favorables a un Brexit completo, entre ellos el titular de Exteriores, Boris Johnson. El parlamentario Jacob Rees-Mogg, líder del Grupo de investigación europea, que agrupa a “tories” pro Brexit, lamentó que la propuesta consensuada “hará casi imposible” firmar tratados comerciales con terceros países y opinó que “es posible que este acuerdo sea peor que una ausencia de acuerdo”. La diputada Andrea Jenkyns advirtió, por su parte, de que con esta propuesta la empresa británica seguiría “tomando órdenes de la UE”, mientras que su colega Bill Cash consideró que el plan consensuado es “decepcionante” y plantea “muchos problemas”.

El ministro de Transporte Chris Grayling, que votó por el Brexit en el referéndum de 2016, salió en cambio en defensa del pacto alcanzado el viernes. “Lo único que se propone –dijo– es que vendamos los mismos productos a Europa que ya vendemos ahora”. Sin embargo, Grayling admitió que esa posible armonización con la UE podría dificultar un futuro acuerdo comercial con países como Estados Unidos, que tienen diferentes estándares en sus productos.

El embajador estadounidense en Londres, Woody Johnson, ha asegurado que el presidente Donald Trump “pondrá toda su energía” en conseguir un buen acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido que podría partir incluso de “tarifas cero”. La directora general de la patronal empresarial Confederación de la Industria Británica (CBI), Carolyn Fairnbairn, estimó que el acuerdo consensuado “es una inyección de confianza”, pero avisó de que “el trabajo duro empieza hora”.

Tanto el Partido Laborista, principal de la oposición, como la ministra principal del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, han dudado de que Theresa May pueda mantener la unidad de su formación política y no descartan que el plan pueda ser rechazado por Bruselas.

Publicado enEconomía
“Somos un tribunal de paz con vocación de reconciliación”

"Desconocer los acuerdos de paz es complicado, porque son de Estado, no de Gobierno", afirma la magistrada colombiana

Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. La elección de Iván Duque el 17 de junio cuestiona el futuro de ese tribunal por la voluntad del nuevo presidente de modificar algunos aspectos de lo acordado con la antigua guerrilla. Su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, trata de frenar en el Congreso la norma que regula el funcionamiento del organismo, que comenzó a operar en marzo. En este contexto, Linares comenzó el domingo una gira para fortalecer relaciones con Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Suprema de Justicia de Noruega y con Dolores Delgado, ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en España.

“Esto fue construido con filigrana, en detalle, es producto de una negociación”, subraya Linares, quien pese a las voces críticas con los acuerdos confía en la solidez de la JEP, amparada por la Constitución. Esta magistrada ya se reunió con el presidente electo, que ha prometido “corregir” el proceso de paz, rechazado por un estrecho margen en el plebiscito de 2016. Los mensajes de Duque, que recogerá el testigo de Juan Manuel Santos en agosto, fueron “constructivos y tranquilizantes”, relata Linares, pero atender esos reparos implicaría una reforma constitucional que en Colombia tarda un mínimo de dos años. “Yo en lo político no me meto”, aclara Linares, aunque la institución que preside se encuentra en el centro de una disputa de carácter político. “Hay una ley que está avanzando, es necesaria”, señala. “Nosotros estamos tranquilos, porque cualquier modificación tendrán que darla dentro de los cauces democráticos. ¿Es imposible reformar el sistema? No, claro que una reforma constitucional es posible”, explica. No obstante, coincide con los argumentos de Santos cuando este afirma que "la paz es irreversible”. “Desconocer los acuerdos, pues, yo lo veo más complicado, porque son unos acuerdos de Estado, no es un acuerdo de Gobierno, y acarrea obligaciones de carácter internacional para el Estado colombiano”, defiende.


También asegura que la JEP puede seguir funcionando sin reglamento. “No es que nos inventemos las normas. Si en materia estrictamente penal no encontramos una norma concreta para una situación, acudimos a la norma general”, asegura. Sin embargo, reconoce que “hay mucha inquietud para que se produzcan decisiones prontas en todos los ámbitos”. “Una de las propuestas que presenta el presidente electo es que hay que crear una sala especial para militares”, prosigue a modo de ejemplo. “La sala como tal existe, que da un trato diferenciado, aunque simultáneo a los otros miembros [las FARC]”.


La JEP, cuyos jueces fueron elegidos por una comisión independiente de expertos internacionales, “es un tribunal de paz, un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”, continúa Linares, preocupada por que la sociedad colombiana, dividida sobre los acuerdos, entienda su propósito y la centralidad de las víctimas. “Es un tribunal que tiene todas las garantías que ordena la Constitución para un proceso judicial, pero con la vocación hacia la reconciliación. Aquí lo que van a encontrar son jueces y magistrados plenamente dispuestos con sus tareas, que se fundamentan en la necesitad de paz, pero satisfaciendo los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Van a encontrar compromiso democrático pleno, sometimiento a la Constitución y a la ley y el modelo de centralidad de las víctimas”.


La magistrada solo pide que se termine el trámite de la ley de procedimiento. “Hay ataques que no son admisibles en un marco democrático a jueces”, dice en referencia a la estigmatización de algunos sectores. Y recuerda la importancia de la comunidad internacional para el desarrollo de la paz. “El apoyo no solo será, sino que ha sido fundamental para que el proceso haya prosperado. Y viene una etapa en la que este apoyo necesita que se refuerce”.


  LAS VÍCTIMAS, EL CENTRO DE LA JURISDICCIÓN


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es el primer sistema de justicia transicional de Colombia. De hecho, aprende las lecciones de otro, llamado Ley de Justicia y Paz, diseñado para desmontar los grupos paramilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que estuvo en el poder durante dos mandatos entre 2002 y 2010. Ese ensayo, apunta Patricia Linares, “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”. En la JEP, en cambio, “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

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La ONU insta a poner en marcha el sistema de justicia para la paz en Colombia


El partido del presidente electo, Iván Duque, y de Álvaro Uribe rechaza la petición de Naciones UnidasNaciones Unidas instó este martes al Congreso de Colombia que ponga en marcha el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP), un aspecto crucial de los acuerdos alcanzados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC, que se encuentra atascado desde que el candidato uribista Iván Duque ganara las elecciones presidenciales el pasado 17 de junio. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado el proceso de paz desde sus inicios, hizo un llamamiento “a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”.


La organización destaca en un comunicado que la transición posterior a la desmovilización y desarme de las FARC debe cimentarse en los principios de “verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición”. Esa es la premisa de la JEP, que se constituyó en marzo y cuya función primordial ahora peligra por la cerrada oposición a los acuerdos del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, mentor de Duque y principal detractor de este proceso de paz.


Lo pactado en La Habana después de cuatro años de negociaciones ya ha dado sus frutos. El conflicto armado ha terminado, el grupo insurgente fundó un partido político que cuenta con un apoyo social prácticamente nulo y, con la excepción de algunos frentes de la disidencia, más de 7.000 excombatientes están en fase de reincorporación. Naciones Unidas recuerda, además, que “las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas”. Por esta razón, “es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”.


Sin embargo, el primer desafío del uribismo consistió en aplazar de manera indefinida, en sede parlamentaria, la aprobación del reglamento de ese sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra. Duque ya se reunió con Santos, que dejará el poder en agosto, y con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aunque, al menos de momento, la situación no se ha desbloqueado. El Centro Democrático está decidido a exhibir la fortaleza de sus sectores más radicales y este martes rechazó sin matices el pronunciamiento de la Misión de Verificación de la ONU.


La bancada del partido en el Congreso, que se define como “mayor responsable de la elección” de Duque, dejó claro en un comunicado que “no acepta sus exigencias”. “Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como obstáculos”, argumenta esta formación, que apela a la legitimidad que, según su criterio, le otorga la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de octubre de 2016 y el triunfo de Duque en las elecciones presidenciales.

 

Francesco Manetto
Bogotá 27 JUN 2018 - 00:17 COT

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Sábado, 09 Junio 2018 04:47

Contacto en Beijing

Contacto en Beijing

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió ayer con su homólogo chino, Xi Jinping, quien lo recibió con honores militares en el Gran Salón del Pueblo de Beijing (foto), para profundizar la alianza entre ambas potencias que en la actualidad mantienen una tensa relación con Estados Unidos.


En la reunión, que se produjo mientras en Canadá se llevaba adelante una áspera agenda para el encuentro del G7, Xi y Putin evaluaron los alcances de la cumbre que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, la semana entrante. Además, abordaron la decisión de Washington de dar por finalizado el acuerdo nuclear con Irán, según estimaron observadores internacionales.


En el encuentro de ayer, Xi condecoró a Putin con la Medalla de la Amistad con China, distinción que se entrega por primera vez en el gigante asiático en un gesto que busca realzar la alianza cada vez más firme entre ambas potencias. “Las partes expresan su intención de fomentar la cooperación en todas las áreas, y desarrollar un diálogo estratégico basado en la confianza en los niveles más altos y superiores, por lo que continuarán desarrollando mecanis

mos de cooperación bilateral intergubernamental, interparlamentaria, interpartidaria, interinstitucional e interregional”, dice un documento difundido ayer por el gobierno chino.
Según la declaración, Rusia y China acordaron mantener contactos más estrechos sobre seguridad estratégica en condiciones de creciente inestabilidad. “Las partes continúan desarrollando contactos sobre seguridad estratégica, apoyan el diálogo intensivo entre los ministerios de relaciones exteriores y aumentan la coordinación bilateral en los lugares internacionales correspondientes”, se lee en la declaración.


Después de que Occidente impusiera sanciones contra Rusia que restringen su acceso a los mercados internacionales, sobre todo contra el importante sector energético del país y la industria militar, Moscú ha buscado una mayor cercanía económica con Beijing.


Por su parte, China y Rusia acordaron aumentar a más del doble su volumen comercial hasta 2020, de un total de hasta 200.000 millones de dólares, una meta que parece demasiado ambiciosa en vista del lento crecimiento en Rusia. El principal proyecto económico conjunto actual es la construcción de un gasoducto llamado La fuerza de Siberia que llevará gas ruso a China.

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"Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras"

La captura del excomandante guerrillero Jesús Santrich, es lo menos que ha hecho esta oligarquía colombiana, si se tiene en cuenta el centenar de excombatientes asesinados por las fuerzas oscuras del estado después de la firma del acuerdo de desmovilización, los centenares de líderes sociales asesinados, los montajes, los falsos positivos y la estigmatización a la campaña política contra candidatos de la izquierda colombiana, demuestra lo incoherente de este proceso. 

Desde las montañas de Colombia la dirección nacional de las FARC-EP hacemos un llamado a la reflexión a excomandantes y excombatientes que fueron engañados con el negocio de la desmovilización y maquillado a nombre de la paz, a que consideren los siguientes puntos:


1. Tener en cuenta que la constitución, la justicia, la supuesta democracia, las garantías políticas y el acuerdo que ustedes firmaron, están subordinados a la voluntad del imperio norte americano con beneplácito de la oligarquía colombiana y serán destruidos, modificados o pisoteados cuando ellos lo consideren conveniente. La captura de Santrich es el florero en la sala de recepción de Donald Trump.


2. Hacer una evaluación de la implementación de los acuerdos y su avance, verán que todo se encamina a la destrucción de ustedes, llevando el movimiento y las organizaciones sociales al exterminio.


3. El único camino que nos deja esta oligarquía, es la continuación de la lucha político-militar y estamos seguros que luego de otros años de lucha se darán las condiciones de alcanzar la verdadera paz con justicia social por la que hemos luchado y que reclama el pueblo colombiano.


4. Nuestro llamado a excomandantes y excombatientes es a retomar las trincheras, el pueblo los espera.


5. Hacemos un llamado al PCCC y organizaciones sociales a mantenerse en la clandestinidad, los momentos que se avecinan es de exterminio como ya lo hicieron con la Unión Patriótica.


Montañas de Colombia.
Dirección Nacional de las FARC-EP.

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Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244