El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

Publicado enColombia
Amenazas sobre el proceso de paz en Colombia – llamado a la comunidad internacional

Los abajo firmantes, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos y mujeres de la cultura de distintos lugares del mundo, distintas disciplinas y distintas orientaciones políticas, queremos expresar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las FARC y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, Presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las FARC presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los ETCR para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del ELN, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”. Igualmente, la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos

 

Puede encontrar el documento en tres idiomas en el siguiente link: https://goo.gl/forms/udEm59ysBWQZdmX23

Puede contactar a los organizadores de esta iniciativa en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 Firmantes:

1. Michael Löwy - Director Emérito de Investigaciones en CNRS (Francia)
2. Etienne Balibar - Profesor Emérito de Filosofía, Universidad de Paris-Ouest (Francia)
3. Judith Butler - Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)
4. Eric Fassin - Université Paris 8 (Francia)
5. Alex Callinicos - King's College London (Gran Bretaña)
6. Silvia Rivera Cusicanqui - Colectivx Ch´ixi (Bolivia)
7. Franz Hinkelammert - Universidad Nacional (UNA) de Heredia, (Costa Rica)
8. Atilio A. Boron - Universidad Nacional de Avellaneda / Universidad de Buenos Aires (Argentina)
9. Geneviève Fraisse - CNRS (Francia)
10. Raul Fornet Betancourt - Universidad de Aachen (Alemania)
11. Matthieu de Nanteuil - Université de Louvain (Bélgica)
12. Stéphane Douailler - Université Paris 8 (Francia)
13. Juan Manuel Echavarria - Artista (Colombia)
14. Arturo Escobar - Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (Colombia)
15. Vincent Gabriel Furtado - Kripalaya Institute of Philosophy and Religion (India)
16. Marie Estripeaut-Bourjac - Université de Bordeaux (France)
17. Jean De Munk - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
18. Guy Bajoit - Université catholique de Louvain (Bélgica)
19. Rodrigo Uprimny - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
20. Mara Viveros Vigolla - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
21. Alfredo Gómez Müller - Universidad de Tours
22. Leopoldo Múnera Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
23. Fabián Augusto Remolina - Universidad Industrial de Santander (Colombia)
24. Óscar Mejía Quintana - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
25. Gregorio Mesa Cuadros - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
26. Carlos Eduardo Satizabal - Universidad de Caldas (Colombia)
27. Marta Lucía Valencia - Universidad de Caldas (Colombia)
28. Maria Victoria Whittingh - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
29. Gustavo Buitrago Hurtado - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
30. Jorge Iván Gómez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
31. Nubia Yaneth Ruiz Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
32. Ricaurte Rodríguez Angulo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
33. Gerardo Zuloaga Abril - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
34. Gustavo Adolfo Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
35. Gregorio Calderón Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
36. Arsenio Pecha Castilblanco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
37. Jorge López - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
38. Julio Roberto Gütierrez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
39. Álvaro Zerda Sarimiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
40. Miguel Ángel Sierra Baena - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (Colombia)
41. Carlos Eduardo Satizabal Atehortua - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
42. Martha Lucía Cabanzo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
43. Olga Restrepo Forero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
44. Mario Bernardo Figueroa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
45. Fabio Jurado Valencia - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
46. Aurelio Alberto Horta - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
47. Lucy Carrizosa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
48. Miguel Giusti - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
49. Mery Constanza García V - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
50. Alcides Gomez Jimenez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
51. Jorge Ariel Martinez Ramirez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
52. Jenny Elizabeth Muñoz C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
53. Juan Carlos Eslava C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
54. Manuel Muñoz XConde - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
55. Martha Orozco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
56. Luis Alvarenga - Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (El Salvador)
57. Veniero Gaggio - Movim.Salvad.Solidarid.conCuba (El Salvador)
58. Andrés Bansart - Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
59. Matías Silva Rojas - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
60. Alcira Beatriz Bonilla - Universidad de Buenos Aires / CONICET (Argentina)
61. Fredy Yezzed López - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
62. Héctor Samour - Universidad José Simeón Cañas, UCA (El Salvador)
63. Eduardo Machicado Saravia - Fundación Flavio Machicado Viscarra (Bolivia)
64. María Silvia Guillen Cardona - Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD (El Salvador)
65. Carlos Molina - Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador)
66. Jhony Balza Arismendi - Red de intelectuales Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
67. Pilar Guerrero Arango - GEMPAZ Valle del Cauca (Colombia)
68. Carmen Bohórquez - Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
69. Doc. Martin Kirschner - Universidad Catolica de Eichstätt-ingolstadt (Alemania)
70. Miriam Barrera Contreras - Université Catholique de Louvain (Belgique)
71. Jose Antonio Zuniga Umana - Red de solidaridad operacion y misión milagro (El Salvador)
72. Eric Naves - Universidad Nacional Colombia (Francia)
73. Ronan Sharkey - Institut Catholique de Paris et Sciences-Po (Francia)
74. Pablo Figueroa - Jesuita (Argentina)
75. Horacio Cerutti - UNAM (Mexico)
76. Paulina Macias - Psicoanalista (Colombia/Francesa)
77. Ricardo Arcos-Palma - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
78. Marbel Membreño - Grupo de música popular Sierra Madre (El Salvador)
79. Hélène Büchel - Instituto de los estudios interreligiosos (Alemania)
80. Elaine Padilla - Université de la Verne (Canadá)
81. Domingo Santacruz - Uno de los fundador del FMLN (El Salvador)
82. Mercedes Yusta - Université Paris 8 (Francia)
83. Olivier Compagnon - Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Francia)
84. Elisabeth Steffens - RWTH Aachen University (Alemania)
85. Jean Claude Bourdin - Université de Poitiers (Francia)
86. Nuria Girona Fibla - Universidad de Valencia (España)
87. Vicente Romero - Universidad París 8 (Francia)
88. Diana Burgos-Vigna - Universidad de Cergy Pontoise (Francia)
89. Jules Falquet - CEDREF, Université Paris Diderot (Francia)
90. Natividade Monteiro - Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
91. Enrique Rodriguez Perez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
92. Michel Tytgat - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
93. Jean Lazard - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
94. Michel Gevers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
95. Achille Mbembé – sociólogo (Africa del Sur)
96. Laure Ortiz - ’Université de Toulouse (Francia)
97. Fernando Puerta Ortiz - Docente Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia)
98. Zahia Rahmani - Escritor (Francia)
99. David gé Bartoli - Filósofo (Francia)
100. Yuri Martins Fontes - Doctor en Historia y Filosofía USP (Brasil) / CNRS (Francia)
101. Sophie Gosselin - Filósofa (Francia)
102. Joelle Tanghe - Amnesty International (Bélgica)
103. Christian Zannier - Sindicalista (SUD) jubilado (Francia)
104. Robert Chaluleau - Responsable Mission Colombie (Francia)
105. Jean-Etienne Delerue - Jubilado de la Industria Farmacéutica (Francia)
106. Evelyne Toussaint - Historiadora de arte (Francia)
107. Alexandre Poirier - Director de la Asociación de turismo (Francia)
108. Daniel Attala - Université de Bretagne Sud (Francia)
109. Anneguite Beaucastagnac - Geógrafa consultora (Francia)
110. Bruno Tackels - Escritor y filósofo (Francia)
111. Geoffrey Pleyers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
112. Sylvie Bouffartigues - Universidad Versailles Saint Quentin (Francia)
113. Jean Claude Bourguignon - Jubilado (Francia)
114. Mary Annick Bourguignon - Profesora (Francia)
115. Urriola Ulysse -. Comisión de Ética contra la Tortura (Francia)
116. Armand Soler - Militante en asociaciones (Francia)
117. Join-lambert Gabriel - Sector salud (Francia)
118. Christophe Dubois - Université François Rabelais (Francia)
119. Nelson Maldonado-Torres - Rutgers University (Estados Unidos)
120. Mónica Soto Elizaga- Feminista
121. Sara Yaneth Fernandez Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
122. Milton Leonel Calderón Vélez - Doctorante (Ecuador)
123. Cécile Coquet-Mokoko - Profesora - Investigadora (Francia)
124. Yekaterina García - Lingüista (Francia)
125. Ursula Konnertz - Leibniz Kolleg - Université de Tuebingen (Alemania)
126. Marcia Marques-Rambourg - Poetisa, crítica y profesora (Francia-Brasil)
127. Guy Bajoit - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
128. Denise et Alain Têtedoie - Sol' Enfance, asociación de ayuda a la niñez de Colombia (Francia)
129. Edith Boulanger - Universitaria (Francia)
130. Diego Paredes Goicochea - Conicet - UBA (Colombia)
131. Anders Fjeld - Université Catholique de Louvain (Noruega)
132. Ann Ferguson - University Mass Amherst (Estados Unidos)
133. Claire Laguian- UPEM (Franica)
134. Claudia Hilb - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
135. Max Cabanes - Autor de historietas (Francia)
136. Micheletti - Action Contre la Faim (Francia)
137. Camille Boutron - Universidad de los Andes/IRSEM (Francia)
138. Odile Hoffmann - IRD (Francia)
139. Martha Nubia Bello - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
140. Live Bjorge - SAIH (Noruega)
141. Soledad Diaz Pasten - Independiente (Chile)
142. Deront Pactef - (Francia)
143. Alejandra Bello - Universidad Paris 8 (Colombia)
144. Patricia Botero Gómez - Grupo de Académicos e intelectuales en defensa el Pacífico Colombiano, Universidad de Manizales (Colombia)
145. Mauricio Torres Tovar - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
146. Margarita González - Enfermera (Uruguay/Francia)
147. Angélica María Mateus Mora -Université François-Rabelais de Tours (Colombia)
148. Tianna Paschel- University of California (Estados Unidos)
149. Omar Ramirez - Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)
150. Boris Eduardo Flores - Ministerio de Salud de El Salvador (Salvador)
151. Edwin Rojas - Asociación CERNE (Nicaragua)
152. André Mejia - Universidad de los Andes (Colombia)
153. Mauricio Archila - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
154. Flor Edilma Osorio Pérez - Universidad Javeriana (Colombia)
155. Flavio Bladimir Rodríguez - Universidad Externado de Colombia (Colombia)
156. Nidia Soliz Carrión - Frente Nacional por la Salud de los Pueblos (Ecuador)
157. Nila Heredia Miranda - Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES (Bolivia)
158. Hugo Villa Becerra - Partido Comunista del Perú, Perú Patria Roja (Perú)
159. André Noel Roth Deubel - Universidad Nacional de Colombia (Suiza)
160. Yadira Eugenia Borrero - Universidad de Antioquia (Colombia)
161. Marcela Bobatto - Movimiento Mundial para la Salud de los pueblos L.A. (Argentina)
162. Mario Guerrero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
163. Andrés Felipe Mora Cortés- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
164. Felipe Pérez Cabrera - Abogado independiente (Colombia)
165. Carlos A. Manrique - Universidad de los Andes (Colombia)
166. José Arnulfo Bayona - Docente pensionado y miembro de la Red Socialista de Colombia (Colombia)
167. Carmen Caamaño-Morúa - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
168. Marina Fernandez - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
169. Laura Quintana - Universidad de los Andes (Colombia)
170. Jesús Gualdrón - Instituto Goethe Colombia (Colombia)
171. Gabriel John Tobón Quintero - Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
172. César Giraldo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
173. Fernando Arellano Ortiz - Observatorio Latinoamericano (Colombia)
174. Sergio Gallego - Universidad de los Andes (Colombia)
175. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta - Socióloga (Costa Rica)
176. José Antonio Gutiérrez D - University College Dublin (Irlanda)
177. Valentina Landínez - Universidad de los Andes (Colombia)
178. Juan Ricardo Aparicio - Universidad de los Andes (Colombia)
179. Francisco A. Ortega - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
180. Enrique Barilari - ALAMES (Chile)
181. Sara Yaneth Fernández Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
182. José Tomás Jiménez Arévalo - Pensionado, Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
183. Victoria Beatriz Peralta Rolon - ALAMES (Paraguay)
184. Freddy Ordóñez Gómez - ILSA (Colombia)
185. José Guillermo García Isaza - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
186. María José Barajas - Abogada independiente (España)
187. Marielos Giralt Bermúdez - Pensionada de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
188. Eugenia Solis - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
189. Edna Cristina Bonilla Sebá - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
190. Claudio Schuftan - Movimiento por la salud de los pueblos (Chile)
191. Lourdes Pacheco - Universidad Autónoma de Nayarit (México)
192. Marciano Sanchez Bayle - Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (España)
193. Nicole Jullian - Politóloga (Chile)
194. Fabio Cardona - Jubilado (Colombia)
195. Rafael O. Suárez E. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
196. Catalina Toro Pérez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
197. Joseph Choonara - King's College London (Gran Bretaña)
198. Carolina Ibacache Carrasco - Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres (Chile)
199. Álvaro Zerda Sarmiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
200. Gisela Cramer -Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
201. Judith Botero Escobar - Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Colombia)
202. Juan Pablo Gutiérrez Marín - Investigador Instituto Cinara, Universidad del Valle (Colombia)
203. Angélica María Henao Castaño - Universidad de Caldas (Colombia)
204. Rosario Rojas - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
205. Teresa Ordorika - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
206. Leonor Cortés Bolívar - Redes de mujeres feministas académicas (Colombia - México)
207. Mónica Roa - Diálogo Intereclesial por la Paz DiPaz (Colombia)
208. Carmen Alicia Hernández Gómez - Secretaría de Educación Distrital (Colombia)
209. Sergio Jiménez - Veedurías Salud (Colombia)
210. Graciela Uribe Ramón - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
211. Segreda-Sagot Gilda - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
212. Diego Mauricio Fajardo Cely - Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Colombia)
213. Lucy Raquel Numpaque Piracoca - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
214. Alfredo Alvira Cadena - Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié, Restrepo-Valle del Cauca (Colombia)
215. Jairo Ernesto Luna-García - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
216. Carlos Arturo Rojas Pérez - Historiador, museólogo, diseñador, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
217. Nelson F. Roberto Alba - Universidad Santo Tomás (Colombia)
218. Helena Pérez Niño - SOAS University of London (Colombia)
219. Cristóbal Arteta Ripoll - Universidad del Atlántico/Universidad Libre Colombia (Colombia)
220. Andrés Fabián Henao Castro - University of Massachusetts Boston (Colombia)
221. Maria Gerardina Merchán - Colegio de Enfermeras/os del Azuay (Ecuador)
222. Pablo A. de la Vega M. - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) (Ecuador)
223. Susana Peñafiel Acosta - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM) (Ecuador)
224. Sofya Aptekar - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
225. Amy E. DenOuden - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
226. Lina Lorena Hernández Garzón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
227. Andrea Barrera Téllez - Paris Diderot - Paris 7 (Colombia)
228. Sana Haroon - University of Massachusetts (Pakistan/Reino Unido)
229. Jorge Capetillo-Ponce - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos/Mexico)
230. Yoana Fernanda Nieto Valdivieso - University of Birmingham (Colombia)
231. Judith E. Smith - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
232. Ashley Bohrer - Hamilton College (Estados Unidos)
233. Manuel Matos - University of Massachusetts - Amherst (Republica Dominicana)
234. Henrik Ernstson - The University of Manchester (Suecia)
235. Oscar Guardiola- Rivera - Birkbeck College, University of London (Colombia)
236. Izara Mondragón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
237. Miguel Gualdrón - DePaul University (Colombia)
238. Gabriel Rockhill - Villanova University (Franco-Americano)
239. Felber Arroyave Bermúdez - Biólogo, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
240. Elizabeth Bussiere- University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
241. John Hess - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
242. Olga Lucía Castillo - Investigadora grupo Conflicto, Región y Sociedades Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
243. Carmen Baez - People’s Health Movement (Argentina)
244. Mauricio Andrés Restrepo Suesca - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Colombia)
245. Natalia Hernández Vidal - Loyola University Chicago (Colombia)
246. José David Copete Narváez - Universidad del Tolima (Colombia)
247. Elis Borde - Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
248. Juan Manuel Hernández Vélez - Docente Universidad de Versalles, Doctorante Universidad París 2 Panthéon-Assas (Colombia)
249. Diana Milena Patiño - Universidad de los Andes (Colombia)
250. Laetitia Braconnier Moreno - EHESS (Francia)
251. Mónica Almanza Marroquín - Universidad de los Andes (Colombia)
252. Julia Muñoz - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
253. Cielo E. Rusinque Urrego - Docente e investigadora Universidad Externado de Colombia (Colombia)
254. Carola Hernandez - Universidad de los Andes (Colombia)
255. Claudia Carbonell - Universidad de La Sabana (Colombia)
256. Carlos Barbosa Cepeda - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
257. Tania Pérez-Bustos - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
258. Annie Lechenet - Maîtresse deconférences en philosophie retaitée, Université Lyon 1, laboratoire Triangle (Francia)
259. Mónica Arias Fernández - Université Paris VII - Denis Diderot (Franco colombiana)
260. John Brigham - UMass Amherst (Estados Unidos)
261. Manuela Lavinas Picq - Amherst College / Universidad San Francisco de Quito (Brasil)
262. Gloria Carrillo Vallejos - Antropóloga (Chile)
263. Viviana García Pinzón - GIGA-Hamburg (Colombia)
264. Esteban Roncancio - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
265. Antonio José Rengifo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
266. Susana Domingo Amestoy - University of Massachusetts, Boston (Hispanoamericana)
267. David Rey - Universidad de Barcelona (Colombia)
268. Swyngedouw Erik - The University of Manchester (Bélgica)
269. Silvia Natalia Cortes Ballén - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
270. Andrés Felipe López Galvis - Doctorant Université Toulouse 2 Jean Jaurès (Colombia)
271. Rodolfo R. de Roux - Université de Toulouse II. Historien (Franco-colombiano)
272. Miguel Angel Vargas - Co-Director Revista Pluralis (Francia)
273. Askold Melnyczuk - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
274. Sergio Carreño Mendoza - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
275. Howard Waitzkin - University of New Mexico (Estados Unidos)
276. George Ciccariello - Maher Hemispheric Institute (Estados Unidos)
277. Alhena Caicedo - Universidad de los Andes (Colombia)
278. Luis Eduardo Gama - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
279. Olga L Gonzalez - Universite Paris Diderot (Franco Colombiana)
280. Theresa Fedor - Universidad de Los Andes (Estados Unidos)
281. Luz Dary Ruiz Botero - Docente Universitaria (Colombia)
282. Laura Gabriela Gutiérrez - Abogada Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
283. Ana Marcela Montanaro Mena - Observatorio Ético Internacional (España)
284. Pierre Semet, realisador fundador d'ACCESO Francia
285. Marcela Montanaro Mena (Master Derechos Humanos, España)
286. Gladys Aracena -TISF Collectivo Latinoaméricano de Poitiers, Francia
287. Pablo Jaramillo - Universidad de los Andes (Colombia)
288. Natalia Caruso - Universidad Pedagógica Nacional (Argentina)
289. Régis Bar - Columnista en Palabras al Margen (Francia)
290. Roques-Despréaux - Bibliothèque Universitaire (Francia)
291. Quitot Bernard - Association Aussitôt Dit (Francia)
292. Guerrini - Université Lumière Lyon 2 (Francia)
293. Simón Uribe - Universidad del Rosario (Colombia)
294. Line Chamberland - Université du Québec à Montréal (Canadá)
295. Maria Elisa Balen - Socióloga (Colombia)
296. Farinaz Fassa - Université de Lausanne (Suiza)
297. chalmette maitena - profession libérale (Francia)
298. Magne-Ville Chantal - Espe de Lyon (Francia)
299. Foray Philippe - Université Jean Monnet, Saint-Etienne (Francia)
300. Federick Sanri - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
301. Mauricio Velasquez - Universidad de los Andes (Colombia)
302. Angélica Montes - Universidad Paris 13 (Francia-Colombia)
303. Francine Duquet - Université du Québec à Montréal (Canadá)
304. Julien Joly - Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (Francia)
305. Marty Lucile - Etudiante (Francia)
306. Roberjot Bernadette - Enseignante (Francia)
307. Gloria Careaga - Fundación Arcoiris (Mexico)
308. Adrián Garcia - Doctorante (Colombia)
309. Alfonso Gumucio - critico cinematográfico (Bolivia)
310. Hubert Faes - Filosofo (Francia)
311. Fred Poché - Université catholique de l’Ouest (France)
312. Guylaine Roujol Perez - Journaliste et membre fondateur de Líderes constructores de paz en Colombia (Colombia)
313. Tavernier – Enseignant pour L'Education Nationale (Francia)
314. Lucile Garbagnati – Universitaire (Francia)
315. Nathalie Dartai – Université Lumière Lyon 2 (Francia)

 

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Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

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El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enEdición Nº242
Noruega gana un juicio contra varias ONG por abrir prospecciones petrolíferas en el Mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico.

 

La sentencia rechaza que el Gobierno de Noruega viole el acuerdo del Clima de París y niega que sea responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países

 

Un tribunal de Oslo ha avalado este jueves el plan del Gobierno de Noruega que permite la extracción de petróleo en el Mar de Barents (en pleno círculo Polar Ártico) a 13 empresas petroleras mundiales. La resolución, que puede ser recurrida en un plazo de cuatro semanas, desestima las acusaciones de varias ONG ecologistas, entre ellas Greenpeace, que denunciaron al Ejecutivo del país escandinavo de violar su Constitución y los acuerdos del Clima de París por permitir la perforación del suelo ártico para buscar y extraer crudo. Las ONG deberán pagar unos 60.000 de costas procesales, según la sentencia.

El ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Soviknes, declaró en una entrevista recogida por Bloomberg que el resultado "era esperado" y aseguró que la ronda de licencias de perforación en el mar de Barents se hizo "conforme a la legislación". Con este dictamen, hecho público a las 15.00 horas de la tarde, el juez decidió que Noruega no podría ser considerada responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países. Greenpeace cree que esta decisión va en línea con los intereses de las compañías petroleras contradiciendo, por tanto, a los científicos expertos en el cambio climático, relata al teléfono el jefe de la ONG ecologista en Noruega, Truls Gulowsen. La corte ha ordenado que las costas procesales del llamado “juicio del siglo” recaigan en los grupos medioambientales, que deberán abonar en un plazo de dos semanas al Estado 580.000 coronas noruegas (unos 60.000 euros).

"Si bien es una buena noticia que el juicio reconozca el artículo ambiental en la Constitución de Noruega [por el que se debe garantizar un medioambiente limpio para la salud e los noruegos], es muy decepcionante que descuide la responsabilidad de Noruega por dañar el clima del planeta", declaró Gulowsen, a través de un comunicado. Dice sentirse "un poco decepcionado" por la sentencia, aunque confiesa que no le ha caído por sorpresa. Por ahora, las organizaciones denunciantes quieren estudiar a fondo las 49 páginas de sentencia para tomar la decisión de apelar o no. "Es un paso muy serio, pero no es improbable", dice Gulowsen.

La economía noruega depende casi en una inmensa mayoría de la extracción y exportación de crudo. Con la crisis del oro negro de 2014, el país tuvo que meter mano al fondo soberano para poder atravesar las dificultades financieras al mismo tiempo que se esforzaba por dar un giro radical a su economía y hacerla más verde. Ya casi la mitad de la flota de turismos en el país se mueve con energía eléctrica, según los últimos datos oficiales.

Pero lo cierto es que el sector petrolero genera tanta riqueza en el país que es difícil abandonarlo. En 2016, el país escandinavo obtuvo 37.400 millones de euros tan solo por la exportación de gas y crudo; un 47% del total de bienes exportados, según el Gobierno. “El país se encuentra aún en un período mixto" antes de dar el salto total a la energía verde y, por tanto, seguirá habiendo necesidad de combustible fósil en las próximas décadas. “Y tiene que salir de algún sitio”, defendía así las exploraciones árticas Julia S. P. Loe, del instituto independiente Fridtjof Nansen de Noruega, en 2017.

El Gobierno de Noruega fue el primero de un país industrializado en ratificar los acuerdos del clima de París tan solo 20 días después de otorgar esta ronda de licencias (la vigesimotercera) para perforar el suelo marino en esta zona, por otro lado jamás explorada. Un hecho que las ONG denunciantes veían como un acto de hipocresía. En la misma dirección se posicionaba, de manera personal, hace unas semanas el presidente del Consejo Ártico, el finlandés Aleksis Härkönen, durante una entrevista con EL PAÍS: "El hecho de que un país [Noruega] que presume de políticas amigables con el ecosistema y que es progresista en su mentalidad medioambiental permita este tipo de actividades es contradictorio".

 


 

EN CIFRAS


Las 13 compañías con licencia para perforar en el mar de Barents son; Statoil y Aker BP (Noruega), Capricorn, Tullow y Centrica (Reino Unido), Chevron y ConocoPhillips (EE UU), DEA (Alemania), Idemitsu (Japón), Lukoil (Rusia), Lundin Petroleum (Suecia), OMV (Austria), PGNiG (Noruega / Polonia).

Recursos no descubiertos en la zona son del 49%, muy por encima de los que se estiman que hay en el mar del Norte (24%) y en el mar de Noruega (27%).

El gas y el petróleo significan el 47% de todas las exportaciones de Noruega, según datos oficiales, lo que se traduce en 37.400 millones de euros en 2016.

La exportación de crudo en 2016 (últimos datos oficiales) fue la más baja desde 1998, y lleva cayendo de manera constante desde 2011.

Noruega produce el 2% de todo la demanda global de crudo.

 

Publicado enMedio Ambiente
El presidente colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro con líderes de la FARC.

 

Según el Observatorio de seguimiento a la implementación, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito por las partes

 

En noviembre se cumplió un año de la firma de la paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Más de 8.000 armas han sido entregadas y se ha logrado la tasa más baja de homicidios en 40 años, pero continúan las dudas sobre el efectivo cumplimiento de lo pactado. Según el Observatorio de Seguimiento al acuerdo, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito. Los obstáculos que se han presentado desde entonces se abordaron este jueves en una reunión que se celebró en la Gobernación de Bolívar.

En el encuentro participaron Felipe González y José Mujica, miembros de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo, creado como una instancia entre el Gobierno colombiano y la guerrilla para revisar periódicamente cómo se aplica el documento que resultó de los diálogos de La Habana.

Los líderes del nuevo movimiento político —bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC— plantearon sus temores y pidieron salvar lo fundamental de la Ley de la Jurisdicción especial para la paz. El exjefe guerrillero Iván Márquez cuestionó que esta solo se aplique para los antiguos combatientes y excluya los delitos de los paramilitares, que también fueron parte del conflicto que por más de cinco décadas desangró a Colombia. Los líderes del nuevo movimiento político pidieron al presidente Santos agilizar los procesos de reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como la titulación de tierras para proyectos productivos.

Santos aseguró, al término de un encuentro que calificó como fructífero, que antes del 15 de enero nombrará a los magistrados de la jurisdicción para la paz, una de las mayores exigencias para que se aplique el acuerdo. El mandatario agradeció el apoyo de los expresidentes Mujica y González por acompañar el proceso y reconoció que, aunque la construcción de la paz no ha sido fácil, el primer informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice que el país ha alcanzado un progreso significativo. “Ese balance positivo es corroborado por los resultados que presentamos. Hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación, los avances son muy claros. Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo y sentamos las bases institucionales y normativas para que se cumpla”, aseguró Santos, que hizo un llamamiento a la reconciliación nacional.

Márquez pidió al presidente que ejerza sus potestades constitucionales para garantizar que se consolide la que se acordó. “Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado”. La FARC anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que consulte al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere el Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz.

“Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina”, dijo el expresidente Mujica al final del encuentro, en el que el Gobierno expuso los logros del primer año tras la firma. El Ejecutivo resaltó la reducción en el número de víctimas a causa del conflicto: 39 en 2017 frente a 1.200 en 2006. También destacó la erradicación de cultivos ilícitos que hasta el uno de enero era de 52.571 hectáreas.

La FARC insistió en la liberación de los exintegrantes de la desaparecida guerrilla que siguen encarcelados y pidieron protección para los líderes sociales. 2017 cerró con más de 73 asesinados.

 

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Colombia. Se repite la historia de traición y muerte

“El problema en América Latina es que la historia tiende a repetirse como tragedia”. Eduardo Galeano

 

Es famosa esta afirmación de Carlos Marx: “Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa”. Este principio debería modificarse en América Latina en general, y en Colombia en particular, diciendo que acá la historia se puede repetir muchas veces, pero siempre como tragedia.

 

Y este presupuesto resulta de una importancia crucial a la hora de analizar lo que viene sucediendo con los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, puesto que nuevamente, por enésima vez, se incumple en forma descarada lo que ha pactado el primero. Esa historia de incumplimientos y traiciones no es nueva, es más que bicentenaria, puesto que se hizo realidad por primera vez en 1781, cuando el régimen colonial español traicionó las capitulaciones que había firmado con el movimiento de los Comuneros y persiguió y asesinó públicamente y con saña a José Antonio Galán, el principal líder popular de ese levantamiento. En ese momento se originó lo que puede denominarse el síndrome del incumplimiento y de la traición por parte del Estado colombiano y las clases dominantes de lo que pactan y acuerdan con sectores de las clases subalternas. Ese síndrome viene acompañado de la persecución y muerte de los opositores políticos, como lo rubrica lo sucedido en los últimos 60 años de la historia colombiana.

 

En esta perspectiva lo que acontece hoy en día no es inédito, es simplemente la repetición, aparentemente mecánica de algo ya conocido, en cuanto a su resultado. Lo que aparece como diferente estriba en la suposición de una de las partes, las FARC, que esta vez el Estado si iba a cumplir, por las implicaciones que supone poner fin a una contienda armada de más de medio siglo. Los hechos han demostrado que al bloque contrainsurgente existente en nuestro país lo único que le interesaba era desarmar a la insurgencia de las FARC, como lo ha dicho sin disimulo Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, sin necesidad de leer entre líneas, simplemente que no se va a cumplir nada de lo pactado y que los acuerdos no pasan de ser letra muerta, papel higiénico. Y a ese orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento.

 

Este es un incumplimiento en el que han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformación, los partidos políticos ligados al establecimiento, e incluso sectores políticos que se supondrían son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrático-MOIR y los verdes, con Claudia López a la cabeza)...Todas a una, como en fuente ovejuna, han actuado al unísono, para torpedear lo pactado, que fue solemnemente firmado no en una sino en dos ocasiones, primero en Cartagena, antes del plebiscidio (suicidio plebiscitario) de octubre de 2016, y luego en el teatro Colon de Bogotá, tras introducir un sinnúmero de modificaciones, aceptadas por las FARC, que ya de por sí desnaturalizaban gran parte de lo acordado en cinco años de negociaciones en La Habana.

 

No se trata en esta reflexión de entrar a discutir –no porque no sea importante, sino porque ese no es el objetivo de este breve escrito– el alcance limitado de los acuerdos firmados en Bogotá en noviembre de 2016, alcance que ha sido presentado en forma exagerada por los voceros de la extrema derecha, desde el uribismo hasta el vargasllerismo, y sus voceros de prensa, encabezados por RCN, quienes sostienen con un cinismo extremo que esos acuerdos representan una entrega del país a lo que ellos denominan el castro-chavismo.

 

El trasfondo de este enunciado mentiroso, al estilo de Josep Goebbels, no es otro que ambientar el incumplimiento, como lo han logrado con éxito, y sobre lo que no debería haber duda, como lo demuestran algunos de los balances efectuados con motivo de cumplirse el primer año del acuerdo del Teatro Colón. Uno de esos balances sostiene que, en términos cuantitativos, el Estado ha cumplido solamente con un 18 por ciento de lo acordado, mientras que el cumplimiento de la contraparte, de las FARC, ha sido prácticamente del ciento por ciento. En efecto, mientras esta insurgencia ha entregado las armas, concentró sus frentes en zonas fijas, entregó un listado sistemático de sus haberes, los puntos básicos del acuerdo han sido irrespetados por el Estado.

 

Así, en cuanto al tema agrario –eje central del conflicto social y armado– no hay nada que permita vislumbrar que se va a efectuar alguna “reforma rural integral” que favorezca a los campesinos y pequeños productores. En cuanto al anuncio de entregar tres millones de hectáreas de tierras y de legalizar los títulos de otros siete millones, hasta ahora lo hecho es, por decir lo menos, absolutamente ridículo: se han entregado unas 69 mil hectáreas, sin saber cuántas corresponden a entrega y cuántas a restitución y “la Dirección de Acceso a Tierras reportó que durante 2016 compró 1.381 hectáreas, correspondientes a 33 predios, para entregarlas a organizaciones campesinas” ( http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6821-la-reforma-rural-integral-a-fuego-lento ).

 

Respecto a la política antidrogas, donde se planteaba una solución integral a ese espinoso asunto, que no se concentrara en atacar al productor de hoja de coca y se tocaran los diversos eslabones de ese negocio multinacional, eso no ha pasado del papel. En la práctica se ha reafirmado el viejo criterio de la política anti-drogas hecha en Estados Unidos, y reafirmada ahora por el gobierno de Donald Trump, de golpear a los campesinos, como lo evidencia lo sucedido en Tumaco, con la masacre de pequeños cocaleros, llevada a cabo por miembros de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Incluso, como van las cosas, no es de extrañar que en el corto plazo se vuelva a poner en práctica la criminal política de fumigación aérea con glifosato, como lo viene planteando el Fiscal General de la Nación, una ficha del orden contrainsurgente, quien es uno de los principales opositores al cumplimiento de lo pactado con las FARC.

 

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue presentada desde un principio como la “novedad” del acuerdo, y donde se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados “terceros”, como los empresarios, multinacionales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes...), ha quedado hecha trizas, y ha terminado siendo un tribunal en donde se va a juzgar de manera exclusiva a las FARC.

 

Y con relación a la participación política lo hecho es vergonzoso, puesto que no ha habido ninguna reforma política ni tampoco se ha propiciado ni creado el ambiente para la participación no solo de las FARC, sino de otros sectores políticos de las regiones, como lo demuestra la decisión del Paramento (perdón, Parlamento) de negar la aprobación de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz, que debían facilitar la participación de las víctimas.

 

No se ha cumplido nada en lo esencial. Y no solo eso, lo peor de todo, es que avanza un nuevo genocidio: el de los excombatientes de las FARC. O cómo puede calificarse lo que está en marcha en Colombia, ante la mirada cómplice en algunos casos y complaciente en muchos otros de gran parte de la mal llamada “opinión pública” de este país, del asesinato a mansalva, desarmados y en estado de indefensión, hasta el momento en que se redactan estas líneas, de un poco más de 30 miembros de las FARC, a lo que se suma el asesinato de una decena de sus familiares.

 

El asesinato del primer miembro desarmado de las FARC, luego de la pretendida puesta en marcha de los acuerdos de La Habana no supuso ningún rechazo, como era apenas obvio, de los voceros del orden contrainsurgente, cuando ese hecho debió concitar la movilización masiva de la sociedad colombiana, para que ese no fuera el comienzo de un nuevo genocidio. Qué diferencia a lo sucedido en Argentina donde la movilización de importantes sectores de la sociedad ha impedido que se vuelva a legitimar la desaparición forzada, que se ha intentado imponer nuevamente como práctica de terrorismo de Estado con el caso de Santiago Maldonado. Es esa acción activa lo que obligó a que en forma relativamente rápida apareciera el cadáver de este dirigente popular, lo que desde luego es una noticia trágica, pero ese mismo hecho no hubiera sido posible sin una movilización que clama en contra de la impunidad de los crímenes de Estado.

 

El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.

 

Y como fue una noticia más de la crónica criminal de este país, y una noticia muy secundaria, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, primer asesinado de las FARC, menos importante que los chismes y trivialidades de los famosos de origen colombiano (futbolistas que se divorcian o que estafan al fisco de diversos estados europeos, cantantes y actrices que exhiben como gran cosa sus asuntos personales en las mal llamadas redes sociales...), eso dio pie a que siguiera existiendo la impunidad plena de esos crímenes y de esos criminales, que directa o indirectamente están ligados al Estado y forman parte del orden contrainsurgente. Y que, además, se suponía que iba a dejar de existir luego de la desmovilización de las FARC. Pero qué va, los hechos han ido mostrando dolorosamente que en este país se sigue aplicando la lógica de la Guerra Fría, que nunca ha terminado en Colombia, de eliminar al que es declarado como enemigo, y no importa que para ello haya que esgrimir los argumentos más rebuscados y traídos de los cabellos, como los presentados recientemente por el Ministro de Defensa (sic) (mejor sería llamar Ministro de Ofensas), Luis Carlos Villegas.

 

Al respecto este personaje sostuvo que los asesinatos que se vienen dando en Colombia con una terrible asiduidad no son resultado de una persecución sistemática y planificada, sino que en su “Inmensa mayoría” "son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas". Dicho de otra forma, el Estado deja de cuidar la vida de los colombianos –que, según los cultores del supuesto “Estado de Derecho” que existiría en Colombia, sería una de sus responsabilidades principales- y expresa con cinismo algo así como que esos asesinados están bien muertos porque se lo merecen, al fin y al cabo, en algo debían andar, como siempre han dicho los asesinos, y sus cómplices mediáticos, cuando se asesina a un estudiantes, un campesino, un sindicalista o cualquiera que esté al margen de los verdaderos dueños de este país. No sorprende que los opinologos de la prensa, como Semana, ese órgano por excelencia del orden contrainsurgente, legitimen los crímenes diciéndoles a las FARC, por ejemplo, como lo hace un tal Mauricio Carradini, que “no abusen de la victoria (sic) y no se vayan a ahogar en la sangre de sus propias batallas”. ( http://www.semana.com/opinion/articulo/mauricio-carradini-opinion-la-arrogancia-de-las-farc/547813 )

 

Frente a lo que está aconteciendo con el asesinato de ex combatientes de las FARC, que repite además la trágica historia de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Toledo Plata y miles de ex guerrilleros asesinados luego de que distintos movimientos insurgentes firmaron acuerdos con el Estado (algo que modernamente comenzó en 1953), sí que resultan aplicables las palabras de Eduardo Galeano, cuando manifestó con claridad meridiana: “La amnesia implica impunidad, y la impunidad estimula el delito, tanto en términos personales como colectivos. No se necesita ser un gran jurista para saber que si yo mato a mi vecino, y todo sigue igual, termino matando al vecindario entero, porque la impunidad tiene un efecto estimulante sobre el delito”.

 

Lo acontecido en este 2017 con el acuerdo, el haberlo hecho trizas, no es algo de poca monta, porque tiene una trascendencia que va más allá de lo meramente coyuntural. Muestra, de un lado, que está en marcha un genocidio similar, y de pronto peor, que el de la Unión Patriota y A Luchar. Indica, de otra parte, que en este país se repite la historia de incumplimiento y muerte por parte del bloque de poder contrainsurgente, que supone sembrar las semillas de nuevos-viejos conflictos nunca resueltos, es decir, se están incubando nuevas guerras. De eso deben estar tomando nota el ELN, las mal llamadas disidencias de las FARC, y nuevos movimientos insurgentes que puedan formarse en el futuro próximo, para los que queda claro que en este país de cultura traqueta no se respeta la palabra empeñada.

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Domingo, 24 Diciembre 2017 08:00

Perfidia e ilegitimidad del Estado

Perfidia e ilegitimidad del Estado

La Justicia Especial para la Paz (Jep), uno de los temas más espinosos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, desnuda de nuevo el carácter del Estado colombiano.

 

Te he buscado donde quiera que yo voy
Y no te he podido hallar [...]
Y tú
Quien sabe por dónde andarás
Quien sabe qué aventura tendrás
Que lejos estás
¡De mi...!
¡De mi...!
¡De mi...!

 

Este es el bolero que al cumplirse el primer aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las Farc-Ep, le está cantando Timochenco a Santos. Es el símil romántico, que a pesar del profundo dolor del amante excluido del corazón del amado, es menos grave que la realidad colombiana: un Estado de perfidia, de mafias, de corrupción y de ilegitimidad.

Durante el mes de octubre y las dos primeras semanas de noviembre del año que está por terminar una parte de la opinión pública quedó estupefacta al ver las maniobras realizadas por el Congreso de la República para volver cenizas los acuerdos de paz: la engavetada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz –Jep– por parte del presidente de la Cámara, las 7 sesiones del Senado donde no hubo quórum para aprobar el articulado por la desbandada de sus miembros, las cuatrocientas proposiciones para quemar tiempo, las pancartas y avisos del Centro Democrático, los gritos del dueño de este partido contra los integrantes de las barras. Pero más estupefacta quedó esa opinión después del alegrón que tuvo por el fallo unánime de la Corte Constitucional, que supuestamente le daba vía libre a la Jep. Entonces, los más conscientes de ese segmento de la opinión pública sintieron que les hervía la sangre, se irritaron, renegaron, maldijeron, se golpearon la cabeza contra las paredes y le lanzaron zapatazos al televisor donde veían las noticias con las que quedaba en evidencia que las cúpulas de los poderes se habían amangualado para burlarse de la manera más grosera e infame, no solo de quienes habían firmado los acuerdos de paz sino de los ciudadanos comunes y mortales.

¿Cómo comprender la trama?

Para entender el engaño es preciso ir al principio. Colombia ha estado gobernada desde el primer día de su independencia, por un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. El verbo más arraigado en el alma de las élites que han gobernando es excluir: de la tenencia de la tierra, de la educación, del trabajo, de la cultura, de la vivienda, de la participación política, del ingreso nacional y de todos los derechos fundamentales. Si las clases populares y medias reclaman sus derechos legítimos, viene el segundo verbo: reprimir. Se les judicializa, encarcela y tortura. Pero si aun levantan su voz, se les extermina para siempre. Así, se han borrado de la faz de la tierra todas las disidencias, no solo las individuales, sino las colectivas: comunidades y pueblos enteros, sus sueños políticos y culturales han sido exterminados.

Con motivo del proceso de paz con las Farc las élites dominantes se dividieron. El sector más conservadurista y ultramontano se declaró enemigo del proceso de paz desde el principio, y, se fue endureciendo a medida que las negociaciones iban dando resultados positivos, mientras el gobierno mantenía hasta el final un doble discurso. De una parte, el del presidente Santos, que unos días hablaba de paz y otros atizaba el fuego con ardentía, ordenando que se diera de baja a Timochenco y a sus mejores hombres. Y, de otra parte, la de su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que más parecía un mariscal de campo, puesto allí para exterminar hasta el último de los guerrilleros, a quienes calificaba de culebras y ratas.

Esta facción de las élites, excluyente por antonomasia, tan pronto se firmaron los acuerdos se sintió herida de muerte y acentuó su odio contra los disidentes, a quienes ayer los persiguieron y les cerraron todas las vías legales, obligándolos a empuñar las armas para defender sus vidas, familias y bienes, y hoy han tenido el valor de dejarlas, para luchar solo con la fuerza de las palabras. Ese desafecto con el proceso y con los acuerdos de paz de una parte de las élites, ha sido calificado por los medios de comunicación, los partidos políticos y gremios económicos como una "polarización" de la sociedad. Esa apreciación es falsa. No es cierto que en Colombia exista hoy una polarización. Aquí no hay dos bandos que se quieran matar. Lo que sucede es que la facción de las élites desafecta a la paz, a base de mentiras, consejas y falacias –que algunos llaman posverdad o verdad líquida–, radicaliza sus posiciones para dividir la sociedad y obtener réditos políticos.

Esa facción de las élites está poseída de tanta mezquindad, exclusión, odio y ánimo vengativo, como aquella élite que desangró a Colombia entre la segunda y sexta décadas del siglo XX. Esa élite representada ahora en las tres ramas del poder público, en los órganos de control, el régimen electoral, los gremios económicos y los medios de comunicación, ha entorpecido y saboteado el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos suscritos entre el Estado y Farc-Ep, hasta el punto de pretender que los antiguos guerrilleros no vivan, hablen o transiten en los espacios públicos, calles y plazas a los que tenemos derecho todos los hijos de este país. El lenguaje y las actitudes de los voceros de esa élite señalan sin ningún equívoco, que son una amenaza real para la existencia de una sociedad civilizada.

Sin embargo, ante los hechos registrados en las últimas semanas, queda la duda si en verdad las élites se fracturaron debido a las diferentes concepciones sobre el conflicto interno, o, simplemente hubo entre ellas la más perfecta división del trabajo para engañar no solo a la insurgencia sino a toda la población y a la comunidad internacional. En efecto, la Justicia Especial para la Paz, que es el único punto de los acuerdos, nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, ha sido incumplido gracias a la decidida acción de la cúpula de todos los poderes. Esas acciones conjuntas para entorpecer la implementación de los acuerdos permiten concluir que las dos élites querían someter a las Farc-Ep. Las herederas de Laureano Gómez lideradas por Uribe, a plomo físico. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo y otras a punta de muñequeo dialéctico. Así lo reconoció Santos, con gran satisfacción, en su alocución del 16 de mayo de 2016: "Las Farc se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes".

La Jep es la esencia de los acuerdos

Pese a que en los dos extremos del espectro político hay posiciones encontradas frente al contenido de los acuerdos de paz, ninguno de los dos tiene la razón. Por una parte, no es verdad que se les haya entregado el país a las Farc, como dice la extrema derecha, ni lo acordado y suscrito por las partes representa un avance sustancial, que desborde el contenido de la Carta Política del 91, ni las intenciones progresistas que la precedieron, como lo pretenden hacer creer los más optimistas, ubicados en la punta contraria. En esencia, todo lo convenido y firmado en Cartagena y en el Teatro Colón ya está escrito y hace parte de la Constitución: la reforma agraria integral, la participación política, la obligación del Estado de reparar las víctimas, las drogas como un problema de salud pública. Todo está ahí. Es decir, no ha sido falta de normas, sino del poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las 310 páginas firmadas por las dos partes: Estado y Farc-Ep. Es el más perfecto estatuto, el más completo tratado de paz. Pero mientras el Estado tiene todos los poderes, incluyendo el de las armas, las Farc-Ep fueron sometidas, desmovilizadas, concentradas en unos potreros sin servicios –hasta en lo más simple el Estado ha incumplido– y desarmadas por su propia voluntad.

Por desgracia para el proceso, el reciente fallo de la Corte Constitucional fue un engaño en el engaño, o una revictimización en la buena fe de los colombianos. Cuatro fueron los puntos que se convirtieron en petardos para acabar con la Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, los particulares que promovieron el paramilitarismo, que apoyaron económicamente las masacres, no están obligados a concurrir a la Jep. Solo pueden llegar a esa justicia de manera voluntaria.

En segundo lugar, la Jep ya no será órgano de cierre definitivo, relacionado con crímenes cometidos en la guerra, como fue el objetivo primordial de los negociadores, con dos propósitos. Por una parte, darle legitimidad al nuevo tribunal, y por la otra, proveerlo del control total de sus determinaciones. La Corte Constitucional no se dejó arrebatar ese trozo de poder y conservó para sí la última palabra, en materia de tutelas, cuando este recurso se presente contra sentencias proferidas por el tribunal de la Justicia Especial de Paz.

En tercer lugar, los conflictos de competencia no serán resueltos por el propio sistema especial, sino por el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. En su origen la Jep había creado dos salas para resolver los incidentes de competencia, conformadas con magistrados de la Corte Constitucional, de la jurisdicción especial o de autoridades indígenas, para resolver los conflictos en los que no estuviera claro cual era la instancia judicial competente para conocer de algún asunto. La idea inicial era mantener la autonomía e independencia de la justicia ordinaria. La Corte bombardeó este principio de la Jep, y le entregó este instrumento de poder al organismo más señalado de arbitrariedades en la rama judicial.

Finalmente, la Corte Constitucional acabó con la responsabilidad de mando que la Jep había creado. En este tema, la Corte no solo se burló de quienes firmaron los acuerdos y de todos los colombianos, sino de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. En efecto, el presidente de la Corte Constitucional le pidió concepto sobre este delicado asunto a Bensouda, quien fijó sus puntos de vista. Luego de conocer la tesis de la fiscal internacional, la Corte de manera unánime se apartó del concepto que había pedido. Por supuesto, esta actitud de burla extrema abre las puertas para que un día la justicia internacional venga por antiguos guerrilleros, militares o altos funcionarios del Estado a quienes en Colombia los hayan excluido de responsabilidad.

La conducta de la Corte Constitucional le sirvió de inspiración al Congreso de la República, para darle el golpe mortal a la Jep. Efectivamente, el órgano legislativo, después de más de un mes de trabas a la ley estatutaria que debía reglamentar el funcionamiento del tribual especial, creó nuevos requisitos e inhabilidades a los magistrados ya nombrados, así como restricciones adicionales a los exguerrilleros para participar en política. ¡Cómo sería el desmantelamiento de la Jep que hasta Uribe y el Centro Democrático, opuestos sistemáticamente al nuevo tribunal, esta vez votaron con entusiasmo!

Delito de perfidia e ilegitimidad del Estado

Tal como han ocurrido los hechos, desde cuando el Estado colombiano comenzó la negociación con las Farc-Ep, hasta las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, el Congreso y los órganos de control, Colombia ha incurrido en el delito de perfidia, consagrado expresamente en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que establece: "Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario recurriendo a la perfidia. Los actos que invitan a la fe de un adversario que le llevan a creer que tiene derecho, o está obligado a conceder la protección en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, con la intención de traicionar esa confianza, constituyen perfidia" (1). Al respecto de la prohibición de matar, en este año, hasta el 31 de octubre, habían sido asesinados 32 exguerrilleros de las Farc-Ep, sin que el Estado haya hecho nada para contener los agentes oficiales o paramilitares ejecutores de estos crímenes. Se ignora cuál será el tope de antiguos guerrilleros que los asesinos tienen en mente para volver trizas lo único real que queda del proceso: los desmovilizados.

Con todos estos hechos y actitudes el Estado colombiano ha traicionado la confianza, no solo del ejército insurgente Farc-Ep, sino de la comunidad internacional que sirvió de garante del proceso, que entendió que era limpio y de buena fe. El Estado que desde hace más de veinte años se había convertido en un ente ilegítimo, por el alto grado de corrupción, la miseria de un segmento importante de la población y la carencia de soberanía, hoy ha perdido el respeto del mundo (2). No solo ha incumplido la palaba empeñada con la insurgencia, con la sociedad y la comunidad internacional, sino que ha pisoteado el documento que firmó el jefe de Estado, quien para hacerlo más creíble ante el mundo utilizó una pluma incrustada en una bala de los millones que tenía destinadas a asesinar al enemigo interno. ¡Qué respeto, consideración y dignidad merece un Estado que no solo incumple su palabra para engañar a su enemigo, sino que niega y borra el documento firmado!

¡Excelente mensaje para Eln! Esa guerrilla debe estar pensando en exigirle al Estado que de inmediato hagan parte de la mesa de negociación el Fiscal, el Procurador, el Contralor, todas las Cortes, el sistema electoral, el Congreso en pleno, los gremios económicos y los medios de comunicación. En suma, el establecimiento total, porque el Presidente no es el jefe de Estado, ni el que decide en temas de guerra y paz (3).

1. Artículo 37 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.
2. Ballén, Rafael, Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o revolución de la diversidad. Bogotá, Temis, 2ª ed., 2007.
3. Ballén, Rafael, Los males de la guerra. Colombia 1988-2008, Bogotá, Temis-Universidad Libre, 2010.

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor de más de dos docenas de libros (ficción y no ficción) y más de ciento cincuenta artículos entre científicos y de divulgación. Exmagistrado y exprocurador delegado ante la Corte y ante el Consejo de Estado.

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Gustavo Bell es nombrado como nuevo negociador ante el ELN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó hoy al ex vicepresidente Gustavo Bell jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con la guerrilla del ELN en reemplazo de Juan Camilo Restrepo.

“He decidido nombrar como nuevo jefe negociador al ex vicepresidente Gustavo Bell. Él será el nuevo jefe de la delegación y con él vamos a conformar el equipo que lo acompañará a partir del 9 de enero”, dijo Santos en declaraciones a la prensa.

Bell, que fue vicepresidente durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), asumirá el cargo el 9 de enero, cuando debe empezar en Quito el quinto ciclo de negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El ELN expresó a través de Twitter que el nombramiento de Bell es un cambio “positivo”, y que espera sea un impulso en la mesa de negociación hacia “una paz con transformaciones de fondo”, por lo que destacó su deseo de construir juntos “una estrategia para sacar a la violencia de la política”.

El abogado, historiador y periodista, de 60 años, reemplazará en el cargo a Restrepo, quien representaba al Gobierno desde el inicio de las negociaciones, en febrero pasado, y anunció su retiro a comienzos de este mes por motivos profesiones y personales.

Tras la renuncia de Restrepo, Santos dijo que aprovechará la coyuntura para cambiar a todo su equipo de representantes en la mesa de conversaciones.

Santos dijo que la primera misión que tendrá Bell será discutir la probable prórroga del alto el fuego y de hostilidades que el Gobierno y el ELN cumplen desde el 1 de octubre y que se extenderá hasta el 9 de enero.

El ELN ha manifestado que está dispuesto a extender el primer acuerdo de tregua suscrito con el Gobierno desde su fundación, en 1964, pero que la decisión solo será tomada cuando las partes se encuentren de nuevo para la quinta ronda de conversaciones.

El jefe de Estado agradeció el trabajo del equipo negociador que encabezó Restrepo y dijo que espera que se llegue a un acuerdo de paz con ese grupo, tras el pacto de paz que su Gobierno firmó hace poco más de un año con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Yo no tengo sino palabras de agradecimiento y de elogio por al equipo negociador encabezado por el doctor Juan Camilo Restrepo. Ayer mismo (el lunes) me volví a reunir con él para analizar la situación en este momento”, dijo Santos.

Además de ejercer la vicepresidencia en el Gobierno de Pastrana, Bell ha sido ministro de Defensa, gobernador del departamento de Atlántico, director del diario “El Heraldo” de Barranquilla y actualmente se desempeña como embajador en Cuba, donde acompañó de cerca a la delegación del Gobierno que protagonizó el proceso de paz con las FARC.

(Con información de DPA)

 

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