Sábado, 31 Marzo 2018 10:08

Colombia en la cuerda floja

Colombia en la cuerda floja

El asesinato sistemático de líderes sociales con 282 víctimas en el 2017, la falta de garantías de derechos humanos, la corrupción, la falta de un gobierno abierto, entre otros aspectos importantes en un Estado de derecho, ubican a Colombia cada vez más por debajo de lo aceptable en el ranking anual del Índice de Estado de Derecho, de acuerdo con el World Justice Project.



El pasado 31 de enero, el World Justice Project (WJP)*, publicó el informe de Índice de Estados de Derecho 2017–2018, estudio realizado a partir 113 países considerados en ocho factores: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil, y Justicia penal. En Colombia, producto de quienes detentan el poder, la coyuntura nacional es cada vez más preocupante en términos de la violación de los derechos humanos y de los escándalos políticos y económicos, con una justicia que se queda corta cuando se trata de condenar a los agentes del poder.

 

Colombia en la cuerda floja. Las puntuaciones entre estos 113 países pueden compararse a nivel global y regional. En el rango global, Colombia se ubica en el puesto 72, y a nivel regional en el puesto 19, de 30 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es el descenso que tuvo el país en los últimos años, que más allá de ubicarlo en un puesto, evidencia las graves problemáticas presentes, la falta de derechos y la ausencia de un control real y eficiente que garanticen una vida digna y una democracia real, un descenso de 10 lugares como el registrado por Colombia en tan solo 3 años significa que más allá de las cifras, la realidad es preocupante. En el 2016, el país se ubicó en el puesto 71 y en el 2015 en el 62. (Ver Tabla 1)

 

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Lo que significa que Colombia no está mejorando en términos de democracia y derechos fundamentales, sino que, por el contrario, es un país cada vez más absorto por la corrupción y los criminales que carcomen a cada uno de los estamentos políticos y sociales, sin que nadie salga afectado, excepto el pueblo mismo.

 

Si bien no hay Estados de derecho perfectos, Colombia, en su supuesta transición hacia la paz, tal como dice el dicho popular “tras de gorda, inflada”: tiene un gobierno que hace y deshace, según su conveniencia. Un gobierno, que como es público, es ilegítimo en tanto el patrocinio recibido por Santos de parte de Odebrecht –al igual que su anterior jefe Álvaro Uribe Vélez–; gobierno que no cumple con su compromiso de restituir la tierra a campesinos, comunidades afro e indígenas, afectadas por el conflicto armado, ni con proteger la vida de los líderes sociales, hoy amenazados, hostigados y asesinatos; país, por demás, donde las investigaciones sobre los falsos positivos y las famosas chuzadas no pasan de ser primicias de periódicos y canales de televisión.

 

Para entender los valores y los 8 aspectos evaluados por WJP, cabe aclarar que 1 es la mejor calificación y el rango por nivel de ingreso corresponde a otros países que ingresaron en el ranking junto con Colombia, tal como Albania, Turquía, Rusia, Rumania, entre otros.

 

Aspectos evaluados

 

Límites del poder gubernamental: mide la capacidad de decisión que tienen quienes gobiernan desde la instancia judicial, desde el poder legislativo, las sanciones por mala conducta, la auditoría independiente, los cheques no gubernamentales y la transición legal de la potencia.

 

Ausencia de corrupción: Este aspecto es especial, dada la coyuntura en el país. Con éste miden el nivel de corrupción presente en los estamentos judiciales, legislativos, ejecutivos y en las fuerzas militares y de policía; de estos, el poder judicial es el estamento con los mayores indicadores de corrupción.

 

Gobierno abierto: en este punto se evalúa el derecho a la información, la participación cívica y los mecanismos de queja y/o reclamo a los que puede acceder la población.

 

Derechos fundamentales: uno de los temas más sensible luego de firmados los acuerdos de paz. El World Justice Project, define este aspecto tomando como referentes la discriminación, el derecho a la vida y seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y los derechos laborales.

 

Orden y seguridad: en este caso se tiene en cuenta la ausencia del delito, ausencia del conflicto civil y la ausencia de la reparación violenta.


Cumplimiento regulatorio: se mide la reglamentación de efectiva aplicación, sin influencia inapropiada, sin demoras injustificadas y el respeto del debido proceso.

 

Justicia civil: corresponde a la accesibilidad y asequibilidad, no discriminación, sin corrupción, sin influencia gubernamental indebida, sin retrasos irrazonables y aplicación efectiva.

 

Justicia penal: evalúa los mismos aspectos de la justicia civil, con la variación de incluir las investigaciones efectivas, la efectividad del sistema correccional y la oportuna y efectiva adjudicación.

 

El espectro de la justicia en Colombia es cada vez más limitado y banal, a nivel internacional se evidencian las falencias gubernamentales y las denuncias e informes se quedan ahí, da lo mismo ver que Holanda, Dinamarca y Suecia ocupan los mejores lugares, países con los mejores gobiernos y condiciones de vida y, a su vez, ver países como Colombia donde la justicia y la democracia formal penden de un hilo y son cada vez más ajenas a la vida digna de las personas.

 

De acuerdo con el fundador y CEO del WJP, William H. Neukom “El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, sin embargo, el pasado 7 de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a las 282 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en Colombia, registradas desde el 2016 hasta lo que va del 2018. El Alto Comisionado enfatizó en los más de 20 informes de crímenes en este primer trimestre del año, por lo que calificó de “alarmante” la situación, la cual esperan denunciar de manera oficial el 21 de marzo.

 

 

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Lo complejo del asunto

 

Firmados los acuerdos con las Farc, Colombia es agenda tanto para los medios de comunicación como para los distintos organismos internacionales. En su transición a la paz y una vez acordada la finalización de la confrontación armada con las Farc, las realidades de quienes habitan este país deberían ser muy distintas o por lo menos, muy lejanas a la muerte, la desaparición y hostigamientos sufridos durante años. Sin embargo, el panorama es desalentador y evidencia los verdaderos problemas de fondo.


Como otra parte del horror que vivimos, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó el pasado el 6 de marzo, el asesinato en nuestro país durante el 2017 de 32 defensores del territorio y el medio ambiente, a lo que el Alto Comisionado de la ONU precisó que no solo es la defensa del medio ambiente, también es la defensa de la vida, la salud, el agua, la higiene, la alimentación y demás derechos culturales, políticos y civiles. Cabe resaltar que son las comunidades campesinas, afro e indígenas a quienes más les violentan el derecho al territorio.

 

Ante tal problemática, la ONU plantea que el cambio empieza en cada uno de los colombianos, que solo así puede detenerse el asesinato de quienes luchan por una vida mejor; sin embargo, ante la amenaza de muerte que acecha constantemente a quienes lideran el verdadero cambio, una justicia y una democracia real de todos y para todos, hace falta cuestionar los modelos económicos y políticos a los que está sometida Colombia e, incluso, el mismo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

 

Aunque, según William H. Neukom, “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

 

* El World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

 

 

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 05 Marzo 2018 06:34

La entrega del petróleo

La entrega del petróleo

Quiero dejar por escrito, una alerta de cara al futuro: se han creado las condiciones y se ha dado inicio a la entrega de nuestro petróleo y gas, en una vuelta de la nefasta “apertura petrolera”.

Esto ha sucedido de la mano de un gobierno que se proclama Chavista pero que, en medio del caos económico, del cual tiene la mayor responsabilidad, está echando por tierra uno de los principales aciertos del Comandante Chávez como ha sido su política petrolera. El madurismo, cual “caballo de Troya”, le abre las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país.

En medio de la diatriba de la política con “p” minúscula, con su escarceo diario, arbitrariedades, insultos de todo tipo y la guerra de “twitters”, se han venido socavando los pilares que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera.

Uno de estos pilares es PDVSA. Durante la IV República, la “apertura petrolera” convirtió a PDVSA en un administrador de contratos, el Ministerio de Energía y Minas de entonces había cedido sus competencias a la operadora y ya no sería más el asiento de la política petrolera.

Así, la vieja PDVSA no solo entregó a las transnacionales las mejores áreas de la Faja Petrolífera, sino que la renombró Faja Bituminosa, y, en base a ese fraude, derogaron todo el régimen fiscal petrolero existente, se aceptaron las regalías de 1%, el impuesto sobre la renta No petrolero, se prometieron nuevas áreas de expansión, se aceptó el arbitraje internacional, se cedió el control de las exportaciones y de las operaciones de producción a las “Asociaciones Estratégicas”. Era el fin de la empresa nacional, y de una política petrolera nacional.

La vieja PDVSA, no sólo ya no volvería a operar, sobre todo en las nuevas áreas y prospectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, sino que se iría desprendiendo de todas sus actividades medulares: taladros, inyección de agua, de gas, procesamiento de gas, transporte, además de la propia producción de petróleo, a través del otorgamiento de “convenios operativos” a empresas privadas, donde la vieja PDVSA era responsable de su diseño y asignación en distintas rondas, con la correspondiente flexibilización de condiciones fiscales para las empresas y aceptación del arbitraje internacional, ya en ejercicio de lo que sería su rol como “agencia petrolera” en sustitución del Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto Cristóbal Colón tenía en su intención y diseño el modelo de lo que sería la apertura petrolera en desarrollo: regalías de 1%, operadoras transnacionales, arbitraje internacional, todo el gas para la exportación, cero industrialización de los hidrocarburos en el país.

De hecho, el esfuerzo aperturista, siguió avanzando durante el inicio del Gobierno del Comandante Chávez, donde lograron promulgar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que abría las puertas a la privatización del sector y la resistencia que hicieron, a través de la Vieja PDVSA a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, hasta que llegaron a la confrontación con el Estado, desde su participación en el Golpe de Estado de 2002, hasta el Sabotaje Petrolero del 2002/2003, donde sus agentes nacionales fueron derrotados y las transnacionales se “replegaron” y concentraron su acción en las Juicios de Arbitraje internacional tanto en contra de la empresa, como en contra de la República.

A las transnacionales no les interesa que los países productores tengan sus propias y fuertes empresas nacionales, operadores propios, capaces de desarrollar los recursos de su país atendiendo a una visión e interés de país petrolero. Fue sólo a partir de la llamada “revolución de la OPEP” en 1973, cuando los países productores tuvieron sus propias empresas nacionales, tomando el control de las operaciones, cuando la organización, fundada en 1960, tendría efectivamente la posibilidad de incidir definitivamente sobre el precio del petróleo.

A partir de allí el enfrentamiento entre las transnacionales y las empresas nacionales petroleras ha sido permanente, en todos los terrenos, desde la competencia, la tecnología, los mercados, hasta cuestionar su propio carácter “nacional”, tratando de “capturar” a sus cuadros gerenciales, técnicos, legales, en sus centros de enseñanza y de pensamiento, hasta lograr “capturar” a la propia empresa y entonces, como sucedió con la vieja PDVSA en nuestro país, se convierten en agentes, vehículos, de los intereses transnacionales, ahora representados en el país por el rostro de la empresa nacional.

Una matriz o proceso que antecede o acompaña los procesos de apertura petrolera es el debilitamiento y/o descalificación de la empresa nacional, se cuestiona su visión nacional, su subordinación al Estado, el control que el mismo ejerce sobre sus decisiones y propiedad, en consecuencia, se les acusa de falta de “transparencia”, “opacidad” y corrupción. Por eso, instan a las empresas nacionales a “modernizarse” entendido esto como abrirse al capital transnacional, a su control, su escrutinio, ceder su propiedad, operaciones y que sus decisiones tengan solo motivaciones comerciales, renunciando a su carácter nacional.

El gobierno se ha trazado una línea de debilitar y golpear a nuestra empresa nacional, la Nueva PDVSA. No termino de entender las motivaciones del ensañamiento del madurismo en contra de nuestra principal empresa en el país, no existe otra igual, ni tan poderosa, la única capaz de competir internacionalmente, la quinta a nivel mundial, y es 100% propiedad del Estado.

No hay otra empresa tan estratégica para el Estado venezolano, ni para el país, como la Nueva PDVSA, por ello su propiedad está reservada al Estado en nuestra Constitución. Nosotros la recuperamos del sabotaje petrolero, la reconstruimos desde sus cimientos, sus cuadros técnicos y gerenciales, sus trabajadores, sus miles y miles de jóvenes profesionales acudieron al llamado de la patria para recuperar la empresa desmantelada durante la apertura petrolera y destrozada por el Sabotaje Petrolero.

Le dimos el carácter nacional y popular que la empresa nunca tuvo, por primera vez, la Nueva PDVSA se convirtió en una empresa nacional, al servicio del pueblo venezolano, subordinada al Estado en cumplimiento de las misiones estratégicas que le fueron encomendadas.

Además, rescatamos todas las capacidades operativas de la empresa y abarcamos nuevas áreas operacionales que nunca habíamos asumido. Revertimos con éxito todas las operaciones que habían sido privatizadas o cedidas durante la apertura y lo más importante, fuimos capaces de asumir con éxito las vastas áreas nacionalizadas en el 2007, en la Faja Petrolífera del Orinoco y atraer a las empresas petroleras internacionales, las más importantes de ellas, a invertir en nuestro país, pero absolutamente subordinados a nuestras Leyes y nuestro régimen Fiscal Petrolero, restablecido por la Revolución, con plena soberanía jurisdiccional y nuestra empresa nacional operando y exportando con éxito.

A partir del 2014 comenzó el desmontaje de nuestra Nueva PDVSA, se le ha golpeado en el corazón, en sus trabajadores, sus técnicos, gerentes, se les ha acusado de corruptos y se ha generalizado una persecución que ha acabado con la autoestima y respeto que los trabajadores se ganaron al calor de la batalla por la Plena Soberanía Petrolera y la reconstrucción del país. Antes de ser acusados de corruptos, pasaron tres años persiguiendo a los “ramiristas”, desmantelando sin ningún tipo de cuidado ni responsabilidad todas las capacidades técnicas y gerenciales de nuestra empresa.

La incapacidad manifestada por el gobierno de Maduro tal vez tiene su mejor expresión en el desastre de PDVSA. Se colocaron personas sin ninguna experiencia, ni capacidad, a dirigir un sector tan complejo, difícil como el petrolero. El madurismo desprecia el estudio y el trabajo, el conocimiento y experiencia acumulada de tantos años en nuestra Nueva PDVSA y estoy hablando de experiencia en tiempos de Revolución, con Chávez.

No es fácil dirigir una empresa como PDVSA y cumplir todas las tareas asignadas por el Estado, estamos hablando de una cantidad inmensa de tareas en la batalla por la derrota de la pobreza en nuestro país. Lo hicimos y lo hicimos bien. Lo hicimos durante más de diez años con un Jefe muy estricto y exigente: el Comandante Chávez. Pero lo hicimos en base a capacidad, estudio y mucho pero mucho trabajo. Allí están los números y está la gestión, es una de las pocas gestiones que todo el país conoció de primera mano, porque rendíamos cuenta todos los domingos en Aló Presidente, porque entregamos obras, porque asumimos retos públicamente, porque fuimos capaces de traer al país más de 480.000 millones de dólares. Éramos el instrumento del Estado para el ejercicio pleno de la soberanía sobre el manejo del petróleo, en nuestra política internacional, alianzas estratégicas, soberanía sobre nuestro territorio, sobre todos nuestros recursos.

Esa era la PDVSA de Chávez. ¿Que ha pasado desde el 2014?, es increíble que la respuesta sea tan simple como absurda, el madurismo quería “controlar” a PDVSA, poner a sus acólitos, así mismo, como si fuese una cosa sencilla, no importa si tenían capacidad o experiencia, no importa, había que desplazar al “ramirismo”, al Chavismo, a cualquier grupo humano que no fuese el suyo. Querían a los “suyos” y eso es lo que hay en la Junta Directiva de PDVSA y sus filiales, no puedo poner en duda las intenciones de los que asumen esas responsabilidades, yo no soy de esos irresponsables que emiten acusaciones, juzgan y descalifican sin siquiera una prueba, pero lo que, si les puedo decir, es que los que han asumido la dirección no tienen ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento.

En una empresa petrolera, así como en la ingeniería y las matemáticas, el desempeño se mide por resultados. Veamos, ¿no es suficiente que la producción de petróleo haya caído desde el 2013 hasta hoy día en más de 1.2 millones de barriles diarios, para darse cuenta que la gestión en este periodo ha sido un desastre?, a diferencia de otros países, como México y su yacimiento en Cantarell, no se trata de ningún fenómeno geológico, ni nada extraordinario, es más trágico y sencillo: incapacidad, subestimación, improvisación.

Quien adelanto la “vendetta” contra la obra de Chávez, contra mí y contra los “ramiristas” debe estar satisfecho, porque controlan la empresa, pero ¿a qué costo? y ¿por qué?, parece no importar mucho, solo querían quitar del medio los obstáculos a sus planes. Los que han hecho la tarea, lo han hecho con saña y con hambre de poder, ambiciones, muchos negocios y compromisos con grupos económicos.

El costo que vamos a pagar es muy alto, lo va a pagar, lo está pagando, todo el país. Ahora que la empresa está por el suelo y todos sabemos que así será muy difícil recuperarla, a pesar de las promesas y los anuncios de recuperar un millón de barriles en “cuestión de meses” como han dicho, porque sabemos que eso no es más que otro “blofeo”, otro anuncio sin fundamento, que demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona una empresa de estas dimensiones. Lo que va a pasar realmente, es que van a seguir entregando el petróleo y el gas a empresas transnacionales, de cualquier tamaño o calidad, es una rebatiña, ya lo están haciendo.

Están llamando a las empresas privadas, nacionales e internacionales, a que asuman la producción, se negocia con el “agua al cuello”, en una desesperada posición de debilidad, producto de la pésima gestión de estos últimos cuatro años. A cambio, las empresas piden “flexibilizar” las condiciones, piden las mejores áreas, piden que PDVSA ceda en su participación, ceda áreas en plena producción, donde ya las inversiones fueron hechas, a cambio de desesperados auxilios financieros, para paliar la mala gestión económica en el manejo de la deuda, se entregan las mejores áreas petroleras, es así de simple: una privatización de PDVSA.

Para pagar favores políticos o lograr los famosos “acuerdos” con la oposición se entregan áreas en producción a relacionados con líderes de la oposición, se rematan activos de la empresa, que son del país.

Se han entregado proyectos emblemáticos del Comandante Chávez, proyectos muy importantes para garantizar el abastecimiento de nuestro mercado interno y para la necesaria industrialización de los hidrocarburos, los proyectos de gas costa afuera, tanto el Proyecto Rafael Urdaneta y el Mariscal Sucre, ¿se recuerdan del “Perla 3X” ?, ¿del “Cruz de Mayo” ?, ese gas, lamentablemente, no vendrá a la patria.

Se crean nuevas empresas, a la cuales se les asigna campos importantes, pero que sencillamente no tienen ni capacidad ni experiencia operacional. Se han convertido en agencias de proyectos y “negocios”. Obtienen un área y luego salen a buscar las empresas operadoras. Así, ha pasado en áreas tan importantes como la Faja Petrolífera del Orinoco y en áreas tradicionales.

Se han otorgado “descuentos” en las ventas de petróleo, por eso se ataca a los mecanismos establecidos de “fórmula de precios”, que son públicos, verificables. En comercio y Suministro los “traders” son los que “resuelven” las emergencias y el comercio de hidrocarburos en esta debilitada e intervenida PDVSA. El sector refinación por el suelo, experimentando con distintas modalidades de gestión, todas incapaces de enfrentar la profunda pérdida de capacidad para refinar y procesar, igual están los mejoradores, lo cual se traduce en una importación masiva de productos, fallas en el abastecimiento interno, importación de nafta para producir crudo pesado y ventas de crudo de la Faja, semi procesado por falta de capacidad de los mejoradores, con descuentos por calidad.

Una PDVSA débil, sin capacidades para producir el petróleo y el gas que necesitamos para nuestro desarrollo, es la antesala de la entrada al país de todo tipo de empresas para hacer el trabajo que antes hacía PDVSA. Entonces vendrán, como ya lo han convertido en una práctica, las excusas: el “precio del petróleo”, la “corrupción”, la “conspiración”, etc. Pero el daño está hecho y el retroceso enorme en términos de soberanía y en la posibilidad de sostener nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera y nuestra economía.

Esta situación de abandono, maltrato y persecución, una verdadera “cacería de brujas” dentro de la empresa, ha provocado un éxodo de profesionales, sobre todo jóvenes, que han salido de la empresa, del país. Los conozco, son muchachos y muchachas extraordinarios, con unas capacidades técnicas, entrenamiento, calidad política y humana, que están hartos de lo que pasa en la empresa. Recuperar estas capacidades, que lo haremos, pasa por volver a traer al país tanto joven talentoso, capacitado, honesto, que no se calan que los traten como delincuentes, sospechosos permanentes, ni las posibilidades de obtener un salario digno o satisfacer sus necesidades fundamentales.

Otro pilar que sostienen a nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, que ha sido socavado y vulnerado, es nuestro marco legal. En el diseño de nuestra política petrolera, se establecieron mecanismos de discusión y aprobación de los contratos, que garantizaban el estricto apego a nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y nuestra Constitución. Se consideraron contratos de interés público, justamente para garantizar una discusión y un debate abierto sobre la naturaleza de los mismos, sus condiciones. No queríamos otra “apertura petrolera” en secreto, tras bastidores. El TSJ no sólo salvaguardaba nuestra soberanía jurisdiccional, sino que era la máxima instancia a la cual recurrir si algún ciudadano o grupo con interés legítimo los cuestionaba.

Pero la vuelta a la “apertura petrolera”, necesita un instrumento legal, una instancia, “algo” que les dé tranquilidad y seguridad a las transnacionales. Como no es posible hacer una “apertura” pasando por las Leyes vigentes, entonces se ha recurrido a las nuevas instancias de gobierno.

La ANC aprueba la “Ley de inversiones extranjeras”, donde se contemplan mecanismos de resolución de controversias entre las “partes”, el que ellos acuerden. Resulta que nuestras decisiones soberanas no pueden ser sometidas al arbitrio de nadie, nunca más se debe vulnerar nuestra soberanía jurisdiccional, ninguna empresa transnacional o de ningún tipo puede equipararse como una “parte” al Estado Venezolano, capaz de llevarlo a tribunales internacionales por el ejercicio de su soberanía. Todavía estamos batallando en los juicios internacionales con las transnacionales y, por cierto, perdiendo en el sector minero.

Por otro lado, el TSJ se abroga la potestad de aprobar contratos petroleros, que pasan directamente del ejecutivo, sin ni siquiera dar la discusión pública de los mismos, nadie conoce los términos y condiciones, pero lo más grave es, que, siendo aprobados por el TSJ, ya se agotan las instancias de cualquier apelación. Ahora se hacen contratos a la medida de cada empresa, contratos que nadie conoce, que nadie discute, nadie conoce a los socios, sus capacidades, su plan, el compromiso, términos, régimen legal aplicable, régimen fiscal, etc.

Estos dos pilares que sostienen a nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, se tambalean, se socavan y con ellos las posibilidades de sostener en el tiempo nuestra política. Todos los sectores del país deben hacer una reflexión sobre este tema, porque de lo contrario, si perdemos nuestra política petrolera, no vamos a poder resolver nuestros graves problemas económicos, al contrario, se agravarán.

A veces este tema no se discute como asunto que debería ser de prioridad nacional o de unidad nacional de los patriotas. Hay que tener el suficiente pensamiento estratégico para entender que, por encima de los intereses de grupos e intereses políticos, debe prevalecer el interés de toda la nación. La Política de Plena Soberanía Petrolera, debe ser una política que apoye todo el país, porque nosotros seremos, por muchos años más, un país petrolero. Debemos reconocernos así, en vez de negarlo y no actuar en su defensa, debemos asumirlo, defender nuestra política y luego, dar la batalla de ideas de cómo utilizar y hacer una distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera para reconstruir al país, con una economía diversificada y basada en el trabajo, para lograr tener una sociedad más justa, gratificante y solidaria.

Si no hacemos algo ahora, si no levantamos la voz, si no decimos nada, esta nueva “apertura petrolera” seguirá avanzando de espaldas al país, a las fuerzas políticas, en el caos, se mueven las transnacionales, lo sigo alertando, sé lo que están haciendo y nuestras fuerzas patriotas deben reaccionar y evitar el saqueo de nuestro país. Con Chávez siempre ¡Venceremos!

Por: Rafael Ramírez Carreño | Domingo, 04/03/2018 08:01 AM |

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¿Es viable un acuerdo de paz entre Santos y la guerrilla del Eln?

Los diálogos y negociaciones entre el gobierno del señor Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional/ELN en la Mesa de Quito se encuentran en el aire y las voces que auguran, con argumentos de mucha consistencia, su parálisis definitiva en los próximos siete u ocho meses se manifiestan con harta frecuencia.

 

Las preguntas que conviene formularse al respecto son las siguientes: ¿Es viable esa negociación con el actual gobierno? ¿Tiene capacidad y campo de maniobra el señor Santos para asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos que se construyan en un eventual pacto de finalización del conflicto con dicha organización popular?

 

Responder estas cuestiones demanda examinar objetivamente la coyuntura y el contexto político, social, económico e internacional del país.

 

Tres elementos a considerar. Estado de la implementación de los acuerdos con las Farc; el debate electoral para elegir parlamentarios y presidente; y relaciones con Venezuela.

 

La construcción de la paz a partir de los consensos alcanzados en la Mesa de La Habana se mueve en un espeso y podrido pantano como resultado de la conducta gubernamental y estatal de adulterar los textos de la convivencia. Todo el régimen político neoliberal se aventó contra cada uno de los componentes (agrario, democracia ampliada, Jep, garantías políticas, drogas, victimas) para barrerlos y desviarlos de manera perversa. Poco o nada va quedando de lo que llevo a la precipitada desmovilización y entrega de las armas por parte de las Farc. El ataque fascista acaecido en la esfera pública contra la movilización del nuevo partido político y sus candidatos ha mostrado las peores lacras de la seudo democracia oligárquica. Es increíble el cinismo de la elite gobernante frente a los desmanes callejeros de las pandillas ultraderechistas que bloquean cualquier avance de la pacificación. Complemento de lo ocurrido en las esferas institucionales con la Justicia Especial de Paz, la Reforma Rural Integral y la erradicación voluntaria de los cultivos de coca.

 

El violento y frustrante cuadro de esta paz trucha no es ciertamente un mensaje que estimule y aliente un acuerdo con los elenos, mas con el cuadro sangriento del exterminio continuado de los ex guerrilleros y de los líderes sociales y de los derechos humanos.

 

Esta “paz imperfecta” que tenemos en la actualidad, produce más perplejidades que certezas, así los párrocos de la politología oficial quieran distorsionarlo todo con sus desuetas narrativas a la manera del transitorio Víctor Correa de Lugo y otros parásitos de la consultoría oficial.

 

Lo cierto es que una adecuada caracterización de lo que se está dando hoy en esta materia debería remitirnos más a lo que sucedió en Irlanda del Norte después del Viernes Santo de 1998 hasta el 2010 en que la guerrilla depuso las armas, y menos a la tenebrosa experiencia de Guatemala que implico una derrota estratégica del bloque popular, como parecería estar ocurriendo entre nosotros. Es decir, la perspectiva es la prolongación del conflicto social y armado por muchos años más con disidencias y estructuras insurgentes acumuladas.

 

El ambiente electoral en curso manipulado por los grupos ultras de la derecha para generar miedo y terror entre la sociedad y tapar de esa manera la pavorosa corrupción de los clanes oficialistas volcados en su reproducción y perpetuación tampoco aporta el clima necesario para el funcionamiento de la Mesa de Quito. La perturba y disloca por causa de las ambiciones y metas oportunistas de los actores participantes desde el lado santista, incluyendo ciertos mediadores ya especializados en precipitar y adulterar salidas que como los estamos viendo en el caso de las Farc han ocasionado los problemas de la pervertida implementación.

 

El “agente oportunista” de la paz, solo calcula sus negocios, capitales, votos y cuotas burocráticas, desconociendo y afectando los acumulados históricos y estratégicos del movimiento popular que los elenos han incluido en su Agenda de paz pendiente de nuevos desarrollos en el Quinto ciclo colocado en el congelador por cuenta de la bochornosa manipulación de la Casa de Nariño que se niega a debatir el Cese al fuego y de hostilidades bilateral y a cumplir mínimos de convivencia como la protección efectiva de los líderes sociales masacrados, la eliminación de los grupos paramilitares y la depuración con la reforma democrática de los aparatos militares y policiales.

 

La campaña electoral en curso ha puesto en evidencia la precariedad política del señor Santos restándoles credibilidad a sus agentes emplazados en la capital del Ecuador. Al jefe de la Casa de Nariño se le acabo el combustible y su desgaste es inocultable llevando a pensar en otros momentos para que el Estado y la sociedad en su conjunto asuma con solvencia todos los problemas que implica terminar una guerra.

 

El tema de las relaciones con Venezuela es, desde luego, otro factor que afecta las conversaciones con los elenos en tanto que la política intervencionista y golpista que promueve Santos contra el Presidente Maduro, como un agente del imperio gringo, desenmascara sus reales intenciones en la estrategia de desarme de las guerrillas revolucionarias para impedir cambios estructurales en Colombia.

 

En conclusión son bastante difíciles las condiciones en que se debate la continuidad de los diálogos con los elenos.

 

Es lo que por lo demás explica el Paro armado convocado por dicha organización para exigirle al gobierno y sus delegados que paren la masacre de los integrantes de las Farc y de los líderes sociales, lo que debe incluir la depuración del Ejército y la policía infestados de elementos fanáticos de la ultraderecha fascista.

 

Nota. “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

 

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El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

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Amenazas sobre el proceso de paz en Colombia – llamado a la comunidad internacional

Los abajo firmantes, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos y mujeres de la cultura de distintos lugares del mundo, distintas disciplinas y distintas orientaciones políticas, queremos expresar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las FARC y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, Presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las FARC presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los ETCR para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del ELN, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”. Igualmente, la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos

 

Puede encontrar el documento en tres idiomas en el siguiente link: https://goo.gl/forms/udEm59ysBWQZdmX23

Puede contactar a los organizadores de esta iniciativa en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 Firmantes:

1. Michael Löwy - Director Emérito de Investigaciones en CNRS (Francia)
2. Etienne Balibar - Profesor Emérito de Filosofía, Universidad de Paris-Ouest (Francia)
3. Judith Butler - Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)
4. Eric Fassin - Université Paris 8 (Francia)
5. Alex Callinicos - King's College London (Gran Bretaña)
6. Silvia Rivera Cusicanqui - Colectivx Ch´ixi (Bolivia)
7. Franz Hinkelammert - Universidad Nacional (UNA) de Heredia, (Costa Rica)
8. Atilio A. Boron - Universidad Nacional de Avellaneda / Universidad de Buenos Aires (Argentina)
9. Geneviève Fraisse - CNRS (Francia)
10. Raul Fornet Betancourt - Universidad de Aachen (Alemania)
11. Matthieu de Nanteuil - Université de Louvain (Bélgica)
12. Stéphane Douailler - Université Paris 8 (Francia)
13. Juan Manuel Echavarria - Artista (Colombia)
14. Arturo Escobar - Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (Colombia)
15. Vincent Gabriel Furtado - Kripalaya Institute of Philosophy and Religion (India)
16. Marie Estripeaut-Bourjac - Université de Bordeaux (France)
17. Jean De Munk - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
18. Guy Bajoit - Université catholique de Louvain (Bélgica)
19. Rodrigo Uprimny - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
20. Mara Viveros Vigolla - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
21. Alfredo Gómez Müller - Universidad de Tours
22. Leopoldo Múnera Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
23. Fabián Augusto Remolina - Universidad Industrial de Santander (Colombia)
24. Óscar Mejía Quintana - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
25. Gregorio Mesa Cuadros - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
26. Carlos Eduardo Satizabal - Universidad de Caldas (Colombia)
27. Marta Lucía Valencia - Universidad de Caldas (Colombia)
28. Maria Victoria Whittingh - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
29. Gustavo Buitrago Hurtado - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
30. Jorge Iván Gómez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
31. Nubia Yaneth Ruiz Ruiz - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
32. Ricaurte Rodríguez Angulo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
33. Gerardo Zuloaga Abril - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
34. Gustavo Adolfo Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
35. Gregorio Calderón Hernández - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
36. Arsenio Pecha Castilblanco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
37. Jorge López - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
38. Julio Roberto Gütierrez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
39. Álvaro Zerda Sarimiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
40. Miguel Ángel Sierra Baena - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (Colombia)
41. Carlos Eduardo Satizabal Atehortua - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
42. Martha Lucía Cabanzo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
43. Olga Restrepo Forero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
44. Mario Bernardo Figueroa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
45. Fabio Jurado Valencia - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
46. Aurelio Alberto Horta - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
47. Lucy Carrizosa - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
48. Miguel Giusti - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
49. Mery Constanza García V - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
50. Alcides Gomez Jimenez - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Colombia)
51. Jorge Ariel Martinez Ramirez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
52. Jenny Elizabeth Muñoz C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
53. Juan Carlos Eslava C. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
54. Manuel Muñoz XConde - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
55. Martha Orozco - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
56. Luis Alvarenga - Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (El Salvador)
57. Veniero Gaggio - Movim.Salvad.Solidarid.conCuba (El Salvador)
58. Andrés Bansart - Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
59. Matías Silva Rojas - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
60. Alcira Beatriz Bonilla - Universidad de Buenos Aires / CONICET (Argentina)
61. Fredy Yezzed López - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
62. Héctor Samour - Universidad José Simeón Cañas, UCA (El Salvador)
63. Eduardo Machicado Saravia - Fundación Flavio Machicado Viscarra (Bolivia)
64. María Silvia Guillen Cardona - Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD (El Salvador)
65. Carlos Molina - Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador)
66. Jhony Balza Arismendi - Red de intelectuales Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
67. Pilar Guerrero Arango - GEMPAZ Valle del Cauca (Colombia)
68. Carmen Bohórquez - Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Venezuela)
69. Doc. Martin Kirschner - Universidad Catolica de Eichstätt-ingolstadt (Alemania)
70. Miriam Barrera Contreras - Université Catholique de Louvain (Belgique)
71. Jose Antonio Zuniga Umana - Red de solidaridad operacion y misión milagro (El Salvador)
72. Eric Naves - Universidad Nacional Colombia (Francia)
73. Ronan Sharkey - Institut Catholique de Paris et Sciences-Po (Francia)
74. Pablo Figueroa - Jesuita (Argentina)
75. Horacio Cerutti - UNAM (Mexico)
76. Paulina Macias - Psicoanalista (Colombia/Francesa)
77. Ricardo Arcos-Palma - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
78. Marbel Membreño - Grupo de música popular Sierra Madre (El Salvador)
79. Hélène Büchel - Instituto de los estudios interreligiosos (Alemania)
80. Elaine Padilla - Université de la Verne (Canadá)
81. Domingo Santacruz - Uno de los fundador del FMLN (El Salvador)
82. Mercedes Yusta - Université Paris 8 (Francia)
83. Olivier Compagnon - Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine (Francia)
84. Elisabeth Steffens - RWTH Aachen University (Alemania)
85. Jean Claude Bourdin - Université de Poitiers (Francia)
86. Nuria Girona Fibla - Universidad de Valencia (España)
87. Vicente Romero - Universidad París 8 (Francia)
88. Diana Burgos-Vigna - Universidad de Cergy Pontoise (Francia)
89. Jules Falquet - CEDREF, Université Paris Diderot (Francia)
90. Natividade Monteiro - Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
91. Enrique Rodriguez Perez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
92. Michel Tytgat - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
93. Jean Lazard - Université Libre de Bruxelles (Bélgica)
94. Michel Gevers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
95. Achille Mbembé – sociólogo (Africa del Sur)
96. Laure Ortiz - ’Université de Toulouse (Francia)
97. Fernando Puerta Ortiz - Docente Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Colombia)
98. Zahia Rahmani - Escritor (Francia)
99. David gé Bartoli - Filósofo (Francia)
100. Yuri Martins Fontes - Doctor en Historia y Filosofía USP (Brasil) / CNRS (Francia)
101. Sophie Gosselin - Filósofa (Francia)
102. Joelle Tanghe - Amnesty International (Bélgica)
103. Christian Zannier - Sindicalista (SUD) jubilado (Francia)
104. Robert Chaluleau - Responsable Mission Colombie (Francia)
105. Jean-Etienne Delerue - Jubilado de la Industria Farmacéutica (Francia)
106. Evelyne Toussaint - Historiadora de arte (Francia)
107. Alexandre Poirier - Director de la Asociación de turismo (Francia)
108. Daniel Attala - Université de Bretagne Sud (Francia)
109. Anneguite Beaucastagnac - Geógrafa consultora (Francia)
110. Bruno Tackels - Escritor y filósofo (Francia)
111. Geoffrey Pleyers - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
112. Sylvie Bouffartigues - Universidad Versailles Saint Quentin (Francia)
113. Jean Claude Bourguignon - Jubilado (Francia)
114. Mary Annick Bourguignon - Profesora (Francia)
115. Urriola Ulysse -. Comisión de Ética contra la Tortura (Francia)
116. Armand Soler - Militante en asociaciones (Francia)
117. Join-lambert Gabriel - Sector salud (Francia)
118. Christophe Dubois - Université François Rabelais (Francia)
119. Nelson Maldonado-Torres - Rutgers University (Estados Unidos)
120. Mónica Soto Elizaga- Feminista
121. Sara Yaneth Fernandez Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
122. Milton Leonel Calderón Vélez - Doctorante (Ecuador)
123. Cécile Coquet-Mokoko - Profesora - Investigadora (Francia)
124. Yekaterina García - Lingüista (Francia)
125. Ursula Konnertz - Leibniz Kolleg - Université de Tuebingen (Alemania)
126. Marcia Marques-Rambourg - Poetisa, crítica y profesora (Francia-Brasil)
127. Guy Bajoit - Université Catholique de Louvain (Bélgica)
128. Denise et Alain Têtedoie - Sol' Enfance, asociación de ayuda a la niñez de Colombia (Francia)
129. Edith Boulanger - Universitaria (Francia)
130. Diego Paredes Goicochea - Conicet - UBA (Colombia)
131. Anders Fjeld - Université Catholique de Louvain (Noruega)
132. Ann Ferguson - University Mass Amherst (Estados Unidos)
133. Claire Laguian- UPEM (Franica)
134. Claudia Hilb - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
135. Max Cabanes - Autor de historietas (Francia)
136. Micheletti - Action Contre la Faim (Francia)
137. Camille Boutron - Universidad de los Andes/IRSEM (Francia)
138. Odile Hoffmann - IRD (Francia)
139. Martha Nubia Bello - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
140. Live Bjorge - SAIH (Noruega)
141. Soledad Diaz Pasten - Independiente (Chile)
142. Deront Pactef - (Francia)
143. Alejandra Bello - Universidad Paris 8 (Colombia)
144. Patricia Botero Gómez - Grupo de Académicos e intelectuales en defensa el Pacífico Colombiano, Universidad de Manizales (Colombia)
145. Mauricio Torres Tovar - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
146. Margarita González - Enfermera (Uruguay/Francia)
147. Angélica María Mateus Mora -Université François-Rabelais de Tours (Colombia)
148. Tianna Paschel- University of California (Estados Unidos)
149. Omar Ramirez - Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)
150. Boris Eduardo Flores - Ministerio de Salud de El Salvador (Salvador)
151. Edwin Rojas - Asociación CERNE (Nicaragua)
152. André Mejia - Universidad de los Andes (Colombia)
153. Mauricio Archila - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
154. Flor Edilma Osorio Pérez - Universidad Javeriana (Colombia)
155. Flavio Bladimir Rodríguez - Universidad Externado de Colombia (Colombia)
156. Nidia Soliz Carrión - Frente Nacional por la Salud de los Pueblos (Ecuador)
157. Nila Heredia Miranda - Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES (Bolivia)
158. Hugo Villa Becerra - Partido Comunista del Perú, Perú Patria Roja (Perú)
159. André Noel Roth Deubel - Universidad Nacional de Colombia (Suiza)
160. Yadira Eugenia Borrero - Universidad de Antioquia (Colombia)
161. Marcela Bobatto - Movimiento Mundial para la Salud de los pueblos L.A. (Argentina)
162. Mario Guerrero - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
163. Andrés Felipe Mora Cortés- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
164. Felipe Pérez Cabrera - Abogado independiente (Colombia)
165. Carlos A. Manrique - Universidad de los Andes (Colombia)
166. José Arnulfo Bayona - Docente pensionado y miembro de la Red Socialista de Colombia (Colombia)
167. Carmen Caamaño-Morúa - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
168. Marina Fernandez - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
169. Laura Quintana - Universidad de los Andes (Colombia)
170. Jesús Gualdrón - Instituto Goethe Colombia (Colombia)
171. Gabriel John Tobón Quintero - Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
172. César Giraldo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
173. Fernando Arellano Ortiz - Observatorio Latinoamericano (Colombia)
174. Sergio Gallego - Universidad de los Andes (Colombia)
175. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta - Socióloga (Costa Rica)
176. José Antonio Gutiérrez D - University College Dublin (Irlanda)
177. Valentina Landínez - Universidad de los Andes (Colombia)
178. Juan Ricardo Aparicio - Universidad de los Andes (Colombia)
179. Francisco A. Ortega - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
180. Enrique Barilari - ALAMES (Chile)
181. Sara Yaneth Fernández Moreno - Universidad de Antioquia (Colombia)
182. José Tomás Jiménez Arévalo - Pensionado, Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
183. Victoria Beatriz Peralta Rolon - ALAMES (Paraguay)
184. Freddy Ordóñez Gómez - ILSA (Colombia)
185. José Guillermo García Isaza - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
186. María José Barajas - Abogada independiente (España)
187. Marielos Giralt Bermúdez - Pensionada de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
188. Eugenia Solis - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
189. Edna Cristina Bonilla Sebá - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
190. Claudio Schuftan - Movimiento por la salud de los pueblos (Chile)
191. Lourdes Pacheco - Universidad Autónoma de Nayarit (México)
192. Marciano Sanchez Bayle - Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (España)
193. Nicole Jullian - Politóloga (Chile)
194. Fabio Cardona - Jubilado (Colombia)
195. Rafael O. Suárez E. - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
196. Catalina Toro Pérez - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
197. Joseph Choonara - King's College London (Gran Bretaña)
198. Carolina Ibacache Carrasco - Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres (Chile)
199. Álvaro Zerda Sarmiento - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
200. Gisela Cramer -Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
201. Judith Botero Escobar - Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Colombia)
202. Juan Pablo Gutiérrez Marín - Investigador Instituto Cinara, Universidad del Valle (Colombia)
203. Angélica María Henao Castaño - Universidad de Caldas (Colombia)
204. Rosario Rojas - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
205. Teresa Ordorika - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
206. Leonor Cortés Bolívar - Redes de mujeres feministas académicas (Colombia - México)
207. Mónica Roa - Diálogo Intereclesial por la Paz DiPaz (Colombia)
208. Carmen Alicia Hernández Gómez - Secretaría de Educación Distrital (Colombia)
209. Sergio Jiménez - Veedurías Salud (Colombia)
210. Graciela Uribe Ramón - Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
211. Segreda-Sagot Gilda - Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
212. Diego Mauricio Fajardo Cely - Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Colombia)
213. Lucy Raquel Numpaque Piracoca - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
214. Alfredo Alvira Cadena - Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié, Restrepo-Valle del Cauca (Colombia)
215. Jairo Ernesto Luna-García - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
216. Carlos Arturo Rojas Pérez - Historiador, museólogo, diseñador, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
217. Nelson F. Roberto Alba - Universidad Santo Tomás (Colombia)
218. Helena Pérez Niño - SOAS University of London (Colombia)
219. Cristóbal Arteta Ripoll - Universidad del Atlántico/Universidad Libre Colombia (Colombia)
220. Andrés Fabián Henao Castro - University of Massachusetts Boston (Colombia)
221. Maria Gerardina Merchán - Colegio de Enfermeras/os del Azuay (Ecuador)
222. Pablo A. de la Vega M. - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) (Ecuador)
223. Susana Peñafiel Acosta - Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM) (Ecuador)
224. Sofya Aptekar - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
225. Amy E. DenOuden - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
226. Lina Lorena Hernández Garzón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
227. Andrea Barrera Téllez - Paris Diderot - Paris 7 (Colombia)
228. Sana Haroon - University of Massachusetts (Pakistan/Reino Unido)
229. Jorge Capetillo-Ponce - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos/Mexico)
230. Yoana Fernanda Nieto Valdivieso - University of Birmingham (Colombia)
231. Judith E. Smith - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
232. Ashley Bohrer - Hamilton College (Estados Unidos)
233. Manuel Matos - University of Massachusetts - Amherst (Republica Dominicana)
234. Henrik Ernstson - The University of Manchester (Suecia)
235. Oscar Guardiola- Rivera - Birkbeck College, University of London (Colombia)
236. Izara Mondragón - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
237. Miguel Gualdrón - DePaul University (Colombia)
238. Gabriel Rockhill - Villanova University (Franco-Americano)
239. Felber Arroyave Bermúdez - Biólogo, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
240. Elizabeth Bussiere- University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
241. John Hess - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
242. Olga Lucía Castillo - Investigadora grupo Conflicto, Región y Sociedades Rurales, Universidad Javeriana (Colombia)
243. Carmen Baez - People’s Health Movement (Argentina)
244. Mauricio Andrés Restrepo Suesca - Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Colombia)
245. Natalia Hernández Vidal - Loyola University Chicago (Colombia)
246. José David Copete Narváez - Universidad del Tolima (Colombia)
247. Elis Borde - Universidad Nacional de Colombia (Alemania)
248. Juan Manuel Hernández Vélez - Docente Universidad de Versalles, Doctorante Universidad París 2 Panthéon-Assas (Colombia)
249. Diana Milena Patiño - Universidad de los Andes (Colombia)
250. Laetitia Braconnier Moreno - EHESS (Francia)
251. Mónica Almanza Marroquín - Universidad de los Andes (Colombia)
252. Julia Muñoz - Universidad Nacional Autónoma de México (México)
253. Cielo E. Rusinque Urrego - Docente e investigadora Universidad Externado de Colombia (Colombia)
254. Carola Hernandez - Universidad de los Andes (Colombia)
255. Claudia Carbonell - Universidad de La Sabana (Colombia)
256. Carlos Barbosa Cepeda - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
257. Tania Pérez-Bustos - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
258. Annie Lechenet - Maîtresse deconférences en philosophie retaitée, Université Lyon 1, laboratoire Triangle (Francia)
259. Mónica Arias Fernández - Université Paris VII - Denis Diderot (Franco colombiana)
260. John Brigham - UMass Amherst (Estados Unidos)
261. Manuela Lavinas Picq - Amherst College / Universidad San Francisco de Quito (Brasil)
262. Gloria Carrillo Vallejos - Antropóloga (Chile)
263. Viviana García Pinzón - GIGA-Hamburg (Colombia)
264. Esteban Roncancio - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
265. Antonio José Rengifo - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
266. Susana Domingo Amestoy - University of Massachusetts, Boston (Hispanoamericana)
267. David Rey - Universidad de Barcelona (Colombia)
268. Swyngedouw Erik - The University of Manchester (Bélgica)
269. Silvia Natalia Cortes Ballén - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
270. Andrés Felipe López Galvis - Doctorant Université Toulouse 2 Jean Jaurès (Colombia)
271. Rodolfo R. de Roux - Université de Toulouse II. Historien (Franco-colombiano)
272. Miguel Angel Vargas - Co-Director Revista Pluralis (Francia)
273. Askold Melnyczuk - University of Massachusetts Boston (Estados Unidos)
274. Sergio Carreño Mendoza - Universitat Pompeu Fabra (Colombia)
275. Howard Waitzkin - University of New Mexico (Estados Unidos)
276. George Ciccariello - Maher Hemispheric Institute (Estados Unidos)
277. Alhena Caicedo - Universidad de los Andes (Colombia)
278. Luis Eduardo Gama - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
279. Olga L Gonzalez - Universite Paris Diderot (Franco Colombiana)
280. Theresa Fedor - Universidad de Los Andes (Estados Unidos)
281. Luz Dary Ruiz Botero - Docente Universitaria (Colombia)
282. Laura Gabriela Gutiérrez - Abogada Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
283. Ana Marcela Montanaro Mena - Observatorio Ético Internacional (España)
284. Pierre Semet, realisador fundador d'ACCESO Francia
285. Marcela Montanaro Mena (Master Derechos Humanos, España)
286. Gladys Aracena -TISF Collectivo Latinoaméricano de Poitiers, Francia
287. Pablo Jaramillo - Universidad de los Andes (Colombia)
288. Natalia Caruso - Universidad Pedagógica Nacional (Argentina)
289. Régis Bar - Columnista en Palabras al Margen (Francia)
290. Roques-Despréaux - Bibliothèque Universitaire (Francia)
291. Quitot Bernard - Association Aussitôt Dit (Francia)
292. Guerrini - Université Lumière Lyon 2 (Francia)
293. Simón Uribe - Universidad del Rosario (Colombia)
294. Line Chamberland - Université du Québec à Montréal (Canadá)
295. Maria Elisa Balen - Socióloga (Colombia)
296. Farinaz Fassa - Université de Lausanne (Suiza)
297. chalmette maitena - profession libérale (Francia)
298. Magne-Ville Chantal - Espe de Lyon (Francia)
299. Foray Philippe - Université Jean Monnet, Saint-Etienne (Francia)
300. Federick Sanri - Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
301. Mauricio Velasquez - Universidad de los Andes (Colombia)
302. Angélica Montes - Universidad Paris 13 (Francia-Colombia)
303. Francine Duquet - Université du Québec à Montréal (Canadá)
304. Julien Joly - Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (Francia)
305. Marty Lucile - Etudiante (Francia)
306. Roberjot Bernadette - Enseignante (Francia)
307. Gloria Careaga - Fundación Arcoiris (Mexico)
308. Adrián Garcia - Doctorante (Colombia)
309. Alfonso Gumucio - critico cinematográfico (Bolivia)
310. Hubert Faes - Filosofo (Francia)
311. Fred Poché - Université catholique de l’Ouest (France)
312. Guylaine Roujol Perez - Journaliste et membre fondateur de Líderes constructores de paz en Colombia (Colombia)
313. Tavernier – Enseignant pour L'Education Nationale (Francia)
314. Lucile Garbagnati – Universitaire (Francia)
315. Nathalie Dartai – Université Lumière Lyon 2 (Francia)

 

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Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enColombia
El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
Otra vez, ¿a dialogar en medio del fuego?

La negociación en curso del posible final de la guerra entre el Gobierno y el Eln vive una coyuntura especial, una muestra fehaciente de la complejidad de una negociación donde ninguna de las partes se siente ni se asume como derrotada. Particularidades de esta puja potenciadas por la finalización de un cese al fuego que tenía tiempo exacto: 101 días.

 

El cese al fuego temporal pactado entre el gobierno nacional y el Eln terminó el día 9 de enero del año que comienza a las doce de la noche. Casi de inmediato, pocas horas después, en la madrugada del miércoles, ya se habían reanudado las hostilidades. El Eln lleva a cabo dos voladuras del oleoducto, una en Casanare y otra en Arauca, y un ataque contra la fuerza pública en Arauquita que tuvo como resultado un soldado muerto y dos infantes de marina heridos. Un día después, el Comandante de las Fuerzas Militares informaba de un hostigamiento contra la policía en Saravena (Arauca) y otro en la base militar de Orú en El Tarra (Norte de Santander). El país se dio cuenta entonces que la expresión “Cese al fuego” sí tenía un contenido real.

 

La crisis no se hizo esperar. A punto de iniciarse el quinto ciclo de los diálogos en la Mesa de Quito, el gobierno llamó a Bogotá al nuevo jefe de negociación, el exvicepresidente Gustavo Bell. Condenó los hechos y deploró la decisión del Eln. Anunció una respuesta contundente e implacable de parte de la fuerza pública.

 

El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, tuvo un tono guerrerista, al gusto de los grupos de la ultraderecha que aprovecharon la coyuntura para señalar la supuesta debilidad gubernamental. En el ejercicio de esta retórica se destacó el Ministro de Defensa. Uno tras otro se expresaron los políticos, el Fiscal, el Defensor del pueblo y el Procurador, más o menos en el mismo tono. El mensaje, un tanto elemental, era: “están perdiendo la oportunidad que se les dio y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias”. Al pasar los días la marea fue bajando –por boca del jefe negociador el gobierno reconoció que los diálogos continuarían– pero las inquietudes sobre el porvenir de esta negociación se mantienen.

 

El significado del “Cese al fuego”

 

Se trata de una suspensión, transitoria o definitiva, de los combates o las hostilidades de parte de uno de los ejércitos o entre los dos o más que se encuentran enfrentados. En este caso fue el resultado de un pacto bilateral, lo cual fue considerado tanto por las partes como por las distintas expresiones de la sociedad civil y la comunidad internacional, como un avance cualitativo en un proceso que desde el primer acercamiento ya supera el año, ya que en Colombia parecía haberse consagrado como una axioma que es necesario “negociar en medio del conflicto”.

 

Cese al fuego bilateral nacional y temporal se le denominó y duró, como estaba previsto, 101 días. Desde luego, es necesario asegurar el cumplimiento del pacto, para lo cual suelen establecer un mecanismo de verificación y de resolución de conflictos, ojalá con una participación activa de terceros. Se estableció entonces un Mecanismo de verificación y veeduría (ONU, iglesia, gobierno, Eln).

 

Sin duda, un cese del fuego tiene muchos efectos positivos. Para empezar, facilita el desarrollo de las negociaciones. Y, sobre todo, conlleva un alivio de la difícil y dramática situación que enfrenta la población civil, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto, como pudo comprobarse en estos meses. Sin embargo, no debe interpretarse, en absoluto, como un “adelanto” de la paz. Por supuesto, hay siempre intereses políticos en darle esta presentación para poder utilizar su finalización o su ruptura como un juicio de responsabilidad en contra de alguna de las partes. El gobierno, en particular, le ha dado al cese el significado de una prueba de la “voluntad de paz” del Eln, dando por supuesto que el Estado no tiene por qué dar las mismas pruebas ya que no está obligado a hacer la paz con los alzados en armas sino que la ofrece como magnanimidad.

 

Por otra parte, es claro que en un conflicto interno, guerra civil o guerra de guerrillas, mucho más que en una internacional, es mucho más difícil diferenciar y preservar a la población civil que por definición se encuentra involucrada. Es posible determinar la suspensión de las acciones ofensivas entre las estructuras armadas, como suele establecerse, pero extremadamente complicado definir lo que puede considerarse hostilidades y la responsabilidad por las mismas. En Colombia, particularmente, donde se ha utilizado desde hace décadas una estrategia paramilitar, responsable de masacres y asesinatos de líderes sociales y políticos, y los gobiernos han negado cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a “terceros”, es evidente que la violencia va más allá del enfrentamiento militar en sentido estricto. De hecho, si algo caracterizó al pasado año, a pesar del acuerdo firmado con las Farc e incluidos los meses del cese, fue el incremento en los asesinatos de activistas sociales.

 

¿Por qué no hubo prórroga?

 

No sobra aclarar que en ningún momento se habló ni mucho menos se pactó una prórroga automática. Terminado el cuarto ciclo de conversaciones, a principios de diciembre, y ya anunciado que en el quinto se desarrollaría en detalle el primer punto de la Agenda referente a la participación de la sociedad civil, dándole continuidad a la exitosa experiencia de las audiencias preparatorias, el problema de la eventual prolongación del cese se planteó en toda su magnitud y complejidad. Al parecer era indispensable un replanteamiento de los términos del pacto y sobre todo de sus protocolos de verificación. El Mecanismo de veeduría y verificación, fundamental para la materialización del Cese al fuego, había entrado en crisis.

 

El Eln sostiene que el colapso del Mecanismo, del cual se retiraron dejando una constancia, es atribuible al Gobierno: “[...] solo 5 de los 40 casos entregados a la instancia nacional fueron evaluados y calificados, y el MVV no pudo emitir recomendaciones a las partes, para prevenir y atender posibles incidentes o violaciones del acuerdo, como estaba estipulado en su mandato. [...] El gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”.

 

El gobierno no reconoció estas actuaciones como acciones ofensivas, por el contrario, reiteró en la Mesa Transitoria que continuará realizando estos ataques cada vez que considere que alguna estructura del Eln se encuentre actuando por fuera del acuerdo del Cfbtn, sus protocolos o cometiendo otros hechos que ellos consideran ilícitos, bajo la justificación del cumplimiento de la Constitución y la ley. “El gobierno ha desconocido el MVV como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes. Ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del ELN están en contravía del acuerdo del Cfbtn, sin acudir al MVV”1, declararon los insurgentes por su parte.

 

A su vez, el Gobierno atribuye al Eln varias violaciones del acuerdo, entre ellas el asesinato del gobernador indígena en el Chocó. En repetidas oportunidades el Ministro de Defensa, quien parece estar encargado de reiterar que el diálogo es una concesión y que al menor descuido se reanudaría la guerra a muerte, aclaró que en caso de prorrogarse el cese, éste debería hacerse después de algunas rectificaciones y sobre nuevas bases y protocolos. En el fondo, el Gobierno asume que se trata verdaderamente de un cese unilateral por parte de la insurgencia, como se había hecho con las Farc. Probablemente, hasta llegar a lo que ha sido siempre el programa ideal desde Uribe: desmovilización y concentración en una zona como paso previo al desarme.

 

Como puede deducirse, lo existente acá es una diferencia de interpretación sobre los términos de lo acordado. En realidad una disputa política sobre el significado y la utilidad del Cese al Fuego, teniendo en cuenta sobre todo que el mandato de Santos está por finalizar y hemos entrado en campaña electoral; la continuidad del proceso de negociación es incierta, o peor aún, pues da la impresión de que la elección de Presidente se ventilará entre quienes más duros se muestren en contra de la guerrilla. Y todo esto pese a la sensación que existía en el país de que el cese era más que conveniente y daba un respiro de tranquilidad.

 

Realidad y tensiones que llevaron a establecer, entre los dos ciclos, una Mesa Transitoria para discutir una posible prolongación del cese. Pero fue un fracaso, dando por terminada la Mesa antes de finalizar el año. Ni siquiera fue posible acordar un periodo de “puente” (30 días) mientras se procedía al replanteamiento exigido por las partes, eventualmente en el quinto ciclo.

 

Entre los deseos de la buena fe y la realidad de la confrontación

 

Muchas fueron las voces surgidas desde la sociedad civil para pedir la prórroga, entre ellas la Conferencia Episcopal y la representación de Naciones Unidas. En una carta (2 de enero de 2018) firmada por más de un centenar de personas de buena voluntad puede leerse: “Creemos que, a pesar de los incidentes, que deberán ser investigados de manera eficaz, el cese al fuego brinda un mejor contexto para la participación de la sociedad en la construcción de paz y aumenta la legitimidad social del proceso de diálogo”. Y más adelante: “Una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daría más excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”2.

 

No cabe duda que una negociación política del conflicto armado en un contexto de cese del fuego es mucho más expedita y que contaría con un mayor apoyo social dado el alivio que proporcionaría a la población civil, hoy en día especialmente en regiones como la Costa Pacífica, el Magdalena Medio y el Catatumbo. Alivio que por supuesto cuenta como un objetivo en sí mismo. Favorecería además un proceso de participación de la sociedad como el planteado en el primer punto de la Agenda. No obstante, es claro que el Cese al fuego nunca ha sido planteado como una condición de la negociación y sería un riesgo político asumirlo así.

 

En lo que sí se equivoca la carta, y otras manifestaciones análogas, es en considerar que está en juego la llamada legitimidad del proceso y que el cese resta excusas a los enemigos de la paz. Por lo menos, es una manifestación de ingenuidad. El apoyo o el rechazo que pueda tener el proceso es un asunto de la disputa política y de una correlación de fuerzas en la cual juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación. Medios que, entre otras cosas, acuñan los propios términos en los cuales debe juzgarse la legitimidad.

 

En la práctica, y al no tener esto en cuenta, los autores de la Carta terminan ubicados en la retórica de las “pruebas de la autenticidad de la voluntad de paz del Eln”. Retórica que los medios han impuesto como criterio de análisis. Es más, han logrado introducir como cosa fundamental al respecto, entre muchos de los politólogos, el tema de si el Eln tiene unidad de mando o es una organización federada en donde algunos frentes estarían en contra de la negociación.

 

Es cierto que los enemigos de la paz han encontrado un excelente pretexto en la finalización del Acuerdo bilateral y la reanudación de las acciones militares por parte del Eln, pero si no fuera así ya estarían buscando otras excusas porque en realidad es una posición de principio. Basta examinar los discursos de Iván Duque o Germán Vargas, entre otros. Pero una prueba fehaciente es la declaración de M. F. Cabal que no por desfachatada constituye una excepción: “Yo me hubiera parado de una vez de la mesa. Ya es hora de que la Fiscalía hubiera judicializado a estos elenos, que muchos están afincados en la academia y en la misma iglesia católica, a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y no les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada y así se lo han vendido al público nacional e internacional”3.

 

¿Qué se puede esperar?

 

Finalizada la primera fase del escándalo y las censuras al Eln, las aguas parecen haber retornado a un cauce más o menos normal. Al fin y al cabo, como han dicho, la continuidad de la negociación no estaba sujeta a la prórroga del cese. Las posiciones estaban definidas y las reacciones previstas. El Eln lo sabía y había tomado sus providencias. Pero también del lado del gobierno. El Ministro de Defensa lo había declarado: “Si hay prórroga de ese cese el fuego con las mejoras que se han sugerido estaremos listos a respetarlo, pero si no [...] estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”4.

 

Como queda claro, ambos estaban listos, lo que sucede es que el Eln tomó la iniciativa. Es eso lo que parece explicar las acciones y no, como se piensa habitualmente, por la necesidad de mostrar fuerza para entrar en mejor condición a las negociaciones. El peligro, sobre todo para las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos (muy a tono con las declaraciones de la Representante Cabal), es que el gobierno estará muy interesado en mostrar golpes “contundentes”, que seguramente ya estaban preparados pero especialmente con vistas a la campaña electoral. Un recrudecimiento de la violencia que ojalá no se presente.
Ambas partes ya declararon que retomarán el hilo de las conversaciones. Se habla entonces que el quinto ciclo se dedicará a examinar las condiciones de un nuevo Cese al fuego. Es evidente que, dada la reacción de los diversos sectores ya mencionada (el Gobierno admitió haber tomado en cuenta las diferentes solicitudes), que tala cese adquirió un nuevo significado político.

 

Nuevo significado desprendido de la coyuntura política nacional. Para la mayoría de las corrientes y agrupaciones políticas, además, sería un excelente marco para la campaña. Tiende pues a convertirse en un objetivo en sí mismo que desplaza la atención del núcleo de las negociaciones cuyo futuro es incierto. Para algunos, sería una primera cuota de avance que obligaría al próximo gobierno a continuar el proceso. Otros más ingenuos creen que basta con que el Eln “haga méritos” para que prosigan las negociaciones incluso con un mandato de ultraderecha.

 

El punto clave sin embargo, se encuentra en el clima de negociación. No es factible que el Eln acepte un escenario de sometimiento a la justicia en el cual se trata de “completar” el proceso. Más aún si se tiene en cuenta que el resultado del acuerdo con las Farc es deplorable. No sólo desde el punto de vista del incumplimiento de las reformas económico-sociales –que era previsible–, sino del incumplimiento incluso de las garantías para la reincorporación de los excombatientes y de la organización como partido político legal. No es fácil aceptar el tránsito de héroes a villanos.

 

En ese sentido todo depende de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones populares. Es necesario cambiar el clima o la atmósfera política de la negociación. No es fácil. Hace poco una de las presentadoras de RCN-radio decía que la Mesa de Quito no había avanzado nada en lo que verdaderamente estaba exigiendo la opinión pública, o sea la desmovilización y entrega de armas. Habrá que creerle que ¡ella es la opinión pública!

 

1 Boletín del ELN, Insurrección. No. 613 Dic de 2017
2 Ver wwww.indepaz.co
3 http://www.elpais.com.co 11 enero 2018
4 www.elespectador.com 3 de enero 2018

Publicado enEdición Nº242
Noruega gana un juicio contra varias ONG por abrir prospecciones petrolíferas en el Mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico.

 

La sentencia rechaza que el Gobierno de Noruega viole el acuerdo del Clima de París y niega que sea responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países

 

Un tribunal de Oslo ha avalado este jueves el plan del Gobierno de Noruega que permite la extracción de petróleo en el Mar de Barents (en pleno círculo Polar Ártico) a 13 empresas petroleras mundiales. La resolución, que puede ser recurrida en un plazo de cuatro semanas, desestima las acusaciones de varias ONG ecologistas, entre ellas Greenpeace, que denunciaron al Ejecutivo del país escandinavo de violar su Constitución y los acuerdos del Clima de París por permitir la perforación del suelo ártico para buscar y extraer crudo. Las ONG deberán pagar unos 60.000 de costas procesales, según la sentencia.

El ministro noruego de Petróleo y Energía, Terje Soviknes, declaró en una entrevista recogida por Bloomberg que el resultado "era esperado" y aseguró que la ronda de licencias de perforación en el mar de Barents se hizo "conforme a la legislación". Con este dictamen, hecho público a las 15.00 horas de la tarde, el juez decidió que Noruega no podría ser considerada responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que exporta a otros países. Greenpeace cree que esta decisión va en línea con los intereses de las compañías petroleras contradiciendo, por tanto, a los científicos expertos en el cambio climático, relata al teléfono el jefe de la ONG ecologista en Noruega, Truls Gulowsen. La corte ha ordenado que las costas procesales del llamado “juicio del siglo” recaigan en los grupos medioambientales, que deberán abonar en un plazo de dos semanas al Estado 580.000 coronas noruegas (unos 60.000 euros).

"Si bien es una buena noticia que el juicio reconozca el artículo ambiental en la Constitución de Noruega [por el que se debe garantizar un medioambiente limpio para la salud e los noruegos], es muy decepcionante que descuide la responsabilidad de Noruega por dañar el clima del planeta", declaró Gulowsen, a través de un comunicado. Dice sentirse "un poco decepcionado" por la sentencia, aunque confiesa que no le ha caído por sorpresa. Por ahora, las organizaciones denunciantes quieren estudiar a fondo las 49 páginas de sentencia para tomar la decisión de apelar o no. "Es un paso muy serio, pero no es improbable", dice Gulowsen.

La economía noruega depende casi en una inmensa mayoría de la extracción y exportación de crudo. Con la crisis del oro negro de 2014, el país tuvo que meter mano al fondo soberano para poder atravesar las dificultades financieras al mismo tiempo que se esforzaba por dar un giro radical a su economía y hacerla más verde. Ya casi la mitad de la flota de turismos en el país se mueve con energía eléctrica, según los últimos datos oficiales.

Pero lo cierto es que el sector petrolero genera tanta riqueza en el país que es difícil abandonarlo. En 2016, el país escandinavo obtuvo 37.400 millones de euros tan solo por la exportación de gas y crudo; un 47% del total de bienes exportados, según el Gobierno. “El país se encuentra aún en un período mixto" antes de dar el salto total a la energía verde y, por tanto, seguirá habiendo necesidad de combustible fósil en las próximas décadas. “Y tiene que salir de algún sitio”, defendía así las exploraciones árticas Julia S. P. Loe, del instituto independiente Fridtjof Nansen de Noruega, en 2017.

El Gobierno de Noruega fue el primero de un país industrializado en ratificar los acuerdos del clima de París tan solo 20 días después de otorgar esta ronda de licencias (la vigesimotercera) para perforar el suelo marino en esta zona, por otro lado jamás explorada. Un hecho que las ONG denunciantes veían como un acto de hipocresía. En la misma dirección se posicionaba, de manera personal, hace unas semanas el presidente del Consejo Ártico, el finlandés Aleksis Härkönen, durante una entrevista con EL PAÍS: "El hecho de que un país [Noruega] que presume de políticas amigables con el ecosistema y que es progresista en su mentalidad medioambiental permita este tipo de actividades es contradictorio".

 


 

EN CIFRAS


Las 13 compañías con licencia para perforar en el mar de Barents son; Statoil y Aker BP (Noruega), Capricorn, Tullow y Centrica (Reino Unido), Chevron y ConocoPhillips (EE UU), DEA (Alemania), Idemitsu (Japón), Lukoil (Rusia), Lundin Petroleum (Suecia), OMV (Austria), PGNiG (Noruega / Polonia).

Recursos no descubiertos en la zona son del 49%, muy por encima de los que se estiman que hay en el mar del Norte (24%) y en el mar de Noruega (27%).

El gas y el petróleo significan el 47% de todas las exportaciones de Noruega, según datos oficiales, lo que se traduce en 37.400 millones de euros en 2016.

La exportación de crudo en 2016 (últimos datos oficiales) fue la más baja desde 1998, y lleva cayendo de manera constante desde 2011.

Noruega produce el 2% de todo la demanda global de crudo.

 

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