Jueves, 14 Diciembre 2017 06:22

Solo sinsabores en la cumbre de la OMC

Solo sinsabores en la cumbre de la OMC

El cierre del encuentro en Buenos Aires confirmó el fracaso en las negociaciones

El perfil proteccionista de Estados Unidos, la desconfianza de otros países y la pérdida de influencia del organismo dejó mal parado al gobierno argentino, jugado al libre comercio. Además, cargó con el escándalo de las deportaciones.

La cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Buenos Aires dejó al descubierto la debilidad de esa entidad como instancia de coordinación global a raíz de la oposición de los Estados Unidos al sistema de negociación multilateral y la desconfianza de otros países que mantienen políticas de protección para evitar el descontrol de sus economías. En este contexto de desazón dado por las nuevas circunstancias políticas globales, el gobierno argentino se lleva una derrota propia con el fracaso inmediato de la negociación para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Además, el Ejecutivo nacional fue protagonista del escándalo global de la revocación de acreditaciones para especialistas de organizaciones no gubernamentales participantes de la cumbre.

Ayer cerró la cumbre de la OMC organizada en Buenos Aires. “Hemos progresado en algunos ámbitos pero en la mayoría de ellos no fue posible, los miembros no se pudieron poner de acuerdo. Sabíamos que el progreso aquí exigiría un salto en las posturas de los miembros y eso no lo vimos. No hemos podido obtener resultados, no siempre es posible hacerlo”, admitió Roberto Azevedo, director de la OMC, en la sesión de clausura. “Evitar un derrumbamiento del sistema es también importante”, dijo la ex canciller y presidenta de la cumbre de Buenos Aires, Susana Malcorra.

El sistema multilateral de comercio cuyo eje es la OMC tambalea desde 2008, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime que hundió a la economía mundial en una debacle que motivó la multiplicación de las medidas de protección comercial en contra del espíritu liberal de la OMC. La nueva postura proteccionista y en contra del sistema de negociación multilateral de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump terminó de lesionar al organismo. De hecho, Robert Lighthizer, representante de Trump en la reunión de la OMC, se fue del país el martes por la noche, antes del último día de negociaciones. Como en la OMC las resoluciones de adoptan por consenso, el paisaje en el cierre de la cumbre era malo de antemano.

Cuatro temas se destacaban como los más relevantes de la agenda de trabajo. En comercio electrónico, la intención de la mayoría de los países desarrollados, de la mano de Estados Unidos y con el lobby de las grandes empresas del sector, era introducir este tema en las negociaciones multilaterales. La idea es establecer una regulación laxa a nivel global que restringa la posibilidad de los Estados nacionales a aplicar políticas más estrictas de control en el sector. La declaración de comercio electrónico fue votada por apenas 46 de los 164 países, con la oposición de los africanos y de Japón. Otro tema relevante era la regulación doméstica, que suponía que las normas de la OMC se apliquen no sólo a las políticas nacionales sino también a nivel provincial y municipal. En este punto tampoco hubo avance.

“Estados Unidos bloqueó todas las negociaciones sistemáticamente, a punto tal que su embajador se fue antes del cierre de la cumbre. Estados Unidos quiere destruir el sistema de negociación multilateral, quiere que la OMC fracase porque quiere acuerdos bilaterales”, indicó a PáginaI12 Sofia Scasserra, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, Untref. También India, con una postura más vinculada al desarrollo económico, se opuso en un buen número de negociaciones. “Además, el gobierno argentino quedó muy mal en la visión de muchos países a raíz de la revocación de acreditaciones. Esto no funciona así en el mundo, hasta los noruegos dicen que las ONG son importantes”, agregó Scasserra.

Otros temas en donde no hubo acuerdo fue la eliminación de subsidios a la pesca ni en la facilitación de inversiones. “Había muy pocas expectativas en esta cumbre porque está todo trabado. El mundo está convulsionado y encima después de Trump, la agenda del libre comercio está muy dañada. En particular, todas las apuestas de la agenda de política comercial le salen mal al Gobierno. Estados Unidos no promociona el ingreso de Argentina a la OCDE y le cierra el mercado de biocombustibles en la cara a Macri, se cayó al menos en el corto plazo el acuerdo con la Unión Europea y fue un fracaso la cumbre de la OMC. El Gobierno también accedió al pedido de China para que la reconozca como economía de mercado en las investigaciones de dumping. Pero no hay inversiones. Macri le da un poco a todo el mundo pero el mundo no le devuelve nada”, analizó Carlos Bianco, docente de la Universidad de Quilmes y asesor de la CTA de los trabajadores.

“La OMC no se ofrece como un foro para debatir las cuestiones globales. Hacia adentro del organismo hay tres jugadores grandes: Estados Unidos (que a partir de esta ministerial quiere tener reglas propias), la agenda neoliberal de la propia OMC muy alineada a la UE y el tercer jugador es China, que empieza a hacer su propio juego”, dijo Javier Echaide, doctor en Derecho, investigador de la UBA y miembro de la Attac.

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El Mercosur y la Unión Europea negocian contrarreloj. Cerca del “acuerdo político”

“Estamos a la expectativa de acordar los lineamientos para este gran acuerdo del que por supuesto después vamos a tener que trabajar en la letra chica”, sostuvo el canciller Jorge Faurie en la conferencia de la OMC.

“No sé si es mañana, pasado o el 21 de diciembre”, dijo el canciller Jorge Faurie en relación a la firma de un principio de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Estamos a la expectativa de acordar los lineamientos para este gran acuerdo del que por supuesto después vamos a tener que trabajar en la letra chica”, sostuvo el funcionario ante la pregunta de periodistas en un pasillo del Hotel Hilton, donde se desarrolla la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Como anticipó este diario, los gobiernos del Mercosur se encaminan a firmar un acuerdo político que le permita a Mauricio Macri y a Michel Temer mostrarse como los paladines del libre comercio. Para más adelante queda la definición de temas como el acceso al mercado europeo de carnes y etanol, patentes y compras públicas.


El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es uno de los ejes políticos de la reunión de la OMC en Buenos Aires. Los presidentes Macri, Temer, Tabaré Vázquez (Uruguay) y Horacio Cartés (Paraguay) mantuvieron el domingo un encuentro reservado en el marco de la cumbre de la OMC en donde ratificaron su voluntad política de avanzar con el acuerdo.



“No estamos tan lejos. Nuestra gente dice que lo que quieren es un acuerdo político y económico con la Unión Europea. Si esto lleva 24 horas, 48, 72 o una semana, no cambia. Nosotros aspiramos a una definición que es tener un acuerdo político, estratégico, de comercio, inversiones y tecnología con la Unión Europea. Tenemos que tener en claro que una vez que acordemos el corpus, la parte sustantiva de esto, tendremos prácticamente casi 6 o 7 meses de redacción, más 2 a 3 años de proceso de aprobación”, detalló ayer Faurie. En una línea similar se manifestó Michel Temer, al anticipar que el convenio podría firmarse en Brasilia el 21 de diciembre.


La semana pasada hubo una ronda negociadora en Bruselas en donde fueron mejoradas las ofertas de rebaja arancelaria de parte de ambos bloques, aunque desde Europa no apareció la oferta superadora en carnes y etanol, dos rubros sensibles de la negociación. Mientras los productores agropecuarios europeos se quejan del acuerdo y por ahora consiguen cierta intransigencia de los negociadores, las industrias del Viejo Continente son las principales ganadoras. Por eso, la industria argentina presenta una situación defensiva. “Con este acuerdo estamos entregando miles de puestos de trabajo. Si se van a seguir vendiendo productos agropecuarios a cambio de nuestra industria, vamos a tener problemas, que se suman a la caída del consumo interno y la suba de importaciones”, dijo ayer Ariel Aguilar, presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero.


Por su parte, Faurie justificó que “hemos compartido el curso de la negociación con todos los actores que van a tener un papel importante en el proceso. Hemos hablado con el sector político, empresarial, con las organizaciones no gubernamentales. Es un factor de dinamización increíble para nuestra vinculación”. En cambio, Marcelo Fernández, presidente de CGERA, advirtió que “por versiones periodísticas estamos viendo que el acuerdo está cerrado, que no se permite ninguna discusión. Esperamos que el Senado pueda pedir que se abra ese libro, para tener información”.

Los representantes de la sociedad civil no son la única voz disidente que confronta con la apertura comercial durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. La delegación de Estados Unidos cuestionó ayer el funcionamiento del organismo multilateral al expresar su preocupación porque “pierda su enfoque esencial en la negociación y se convierta en una organización centrada en el litigio”. El jefe de la representación estadounidense, Robert Lighthizer, advirtió que “con demasiada frecuencia los miembros parecen creer que pueden obtener concesiones a través de demandas que nunca podrían llegar a la mesa de negociaciones, es imposible negociar nuevas reglas cuando muchas de las actuales no se están siguiendo”. Las declaraciones del funcionario norteamericano llegaron tras la encendida defensa a la apertura comercial realizada por el presidente Mauricio Macri durante su discurso de apertura. La posición proteccionista asumida por el gobierno de Donald Trump, reconocen las autoridades comerciales argentinas, bloquea la posibilidad de cualquier acuerdo significativo.


Creada en 1995 la Organización Mundial del Comercio representa la consolidación institucional del proceso de liberalización impulsado durante décadas por los países desarrollados y sus corporaciones. Desde 1947 la supervisión del proceso de reducción de los aranceles a la importación y desregulación del comercio internacional había estado a cargo del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). La consagración del esquema neoliberal estuvo acompañada por la proliferación de acuerdos de libre comercio entre países o regiones cuyo cumplimiento pasó a ser supervisado por la OMC. Las negociaciones en la organización están estancadas y las sucesivas reuniones ministeriales no lograron los avances esperados en materia de liberalización. La victoria electoral de Trump, los cambios políticos en Europa y el Brexit abrieron grietas para la homogénea celebración del libre comercio y la desregulación que solía expresar el organismo multilateral.


“No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo puedan aplicarse a unos pocos, y que a otros se les otorgue un pase en nombre del estado de desarrollo autoproclamado”, expresó Lighthizer durante la Conferencia Ministerial. “Debemos clarificar nuestra comprensión del desarrollo dentro de la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo pueden aplicarse a unos pocos y que los otros reciban un pase en nombre del autoproclamado estatus de desarrollo”, anunció el funcionario norteamericano.


“Necesitamos aclarar lo que entendemos por desarrollo en la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas sólo aplican a unos pocos y otros tienen vía libre invocando su estatus de economías en desarrollo”, sostuvo Lighthizer durante la mañana de ayer al quebrar el monocorde reclamo a favor del libre comercio que lanzaron las distintas delegaciones. Como respuesta a la posición estadounidense, 44 ministros de países en desarrollo entre los que figura Argentina realizaron ayer una declaración pública en favor de “las reglas de la OMC que ayudaron a fortalecer el comercio internacional y el desarrollo y sirvieron como una barrera contra el proteccionismo. Esto ha contribuído a la fortalece y la estabilidad de la economía global”.


“La OMC debe ser más flexible con las políticas de desarrollo”, reclamaron las organizaciones de la sociedad civil en una carta pública que distribuyeron ayer donde advierten sobre la necesidad de introducir cambios en las regulaciones y normativas para permitir que los países impulsen el desarrollo de sus capacidades industriales. “Persistir en el proceso de reforma del comercio agrícola es un requisito necesario para eliminar el hambre y erradicar la pobreza”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie. En línea con las declaraciones de Macri y a contramano de la posición de Estados Unidos, el funcionario enfatizó “la importancia de un sistema de comercio internacional basado en reglas, abierto, y equitativo”.

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Domingo, 26 Noviembre 2017 09:23

Participación para la participación

Participación para la participación

El lunes 30 de octubre comenzó el primer ciclo de audiencias preparatorias dedicado a la participación de la sociedad civil, tema consignado en el primer punto de la Agenda de negocación pactada entre el Gobierno y el Eln. Debe terminar el 16 de noviembre, pero lo visto hasta ahora anuncia un proceso promisorio aunque lleno de dificultades.

 

Parece un simple juego de palabras. Pero no lo es. Como se sabe, el primer punto de la Agenda de la Negociación se refiere a la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. ¿Qué significado darle a esa participación; con qué alcances y con qué contenido? No son preguntas de inmediata respuesta, pese a los antecedentes registrados en otros procesos que ha vivido el país. Y por ello resulta interesante la alternativa que encontró la mesa de Negociación hoy radicada en Quito: comenzar con unas audiencias preparatorias en las que se le consulte a la gente, justamente, qué piensa de la participación y cómo podría adelantarse, incluidos los temas que se consideran prioritarios y los alcances deseados de las propuestas. Los resultados de esta consulta preparatoria, que ya es, en sí, una participación, servirán para que la Mesa - es decir las dos partes- acuerden la forma, la dinámica y los alcances de la participación de la sociedad que vendrá enseguida.

 

Una respuesta entre escéptica y entusiasta

 

Casi que sobra recordar que en el proceso adelantado con las Farc, también se intentó una participación de la sociedad civil, aunque con diferente significado, y el resultado fue poco más que desalentador. Para todo el mundo fue evidente que las propuestas no se tuvieron en cuenta, como no fuera para negarlas. Se recordará la advertencia del gobierno de que “el modelo no se toca”. Y las pocas que lograron considerarse, o fueron corregidas después del plebiscito o se están incumpliendo ahora en las leyes de la implementación. El antecedente inmediato era, pues, negativo.

No obstante, la convocatoria se hizo y fue exitosa. Más de 230 representantes de organizaciones sociales y cívicas, gremios y autoridades locales, de la mayor diversidad de todo el país, a la par que organizaciones internacionales y multilaterales se hicieron presentes en el sitio escogido en las afueras de Bogotá. Dos ciclos de tres días cada uno. Vienen ahora otras que se realizarán de manera virtual o en espacios cerrados en Bogotá. La organización ha corrido por cuenta del Pnud. Asisten a las audiencias las delegaciones a la Mesa de Quito de cada una de las partes: dos mujeres combatientes del Eln y una mujer y un hombre del Gobierno. Y para reafirmar la seriedad y rodear de garantías el proceso, se han hecho presentes representantes de los “países garantes” y de los que se han denominado “países de apoyo”.

Los organizadores son conscientes, y así lo han declarado, que es apenas una muestra, forzosamente incompleta, de la sociedad colombiana, pero de alguna manera representativa y sobre todo suficiente para alimentar con ideas genuinas y novedosas la decisión que se habrá de tomar acerca de la participación, la cual desde ya se sabe que pretende, esa sí, cubrir la totalidad del país, en su diversidad, superando las obvias dificultades de espacio y de tiempo. Se escucharon, entre otras, expresiones de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicales; organizaciones de mujeres, de jóvenes y de la comunidad Lgbti; algunos gremios empresariales, gobernadores y alcaldes; organizaciones de derechos humanos y plataformas por la paz. Llamó la atención la convocatoria por regiones: Arauca, Magdalena Medio, Nororiente, Pacífico y Suroccidente.

Como era de suponerse, aunque las preguntas de la convocatoria eran apenas dos, muy sencillas y concretas, o sea ¿cómo sugiere que deban ser los criterios, los contenidos y las formas de la participación? y ¿qué experiencias propias de participación puede mencionar?, las respuestas estuvieron marcadas por las problemáticas propias de cada expresión, y las de las comunidades de base de las regiones –hay que decirlo– por sus propios sufrimientos. De todas maneras, si algo estuvo, de principio a fin, como un reclamo permanente fue la necesidad de que cualquier forma de participación que se adoptase debería conducir a una reivindicación, a una modificación o reforma o a una política pública con la cual el gobierno (o el Estado) quedara comprometido. La palabra que se ha venido utilizando, tal vez con poca fortuna, es “vinculante”. La participación de la sociedad civil tiene que ser “vinculante”. En términos coloquiales pero categóricos: ¡no tiene sentido adelantar todo un proceso dispendioso solamente para “botar corriente”! Obviamente el Gobierno se opone, desde ya, a semejante exigencia. La representante de la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, para evitar un desacuerdo frontal sugiere una expresión sustitutiva: participación “incidente”. No hay todavía una explicación a fondo, pero es fácil deducir que se trata de una participación en la cual los resultados se tendrán en cuenta para las conclusiones, es decir, “incidirán” en ellas, pero sin ningún compromiso de que las propuestas serán aceptadas. He ahí, evidentemente, el punto crucial de las discrepancias en esta primera fase del proceso de negociación.

 

Dos maneras de interpretar la participación

 

Un aspecto sí parece convocar el consenso: la participación debe ser de abajo hacia arriba, partiendo de localidades y regiones; lo más amplia posible, y sobre todo incluyente, es decir recogiendo absolutamente toda la diversidad. Se agrega que debe ser informada, para lo cual no faltaron las insistencias en procesos pedagógicos. Y claro, con todas las garantías, sobre todo de seguridad, para las personas que participan. Sin embargo, las modalidades como éstos y otros atributos habrán de materializarse son extremadamente diversas; en algunos casos implican posiciones opuestas. Para el Gobierno –y algunas de las plataformas de paz- por ejemplo, es claro que se trataría de un proceso rápido. Se aspira a que en mayo del próximo año ya toda la negociación de Quito haya concluido con la firma de un acuerdo. En estas circunstancias el proceso, si bien parte de las localidades (para el gobierno solamente donde hay presencia del Eln) tomaría la forma de una escalera de representaciones o delegaciones hasta el nivel nacional. Es el resultado obtenido allí, decantado y concentrado, lo que se presentaría, para su consideración, a la mesa de Quito. Para las organizaciones sociales y comunitarias, en cambio, aunque hay muchas otras ideas, sería fundamental que una representación de la propia mesa de Quito “bajara” a todas las regiones del país, a escuchar lo que tienen que decir. Esto está muy relacionado con los contenidos. Es evidente que quieren discutir sobre aspectos de fondo como la pertinencia del modelo minero energético existente, sobre la tierra y el apoyo a la economía campesina, incluida la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos, sobre el modelo hoy privatizado de la salud y la educación, entre otros aspectos. Habría claramente una conexión con lo que salió –y se está incumpliendo– del acuerdo de La Habana. Y sobra decir que para el gobierno se mantiene como línea roja la “intangibilidad del modelo”.

En el fondo, lo que existe es una discrepancia esencial sobre lo que se entiende por participación en esta oportunidad. Para el gobierno es un mecanismo, casi que de trámite, enteramente subordinado a las necesidades de la negociación del conflicto militar con el Eln. Para éste, por el contrario, es un componente esencial que incluso define el sentido de los siguientes puntos de la Agenda, esto es la “democracia para la paz” y las “transformaciones para la paz”. Pero no es fácil de entenderlo porque no tiene antecedentes en ninguno de los llamados procesos de paz en Colombia. Ni siquiera por parte de las organizaciones sociales y cívicas. De ahí la oscilación entre quienes consideran que los resultados deben ir a Quito –como antes a La Habana– para que allí las partes los introduzcan como parte de su negociación y los que no ven al Eln como interlocutor sino al gobierno (el Estado) por lo cual el proceso con cierta autonomía sería una suerte de participación transformadora.

En un plano teórico tendríamos una tensión entre la democracia representativa que, por cierto, tiene una de sus periódicas apariciones el próximo año y la democracia participativa que, si bien cuenta con múltiples instrumentos en la Constitución y las Leyes, no ha alcanzado nunca el calado que se le está pidiendo. Esa es la inquietud que ha quedado, por lo pronto, de este primer ejercicio de consulta con la sociedad. Ya veremos qué sucede en las audiencias que faltan, en las próximas semanas. Un rasgo significativo consiste en que fueron varios, incluidos los representantes de MAP-OEA y Naciones Unidas, quienes se refirieron a la importancia y a la pertinencia de la Participación, independientemente de la negociación de Quito, vista la crítica situación política, con innegables déficit de democracia, que se vive hoy en Colombia.

 

Edición completa periódico desdeabajo N°241

noviembre 20 - diciembre 20 de 2017

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este viernes en un acto conmemorativo de los acuerdos de paz. MAURICIO DUENAS

 

Santos pide paciencia para ver los beneficios de los acuerdos, las FARC acusan al Estado de incumplir lo pactado

 

Los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC cumplieron este viernes un año en un clima agridulce, en medio de promesas y críticas. La buena noticia, el aspecto central de este proceso, es que la disputa entre el Estado y la guerrilla más antigua de América es ahora exclusivamente política. Los excombatientes se desmovilizaron, entregaron sus armas y fundaron un partido, con las mismas siglas y el mismo líder. Pero el contexto preelectoral que vive el país, donde en 2018 se celebran elecciones presidenciales y legislativas, contribuye a tensar el diálogo y las relaciones. Mientras, la sociedad sigue dividida ante la reincorporación de la insurgencia y ve que las autoridades todavía no han acabado con la violencia de las bandas criminales que siguen dominando algunas zonas rurales.

El presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, su nombre de guerra, volvieron al Teatro Colón de Bogotá. Hubo un apretón de manos en el mismo lugar en el que suscribieron el 24 de noviembre de 2016 un segundo acuerdo de paz, después de que el primero fuera rechazado en referéndum por estrechísimo margen. El mandatario trató de explicar que la reconciliación no depende solo del fin de un conflicto armado que dejó más de ocho millones de víctimas durante medio siglo. “Construir la paz es mucho más que poner punto final a los ataques, los atentados, los enfrentamientos. Y es mucho más difícil”, afirmó. Admitió “demoras, dificultades, errores”, aunque resaltó los avances de este proceso. En definitiva -igual que hizo horas más tardes en un viaje a La Montañita, en el suroccidente del país, uno de los municipios más golpeados por la violencia- pidió paciencia a los colombianos y a los antiguos combatientes.

Santos invitó a ver el vaso medio lleno. “Ahora las FARC, partido político, y la extrema derecha coinciden en esto último. En que deben de ver el vaso medio vacío. Y a los dos les conviene criticar al Gobierno, criticar al Estado por un supuesto incumplimiento”, dijo antes de dirigirse a la dirección de esa organización. “Sé que tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones. Me reuniré hoy mismo con sus jefes, con su jefe máximo, aquí presente y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho, para resolver, en la medida de lo posible, sus inquietudes”. Esas cuitas tienen que ver, por ejemplo, con las asignaciones que el Estado prometió para impulsar proyectos productivos, con reformas que aún no han sido aprobadas y, en los últimos días, con un fallo de la Corte Constitucional que modifica algunos puntos del sistema de justicia especial –la llamada JEP- para quienes estuvieron involucrados en el conflicto.

 

De guerrillero a candidato

 

Lo expresó Timochenko en su intervención. “El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano”, afirmó el líder de las FARC en referencia al debate sobre la justicia transicional en la Cámara. Este dirigente vive entre Colombia y La Habana, donde entre 2012 y 2016 se desarrollaron las conversaciones que desembocaron en los acuerdos. En menos de un año ha pasado de ser el principal referente de un grupo armado que practicaba el terror a candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido legal. En esta transición ha empezado a hacer política a todos los efectos. Y desde el Teatro Colón llamó a una movilización masiva para reclamar el cumplimiento de los acuerdos.

A estas tensiones se suman la firme oposición a aspectos relevantes de lo pactado del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y la inestabilidad que aún asfixia a varios territorios rurales. El incierto futuro tras el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla, que termina en enero. El incesante goteo de asesinatos de líderes sociales, “lo que más preocupa” al Gobierno en el ámbito de la seguridad, según Santos. Las disidencias, las bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico.

La Fundación Paz y Reconciliación señala en un informe que “la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz”. Aun así, el mismo organismo también resalta que si el país “aún no le da el justo valor a este acontecimiento”, la comunidad internacional reconoce “el gran salto que ha dado Colombia”. Lo que ahora está en juego es la calidad de su transición.

 

Publicado enColombia
Jueves, 23 Noviembre 2017 11:50

Participación para la participación

Participación para la participación

El lunes 30 de octubre comenzó el primer ciclo de audiencias preparatorias dedicado a la participación de la sociedad civil, tema consignado en el primer punto de la Agenda de negocación pactada entre el Gobierno y el Eln. Debe terminar el 16 de noviembre, pero lo visto hasta ahora anuncia un proceso promisorio aunque lleno de dificultades.

 

Parece un simple juego de palabras. Pero no lo es. Como se sabe, el primer punto de la Agenda de la Negociación se refiere a la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. ¿Qué significado darle a esa participación; con qué alcances y con qué contenido? No son preguntas de inmediata respuesta, pese a los antecedentes registrados en otros procesos que ha vivido el país. Y por ello resulta interesante la alternativa que encontró la mesa de Negociación hoy radicada en Quito: comenzar con unas audiencias preparatorias en las que se le consulte a la gente, justamente, qué piensa de la participación y cómo podría adelantarse, incluidos los temas que se consideran prioritarios y los alcances deseados de las propuestas. Los resultados de esta consulta preparatoria, que ya es, en sí, una participación, servirán para que la Mesa - es decir las dos partes- acuerden la forma, la dinámica y los alcances de la participación de la sociedad que vendrá enseguida.

 

Una respuesta entre escéptica y entusiasta

 

Casi que sobra recordar que en el proceso adelantado con las Farc, también se intentó una participación de la sociedad civil, aunque con diferente significado, y el resultado fue poco más que desalentador. Para todo el mundo fue evidente que las propuestas no se tuvieron en cuenta, como no fuera para negarlas. Se recordará la advertencia del gobierno de que “el modelo no se toca”. Y las pocas que lograron considerarse, o fueron corregidas después del plebiscito o se están incumpliendo ahora en las leyes de la implementación. El antecedente inmediato era, pues, negativo.

No obstante, la convocatoria se hizo y fue exitosa. Más de 230 representantes de organizaciones sociales y cívicas, gremios y autoridades locales, de la mayor diversidad de todo el país, a la par que organizaciones internacionales y multilaterales se hicieron presentes en el sitio escogido en las afueras de Bogotá. Dos ciclos de tres días cada uno. Vienen ahora otras que se realizarán de manera virtual o en espacios cerrados en Bogotá. La organización ha corrido por cuenta del Pnud. Asisten a las audiencias las delegaciones a la Mesa de Quito de cada una de las partes: dos mujeres combatientes del Eln y una mujer y un hombre del Gobierno. Y para reafirmar la seriedad y rodear de garantías el proceso, se han hecho presentes representantes de los “países garantes” y de los que se han denominado “países de apoyo”.

Los organizadores son conscientes, y así lo han declarado, que es apenas una muestra, forzosamente incompleta, de la sociedad colombiana, pero de alguna manera representativa y sobre todo suficiente para alimentar con ideas genuinas y novedosas la decisión que se habrá de tomar acerca de la participación, la cual desde ya se sabe que pretende, esa sí, cubrir la totalidad del país, en su diversidad, superando las obvias dificultades de espacio y de tiempo. Se escucharon, entre otras, expresiones de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicales; organizaciones de mujeres, de jóvenes y de la comunidad Lgbti; algunos gremios empresariales, gobernadores y alcaldes; organizaciones de derechos humanos y plataformas por la paz. Llamó la atención la convocatoria por regiones: Arauca, Magdalena Medio, Nororiente, Pacífico y Suroccidente.

Como era de suponerse, aunque las preguntas de la convocatoria eran apenas dos, muy sencillas y concretas, o sea ¿cómo sugiere que deban ser los criterios, los contenidos y las formas de la participación? y ¿qué experiencias propias de participación puede mencionar?, las respuestas estuvieron marcadas por las problemáticas propias de cada expresión, y las de las comunidades de base de las regiones –hay que decirlo– por sus propios sufrimientos. De todas maneras, si algo estuvo, de principio a fin, como un reclamo permanente fue la necesidad de que cualquier forma de participación que se adoptase debería conducir a una reivindicación, a una modificación o reforma o a una política pública con la cual el gobierno (o el Estado) quedara comprometido. La palabra que se ha venido utilizando, tal vez con poca fortuna, es “vinculante”. La participación de la sociedad civil tiene que ser “vinculante”. En términos coloquiales pero categóricos: ¡no tiene sentido adelantar todo un proceso dispendioso solamente para “botar corriente”! Obviamente el Gobierno se opone, desde ya, a semejante exigencia. La representante de la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, para evitar un desacuerdo frontal sugiere una expresión sustitutiva: participación “incidente”. No hay todavía una explicación a fondo, pero es fácil deducir que se trata de una participación en la cual los resultados se tendrán en cuenta para las conclusiones, es decir, “incidirán” en ellas, pero sin ningún compromiso de que las propuestas serán aceptadas. He ahí, evidentemente, el punto crucial de las discrepancias en esta primera fase del proceso de negociación.

 

Dos maneras de interpretar la participación

 

Un aspecto sí parece convocar el consenso: la participación debe ser de abajo hacia arriba, partiendo de localidades y regiones; lo más amplia posible, y sobre todo incluyente, es decir recogiendo absolutamente toda la diversidad. Se agrega que debe ser informada, para lo cual no faltaron las insistencias en procesos pedagógicos. Y claro, con todas las garantías, sobre todo de seguridad, para las personas que participan. Sin embargo, las modalidades como éstos y otros atributos habrán de materializarse son extremadamente diversas; en algunos casos implican posiciones opuestas. Para el Gobierno –y algunas de las plataformas de paz- por ejemplo, es claro que se trataría de un proceso rápido. Se aspira a que en mayo del próximo año ya toda la negociación de Quito haya concluido con la firma de un acuerdo. En estas circunstancias el proceso, si bien parte de las localidades (para el gobierno solamente donde hay presencia del Eln) tomaría la forma de una escalera de representaciones o delegaciones hasta el nivel nacional. Es el resultado obtenido allí, decantado y concentrado, lo que se presentaría, para su consideración, a la mesa de Quito. Para las organizaciones sociales y comunitarias, en cambio, aunque hay muchas otras ideas, sería fundamental que una representación de la propia mesa de Quito “bajara” a todas las regiones del país, a escuchar lo que tienen que decir. Esto está muy relacionado con los contenidos. Es evidente que quieren discutir sobre aspectos de fondo como la pertinencia del modelo minero energético existente, sobre la tierra y el apoyo a la economía campesina, incluida la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos, sobre el modelo hoy privatizado de la salud y la educación, entre otros aspectos. Habría claramente una conexión con lo que salió –y se está incumpliendo– del acuerdo de La Habana. Y sobra decir que para el gobierno se mantiene como línea roja la “intangibilidad del modelo”.

En el fondo, lo que existe es una discrepancia esencial sobre lo que se entiende por participación en esta oportunidad. Para el gobierno es un mecanismo, casi que de trámite, enteramente subordinado a las necesidades de la negociación del conflicto militar con el Eln. Para éste, por el contrario, es un componente esencial que incluso define el sentido de los siguientes puntos de la Agenda, esto es la “democracia para la paz” y las “transformaciones para la paz”. Pero no es fácil de entenderlo porque no tiene antecedentes en ninguno de los llamados procesos de paz en Colombia. Ni siquiera por parte de las organizaciones sociales y cívicas. De ahí la oscilación entre quienes consideran que los resultados deben ir a Quito –como antes a La Habana– para que allí las partes los introduzcan como parte de su negociación y los que no ven al Eln como interlocutor sino al gobierno (el Estado) por lo cual el proceso con cierta autonomía sería una suerte de participación transformadora.

En un plano teórico tendríamos una tensión entre la democracia representativa que, por cierto, tiene una de sus periódicas apariciones el próximo año y la democracia participativa que, si bien cuenta con múltiples instrumentos en la Constitución y las Leyes, no ha alcanzado nunca el calado que se le está pidiendo. Esa es la inquietud que ha quedado, por lo pronto, de este primer ejercicio de consulta con la sociedad. Ya veremos qué sucede en las audiencias que faltan, en las próximas semanas. Un rasgo significativo consiste en que fueron varios, incluidos los representantes de MAP-OEA y Naciones Unidas, quienes se refirieron a la importancia y a la pertinencia de la Participación, independientemente de la negociación de Quito, vista la crítica situación política, con innegables déficit de democracia, que se vive hoy en Colombia.

Publicado enEdición Nº241
Martes, 21 Noviembre 2017 07:37

El desafio a la justicia transicional

El desafio a la justicia transicional

 

A girones, dentelladas y rasgaduras, hace trizas el legislativo y el poder constitucional colombiano, el modelo Acordado de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJENR), para dejar atrás el conflicto interno armado y el panorama sistemático de represión estatal y violación de los derechos humanos y fundamentales.

Demostrado estuvo, durante sesenta años de conflicto armado, que el sistema judicial colombiano no pudo dar respuesta adecuada y conforme a los estándares internacionales, a aspectos como el de rendición de cuentas, reparación de víctimas, protección por abuso de las autoridades, tanto civiles como militares, si en alguna medida en el imaginario colombiano lo de autoridad se concibe el privilegio otorgado a un individuo por su estatutos en el núcleo social en que se mueve, asociado al Estado como depositaria del poder público.

 
Del efecto juridico y politico de la creación de una Jurisdiccion Especial de Paz (JEP)

 

Por los Acuerdos de La Habana y adición del Acuerdo del Teatro Colón, se creó un instrumento ágil, responsable, de apoyo internacional, de confianza para que los más vulnerables de la sociedad tuvieran acceso a la Justicia. Por eso el objetivo fundamental de esa concepción de justicia es el privilegio al derecho de las víctimas, juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de gravedad específica de por sí. Ahondar, en juzgamientos por la violación de los derechos humanos en todas las categorías estudiadas y reconocidas, causadas por desaparecimientos, ejecuciones extrajudiciales; tanto por ocasión de desplazamientos; como por la no garantía de retorno, recuperación de bienes y propiedades. La concepción de una justicia de aplicación, no en un enfoque de principios preconcebidos por rutinarios criterios normativos; sino en la evaluación de un contexto particularizado de la situación colombiana, que ajustada a la existencia y prelación de un Estado de Derecho (cuerpo normativo imperante), actué en forma paralela y de función pública, en un país como Colombia asolado por múltiples conflictos, entre ellos el conflicto armado interno, por el enfrentamiento de fuerzas insurgentes y beligerantes que compiten por derrocar el poder del Estado constituido.

De tal manera que no se trata de una justicia reparadora, como tampoco distributiva o retributiva. No se trata tampoco de una justicia blanda. Es la justicia que ofrece la comunidad internacional para facilitar procesos de paz, tras la terminación de un conflicto armado interno, que como en el caso de Colombia, no hubo triunfo militar sobre la contraparte insurgente y ésta a su vez , mediante un pacto suscrito por plenipotenciarios tanto del gobierno, en nombre del Estado, como plenipotenciarios, en representación de la contraparte insurgente, aceptan la dejación de armas, acuden a la efectiva aplicación de amplia amnistía contemplada internacionalmente y en cuanto a delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, asientan acogerse a una Justicia diferente a la cual combatieron. Precisamente, esa justicia transicional también tiene como objetivo, afrontar las causas subyacentes, del conflicto superado civilizadamente y paso seguido fomentar la reconciliación nacional. En modo alguno- como falsean- se trata de una creación castro-chavista, dando grima el que desconozcan, esos faltos de argumentos, que el termino de “justicia transicional” fue acuñado por académicos estadounidenses, en desarrollo de los efectos de la globalización y el derrumbe de la Unión Soviética.

Pero lograr la aplicación de una Justicia Integral obedece al análisis y manejo del contexto y el entorno político jurídico y político está inundado de aprehensiones.

En esta misma década se declaró constitucional la llamada Justicia y Paz, que juzgó a los paramilitares desmovilizados. Pero esa declaratoria de exequible al Acto legislativo 01 de 2012, nada aporta al universo de concepción de un modelo de justicia transicional aplicada para la terminación del conflicto con la entonces fuerza insurgente farc-ep.

Lograr la aplicación de una Justicia Integral, implica el esclarecimiento de la Verdad. Soportarse en afianzamientos de gobernabilidad y legitimidad en el manejo y control de la mayoría de los resortes del poder, incluido el poder de la tele comunicaciones. Afianzar en la comprensión política que el fin del conflicto armado no es el silenciamiento de los fusiles, como la aceptación de un rendimiento de cuentas de todos a la sociedad. Por ello el efecto de la pedagogía colectivo resalta como fundamento esencial.

El modelo integral colombiano de justicia transicional abarca todos esos aspectos.

El reto está en cómo llegar a la eficacia de ese modelo de justicia integral. Impera la aplicación de transiciones democráticas. No se trata de un sistema o mecanismos para posponer, sin fecha ni plazo cierto (sin die) la acción de la Justicia; como de implementar reformas estructurales. Reformas institucionales que afecten a la policía, el ejército, la justicia, el ejercicio de la inteligencia y contrainteligencia estatal. Aceptar la implementación y cambios de o en el marco legal y constitucionales, mediante reformas o enmiendas.

Inaceptable que sea el ejecutivo la única rama del poder responsable de la negociación con la antigua insurgencia de las Farc-ep. El Acuerdo de La Habana y del Teatro Colón, está concebido bajo un pacto soberano del Estado como expresión del poder público, en cabeza del presidente de la República. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público”. Eso lo establece expresamente el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, conforme a esos términos y sin mayor escitación.

 
El fuero como cuestión militar

 

Cuando el comandante insurgente Alfonso Cano invito a conversar al gobierno de Juan Manuel Santos y recibió como respuesta la orden de asesinarle, presentó aspectos puntuales a tratar y entre ellos mencionó hablar de la Doctrina Militar. Con esta mención demostró el profundo conocimiento que tenia del país colombiano, como quiera que el problema de la tierra y el papel del ejército, constituirán lo álgido a abordar en la solución del conflicto armado interno colombiano.

 
De la separacion de poderes y la doctrina de la cuestion politica

 

Este, que es un tema del derecho de las constituciones políticas, ha tomado carrera en Latinoamérica. Resume la cuestión para excluir de la revisión judicial, los actos de las ramas del poder público en particular, con inusitada tendencia a denunciar una peligrosa concentración de poder en el ejecutivo; en tratándose digamos de la suerte de un Estado de Derecho. Pero, además, en la acepción de creación de ciertas normas constitucionales, no justiciables (por el poder judicial); sino de resorte del poder político. De allí lo sintomático, que en arremetida feroz de la extrema derecha contra el poder judicial o rama autónoma de la justicia, en búsqueda de su debilitamiento institucional, irrumpa tan groseramente la propuesta de la Cuestión Militar, con lo de la extensión de su fuero. La doctrina de la cuestión ha querido demostrar que las cortes no tienen capacidad de conocer de todas las materias bélicas y la simbiosis comparativa con la argumentación de la inconformidad del generalato- mediante voceros en retiro- enmarcada dentro de la problemática de la hipocresía política, frente a la consolidación de fuerzas, hacia una reconfiguración global del poder; tanto en la atormentada Colombia, como en el énfasis de la cuestión política en el escenario latinoamericano.

Actualmente, en los Estados Unidos de América, la Doctrina de la Cuestión Política, sirve como método para que la Suprema Corte esquive o “saque el bulto” con relación a la autonomía de la separación de poderes; llegándose a la supresión de frenos o contrapesos, en el que el poder judicial no debe asumir o tomar posición respecto a las decisiones de las ramas públicas del poder político. Es decir, en el rol que cada rama juega, en relación con las otras, calificando esos actos de no justiciables. Así, que actuaciones del poder político como la invasión o intervención militar a otros países; los bloqueos económicos, aplicación de la tortura (caso Bush), etc. con la Doctrina de la Cuestión Política ante la separación de poderes, no son justiciables.

De manera, que el ejemplo reluciente en el sistema estadounidense de la independencia política y judicial en torno a los actos propios del poder electoral- de por si saludable- quedó sin mecanismos de autocontención en torno a esta cuestión de la doctrina política no justiciable, respecto a los álgidos efectos de los actos políticos. Aunque el tema es prolijo, extenso, en referencia a la cuestión de la doctrina en los Estados Unidos, valga destacar que la suprema corte se apartó o asumió un conocimiento “diferente” al que el gobierno Bush mantenía de los combatientes enemigos extranjeros apresados en Guantánamo o cárceles universales, a no someterlos a conocimiento de tribunal; mas calló ante las torturas.

Técnicamente, conviene aclarar, que cuando se plantea si la cuestión política es justiciable, como judicialización de la política, se alude a las razones judiciales para que los actos del poder político puedan ser ventilados ante lo judicial, ante las cortes.

Somos del parecer que el poder judicial debe tomar decisión de los recursos planteados por las actuaciones del poder político. ¿Quiénes, sino las Cortes, como árbitros neutrales, son los capaces para intervenir en los efectos de los juegos políticos?

Por ello es alarmante, el nexo o relación de causalidad, existente entre el bastardo proyecto del Fuero Militar en Colombia y la doctrina de la Cuestión Política.

Los perros de la guerra y artífices del militarismo aúpan porque los actos de los miembros del ejército, fuerza pública, policía, etc., no sean justiciables. Arguyen que los jueces naturales nos son capacitados, legitimados, para conocer los términos de contenido y argot de la guerra y por consiguiente esa minusvalía, desplaza lo justiciable, al no poder abordar el conocimiento veraz de las conductas de los uniformados y su desempeñó en el ejercicio y actos de la guerra y/o del servicio. Ese es precisamente el planteamiento de la doctrina política de la cuestión, para que no sean justiciables, los actos del poder político. Tamaño copión.

Aún más: quienes deben decidir los límites de los actos de ejercicio de las fuerzas militares. ¿Esos límites, bajo que parámetros, se rigen? ¿Existe un poder autónomo político en la Fuerzas Militares, con relación a las ramas del poder político, para erigirse como jueces y como parte?

Los anteriores cuestionamientos plantean que no estamos ante una incursa violación a la constitución política, en el ejercicio deliberativo que ha hecho, curso o carrera, en Colombia, por parte de los autoproclamados voceros del militarismo; por no mencionar a los militares a secas. Asistimos es al posicionamiento de un poder de facto militarista al estar hablando duro, golpeando la mesa en vocinglera insubordinación. Esto va de la mano, con el endurecimiento del método de la guerra sucia en asocio con el fortalecimiento del paramilitarismo contrainsurgente y antipopular. También va de la mano el que las elites o castas privilegiadas al interior de las fuerzas armadas en Colombia, se desgasten y apunten a lo táctico, ante el fallido soporte estratégico de la salida militarista o guerrerista, para la solución del conflicto armado, de guerra civil en Colombia.

Indudablemente, por eso se habla o menciona desde otras ópticas diferentes a la nuestra, de desgaste interno de valores o desmoralización al interior de las fuerzas armadas. Lamentable error seria subestimar esa situación. Por el contrario, admite el análisis del reposicionamiento de los sectores terratenientes, de latifundismo rural y casa teniente urbano ante la inminencia de las reformas de fondo.

Conviene recordarles que se puede perseguir a violadores de los Derechos Humanos que gozan de impunidad en países que les acogen. Ello establece que nadie puede quedar impune por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El Derecho Internacional Humanitario enriqueció, luego del Juicio de Nuremberg, en el que “En ellos se declara, que nadie puede alegar su condición de jefe de estado o haber actuado bajo órdenes jerárquicas, si tuvo la opción de no cometer el delito, para no ser juzgado”.

Al sancionarse la oprobiosa ley de justicia y paz bubo auto amnistías para no juzgar. Pero todo ello esta cuestionado por varios organismos internacionales y del sistema interamericano. Esto no tiene asomo que pueda suceder en el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición, acordado en Colombia y del que huelga insistir, la Jurisdicción Especial de Paz(JEP) es uno de sus aspectos.

El principio de justicia universal se fundamenta en las normas del ius cogens y el derecho de gentes y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (lex fori).

Independientemente de los factores de procedimiento, lo sustantivo y esencial de la Justicia Transicional radica en el criterio jurídico y de concepción de fin del conflicto de los Magistrados(as) posesionados, bajo la egida del principio de lo inescindible y de autonomía soberana del que están investidos.

Por respeto a los lectores no asumo temas como:

· Los nuevos requisitos para los Magistrados de la JEP y el control “estricto” a imponerles.

· El marco final para la participación en política de los ex guerrilleros.

· El juzgamiento de delitos sexuales durante el conflicto por parte de combatientes.

· La comparecencia voluntaria a la Justicia por parte de civiles.

· El requisito de impedimentos o inhabilidades de los legisladores.

 

Publicado enColombia
Guerrilleros de las Farc pasan el tiempo en un campamento transitorio.

 

Enrique Santiago es asesor jurídico de las FARC y una de las figuras fundamentales para la consecución del acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en Colombia.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

 

Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.

De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.

 

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Enrique Santiago, una de las figuras clave para la consecución del acuerdo definitivo de paz.

 

La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?

Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.

 

¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?

Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.

 

¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?

Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.

 

El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?

Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.

 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.

El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.

 

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Militantes de las FARC en Cali, Colombia /REUTERS

 

¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?

Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.

 

¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?

Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.

 

Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?

Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.

 

¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?

El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.

 

¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?

El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.

 

¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?

Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.

 

¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?

Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor. El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.

 

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Protesta de activistas contra los combustibles fósiles en la cumbre de Bonn.

 

La financiación de los países ricos para los más pobres vuelve a atascar los avances en una cumbre del clima

 

El Acuerdo de París –que se empezará a aplicar en 2021– fue el marco general de la lucha contra el cambio climático. Pero falta desarrollarlo. Y los reglamentos para hacerlo tendrán que esperar a la cumbre de Polonia en 2018, la fecha tope que marca el propio acuerdo. Así lo han decidido los negociadores de los casi 200 países reunidos en la Cumbre del Clima de Bonn. En la recta final de esta cita la financiación que deben aportar los países ricos se ha vuelto a convertir en un escollo. Y lo volverá a ser en las próximas citas, adelantan los negociadores.

Los negociadores que se han reunido en la llamada COP23 de Bonn han esbozado los esqueletos de esos reglamentos de desarrollo del Acuerdo de París, pero los temas más polémicos sobre transparencia o contabilidad de las emisiones de cada país siguen abiertos y tendrán que cerrarse en Katowice, la ciudad polaca que acogerá a finales de 2018 la próxima cumbre. "Hubiera sido mejor avanzar más", reconoce Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales y experta en negociaciones climáticas. Pero lo más difícil se ha dejado para la siguiente cumbre, que se llevará a cabo en el bastión europeo del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero emite.

Todo parecía indicar que esta cita de Bonn —que desde un principio se concibió como técnica— podía cerrarse, por primera vez en mucho tiempo, este viernes según el programa previsto. Pero las discusiones sobre la financiación han paralizado las negociaciones y mantuvieron abierta la cumbre durante buena parte de la noche. Finalmente, sobre las seis de la mañana, tras una larga noche de negociaciones, se desbloqueó la situación y se consiguió cerrar la cumbre.

La principal discusión se centró en los intentos de los países en desarrollo para conseguir asegurarse que los Gobiernos de los Estados más ricos y su sector privado pongan sobre la mesa los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática comprometidos con el Acuerdo de París a partir de 2020. Ese montante está pensado para que los países con menos recursos puedan poner en marcha estrategias de mitigación (recortes de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación a los efectos negativos del calentamiento.

Los Estados más pobres presionaron para que los desarrollados se comprometan a comunicar cuánto dinero pondrán sobre la mesa cada año con antelación. Y los desarrollados argumentaban que no pueden comprometerse a eso ya que sus aportaciones dependerán de su disponibilidad presupuestaria. Este asunto continúa abierto también tras la cumbre del Bonn. "La financiación es el último tema que siempre se cierra en las cumbres", explica Laura Juliana Arciniegas, jefa de la delegación de Colombia. "Y lo será en las siguientes".

 

Salida de EE UU

 

La salida anunciada por Donald Trump del Acuerdo de París —que no se podrá materializar hasta 2020 porque así lo establece el pacto— supuso un golpe moral a esta alianza contra el cambio climático, que por primera vez tras dos décadas de negociaciones logró cerrar en París en 2015 un acuerdo que comprometía a todos a recortar sus emisiones. Pero Trump no ha provocado un efecto contagio. Al contrario, Nicaragua y Siria, que se resistían a firmar el pacto, han anunciado que lo harán y EE UU se ha quedado aislado. Pero más allá de los recortes de los gases que no acometerá EE UU, Trump ha dejado claro que no tiene ninguna intención en cumplir los compromisos de financiación, con lo que se reduciría el número de Estados desarrollados que deben aportar esos 100.000 millones. Y esto inquieta a los países en desarrollo.

El Acuerdo de París tenía una brecha bien identificada que se debe cubrir desde que se firmó hace dos años en la capital francesa. Los recortes de gases de efecto invernadero comprometidos por todos los países firmantes del pacto no son suficientes para lograr el objetivo: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales, e intentar que se quede en los 1,5. Pero el Acuerdo de París contiene mecanismos para superar superar ese problema: periódicamente se harán revisiones y los Estados presentarán nuevos compromisos, siempre al alza, de sus planes de recortes de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la salida de EE UU ha abierto otra brecha inesperada: la financiación. "Ahora existe una brecha de 2.300 millones de dólares en el Fondo Verde que EE UU ha dicho que no va a poner", señala el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. ¿Y quién va a cubrirla? Arias Cañete augura que el tema de la financiación volverá a centrar una parte importante de las negociaciones en Polonia. Las dudas sobre quién asumurá los esfuerzos financieros de EE UU es una de las razones que han empujado a los países en desarrollo a pedir que los Estados ricos anticipen cuánto dinero aportarán.

El otro punto sobre financiación que ha bloqueado las negociaciones ha sido el Fondo de Adaptación, que los países en desarrollo no quieren que se elimine cuando se aplique, a partir de 2021, el Acuerdo de París. Este fondo se creó con el Protocolo de Kioto, que estará en vigor hasta 2020, cuando el pacto de París tomará el relevo.

En el Acuerdo de París se abrió la posibilidad de que continuara el Fondo de Adaptación. En la Cumbre del Clima de Marrakech, de 2016, se reforzó esa idea. Y en la de Bonn los países en desarrollo querían atar definitivamente esta continuidad, lo que esta noche han logrado.

 

1,5 grados

 

En octubre de este año está previsto que el IPCC, el panel de expertos internacionales que bajo el paraguas de la ONU radiografían los efectos del cambio climático, difunda un informe sobre las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados y las medidas que se deberían tomar para lograrlo. El reto es complicado, el calentamiento está ya en un grado respecto al nivel preindustrial.

La asunción de esa meta del grado y medio también ha centrado parte de las discusiones finales de esta cumbre de Bonn. Varios Estados, fundamentalmente los más petroleros (como Arabia Saudí o Irán) pidieron que se retirara toda referencia a esos 1,5 grados en uno de los documentos que está previsto que se aprueben, señalan fuentes de la negociación. Pero esa referencia ya está en el Acuerdo de París, con lo que no se puede dar marcha atrás.

 


 

WASHINGTON QUIERE SALIR “LO ANTES POSIBLE” DEL PACTO


Fuentes de las negociaciones explican que la actitud estadounidense (que ha enviado una delegación mucho menor que en otras cumbres y de perfil técnico) no ha sido de bloqueo. La encargada de intervenir en nombre de EE UU en el plenario de Bonn ha sido Judith G. Garber, secretaria adjunta de la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales. No puso en duda el cambio climático, sacó pecho de los recortes de emisiones de su país en los últimos años y dijo que EE UU es consciente de que se necesita una transformación energética. Eso sí, reafirmó que su país saldrá del acuerdo "lo antes posible".

 

Publicado enMedio Ambiente
Cumbre del APEC Trump pone fin al multilateralismo comercial de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Tump, anunció un cambio de rumbo radical en la política comercial de Washington, al rechazar acuerdos multilaterales y afirmar que su gobierno ya no tolerará abusos comerciales crónicos e insistirá en políticas justas y equitativas.

No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos. Ya no vamos a dejar que se sigan aprovechando. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, sostuvo Trump ante los representantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad turística de Da Nang, en el sur de Vietnam.

El mandatario señaló que su administración ya no iba a aceptar el robo de propiedad intelectual y otras prácticas injustas, y llamó a los demás países a buscar por sí mismos su propio bienestar.

El discurso de Trump representó un alejamiento radical de Estados Unidos de las alianzas multilaterales y su deseo de alejarse de los grandes tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En su lugar, busca hacer acuerdos aislados con distintos países. “Quiero relaciones comerciales bilaterales con cada país de la región indo-Pacífico que quiera ser nuestro socio.

Cuando Estados Unidos entre en una relación comercial con otros países o pueblos, desde ahora esperaremos que nuestros socios sigan fielmente las normas.

Agregó que durante su visita a Pekín habló de forma abierta y directa con su par de China, Xi Jinping, sobre las prácticas comerciales injustas de China y el enorme déficit comercial que han producido en Estados Unidos.

Apenas un día antes, en su visita a China, el estadunidense dijo que ambos países deben ser socios, no rivales, y pueden beneficiarse mutuamente y al mundo, y firmó una serie de acuerdos empresariales bilaterales valuados en 250 mil millones de dólares.

El mensaje de Trump en Vietnam, sede del Foro APEC, tuvo un fuerte contraste con la presentación de Xi, quien defendió, entre constantes interrupciones por aplausos y vítores, el libre comercio multilateral y afirmó que la globalización es una tendencia irreversible. En ese sentido, el presidente de China propuso una red global de zonas de libre comercio y prometió a naciones menos desarrolladas beneficiar del crecimiento económico del gigante asiático.

Trump llegó a Vietnam, en medio de protestas, en la cuarta etapa de su gira de 12 días por Asia. Aunque China tiene por mucho el mayor superávit comercial con Estados Unidos, Vietnam también está en la lista de esos superávits que el gobierno de Trump busca reducir. El domingo el estadunidense llega a Filipinas para asistir a la Asociación de Estados del Sudeste Asiático y culminar su gira.

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Jueves, 09 Noviembre 2017 16:25

La paz entre el bloqueo y las trizas.

La paz entre el bloqueo y las trizas.

Ya resulta hasta una necedad reiterar en los diferentes eventos que están destruyendo los Acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.


Si bien es cierto la mayoría de los Acuerdos de paz firmados por el resto del mundo han fracasado por el incumplimiento de las elites dominantes que los firman, no estamos condenados a repetir esas tragedias que se han cernido sobre otras naciones. Pero, el caso del trámite de la Justicia Especial para Paz (JEP) en el Congreso de la Republica, está demostrando de manera palpable la ausencia de voluntad política de la cúpula dominante de la sociedad y el Estado colombiano, para hacer de la paz una realidad en la vida de millones de ciudadanos.


La paz muere asfixiada por el bloqueo del santísimo y las trizas de la ultraderecha.


El oficialismo santista y toda la red gubernamental que gira a su alrededor se las han arreglado para ir rediseñando regresivamente el texto de los acuerdos, mediante los trucos judiciales del Fiscal Martinez, la hermenéutica tramposa de la mayoría de Magistrados de la Corte Constitucional y la acción violenta de los aparatos armados del Gobierno que aplastan sobre el terreno, con masacres y asesinatos, la voluntad guerrillera de cumplir con lo pactado.


El uribismo no ha sido menos contundente en su ofensiva. Su anuncio de hacer trizas la paz ya es un hecho y las 150 trampas de José Obdulio Gaviria para sofocar la JEP en el legislativo es una demostración de tal objetivo, proclamado a los cuatro vientos.


La JEP se hundirá de forma ineluctable en el escenario legislativo y con ésta todo el proceso de solución del conflicto social y armado que fue utilizado como tabla de salvación del régimen político prevaleciente, carcomido por grandes crisis de legitimidad, gobernanza, recesión económica y corrupción.


Pero bien. Como todas estas encrucijadas hay que resolverlas en el campo de la política no hay otra alternativa que explorar salidas desde la reflexión institucional, sociológica y politológica.


Mi criterio es que la extrema división de la elite dominante está configurada como una estructura de oportunidad política que debe ser leída y analizada en cada momento.


Hay una división en la clase dominante y tal hecho tiene grandes implicaciones institucionales y políticas.


Desde el ángulo institucional se sugiere acudir a la Conmoción interior para superar el bloqueo de las cúpulas parlamentarias amangualadas en sus profundas afinidades para frenar los avances de la paz. Si esa es una opción debe usarse sin vacilaciones jurídicas. Por supuesto, sin descartar el recurso de la Asamblea Constituyente como instrumento de la transición política en curso.


Desde la perspectiva política es necesario insistir en las movilizaciones y agitación civil para poner en evidencia el atroz sabotaje a la pacificación del país.


La muerte de la paz, asesinada por los promotores y ejecutores de la violencia contra las clases subalternas, es una responsabilidad histórica con grandes repercusiones en el curso futuro de Colombia.


Nos preguntamos ¿Con qué autoridad el Gobierno y sus delegados adelantan diálogos y negociaciones con el Eln para que cesen su lucha y resistencia armada a la luz de los hechos perversos que estamos presenciando con los pactos firmados con la insurgencia de las Farc?


Con las Farc, Santos repite la vieja historia del alzamiento de los Comuneros del Socorro en el siglo XVIII, firmaron y después descabezaron.


Tomen nota, ciertas almas ingenuas y también las avispadas, de lo que se nos viene. Más guerra, más muerte y más dolor para los débiles.


Definitivamente este país no tiene arreglo en la vía pacífica.

 

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