El presidente colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro con líderes de la FARC.

 

Según el Observatorio de seguimiento a la implementación, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito por las partes

 

En noviembre se cumplió un año de la firma de la paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Más de 8.000 armas han sido entregadas y se ha logrado la tasa más baja de homicidios en 40 años, pero continúan las dudas sobre el efectivo cumplimiento de lo pactado. Según el Observatorio de Seguimiento al acuerdo, solo se ha avanzado en un 18,3% de lo suscrito. Los obstáculos que se han presentado desde entonces se abordaron este jueves en una reunión que se celebró en la Gobernación de Bolívar.

En el encuentro participaron Felipe González y José Mujica, miembros de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo, creado como una instancia entre el Gobierno colombiano y la guerrilla para revisar periódicamente cómo se aplica el documento que resultó de los diálogos de La Habana.

Los líderes del nuevo movimiento político —bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC— plantearon sus temores y pidieron salvar lo fundamental de la Ley de la Jurisdicción especial para la paz. El exjefe guerrillero Iván Márquez cuestionó que esta solo se aplique para los antiguos combatientes y excluya los delitos de los paramilitares, que también fueron parte del conflicto que por más de cinco décadas desangró a Colombia. Los líderes del nuevo movimiento político pidieron al presidente Santos agilizar los procesos de reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como la titulación de tierras para proyectos productivos.

Santos aseguró, al término de un encuentro que calificó como fructífero, que antes del 15 de enero nombrará a los magistrados de la jurisdicción para la paz, una de las mayores exigencias para que se aplique el acuerdo. El mandatario agradeció el apoyo de los expresidentes Mujica y González por acompañar el proceso y reconoció que, aunque la construcción de la paz no ha sido fácil, el primer informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice que el país ha alcanzado un progreso significativo. “Ese balance positivo es corroborado por los resultados que presentamos. Hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación, los avances son muy claros. Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo y sentamos las bases institucionales y normativas para que se cumpla”, aseguró Santos, que hizo un llamamiento a la reconciliación nacional.

Márquez pidió al presidente que ejerza sus potestades constitucionales para garantizar que se consolide la que se acordó. “Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado”. La FARC anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que consulte al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere el Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz.

“Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina”, dijo el expresidente Mujica al final del encuentro, en el que el Gobierno expuso los logros del primer año tras la firma. El Ejecutivo resaltó la reducción en el número de víctimas a causa del conflicto: 39 en 2017 frente a 1.200 en 2006. También destacó la erradicación de cultivos ilícitos que hasta el uno de enero era de 52.571 hectáreas.

La FARC insistió en la liberación de los exintegrantes de la desaparecida guerrilla que siguen encarcelados y pidieron protección para los líderes sociales. 2017 cerró con más de 73 asesinados.

 

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Colombia. Se repite la historia de traición y muerte

“El problema en América Latina es que la historia tiende a repetirse como tragedia”. Eduardo Galeano

 

Es famosa esta afirmación de Carlos Marx: “Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa”. Este principio debería modificarse en América Latina en general, y en Colombia en particular, diciendo que acá la historia se puede repetir muchas veces, pero siempre como tragedia.

 

Y este presupuesto resulta de una importancia crucial a la hora de analizar lo que viene sucediendo con los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, puesto que nuevamente, por enésima vez, se incumple en forma descarada lo que ha pactado el primero. Esa historia de incumplimientos y traiciones no es nueva, es más que bicentenaria, puesto que se hizo realidad por primera vez en 1781, cuando el régimen colonial español traicionó las capitulaciones que había firmado con el movimiento de los Comuneros y persiguió y asesinó públicamente y con saña a José Antonio Galán, el principal líder popular de ese levantamiento. En ese momento se originó lo que puede denominarse el síndrome del incumplimiento y de la traición por parte del Estado colombiano y las clases dominantes de lo que pactan y acuerdan con sectores de las clases subalternas. Ese síndrome viene acompañado de la persecución y muerte de los opositores políticos, como lo rubrica lo sucedido en los últimos 60 años de la historia colombiana.

 

En esta perspectiva lo que acontece hoy en día no es inédito, es simplemente la repetición, aparentemente mecánica de algo ya conocido, en cuanto a su resultado. Lo que aparece como diferente estriba en la suposición de una de las partes, las FARC, que esta vez el Estado si iba a cumplir, por las implicaciones que supone poner fin a una contienda armada de más de medio siglo. Los hechos han demostrado que al bloque contrainsurgente existente en nuestro país lo único que le interesaba era desarmar a la insurgencia de las FARC, como lo ha dicho sin disimulo Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, sin necesidad de leer entre líneas, simplemente que no se va a cumplir nada de lo pactado y que los acuerdos no pasan de ser letra muerta, papel higiénico. Y a ese orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento.

 

Este es un incumplimiento en el que han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformación, los partidos políticos ligados al establecimiento, e incluso sectores políticos que se supondrían son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrático-MOIR y los verdes, con Claudia López a la cabeza)...Todas a una, como en fuente ovejuna, han actuado al unísono, para torpedear lo pactado, que fue solemnemente firmado no en una sino en dos ocasiones, primero en Cartagena, antes del plebiscidio (suicidio plebiscitario) de octubre de 2016, y luego en el teatro Colon de Bogotá, tras introducir un sinnúmero de modificaciones, aceptadas por las FARC, que ya de por sí desnaturalizaban gran parte de lo acordado en cinco años de negociaciones en La Habana.

 

No se trata en esta reflexión de entrar a discutir –no porque no sea importante, sino porque ese no es el objetivo de este breve escrito– el alcance limitado de los acuerdos firmados en Bogotá en noviembre de 2016, alcance que ha sido presentado en forma exagerada por los voceros de la extrema derecha, desde el uribismo hasta el vargasllerismo, y sus voceros de prensa, encabezados por RCN, quienes sostienen con un cinismo extremo que esos acuerdos representan una entrega del país a lo que ellos denominan el castro-chavismo.

 

El trasfondo de este enunciado mentiroso, al estilo de Josep Goebbels, no es otro que ambientar el incumplimiento, como lo han logrado con éxito, y sobre lo que no debería haber duda, como lo demuestran algunos de los balances efectuados con motivo de cumplirse el primer año del acuerdo del Teatro Colón. Uno de esos balances sostiene que, en términos cuantitativos, el Estado ha cumplido solamente con un 18 por ciento de lo acordado, mientras que el cumplimiento de la contraparte, de las FARC, ha sido prácticamente del ciento por ciento. En efecto, mientras esta insurgencia ha entregado las armas, concentró sus frentes en zonas fijas, entregó un listado sistemático de sus haberes, los puntos básicos del acuerdo han sido irrespetados por el Estado.

 

Así, en cuanto al tema agrario –eje central del conflicto social y armado– no hay nada que permita vislumbrar que se va a efectuar alguna “reforma rural integral” que favorezca a los campesinos y pequeños productores. En cuanto al anuncio de entregar tres millones de hectáreas de tierras y de legalizar los títulos de otros siete millones, hasta ahora lo hecho es, por decir lo menos, absolutamente ridículo: se han entregado unas 69 mil hectáreas, sin saber cuántas corresponden a entrega y cuántas a restitución y “la Dirección de Acceso a Tierras reportó que durante 2016 compró 1.381 hectáreas, correspondientes a 33 predios, para entregarlas a organizaciones campesinas” ( http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6821-la-reforma-rural-integral-a-fuego-lento ).

 

Respecto a la política antidrogas, donde se planteaba una solución integral a ese espinoso asunto, que no se concentrara en atacar al productor de hoja de coca y se tocaran los diversos eslabones de ese negocio multinacional, eso no ha pasado del papel. En la práctica se ha reafirmado el viejo criterio de la política anti-drogas hecha en Estados Unidos, y reafirmada ahora por el gobierno de Donald Trump, de golpear a los campesinos, como lo evidencia lo sucedido en Tumaco, con la masacre de pequeños cocaleros, llevada a cabo por miembros de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Incluso, como van las cosas, no es de extrañar que en el corto plazo se vuelva a poner en práctica la criminal política de fumigación aérea con glifosato, como lo viene planteando el Fiscal General de la Nación, una ficha del orden contrainsurgente, quien es uno de los principales opositores al cumplimiento de lo pactado con las FARC.

 

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue presentada desde un principio como la “novedad” del acuerdo, y donde se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados “terceros”, como los empresarios, multinacionales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes...), ha quedado hecha trizas, y ha terminado siendo un tribunal en donde se va a juzgar de manera exclusiva a las FARC.

 

Y con relación a la participación política lo hecho es vergonzoso, puesto que no ha habido ninguna reforma política ni tampoco se ha propiciado ni creado el ambiente para la participación no solo de las FARC, sino de otros sectores políticos de las regiones, como lo demuestra la decisión del Paramento (perdón, Parlamento) de negar la aprobación de las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz, que debían facilitar la participación de las víctimas.

 

No se ha cumplido nada en lo esencial. Y no solo eso, lo peor de todo, es que avanza un nuevo genocidio: el de los excombatientes de las FARC. O cómo puede calificarse lo que está en marcha en Colombia, ante la mirada cómplice en algunos casos y complaciente en muchos otros de gran parte de la mal llamada “opinión pública” de este país, del asesinato a mansalva, desarmados y en estado de indefensión, hasta el momento en que se redactan estas líneas, de un poco más de 30 miembros de las FARC, a lo que se suma el asesinato de una decena de sus familiares.

 

El asesinato del primer miembro desarmado de las FARC, luego de la pretendida puesta en marcha de los acuerdos de La Habana no supuso ningún rechazo, como era apenas obvio, de los voceros del orden contrainsurgente, cuando ese hecho debió concitar la movilización masiva de la sociedad colombiana, para que ese no fuera el comienzo de un nuevo genocidio. Qué diferencia a lo sucedido en Argentina donde la movilización de importantes sectores de la sociedad ha impedido que se vuelva a legitimar la desaparición forzada, que se ha intentado imponer nuevamente como práctica de terrorismo de Estado con el caso de Santiago Maldonado. Es esa acción activa lo que obligó a que en forma relativamente rápida apareciera el cadáver de este dirigente popular, lo que desde luego es una noticia trágica, pero ese mismo hecho no hubiera sido posible sin una movilización que clama en contra de la impunidad de los crímenes de Estado.

 

El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, solo quince días después de haber salido de la cárcel.

 

Y como fue una noticia más de la crónica criminal de este país, y una noticia muy secundaria, el asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, primer asesinado de las FARC, menos importante que los chismes y trivialidades de los famosos de origen colombiano (futbolistas que se divorcian o que estafan al fisco de diversos estados europeos, cantantes y actrices que exhiben como gran cosa sus asuntos personales en las mal llamadas redes sociales...), eso dio pie a que siguiera existiendo la impunidad plena de esos crímenes y de esos criminales, que directa o indirectamente están ligados al Estado y forman parte del orden contrainsurgente. Y que, además, se suponía que iba a dejar de existir luego de la desmovilización de las FARC. Pero qué va, los hechos han ido mostrando dolorosamente que en este país se sigue aplicando la lógica de la Guerra Fría, que nunca ha terminado en Colombia, de eliminar al que es declarado como enemigo, y no importa que para ello haya que esgrimir los argumentos más rebuscados y traídos de los cabellos, como los presentados recientemente por el Ministro de Defensa (sic) (mejor sería llamar Ministro de Ofensas), Luis Carlos Villegas.

 

Al respecto este personaje sostuvo que los asesinatos que se vienen dando en Colombia con una terrible asiduidad no son resultado de una persecución sistemática y planificada, sino que en su “Inmensa mayoría” "son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas". Dicho de otra forma, el Estado deja de cuidar la vida de los colombianos –que, según los cultores del supuesto “Estado de Derecho” que existiría en Colombia, sería una de sus responsabilidades principales- y expresa con cinismo algo así como que esos asesinados están bien muertos porque se lo merecen, al fin y al cabo, en algo debían andar, como siempre han dicho los asesinos, y sus cómplices mediáticos, cuando se asesina a un estudiantes, un campesino, un sindicalista o cualquiera que esté al margen de los verdaderos dueños de este país. No sorprende que los opinologos de la prensa, como Semana, ese órgano por excelencia del orden contrainsurgente, legitimen los crímenes diciéndoles a las FARC, por ejemplo, como lo hace un tal Mauricio Carradini, que “no abusen de la victoria (sic) y no se vayan a ahogar en la sangre de sus propias batallas”. ( http://www.semana.com/opinion/articulo/mauricio-carradini-opinion-la-arrogancia-de-las-farc/547813 )

 

Frente a lo que está aconteciendo con el asesinato de ex combatientes de las FARC, que repite además la trágica historia de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Toledo Plata y miles de ex guerrilleros asesinados luego de que distintos movimientos insurgentes firmaron acuerdos con el Estado (algo que modernamente comenzó en 1953), sí que resultan aplicables las palabras de Eduardo Galeano, cuando manifestó con claridad meridiana: “La amnesia implica impunidad, y la impunidad estimula el delito, tanto en términos personales como colectivos. No se necesita ser un gran jurista para saber que si yo mato a mi vecino, y todo sigue igual, termino matando al vecindario entero, porque la impunidad tiene un efecto estimulante sobre el delito”.

 

Lo acontecido en este 2017 con el acuerdo, el haberlo hecho trizas, no es algo de poca monta, porque tiene una trascendencia que va más allá de lo meramente coyuntural. Muestra, de un lado, que está en marcha un genocidio similar, y de pronto peor, que el de la Unión Patriota y A Luchar. Indica, de otra parte, que en este país se repite la historia de incumplimiento y muerte por parte del bloque de poder contrainsurgente, que supone sembrar las semillas de nuevos-viejos conflictos nunca resueltos, es decir, se están incubando nuevas guerras. De eso deben estar tomando nota el ELN, las mal llamadas disidencias de las FARC, y nuevos movimientos insurgentes que puedan formarse en el futuro próximo, para los que queda claro que en este país de cultura traqueta no se respeta la palabra empeñada.

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Domingo, 24 Diciembre 2017 08:00

Perfidia e ilegitimidad del Estado

Perfidia e ilegitimidad del Estado

La Justicia Especial para la Paz (Jep), uno de los temas más espinosos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, desnuda de nuevo el carácter del Estado colombiano.

 

Te he buscado donde quiera que yo voy
Y no te he podido hallar [...]
Y tú
Quien sabe por dónde andarás
Quien sabe qué aventura tendrás
Que lejos estás
¡De mi...!
¡De mi...!
¡De mi...!

 

Este es el bolero que al cumplirse el primer aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las Farc-Ep, le está cantando Timochenco a Santos. Es el símil romántico, que a pesar del profundo dolor del amante excluido del corazón del amado, es menos grave que la realidad colombiana: un Estado de perfidia, de mafias, de corrupción y de ilegitimidad.

Durante el mes de octubre y las dos primeras semanas de noviembre del año que está por terminar una parte de la opinión pública quedó estupefacta al ver las maniobras realizadas por el Congreso de la República para volver cenizas los acuerdos de paz: la engavetada del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz –Jep– por parte del presidente de la Cámara, las 7 sesiones del Senado donde no hubo quórum para aprobar el articulado por la desbandada de sus miembros, las cuatrocientas proposiciones para quemar tiempo, las pancartas y avisos del Centro Democrático, los gritos del dueño de este partido contra los integrantes de las barras. Pero más estupefacta quedó esa opinión después del alegrón que tuvo por el fallo unánime de la Corte Constitucional, que supuestamente le daba vía libre a la Jep. Entonces, los más conscientes de ese segmento de la opinión pública sintieron que les hervía la sangre, se irritaron, renegaron, maldijeron, se golpearon la cabeza contra las paredes y le lanzaron zapatazos al televisor donde veían las noticias con las que quedaba en evidencia que las cúpulas de los poderes se habían amangualado para burlarse de la manera más grosera e infame, no solo de quienes habían firmado los acuerdos de paz sino de los ciudadanos comunes y mortales.

¿Cómo comprender la trama?

Para entender el engaño es preciso ir al principio. Colombia ha estado gobernada desde el primer día de su independencia, por un hilo conductor aferrado a tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. El verbo más arraigado en el alma de las élites que han gobernando es excluir: de la tenencia de la tierra, de la educación, del trabajo, de la cultura, de la vivienda, de la participación política, del ingreso nacional y de todos los derechos fundamentales. Si las clases populares y medias reclaman sus derechos legítimos, viene el segundo verbo: reprimir. Se les judicializa, encarcela y tortura. Pero si aun levantan su voz, se les extermina para siempre. Así, se han borrado de la faz de la tierra todas las disidencias, no solo las individuales, sino las colectivas: comunidades y pueblos enteros, sus sueños políticos y culturales han sido exterminados.

Con motivo del proceso de paz con las Farc las élites dominantes se dividieron. El sector más conservadurista y ultramontano se declaró enemigo del proceso de paz desde el principio, y, se fue endureciendo a medida que las negociaciones iban dando resultados positivos, mientras el gobierno mantenía hasta el final un doble discurso. De una parte, el del presidente Santos, que unos días hablaba de paz y otros atizaba el fuego con ardentía, ordenando que se diera de baja a Timochenco y a sus mejores hombres. Y, de otra parte, la de su Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que más parecía un mariscal de campo, puesto allí para exterminar hasta el último de los guerrilleros, a quienes calificaba de culebras y ratas.

Esta facción de las élites, excluyente por antonomasia, tan pronto se firmaron los acuerdos se sintió herida de muerte y acentuó su odio contra los disidentes, a quienes ayer los persiguieron y les cerraron todas las vías legales, obligándolos a empuñar las armas para defender sus vidas, familias y bienes, y hoy han tenido el valor de dejarlas, para luchar solo con la fuerza de las palabras. Ese desafecto con el proceso y con los acuerdos de paz de una parte de las élites, ha sido calificado por los medios de comunicación, los partidos políticos y gremios económicos como una "polarización" de la sociedad. Esa apreciación es falsa. No es cierto que en Colombia exista hoy una polarización. Aquí no hay dos bandos que se quieran matar. Lo que sucede es que la facción de las élites desafecta a la paz, a base de mentiras, consejas y falacias –que algunos llaman posverdad o verdad líquida–, radicaliza sus posiciones para dividir la sociedad y obtener réditos políticos.

Esa facción de las élites está poseída de tanta mezquindad, exclusión, odio y ánimo vengativo, como aquella élite que desangró a Colombia entre la segunda y sexta décadas del siglo XX. Esa élite representada ahora en las tres ramas del poder público, en los órganos de control, el régimen electoral, los gremios económicos y los medios de comunicación, ha entorpecido y saboteado el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos suscritos entre el Estado y Farc-Ep, hasta el punto de pretender que los antiguos guerrilleros no vivan, hablen o transiten en los espacios públicos, calles y plazas a los que tenemos derecho todos los hijos de este país. El lenguaje y las actitudes de los voceros de esa élite señalan sin ningún equívoco, que son una amenaza real para la existencia de una sociedad civilizada.

Sin embargo, ante los hechos registrados en las últimas semanas, queda la duda si en verdad las élites se fracturaron debido a las diferentes concepciones sobre el conflicto interno, o, simplemente hubo entre ellas la más perfecta división del trabajo para engañar no solo a la insurgencia sino a toda la población y a la comunidad internacional. En efecto, la Justicia Especial para la Paz, que es el único punto de los acuerdos, nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, ha sido incumplido gracias a la decidida acción de la cúpula de todos los poderes. Esas acciones conjuntas para entorpecer la implementación de los acuerdos permiten concluir que las dos élites querían someter a las Farc-Ep. Las herederas de Laureano Gómez lideradas por Uribe, a plomo físico. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo y otras a punta de muñequeo dialéctico. Así lo reconoció Santos, con gran satisfacción, en su alocución del 16 de mayo de 2016: "Las Farc se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes".

La Jep es la esencia de los acuerdos

Pese a que en los dos extremos del espectro político hay posiciones encontradas frente al contenido de los acuerdos de paz, ninguno de los dos tiene la razón. Por una parte, no es verdad que se les haya entregado el país a las Farc, como dice la extrema derecha, ni lo acordado y suscrito por las partes representa un avance sustancial, que desborde el contenido de la Carta Política del 91, ni las intenciones progresistas que la precedieron, como lo pretenden hacer creer los más optimistas, ubicados en la punta contraria. En esencia, todo lo convenido y firmado en Cartagena y en el Teatro Colón ya está escrito y hace parte de la Constitución: la reforma agraria integral, la participación política, la obligación del Estado de reparar las víctimas, las drogas como un problema de salud pública. Todo está ahí. Es decir, no ha sido falta de normas, sino del poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Es exactamente lo mismo que ha pasado con las 310 páginas firmadas por las dos partes: Estado y Farc-Ep. Es el más perfecto estatuto, el más completo tratado de paz. Pero mientras el Estado tiene todos los poderes, incluyendo el de las armas, las Farc-Ep fueron sometidas, desmovilizadas, concentradas en unos potreros sin servicios –hasta en lo más simple el Estado ha incumplido– y desarmadas por su propia voluntad.

Por desgracia para el proceso, el reciente fallo de la Corte Constitucional fue un engaño en el engaño, o una revictimización en la buena fe de los colombianos. Cuatro fueron los puntos que se convirtieron en petardos para acabar con la Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, los particulares que promovieron el paramilitarismo, que apoyaron económicamente las masacres, no están obligados a concurrir a la Jep. Solo pueden llegar a esa justicia de manera voluntaria.

En segundo lugar, la Jep ya no será órgano de cierre definitivo, relacionado con crímenes cometidos en la guerra, como fue el objetivo primordial de los negociadores, con dos propósitos. Por una parte, darle legitimidad al nuevo tribunal, y por la otra, proveerlo del control total de sus determinaciones. La Corte Constitucional no se dejó arrebatar ese trozo de poder y conservó para sí la última palabra, en materia de tutelas, cuando este recurso se presente contra sentencias proferidas por el tribunal de la Justicia Especial de Paz.

En tercer lugar, los conflictos de competencia no serán resueltos por el propio sistema especial, sino por el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. En su origen la Jep había creado dos salas para resolver los incidentes de competencia, conformadas con magistrados de la Corte Constitucional, de la jurisdicción especial o de autoridades indígenas, para resolver los conflictos en los que no estuviera claro cual era la instancia judicial competente para conocer de algún asunto. La idea inicial era mantener la autonomía e independencia de la justicia ordinaria. La Corte bombardeó este principio de la Jep, y le entregó este instrumento de poder al organismo más señalado de arbitrariedades en la rama judicial.

Finalmente, la Corte Constitucional acabó con la responsabilidad de mando que la Jep había creado. En este tema, la Corte no solo se burló de quienes firmaron los acuerdos y de todos los colombianos, sino de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. En efecto, el presidente de la Corte Constitucional le pidió concepto sobre este delicado asunto a Bensouda, quien fijó sus puntos de vista. Luego de conocer la tesis de la fiscal internacional, la Corte de manera unánime se apartó del concepto que había pedido. Por supuesto, esta actitud de burla extrema abre las puertas para que un día la justicia internacional venga por antiguos guerrilleros, militares o altos funcionarios del Estado a quienes en Colombia los hayan excluido de responsabilidad.

La conducta de la Corte Constitucional le sirvió de inspiración al Congreso de la República, para darle el golpe mortal a la Jep. Efectivamente, el órgano legislativo, después de más de un mes de trabas a la ley estatutaria que debía reglamentar el funcionamiento del tribual especial, creó nuevos requisitos e inhabilidades a los magistrados ya nombrados, así como restricciones adicionales a los exguerrilleros para participar en política. ¡Cómo sería el desmantelamiento de la Jep que hasta Uribe y el Centro Democrático, opuestos sistemáticamente al nuevo tribunal, esta vez votaron con entusiasmo!

Delito de perfidia e ilegitimidad del Estado

Tal como han ocurrido los hechos, desde cuando el Estado colombiano comenzó la negociación con las Farc-Ep, hasta las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, el Congreso y los órganos de control, Colombia ha incurrido en el delito de perfidia, consagrado expresamente en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que establece: "Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario recurriendo a la perfidia. Los actos que invitan a la fe de un adversario que le llevan a creer que tiene derecho, o está obligado a conceder la protección en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, con la intención de traicionar esa confianza, constituyen perfidia" (1). Al respecto de la prohibición de matar, en este año, hasta el 31 de octubre, habían sido asesinados 32 exguerrilleros de las Farc-Ep, sin que el Estado haya hecho nada para contener los agentes oficiales o paramilitares ejecutores de estos crímenes. Se ignora cuál será el tope de antiguos guerrilleros que los asesinos tienen en mente para volver trizas lo único real que queda del proceso: los desmovilizados.

Con todos estos hechos y actitudes el Estado colombiano ha traicionado la confianza, no solo del ejército insurgente Farc-Ep, sino de la comunidad internacional que sirvió de garante del proceso, que entendió que era limpio y de buena fe. El Estado que desde hace más de veinte años se había convertido en un ente ilegítimo, por el alto grado de corrupción, la miseria de un segmento importante de la población y la carencia de soberanía, hoy ha perdido el respeto del mundo (2). No solo ha incumplido la palaba empeñada con la insurgencia, con la sociedad y la comunidad internacional, sino que ha pisoteado el documento que firmó el jefe de Estado, quien para hacerlo más creíble ante el mundo utilizó una pluma incrustada en una bala de los millones que tenía destinadas a asesinar al enemigo interno. ¡Qué respeto, consideración y dignidad merece un Estado que no solo incumple su palabra para engañar a su enemigo, sino que niega y borra el documento firmado!

¡Excelente mensaje para Eln! Esa guerrilla debe estar pensando en exigirle al Estado que de inmediato hagan parte de la mesa de negociación el Fiscal, el Procurador, el Contralor, todas las Cortes, el sistema electoral, el Congreso en pleno, los gremios económicos y los medios de comunicación. En suma, el establecimiento total, porque el Presidente no es el jefe de Estado, ni el que decide en temas de guerra y paz (3).

1. Artículo 37 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.
2. Ballén, Rafael, Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o revolución de la diversidad. Bogotá, Temis, 2ª ed., 2007.
3. Ballén, Rafael, Los males de la guerra. Colombia 1988-2008, Bogotá, Temis-Universidad Libre, 2010.

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor de más de dos docenas de libros (ficción y no ficción) y más de ciento cincuenta artículos entre científicos y de divulgación. Exmagistrado y exprocurador delegado ante la Corte y ante el Consejo de Estado.

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Gustavo Bell es nombrado como nuevo negociador ante el ELN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó hoy al ex vicepresidente Gustavo Bell jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con la guerrilla del ELN en reemplazo de Juan Camilo Restrepo.

“He decidido nombrar como nuevo jefe negociador al ex vicepresidente Gustavo Bell. Él será el nuevo jefe de la delegación y con él vamos a conformar el equipo que lo acompañará a partir del 9 de enero”, dijo Santos en declaraciones a la prensa.

Bell, que fue vicepresidente durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), asumirá el cargo el 9 de enero, cuando debe empezar en Quito el quinto ciclo de negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El ELN expresó a través de Twitter que el nombramiento de Bell es un cambio “positivo”, y que espera sea un impulso en la mesa de negociación hacia “una paz con transformaciones de fondo”, por lo que destacó su deseo de construir juntos “una estrategia para sacar a la violencia de la política”.

El abogado, historiador y periodista, de 60 años, reemplazará en el cargo a Restrepo, quien representaba al Gobierno desde el inicio de las negociaciones, en febrero pasado, y anunció su retiro a comienzos de este mes por motivos profesiones y personales.

Tras la renuncia de Restrepo, Santos dijo que aprovechará la coyuntura para cambiar a todo su equipo de representantes en la mesa de conversaciones.

Santos dijo que la primera misión que tendrá Bell será discutir la probable prórroga del alto el fuego y de hostilidades que el Gobierno y el ELN cumplen desde el 1 de octubre y que se extenderá hasta el 9 de enero.

El ELN ha manifestado que está dispuesto a extender el primer acuerdo de tregua suscrito con el Gobierno desde su fundación, en 1964, pero que la decisión solo será tomada cuando las partes se encuentren de nuevo para la quinta ronda de conversaciones.

El jefe de Estado agradeció el trabajo del equipo negociador que encabezó Restrepo y dijo que espera que se llegue a un acuerdo de paz con ese grupo, tras el pacto de paz que su Gobierno firmó hace poco más de un año con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Yo no tengo sino palabras de agradecimiento y de elogio por al equipo negociador encabezado por el doctor Juan Camilo Restrepo. Ayer mismo (el lunes) me volví a reunir con él para analizar la situación en este momento”, dijo Santos.

Además de ejercer la vicepresidencia en el Gobierno de Pastrana, Bell ha sido ministro de Defensa, gobernador del departamento de Atlántico, director del diario “El Heraldo” de Barranquilla y actualmente se desempeña como embajador en Cuba, donde acompañó de cerca a la delegación del Gobierno que protagonizó el proceso de paz con las FARC.

(Con información de DPA)

 

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Jueves, 14 Diciembre 2017 06:22

Solo sinsabores en la cumbre de la OMC

Solo sinsabores en la cumbre de la OMC

El cierre del encuentro en Buenos Aires confirmó el fracaso en las negociaciones

El perfil proteccionista de Estados Unidos, la desconfianza de otros países y la pérdida de influencia del organismo dejó mal parado al gobierno argentino, jugado al libre comercio. Además, cargó con el escándalo de las deportaciones.

La cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Buenos Aires dejó al descubierto la debilidad de esa entidad como instancia de coordinación global a raíz de la oposición de los Estados Unidos al sistema de negociación multilateral y la desconfianza de otros países que mantienen políticas de protección para evitar el descontrol de sus economías. En este contexto de desazón dado por las nuevas circunstancias políticas globales, el gobierno argentino se lleva una derrota propia con el fracaso inmediato de la negociación para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Además, el Ejecutivo nacional fue protagonista del escándalo global de la revocación de acreditaciones para especialistas de organizaciones no gubernamentales participantes de la cumbre.

Ayer cerró la cumbre de la OMC organizada en Buenos Aires. “Hemos progresado en algunos ámbitos pero en la mayoría de ellos no fue posible, los miembros no se pudieron poner de acuerdo. Sabíamos que el progreso aquí exigiría un salto en las posturas de los miembros y eso no lo vimos. No hemos podido obtener resultados, no siempre es posible hacerlo”, admitió Roberto Azevedo, director de la OMC, en la sesión de clausura. “Evitar un derrumbamiento del sistema es también importante”, dijo la ex canciller y presidenta de la cumbre de Buenos Aires, Susana Malcorra.

El sistema multilateral de comercio cuyo eje es la OMC tambalea desde 2008, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime que hundió a la economía mundial en una debacle que motivó la multiplicación de las medidas de protección comercial en contra del espíritu liberal de la OMC. La nueva postura proteccionista y en contra del sistema de negociación multilateral de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump terminó de lesionar al organismo. De hecho, Robert Lighthizer, representante de Trump en la reunión de la OMC, se fue del país el martes por la noche, antes del último día de negociaciones. Como en la OMC las resoluciones de adoptan por consenso, el paisaje en el cierre de la cumbre era malo de antemano.

Cuatro temas se destacaban como los más relevantes de la agenda de trabajo. En comercio electrónico, la intención de la mayoría de los países desarrollados, de la mano de Estados Unidos y con el lobby de las grandes empresas del sector, era introducir este tema en las negociaciones multilaterales. La idea es establecer una regulación laxa a nivel global que restringa la posibilidad de los Estados nacionales a aplicar políticas más estrictas de control en el sector. La declaración de comercio electrónico fue votada por apenas 46 de los 164 países, con la oposición de los africanos y de Japón. Otro tema relevante era la regulación doméstica, que suponía que las normas de la OMC se apliquen no sólo a las políticas nacionales sino también a nivel provincial y municipal. En este punto tampoco hubo avance.

“Estados Unidos bloqueó todas las negociaciones sistemáticamente, a punto tal que su embajador se fue antes del cierre de la cumbre. Estados Unidos quiere destruir el sistema de negociación multilateral, quiere que la OMC fracase porque quiere acuerdos bilaterales”, indicó a PáginaI12 Sofia Scasserra, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, Untref. También India, con una postura más vinculada al desarrollo económico, se opuso en un buen número de negociaciones. “Además, el gobierno argentino quedó muy mal en la visión de muchos países a raíz de la revocación de acreditaciones. Esto no funciona así en el mundo, hasta los noruegos dicen que las ONG son importantes”, agregó Scasserra.

Otros temas en donde no hubo acuerdo fue la eliminación de subsidios a la pesca ni en la facilitación de inversiones. “Había muy pocas expectativas en esta cumbre porque está todo trabado. El mundo está convulsionado y encima después de Trump, la agenda del libre comercio está muy dañada. En particular, todas las apuestas de la agenda de política comercial le salen mal al Gobierno. Estados Unidos no promociona el ingreso de Argentina a la OCDE y le cierra el mercado de biocombustibles en la cara a Macri, se cayó al menos en el corto plazo el acuerdo con la Unión Europea y fue un fracaso la cumbre de la OMC. El Gobierno también accedió al pedido de China para que la reconozca como economía de mercado en las investigaciones de dumping. Pero no hay inversiones. Macri le da un poco a todo el mundo pero el mundo no le devuelve nada”, analizó Carlos Bianco, docente de la Universidad de Quilmes y asesor de la CTA de los trabajadores.

“La OMC no se ofrece como un foro para debatir las cuestiones globales. Hacia adentro del organismo hay tres jugadores grandes: Estados Unidos (que a partir de esta ministerial quiere tener reglas propias), la agenda neoliberal de la propia OMC muy alineada a la UE y el tercer jugador es China, que empieza a hacer su propio juego”, dijo Javier Echaide, doctor en Derecho, investigador de la UBA y miembro de la Attac.

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El Mercosur y la Unión Europea negocian contrarreloj. Cerca del “acuerdo político”

“Estamos a la expectativa de acordar los lineamientos para este gran acuerdo del que por supuesto después vamos a tener que trabajar en la letra chica”, sostuvo el canciller Jorge Faurie en la conferencia de la OMC.

“No sé si es mañana, pasado o el 21 de diciembre”, dijo el canciller Jorge Faurie en relación a la firma de un principio de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Estamos a la expectativa de acordar los lineamientos para este gran acuerdo del que por supuesto después vamos a tener que trabajar en la letra chica”, sostuvo el funcionario ante la pregunta de periodistas en un pasillo del Hotel Hilton, donde se desarrolla la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Como anticipó este diario, los gobiernos del Mercosur se encaminan a firmar un acuerdo político que le permita a Mauricio Macri y a Michel Temer mostrarse como los paladines del libre comercio. Para más adelante queda la definición de temas como el acceso al mercado europeo de carnes y etanol, patentes y compras públicas.


El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es uno de los ejes políticos de la reunión de la OMC en Buenos Aires. Los presidentes Macri, Temer, Tabaré Vázquez (Uruguay) y Horacio Cartés (Paraguay) mantuvieron el domingo un encuentro reservado en el marco de la cumbre de la OMC en donde ratificaron su voluntad política de avanzar con el acuerdo.



“No estamos tan lejos. Nuestra gente dice que lo que quieren es un acuerdo político y económico con la Unión Europea. Si esto lleva 24 horas, 48, 72 o una semana, no cambia. Nosotros aspiramos a una definición que es tener un acuerdo político, estratégico, de comercio, inversiones y tecnología con la Unión Europea. Tenemos que tener en claro que una vez que acordemos el corpus, la parte sustantiva de esto, tendremos prácticamente casi 6 o 7 meses de redacción, más 2 a 3 años de proceso de aprobación”, detalló ayer Faurie. En una línea similar se manifestó Michel Temer, al anticipar que el convenio podría firmarse en Brasilia el 21 de diciembre.


La semana pasada hubo una ronda negociadora en Bruselas en donde fueron mejoradas las ofertas de rebaja arancelaria de parte de ambos bloques, aunque desde Europa no apareció la oferta superadora en carnes y etanol, dos rubros sensibles de la negociación. Mientras los productores agropecuarios europeos se quejan del acuerdo y por ahora consiguen cierta intransigencia de los negociadores, las industrias del Viejo Continente son las principales ganadoras. Por eso, la industria argentina presenta una situación defensiva. “Con este acuerdo estamos entregando miles de puestos de trabajo. Si se van a seguir vendiendo productos agropecuarios a cambio de nuestra industria, vamos a tener problemas, que se suman a la caída del consumo interno y la suba de importaciones”, dijo ayer Ariel Aguilar, presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero.


Por su parte, Faurie justificó que “hemos compartido el curso de la negociación con todos los actores que van a tener un papel importante en el proceso. Hemos hablado con el sector político, empresarial, con las organizaciones no gubernamentales. Es un factor de dinamización increíble para nuestra vinculación”. En cambio, Marcelo Fernández, presidente de CGERA, advirtió que “por versiones periodísticas estamos viendo que el acuerdo está cerrado, que no se permite ninguna discusión. Esperamos que el Senado pueda pedir que se abra ese libro, para tener información”.

Los representantes de la sociedad civil no son la única voz disidente que confronta con la apertura comercial durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. La delegación de Estados Unidos cuestionó ayer el funcionamiento del organismo multilateral al expresar su preocupación porque “pierda su enfoque esencial en la negociación y se convierta en una organización centrada en el litigio”. El jefe de la representación estadounidense, Robert Lighthizer, advirtió que “con demasiada frecuencia los miembros parecen creer que pueden obtener concesiones a través de demandas que nunca podrían llegar a la mesa de negociaciones, es imposible negociar nuevas reglas cuando muchas de las actuales no se están siguiendo”. Las declaraciones del funcionario norteamericano llegaron tras la encendida defensa a la apertura comercial realizada por el presidente Mauricio Macri durante su discurso de apertura. La posición proteccionista asumida por el gobierno de Donald Trump, reconocen las autoridades comerciales argentinas, bloquea la posibilidad de cualquier acuerdo significativo.


Creada en 1995 la Organización Mundial del Comercio representa la consolidación institucional del proceso de liberalización impulsado durante décadas por los países desarrollados y sus corporaciones. Desde 1947 la supervisión del proceso de reducción de los aranceles a la importación y desregulación del comercio internacional había estado a cargo del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). La consagración del esquema neoliberal estuvo acompañada por la proliferación de acuerdos de libre comercio entre países o regiones cuyo cumplimiento pasó a ser supervisado por la OMC. Las negociaciones en la organización están estancadas y las sucesivas reuniones ministeriales no lograron los avances esperados en materia de liberalización. La victoria electoral de Trump, los cambios políticos en Europa y el Brexit abrieron grietas para la homogénea celebración del libre comercio y la desregulación que solía expresar el organismo multilateral.


“No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo puedan aplicarse a unos pocos, y que a otros se les otorgue un pase en nombre del estado de desarrollo autoproclamado”, expresó Lighthizer durante la Conferencia Ministerial. “Debemos clarificar nuestra comprensión del desarrollo dentro de la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo pueden aplicarse a unos pocos y que los otros reciban un pase en nombre del autoproclamado estatus de desarrollo”, anunció el funcionario norteamericano.


“Necesitamos aclarar lo que entendemos por desarrollo en la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas sólo aplican a unos pocos y otros tienen vía libre invocando su estatus de economías en desarrollo”, sostuvo Lighthizer durante la mañana de ayer al quebrar el monocorde reclamo a favor del libre comercio que lanzaron las distintas delegaciones. Como respuesta a la posición estadounidense, 44 ministros de países en desarrollo entre los que figura Argentina realizaron ayer una declaración pública en favor de “las reglas de la OMC que ayudaron a fortalecer el comercio internacional y el desarrollo y sirvieron como una barrera contra el proteccionismo. Esto ha contribuído a la fortalece y la estabilidad de la economía global”.


“La OMC debe ser más flexible con las políticas de desarrollo”, reclamaron las organizaciones de la sociedad civil en una carta pública que distribuyeron ayer donde advierten sobre la necesidad de introducir cambios en las regulaciones y normativas para permitir que los países impulsen el desarrollo de sus capacidades industriales. “Persistir en el proceso de reforma del comercio agrícola es un requisito necesario para eliminar el hambre y erradicar la pobreza”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie. En línea con las declaraciones de Macri y a contramano de la posición de Estados Unidos, el funcionario enfatizó “la importancia de un sistema de comercio internacional basado en reglas, abierto, y equitativo”.

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Domingo, 26 Noviembre 2017 09:23

Participación para la participación

Participación para la participación

El lunes 30 de octubre comenzó el primer ciclo de audiencias preparatorias dedicado a la participación de la sociedad civil, tema consignado en el primer punto de la Agenda de negocación pactada entre el Gobierno y el Eln. Debe terminar el 16 de noviembre, pero lo visto hasta ahora anuncia un proceso promisorio aunque lleno de dificultades.

 

Parece un simple juego de palabras. Pero no lo es. Como se sabe, el primer punto de la Agenda de la Negociación se refiere a la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. ¿Qué significado darle a esa participación; con qué alcances y con qué contenido? No son preguntas de inmediata respuesta, pese a los antecedentes registrados en otros procesos que ha vivido el país. Y por ello resulta interesante la alternativa que encontró la mesa de Negociación hoy radicada en Quito: comenzar con unas audiencias preparatorias en las que se le consulte a la gente, justamente, qué piensa de la participación y cómo podría adelantarse, incluidos los temas que se consideran prioritarios y los alcances deseados de las propuestas. Los resultados de esta consulta preparatoria, que ya es, en sí, una participación, servirán para que la Mesa - es decir las dos partes- acuerden la forma, la dinámica y los alcances de la participación de la sociedad que vendrá enseguida.

 

Una respuesta entre escéptica y entusiasta

 

Casi que sobra recordar que en el proceso adelantado con las Farc, también se intentó una participación de la sociedad civil, aunque con diferente significado, y el resultado fue poco más que desalentador. Para todo el mundo fue evidente que las propuestas no se tuvieron en cuenta, como no fuera para negarlas. Se recordará la advertencia del gobierno de que “el modelo no se toca”. Y las pocas que lograron considerarse, o fueron corregidas después del plebiscito o se están incumpliendo ahora en las leyes de la implementación. El antecedente inmediato era, pues, negativo.

No obstante, la convocatoria se hizo y fue exitosa. Más de 230 representantes de organizaciones sociales y cívicas, gremios y autoridades locales, de la mayor diversidad de todo el país, a la par que organizaciones internacionales y multilaterales se hicieron presentes en el sitio escogido en las afueras de Bogotá. Dos ciclos de tres días cada uno. Vienen ahora otras que se realizarán de manera virtual o en espacios cerrados en Bogotá. La organización ha corrido por cuenta del Pnud. Asisten a las audiencias las delegaciones a la Mesa de Quito de cada una de las partes: dos mujeres combatientes del Eln y una mujer y un hombre del Gobierno. Y para reafirmar la seriedad y rodear de garantías el proceso, se han hecho presentes representantes de los “países garantes” y de los que se han denominado “países de apoyo”.

Los organizadores son conscientes, y así lo han declarado, que es apenas una muestra, forzosamente incompleta, de la sociedad colombiana, pero de alguna manera representativa y sobre todo suficiente para alimentar con ideas genuinas y novedosas la decisión que se habrá de tomar acerca de la participación, la cual desde ya se sabe que pretende, esa sí, cubrir la totalidad del país, en su diversidad, superando las obvias dificultades de espacio y de tiempo. Se escucharon, entre otras, expresiones de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicales; organizaciones de mujeres, de jóvenes y de la comunidad Lgbti; algunos gremios empresariales, gobernadores y alcaldes; organizaciones de derechos humanos y plataformas por la paz. Llamó la atención la convocatoria por regiones: Arauca, Magdalena Medio, Nororiente, Pacífico y Suroccidente.

Como era de suponerse, aunque las preguntas de la convocatoria eran apenas dos, muy sencillas y concretas, o sea ¿cómo sugiere que deban ser los criterios, los contenidos y las formas de la participación? y ¿qué experiencias propias de participación puede mencionar?, las respuestas estuvieron marcadas por las problemáticas propias de cada expresión, y las de las comunidades de base de las regiones –hay que decirlo– por sus propios sufrimientos. De todas maneras, si algo estuvo, de principio a fin, como un reclamo permanente fue la necesidad de que cualquier forma de participación que se adoptase debería conducir a una reivindicación, a una modificación o reforma o a una política pública con la cual el gobierno (o el Estado) quedara comprometido. La palabra que se ha venido utilizando, tal vez con poca fortuna, es “vinculante”. La participación de la sociedad civil tiene que ser “vinculante”. En términos coloquiales pero categóricos: ¡no tiene sentido adelantar todo un proceso dispendioso solamente para “botar corriente”! Obviamente el Gobierno se opone, desde ya, a semejante exigencia. La representante de la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, para evitar un desacuerdo frontal sugiere una expresión sustitutiva: participación “incidente”. No hay todavía una explicación a fondo, pero es fácil deducir que se trata de una participación en la cual los resultados se tendrán en cuenta para las conclusiones, es decir, “incidirán” en ellas, pero sin ningún compromiso de que las propuestas serán aceptadas. He ahí, evidentemente, el punto crucial de las discrepancias en esta primera fase del proceso de negociación.

 

Dos maneras de interpretar la participación

 

Un aspecto sí parece convocar el consenso: la participación debe ser de abajo hacia arriba, partiendo de localidades y regiones; lo más amplia posible, y sobre todo incluyente, es decir recogiendo absolutamente toda la diversidad. Se agrega que debe ser informada, para lo cual no faltaron las insistencias en procesos pedagógicos. Y claro, con todas las garantías, sobre todo de seguridad, para las personas que participan. Sin embargo, las modalidades como éstos y otros atributos habrán de materializarse son extremadamente diversas; en algunos casos implican posiciones opuestas. Para el Gobierno –y algunas de las plataformas de paz- por ejemplo, es claro que se trataría de un proceso rápido. Se aspira a que en mayo del próximo año ya toda la negociación de Quito haya concluido con la firma de un acuerdo. En estas circunstancias el proceso, si bien parte de las localidades (para el gobierno solamente donde hay presencia del Eln) tomaría la forma de una escalera de representaciones o delegaciones hasta el nivel nacional. Es el resultado obtenido allí, decantado y concentrado, lo que se presentaría, para su consideración, a la mesa de Quito. Para las organizaciones sociales y comunitarias, en cambio, aunque hay muchas otras ideas, sería fundamental que una representación de la propia mesa de Quito “bajara” a todas las regiones del país, a escuchar lo que tienen que decir. Esto está muy relacionado con los contenidos. Es evidente que quieren discutir sobre aspectos de fondo como la pertinencia del modelo minero energético existente, sobre la tierra y el apoyo a la economía campesina, incluida la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos, sobre el modelo hoy privatizado de la salud y la educación, entre otros aspectos. Habría claramente una conexión con lo que salió –y se está incumpliendo– del acuerdo de La Habana. Y sobra decir que para el gobierno se mantiene como línea roja la “intangibilidad del modelo”.

En el fondo, lo que existe es una discrepancia esencial sobre lo que se entiende por participación en esta oportunidad. Para el gobierno es un mecanismo, casi que de trámite, enteramente subordinado a las necesidades de la negociación del conflicto militar con el Eln. Para éste, por el contrario, es un componente esencial que incluso define el sentido de los siguientes puntos de la Agenda, esto es la “democracia para la paz” y las “transformaciones para la paz”. Pero no es fácil de entenderlo porque no tiene antecedentes en ninguno de los llamados procesos de paz en Colombia. Ni siquiera por parte de las organizaciones sociales y cívicas. De ahí la oscilación entre quienes consideran que los resultados deben ir a Quito –como antes a La Habana– para que allí las partes los introduzcan como parte de su negociación y los que no ven al Eln como interlocutor sino al gobierno (el Estado) por lo cual el proceso con cierta autonomía sería una suerte de participación transformadora.

En un plano teórico tendríamos una tensión entre la democracia representativa que, por cierto, tiene una de sus periódicas apariciones el próximo año y la democracia participativa que, si bien cuenta con múltiples instrumentos en la Constitución y las Leyes, no ha alcanzado nunca el calado que se le está pidiendo. Esa es la inquietud que ha quedado, por lo pronto, de este primer ejercicio de consulta con la sociedad. Ya veremos qué sucede en las audiencias que faltan, en las próximas semanas. Un rasgo significativo consiste en que fueron varios, incluidos los representantes de MAP-OEA y Naciones Unidas, quienes se refirieron a la importancia y a la pertinencia de la Participación, independientemente de la negociación de Quito, vista la crítica situación política, con innegables déficit de democracia, que se vive hoy en Colombia.

 

Edición completa periódico desdeabajo N°241

noviembre 20 - diciembre 20 de 2017

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, este viernes en un acto conmemorativo de los acuerdos de paz. MAURICIO DUENAS

 

Santos pide paciencia para ver los beneficios de los acuerdos, las FARC acusan al Estado de incumplir lo pactado

 

Los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC cumplieron este viernes un año en un clima agridulce, en medio de promesas y críticas. La buena noticia, el aspecto central de este proceso, es que la disputa entre el Estado y la guerrilla más antigua de América es ahora exclusivamente política. Los excombatientes se desmovilizaron, entregaron sus armas y fundaron un partido, con las mismas siglas y el mismo líder. Pero el contexto preelectoral que vive el país, donde en 2018 se celebran elecciones presidenciales y legislativas, contribuye a tensar el diálogo y las relaciones. Mientras, la sociedad sigue dividida ante la reincorporación de la insurgencia y ve que las autoridades todavía no han acabado con la violencia de las bandas criminales que siguen dominando algunas zonas rurales.

El presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, su nombre de guerra, volvieron al Teatro Colón de Bogotá. Hubo un apretón de manos en el mismo lugar en el que suscribieron el 24 de noviembre de 2016 un segundo acuerdo de paz, después de que el primero fuera rechazado en referéndum por estrechísimo margen. El mandatario trató de explicar que la reconciliación no depende solo del fin de un conflicto armado que dejó más de ocho millones de víctimas durante medio siglo. “Construir la paz es mucho más que poner punto final a los ataques, los atentados, los enfrentamientos. Y es mucho más difícil”, afirmó. Admitió “demoras, dificultades, errores”, aunque resaltó los avances de este proceso. En definitiva -igual que hizo horas más tardes en un viaje a La Montañita, en el suroccidente del país, uno de los municipios más golpeados por la violencia- pidió paciencia a los colombianos y a los antiguos combatientes.

Santos invitó a ver el vaso medio lleno. “Ahora las FARC, partido político, y la extrema derecha coinciden en esto último. En que deben de ver el vaso medio vacío. Y a los dos les conviene criticar al Gobierno, criticar al Estado por un supuesto incumplimiento”, dijo antes de dirigirse a la dirección de esa organización. “Sé que tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones. Me reuniré hoy mismo con sus jefes, con su jefe máximo, aquí presente y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho, para resolver, en la medida de lo posible, sus inquietudes”. Esas cuitas tienen que ver, por ejemplo, con las asignaciones que el Estado prometió para impulsar proyectos productivos, con reformas que aún no han sido aprobadas y, en los últimos días, con un fallo de la Corte Constitucional que modifica algunos puntos del sistema de justicia especial –la llamada JEP- para quienes estuvieron involucrados en el conflicto.

 

De guerrillero a candidato

 

Lo expresó Timochenko en su intervención. “El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano”, afirmó el líder de las FARC en referencia al debate sobre la justicia transicional en la Cámara. Este dirigente vive entre Colombia y La Habana, donde entre 2012 y 2016 se desarrollaron las conversaciones que desembocaron en los acuerdos. En menos de un año ha pasado de ser el principal referente de un grupo armado que practicaba el terror a candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido legal. En esta transición ha empezado a hacer política a todos los efectos. Y desde el Teatro Colón llamó a una movilización masiva para reclamar el cumplimiento de los acuerdos.

A estas tensiones se suman la firme oposición a aspectos relevantes de lo pactado del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y la inestabilidad que aún asfixia a varios territorios rurales. El incierto futuro tras el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla, que termina en enero. El incesante goteo de asesinatos de líderes sociales, “lo que más preocupa” al Gobierno en el ámbito de la seguridad, según Santos. Las disidencias, las bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico.

La Fundación Paz y Reconciliación señala en un informe que “la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz”. Aun así, el mismo organismo también resalta que si el país “aún no le da el justo valor a este acontecimiento”, la comunidad internacional reconoce “el gran salto que ha dado Colombia”. Lo que ahora está en juego es la calidad de su transición.

 

Publicado enColombia
Jueves, 23 Noviembre 2017 11:50

Participación para la participación

Participación para la participación

El lunes 30 de octubre comenzó el primer ciclo de audiencias preparatorias dedicado a la participación de la sociedad civil, tema consignado en el primer punto de la Agenda de negocación pactada entre el Gobierno y el Eln. Debe terminar el 16 de noviembre, pero lo visto hasta ahora anuncia un proceso promisorio aunque lleno de dificultades.

 

Parece un simple juego de palabras. Pero no lo es. Como se sabe, el primer punto de la Agenda de la Negociación se refiere a la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”. ¿Qué significado darle a esa participación; con qué alcances y con qué contenido? No son preguntas de inmediata respuesta, pese a los antecedentes registrados en otros procesos que ha vivido el país. Y por ello resulta interesante la alternativa que encontró la mesa de Negociación hoy radicada en Quito: comenzar con unas audiencias preparatorias en las que se le consulte a la gente, justamente, qué piensa de la participación y cómo podría adelantarse, incluidos los temas que se consideran prioritarios y los alcances deseados de las propuestas. Los resultados de esta consulta preparatoria, que ya es, en sí, una participación, servirán para que la Mesa - es decir las dos partes- acuerden la forma, la dinámica y los alcances de la participación de la sociedad que vendrá enseguida.

 

Una respuesta entre escéptica y entusiasta

 

Casi que sobra recordar que en el proceso adelantado con las Farc, también se intentó una participación de la sociedad civil, aunque con diferente significado, y el resultado fue poco más que desalentador. Para todo el mundo fue evidente que las propuestas no se tuvieron en cuenta, como no fuera para negarlas. Se recordará la advertencia del gobierno de que “el modelo no se toca”. Y las pocas que lograron considerarse, o fueron corregidas después del plebiscito o se están incumpliendo ahora en las leyes de la implementación. El antecedente inmediato era, pues, negativo.

No obstante, la convocatoria se hizo y fue exitosa. Más de 230 representantes de organizaciones sociales y cívicas, gremios y autoridades locales, de la mayor diversidad de todo el país, a la par que organizaciones internacionales y multilaterales se hicieron presentes en el sitio escogido en las afueras de Bogotá. Dos ciclos de tres días cada uno. Vienen ahora otras que se realizarán de manera virtual o en espacios cerrados en Bogotá. La organización ha corrido por cuenta del Pnud. Asisten a las audiencias las delegaciones a la Mesa de Quito de cada una de las partes: dos mujeres combatientes del Eln y una mujer y un hombre del Gobierno. Y para reafirmar la seriedad y rodear de garantías el proceso, se han hecho presentes representantes de los “países garantes” y de los que se han denominado “países de apoyo”.

Los organizadores son conscientes, y así lo han declarado, que es apenas una muestra, forzosamente incompleta, de la sociedad colombiana, pero de alguna manera representativa y sobre todo suficiente para alimentar con ideas genuinas y novedosas la decisión que se habrá de tomar acerca de la participación, la cual desde ya se sabe que pretende, esa sí, cubrir la totalidad del país, en su diversidad, superando las obvias dificultades de espacio y de tiempo. Se escucharon, entre otras, expresiones de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y sindicales; organizaciones de mujeres, de jóvenes y de la comunidad Lgbti; algunos gremios empresariales, gobernadores y alcaldes; organizaciones de derechos humanos y plataformas por la paz. Llamó la atención la convocatoria por regiones: Arauca, Magdalena Medio, Nororiente, Pacífico y Suroccidente.

Como era de suponerse, aunque las preguntas de la convocatoria eran apenas dos, muy sencillas y concretas, o sea ¿cómo sugiere que deban ser los criterios, los contenidos y las formas de la participación? y ¿qué experiencias propias de participación puede mencionar?, las respuestas estuvieron marcadas por las problemáticas propias de cada expresión, y las de las comunidades de base de las regiones –hay que decirlo– por sus propios sufrimientos. De todas maneras, si algo estuvo, de principio a fin, como un reclamo permanente fue la necesidad de que cualquier forma de participación que se adoptase debería conducir a una reivindicación, a una modificación o reforma o a una política pública con la cual el gobierno (o el Estado) quedara comprometido. La palabra que se ha venido utilizando, tal vez con poca fortuna, es “vinculante”. La participación de la sociedad civil tiene que ser “vinculante”. En términos coloquiales pero categóricos: ¡no tiene sentido adelantar todo un proceso dispendioso solamente para “botar corriente”! Obviamente el Gobierno se opone, desde ya, a semejante exigencia. La representante de la delegación del gobierno, Luz Helena Sarmiento, para evitar un desacuerdo frontal sugiere una expresión sustitutiva: participación “incidente”. No hay todavía una explicación a fondo, pero es fácil deducir que se trata de una participación en la cual los resultados se tendrán en cuenta para las conclusiones, es decir, “incidirán” en ellas, pero sin ningún compromiso de que las propuestas serán aceptadas. He ahí, evidentemente, el punto crucial de las discrepancias en esta primera fase del proceso de negociación.

 

Dos maneras de interpretar la participación

 

Un aspecto sí parece convocar el consenso: la participación debe ser de abajo hacia arriba, partiendo de localidades y regiones; lo más amplia posible, y sobre todo incluyente, es decir recogiendo absolutamente toda la diversidad. Se agrega que debe ser informada, para lo cual no faltaron las insistencias en procesos pedagógicos. Y claro, con todas las garantías, sobre todo de seguridad, para las personas que participan. Sin embargo, las modalidades como éstos y otros atributos habrán de materializarse son extremadamente diversas; en algunos casos implican posiciones opuestas. Para el Gobierno –y algunas de las plataformas de paz- por ejemplo, es claro que se trataría de un proceso rápido. Se aspira a que en mayo del próximo año ya toda la negociación de Quito haya concluido con la firma de un acuerdo. En estas circunstancias el proceso, si bien parte de las localidades (para el gobierno solamente donde hay presencia del Eln) tomaría la forma de una escalera de representaciones o delegaciones hasta el nivel nacional. Es el resultado obtenido allí, decantado y concentrado, lo que se presentaría, para su consideración, a la mesa de Quito. Para las organizaciones sociales y comunitarias, en cambio, aunque hay muchas otras ideas, sería fundamental que una representación de la propia mesa de Quito “bajara” a todas las regiones del país, a escuchar lo que tienen que decir. Esto está muy relacionado con los contenidos. Es evidente que quieren discutir sobre aspectos de fondo como la pertinencia del modelo minero energético existente, sobre la tierra y el apoyo a la economía campesina, incluida la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos, sobre el modelo hoy privatizado de la salud y la educación, entre otros aspectos. Habría claramente una conexión con lo que salió –y se está incumpliendo– del acuerdo de La Habana. Y sobra decir que para el gobierno se mantiene como línea roja la “intangibilidad del modelo”.

En el fondo, lo que existe es una discrepancia esencial sobre lo que se entiende por participación en esta oportunidad. Para el gobierno es un mecanismo, casi que de trámite, enteramente subordinado a las necesidades de la negociación del conflicto militar con el Eln. Para éste, por el contrario, es un componente esencial que incluso define el sentido de los siguientes puntos de la Agenda, esto es la “democracia para la paz” y las “transformaciones para la paz”. Pero no es fácil de entenderlo porque no tiene antecedentes en ninguno de los llamados procesos de paz en Colombia. Ni siquiera por parte de las organizaciones sociales y cívicas. De ahí la oscilación entre quienes consideran que los resultados deben ir a Quito –como antes a La Habana– para que allí las partes los introduzcan como parte de su negociación y los que no ven al Eln como interlocutor sino al gobierno (el Estado) por lo cual el proceso con cierta autonomía sería una suerte de participación transformadora.

En un plano teórico tendríamos una tensión entre la democracia representativa que, por cierto, tiene una de sus periódicas apariciones el próximo año y la democracia participativa que, si bien cuenta con múltiples instrumentos en la Constitución y las Leyes, no ha alcanzado nunca el calado que se le está pidiendo. Esa es la inquietud que ha quedado, por lo pronto, de este primer ejercicio de consulta con la sociedad. Ya veremos qué sucede en las audiencias que faltan, en las próximas semanas. Un rasgo significativo consiste en que fueron varios, incluidos los representantes de MAP-OEA y Naciones Unidas, quienes se refirieron a la importancia y a la pertinencia de la Participación, independientemente de la negociación de Quito, vista la crítica situación política, con innegables déficit de democracia, que se vive hoy en Colombia.

Publicado enEdición Nº241
Martes, 21 Noviembre 2017 07:37

El desafio a la justicia transicional

El desafio a la justicia transicional

 

A girones, dentelladas y rasgaduras, hace trizas el legislativo y el poder constitucional colombiano, el modelo Acordado de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJENR), para dejar atrás el conflicto interno armado y el panorama sistemático de represión estatal y violación de los derechos humanos y fundamentales.

Demostrado estuvo, durante sesenta años de conflicto armado, que el sistema judicial colombiano no pudo dar respuesta adecuada y conforme a los estándares internacionales, a aspectos como el de rendición de cuentas, reparación de víctimas, protección por abuso de las autoridades, tanto civiles como militares, si en alguna medida en el imaginario colombiano lo de autoridad se concibe el privilegio otorgado a un individuo por su estatutos en el núcleo social en que se mueve, asociado al Estado como depositaria del poder público.

 
Del efecto juridico y politico de la creación de una Jurisdiccion Especial de Paz (JEP)

 

Por los Acuerdos de La Habana y adición del Acuerdo del Teatro Colón, se creó un instrumento ágil, responsable, de apoyo internacional, de confianza para que los más vulnerables de la sociedad tuvieran acceso a la Justicia. Por eso el objetivo fundamental de esa concepción de justicia es el privilegio al derecho de las víctimas, juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de gravedad específica de por sí. Ahondar, en juzgamientos por la violación de los derechos humanos en todas las categorías estudiadas y reconocidas, causadas por desaparecimientos, ejecuciones extrajudiciales; tanto por ocasión de desplazamientos; como por la no garantía de retorno, recuperación de bienes y propiedades. La concepción de una justicia de aplicación, no en un enfoque de principios preconcebidos por rutinarios criterios normativos; sino en la evaluación de un contexto particularizado de la situación colombiana, que ajustada a la existencia y prelación de un Estado de Derecho (cuerpo normativo imperante), actué en forma paralela y de función pública, en un país como Colombia asolado por múltiples conflictos, entre ellos el conflicto armado interno, por el enfrentamiento de fuerzas insurgentes y beligerantes que compiten por derrocar el poder del Estado constituido.

De tal manera que no se trata de una justicia reparadora, como tampoco distributiva o retributiva. No se trata tampoco de una justicia blanda. Es la justicia que ofrece la comunidad internacional para facilitar procesos de paz, tras la terminación de un conflicto armado interno, que como en el caso de Colombia, no hubo triunfo militar sobre la contraparte insurgente y ésta a su vez , mediante un pacto suscrito por plenipotenciarios tanto del gobierno, en nombre del Estado, como plenipotenciarios, en representación de la contraparte insurgente, aceptan la dejación de armas, acuden a la efectiva aplicación de amplia amnistía contemplada internacionalmente y en cuanto a delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, asientan acogerse a una Justicia diferente a la cual combatieron. Precisamente, esa justicia transicional también tiene como objetivo, afrontar las causas subyacentes, del conflicto superado civilizadamente y paso seguido fomentar la reconciliación nacional. En modo alguno- como falsean- se trata de una creación castro-chavista, dando grima el que desconozcan, esos faltos de argumentos, que el termino de “justicia transicional” fue acuñado por académicos estadounidenses, en desarrollo de los efectos de la globalización y el derrumbe de la Unión Soviética.

Pero lograr la aplicación de una Justicia Integral obedece al análisis y manejo del contexto y el entorno político jurídico y político está inundado de aprehensiones.

En esta misma década se declaró constitucional la llamada Justicia y Paz, que juzgó a los paramilitares desmovilizados. Pero esa declaratoria de exequible al Acto legislativo 01 de 2012, nada aporta al universo de concepción de un modelo de justicia transicional aplicada para la terminación del conflicto con la entonces fuerza insurgente farc-ep.

Lograr la aplicación de una Justicia Integral, implica el esclarecimiento de la Verdad. Soportarse en afianzamientos de gobernabilidad y legitimidad en el manejo y control de la mayoría de los resortes del poder, incluido el poder de la tele comunicaciones. Afianzar en la comprensión política que el fin del conflicto armado no es el silenciamiento de los fusiles, como la aceptación de un rendimiento de cuentas de todos a la sociedad. Por ello el efecto de la pedagogía colectivo resalta como fundamento esencial.

El modelo integral colombiano de justicia transicional abarca todos esos aspectos.

El reto está en cómo llegar a la eficacia de ese modelo de justicia integral. Impera la aplicación de transiciones democráticas. No se trata de un sistema o mecanismos para posponer, sin fecha ni plazo cierto (sin die) la acción de la Justicia; como de implementar reformas estructurales. Reformas institucionales que afecten a la policía, el ejército, la justicia, el ejercicio de la inteligencia y contrainteligencia estatal. Aceptar la implementación y cambios de o en el marco legal y constitucionales, mediante reformas o enmiendas.

Inaceptable que sea el ejecutivo la única rama del poder responsable de la negociación con la antigua insurgencia de las Farc-ep. El Acuerdo de La Habana y del Teatro Colón, está concebido bajo un pacto soberano del Estado como expresión del poder público, en cabeza del presidente de la República. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público”. Eso lo establece expresamente el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, conforme a esos términos y sin mayor escitación.

 
El fuero como cuestión militar

 

Cuando el comandante insurgente Alfonso Cano invito a conversar al gobierno de Juan Manuel Santos y recibió como respuesta la orden de asesinarle, presentó aspectos puntuales a tratar y entre ellos mencionó hablar de la Doctrina Militar. Con esta mención demostró el profundo conocimiento que tenia del país colombiano, como quiera que el problema de la tierra y el papel del ejército, constituirán lo álgido a abordar en la solución del conflicto armado interno colombiano.

 
De la separacion de poderes y la doctrina de la cuestion politica

 

Este, que es un tema del derecho de las constituciones políticas, ha tomado carrera en Latinoamérica. Resume la cuestión para excluir de la revisión judicial, los actos de las ramas del poder público en particular, con inusitada tendencia a denunciar una peligrosa concentración de poder en el ejecutivo; en tratándose digamos de la suerte de un Estado de Derecho. Pero, además, en la acepción de creación de ciertas normas constitucionales, no justiciables (por el poder judicial); sino de resorte del poder político. De allí lo sintomático, que en arremetida feroz de la extrema derecha contra el poder judicial o rama autónoma de la justicia, en búsqueda de su debilitamiento institucional, irrumpa tan groseramente la propuesta de la Cuestión Militar, con lo de la extensión de su fuero. La doctrina de la cuestión ha querido demostrar que las cortes no tienen capacidad de conocer de todas las materias bélicas y la simbiosis comparativa con la argumentación de la inconformidad del generalato- mediante voceros en retiro- enmarcada dentro de la problemática de la hipocresía política, frente a la consolidación de fuerzas, hacia una reconfiguración global del poder; tanto en la atormentada Colombia, como en el énfasis de la cuestión política en el escenario latinoamericano.

Actualmente, en los Estados Unidos de América, la Doctrina de la Cuestión Política, sirve como método para que la Suprema Corte esquive o “saque el bulto” con relación a la autonomía de la separación de poderes; llegándose a la supresión de frenos o contrapesos, en el que el poder judicial no debe asumir o tomar posición respecto a las decisiones de las ramas públicas del poder político. Es decir, en el rol que cada rama juega, en relación con las otras, calificando esos actos de no justiciables. Así, que actuaciones del poder político como la invasión o intervención militar a otros países; los bloqueos económicos, aplicación de la tortura (caso Bush), etc. con la Doctrina de la Cuestión Política ante la separación de poderes, no son justiciables.

De manera, que el ejemplo reluciente en el sistema estadounidense de la independencia política y judicial en torno a los actos propios del poder electoral- de por si saludable- quedó sin mecanismos de autocontención en torno a esta cuestión de la doctrina política no justiciable, respecto a los álgidos efectos de los actos políticos. Aunque el tema es prolijo, extenso, en referencia a la cuestión de la doctrina en los Estados Unidos, valga destacar que la suprema corte se apartó o asumió un conocimiento “diferente” al que el gobierno Bush mantenía de los combatientes enemigos extranjeros apresados en Guantánamo o cárceles universales, a no someterlos a conocimiento de tribunal; mas calló ante las torturas.

Técnicamente, conviene aclarar, que cuando se plantea si la cuestión política es justiciable, como judicialización de la política, se alude a las razones judiciales para que los actos del poder político puedan ser ventilados ante lo judicial, ante las cortes.

Somos del parecer que el poder judicial debe tomar decisión de los recursos planteados por las actuaciones del poder político. ¿Quiénes, sino las Cortes, como árbitros neutrales, son los capaces para intervenir en los efectos de los juegos políticos?

Por ello es alarmante, el nexo o relación de causalidad, existente entre el bastardo proyecto del Fuero Militar en Colombia y la doctrina de la Cuestión Política.

Los perros de la guerra y artífices del militarismo aúpan porque los actos de los miembros del ejército, fuerza pública, policía, etc., no sean justiciables. Arguyen que los jueces naturales nos son capacitados, legitimados, para conocer los términos de contenido y argot de la guerra y por consiguiente esa minusvalía, desplaza lo justiciable, al no poder abordar el conocimiento veraz de las conductas de los uniformados y su desempeñó en el ejercicio y actos de la guerra y/o del servicio. Ese es precisamente el planteamiento de la doctrina política de la cuestión, para que no sean justiciables, los actos del poder político. Tamaño copión.

Aún más: quienes deben decidir los límites de los actos de ejercicio de las fuerzas militares. ¿Esos límites, bajo que parámetros, se rigen? ¿Existe un poder autónomo político en la Fuerzas Militares, con relación a las ramas del poder político, para erigirse como jueces y como parte?

Los anteriores cuestionamientos plantean que no estamos ante una incursa violación a la constitución política, en el ejercicio deliberativo que ha hecho, curso o carrera, en Colombia, por parte de los autoproclamados voceros del militarismo; por no mencionar a los militares a secas. Asistimos es al posicionamiento de un poder de facto militarista al estar hablando duro, golpeando la mesa en vocinglera insubordinación. Esto va de la mano, con el endurecimiento del método de la guerra sucia en asocio con el fortalecimiento del paramilitarismo contrainsurgente y antipopular. También va de la mano el que las elites o castas privilegiadas al interior de las fuerzas armadas en Colombia, se desgasten y apunten a lo táctico, ante el fallido soporte estratégico de la salida militarista o guerrerista, para la solución del conflicto armado, de guerra civil en Colombia.

Indudablemente, por eso se habla o menciona desde otras ópticas diferentes a la nuestra, de desgaste interno de valores o desmoralización al interior de las fuerzas armadas. Lamentable error seria subestimar esa situación. Por el contrario, admite el análisis del reposicionamiento de los sectores terratenientes, de latifundismo rural y casa teniente urbano ante la inminencia de las reformas de fondo.

Conviene recordarles que se puede perseguir a violadores de los Derechos Humanos que gozan de impunidad en países que les acogen. Ello establece que nadie puede quedar impune por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El Derecho Internacional Humanitario enriqueció, luego del Juicio de Nuremberg, en el que “En ellos se declara, que nadie puede alegar su condición de jefe de estado o haber actuado bajo órdenes jerárquicas, si tuvo la opción de no cometer el delito, para no ser juzgado”.

Al sancionarse la oprobiosa ley de justicia y paz bubo auto amnistías para no juzgar. Pero todo ello esta cuestionado por varios organismos internacionales y del sistema interamericano. Esto no tiene asomo que pueda suceder en el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición, acordado en Colombia y del que huelga insistir, la Jurisdicción Especial de Paz(JEP) es uno de sus aspectos.

El principio de justicia universal se fundamenta en las normas del ius cogens y el derecho de gentes y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (lex fori).

Independientemente de los factores de procedimiento, lo sustantivo y esencial de la Justicia Transicional radica en el criterio jurídico y de concepción de fin del conflicto de los Magistrados(as) posesionados, bajo la egida del principio de lo inescindible y de autonomía soberana del que están investidos.

Por respeto a los lectores no asumo temas como:

· Los nuevos requisitos para los Magistrados de la JEP y el control “estricto” a imponerles.

· El marco final para la participación en política de los ex guerrilleros.

· El juzgamiento de delitos sexuales durante el conflicto por parte de combatientes.

· La comparecencia voluntaria a la Justicia por parte de civiles.

· El requisito de impedimentos o inhabilidades de los legisladores.

 

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