Guerrilleros de las Farc pasan el tiempo en un campamento transitorio.

 

Enrique Santiago es asesor jurídico de las FARC y una de las figuras fundamentales para la consecución del acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en Colombia.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

 

Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.

De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.

 

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Enrique Santiago, una de las figuras clave para la consecución del acuerdo definitivo de paz.

 

La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?

Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.

 

¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?

Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.

 

¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?

Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.

 

El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?

Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.

 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.

El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.

 

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Militantes de las FARC en Cali, Colombia /REUTERS

 

¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?

Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.

 

¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?

Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.

 

Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?

Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.

 

¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?

El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.

 

¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?

El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.

 

¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?

Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.

 

¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?

Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor. El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.

 

Publicado enColombia
Protesta de activistas contra los combustibles fósiles en la cumbre de Bonn.

 

La financiación de los países ricos para los más pobres vuelve a atascar los avances en una cumbre del clima

 

El Acuerdo de París –que se empezará a aplicar en 2021– fue el marco general de la lucha contra el cambio climático. Pero falta desarrollarlo. Y los reglamentos para hacerlo tendrán que esperar a la cumbre de Polonia en 2018, la fecha tope que marca el propio acuerdo. Así lo han decidido los negociadores de los casi 200 países reunidos en la Cumbre del Clima de Bonn. En la recta final de esta cita la financiación que deben aportar los países ricos se ha vuelto a convertir en un escollo. Y lo volverá a ser en las próximas citas, adelantan los negociadores.

Los negociadores que se han reunido en la llamada COP23 de Bonn han esbozado los esqueletos de esos reglamentos de desarrollo del Acuerdo de París, pero los temas más polémicos sobre transparencia o contabilidad de las emisiones de cada país siguen abiertos y tendrán que cerrarse en Katowice, la ciudad polaca que acogerá a finales de 2018 la próxima cumbre. "Hubiera sido mejor avanzar más", reconoce Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales y experta en negociaciones climáticas. Pero lo más difícil se ha dejado para la siguiente cumbre, que se llevará a cabo en el bastión europeo del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero emite.

Todo parecía indicar que esta cita de Bonn —que desde un principio se concibió como técnica— podía cerrarse, por primera vez en mucho tiempo, este viernes según el programa previsto. Pero las discusiones sobre la financiación han paralizado las negociaciones y mantuvieron abierta la cumbre durante buena parte de la noche. Finalmente, sobre las seis de la mañana, tras una larga noche de negociaciones, se desbloqueó la situación y se consiguió cerrar la cumbre.

La principal discusión se centró en los intentos de los países en desarrollo para conseguir asegurarse que los Gobiernos de los Estados más ricos y su sector privado pongan sobre la mesa los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática comprometidos con el Acuerdo de París a partir de 2020. Ese montante está pensado para que los países con menos recursos puedan poner en marcha estrategias de mitigación (recortes de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación a los efectos negativos del calentamiento.

Los Estados más pobres presionaron para que los desarrollados se comprometan a comunicar cuánto dinero pondrán sobre la mesa cada año con antelación. Y los desarrollados argumentaban que no pueden comprometerse a eso ya que sus aportaciones dependerán de su disponibilidad presupuestaria. Este asunto continúa abierto también tras la cumbre del Bonn. "La financiación es el último tema que siempre se cierra en las cumbres", explica Laura Juliana Arciniegas, jefa de la delegación de Colombia. "Y lo será en las siguientes".

 

Salida de EE UU

 

La salida anunciada por Donald Trump del Acuerdo de París —que no se podrá materializar hasta 2020 porque así lo establece el pacto— supuso un golpe moral a esta alianza contra el cambio climático, que por primera vez tras dos décadas de negociaciones logró cerrar en París en 2015 un acuerdo que comprometía a todos a recortar sus emisiones. Pero Trump no ha provocado un efecto contagio. Al contrario, Nicaragua y Siria, que se resistían a firmar el pacto, han anunciado que lo harán y EE UU se ha quedado aislado. Pero más allá de los recortes de los gases que no acometerá EE UU, Trump ha dejado claro que no tiene ninguna intención en cumplir los compromisos de financiación, con lo que se reduciría el número de Estados desarrollados que deben aportar esos 100.000 millones. Y esto inquieta a los países en desarrollo.

El Acuerdo de París tenía una brecha bien identificada que se debe cubrir desde que se firmó hace dos años en la capital francesa. Los recortes de gases de efecto invernadero comprometidos por todos los países firmantes del pacto no son suficientes para lograr el objetivo: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales, e intentar que se quede en los 1,5. Pero el Acuerdo de París contiene mecanismos para superar superar ese problema: periódicamente se harán revisiones y los Estados presentarán nuevos compromisos, siempre al alza, de sus planes de recortes de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la salida de EE UU ha abierto otra brecha inesperada: la financiación. "Ahora existe una brecha de 2.300 millones de dólares en el Fondo Verde que EE UU ha dicho que no va a poner", señala el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. ¿Y quién va a cubrirla? Arias Cañete augura que el tema de la financiación volverá a centrar una parte importante de las negociaciones en Polonia. Las dudas sobre quién asumurá los esfuerzos financieros de EE UU es una de las razones que han empujado a los países en desarrollo a pedir que los Estados ricos anticipen cuánto dinero aportarán.

El otro punto sobre financiación que ha bloqueado las negociaciones ha sido el Fondo de Adaptación, que los países en desarrollo no quieren que se elimine cuando se aplique, a partir de 2021, el Acuerdo de París. Este fondo se creó con el Protocolo de Kioto, que estará en vigor hasta 2020, cuando el pacto de París tomará el relevo.

En el Acuerdo de París se abrió la posibilidad de que continuara el Fondo de Adaptación. En la Cumbre del Clima de Marrakech, de 2016, se reforzó esa idea. Y en la de Bonn los países en desarrollo querían atar definitivamente esta continuidad, lo que esta noche han logrado.

 

1,5 grados

 

En octubre de este año está previsto que el IPCC, el panel de expertos internacionales que bajo el paraguas de la ONU radiografían los efectos del cambio climático, difunda un informe sobre las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados y las medidas que se deberían tomar para lograrlo. El reto es complicado, el calentamiento está ya en un grado respecto al nivel preindustrial.

La asunción de esa meta del grado y medio también ha centrado parte de las discusiones finales de esta cumbre de Bonn. Varios Estados, fundamentalmente los más petroleros (como Arabia Saudí o Irán) pidieron que se retirara toda referencia a esos 1,5 grados en uno de los documentos que está previsto que se aprueben, señalan fuentes de la negociación. Pero esa referencia ya está en el Acuerdo de París, con lo que no se puede dar marcha atrás.

 


 

WASHINGTON QUIERE SALIR “LO ANTES POSIBLE” DEL PACTO


Fuentes de las negociaciones explican que la actitud estadounidense (que ha enviado una delegación mucho menor que en otras cumbres y de perfil técnico) no ha sido de bloqueo. La encargada de intervenir en nombre de EE UU en el plenario de Bonn ha sido Judith G. Garber, secretaria adjunta de la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales. No puso en duda el cambio climático, sacó pecho de los recortes de emisiones de su país en los últimos años y dijo que EE UU es consciente de que se necesita una transformación energética. Eso sí, reafirmó que su país saldrá del acuerdo "lo antes posible".

 

Publicado enMedio Ambiente
Cumbre del APEC Trump pone fin al multilateralismo comercial de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Tump, anunció un cambio de rumbo radical en la política comercial de Washington, al rechazar acuerdos multilaterales y afirmar que su gobierno ya no tolerará abusos comerciales crónicos e insistirá en políticas justas y equitativas.

No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos y no los toleraremos. Ya no vamos a dejar que se sigan aprovechando. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, sostuvo Trump ante los representantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad turística de Da Nang, en el sur de Vietnam.

El mandatario señaló que su administración ya no iba a aceptar el robo de propiedad intelectual y otras prácticas injustas, y llamó a los demás países a buscar por sí mismos su propio bienestar.

El discurso de Trump representó un alejamiento radical de Estados Unidos de las alianzas multilaterales y su deseo de alejarse de los grandes tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En su lugar, busca hacer acuerdos aislados con distintos países. “Quiero relaciones comerciales bilaterales con cada país de la región indo-Pacífico que quiera ser nuestro socio.

Cuando Estados Unidos entre en una relación comercial con otros países o pueblos, desde ahora esperaremos que nuestros socios sigan fielmente las normas.

Agregó que durante su visita a Pekín habló de forma abierta y directa con su par de China, Xi Jinping, sobre las prácticas comerciales injustas de China y el enorme déficit comercial que han producido en Estados Unidos.

Apenas un día antes, en su visita a China, el estadunidense dijo que ambos países deben ser socios, no rivales, y pueden beneficiarse mutuamente y al mundo, y firmó una serie de acuerdos empresariales bilaterales valuados en 250 mil millones de dólares.

El mensaje de Trump en Vietnam, sede del Foro APEC, tuvo un fuerte contraste con la presentación de Xi, quien defendió, entre constantes interrupciones por aplausos y vítores, el libre comercio multilateral y afirmó que la globalización es una tendencia irreversible. En ese sentido, el presidente de China propuso una red global de zonas de libre comercio y prometió a naciones menos desarrolladas beneficiar del crecimiento económico del gigante asiático.

Trump llegó a Vietnam, en medio de protestas, en la cuarta etapa de su gira de 12 días por Asia. Aunque China tiene por mucho el mayor superávit comercial con Estados Unidos, Vietnam también está en la lista de esos superávits que el gobierno de Trump busca reducir. El domingo el estadunidense llega a Filipinas para asistir a la Asociación de Estados del Sudeste Asiático y culminar su gira.

Publicado enInternacional
Jueves, 09 Noviembre 2017 16:25

La paz entre el bloqueo y las trizas.

La paz entre el bloqueo y las trizas.

Ya resulta hasta una necedad reiterar en los diferentes eventos que están destruyendo los Acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.


Si bien es cierto la mayoría de los Acuerdos de paz firmados por el resto del mundo han fracasado por el incumplimiento de las elites dominantes que los firman, no estamos condenados a repetir esas tragedias que se han cernido sobre otras naciones. Pero, el caso del trámite de la Justicia Especial para Paz (JEP) en el Congreso de la Republica, está demostrando de manera palpable la ausencia de voluntad política de la cúpula dominante de la sociedad y el Estado colombiano, para hacer de la paz una realidad en la vida de millones de ciudadanos.


La paz muere asfixiada por el bloqueo del santísimo y las trizas de la ultraderecha.


El oficialismo santista y toda la red gubernamental que gira a su alrededor se las han arreglado para ir rediseñando regresivamente el texto de los acuerdos, mediante los trucos judiciales del Fiscal Martinez, la hermenéutica tramposa de la mayoría de Magistrados de la Corte Constitucional y la acción violenta de los aparatos armados del Gobierno que aplastan sobre el terreno, con masacres y asesinatos, la voluntad guerrillera de cumplir con lo pactado.


El uribismo no ha sido menos contundente en su ofensiva. Su anuncio de hacer trizas la paz ya es un hecho y las 150 trampas de José Obdulio Gaviria para sofocar la JEP en el legislativo es una demostración de tal objetivo, proclamado a los cuatro vientos.


La JEP se hundirá de forma ineluctable en el escenario legislativo y con ésta todo el proceso de solución del conflicto social y armado que fue utilizado como tabla de salvación del régimen político prevaleciente, carcomido por grandes crisis de legitimidad, gobernanza, recesión económica y corrupción.


Pero bien. Como todas estas encrucijadas hay que resolverlas en el campo de la política no hay otra alternativa que explorar salidas desde la reflexión institucional, sociológica y politológica.


Mi criterio es que la extrema división de la elite dominante está configurada como una estructura de oportunidad política que debe ser leída y analizada en cada momento.


Hay una división en la clase dominante y tal hecho tiene grandes implicaciones institucionales y políticas.


Desde el ángulo institucional se sugiere acudir a la Conmoción interior para superar el bloqueo de las cúpulas parlamentarias amangualadas en sus profundas afinidades para frenar los avances de la paz. Si esa es una opción debe usarse sin vacilaciones jurídicas. Por supuesto, sin descartar el recurso de la Asamblea Constituyente como instrumento de la transición política en curso.


Desde la perspectiva política es necesario insistir en las movilizaciones y agitación civil para poner en evidencia el atroz sabotaje a la pacificación del país.


La muerte de la paz, asesinada por los promotores y ejecutores de la violencia contra las clases subalternas, es una responsabilidad histórica con grandes repercusiones en el curso futuro de Colombia.


Nos preguntamos ¿Con qué autoridad el Gobierno y sus delegados adelantan diálogos y negociaciones con el Eln para que cesen su lucha y resistencia armada a la luz de los hechos perversos que estamos presenciando con los pactos firmados con la insurgencia de las Farc?


Con las Farc, Santos repite la vieja historia del alzamiento de los Comuneros del Socorro en el siglo XVIII, firmaron y después descabezaron.


Tomen nota, ciertas almas ingenuas y también las avispadas, de lo que se nos viene. Más guerra, más muerte y más dolor para los débiles.


Definitivamente este país no tiene arreglo en la vía pacífica.

 

Publicado enColombia
Martes, 07 Noviembre 2017 08:28

“Al final todos vamos en el mismo barco”

“Al final todos vamos en el mismo barco”

La atmósfera política que cubre al país es electrizante. Los acontecimientos se precipitan en cascada en la medida en que los días pasan y se acercan las jornadas electorales de marzo y mayo de 2018. Martí resuena en el ambiente: en política lo verdadero es lo que no se ve. Las voces que otean el horizonte guardan prudente silencio con la conciencia clara de que lo que hoy aparece como inexorable, mañana puede no serlo.

 

Nos reunimos con Alirio Uribe Muñoz (AUM), Representante a la Cámara, quien ha preservado el tesoro sin par de la virtud en medio del sobrecogedor proceso de degradación en que el país político, con las clases dominantes a la cabeza, está hundido. La labor insomne, la serena capacidad de análisis y su apuesta de toda una vida por los humildes, nos permite una valiosa ventana de observación a lo que sucede en estos días en el Congreso Nacional y en sus pasillos. Ese espacio que un día anhelamos tenga el carácter de templo sagrado del amor y las ideas depuradas en la deliberación acerada y honesta, que sirvan a nuestras gentes.

En enero pasado publicamos otra entrevista a Alirio Uribe y nos advirtió: “lo que no se apruebe de aquí a junio tendrá muchas dificultades para su aprobación. En el segundo semestre el Congreso estará volcado en las elecciones”.

En efecto, durante la semana del 2 al 6 de octubre no registró quorum para la conciliación del Acto Legislativo referente a la prohibición del paramilitarismo, ni para la ley de innovación agropecuaria relacionada con el punto uno de los Acuerdos Gobierno-Farc. Con la reforma política quedaron registrados cincuenta impedimientos y después no hubo quórum para votar más impedimentos. Y así “nos dice Alirio” hasta poner al gobierno contra las cuerdas. No hay más mermelada. Y la campaña de todo el mundo, derecha, centro, izquierda, es darle palo al gobierno.


HA: Cuesta trabajo hacerse a la idea de que los Acuerdos de Paz estén sujetos al dios dinero y sus tentáculos, pero es el signo de los tiempos que corren. Nuestra primera pregunta es por lo que está sucediendo con la Justicia Especial de Paz (JEP).
AUM: Cada vez más el Centro Democrático y Cambio Radical, Uribe y Vargas Lleras, se unen en contra de la JEP. Y esto tiene una lógica. Porque esta Justicia afectará intereses y personas que no quieren ver afectados: los empresarios que financiaron la guerra y los altos mandos militares que no quieren verse procesados por su responsabilidad de mando.

La JEP, de alguna manera, es una respuesta a la crisis de la justicia, porque hasta ahora ha sido imposible avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación, por ejemplo con relación a las cadenas de mando, o a las empresas que financiaron al paramilitarismo.

El país conoce lo sucedido con las Farc, los crímenes y delitos cometidos. Tanto lo que es verdad, como lo endilgado por la guerra mediática. Pero la mayor parte de la gente no conoce cosas que tienen que ver con la paraeconomia, sobre todo. Cuando Cambio Radical dice que no confía en los jueces –porque no son los corruptos de siempre–, que ‘porque van a perseguir a los empresarios honestos’, es porque se saben expropiadores y se saben beneficiarios de la guerra. Entonces, es obvio que sientan mucho temor con que aflore la verdad. Miedo a que se sepa quiénes financiaron la guerra y quiénes se beneficiaron con la misma.

Pero recuerde que cuando ellos hicieron el proceso de Justicia y Paz, se aseguraron de que no les pasara nada. No podían ser investigados en Justicia y Paz los que no fueran paramilitares. Y tenían garantizado, además, que las compulsas de copias no iban a ser investigadas en la fiscalía ordinaria.

Cuando se aprueba la JEP, queda claro que se investigará lo no investigado. Se investigará a las Farc y a los militares, pero también a los actores económicos.


El otro sector opuesto a la JEP son los militares, para tratar de eliminar la responsabilidad de mando. Las Fuerzas Militares están dispuestas a que respondan los autores materiales, pero no los máximos responsables; que no haya responsabilidad de mando de comandantes.


HA: Pero hay generales que ya se acogieron a la JEP
AUM: Sí, los generales Uscategui, Escalante y Rito Alejo del Rio, lo cual llama poderosamente la atención. Será interesante ver en que tónica hablarán: si pedirán revisión de fallo por inocencia, o si pedirán revisión por reconocer la responsabilidad y hablar. Pero no solo ellos, ya se han acogido a la JEP un total de 1.689 militares. Es interesante lo que pueda salir de ahí. Algunos integrantes del Centro Democratico y algunos integrantes de las Farc han cuestionado la composición del Tribunal de la JEP; personalmente pienso que los Magistrados elegidos son personas competentes, diversas y creíbles.

De Justicia y Paz no esperábamos nada. Y mire todo lo que ha salido a flote. Igual puede suceder con la JEP. Hay que esperar. Pero creo que van a darse muchas revelaciones. La semana pasada salió una sentencia de dos mil páginas sobre lo sucedido en el Magdalena Medio. Entre otras cosas si usted retoma el libro de Baez, el jefe paramilitar, y lo compara con el Plan de Desarrollo de Uribe, verán que son idénticos. Salió también –hace unos días– el informe del Centro de Memoria sobre el Bloque Tolima, y revela que el sesenta por ciento de sus integrantes eran servidores públicos.

Soy consciente de que en el Congreso abundan los sucesores de la parapolítica. Pero creo que la JEP saldrá adelante como expresión indispensable de cumplimiento con los acuerdos de paz. También es posible que se apruebe la JEP y se hunda la reforma política. Si esto sucediera, quedaría aplazada la reforma política, no se hasta cuándo.


HA: Hilemos con la reforma política, ¿cuál es su estado actual?
AUM. La reforma política nace, por una parte, ante la necesidad de desarrollar el punto 2 de los Acuerdos y, por otra parte, porque hay una necesidad postergada de cualificar, ampliar y profundizar la democracia. Es imposible desconectar la violencia vivida de las graves limitaciones de la democracia realmente existente en nuestro país.

Pese a ello, congresistas de otros partidos se oponen a esta reforma, porque prefieren no variar las reglas con las que hasta ahora han ganado. Piensan, ¿para que sumar más incertidumbre a la ya existente? Hay un temor comprensible porque la inscripción de listas comienza el 11 de noviembre y termina el 11 de diciembre, y ya estamos en octubre, pese a lo cual aún no se sabe cuáles serán las reglas de juego.

Debemos hacer el esfuerzo por impulsar la reforma política, ya que necesitamos avanzar en la pluralidad política, sin embargo las circunstancias actuales no son favorables para su aprobación. Las coaliciones para cargos unipersonales existen, pero no así para corporaciones, y este es uno de los temas que hemos incluido. Lo que quiero decir es que con la legislación actual es posible construir coaliciones para aspirar a una alcaldía o a la presidencia, pero no es posible para acceder al Congreso. Hemos propuesto que sean posibles para el Congreso, de manera que los movimientos pequeños puedan coaligarse y optar por una curul.

Entonces, sin reforma política las opciones para presentar listas a Senado se limitan al PDA, los Verdes y las Farc, los demás, o se meten en esas listas o desaparecen. Creo, y por eso defendí las coaliciones en la reforma política, que debemos apoyar la diversidad política: los Progresistas, la UP, el Partido Comunista... Sin reforma se impide la unidad programática, con lo cual viene la rapiña y las prácticas clientelistas que degradan la política: me meten en la lista de manera individual, por prebendas y no por acuerdos pluralistas.

Lo cierto es que en los pasillos del Congreso se percibe una corriente creciente que señala que, sea cual sea el próximo gobierno, debe convocarse una Asamblea Constituyente. Me parece interesante. Lo que respondo a los congresistas que me preguntan al respecto es que estoy de acuerdo, pero que la única condición que pondría es que ningún congresista pueda ser constituyente, tampoco ningún gobernador o similar. Hay necesidad de renovar la clase política, así sea con una autoinmolación.

HA: Entonces, ¿tendremos elecciones sin reforma política?
AUM: Nuestra tarea es seguir defendiendo esta reforma. De pronto el escenario varía y se aprueba. Defiendo una financiación más democrática, una renovación del control electoral, y condiciones que permitan la pluralidad de las minorías. Fijémonos, lo evidenciado con Odebrecht es un campanazo de alerta. Si aplicas la ley proyectada a lo de Odebrecht Santos pierde la investidura, pues en ella queda prohibido que cualquier ente extranjero financie campañas.

Lo hecho por Odebrecht es lo mismo que por décadas han realizado los poderes económicos en Colombia: apostarle a los dos caballos finalistas, de manera que con cara ganan, pero también con sello. Pero no solo Santos perdería la investidura, Cambio Radical ni ningún partido de la Unidad Nacional, ni el Centro Democrático, podrían presentar candidatos a la presidencia en 2018.

Por esto es necesario el debate al Consejo Nacional Electoral, para que no sirva –como hoy sucede– para la impunidad de los grandes partidos, para evitar las revocatorias demandadas por las mayorías –como sucede con el caso de Peñaloza. El Consejo Electoral actual es responsable de que no se cumpla la ley.

 

Circunscripciones especiales de paz

 

HA: En este ambiente, ¿qué puede pasar con las circunscripciones especiales de paz, también contempladas en los acuerdos?, le pregunto.
AUM. En el Senado no les importa porque su votación depende de las capitales. Hay 19 departamentos que no tienen senadores. Entonces, los senadores no tienen problema en señalar: “que las Farc tomen sus diez curules, y que las 16 circunscripciones especiales de paz se den como sea”.

Pero en la Cámara sí les importa, porque sienten que se les meten al rancho, que amenazan sus curules...

Lo que puede darse, y se está dando, es que si, por ejemplo, el gobernador es de Cambio Radical y el dinero abunda por alguna razón, entonces pueden ofrecer un combo a los electores: voto por la lista oficial de Cámara, voto por el candidato para quedarse con la circunscripcion especial de paz y voto por el gobernador en el 2020. El votante, el elector que ha sido corrompido por la cultra política imperante, va donde el otro candidato y le dice: allí me dan tanto por los tres votos, ¿usted qué me ofrece?

Los que manejan las maquinarias electorales pueden apoyar los seguros que hemos intentado incorporar –para proteger el espíritu de la norma que crea la circunscripciones especiales de paz– como un mecanismo de reparación a las zonas más pobres y afectadas por la violencia, entre ellas: sacar las cabeceras municipales de municipios de más de 25 mil personas en el censo electoral, prohibir la inscripción de alguien que haya sido candidato, o que haya sido funcionario de partidos existentes; y pueden apoyar este tipo de procederes porque, aún con este tipo de seguros, pueden ganar.

 

El escenario electoral

 

HA: Ante lo explicado por Alirio, si los desarrollos legales de los Acuerdos se han visto ralentizados por la irrupción de la dinámica electoral, también es importante conocer cómo contempla él lo que ocurre ahora en este escenario electoral turbulento, en el que se adentró la agenda política oficial.
AUM: Está muy abierto, y cualquier cosa puede pasar. Hasta ahora, dominan más los egos y las ambiciones que las razones. Si tuviésemos presente de dónde venimos, quizás no sería tan difícil alcanzar acuerdos programáticos y reunirnos en una solo opción democratizadora.

Está clara la necesidad de comprender cuáles son los poderes económicos que están detrás de las fuerzas políticas. Por ejemplo, ¿quién es el candidato de las mafias hoy? No deberíamos ignorar qué aún estamos en una especie de narco-economía que configuró desde hace décadas una especie de narco-Estado.

El poder del dinero ha aflorado con un nuevo escándalo durante estos meses. Con tal de alcanzar el poder estatal, los representantes de la clase dominante no reparan en los medios por utilizar. Poder espurio, por lo cual la candidata Claudia López y Jorge Enrique Robledo denunciaron, durante la primera semana de octubre, lo que está haciendo Vargas Lleras con el Fiscal: le dicen a los alcaldes y gobernadores ‘estás conmigo o tienes orden de captura’.

 

Esperanza

 

La actitud de Alirio Uribe ante un panorama tan desolador, me recuerda a Laura Daniela, una niña del barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, que encontró en el pensamiento de Martí una forma de proteger una llamita de esperanza en medio de tanta adversidad. Decía Martí: el mal es accidental, sólo el bien es eterno. Contra el dogma del mal eterno, el eterno trabajo por el bien.

 

La ley 1864

 

HA: Cerramos la entrevista preguntándole a Alirio por algún suceso en el Congreso que aliente en medio de la turbiedad de una cultura política lejana frente a las necesidades impostergables de nuestra vida colectiva. Y nos responde:
AUM: La ley 1864, presentada por el Centro Democrático que adiciona el Código Penal (ver recuadro “Ley...).

Cuando abrimos los ojos con estupor ante su respuesta, reafirma: la ley 1864 de agosto de 2017 debe ser conocida por toda la ciudadanía y ayudar a preservarla.
Es importante enfatizar que nunca habíamos tenido una ley que se ocupara de manera tan precisa de las conductas corruptas que afectan la democracia. Esta Ley contiene disposiciones de excepcional valor para proteger los mecanismos de participación democrática (Ver recuadro), pues describe muy bien las conductas prácticadas en las elecciones, las que por su impureza lesionan la democracia. Allí asignan penas de cuatro años, sin excarcelación, para quienes incurran en esas conductas. Y le colocan agravantes a todas las penas si son funcionarios públicos, es decir los políticos.

Esta ley, bien pedagogizada, serviría mucho para frenar la avalancha de conductas dolosas con las que se impide el libre y transparente juego democrático. Prácticas usuales, como las de las Juntas de Acción Comunal, que se acercan a los candidatos y les dicen: ‘le vendo cien votos mi doctor’, serán sancionadas.

Prácticas como las recientemente denunciadas en medios, en las que los jefes de empresa llaman a los trabajadores a votar por un candidato, también serán sancionadas. Con que un trabajador grave al jefe diciendo “vamos a votar por x”, esa persona puede ir a la cárcel. Me parece que la ley fue aprobaba sin una conciencia muy clara de sus alcances. Pero una vez aprobada nuestro deber colectivo es protegerla.

HA: Más allá de la coyuntura y de los diversos enfrentamientos, cómo contemplas ya no el horizonte electoral, sino el político, le pregunto a Alirio para concluir la entrevista.
AUM: Creo que todos vamos en el mismo barco. Y creo que desde el nacimiento de nuestra República hemos estado enfrentados con la recurrencia de la violencia como medio de acción política. Este enfrentamiento intestino –que también ha sido alentado desde fuera para mejor dominarnos–, ha sido catastrófico para la nación.

Estamos ante un proceder político transformado en tragedia nacional, producto del proceder de las clases dominantes que disputan el control del Estado simplemente como botín. El resultado de este proceder ha sido un Estado ineficaz, sin capacidad para responder a demandas sociales inaplazables. Y una sociedad postrada por graves problemáticas que no cesan de enconarse, convirtiendo la vida colectiva en un ámbito infernal.

Ante esta realidad, urge una nueva forma de hacer política. Urge transformar desde el plano internacional el modo de abordar las plantas y las substancias prohibidas. La prohibición ha fracasado y nos ha legado una dinámica de violencia. Urge un nuevo Estado. Urge una nueva cultura política. Urge una capacidad de ponernos de acuerdo en un modelo de país con tareas que debemos adelantar conjuntamente, porque todos vamos en el mismo barco y hasta ahora, quienes lo han capitaneado, han hecho todo lo posible por averiar la nave con tal de no dejar que primen los intereses colectivos, así como impedir que otros capitanes la conduzcan.

Publicado enColombia
Lunes, 30 Octubre 2017 07:37

Una región en oferta

Macri y Temer, presidentes de Argentina y Brasil. La urgencia de mostrar su “voluntad de entrar al mundo”.

 

Unión Europea y Mercosur apuran las negociaciones para cerrar el acuerdo de libre comercio antes de fin de año

El apuro de los gobiernos de Macri y Temer por firmar el acuerdo los llevó a resignar en la mesa de negociación cláusulas que significarán un elevado costo para la producción y el trabajo nacional. Los términos que se acordaron en conversaciones secretas.

 

Varias señales, en los últimos días, reflejan que los gobiernos de la Unión Europea y el Mercosur están acelerando las negociaciones secretas para arribar a un acuerdo de libre comercio antes de fin de año. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Aloysio Nunes, canciller de Brasil, con diferencia de un par de días, manifestaron coincidentemente la intención de firmar el acuerdo antes del cierre de 2017. La próxima ronda de negociaciones confidenciales, que podría ser la definitiva, tendrá lugar entre el 6 y 10 de noviembre. Otra vez, serán los representantes oficiales los que resuelvan, a puertas cerradas, un acuerdo que condicionará el futuro de muchos sectores que no sólo no tienen participación en las discusiones, sino que se enterarán de los compromisos consensuados entre los gobiernos cuando éstos ya hayan sido firmados. Pese a la falta de información oficial, algunos estudios y papeles de trabajo a los que pudo acceder PáginaI12 indican que en ninguno de los temas en los que se habían expresado “diferencias entre las partes” hasta la ronda anterior, será resuelto a favor de la postura del Mercosur.

“El acuerdo final apunta a ser peor para Mercosur que la propuesta original hecha unilateralmente por Europa al inicio de las negociaciones”, describió, con amargura, un experto que tuvo participación en las negociaciones. No es extraño si se tienen en cuenta las condiciones políticas: gobiernos europeos “corridos por derecha” (Alemania, Francia, Italia) que debieron acentuar su “nacionalismo” para no perder terreno, y gobiernos sudamericanos apurados por llegar a un acuerdo “como sea” (Temer, Macri), cediendo en la negociación a costa de los intereses de los sectores manufactureros más atomizados.

 
Diferencias previas


La Unión Europea y el Mercosur llegan a la actual ronda de negociaciones (6 al 10 de noviembre) con diferencias entre las partes pendientes de resolución. Mercosur reclamó mayores cuotas de exportación a Europa para sus carnes y biocombustibles. En ambos casos, la respuesta sería negativa. Pero en el caso de la carne, pese a las quejas públicas del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, la negativa tuvo una vuelta de tuerca adicional. Esta última semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, coincidió con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, en su respaldo a un acuerdo de la UE con el Mercosur, pero exigiendo al mismo tiempo “mayores controles sanitarios a las importaciones de carne”. Cabe recordar que, a lo largo del período de negociaciones, Irlanda y Francia han sido los países que mayor recelo expresaron en la defensa de su sector agrícola.

Pero el tema más irritante quizás sea el de las “normas de origen” que son exigibles en las operaciones entre zonas favorecidas por acuerdos de preferencia. En particular, con respecto a las importaciones sudamericanas de productos europeos. ¿En qué consisten estas exigencias? Como muchas de las empresas exportadoras de Europa son multinacionales que producen, por ejemplo, en naciones del sudeste asiático a un costo laboral ínfimo, no resulta lógico que esos productos ingresen al Mercosur bajo regímenes de preferencia arancelaria. Al menos, debía exigirse que una porción alta del valor agregado (procesos manufactureros, sueldos, etc) fuera europeo, y que el exportador lo demostrase. Pero la UE habría logrado que el Mercosur acepte relajar esas exigencias, lo cual le abriría las puertas al ingreso masivo de productos manufacturados de origen asiático con marca europea. Para la industria local del calzado y de indumentaria en general, podría ser un golpe desvastador.

También estaría avanzado el acuerdo en torno al “comercio electrónico”, un capítulo de reciente inclusión en el acuerdo y que, a nivel local, viene generando creciente preocupación para la industria argentina por la incidencia que poco a poco va adquiriendo en el mercado. Los “avances” en este plano, al igual que los otros ya mencionados, se caracterizan por acentuar las “asimetrías” entre las partes, en vez de proteger al más débil por vía de compensaciones. Dicho de otro modo: el Mercosur le abre su mercado a productos manufacturados europeos que pueden aplastar a la industria local, mientras que las chances de expandir “negocios para la producción local con una mayor participación en mercados europeos, quedan circunscriptas a muy escasos rubros.

 
Negociadores condicionados


El acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene su origen en la firma del Marco de Cooperación entre ambas partes en 1995, que dio lugar al posterior Foro Biorregional de Negociaciones. El proceso pasó por varias etapas, en algunas de las cuales quedó absolutamente frenado. Hubo avances parciales, incluso en temas sensibles, que a veces encontraron a Argentina y Brasil en posiciones enfrentadas. Pero la velocidad o lentitud de los acuerdos tuvo una vinculación muy estrecha, también, con los cambios en las condiciones políticas y económicas en cada región. El canciller brasileño, recientemente, manifestó que los denominados “gobiernos progresistas” en Sudamérica habían “demorado” los acuerdos y que la reciente salida de Venezuela del Mercosur había tenido un “efecto dinamizador” que posibilitó llegar a este fin de 2017 con la expectativa de suscribir el acuerdo en diciembre. Es una verdad a medias, que oculta los aspectos más determinantes.

Si Europa tenía dudas sobre la conveniencia del acuerdo con el Mercosur, la llegada de Donald Trump al universo de mandatarios de países dominantes apuró el paso. El Viejo Continente vio la necesidad de no descuidar América del Sur y le dio dinámica a las negociaciones. Con Alemania dando el mayor impulso, España, Italia y Francia no dudaron en sumar el suyo. Pero las condiciones políticas internas, sobre todo en los casos de Francia, Italia y Alemania, hicieron que se le prestara especial atención a los cuestionamientos de las emergentes “derechas nacionalistas” en cada país, criticando acuerdos –al modo de Trump– que pudieran “afectar a los trabajadores nacionales”. La consecuencia fue un endurecimiento de las posiciones de estos gobiernos centrales en la mesa de negociación con el Mercosur.

Ello podría haber actuado como un freno o demora, si no fuera porque los gobiernos de este lado del Atlántico, con Mauricio Macri y Michel Temer en los asientos principales, demostraron su especial interés para llegar a un rápido acuerdo que evidenciara su “voluntad de estar en el mundo”. Para ello, no dudaron en resignar posiciones en la mesa de negociación para facilitar el acuerdo. En ese punto estamos.

 

Publicado enEconomía
“Al final todos vamos en el mismo barco”

La atmósfera política que cubre al país es electrizante. Los acontecimientos se precipitan en cascada en la medida en que los días pasan y se acercan las jornadas electorales de marzo y mayo de 2018. Martí resuena en el ambiente: en política lo verdadero es lo que no se ve. Las voces que otean el horizonte guardan prudente silencio con la conciencia clara de que lo que hoy aparece como inexorable, mañana puede no serlo.

 

Nos reunimos con Alirio Uribe Muñoz (AUM), Representante a la Cámara, quien ha preservado el tesoro sin par de la virtud en medio del sobrecogedor proceso de degradación en que el país político, con las clases dominantes a la cabeza, está hundido. La labor insomne, la serena capacidad de análisis y su apuesta de toda una vida por los humildes, nos permite una valiosa ventana de observación a lo que sucede en estos días en el Congreso Nacional y en sus pasillos. Ese espacio que un día anhelamos tenga el carácter de templo sagrado del amor y las ideas depuradas en la deliberación acerada y honesta, que sirvan a nuestras gentes.

En enero pasado publicamos otra entrevista a Alirio Uribe y nos advirtió: “lo que no se apruebe de aquí a junio tendrá muchas dificultades para su aprobación. En el segundo semestre el Congreso estará volcado en las elecciones”.

En efecto, durante la semana del 2 al 6 de octubre no registró quorum para la conciliación del Acto Legislativo referente a la prohibición del paramilitarismo, ni para la ley de innovación agropecuaria relacionada con el punto uno de los Acuerdos Gobierno-Farc. Con la reforma política quedaron registrados cincuenta impedimientos y después no hubo quórum para votar más impedimentos. Y así “nos dice Alirio” hasta poner al gobierno contra las cuerdas. No hay más mermelada. Y la campaña de todo el mundo, derecha, centro, izquierda, es darle palo al gobierno.


HA: Cuesta trabajo hacerse a la idea de que los Acuerdos de Paz estén sujetos al dios dinero y sus tentáculos, pero es el signo de los tiempos que corren. Nuestra primera pregunta es por lo que está sucediendo con la Justicia Especial de Paz (JEP).
AUM: Cada vez más el Centro Democrático y Cambio Radical, Uribe y Vargas Lleras, se unen en contra de la JEP. Y esto tiene una lógica. Porque esta Justicia afectará intereses y personas que no quieren ver afectados: los empresarios que financiaron la guerra y los altos mandos militares que no quieren verse procesados por su responsabilidad de mando.

La JEP, de alguna manera, es una respuesta a la crisis de la justicia, porque hasta ahora ha sido imposible avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación, por ejemplo con relación a las cadenas de mando, o a las empresas que financiaron al paramilitarismo.

El país conoce lo sucedido con las Farc, los crímenes y delitos cometidos. Tanto lo que es verdad, como lo endilgado por la guerra mediática. Pero la mayor parte de la gente no conoce cosas que tienen que ver con la paraeconomia, sobre todo. Cuando Cambio Radical dice que no confía en los jueces –porque no son los corruptos de siempre–, que ‘porque van a perseguir a los empresarios honestos’, es porque se saben expropiadores y se saben beneficiarios de la guerra. Entonces, es obvio que sientan mucho temor con que aflore la verdad. Miedo a que se sepa quiénes financiaron la guerra y quiénes se beneficiaron con la misma.

Pero recuerde que cuando ellos hicieron el proceso de Justicia y Paz, se aseguraron de que no les pasara nada. No podían ser investigados en Justicia y Paz los que no fueran paramilitares. Y tenían garantizado, además, que las compulsas de copias no iban a ser investigadas en la fiscalía ordinaria.

Cuando se aprueba la JEP, queda claro que se investigará lo no investigado. Se investigará a las Farc y a los militares, pero también a los actores económicos.


El otro sector opuesto a la JEP son los militares, para tratar de eliminar la responsabilidad de mando. Las Fuerzas Militares están dispuestas a que respondan los autores materiales, pero no los máximos responsables; que no haya responsabilidad de mando de comandantes.


HA: Pero hay generales que ya se acogieron a la JEP
AUM: Sí, los generales Uscategui, Escalante y Rito Alejo del Rio, lo cual llama poderosamente la atención. Será interesante ver en que tónica hablarán: si pedirán revisión de fallo por inocencia, o si pedirán revisión por reconocer la responsabilidad y hablar. Pero no solo ellos, ya se han acogido a la JEP un total de 1.689 militares. Es interesante lo que pueda salir de ahí. Algunos integrantes del Centro Democratico y algunos integrantes de las Farc han cuestionado la composición del Tribunal de la JEP; personalmente pienso que los Magistrados elegidos son personas competentes, diversas y creíbles.

De Justicia y Paz no esperábamos nada. Y mire todo lo que ha salido a flote. Igual puede suceder con la JEP. Hay que esperar. Pero creo que van a darse muchas revelaciones. La semana pasada salió una sentencia de dos mil páginas sobre lo sucedido en el Magdalena Medio. Entre otras cosas si usted retoma el libro de Baez, el jefe paramilitar, y lo compara con el Plan de Desarrollo de Uribe, verán que son idénticos. Salió también –hace unos días– el informe del Centro de Memoria sobre el Bloque Tolima, y revela que el sesenta por ciento de sus integrantes eran servidores públicos.

Soy consciente de que en el Congreso abundan los sucesores de la parapolítica. Pero creo que la JEP saldrá adelante como expresión indispensable de cumplimiento con los acuerdos de paz. También es posible que se apruebe la JEP y se hunda la reforma política. Si esto sucediera, quedaría aplazada la reforma política, no se hasta cuándo.


HA: Hilemos con la reforma política, ¿cuál es su estado actual?
AUM. La reforma política nace, por una parte, ante la necesidad de desarrollar el punto 2 de los Acuerdos y, por otra parte, porque hay una necesidad postergada de cualificar, ampliar y profundizar la democracia. Es imposible desconectar la violencia vivida de las graves limitaciones de la democracia realmente existente en nuestro país.

Pese a ello, congresistas de otros partidos se oponen a esta reforma, porque prefieren no variar las reglas con las que hasta ahora han ganado. Piensan, ¿para que sumar más incertidumbre a la ya existente? Hay un temor comprensible porque la inscripción de listas comienza el 11 de noviembre y termina el 11 de diciembre, y ya estamos en octubre, pese a lo cual aún no se sabe cuáles serán las reglas de juego.

Debemos hacer el esfuerzo por impulsar la reforma política, ya que necesitamos avanzar en la pluralidad política, sin embargo las circunstancias actuales no son favorables para su aprobación. Las coaliciones para cargos unipersonales existen, pero no así para corporaciones, y este es uno de los temas que hemos incluido. Lo que quiero decir es que con la legislación actual es posible construir coaliciones para aspirar a una alcaldía o a la presidencia, pero no es posible para acceder al Congreso. Hemos propuesto que sean posibles para el Congreso, de manera que los movimientos pequeños puedan coaligarse y optar por una curul.

Entonces, sin reforma política las opciones para presentar listas a Senado se limitan al PDA, los Verdes y las Farc, los demás, o se meten en esas listas o desaparecen. Creo, y por eso defendí las coaliciones en la reforma política, que debemos apoyar la diversidad política: los Progresistas, la UP, el Partido Comunista... Sin reforma se impide la unidad programática, con lo cual viene la rapiña y las prácticas clientelistas que degradan la política: me meten en la lista de manera individual, por prebendas y no por acuerdos pluralistas.

Lo cierto es que en los pasillos del Congreso se percibe una corriente creciente que señala que, sea cual sea el próximo gobierno, debe convocarse una Asamblea Constituyente. Me parece interesante. Lo que respondo a los congresistas que me preguntan al respecto es que estoy de acuerdo, pero que la única condición que pondría es que ningún congresista pueda ser constituyente, tampoco ningún gobernador o similar. Hay necesidad de renovar la clase política, así sea con una autoinmolación.

HA: Entonces, ¿tendremos elecciones sin reforma política?
AUM: Nuestra tarea es seguir defendiendo esta reforma. De pronto el escenario varía y se aprueba. Defiendo una financiación más democrática, una renovación del control electoral, y condiciones que permitan la pluralidad de las minorías. Fijémonos, lo evidenciado con Odebrecht es un campanazo de alerta. Si aplicas la ley proyectada a lo de Odebrecht Santos pierde la investidura, pues en ella queda prohibido que cualquier ente extranjero financie campañas.

Lo hecho por Odebrecht es lo mismo que por décadas han realizado los poderes económicos en Colombia: apostarle a los dos caballos finalistas, de manera que con cara ganan, pero también con sello. Pero no solo Santos perdería la investidura, Cambio Radical ni ningún partido de la Unidad Nacional, ni el Centro Democrático, podrían presentar candidatos a la presidencia en 2018.

Por esto es necesario el debate al Consejo Nacional Electoral, para que no sirva –como hoy sucede– para la impunidad de los grandes partidos, para evitar las revocatorias demandadas por las mayorías –como sucede con el caso de Peñaloza. El Consejo Electoral actual es responsable de que no se cumpla la ley.

 

Circunscripciones especiales de paz

 

HA: En este ambiente, ¿qué puede pasar con las circunscripciones especiales de paz, también contempladas en los acuerdos?, le pregunto.
AUM. En el Senado no les importa porque su votación depende de las capitales. Hay 19 departamentos que no tienen senadores. Entonces, los senadores no tienen problema en señalar: “que las Farc tomen sus diez curules, y que las 16 circunscripciones especiales de paz se den como sea”.

Pero en la Cámara sí les importa, porque sienten que se les meten al rancho, que amenazan sus curules...

Lo que puede darse, y se está dando, es que si, por ejemplo, el gobernador es de Cambio Radical y el dinero abunda por alguna razón, entonces pueden ofrecer un combo a los electores: voto por la lista oficial de Cámara, voto por el candidato para quedarse con la circunscripcion especial de paz y voto por el gobernador en el 2020. El votante, el elector que ha sido corrompido por la cultra política imperante, va donde el otro candidato y le dice: allí me dan tanto por los tres votos, ¿usted qué me ofrece?

Los que manejan las maquinarias electorales pueden apoyar los seguros que hemos intentado incorporar –para proteger el espíritu de la norma que crea la circunscripciones especiales de paz– como un mecanismo de reparación a las zonas más pobres y afectadas por la violencia, entre ellas: sacar las cabeceras municipales de municipios de más de 25 mil personas en el censo electoral, prohibir la inscripción de alguien que haya sido candidato, o que haya sido funcionario de partidos existentes; y pueden apoyar este tipo de procederes porque, aún con este tipo de seguros, pueden ganar.

 

El escenario electoral

 

HA: Ante lo explicado por Alirio, si los desarrollos legales de los Acuerdos se han visto ralentizados por la irrupción de la dinámica electoral, también es importante conocer cómo contempla él lo que ocurre ahora en este escenario electoral turbulento, en el que se adentró la agenda política oficial.
AUM: Está muy abierto, y cualquier cosa puede pasar. Hasta ahora, dominan más los egos y las ambiciones que las razones. Si tuviésemos presente de dónde venimos, quizás no sería tan difícil alcanzar acuerdos programáticos y reunirnos en una solo opción democratizadora.

Está clara la necesidad de comprender cuáles son los poderes económicos que están detrás de las fuerzas políticas. Por ejemplo, ¿quién es el candidato de las mafias hoy? No deberíamos ignorar qué aún estamos en una especie de narco-economía que configuró desde hace décadas una especie de narco-Estado.

El poder del dinero ha aflorado con un nuevo escándalo durante estos meses. Con tal de alcanzar el poder estatal, los representantes de la clase dominante no reparan en los medios por utilizar. Poder espurio, por lo cual la candidata Claudia López y Jorge Enrique Robledo denunciaron, durante la primera semana de octubre, lo que está haciendo Vargas Lleras con el Fiscal: le dicen a los alcaldes y gobernadores ‘estás conmigo o tienes orden de captura’.

 

Esperanza

 

La actitud de Alirio Uribe ante un panorama tan desolador, me recuerda a Laura Daniela, una niña del barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, que encontró en el pensamiento de Martí una forma de proteger una llamita de esperanza en medio de tanta adversidad. Decía Martí: el mal es accidental, sólo el bien es eterno. Contra el dogma del mal eterno, el eterno trabajo por el bien.

 

La ley 1864

 

HA: Cerramos la entrevista preguntándole a Alirio por algún suceso en el Congreso que aliente en medio de la turbiedad de una cultura política lejana frente a las necesidades impostergables de nuestra vida colectiva. Y nos responde:
AUM: La ley 1864, presentada por el Centro Democrático que adiciona el Código Penal (ver recuadro “Ley...).

Cuando abrimos los ojos con estupor ante su respuesta, reafirma: la ley 1864 de agosto de 2017 debe ser conocida por toda la ciudadanía y ayudar a preservarla.
Es importante enfatizar que nunca habíamos tenido una ley que se ocupara de manera tan precisa de las conductas corruptas que afectan la democracia. Esta Ley contiene disposiciones de excepcional valor para proteger los mecanismos de participación democrática (Ver recuadro), pues describe muy bien las conductas prácticadas en las elecciones, las que por su impureza lesionan la democracia. Allí asignan penas de cuatro años, sin excarcelación, para quienes incurran en esas conductas. Y le colocan agravantes a todas las penas si son funcionarios públicos, es decir los políticos.

Esta ley, bien pedagogizada, serviría mucho para frenar la avalancha de conductas dolosas con las que se impide el libre y transparente juego democrático. Prácticas usuales, como las de las Juntas de Acción Comunal, que se acercan a los candidatos y les dicen: ‘le vendo cien votos mi doctor’, serán sancionadas.

Prácticas como las recientemente denunciadas en medios, en las que los jefes de empresa llaman a los trabajadores a votar por un candidato, también serán sancionadas. Con que un trabajador grave al jefe diciendo “vamos a votar por x”, esa persona puede ir a la cárcel. Me parece que la ley fue aprobaba sin una conciencia muy clara de sus alcances. Pero una vez aprobada nuestro deber colectivo es protegerla.

HA: Más allá de la coyuntura y de los diversos enfrentamientos, cómo contemplas ya no el horizonte electoral, sino el político, le pregunto a Alirio para concluir la entrevista.
AUM: Creo que todos vamos en el mismo barco. Y creo que desde el nacimiento de nuestra República hemos estado enfrentados con la recurrencia de la violencia como medio de acción política. Este enfrentamiento intestino –que también ha sido alentado desde fuera para mejor dominarnos–, ha sido catastrófico para la nación.

Estamos ante un proceder político transformado en tragedia nacional, producto del proceder de las clases dominantes que disputan el control del Estado simplemente como botín. El resultado de este proceder ha sido un Estado ineficaz, sin capacidad para responder a demandas sociales inaplazables. Y una sociedad postrada por graves problemáticas que no cesan de enconarse, convirtiendo la vida colectiva en un ámbito infernal.

Ante esta realidad, urge una nueva forma de hacer política. Urge transformar desde el plano internacional el modo de abordar las plantas y las substancias prohibidas. La prohibición ha fracasado y nos ha legado una dinámica de violencia. Urge un nuevo Estado. Urge una nueva cultura política. Urge una capacidad de ponernos de acuerdo en un modelo de país con tareas que debemos adelantar conjuntamente, porque todos vamos en el mismo barco y hasta ahora, quienes lo han capitaneado, han hecho todo lo posible por averiar la nave con tal de no dejar que primen los intereses colectivos, así como impedir que otros capitanes la conduzcan.

Publicado enEdición Nº240
Imagen de archivo de la vicepresidenta de nicaragua, Rosario Murillo, y el presidente de nicaragua, Daniel Ortega.

 

El país centroamericano no se había sumado al acuerdo internacional en un primer momento al considerarlo insuficiente por no ser vinculante

 

El Gobierno de Nicaragua informó este lunes de que se ha adherido al Acuerdo de París, que se había abstenido de firmar en un primer momento por considerarlo insuficiente, lo que deja a EEUU y Siria como los únicos países fuera del tratado.

"En nombre del pueblo de Nicaragua, como Jefe de Estado y de Gobierno, declaro que el Gobierno de la República de Nicaragua, ante las razones ya expuestas y habiendo examinado dicho acuerdo, se adhiere a él y se compromete a cumplir fielmente sus disposiciones", señaló el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en una carta divulgada en Managua.

Ortega firmó el instrumento de adhesión en Managua junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el viernes pasado, según la nota.

El Acuerdo de París fue aprobado y abierto a la firma en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 22 de abril de 2016.

El Gobierno nicaragüense se abstuvo de firmar en ese momento porque, a su juicio, el Acuerdo de París debió ser vinculante, es decir obligatorio, por considerar que los países más contaminantes deben hacer los esfuerzos más grandes contra el cambio climático.

Nicaragua abogó entonces por imponer "responsabilidades comunes pero diferenciadas, exigiendo a los más contaminantes compromisos estrictos con la reducción de sus emisiones y con recursos compensatorios para la llamada adaptación".

El Gobierno de Ortega alegó ahora que la gran mayoría de los Estados, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, han asumido los compromisos de unir y multiplicar esfuerzos frente al incremento de los desastres naturales con elevados costos, en la pérdida de vidas y cada vez mayores daños materiales.

"De la misma manera, unimos esfuerzos para detener y reducir los altos niveles de contaminación que envenenan el planeta", continuó el Ejecutivo nicaragüense.

Además, Ortega argumentó que el Acuerdo de París, "a pesar de no ser el acuerdo ideal, es el único instrumento que permite en la actualidad, esa unidad de intenciones y esfuerzos".

El acuerdo es el primero global contra el calentamiento del clima y lo adoptaron el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa los 195 países signatarios de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y la Unión Europea (UE).

Destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales.

El presidente de EEUU, Donald Trump, cumplió su amenaza el pasado junio y sacó a su país del Acuerdo de París, lo que se saldó con numerosas críticas por parte de la comunidad internacional y advertencias de las graves consecuencias que acarraería esa decisión.

 

 

Publicado enInternacional
Habrá paro indefinido de campesinos el 23 de octubre en Colombia

Organizaciones sociales y campesinas de Colombia convocaron a un paro nacional e indefinido a partir del próximo lunes 23 de octubre, para exigir el pleno cumplimiento del acuerdo de paz que suscribieron en noviembre pasado el Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A la movilización se sumarán el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrodescendientes (Conafro) y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi), entre otros.

“Este paro nacional es para exigir el cumplimiento del acuerdo. Esperamos que el Gobierno respete nuestro derecho a la protesta”, afirmó el portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), César Jerez, citado en un comunicado difundido por Marcha Patriótica.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia colombiana, con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

El incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada de cultivos ilícitos, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana (capital cubana), son algunas de las exigencias de los movimientos.

Según el portavoz nacional de Marcha Patriótica, David Flórez, “incumplir el acuerdo es incumplirle a las comunidades”. “Llenaremos las calles exigiendo nuestro derecho a la paz”, añadió Flórez, quien consideró que el estado de implementación del acuerdo de paz “es calamitoso”.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo de paz en virtud del cual ese grupo se convirtió el pasado 1 de septiembre en partido político y avanza, después de concluir su desarme, en el proceso de retorno de sus integrantes a la vida en sociedad.


¿No lo intuían?
Indignación de las FARC por asesinato de exguerrilleros en Colombia


Por: Prensa Latina- Aporrea.org

 

Bogotá, octubre 19 - El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), condenó hoy el asesinato de seis miembros de esa agrupación en una zona del departamento de Nariño, suroeste de Colombia.

'Alzamos nuestra voz de indignación. Nuestra voz de rechazo frente asesinato de seis integrantes de la FARC', expresó hoy el presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en su cuenta en la red social Twitter.

En un comunicado trascendido anoche a la opinión pública, la exguerrilla dio a conocer el crimen ocurrido el 15 de octubre en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco, Nariño y negó que hubiera sido cometido por presuntas disidencias de las FARC.

Señaló que la masacre estuvo a cargo de una banda criminal que opera en la zona y que anteriormente también realizó acciones hostiles contra las comunidades 'de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada'.

El mensaje, emitido desde un espacio territorial, antes zona veredal, reveló los nombres de los excombatientes asesinados y exigió mayor presencia del Estado para encauzar la implementación oportuna de los acuerdos de paz.

'Presión para que implementación avance como deber ser e indignación para que se nos respete la palabra y sobre todo la vida', subrayó Timochenko en las redes sociales.

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Trump anuncia la nueva estrategia de Estados Unidos sobre Irán.

 

El presidente Donald Trump anunció este viernes que no certificará el acuerdo nuclear con Irán de 2015, “uno de los peores” de la historia de Estados Unidos, y advirtió que puede abandonarlo en cualquier momento, informó AFP.

“Anuncio que no podemos ni haremos esta certificación”, declaró el mandatario en una comparecencia que levantó mucha expectación.

“No seguiremos por un camino cuyo previsible final es más violencia y terror y la verdadera amenaza de un Irán nuclear”, subrayó.

Trump denunció por otro lado el comportamiento de “la dictadura iraní” en Oriente Medio y afirmó que Teherán es “el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”.

El presidente también adelantó “duras sanciones” contra los Guardianes de la Revolución, el Ejército de élite iraní.

Aunque no abandone el acuerdo, el giro estratégico de Trump puede abrir un período de incertidumbre al no secundar la posición de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), quien hasta ahora ha confirmado que Teherán cumple sus compromisos.

El pacto –que también suscribieron Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China– tiene el objetivo de garantizar el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní.

 

Federica Mogherini: acuerdo nuclear no pertenece a Estados Unidos

 

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El acuerdo sobre la cuestión nuclear con Irán, “no es un pacto bilateral y no pertenece a ningún país en particular”, porque fue unánimemente aprobado por la ONU, recordó hoy la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, según ANSA.

“No es facultad de ningún país cancelarlo porque fue unánimemente aprobado por la ONU”, aseveró Mogherini, en clara oposición a lo manifestado hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No podemos permitirnos poner fin a un acuerdo que está dando resultados” y sobre el cual la AIEA “verificó ocho veces el respeto”, enfatizó Mogherini.

 

Netanyahu felicita a Trump por su “valiente decisión” sobre Irán

 

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Benjamin Netanyahu. Foto: Reuters.

 

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu saludó el viernes la “valiente decisión” del presidente estadounidense Donald Trump de no certificar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, indicó AFP.

“Felicito al presidente Trump por su valiente decisión de enfrentarse al régimen terrorista iraní” afirmó Netanyahu en un video difundido en inglés poco después del discurso del mandatario estadounidense.

“Si el acuerdo [nuclear] con Irán sigue sin cambios, una cosa es segura: en unos años, el peor régimen terrorista dispondrá de un arsenal de armas nucleares, lo que constituye un enorme peligro para nuestro futuro colectivo”, advirtió el primer ministro.

Netanyahu no ha dejado de denunciar el acuerdo firmado en 2015 por las grandes potencias e Irán sobre el programa nuclear de la República Islámica, criticando especialmente al expresidente estadounidense Barack Obama, uno de los principales artífices del pacto.

El texto busca controlar el carácter civil de las actividades nucleares iraníes a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones contra Teherán.

Pero Netanyahu considera que este permite a Irán desarrollar sus programas nucleares escudándose en el acuerdo, que pidió anular o modificar en profundidad.

“El presidente Trump simplemente ha creado la ocasión de remodelar este mal acuerdo, de repeler la agresión iraní y de hacer frente a su apoyo criminal al terrorismo”, agregó Netanyahu.

 

Rusia: Acuerdo nuclear con Irán sigue intacto

 

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso criticó el viernes la nueva estrategia con Irán anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, considerándola “de retórica agresiva y amenazadora”, e indicó que el acuerdo con Irán permanece intacto, según AFP.

El ministerio estimó en un comunicado que la decisión de Trump de no certificar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán alcanzado en 2015 “no tendrá un impacto directo en su implementación”, y consideró en cambio que se trataba de “un elemento de política interna” estadounidense.

El acuerdo con Irán “ya ha contribuido a fortalecer la paz y la seguridad internacionales” indicó el texto. “Irán se adhiere estrictamente a sus responsabilidades”, añadió.

 

Rohani: EEUU está “más solo que nunca contra el pueblo iraní”

 

El discurso del presidente estadounidense Donald Trump, en el que presenta una agresiva estrategia hacia Irán, muestra que “está más solo que nunca contra el pueblo iraní”, dijo el presidente de la República Islámica, Hasan Rohani.

“Estados Unidos está más solo que nunca contra el acuerdo nuclear y más que nunca en sus complots contra el pueblo iraní”, dijo en una alocución por televisión luego del discurso de Trump.

 

Premio Nobel de la Paz 2017 fustiga postura de Trump sobre Irán

 

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Beatrice Fihn, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, celebra el premio con su esposo Will Fihm Ramsay (derecha) y el coordinador de la organización, Daniel Hogsta. Foto: Reuters/ Denis Balibouse.

 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incita a la áproliferación atómica en lugar de trabajar para reducir el riesgo de una guerra nuclear, advirtió hoy la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017.

“En un momento de gran tensión mundial, con crecientes amenazas de guerra nuclear, el presidente de Estados Unidos está alentando nuevos conflictos en lugar de trabajar para reducir el riesgo de una guerra nuclear”, indicó la directora de la ICAN, Beatrice Fihn.

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que ganó el Premio Nobel de la Paz, dijo que este galardón respalda su lucha por “un mundo sin armas nucleares” y envía una señal muy clara a los Estados que aun las tienen y amenazan con usarlas.

“Es inaceptable que aún haya países que tengan y que amenacen con usar las armas nucleares. El premio, además de un gran honor, es un mensaje muy fuerte a los Estados de que deben sumarse y abandonar las armas nucleares”, afirmó en declaraciones a la prensa Beatriz Fihn, directora ejecutiva de ICAN.

“Estamos en un momento crucial, el riesgo de guerra nuclear está otra vez en la agenda, con la posibilidad de asesinar a civiles de forma discriminada, con amenazas por parte de Estados Unidos y de Corea del Norte. Esto debe acabar, y el premio respalda esa posición”, agregó Fihn.

ICAN comenzó hace una década, precisamente tras ganar el Premio Nobel de la Paz la campaña para prohibir las minas antipersonales, “lo que dio el impulso a creer y a luchar por prohibir también para siempre las armas nucleares”, indicó Fihn.

Sobre el presidente estadounidense Donald Trump y sus amenazas, Fihn se limitó a recordar que “nadie se siente más seguro al oír la mención nuclear. Con las armas nucleares no hay más seguridad, no tenemos un mundo más seguro, al revés”. Para ella, la presidencia del magnate “pone de relieve” el riesgo atómico en el mundo “por el hecho de que pueda autorizar por sí solo el uso de las armas nucleares”.

“Es por ello que creo que el Premio Nobel condena ese comportamiento y es una señal muy clara para que los países se alejen de esas posturas y se suman al tratado para la prohibición total”, sostuvo.

El Tratado Global para Prohibir las Armas Nucleares se abrió a firmas el pasado 20 de septiembre y entrará en vigor 90 días después de que 50 países, de los 122 que lo votaron, lo ratifiquen.

A excepción de Holanda, los países de la Otán han decidido no participar en las negociaciones. Tampoco lo hacen China y Rusia, que junto a EE. UU., Francia y el Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen arsenales atómicos, ni otros países nucleares como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que también tienen capacidad aunque no declarada.

“El premio da un empujón al tratado, y espero que haga reflexionar a los países a que se sumen al Tratado de Prohibición”, pidió Fihn.

ICAN ha estado muy implicada en las negociaciones para poder concluir el tratado, las potencias que lo rechazan consideran que lo que hay que hacer es promocionar el Tratado de No Proliferación Nuclear bajo el cual las potencias están comprometidas a reducir sus arsenales.

“Reducir los arsenales no es suficiente, hay que ir más allá. El tratado dice ahora que usar armas está prohibido. Sé que las potencias nucleares no las van abandonar de un día para otro, pero espero que cada vez que hablen de estas, que las mencionen, y se sientan más avergonzados de hacerlo”, insistió Fihn.

Finalmente, la activista tuvo palabras para las víctimas “de las bombas nucleares, pero también de los ensayos nucleares, y que han luchado en los últimos cincuenta años para acabar con este flagelo (...). El premio es un tributo a los supervivientes y a los que han luchado por acabar con las armas nucleares desde 1945”, concluyó.

 

(Con información de AP/ EFE)

 

 

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